Primero, la Corte; después, el decreto
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BUENOS AIRES (DyN) -- El gobierno nacional podría supeditar su decisión sobre el decreto que impide las extradiciones de acusados por violaciones a los derechos humanos al fallo que emitirá la Corte Suprema de Justicia sobre la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
"En los próximos días, habrá novedades", confió ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa.
La Corte debe confirmar o revocar las resoluciones por las que la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de aquellas normas por considerarlas contrarias a la Constitución Nacional.
Si el máximo tribunal comparte semejante criterio, se abrirán cientos de nuevos juicios a militares participantes de la lucha antiguerrillera durante la década del '70. De esa forma, quedarán a disposición de la justicia argentina y no podrán ser trasladados compulsivamente a los países extranjeros que los requieran.
De declararse, en cambio, que el Punto Final y la Obediencia Debida siguen vigentes, los uniformados y civiles protegidos por ese paraguas legal, podrán ser sometidos a juicio en el exterior.
En ese caso, las extradiciones prosperarán sólo si Kirchner deroga el decreto 1.581, dictado en diciembre de 2001 por Fernando de la Rúa.
La Corte, sin embargo, no tiene plazos para resolver el asunto y existen dos aspectos que retardarán aun más cualquier determinación:
* La vacante que, posiblemente, será ocupada, desde fines de agosto, por el penalista Eugenio Zaffaroni.
* El receso judicial de invierno que comenzará este lunes.
Especulaciones. Según fuentes judiciales, no existiría mayoría en la Corte para respaldar o anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. En función de ese escenario, el aporte de Zaffaroni --o quien ocupe el sitial de Julio Nazareno-- será crucial.
Ya durante las últimas horas, el jefe del Ejército, general Roberto Bendini, anticipó que el decreto 1.581 será suprimido. Pero no precisó cuándo porque, de hecho, Kirchner no tendría fecha para adoptar esa medida.