Arbitrariedades

Redacción de La Nueva.

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 Puede que la sanción dispuesta por el jefe del Estado Mayor de la Armada, respecto de doce oficiales superiores retirados del servicio activo, se halle comprendida dentro de sus facultades disciplinarias discrecionales.

 Pero, aún existiendo alguna norma formal, no repararía la injusticia de fondo cometida contra quienes han actuado en defensa de la institución a la que pertenecen y conforme a abundantes textos legales que fundan su derecho a la respetuosa protesta.

 Lo mismo cabe decir de otro caso de índole similar que ha afectado al capitán de ejército, también retirado, Federico Cornejo Castellanos. Las dos reclamaciones constituyen una reacción legal y legítima ante una política militar que parece apuntar, más allá de sus víctimas visibles, contra la institución misma.

 Son los hechos los que van confirmando esta suposición. Ningún cargo pesaba contra los altos jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que fueron forzados a pasar a retiro por su Comandante en Jefe, apenas entró en funciones.

 Tampoco tiene justificativo anunciar que se va a derogar el decreto que prohíbe dar curso a todo pedido de extradición por delitos cometidos por argentinos en su tierra. Amén del atentado jurídico que importa, expone al país entero a ver juzgados hoy a sus hombres de armas, mañana a cualquier ciudadano, culpable o inocente, por el capricho de un juez extranjero en busca de notoriedad. Por esta vergüenza quiere hacer pasar a la Nación su Presidente.