Mayores poderes a los fiscales para investigar secuestros
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BUENOS AIRES (DyN y Télam) - La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley los proyectos que otorgan mayores facultades a los fiscales en las investigaciones judiciales de secuestros extorsivos.
Las iniciativas habían sido impulsadas por el anterior gobierno de Eduardo Duhalde y fueron retomadas por la gestión de Néstor Kirchner.
La intención es dotar a la justicia y al Ministerio Público de herramientas más ágiles para enfrentar un delito que creció exponencialmente en los últimos años.
La propuesta aprobada ayer permite a los jueces y fiscales "actuar en ajena jurisdicción territorial" cuando hay riesgo de vida para la persona secuestrada, y también ordenar allanamientos.
Otorga a los fiscales facultades con las que ahora no cuentan, como poder tomar declaraciones indagatoria cuando hay sospecha respecto del imputado, realizar allanamientos y disponer la intervención de líneas telefónicas.
También le permite estar a cargo de todo el procedimiento judicial, aunque siempre informando al juez correspondiente y sujeto a la posibilidad de que después se declare la nulidad de lo actuado.
El proyecto también agiliza los plazos procesales del sumario y de los preliminares al juicio.
La iniciativa surgió de la Comisión de Notables que Duhalde confió a León Arslanian para analizar la problemática de los secuestros, y de la cual participó el ex fiscal y actual secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, entre otros especialistas en la materia.
El proyecto cosechó el apoyo de la mayoría del PJ y la UCR.
"El objetivo es dotar de mayor eficacia a las estructuras judiciales que tienen a su cargo la prevención", sostuvo la radical Margarita Stolbizer, titular de la comisión de Legislación Penal.
A pesar del respaldo mayoritario, la propuesta también enfrentó críticas en el recinto.
El ruckaufista Jorge Casanovas aseguró: "Lanzar un sistema de esta naturaleza con fiscalías sin infraestructura es llevarlo al fracaso".
Desde una perspectiva diferente, Laura Mussa (ARI) consideró que al trasladar a los fiscales facultades que pertenecen al juez de Instrucción podría "generar planteos de inconstitucionalidad", incluso por razones corporativas por parte de los magistrados.
Mussa puso como ejemplo la posible impugnación de una escucha telefónica ordenada por un fiscal.
"Hay que poner algún límite a los presagios de inconstitucionalidad y leer atentamente lo que se vota", defendió Stolbizer, en abierta polémica con el ARI.
La reforma había sido aprobada en el Senado el 28 de mayo.