Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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YPF no gana para disgustos: ahora le reclaman U$S 14.000 millones

La demanda contra la energética se suma a la ya iniciada por el fondo Burford, que le exige U$S 3.000 millones. 

La petrolera YPF enfrenta un reclamo judicial por 14 mil millones de dólares en los Estados Unidos, por "supuestas operaciones corporativas de reestructuración" que la empresa habría celebrado hace varios años.

La demanda es promovida por el Fideicomiso de Liquidación de Maxus Energy Corporation, una compañía que YPF compró en 1995, y a ella se suma un añejo conflicto por daños ambientales. Según publicó este jueves un matutino porteño, la empresa que controla el Estado Nacional informó que dos de sus subsidiarias, YPF Holdings y CLH Holdings, fueron notificadas de una demanda judicial promovida por Maxus (que quebró hace dos años) por hasta 14 mil millones de dólares.

El estado de Nueva Jersey acusó a Maxus de contaminar el río Passaic en las décadas de los 50 y los 60, mucho antes de que YPF comprara esa compañía. Ante este panorama, la energética local intentó desentenderse de este conflicto a través de diferentes acciones de reestructuración,  las que finalmente, no lograron el efecto deseado y finalizaron con la demanda del Fideicomiso de Liquidación de Maxus. 

Ahora, la compañía argentina adelantó que en caso de ser notificada válidamente, se defenderá "de cualquier acusación de que las operaciones corporativas referidas en el reclamo, las cuales se realizaron de acuerdo a las normas de gobierno corporativo y demás normativa aplicable, hagan responsable a YPF ante Maxus o sus acreedores".

Otro revés

Además, YPF también fue demandada por el fondo Burford, que reclama unos 3 mil millones de dólares por la expropiación de la petrolera. A principios de este mes, un tribunal de Nueva York resolvió que este proceso debe continuar en Estados Unidos y no en la Argentina, como pretendía la Casa Rosada. Burford Capita se quedó con las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, y el fallo puede ser apelado por el Gobierno argentino ante la Corte Suprema de Estados Unidos.