Bahía Blanca | Domingo, 07 de diciembre

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Cómo repercute el estilo "K" en los templos

Tucumán se convirtió en la cuna de las advertencias episcopales. Hace un año fue la desnutrición infantil. Este 9 de Julio, la deserción escolar. Delante de los gobernantes de turno, en ambos casos. Los hombres de la Iglesia reconocen que lo hacen para que los responsables de la cosa pública no hagan oídos sordos de lo que oyen o se laven las manos escudándose en el presunto desconocimiento de los hechos.


 Tucumán se convirtió en la cuna de las advertencias episcopales. Hace un año fue la desnutrición infantil. Este 9 de Julio, la deserción escolar. Delante de los gobernantes de turno, en ambos casos.


 Los hombres de la Iglesia reconocen que lo hacen para que los responsables de la cosa pública no hagan oídos sordos de lo que oyen o se laven las manos escudándose en el presunto desconocimiento de los hechos.


 Se quejan, sin embargo, de que no siempre reaccionen ante los diagnósticos o lo hagan en forma tardía, después de una fuerte conmoción política.


 ¿Un ejemplo? Aún en la presidencia, Eduardo Duhalde se vio forzado a improvisar el denominado operativo Rescate, tras haber hecho caso omiso a un alerta lanzado por monseñor Luis Villalba (Tucumán) sobre muertes prematuras debido a la carencia de una alimentación adecuada.


 Esa medida, tomada a las desesperadas, recibió el repudio de varios obispos por su montaje escénico y por la inmunidad del poder para no percibir la situación de exclusión en la que vivían y todavía viven millones de argentinos.


 Aprueban, no obstante, que se haya sancionado la iniciativa popular a favor de "El Hambre más Urgente", que obliga a proveer de alimentación y atención sanitaria a menores de edad y embarazadas que vivan en condición de extrema pobreza.


 Esta vez, ¿ocurrirá lo mismo? Es la pregunta a la que los referentes eclesiásticos intentan hallarle una respuesta luego de que Villalba denunciara la deserción escolar en la provincia, donde uno de cada tres niños no concluye la instrucción elemental y ocho de cada cien termina el ciclo secundario.


 Cuadro de situación que, si se pretende revertirlo para permitir un acceso más equitativo a la excelencia educativa, demandará asumir la educación como política de Estado, sin la que no habrá una salida a la crisis moral del país.


 Un esfuerzo de todas las líneas del quehacer social que obliga, sobre todo al Estado, a hacer que las escuelas funcionen, que los docentes asistan a los claustros y que todos los educadores realicen su tarea con tranquilidad económica y espiritual.


 Villalba no es el único obispo que tiene preocupaciones sobre la coyuntura. Hay otros, aunque se trata de voces aisladas.


 Habrá que esperar, sin embargo, hasta mediados de agosto --cuando se reúna el plenario acotado-- para que la Iglesia se pronuncie, en forma colegiada, sobre la gestión de Néstor Kirchner, en cuyo seno hoy priman las posiciones encontradas.


 Mientras algunos consideran que soplan buenos vientos del sur, otros se quejan del efectista estilo "K" y de cierta tendencia a favorecer acciones que no contribuyen ni a cerrar heridas del pasado ni a la unidad nacional.


 No son muy claros todavía, aunque hacen referencia elíptica a la posible declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida o a la derogación del decreto de soberanía jurídica que permitiría el juzgamiento, en el exterior, de las sospechas de cometer crímenes de lesa humanidad durante el último gobierno militar (1976-1983).


 "Creemos que la invitación a la venganza no es humana y puede significar el suicidio de un pueblo", sostuvo, recientemente, monseñor Estanislao Karlic, al despedirse de la arquidiócesis de Paraná (Entre Ríos).


 A esta postura deben sumarse otras voces irritadas por la virtual desobediencia judicial que encabezaría el ministro de Salud, Ginés González García, al negarse a cumplir los fallos que prohíben la comercialización de anticonceptivos e impiden la puesta en marcha del programa nacional sobre políticas reproductivas.


 Tampoco ven con buenos ojos las movidas en la Corte Suprema de Justicia, particularmente que los pretendidos juicios políticos a los magistrados se fundamenten en las sentencias y no, como debería ser --si se respetasen las normas constitucionales-- en el mal desempeño de sus funciones o en crímenes comunes.


 Aunque estos dichos demuestren un cambio en el ánimo de los referentes episcopales en cuanto al contexto político del país, se trata, por el momento, de opiniones aisladas.

Guillermo Villarreal/Agencia DyN