El presidente y Solá abren los archivos que faltaban
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BUENOS AIRES (Télam y DyN) -- El gobierno nacional pondrá a disposición de los jueces todos los archivos en manos de sus fuerzas de seguridad relacionados con el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
La medida, ordenada ayer mediante un decreto presidencial, involucra a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval.
En la misma línea, el gobernador bonaerense, Felipe Solá, determinó el libre acceso de magistrados y familiares de las víctimas a los documentos y archivos de inteligencia de la policía provincial.
"Se levanta todo tipo de secreto para archivos y de información clasificada", anunció el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz.
El funcionario aclaró que la determinación se tomó después de la conmemoración por el noveno aniversario del ataque, cumplida el viernes pasado, para que no se interprete como una especulación u oportunismo político.
El ministro de Seguridad bonaerense, Juan Pablo Cafiero, informó que Solá había pedido el sábado a la Cámara Federal de La Plata la pertinente autorización para la apertura de los archivos de la policía provincial.
El trámite debió cumplirse porque ese tribunal tiene secuestrados, desde 1999, los archivos de inteligencia de los últimos cincuenta años para llevar adelante el denominado "juicio de la verdad" que procura echar luz sobre los años de la lucha antisubversiva.
En el proceso, que no tiene efectos penales, hubo numerosas audiencias dedicadas a determinar responsabilidades de la policía bonaerense.
Los anuncios se conocieron luego del encuentro que Kirchner, Solá, Beliz y Cafiero sostuvieron en la Casa Rosada con el titular de la AMIA, Abraham Kaul; el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), José Hercman, y familiares de las víctimas del atentado.
"Desconocíamos la existencia de archivos secretos en la policía sobre la causa AMIA porque, en su momento, se los habíamos solicitado a los ex gobernadores Duhalde y Ruckauf. Ambos funcionarios habían referido que esa documentación no existía", dijo la abogada Marta Nercellas, de la DAIA.