Felipe Solá cargó contra los jueces de Paz de la provincia
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LA PLATA (Télam) -- El gobernador Felipe Solá advirtió ayer que el juez de Paz que no se sienta capacitado para afrontar la nueva potestad de intervenir en causas penales, debe renunciar.
"El que no está capacitado que renuncie", dijo enfáticamente el mandatario, al ser consultado sobre la oposición de algunos jueces de Paz para asumir nuevas facultades en áreas penales, medida que impulsa el gobernador.
El llamado de atención se originó a partir de que varios jueces de Paz cuestionaron públicamente la posibilidad de ampliar sus funciones, en el marco de las nuevas medidas para enfrentar el delito, propuestas por el Poder Ejecutivo provincial.
Solá aseguró que la provincia "está en emergencia en el tema de la seguridad, la población pide que (los jueces de Paz) se comprometan, ellos son abogados, a todos nosotros nos ha tocado hacernos cargo de cuestiones para los cuales no estamos específicamente preparados y nos hemos preparado igual y hemos tratado de responder, y eso es lo que yo les pido a los jueces de Paz".
"Muchos de buena fe dicen lo que piensan, pero tienen que pensar que hay una obligación social y una demanda de la comunidad, de los pueblos donde están y donde no hay otros fiscales u otros jueces, que le piden intervenir eso", precisó.
Solá efectuó estas declaraciones al asistir a la inauguración del Conservatorio Gilardo Gilardi, en La Plata.
"El intervenir en la orden de allanamiento o en la orden de que se aprehenda una persona, es algo a lo que está dispuesto un intendente o muchas personas que no son profesionales. ¿Cómo no van a estar dispuestos los jueces de Paz?", se preguntó el mandatario.
Solá dijo que "obviamente los vamos a ayudar y los vamos a reforzar en la medida en que sea necesario", pero insistió que "el que no está capacitado que renuncie".
Cuestionamiento. José Cuñado, juez de Paz de Tres Lomas, distrito ubicado en el noroeste bonaerense, destacó que con estas medidas "no se va a agilizar el combate contra la inseguridad".
Al resumir conceptos similares vertidos por otros colegas de ese fuero, Cuñado mencionó como ejemplo algunos de los contratiempos que podría originar esta iniciativa.
"Si el fiscal no está en el lugar donde ocurrió el delito, no podré dar una orden de allanamiento y entonces esta medida terminará a consideración de los jueces de Garantías", como ocurre en la actualidad, explicó el magistrado.
El gobernador también fue consultado sobre el debate legislativo del paquete de medidas para combatir el delito enviado por él a la Legislatura provincial, y que incluye mayores atribuciones para los fiscales, la intervención en causas penales de los jueces de Paz y un mejor control sobre los desarmaderos.
"Espero que sean convertidos en ley esta semana; el Senado lo va a tratar hoy (el cuerpo aprobó anoche las normas y pasó el proyecto a Diputados) y seguramente en pocas horas tengamos ratificadas algunas reformas importantes para acelerar y asegurar la persecución penal del Estado", destacó.
Remarcó que las medidas apuntan a "asegurar lo que la gente está pidiendo, que los delincuentes, en su mayoría asesinos, cuando sean capturados, tengan una acumulación de pruebas rápido, sean encarcelados y condenados".
Respecto de las medidas que analiza el gobierno provincial para restringir la venta de alcohol, Solá afirmó que "ese decreto no está firmado porque para hacerlo, debo tener la plena seguridad de colaboración de todos los intendentes y actuar en conjunto, porque se trata de entender que la venta de alcohol en algunos lugares donde está abaratado el producto, es la que más afecta al alcoholismo de menores".
"Estamos tratando de proteger a quienes tienen entre 14 y 18 años, que es un estrato que consume mucho alcohol, lo hace el 60 por ciento de los pibes menores de 18, el 25 por ciento pasa el fin de semana alcoholizado y lo que queremos es que no sea tan barato en la Argentina, para que los chicos no tengan tanto acceso al mismo", dijo.
Rechazo. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata, rechazó ayer el paquete de medidas para combatir el delito anunciado por el gobierno provincial y advirtió que esas iniciativas "violan la Constitución bonaerense, vulneran las garantías de los ciudadanos y podrían generar un incremento de los casos de tortura policial". El organismo aseguró que la ampliación de las potestades de la policía y de los jueces de Paz "son medidas electoralistas y de imagen, que violan la Constitución y alimentan la posibilidad de que se incrementen los casos de torturas y apremios ilegales".
El FBI también investigará a Sobrado
El FBI estadunidense colaborará con la justicia en el rastreo de cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre del ex superintendente de la policía bonaerense, Alberto Sobrado, informó la Procuración General de la Suprema Corte.
La colaboración del organismo fue solicitada ayer por la Oficina Anticorrupción de la Procuración, en el marco de la causa en que se investiga si el ex jefe policial incurrió en el delito de presunto enriquecimiento ilícito.
Voceros de la Procuración precisaron que "se solicitó el apoyo del FBI para establecer las cuentas que, eventualmente, pueda tener el comisario Sobrado en el exterior, específicamente en Estados Unidos y las Bahamas".
"El pedido se formalizará por escrito en los próximos días, pero verbalmente se nos informó que el FBI comprometió todo su apoyo", remarcaron los voceros.
Anteayer, el fiscal Daniel Urriza, que interviene en la causa, solicitó a Migraciones que informe si el ex superintendente de la policía registra salidas del país desde 1997 hasta la fecha.
Urriza también pidió a la Oficina Anticorrupción de la Procuración que inicie gestiones diplomáticas para establecer si Sobrado posee cuentas en Uruguay.
El 3 de julio último, el comisario general Alberto Sobrado debió presentar su renunciar y fue pasado a retiro activo obligatorio, luego que la revista "Veintitrés" diera a conocer que poseía una cuenta bancaria en las Bahamas por 333.549,62 dólares.