Bielsa quiere juzgar aquí a los militares
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BUENOS AIRES (DyN y Télam) -- El canciller Rafael Bielsa se pronunció ayer porque los militares y civiles acusados por presuntas violaciones a los derechos humanos sean juzgados en el país y estimó, al mismo tiempo, que el decreto antiextradiciones es inconstitucional.
Aclaró, no obstante, que la última palabra sobre su derogación corresponde al presidente Kirchner.
"Preferiría que este proceso no se viera en tribunales extranjeros, no por una cuestión de soberanía, sino por una cuestión que tiene que ver con nuestra historia; es parte de nuestra historia y somos nosotros los que tenemos que cauterizar nuestras heridas", enfatizó el titular del Palacio San Martín.
"Es muy importante hablar de soberanía nacional cuando todos tenemos algo en juego y nos puede costar algo, pero cuando es gratis, cuando es de laboratorio, no me merece mucho respeto", agregó.
El responsable de las relaciones exteriores advirtió sobre la eventual invalidez del decreto 1.581 dictado por el gobierno delarruista (1999-2001) para trabar los requerimientos de extradición.
"Un decreto que modifica una ley --una norma de rango superior-- implica el avance del poder administrador sobre otros poderes del Estado, como es el Judicial, no tiene mucho tiempo por delante antes de que un juez lo declare inconstitucional", enfatizó Bielsa.
El funcionario evitó opinar sobre el pedido de extradición para 46 militares retirados formulado, desde España, por el juez Baltasar Garzón.
"Cuando estas solicitudes lleguen habrá que ver de qué forma lo hacen, si con la forma de extradición o de pedido de captura por Interpol o ambas modalidades juntas", indicó.
"Ni me gustó ni me dejó de gustar; es una decisión procesal, por otro lado reiterada, de un magistrado de un tercer país y no tengo comentario que hacer al respecto --prosiguió--. No me parece juzgar opiniones de un juez".
El líder del Movimiento Federal Recrear, Ricardo López Murphy, reiteró, mientras tanto, que los hechos ocurridos fronteras adentro deben ser juzgados por los tribunales de nuestro país.
"No conozco un Estado que esté dispuesto a renunciar soberanía en términos de aplicar la pretensión punitiva", señaló.
"La idea de que algún país de Europa pueda actuar como corte de apelación de los fallos nos reduce a un status colonial", agregó.
Para López Murphy, esa posibilidad no es aceptable.
"La Justicia, si no media un decreto por el que se modifique el que dictó un presidente anterior, va a seguir este criterio porque es muy difícil aceptar que hechos vividos en la Argentina y ocurridos en la Argentina no puedan ser juzgados", acotó.
También agregó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas hace cinco años y que la apelación refiere a su constitucionalidad o inconstitucionalidad.
"La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con otra composición a la actual, votó por la validez. Hay tribunales inferiores que, en la década del '90, arguyeron lo contrario. Hay un reclamo ante la Corte para que ratifique o rectifique la jurisprudencia anterior", concluyó López Murphy.