Causa UOCRA: antes de fin de año, la fiscalía pedirá la elevación a juicio

Sobre fines de 2018 el fiscal Gustavo Zorzano estaría en condiciones de solicitar la elevación a juicio de la causa contra 14 exsindicalistas de la UOCRA -en su mayoría integrantes de la delegación local- detenidos y acusados de conformar una asociación ilícita para extorsionar a empresarios y trabajadores.

Por esto días, según explicó el titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 10, se encuentran finalizando distintas medidas investigativas, muchas de ellas requeridas por las defensas.

“A veces las piden los defensores para, llegado el momento en que se evalúe la elevación a juicio de la causa o no, poder hacer sus presentaciones en función de eso. Son evacuaciones de citas; la fiscalía está trabajando en eso y en algunas otras audiencias”, precisó Zorzano.

Agregó que “a fin de año tengo que resolver respecto del estado de la causa, así que estoy trabajando en función de eso, pero todavía tengo tiempo”.

El representante del Ministerio Público destacó especialmente el hecho de que las pruebas que se encuentran en el expediente fueron tomadas en cuenta por la jueza de Garantías Nº 4, Marisa Promé, para decretar la prisión preventiva de los sospechosos, y posteriormente por la Cámara Penal para ratificar la resolución.

Por el caso se encuentran detenidos Humberto Monteros, José Bernardo Burgos, Pablo Gutiérrez, Nelson Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbín, Sergio Vázquez, Aníbal Aranda, David Muñoz, Sebastián Canales, Guillermo Molina, Roberto Ríos y Walter Paiz.

Están imputados de cometer al menos 39 hechos de extorsión en Bahía Blanca y la zona. Además, Zorzano los acusó por los delitos de asociación ilícita, amenazas y daño (un caso).

“La figura principal es la de extorsión. Todos integraban la asociación ilícita; muchos de ellos cometieron extorsiones y algunos amenazas y daños en incidentes. El ilícito que los vincula es la asociación ilícita, pero dentro de ésta se les imputan distintos delitos”, expresó.

En tanto, Zorzano afirmó que tras las detenciones realizadas durante el mes de enero, no se radicaron nuevas denuncias por maniobras similares a las investigadas.

“Solamente en una empresa se generó una supuesta situación de violencia bastante parecida, que se denunció y tomó intervención el fiscal Marcelo Romero Jardín porque es un hecho posterior; no se le puede imputar a esta asociación ilícita”, aclaró.

Finalmente, comentó que “el delito de asociación ilícita prevé penas de 3 a 10 años de prisión. En el caso de los jefes (por Monteros y Burgos), las sanciones van de 5 a 10 años. La extorsión, también contempla condenas de 5 a 10 años”.