Extradiciones: la jefatura de Gabinete remite a los jueces

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES y SANTIAGO DE CHILE (DyN y Télam) -- El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, reiteró ayer que los pedidos para extraditar oficiales militares para ser juzgados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante la lucha antiguerrillera deben ser tramitados ante los tribunales.

 "Es un tema que, finalmente, resolverá la Justicia", puntualizó.

 "Estamos hablando de las extradiciones, no de dónde van a ser juzgados. Hay un juez que reclama la extradición y hay otro juez que debe resolver si lo autoriza o no", prosiguió.

 Por ahora --y pese a los rumores sobre su presunta derogación por parte del presidente Kirchner--, sigue vigente el decreto 1.581, firmado por Fernando de la Rúa, que niega injerencia a los magistrados extranjeros sobre episodios ocurridos dentro de las fronteras nacionales.

 "El tema de los derechos humanos es tan central para ganarse el respeto del mundo como pagar la deuda. En el mundo no es bien visto que la Argentina funcione sin premios y sin castigos, con impunidad", dijo Fernández.

 El juez español Baltasar Garzón ya requirió, por vía diplomática, el arresto y extradición de 46 oficiales militares.

 El teniente general retirado Martín Antonio Balza subrayó, mientras tanto, que estados extranjeros pueden asumir el derecho de juzgar a quienes no fueron enjuiciados en el país.

 "Si nosotros renunciamos a hacerlo, otras naciones adquieren, entonces, el derecho de decir `entonces, lo juzgamos nosotros' ", afirmó el ex jefe del Ejército.

 Balza aceptó que, si bien cada país es soberano al momento de aplicar las leyes, otro Estado puede intentar hacer justicia cuando, por diversas razones, la nación que debería efectuar el proceso no lo hace.

 "Las heridas no han cicatrizado porque, como consecuencia de leyes y de indultos, se instaló un sentimiento de impunidad que, masivamente, la sociedad argentina rechaza", dijo Balza al diario chileno "La Tercera".

 "Para avanzar y lograr la reconciliación definitiva no lo podemos hacer al margen de decirle sí a la verdad y sí a la justicia", consideró.

 Criticó, en otro tramo de la nota, que algunos militares se amparen en la figura del acatamiento a las órdenes para justificar violaciones a los derechos humanos.

 "Ningún militar está obligado al cumplimiento de una disposición que conlleve la comisión de un delito o sea contraria a los usos y leyes de la guerra. Eso sintetiza el concepto de obediencia debida, que es obediencia funcional en bien del servicio y del cumplimiento de las leyes de la Nación y de los reglamentos militares. No es obediencia ciega", argumentó.