Causa UOCRA: indagatoria a dos de los principales detenidos y pedido de elevación a juicio

Tras la feria judicial

Causa UOCRA: indagatoria a dos de los principales detenidos y pedido de elevación a juicio

12/1/2019 | 07:26 |

Humberto Monteros y José Bernardo Burgos serán indagados por el fiscal Gustavo Zorzano durante los primeros días de febrero. Se cumplió un año de los procedimientos en los cuales fueron arrestados 14 exsindicalistas del gremio de la construcción.

Causa UOCRA: indagatoria a dos de los principales detenidos y pedido de elevación a juicio

Fotos: Archivo LN.

   Una vez que finalice la feria judicial y tras la indagatoria de dos de los principales imputados, el fiscal Gustavo Zorzano solicitará la elevación a debate de la causa contra 14 exsindicalistas de la UOCRA -en su mayoría integrantes de la delegación local- detenidos y acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a empresarios y trabajadores. 

   La novedad surgió en las últimas horas, justo cuando se cumplió un año de la serie de allanamientos y arrestos ordenados por la justicia.

   En ese sentido, trascendió que Humberto Arnaldo Monteros y José Bernardo Burgos, exsecretario general y exsecretario adjunto de la seccional bahiense del gremio de la construcción, respectivamente, solicitaron ampliar su declaración.

   Ambos será indagados los primeros días de febrero, tras lo cual el representante del Ministerio Público pedirá a la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, la elevación a juicio de las actuaciones.

   También se encuentran imputados Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda, David Muñoz, Sebastián Canales, Guillermo Molina, Roberto Ríos y Walter Paiz. 

   “En su momento se llamó a declarar a todos los acusados, pero se negaron a hacerlo, así que ahora los escucharemos. No sé qué querrán declarar, pero está el pedido en la causa”, afirmó Zorzano, quien se mostró conforme con la instrucción del sumario.

   “Desde el punto de vista investigativo recabamos mucha prueba sobre los ilícitos que entendemos que existieron. De hecho, con posterioridad aparecieron nuevas pruebas que iban acreditando aquello que considerábamos que había sucedido, es decir el manejo de por entonces los integrantes de la UOCRA”, agregó.

   El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10 comentó también que “inclusive las resoluciones de la Cámara (de Apelación y Garantías en lo Penal) y de la justicia de Garantías, que fueron muchas, confirmaron las calificaciones legales, la responsabilidad de cada uno de los acusados y las medidas cautelares que se tomaron”.

   Según indicó en su momento, “el delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años de prisión. En el caso de los jefes (por Monteros y Burgos), las sanciones van de 5 a 10 años. La extorsión, también contempla condenas de 5 a 10 años”. 

Intensa jornada

   El jueves 11 de enero del año pasado, nuestra ciudad y la zona amanecieron con múltiples allanamientos y detenciones por presuntas irregularidades en la UOCRA.

   Al líder del gremio, Humberto Monteros, lo arrestaron en una vivienda de Monte Hermoso, donde la policía secuestró 5 millones de pesos, casi 100.000 dólares y cocaína.

   También se halló una caja fuerte que la justicia abrió días después del allanamiento y contenía más de 300 mil dólares y planos de obras en construcción supuestamente pertenecientes al sindicalista.

   Según la acusación, la cúpula gremial exigía pagos por fuera de lo convenido a empresarios y, en caso de no acceder, frenaban obras en distintos rubros. 

   También se acusa a los sindicalistas de obligar a las compañías a contratar determinadas firmas de transporte, baños químicos, indumentaria y catering, cuyos dueños estarían vinculados con el propio gremio, pagando sobreprecios.

   "Era una maniobra generalizada que consistía en que los sindicalistas iban a las obras para hacer supuestas inspecciones, pero en realidad era el motivo para exigir la presentación de documentación o regularizar alguna cuestión, hablaban con el dueño de la obra y le exigían que llevara eso a la UOCRA. Una vez allí, le pedían dinero cuya suma la determinaban de forma unilateral y si no accedía, le decían que le iban a paralizar la obra o a realizar asambleas que impidieran el normal funcionamiento de ésta", había dicho Zorzano tras los procedimientos. 

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