Colombia se puso bien en claro
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BOGOTA -- El gobierno de Colombia, a veces irritado por lo que considera una "percepción equivocada" de sus fuertes medidas de seguridad, lanzó días atrás su estrategia para derrotar a los terroristas de izquierda, los paramilitares y al narcotráfico que financia el conflicto interno.
La ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, en compañía del presidente Alvaro Uribe Vélez, presentó en el departamento del Putumayo, uno de los más violentos del país (frontera con el Ecuador), la denominada Política de Defensa y Seguridad Democrática.
"La meta es al término de este mandato haber acabado el negocio de las drogas ilícitas y doblegado y debilitado de tal manera la estructura de estas organizaciones terroristas, que no les dé otra opción distinta que negociar con el gobierno colombiano la terminación del conflicto", sentenció Ramírez.
"Lo que queremos nosotros es terminar esta guerra, no reducir su intensidad, y eso lo vamos a conseguir golpeando severamente a estas organizaciones en el campo militar, económico y judicial", explicó la funcionaria.
La estrategia contempla un reforzamiento de las fuerzas armadas, la "unificación de los servicios de inteligencia militar" y el deber de los ciudadanos de ayudar a las autoridades mediante su "cooperación y solidaridad".
Ejército, fuerza aérea, armada y policía son acusados de realizar labores de inteligencia en forma separada y de actuar aisladamente, lo que muchas veces no les permite golpear en forma contundente a los ilegales grupos armados.
Uribe asumió el poder en agosto de 2002 cuando los colombianos, hastiados de casi cuatro décadas de guerra interna, lo eligieron con su plataforma de combatir a las narcoguerrillas izquierdistas, paramilitares de ultraderecha y los narcotraficantes que devastaron gran parte del país.
Empero, los funcionarios se quejan de que la prensa y los grupos de derechos humanos a veces los acusan de belicistas y "pasan por alto el compromiso de Uribe con los derechos humanos y el dominio de la ley y el orden".
La estrategia proclama el restablecimiento de instituciones democráticas eficientes en el territorio colombiano, como un objetivo clave de defensa.
También exhorta a los ciudadanos a "apoyar a las fuerzas armadas" dando pistas a redes locales de informantes y "pagando sus impuestos".
Históricamente, aunque la democracia estuvo bastante bien establecida en las mayores ciudades de Colombia, el campo se vio relegado por el gobierno central y sus ciudadanos quedaron al antojo de caudillejos, caciques políticos y traficantes de drogas.
La nueva política identifica a la droga como una "amenaza a la seguridad nacional", en gran parte por dar fondos a guerrilleros y paramilitares, y pide más esfuerzos internacionales contra el narcotráfico y el lavado de dinero.
Las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son consideradas "organizaciones terroristas" por el gobierno de Estados Unidos.
Luis Jaime Acosta/Agencia Reuters