De la Rúa quedó imputado. Prohibirán su salida del país y la de otros involucrados

Redacción de La Nueva.

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 BUENOS AIRES (DyN y Télam) -- El ex presidente De la Rúa quedó imputado ayer en la causa penal por el presunto pago de sobornos a un grupo de senadores para aprobar la reforma laboral al tiempo que el juez federal Rodolfo Canicoba Corral prohibió la salida del país a los ex funcionarios acusados.

 Fuentes tribunalicias aseguraron anoche que los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron que el ex jefe del Estado (1999-2001) sea convocado a declarar bajo aquella figura. El por entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y el mandamás de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Fernando de Santibañes, completan la nómina.

 Si bien los dos últimos ya habían sido imputados en la causa, la pesquisa nunca había alcanzado a De la Rúa, que ya se comunicó con dos de sus abogados para elaborar una estrategia defensiva.

 De Santibañes --que reside en el exterior-- ya presentó, por vía de su letrado, un escrito ante Canicoba Corral para ser relevado del secreto de Estado y declarar.

 Los fiscales y la oficina Anticorrupción --a cargo de Daniel Morín-- requirieron, además, la indagatoria de los ex senadores José Genoud, Carlos de la Rosa, Beatriz Raijer, Julio San Millán y del actual gobernador de San Juan, José Luis Gioja, quienes jamás testimoniaron en el expediente.

 También se incluyeron pedidos de ampliación de indagatoria a los ex senadores Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto Alasino y Remo Costanzo; más la citación del ex responsable de Finanzas de la SIDE Juan José Gallea.

 Ante un canal de cable, Freiler sostuvo que el 80-90% de los dichos de Pontaquarto ya están corroborados en el expediente. Casi al mismo tiempo, el jefe de la bancada de diputados nacionales del peronismo, José María Díaz Bancalari, adelantaba que se impulsará la derogación de la controvertida ley de flexibilización laboral.

Perspectivas. Por el momento, Canicoba Corral descartó nuevos llamados para los sospechosos --"aunque todo imputado puede presentarse ante el juez para ser oído", dijo-- ni agravamiento de la figura jurídica por la que los implicados fueron investigados.

 "Parecería que la calificación de cohecho agravado es la correcta, sin descartar que, en el proceso de la investigación, aparezcan otros delitos", añadió, al descartar las eventuales acusaciones de extorsión y asociación ilícita.

 El juez tampoco ordenó la ampliación del testimonio de Pontaquarto. Cuando le preguntaron si, tal como había dicho Norberto Oyarbide, consideraba llamativo algunos de los conceptos del arrepentido, se limitó a decir que, palmariamente, creía en la verosimilitud del contenido.

 "Acabo de reimplantar el secreto de sumario para proteger el éxito de las diligencias; eso me eximirá de explicar los detalles", informó a la prensa, convocada a la puerta de los tribunales federales.

 Canicoba Corral confirmó, además, que el expediente incluye pericias acreditantes de que, para la fecha aludida (abril de 2000), la SIDE movilizó unos seis millones de pesos y que, según la auditoría del organismo, ese dinero se remitió hacia destinos diversos.

 --El abogado de Pontaquarto, Hugo Wortman Jofre, dijo que su cliente cumplió con una obediencia debida al participar de las maniobras de pago...

 --Me parece un argumento defensista interesante.

 El juez dejó en suspenso la habilitación de la feria judicial de enero para avanzar en el caso porque, por ahora, no hay ni detenidos ni nada que amerite una medida semejante.

 --¿Usted puede asumir el compromiso ante la sociedad para el total esclarecimiento?

 --Dicen que el expediente estuvo cajoneado y es falso. Si bien es cierto que avanzó por la insistencia de los fiscales, también resulta verdad que los jueces que me precedieron --el ex magistrado Carlos Liporaci y el ahora camarista Gabriel Cavallo-- arribaron a elementos de juicio importantes.

 --¿Y entonces?

 --Tengo la disposición de llevar todo hasta las últimas consecuencias y hacer lo que sea necesario... No será fácil, pero es la tarea a la que debemos dedicarnos.

 Mientras la justicia avanza en la investigación, se incrementó la polémica entre los involucrados. De la Rúa, por ejemplo, volvió a negar su protagonismo y reflotó el encono hacia Carlos "Chacho" Alvarez.

 El peronismo bonaerense, paralelamente, defendió a dos de sus hombres --Antonio Cafiero y Jorge Villaverde--, que habían denunciado el affaire.

 Lejos de esa postura conciliadora, el ex senador menemista Eduardo Bauzá replicó a Cafiero, quien lo involucrara en el episodio. "Me entero con indignación que vuelve a utilizar mi nombre en los medios de comunicación para salvar su reputación o para resistirse a la jubilación", deslizó, con ironía.

 "Hoy, tres años después, y como si nada de lo que dijo hubiera sido dicho bajo juramento, proclama, con falsedad injuriosa o con arterioesclerosis manifiesta, que me correspondió la calidad de testigo".

 El ex senador Augusto Alasino --incluido en la lista de quienes habrían recibido dinero-- insistió en despegarse de cualquier acto reñido con la moral y atribuyó los ataques de Alvarez a una apuesta política: " `Chacho' largó la candidatura a presidente".

 También el actual gobernador sanjuanino, y entonces senador, José Luis Gioja negó vinculación con el caso y aclaró que no estaba en la lista entregada a Pontaquarto donde figuraban --algunos con seudónimos-- quienes debían cobrar.

 "Jamás nadie me llamaba por los nombres: o era `el flaco', o era `el h...' el apodo que yo tenía en ese bloque", aclaró.