Fernández de Gabiola y su voto sobre la ley de Tragamonedas

Redacción de La Nueva.

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 "Ante el veto que el gobernador Felipe Solá aplicó a la ley de Tragamonedas, me siento en la obligación de aclarar algunos aspectos que han sido tergiversados por la opinión pública, con referencia a este tema".

 Con esta frase, comienza un comunicado distribuido por la senadora provincial (PJ) Alicia Fernández de Gabiola, en referencia al trámite seguido por la polémica ley.

 La nota continúa diciendo que "debo aclarar que soy orgánica a mi bloque político y voto en consecuencia; al mismo tiempo, destaco que no participé en las discusiones de la ley en cuestión, pero, como representante de los habitantes de la sexta sección electoral, es mi deber, ante un tema tan sensible, poner en conocimiento de la población por qué se aceptó votar la ley de Tragamonedas, para qué sirve y cuáles fueron los vetos que le aplicó el gobernador Solá".

 Luego, la legisladora explica que la normativa ingresó por la Cámara de Diputados, la cual le practicó modificaciones y la aprobó; luego, pasó a Senadores, donde se trató por trámite normal, y, en el recinto, contó con la aprobación en general del PJ y la UCR y la negativa de los legisladores del ARI.

 Por último, el gobernador Felipe Solá decidió vetar los tres artículos que se corresponden con los agregados que hizo la Cámara Baja al proyecto original.

 Uno de ellos, indica Fernández de Gabiola, el artículo 10, establecía el poder cancelatorio que se otorgó al pago a cuenta que hicieron los bingos por el canon de los primeros seis meses bajo las nuevas reglas, hasta que entrara en vigencia el control on line de las máquinas y se pudiera saber a cuánto ascendía el monto que debía recibir el Estado provincial.

 "Sobre esta última cuestión --afirma--, se dio a conocer en los medios una cifra cercana a los 70 millones de pesos, cuando, en realidad, los números reflejaban un monto aproximado a los 8 millones de pesos".

 El otro agregado, distribuido en dos artículos, el 11 y 12, creaba una comisión bicameral, a integrar con tres diputados y tres senadores, cuya misión iba a ser, según la ley, preparar una nueva norma sobre el juego del azar en la Provincia y hacer el seguimiento y control del sistema actual, además de emitir dictamen previo sobre las renovaciones de las licencias actuales de los bingos y sobre las concesiones de nuevas salas.

 Solá también anuló el artículo 13, que facultaba a la autoridad de aplicación a ampliar hasta en un 15% el número de distritos o partidos en los cuales podrán habilitarse salas de juego de bingo, no pudiendo autorizarse la instalación de nuevas salas en ninguno de los distritos o partidos de la Provincia que tengan salas habilitadas y en funcionamiento.

 "A partir de la sanción de la ley, los bingos bonaerenses deben devolver a los apostadores, en premios, el 85% de lo que se juegue en cada máquina tragamoneda. Asimismo, deben pagar al Estado provincial un canon del 34% de la rentabilidad bruta (restando el pago de premios), por lo que la Provincia verá crecer su ingreso de 20 a 120 millones de pesos, saldo que será volcado a la solución de las problemáticas que afectan a los bonaerenses", explicó la senadora.

 Además, las máquinas deben estar conectadas a un sistema on line de control, para que el gobierno sepa cuánto se juega y se gana en cada una.

 Agregó que "otra cuestión que quería dejar en claro es que la actitud que el gobernador Solá ha tenido, al vetar estos artículos, no es nueva: otras veces la ha tenido, con respecto a otras iniciativas. No es raro lo que ha hecho y, sin dudas, ha realizado un pormenorizado análisis de la ley sancionada por la Legislatura y ha obrado en consecuencia".

 Finalmente, Fernández de Gabiola indica: "Sé muy bien que hay muchos intereses en juego, tras la sanción de esta ley, pero, en la democracia, están presentes los mecanismos e instrumentos necesarios para corregir lo que vaya a contramano del interés común".