Se suma una industria de peso al pedido de normalización del Parque Industrial

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

   La compañía Dow, a través de su subsidiaria PBB Polisur, se sumó hoy a un grupo cada vez más creciente de empresas que reclama la normalización del Parque Industrial de Bahía Blanca.

   "Los que suscribimos la presente (...) queremos manifestar el apoyo y solicitamos públicamente que se haga lugar a la intervención, auditoría y normalización de nuestra administración dispuesta por la Municipalidad de Bahía Blanca, ejerciendo la delegación que le hizo el Ministerio de Producción de la Provincia", dice un comunicado difundido esta mañana que lleva la firma, entre otros, del director de PBB, Leandro Furland.

   A fines del mes pasado el designado interventor, doctor Ricardo Tapia, intentó ejercer el mandato de la Gobernación, pero el presidente del consejo de administración, Raúl Carrete, se lo impidió.

   Carrete quedó en el ojo de la tormenta en los últimos tiempos por un cúmulo de cuestionamientos de empresarios radicados en el Parque. Según argumentan, la gestión del veterano dirigente no es en absoluto transparente.

   "Los que suscribimos aspiramos a tener de una vez y para siempre claridad en la administración de nuestro consorcio, tener todas las condiciones para trabajar y, sobre todo, tener un Parque Industrial normalizado, ordenado, transparente y legal", agrega el texto.

   Cuando se conoció la orden de Provincia, también trascendió que el ente, por ejemplo, no cuenta con personería jurídica.

   En este momento la orden de intervención se encuentra en la Justicia, a la espera de un fallo que podría conocerse en breve y que permita o no cumplir el mandato del Ejecutivo bonaerense. Carrete, por su parte, denunció al intendente Héctor Gay por abuso de autoridad.

   Dow es un actor clave en el sector industrial de Bahía Blanca, en especial pensando en el desarrollo que se prevé con el crecimiento del yacimiento neuquino de Vaca Muerta.

   En este marco, el Parque Industrial --afirman los consorcistas que reclaman auditorías-- debe ser un organismo que traccione en favor de la llegada de inversiones a nuestra ciudad, lo cual no ocurre en las presentes condiciones.