Riesgosos saltos sin red

Redacción de La Nueva.

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 Eugenio Raúl Zaffaroni reconoce a regañadientes que haber sido juez del proceso militar que encabezaba por entonces el general Videla "es una mancha negra" en su carrera judicial y, en un plano más amplio, en su frondosa carpeta de antecedentes como jurista y constitucionalista de nota.

 El gobierno de Néstor Kirchner, en voz baja, esgrime por estas horas las mismas preocupaciones por esa "mancha", al tiempo que observa impotente cómo crecen de a poco los cuestionamientos a una candidatura --para cubrir la vacante de Julio Nazareno en la Corte Suprema-- que suponía apenas un trámite formal antes de su consagración.

 Por otro carril, la Casa Rosada empieza a comprobar lo errado de su decisión de vestir un santo a costa de desvestir otro, como ocurre con su pomposo anuncio de la semana anterior de otorgar un aumento salarial a los trabajadores privados y en el monto mínimo de jubilaciones y pensiones.

 La decisión, enmarcada en la política de anuncios diarios del gobierno, no sólo divide aguas entre los sectores involucrados --y perjudicados-- en la materia, como por caso empresarios que verán incrementados sus costos laborales, o los trabajadores estatales, que quedaron al margen de la fiesta, sino que ha provocado las primeras grietas en el gabinete de ministros.

 Ambas cuestiones --la decisión de avanzar con la candidatura de Zaffaroni para cubrir la vacante en la Corte y el aumento de salarios, que supondría un encarecimiento vía CVS (Coeficiente de Variación Salarial) para deudores de créditos hipotecarios, personales y alquileres-- muestran a primera vista uno de los yerros más costosos en términos políticos que puede sufrir un gobierno como el actual, cebado con el éxito de sus embestidas iniciales: trabajar sin una red de contención que permita amortiguar el golpe si la estrategia se demuestra fallida.

 Veamos caso por caso. La nominación de Zaffaroni siempre fue una apuesta personal del matrimonio Kirchner, avalada desde el vamos por el núcleo patagónico que integran Julio De Vido, Carlos Zannini y Sergio Acevedo, más la adhesión sin remedio del resto del elenco ministerial, incluido el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

 No obstante, es un secreto a voces que las preferencias en buena parte de ese elenco estaban volcadas hacia la jueza mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci. "Una mujer en la Corte sería un impacto fenomenal que no se da desde la época de Onganía", se entusiasmaron en los arranques de esta historia, bien que sin éxito, según comprobarían después, algunos laderos del presidente.

 Se recuerda hoy, cuando han comenzado a aflorar las preguntas sobre si fue o no acertado jugarse tan abiertamente por Zaffaroni, que hasta el constitucionalista Daniel Sabsay cosechaba más votos en el oficialismo cuando se pasaban en limpio los borradores sobre la "autolimitación" presidencial proclamada después por Kirchner.

 Hoy, las cartas están echadas y no parece existir en el gobierno el más mínimo resquicio para dar marcha atrás. "Será Zaffaroni; si la gente tiene objeciones, que las haga en la página de Internet", se ofuscaron cerca de Gustavo Beliz, al comprobar que han surgido algunos cuestionamientos, no ya de particulares, sino de organizaciones respetables, como el Colegio de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Lucha contra las Drogas y la ruralista CARBAP.

 El gobierno hace gala aquí de una gran hipocresía: nunca le concedió el mismo nivel de preferencia a Carlos Sánchez Herrera, el ex Procurador del Tesoro, a quien echó sin más tramite por haber defendido a un general del proceso militar.

 En las últimas horas surgió un dato de las entrañas del poder que buscaría zafar del entuerto y equilibrar los tantos: la posibilidad de anunciar aquellas otras dos candidaturas para cubrir la vacante en la Corte, con el argumento de que, en definitiva, lo que se había planteado originalmente era la presentación de una terna de postulantes. Lo que nadie en el gobierno reconocerá públicamente es que el paso nunca se habría dado --si es que finalmente así ocurre-- de no haber aparecido cuestionamientos al abolicionismo, entre otras yerbas, de Zaffaroni.

 La polémica en torno a los anuncios salariales y su incidencia en el monto de las cuotas de créditos y alquileres amenaza, como queda dicho, en abrir una profunda brecha en el seno del gabinete. Roberto Lavagna se fue a Europa para sumarse a la comitiva presidencial convencido de la inconveniencia de la medida. Que, de todos modos, avaló con su presencia en la conferencia de prensa que ofreció su colega de Trabajo, Carlos Tomada.

 Un dato llamativo --casi inadvertido-- fue el fuerte apoyo que recibió a su resistencia de parte del ministro político por excelencia del gabinete, el ultraduhaldista Aníbal Fernández. El quilmeño quedó así parado en la vereda de enfrente del lote de kirchneristas puros que encabeza su homónimo jefe de Gabinete. Un dato no menor, cuando empieza a hablarse de un paulatino despegue de los hombres del ex presidente interino de las posiciones cerradas y hasta por momentos autoritarias del núcleo duro que acompaña al santacruceño.

 Ayer, hasta se habló de un profundo descontento de Lavagna con este mal paso del ala política, que no sólo lo obligará a dar nuevas explicaciones al Fondo Monetario Internacional y a inversores extranjeros por el renovado ataque a la inseguridad jurídica que supondría modificar el CVS para evitar perjudicar a los deudores hipotecarios. También deberá lidiar con los bancos acreedores, que reclamarán una suma superior a los mil millones de pesos de compensación para el caso de que prospere esa modificación en el Congreso.

 Por si fuera poco, analistas privados se preguntaban ayer si tanto barullo vale la pena cuando la incógnita que flota en sus estudios es si, finalmente, habrá aumento de salarios para los privados. "Si hay que convertir en remunerativa la suma de 200 pesos, habrá que hacerle descuentos, por lo que el trabajador cobrará menos, salvo que le hagan pagar la fiesta al empresario mediante el aumento de sus aportes. No hay otra", dicen en esos escenarios.

 Lavagna suma sinsabores cuando comprueba que, según esos mismos estudios, que llegaron a sus manos antes de viajar a Europa, la incidencia en el aumento de los costos laborales del aumento dispuesto por el gobierno rondará el 20%. Para el ministerio de Trabajo, la incidencia será del 6,8%. "Lo único que se va a lograr con esto es que crezca el empleo informal, que venía cayendo a partir de la reactivación de mediados de 2002", esgrimen resignados en el Palacio de Hacienda.

 Lavagna viene de protagonizar, por si le faltase algo, un nuevo incidente con el ministro de Planificación, Julio De Vido, en torno al aumento de las tarifas que reclaman las empresas privatizadas y al procedimiento para realizar un replanteo de esos contratos y de la razonabilidad de los incrementos.

 Cerca del ministro no desmienten que Lavagna añora sus tiempos junto a Eduardo Duhalde como conductor sin interferencias de la economía. Amparado, claro está, en el absoluto desconocimiento en la materia del bonaerense. Tampoco se desdicen de otra impresión que desgranan como propia: hoy por hoy, todo separa a Lavagna y De Vido, salvo que sus despachos están en el mismo edificio. Nadie es capaz de asegurar que seguirá así por mucho tiempo.

 Kirchner, a su turno, ordenó parar la batería de anuncios diarios mientras dure su gira europea. De hecho, el bajísimo perfil de Daniel Scioli y del resto de los funcionarios de la Rosada, salvo sus apariciones radiales a primera hora de la mañana, ha sido ostensible. Nada debía opacar la producción propia de primeras planas del mandatario en su recorrida por las capitales europeas, y así se planeó. De allí que la polémica por el CVS y el aumento salarial viene a complicar un escenario impensado para el presidente. Aunque deba convenirse que el salto sin red es, en esta oportunidad, casi de su exclusiva autoría.

Eugenio Paillet/"La Nueva Provincia"