Urgencias presupuestarias y tiempos políticos

6/11/2011 | 09:00 | "El aumento se viene ya, al menos en gas y electricidad", reveló el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el martes 12 de agosto de 2003 durante una visita a San Miguel de Tucumán. Desde aquel día, el monto que los argentinos destinan, mes a mes --pero, sobre todo, los más de cuatro millones de hogares del área metropolitana--, al pago de servicios públicos es motivo de decisión política al más alto nivel del Estado.


 "El aumento se viene ya, al menos en gas y electricidad", reveló el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, el martes 12 de agosto de 2003 durante una visita a San Miguel de Tucumán.


 Desde aquel día, el monto que los argentinos destinan, mes a mes --pero, sobre todo, los más de cuatro millones de hogares del área metropolitana--, al pago de servicios públicos es motivo de decisión política al más alto nivel del Estado.


 Cómo continuó aquella anécdota es conocido: tras aquel anuncio de Scioli, el presidente Néstor Kirchner ordenó quitarle toda influencia hasta dejarlo sin otro atributo de poder que su despacho en el Senado.


 Más allá de aquel conflicto, lo que siempre quedó claro durante las sucesivas gestiones "K" es que, al menos en el manejo de la combinación subsidios-tarifas, no hay decisión técnica que prime por sobre los tiempos y los modos de la política.


 Vale la pena recordar los argumentos dados por Scioli hace más de ocho años para dar por descontado un inminente aumento tarifario. "Las subas del gas y la electricidad van a venir porque necesitamos inversión para que haya más energía", justificó, con palabras que serían reflotadas por distintos actores políticos y económicos.


 Aquellas primeras determinaciones, que contradijeron los anuncios apresurados del hoy reelecto gobernador bonaerense, se dieron en un contexto de alto desempleo, elevados niveles de pobreza y de indigencia.


 En ese escenario, aparecieron los subsidios que financian parte del costo de lo que cada familia gasta en servicios públicos.


 En cuanto al sector energético, ex funcionarios y técnicos vinculados a las empresas privatizadas vienen augurando una crisis de alto impacto que jamás termina de estallar.


 Ahora, la cuestión es analizada desde otra perspectiva: su creciente incidencia en el gasto público. Estudios privados revelan que esas transferencias trepan a casi 70.000 millones de pesos anuales (veinte veces más que en 2005).


 A eso hay que sumar la necesidad de revisar criterios de equidad: los niveles de desocupación se redujeron notoriamente desde la crisis de 2001 y, en distintos estratos poblacionales, se recuperaron los niveles de consumo.


 El anuncio de un primer recorte de 600 millones de pesos a algunos ámbitos "privilegiados" y el inicio de un pormenorizado estudio para determinar la viabilidad o no de los subsidios es una medida que sigue la teoría kirchnerista, en la que parecen primar los tiempos y formatos de decisión políticas más que las meramente técnicas.



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