Después del aumento, las discusiones

Redacción de La Nueva.

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 La decisión gubernamental de incorporar la suma fija no remunerativa a los sueldos disparó un debate por la influencia que esa medida tendrá en otros rubros.

 Las palmas de la discusión se la lleva, especialmente, la implicancia en el coeficiente para la actualización de los créditos (CVS) y en los costos laborales.

 En un primer momento, el impacto del anuncio de recomposición de haberes --toda una novedad para los tiempos que corren-- colocó sordina sobre las posibles consecuencias.

 Con el transcurso de los días, sin embargo, fueron quedando al desnudo los inconvenientes que deberá afrontar el gobierno para que la situación no se desmadre.

 Si bien, inicialmente, hubo moderadas reacciones, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió con los tapones de punta.

 Desde todos los ángulos, la entidad fabril criticó a la administración kirchnerista, colocándose a la vanguardia en los cuestionamientos: habló desde la falta de consulta para tomar tal decisión hasta la intromisión del Estado en las negociaciones entre empresarios y sindicalistas. Tampoco omitió incluir en la lista al impacto económico que tendría en las empresas.

 Se aprovechó, asimismo, para descargar su furia contra la persistencia de la doble indemnización para casos de despido sin causa, que se prorrogó hasta fin de año.

 El otro frente. Pese a que el presidente Kirchner sigue evitándolos, los gremialistas continúan aceitando su relación con el gobierno.

 Una prueba: en la mayor de las reservas, un grupo de los "gordos" de la CGT se reunió con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, para analizar una agenda temática que, obviamente, incluyó la cuestión salarial.

 Aun así, continúan sin ser recibidos en la Casa Rosada. Por ahora, Kirchner los hace pasear a las oficinas de Lavagna y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Como parte de ese deambular, los gremialistas ya tendrían confirmado un encuentro con el canciller Rafael Bielsa.

 ¿De qué pueden hablar con el responsable de las relaciones exteriores? Quieren discutir, aparentemente, sobre la reactivación del llamado Mercosur social y la coordinación entre los sectores del trabajo de los países del grupo, pero, fundamentalmente, con el Brasil.

 Creen que debe haber equivalencias en la legislación, para que los vecinos no tengan ventaja sobre los operarios locales y, en consecuencia, las empresas no se vean tentadas a poner todas las fichas en el gigante amazónico.

 Lo concreto, a esta altura, es que los popes sindicales están satisfechos con la medida gubernamental: confían que se sacudirá la modorra de las convenciones colectivas y podría haber un cimbronazo en las escalas salariales.

 Al cabo, las entidades que regentean se verán beneficiadas con mayores aportes, tal como les ocurrirá a las arcas del gobierno, a medida que avance la incorporación de la suma a los haberes.