Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

A 10 años de la Resolución 125: ¿La historia condena a matar a la gallina de los huevos de oro?

La doctora Lorena Tedesco, una de las autoras de Historia de las políticas públicas agropecuarias, dice que es necesario mirar en retrospectiva para entender la relación entre el sector y el Estado, más allá de quienes hayan ejercido la presidencia de la Nación.

Guillermo D. Rueda / grueda@lanueva.com

   “Como puede verse a lo largo de la historia reciente de nuestro país, el campo y el sector industrial han caminado de la mano en algunos tramos, mientras que, en otros, se implementaron medidas negativas para el agro que fueron interpretadas, en mayor o en menor medida, como matar a la gallina de los huevos de oro”.

   Lo dijo la economista Lorena Tedesco, una de las autoras del libro Historia de las políticas públicas agropecuarias, de Hipólito Yrigoyen a Cristina Fernández de Kirchner, junto a Susana Picardi y Stella Maris Settimi, en otra mirada sobre el tema tras cumplirse —este martes 17— los 10 años de la original obra gramatical del vicepresidente Julio Cobos (“No voto es no positivo”), que desembocó en una de las grietas más acentuadas, y disputadas, de los últimos años.

   “La 125 marcó un antes y un después en la relación entre el Ejecutivo y el sector agropecuario porque, a diferencia de otras medidas de política económica, que también perjudicaron a los productores, esta resultó combatida también por gran parte de la sociedad”, agregó.

Lorena Tedesco, economista de la UNS.

   Para Tedesco, vale la pena mirar en retrospectiva cómo ha sido el vínculo entre el sector rural, que aporta en términos de exportación de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario casi el 60% de las divisas que ingresan al país, y los gobiernos de turno desde principios del siglo pasado.

   “El análisis de un sector tan determinante para el comportamiento y evolución de la realidad argentina resulta una tarea compleja. Muchos hechos históricos de ámbito general social y económico han sido fuertemente afectados por la actividad del sector, y ha sido objeto de fuertes intervenciones y acciones políticas, de distinto signo, con motivaciones ideológicas diferentes”, explicó.

   Tedesco recordó que la apertura y el posterior desarrollo de los mercados en Europa, a fines del siglo XIX, crearon una fuerte demanda internacional de mercaderías, especialmente de carne y de cereales que se producían fácilmente en las praderas argentinas. “Esto determinó que el desarrollo de los sectores rurales del país fuera el objetivo del Proyecto de 1880, que fortaleció la posición económica y política de los terratenientes, delineando las bases de la estructura de la sociedad durante muchos años”, añadió.

   “En términos generales, Argentina funcionó bajo este esquema hasta la Primera Guerra Mundial. Durante ese período el país basó, fundamentalmente, su evolución en la industria exportadora de materias primas a Europa e importadora de manufacturas, en especial de Inglaterra. Años después, la crisis de 1929 y la posterior recesión mundial produjeron la finalización definitiva de la etapa agroexportadora”, sostuvo.

Yrigoyen fomentó la colonización mixta agrícola-ganadera.

   “A partir de entonces, la realidad se transformó en un desafío para los gobiernos argentinos y la situación económica, política y social condicionó las políticas del gobierno de turno”, agregó. También dijo que entre quienes ejercieron el Ejecutivo e implementaron políticas favorables al sector —por orden cronológico— se encuentra Hipólito Yrigoyen (1916-1922), ya que bajo su mandato un porcentaje importante de los arrendatarios se transformó en propietarios de la tierra mediante créditos del Banco Hipotecario Nacional.

   “Además, la mala situación internacional derivada de la posguerra incidió en la producción del campo y provocó tensiones sociales al volcar los excedentes de mano de obra en los centros urbanos”, dijo. Para afrontar esta situación, en 1916 el presidente pidió la autorización del Congreso para invertir, fomentando la colonización mixta agrícola-ganadera mediante préstamos para construir casas y para la compra de animales y enseres agrícolas a utilizar en la explotación de las granjas.

   “Este proyecto fue desestimado, al igual que el que establecía un impuesto del 5 % a la exportación, destinado a la compra de semillas y herramientas para los agricultores que se hallaban quebrados por las sequías de los años anteriores. Esto derivó en que el Gobierno resolviera la adquisición de toda la semilla necesaria para la siembra que interviniera también en el proceso de comercialización de las cosechas. Por primera vez, el Estado apareció como vendedor único en el exterior, en este caso utilizando barcos de la Marina Mercante Nacional”, aclaró.

   —La etapa de Marcelo T. de Alvear está relacionada con la carne e Inglaterra...

   —Sí, le tocó enfrentar la crisis de las exportaciones de carne congelada y su reemplazo por la enfriada. El sector agropecuario nacional se hallaba enfrentado a Norteamérica, ya que el crecimiento de la producción agropecuaria de ese país llevó a que, en 1926, se cancelaran las compras de carne argentina alegando problemas de aftosa.

Marcelo T de Alvear debatió por la carne.

   “Además, los productores de carne se hallaban amenazados por Inglaterra en cuanto al uso de la preferencia imperial, lo que significaba que los dominios ingleses reemplazarían a Argentina como proveedores de materias primas”.

   —¿Hubo cambios en la segunda presidencia de Yrigoyen (1928-1930)?

   —Se implementaron medidas importantes de protección: baja de tarifas sobre cereales en el puerto de Rosario, asegurando la colocación de la cosecha; precio sostén al trigo; anticipo de fondos a los productores para que no malvendieran sus cosechas y acuerdo con Gran Bretaña para intercambiar cereales y carne por material ferroviario. También se extendió el plazo de duración de los arrendamientos rurales.

Uriburu estableció la defensa de los mercados.

   “Más adelante, entre 1930 y 1932, en el gobierno del general José F. Uriburu, se enfrenta el quiebre de la libre competencia apoyando a los productores mediante varias medidas: establecimiento de un sistema de transporte ágil, mediante la construcción de rutas financiadas con un impuesto a la producción de nafta; defensa de los mercados; preservación del orden social para evitar conflictos entre propietarios y arrendatarios y construcción de elevadores de granos que permitieran una mayor libertad del productor en el momento de la venta”.

   —¿De qué se trataba el pacto Roca-Runciman, realizado bajo la presidencia de Agustín P. Justo?

   —Era un acuerdo con Gran Bretaña. Aseguraba la colocación en ese país de una importante cuota de carne a cambio de evitar incrementos en los aranceles de importaciones británicas como carbón, material ferroviario y textiles. En tanto, los productores de carne sufrían abusos por parte del oligopolio que formaban los frigoríficos, razón por la cual, en 1933, se lanzó la Junta Nacional de Carnes, quien creó un año más tarde la Corporación Argentina de Productores de Carnes (CAP).

CAP, en General Cerri.

   “En 1938, con Roberto Ortiz como presidente, por la Segunda Guerra Mundial aumentó la incertidumbre en relación a la colocación de las cosechas. Su ministro de Hacienda, Federico Pinedo (NdR: abuelo del actual senador nacional), lanzó un plan que incluía un estímulo a las exportaciones y la compra por parte del Estado de los excedentes agrarios invendibles, a fin de prestar ayuda inmediata al sector agropecuario y la construcción de muchos caminos para llevar las cosechas a los puertos”.

   —¿Se puede hablar de una bisagra con el gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1955)?

   —Se intentó un plan de desarrollo autónomo en el sentido de depender menos de las manufacturas importadas y de la colocación de nuestros bienes agropecuarios en el resto del mundo. “El Estado tuvo una fuerte presencia en el transporte ferroviario, la provisión de gas, los teléfonos y la distribución de energía. En ese marco se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), organismo que absorbió las funciones de la Junta Reguladora de Granos y encaró los problemas que tenía la comercialización externa de las cosechas.

Juan Domingo Perón, en 1951.

   “El IAPI separaba los volúmenes destinados al mercado interno, los distribuía entre molinos, fábricas de aceite y demás agentes de la cadena y el resto lo destinaba a la exportación, ya sea directamente o a través de empresas exportadoras que compraban el cereal a precios regulados al IAPI para, luego, venderlo al extranjero.

   “Los beneficios del IAPI se destinaron a financiar el plan de industrialización y para compensar y subsidiar a productores, consumidores de leche, carne y aceite. Esta institución hizo posible la estabilidad de los previos internos de carnes y grasas. También contribuyó a financiar los aumentos de sueldos de la industria ganadera y el salario real a través del subsidio indirecto al consumo”.

   —¿Hay una contracara de esta gestión?

   —Semejante intervención conllevó al desincentivo a las inversiones en el campo, por lo que no se introdujeron mejoras tecnológicas y se restringió la siembra. Esta reducción el área sembrada llevó a que el Gobierno aumentara los precios que el IAPI pagaba a los productores.

   “Además, Perón intervino en la ley de arrendamientos agrícolas a través de prórrogas forzosas de los contratos provocando tensiones entre los propietarios y los inquilinos. Y a este malestar se sumó la creación del Estatuto del Peón de Campo, según el cual la Comisión Nacional de Trabajo Rural regularía la relación entre el patrón y sus peones otorgándoles a los trabajadores rurales similares beneficios que a los obreros industriales (jornadas de ocho horas, descanso semanal, sueldos mínimos, indemnizaciones, etc).

   “El estrangulamiento que los productores agropecuarios sufrían se tradujo en éxodo rural y a que, en 1948, el Gobierno reformulara su plan de industrialización. Facilitó la planificación racional de los cultivos fijando los precios de antemano, elevó la cuota de importación de maquinaria agrícola y otorgó créditos a los productores rurales. El predio de la Rural fue devuelto y el IAPI se convirtió, así, en un defensor de los derechos del sector agropecuario que, en 1951 y 1952, fue azotado por importantes sequías.

   “Este organismo fue desmantelado por Eduardo Leonardi (1955), pero los arrendatarios siguieron beneficiados con el Gobierno. Y para reemplazar al IAPI se formó el Instituto Nacional de Granos, que cumplía más o menos las mismas funciones”.

   —¿Cuál fue la propuesta de Arturo Frondizi (1958-1962)?

   —Fue quien mejor vio al agro integrado con el sector industrial. Buscaba desarrollar la industria con los excedentes producidos por el campo para que, luego, pudiera beneficiarse de esos progresos y formar un círculo virtuoso de desarrollo integral.

   “Luego vino Arturo Illia (1963-1966). Entre sus políticas de promoción al sector se puede mencionar la crediticia, comercial y fiscal. También la cambiaria, ya que se optó por continuar con un tipo de cambio único, libre y fluctuante, lo cual favorecía las exportaciones provenientes del sector. Además, se abrieron nuevos mercados, como el soviético, para la venta de granos.

Illia eligió un cambio único, libre y fluctuante.

   “Juan C. Onganía (1966-1970) también buscó el crecimiento basado en la utilización plena de los recursos del agro, pero la política que más marcó al sector fue que, por primera vez desde el gobierno de Perón, se adoptaron medidas para que la devaluación del 40 % no beneficiara a los terratenientes, ya que se les impuso retenciones por igual proporción.

   “Este carácter compensatorio de la devaluación fue toda una novedad que implementó el ministro Adalbert Krieger Vasena. Las retenciones tuvieron, al igual que las implementadas al fin de la convertibilidad, el objetivo de evitar la presión inflacionaria en el mercado interno derivada de una posible escasez”.

   —¿Hubo cambios en la tercera presidencia de Perón (1973-1974)?

   —Se ideó otra medida antipática para el sector: el impuesto a la renta potencial, cuyo objetivo era poner en producción las tierras ociosas que mantenían los latifundistas. La medida fue abolida a la muerte, llegando a un acuerdo mediante el cual los productores aumentaban su productividad a cambio de que el Estado asegure precios estables y le permitieran una rentabilidad al sector.

   “En el gobierno militar que sucediera a Isabel Perón el sector agropecuario tuvo un lugar de privilegio, desmantelando la intervención en el comercio exterior de carnes y granos. Además, se implementaron medidas que promovían la tecnificación del campo, lo que derivó en un importante aumento de la producción de granos y oleaginosas.

Alfonsín habla en La Rural en 1988. Fue abucheado.

   “El retorno a la democracia, con Raúl Alfonsín en 1983, trajo la idea de que el sector agropecuario debía crecer para poder obtener las divisas que eran necesarias para financiar la deuda externa que habían contraído los militares. Esto se lograría abriendo nuevos mercados y diversificando la oferta en un mundo cada vez más proteccionista y con términos de intercambio desfavorables para el país.

   “Se promovió la creación de consorcios de exportación y se les dieron beneficios impositivos a las ventas al exterior. A este panorama pesimista, que terminó por derrumbar al Gobierno, se agregaron fuertes sequías en 1987 y 1988”.

   —¿Qué dejaron Carlos Menem (1989-1999) y la convertibilidad?

   —Implementó muchas medidas a favor del agro, tales como reducción de las cargas fiscales; asistencia técnica estatal; créditos; negociaciones en aspectos sanitarios; incorporación de tecnología; lo que sumado a las privatizaciones de los servicios de infraestructura e introdujeron en el campo una transformación productiva diferente a la conservadora.

Carlos S. Menem, en La Rural, en 1995.

   “Sin embargo, la convertibilidad produjo un atraso del tipo de cambio, que penalizó a las exportaciones del sector y, por el lado interno, se redujo la demanda por el creciente desempleo. “Con un breve mandato intermedio de Fernando De La Rúa y de Eduardo Duhalde, llega la era kirchnerista, en donde el Gobierno aprovechó los altos precios internacionales, principalmente de la soja y el aumento de la renta agraria derivada de la salida de la convertibilidad, para extraer ingresos del campo mediante la implementación de retenciones que, luego, se buscó incrementar con la ya famosa resolución 125.

   “Más recientemente, el Gobierno de Mauricio Macri se comprometió con el campo y cumplió: sacó las retenciones (menos a la soja aún), eliminó las restricciones a las exportaciones y corrigió el tipo de cambio para dar impulso a las economías regionales. Hoy, aparece complicado por la última sequía y por el cada vez más vigente uso del biocombustible por su competencia con los cereales, más allá que la devaluación, en principio, está favoreciendo a los exportadores”.

   “¿El desafío para el sector? en el presente y en el futuro el mayor es agregar valor a la producción primaria para que la retribución a los factores que lo creen se transforme en más trabajo y más ingreso para todos los argentinos”.

De Yrigoyen a Cristina

* Edición: El libro Historia de las políticas públicas agropecuarias, de Hipólito Yrigoyen a Cristina Fernández de Kirchner fue escrito por Susana Picardi, Lorena Tedesco y Stella Maris Settimi, investigadoras del departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur. Lo publicó EdiUNS, en marzo de 2012.

Settimi (izq.), Tedesco y Picardi, con el libro.

* Ciencias: Fue el resultado de un trabajo realizado en el Observatorio de Políticas Públicas para la Agroindustria y el Desarrollo, creado en el Departamento de Economía de la UNS, junto a Agricultura y Sociedad del Instituto de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro.