Montoya le apunta ahora a los contadores

Redacción de La Nueva.

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 Al revuelo que causó recientemente la decisión del subsecretario de Ingresos Públicos bonaerense, Santiago Montoya, al enviar a contribuyentes provinciales intimaciones sobre sinceramiento fiscal, cuando en muchos casos sólo tenían pendientes deudas insignificantes, se sumó ayer la embestida contra los denominados en la jerga contadores "de alto riesgo", quienes recibieron advertencias, como parte del plan antievasión del gobierno.

 El titular de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Montoya, envió cartas a algunos profesionales en Ciencias Económicas haciéndoles conocer que: "mediante tareas de inteligencia fiscal hemos tomado conocimiento que Usted presta o ha prestado en un pasado reciente servicios profesionales a clientes que a su vez revisten la condición de contribuyentes de la provincia de Buenos Aires" y cuya nómina figura en un anexo donde se incluyen empresas sospechadas de realizar maniobras de evasión.

 Más adelante pide: "apelamos a su colaboración para solicitarle redoble sus esfuerzos en tal sentido, dentro de la materia de su incumbencia, asesorando a sus clientes respecto de la conveniencia de estar en regla con el fisco provincial. Le pedimos muy especialmente que advierta a sus clientes sobre el creciente riesgo de detección de incumplimientos con el fisco provincial y sobre las graves consecuencias que esto puede acarrear si se adquiere el carácter de contribuyentes de alto riesgo".

 La posibilidad de que el fisco emprenda alguna acción contra contadores señalados por confeccionar balances donde la rentabilidad se basa exclusivamente en encontrar formas sofisticadas de evasión impositiva mediante gimnasia contable, despertó ayer la reacción de muchos profesionales, que interpretaron que para poner en duda su buena fe, antes deberían sustanciarles una causa basada en pruebas.

 La disyuntiva de hierro es que mientras los asociados a colegios y consejos profesionales piden su intervención institucional, las entidades han recibido el requerimiento de la Dirección de Rentas para que los ayude a sancionar a los contadores que están comprometidos en actividades de evasión con sus clientes.

 Mientras tanto ayer, el titular de la AFIP, Alberto Abad, quien disertó en un almuerzo organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, aseguró que la figura de la asociación ilícita que contempla el proyecto antievasión que está analizando el Congreso, no está pensada ni para los contribuyentes, ni para los contadores ni para los abogados, sino para las usinas que fabrican facturas falsas.

 "Nosotros no pensamos que entre una usina, o una persona que produce o crea una factura falsa, y quien la usa hay una asociación ilícita, eso nunca pasó por nuestra cabeza", aseguró Abad.

 Al respecto, destacó también que, desde el gobierno, "nunca pensamos que un contador o un abogado que firma o que tenga que ver con un balance en donde hay una factura apócrifa esté en asociación ilícita, si no que si existe, y se prueba, la constituye la usina de las facturas apócrifas".

 "Estamos pidiendo la figura de asociación ilícita porque hay maniobras específicas en las cuales tres o más personas se asocian con objetivos ideológicos y operativos armados con el sólo objeto de que terceros evadan", expresó el funcionario.

 En ese sentido, indicó que eso no sólo ocurre "con las facturas apócrifas, donde está claro que es así, porque algunos alquilan o consiguen edificios, otros buscan testaferros que forman parte de los directorios (de las empresas fantasmas), otros buscan a los profesionales que los ayudan para hacer esta tarea, y otros tantos hacen la comercialización del producto o factura apócrifa para que los tercero evadan".