El día después del caso Gilligan 

Eugenio Paillet

   Más calmos, funcionarios del entorno presidencial y quienes habitualmente se encargan de ordenar la comunicación del Gobierno, un cometido que no siempre consiguen llevar a buen puerto, se daban por "medianamente satisfechos" por el final del affaire de Valentín Díaz Gilligan, el subsecretario General de la Presidencia que fue echado del cargo, aunque la eyección fue presentada a modo de "renuncia indeclinable".

   "Nos estábamos comiendo un garrón por un funcionario de cuarta línea al que el presidente ni siquiera conoce", confesó uno de esos funcionarios, quien ante la sorpresa del cronista por ese dato reafirmó: "Mauricio (Macri) no lo conocía, era un allegado de Fernando (De Andreis, secretario General de la Presidencia), que lo trajo en 2015 desde la Dirección de Turismo del gobierno porteño.

   De Andreis y Díaz Gilligan, en efecto, son amigos desde la infancia, fueron al mismo colegio y compartieron en la juventud equipo de rugby en un club de la zona norte del GBA. Esa amistad, por caso, permitió que una hermana del ahora despedido funcionario, "Inesita" para los íntimos, María Inés Díaz Guilligan para el resto, fuese designada en un cargo jerárquico en la Secretaría General, sillón en el que al menos hasta ayer continuaba.

   Esto pese no sólo al escándalo que envolvió a su hermano, sino al decreto de Macri que prohibió tener familiares en la administración pública a todos los miembros del gabinete hasta nivel de director nacional. Podría añadirse, para la anécdota, que la exesposa de Díaz Gilligan también vive del Estado: trabaja en un programa para minoridad en el gobierno de María Eugenia Vidal.

   Aunque puertas adentro, en el gobierno hubo pase de facturas cruzadas por la decisión de aguardar casi una semana, desde que el jueves pasado se conoció la denuncia del diario español El País sobre la cuenta en Andorra con 1,2 millones de dólares, para echar del cargo al amigo de De Andreis. Se dijo que el presidente no podía "entregar una cabeza", la de Gilligan , que le estaba pidiendo el kirchnerismo y otros sectores de la oposición más dura.

   Hubo quejas de al menos dos ministros por el hecho de no haber aplicado con Gilligan el mismo procedimiento que con el ex director de Aduanas, Gómez Centurión, al que ipso facto tras conocerse una denuncia en su contra el propio presidente, y amigo personal del ex coronel "carapintada", le ordenó que se tomase licencia y que aclarase su situación en la Justicia.

   Otra versión que corrió muy fuerte por los pasillos de la Casa Rosada sostiene que el gobierno mantuvo en los medios el caso Gilligan para "esconder" el que afecta al ministro de Finanzas, Luis "Toto" Caputo, denunciado por tener cuentas offshore que no fueron incluidas en su declaración jurada. "Preferimos que el circo mediático gire en torno a Gilligan y no a Luis", se llegó a escuchar.

   También habría pesado la denuncia del cristinismo ante la Justicia, que recayó en el juez Claudio Bonadio, lo que "sacaba" el tema del más previsible ámbito de la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. 

   Todo cambió cuando aparecieron en escena los socios de Cambiemos. Ese dato, más que ningún otro, precipitó la caída de Gilligan, resuelta el domingo por la noche en una reunión de la que participaron Marcos Peña, Rogelio Frigerio, y el dúo Quintana-Lopetegui.

   "El tema es que en el fondo mintió", se escuchó alrededor de esa mesa. Gilligan primero le dijo a El País que el dato de la cuenta era "falso", y un día después terminó por reconocer que no había incluido esa acreencia en su declaración jurada. 

   Las públicas defensas que hicieron de Gilligan desde Macri hasta Peña, pasando por De Andreis y Frigerio, se derrumbaron ante la ofensiva de los socios radicales y de la Coalición Cívica, que al menos reclamaron que el funcionario pidiera licencia mientras se aclaraba su situación. Con un dato añadido, según reconocen las fuentes: Macri y el resto temblaron cuando se pronunciaron Fernando Sánchez, secretario de Mejoramiento Institucional de la Jefatura de Gabinete, y la diputada Paula Olivetto, dos estrechísimos colaboradores de Elisa Carrió.

   Hubo pocas dudas en el entorno presidencial: Pérez y Olivetto hablaron y marcaron la cancha por decisión de Lilita, que está completando sus vacaciones y reposo ordenado por los médicos en Punta del Este. Ahí se decidió echar a Gilligan y concederle el beneficio de la "renuncia indeclinable".