Más poder para los fiscales
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La Cámara de Diputados convirtió ayer en ley iniciativas que habían sido impulsadas por el anterior gobierno de Eduardo Duhalde con la intención de dotar de herramientas más ágiles para enfrentar los secuestros extorsivos, un delito que creció exponencialmente en los últimos años.
La propuesta aprobada permite a los jueces y fiscales actuar en ajena jurisdicción territorial cuando hay riesgo de vida para la persona secuestrada, y también ordenar allanamientos.
Otorga a los fiscales facultades con las que ahora no cuentan, como poder tomar declaraciones indagatorias cuando hay sospecha respecto del imputado, realizar allanamientos y disponer la intervención de líneas telefónicas.
La norma también modifica el Código Penal en la agilización de plazos procesales del sumario y de los preliminares al juicio.
Desarmaderos
Por otro lado, Diputados también convirtió en ley el endurecimiento de los castigos para cada uno de los eslabones de la cadena de comercialización de bienes o vehículos provenientes de delitos.
El punto central permite decomisar todos los bienes encontrados en los comercios donde se vende mercadería robada, incluso inmuebles, fondos de comercio, depósitos, vehículos, elementos informáticos y de comunicación.
También, se penaliza específicamente a quienes reciban dinero proveniente de un delito, con una pena de un mes a dos años y duplica la condena si el responsable actúa con ánimo de lucro.
En la Provincia
La Legislatura bonaerense dio anoche, sobre el cierre de esta edición, su aprobación al paquete de medidas propuesto por el gobernador Felipe Solá para combatir la delincuencia en la provincia, entre las que figura la que otorga competencia penal a los jueces de Paz.
Los proyectos, que ya contaban con visto bueno del Senado, amplían las facultades de los fiscales, endurecen los requisitos que deben cumplir los desarmaderos y les da atribuciones a los municipios para clausurar este tipo de comercios.
A partir de ahora, los fiscales podrán ordenar allanamientos sin la autorización del Juez de Garantías cuando existan motivos de urgencia en los procedimientos.