Tramoyistas

Redacción de La Nueva.

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 Todo es arbitrario y tortuoso en el trámite impuesto por el presidente de la República a la derogación del decreto que prohíbe dar curso al pedido de extradición de ciudadanos argentinos, formulado por un juez extranjero.

 Sólo el presidente pudo haber dispuesto que el ministerio de Justicia, de ineludible competencia en la cuestión, no haya tenido en ella sino "una participación tangencial". Así lo ha reconocido un secretario de ese ministerio, Abel Fleitas Ortiz de Rosas, al tiempo de admitir también que "cada pedido tendrá que ser analizado por la justicia y será la justicia la que resuelva".

 Vale decir que el objeto de la maniobra es brindar a cada juez que participe la ocasión de aceptar la extradición contra argentinos, hayan delinquido o no, por hechos registrados en su propia tierra, y que tienen el derecho a ser juzgados por argentinos.

 Lo contrario es una enormidad. Lesiona un principio básico de la Constitución Nacional, expresamente sancionado por su artículo 116 en los siguientes términos: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación...". Artículo, por lo demás, ratificado en el subsiguiente, Nº 118.

 El trámite irregular impreso al caso, que hoy afecta a un grupo de nuestros militares, coincide con la inopinada reiteración del juez extranjero a su pedido de extradición, ya anteriormente dejado a un lado por el Poder Ejecutivo. Ello delata la tramoya urdida por ese juez con la izquierda vernácula y las nuevas autoridades, a costa de un atributo elemental de la soberanía nacional.