La cortante tijera veraniega
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Apenas después del triunfo electoral de Cambiemos en las legislativas del año pasado llegó la orden oficial. Por expresa indicación del Gobierno nacional y la gobernadora María Eugenia Vidal, los intendentes enrolados en el oficialismo empezaron ajustando el gasto político, pero a esa etapa de austeridad le siguieron antipáticas reducciones de personal municipal.
Desde lo gestual, podría indicarse que varios alcaldes abrieron un “paraguas político” para ir después en busca de achicar el plantel de trabajadores además de la poda de una gran cantidad de contratos laborales.
El festival de despidos ya se da en una numerosa cantidad de distritos administrados por Cambiemos en el Gran Buenos Aires, La Plata y en otros del interior.
Hasta el dócil intendente lomense del “peronismo dialoguista” distanciado del universo K, Martín Insaurralde, se colgó de la movida de ajuste PRO achicando su estructura de funcionarios políticos.
Se trata del pedido de adhesión al Régimen de Responsabilidad Fiscal que votó la Legislatura, el mecanismo que garantizará el giro de recursos provinciales a las arcas municipales, siempre y cuando cumplan con las pautas de ajuste digitadas por la Provincia, es decir, dos requisitos básicos: reducción del déficit municipal y el congelamiento de la planta permanente.
Aquellos alcaldes que hagan buena letra sumándose al pedido expreso de la gobernadora podrían avanzar algún casillero dentro del denominado “círculo de intendentes vidalistas puros”. En sede gubernamental de calle 6 ya marcan con resaltador amarillo Pro a los “cumplidores” de cara a la todavía prematura carrera electoral que se viene en 2019.
En las diagonales los despidos de empleados de distintas reparticiones estatales pueden potenciar el nivel de conflictividad sindical con el correr de las semanas.
La negociación paritaria salarial, que aún no tiene una oferta formal por parte del Ejecutivo para este año, tiene pronóstico “reservado”.
La primera medida de fuerza de alcance nacional contra esta nueva ola de despidos ya la concretó el combativo gremio de ATE la semana pasada.
La administración Vidal ya atraviesa un foco de tensión con el sindicalismo docente a raíz de la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) que dejó a casi 200 familias en la calle a poco de las fiestas de fin de año.
Los trabajadores fueron notificados vía mail de la resolución del máximo responsable de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny.
Las luces de alarma ya se habían encendido también a partir del anuncio oficial de cesantear a los docentes sin título habilitante, tal como se supo en las últimas semanas.
“Cambiemos irá por los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) modificando el esquema general de jubilaciones”, aseguran insistentes versiones dentro del ámbito legislativo opositor.
Contracara atmósferas de conflicto, las fotos de Vidal comprando regalos para Reyes tuvieron una enorme repercusión.
Casi o más que aquella postal donde pudo observarse a Vidal subiendo al escenario teatral para saludar a su imitadora, la comediante Fátima Florez en Mar del Plata.
Con estilo familiar, se instaló en la arena marplatense apenas arrancó la temporada 2018.
Desde allí, alternará visitas de gestión en otras ciudades balnearias. Junto a su equipo ministerial tendrá que venir algún día de estos a La Plata como escala obligada gubernamental, abandonado por algunas horas las reposeras veraniegas.
Mientras los bloques de Diputados y Senadores “cristinistas” de Unidad Ciudadana / FpV-PJ salían a denunciar a coro el recrudecimiento de las políticas de ajuste y despidos de Cambiemos en pleno receso legislativo, el massismo del Frente Renovador salió con todo a exigirle a Vidal que suspenda la aplicación del revalúo inmobiliario en la Provincia que estima subas desorbitantes.
“Esta medida afecta en forma directa el bolsillo de los bonaerenses, que ya viene siendo castigado con las desmesuradas subas en el transporte público, la nafta y el gasoil y los tarifazos en los servicios básicos de luz, agua y gas.
“Esto sumado a la imposibilidad del gobierno en cumplir su meta inflacionaria, que provocó el aumento de los productos que componen la canasta básica familiar”, explicó el jefe del bloque de diputados, Rubén Eslaiman.
Recordemos: los legisladores que responden al tigrense Sergio Massa votaron en contra de los artículos que modifican la base de cálculo incrementando las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario durante el tratamiento de la Ley Fiscal Impositiva 2018.
Recientemente, dijeron, acompañaron el Pacto Fiscal que le otorga a la Provincia de Buenos Aires poco más de 40 mil millones de pesos.
Adicionalmente, y en consonancia con el mismo Pacto, que buscar resarcir a la Provincia por el tope impuesto por el Fondo del Conurbano, la administración Vidal tendrá el año que viene 44 mil millones de pesos extra para así completar los 65 mil millones correspondientes, el monto estimado del valor del Fondo actualizado por inflación.
“Resulta inentendible que, contando con este ingreso adicional para la Provincia, la gobernadora siga adelante con estas medidas (como la aplicación del revalúo Inmobiliario) que azotan la economía en crisis de la familia bonaerense”, se hicieron oír los legisladores massistas.