La iniciativa fue aprobada por 44 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO; la UCR, y bloques provinciales.

La sanción del proyecto es un logro importante del oficialismo para recuperar la iniciativa legislativa, aunque debió ceder ante sus aliados e incorporar el debate del proyecto de biocombustibles.

La reforma de la  Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecía que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos. 

Uno de los puntos claves es que los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de ganancias.

El proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.  (NA)

De esta manera, la desocupación en nuestra ciudad se mantiene por encima del porcentaje nacional. Según se informó, esta alcanza al 7,9%, afectando a unas 1,7 millones de personas.

El informe señala que en el conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se encuentra empleado el 45,3% de la población, unas 149 mil personas. De estas, unas 23 mil (18%) están buscando otro trabajo.

Por su parte, la subocupación -NdR: cuando una persona que tiene un empleo trabaja menos de una jornada completa de forma involuntaria y desea trabajar más horas- alcanza a 21 mil bahienses (12,9%), mientras que la subocupación demandante es del 9,9% y la no demandante, del 2,9%.

Las últimas mediciones de desempleo en Bahía Blanca son las siguientes: 4,4% (cuarto trimestre 2024), 4,8% (primer trimestre 2025), 7,5% (segundo trimestre), 7,4% (tercer trimestre), 7,8% (cuarto trimestre 2025) y 10,1% (primer trimestre 2026).

Primer trimestre

En el primer trimestre del año, la desocupación en nuestra ciudad había pegado un fuerte salto, pasando de 7,8% a 10,1%. Por su parte, el nivel de subocupación había bajado del 10,1% al 8,7%.

En ese momento ya se consideraba que había 16 mil bahienses sin trabajo, 6 mil más que a fin de año pasado. Los subocupados eran 14 mil.

El informe también consignó que la cantidad de bahienses en actividad también había crecido, pasando de 150 mil a 158 mil. También señalaba que había 19 mil ocupados demandantes de empleo (12,2%), cifra que cayó de los 26 mil registrados en diciembre.

El Ejecutivo mantuvo la oferta que ya había presentado en el encuentro anterior y ratificó que solo cumple con el aumento del 3% ordenado por la Justicia, mientras los sindicatos la rechazan y sostienen que todavía falta una recomposición de alrededor del 35% para alcanzar el nivel de diciembre de 2023.

Como antesala de la marcha, se resolvieron además un paro para este viernes y para el martes próximo. A esa medida se suma otro planteo de algunos gremios de la UBA, que impulsan un paro escalonado de 23 días como medida de fuerza adicional, en momentos en que la negociación paritaria sigue estancada.

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública y el sistema científico nacional”, se pronunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.

La reunión paritaria, que había comenzado el 1° de septiembre y se retomó este jueves, terminó sin nueva convocatoria y con los sindicatos enfocados en organizar la federal universitaria de octubre. La posición oficial se apoya en el acuerdo del 10 de junio, que el Gobierno toma como referencia de una recomposición del 35%, a la que suma el 3% ofrecido ahora, y argumenta que ya se cumplió con las actualizaciones salariales exigidas judicialmente.

Los gremios rechazan ese cálculo: sostienen que el planteo no pasa por fijar un porcentaje aislado, sino por aplicar el mecanismo previsto en la Ley de Financiamiento Universitario, y calculan que todavía resta cerca de un 23% de recomposición para empatar con diciembre de 2023.

La discusión salarial universitaria corre además por un carril distinto al del debate del Presupuesto 2027, aunque ambos conflictos se superponen: el proyecto enviado al Congreso fija $7,349 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales, una cifra que los rectores consideran insuficiente y que, según el propio Gobierno, implica una suba nominal del 20,6% frente a la transferencia estimada para 2026 y del 53,58% respecto del crédito original, aunque las entidades universitarias cuestionan esa comparación por no descontar la inflación acumulada. (NA)

La tasa de desempleo subió en el marco de una suba significativa de la gente que busca trabajo. Así, se incrementó 0,3 puntos con relación al mismo período de 2025 y 0,1 puntos respecto de primer trimestre de este año.

En el segundo trimestre, en tanto, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– alcanzó el 48,9%.

La tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total– se ubicó en 45,0%. Y la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 7,9%.

Las tasas de empleo y desocupación no registraron variaciones significativas respecto al mismo período del año anterior, según el INDEC. 

La tasa de actividad (48,9%) registró una suba estadísticamente significativa de 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de 2025. 

La informalidad en el empleo presentó un aumento estadísticamente significativo de 1,0 p.p. con respecto al mismo trimestre del año anterior. 

En aglomerados del interior, las tasas de desocupación y de subocupación demandante presentan un aumento estadísticamente significativo de 1,3 p.p. y de 0,9 p.p., y se sitúan en 7,6% y 9,1%, respectivamente.

La proporción de trabajadores cuenta propia dentro de los informales aumentó 3,0 p.p. (de 34,3% a 37,3%). (NA)

El tribunal, integrado por Adriana Palliotti, José Antonio Michilini y Fernando Machado Pelloni, fijó el inicio del debate de Los Sauces para el viernes 23 de octubre de 2026 a las 10, mientras que Hotesur se juzgará por separado a partir del viernes 19 de marzo de 2027.

Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles. El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.

Para justificar la separación, el tribunal invocó el artículo 43 del Código Procesal Penal, que impide mantener una acumulación de causas cuando eso implica un retraso grave para alguna de ellas, y remarcó que cada expediente tiene casi 200 testigos propios, con apenas poco más de 20 nombres en común entre ambas nóminas. Según los jueces, un juicio único habría obligado a las defensas y querellas con interés en un solo expediente a sentarse en audiencias ajenas a su causa, y el debate conjunto podría haberse extendido por más de dos años.

También pesó que Los Sauces tiene un grado de avance procesal mayor —esa causa llegó primero al tribunal— y que los tres jueces integran distintos tribunales orales federales y deben compatibilizar agendas con otros juicios en curso en sus jurisdicciones de origen. El tribunal citó como antecedentes el desdoblamiento que el TOF1 hizo entre los tramos de Plan Cóndor y Automotores Orletti, y el que el propio TOF5 aplicó en la causa Sueños Compartidos.

Como paso previo al inicio del debate, el tribunal también ordenó actualizar la información personal, laboral y de antecedentes de los imputados: pidió a los poderes del Estado que informen los cargos públicos que ocupan o hayan ocupado, requirió un informe socioambiental a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, y solicitó a la Dirección Nacional de Reincidencia y a la Policía Federal los antecedentes penales de cada uno.

La causa Hotesur

En Hotesur, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques sostienen que una parte de los fondos de la obra pública vial adjudicada irregularmente a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz —investigada en la causa Vialidad— se habría canalizado a través de la explotación de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, que habrían pasado al patrimonio de la familia Kirchner y que luego se alquilaban a Valle Mitre, una sociedad vinculada al empresario.

Según el requerimiento de elevación a juicio, Valle Mitre le pagó a Hotesur SA más de $28 millones y otros $6,9 millones por Las Dunas entre marzo de 2010 y mayo de 2013, y los accionistas habrían retirado esos fondos bajo la forma de créditos en lugar de dividendos. Los hechos fueron calificados como lavado de activos, con el agravante de organización destinada a la comisión continuada del delito para algunos de los imputados. El tribunal recordó además que Florencia Kirchner fue sobreseída en esta causa por decisión firme del 26 de noviembre de 2021. Sí está imputado Máximo Kirchner, hoy diputado nacioinal.

La causa Los Sauces

La causa conocida como Los Sauces tiene un objeto más amplio: además de los fondos del Grupo Báez, la acusación identifica una segunda fuente de dinero en empresas del Grupo Indalo, que habrían pagado a la sociedad Los Sauces SA —constituida en noviembre de 2006— a cambio de beneficios, contratos, concesiones, licencias y ventajas impositivas.

Según el requerimiento fiscal, entre 2009 y 2016 Los Sauces facturó a esas empresas casi 26 millones de pesos en concepto de alquileres, una cifra que representaba cerca del 88% de su facturación total, muchas veces por contratos sobre propiedades que no resultaban necesarias para la actividad de las locatarias o con valores por encima del mercado. Los fiscales sostienen también que los accionistas retiraron más de 10 millones de pesos de la sociedad y usaron gratuitamente algunos de los inmuebles. La imputación se investiga bajo la hipótesis de asociación ilícita, además del lavado de activos. (con información de TN)

La transferencia integral de responsabilidades y bienes de la Quinta Presidencial de Olivos a la Casa Militar, que se cumplimentará en un máximo de 60 días, responde a la a necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno en el marco de la escalada de la inseguridad a nivel global y de la visita del Papa León XIV a la Argentina, que demandará un gran movimiento de personal ajeno para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

Esta iniciativa, conforme a lo estipulado por la Ley de Defensa Nacional y las facultades de la Casa Militar, incluye la provisión de seguridad en la Casa Rosada y en todos los sitios donde se encuentre el Presidente de la Nación, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional.

Al mismo tiempo implica la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control, lo que posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece.

Sus abogados confirmaron que hicieron la presentación en un escrito donde argumentaron que el relato de los testigos no pudo establecer ninguna prueba que ratifique las causas por las que está imputado.

Todo sucedió luego de que la Justicia porteña comenzara una investigación por una serie de imágenes que mostrarían a la pareja en un hotel del centro de la Ciudad de Buenos Aires, a pesar de que pesa sobre Moyano una orden de restricción.

Por la causa en su contra, el exdiputado tiene prohibido acercarse a 300 metros de Arizaga y mantener cualquier tipo de contacto. Según pudo confirmar TN, la fiscalía ya retiró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel para comprobar si existió el encuentro.

Hasta el momento, pudo confirmar que Candela estuvo en el lugar, pero no pudo determinar si él también. Se cree que fueron al menos cuatro encuentros y que también hubo otros en el sindicato de trabajadores de peaje.

La causa se inició el 4 de agosto cuando se difundieron las imágenes de la modelo corriendo por la Avenida del Libertador al 5400, en Belgrano. Allí los interceptó la Policía de la Ciudad y, a partir de ese operativo se abrió una investigación.

El exdiputado quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

El 24 de agosto, Candela Arizaga se presentó junto a su abogado para ampliar su declaración ante la fiscalía. En esa instancia, la joven aseguró que era “falso” que le hubiera manifestado a la policía haber sido víctima de violencia.

Al reconstruir lo que pasó, la influencer explicó que el fin de semana habían compartido distintas actividades junto a Moyano, con quien está de novia desde enero.

También contó que estuvieron con la familia del exdiputado, luego fueron a la cancha de River y volvieron al departamento, donde vieron una película. “Como no tenía sueño, empecé a consumir cocaína”, sostuvo Candela.

La influencer afirmó además que tiene muy pocos recuerdos de aquella madrugada. “No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, expresó y vinculó esa pérdida de memoria con el brote que, según dijo, sufrió después del consumo de drogas.

En otro tramo de la declaración, negó haber sido víctima de violencia física o verbal durante la relación con Moyano. Además, dijo que no recuerda haber dicho que fue golpeada o privada de la libertad, aunque admitió que pudo haber manifestado que la perseguían debido al estado de confusión que atravesaba. (TN)

El beneficio es para los internos de la Seccional Sexta de Comodoro Rivadavia quienes hasta este lunes tenían una hora diaria para realizar tareas de aseo, limpieza y esparcimiento, lo que derivó en un reclamo formal y una posterior inspección en la que se constató la denuncia.

Con el resultado del informe, se llevó a cabo una audiencia liderada por Mariel Suárez en la que se acordó extender de manera progresiva el horario de salida de las celdas durante la tarde, destaca el medio La Opinión Austral.

El esquema permitiría que los detenidos obtengan, en vez de una hora diaria, hasta casi seis horas de recreo por día. La defensa pública explicó que, de igual modo, este otorgamiento se determinará de acuerdo a las características y competencias de cada recluso.

“Las cárceles no son para castigo, uno lo que busca es la resocialización”, afirmó el defensor Julián Pulgar, quien también remarcó los problemas a futuro que puede llegar a tener un preso que está encerrado durante 23 horas en una celda.

La magistrada fue noticia cuando en enero de 2023 fue denunciada ante la difusión pública de una grabación interna del Instituto Penitenciario Provincial, en la que se la veía visitando a un condenado y manteniendo contacto físico.

Las imágenes surgieron durante sus visitas a fines de diciembre de 2021 al preso Cristian ‘Mai’ Bustos’, quien días antes había sido condenado por homicidio.

Es por ello por lo que en 2023 fue destituida, pero en junio de este año fue restituida luego de que el Superior Tribunal de Justicia provincial hiciera lugar al planteo de la defensa. (NA)

Las imágenes, a pedido de la fiscalía, se exhibieron durante la audiencia del juicio por la causa Cuadernos. En el registro se observa el momento en que efectivos de la Policía Federal ingresan al departamento y comienzan a revisar distintos ambientes de la propiedad.

Durante la presentación del video, la defensa de Cristina cuestionó que se mostraron imágenes del interior de la propiedad que, según su planeo, no tienen relación con el expediente.

“Nos parece un exceso. Si hay alguna cuestión puntual, debería indicarla e ir al minuto. Estar mostrando toda la casa de mi defendida, su ropa, no tiene contacto con este expediente”, sostuvo la defensa.

En esa misma línea, la defensa señaló: “No tienen nada que ver con la causa y exhiben de forma innecesaria el ámbito de intimidad de mi defendida”. Además, cuestionaron el accionar del Ministerio Público y plantearon: “Muestra la mala fe con la que está procediendo el fiscal”.

En uno de los primeros momentos de la grabación aparece el abogado defensor Carlos Beraldi, quien se encontraba en el lugar y permite el ingreso de los efectivos. También se observa a integrantes de la custodia.

El procedimiento, que duró alrededor de 13 horas, había sido ordenado por el entonces juez federal Claudio Bonadio durante de investigación que llevaba adelante con el fiscal Carlos Stornelli.

En las imágenes también se observa cómo los efectivos recorren distintos sectores del departamento ubicado en la calle Juncal, entre ellos un área de servicio, mientras revisan el interior. En otro momento de la grabación aparece un policía revisando un celular.

Durante la audiencia se explicó que la exhibición del material responde a la investigación de distintos elementos incorporados al expediente. En particular, la fiscal de juicio Fabiana León intervino durante la reproducción de las imágenes y, según se explicó en la transmisión, el procedimiento busca contrastar lo que aparece en el video con declaraciones que forman parte de la causa.

El allanamiento en Recoleta formó parte de una serie de procedimientos realizados de manera simultánea en distintos puntos del país. Entre ellos estuvo el operativo en la propiedad de Cristina en Río Gallegos, ubicada en Mascarello 441, que comenzó a las 14.45. También se realizaron procedimientos en otros domicilios vinculados con la causa.

Ese día, los operativos fueron hechos de manera simultánea para evitar que los involucrados pudieran advertir previamente sobre los procedimientos. La investigación buscaba avanzar sobre el presunto sistema de recaudación ilegal que dio origen a la causa Cuadernos. (TN)

“A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, reconoció Bullrich en diálogo con el programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia.

La senadora recordó que en Diputados ya existían conversaciones sobre la cuestión y “había un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlo de determinada manera”, por lo que ahora esperará para conocer qué texto finalmente aprueba la Cámara baja y envía al Senado.

Bullrich explicó: “Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, exactamente cómo van a venir, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como un tonto o quedás como que los engañás”.

“Eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, agregó la exministra de Seguridad, quien actualmente integra la mesa política del Gobierno.

Sobre la reforma electoral, Bullrich aseguró que todavía continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza, gobernadores, la Unión Cívica Radical y el PRO y reconoció que aún “no están los votos” porque tampoco terminaron de definirse las coaliciones y acuerdos políticos para las próximas elecciones.

La senadora dejó abierta, además, la posibilidad de avanzar con un esquema intermedio para las PASO. “Algún sistema de selección tiene que haber”, sostuvo, y planteó que en cada partido “todos deben tener la posibilidad de competir” para definir los candidatos.

“Puede haber un paso intermedio, que no es eliminar las PASO sino que no sean obligatorias”, señaló.

Bullrich también ratificó su respaldo a una eventual reelección del presidente Javier Milei. “Es un proyecto que merece tener reelección, sí, sin duda”, afirmó, aunque consideró que todavía existen aspectos de la economía que deberían “mejorar" de cara al próximo año.

En ese sentido, sostuvo que es necesario acelerar los sectores vinculados con el mercado interno para que empresas, pymes, trabajadores autónomos, monotributistas y empleados en relación de dependencia puedan “sentir los beneficios” de la estabilidad económica.

“La actividad económica tiene que repuntar”, reconoció Bullrich, y mencionó particularmente las caídas de la industria y la construcción y consideró que se trata de sectores relevantes por la cantidad de puestos de trabajo que concentran.

Finalmente, consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, desestimó la posibilidad de que el recurso internacional que presentaron sus abogados pueda revertir su situación de prisión y de inhabilitación.

“El tema está cerrado, por lo menos en la causa por la que hoy está purgando una pena, se llegó a la última instancia. Ningún detenido en la Argentina ha tenido tantas revisiones judiciales como la expresidenta”, aseveró. (NA)

El ICC se ubicó en 41,18 puntos en septiembre, lo que representa un aumento mensual de 2,37%. En la comparación interanual, el índice muestra un aumento de 3,44% respecto de septiembre de 2025.

Por regiones, el ICC registró aumentos en el GBA y el Interior, mientras que disminuyó en CABA. El mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%. El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos).

Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%. Los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los hogares de ingresos altos (40,95 puntos).

Por subíndices, Situación Personal registró un aumento de 11,33% en septiembre, mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones. La mayor caída se observó en Bienes Durables e Inmuebles (-3,42%), seguida por Situación Macroeconómica (-0,75%).

En septiembre, las Expectativas Futuras registraron un aumento de 3,80%, mientras que las Condiciones Presentes mostraron un incremento de 0,33%.

El arribo del equipo técnico del organismo se dará con el comienzo de la primavera, el próximo lunes 21 de septiembre , y no contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Después quedarán un pago por US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimento de las metas por parte de la administración Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

La visita técnica retoma las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su paso por el país, donde instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios.

Además, la titular del organismo hizo hincapié en la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país. (N/A)

La iniciativa también modifica la Ley de Defensa Nacional, incorpora herramientas para proteger el espacio aéreo y marítimo, endurece las normas contra la influencia extranjera en la política argentina y eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). 

Estos son sus principales puntos:

1. Endurecimiento de las penas por la explotación de recursos en Malvinas. Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables en las Malvinas, sus espacios marítimos e insulares y la Plataforma Continental. 

También podrán ser alcanzados proveedores, socios, accionistas y controlantes de las empresas involucradas. Las penas previstas llegan hasta 20 años de prisión, además de multas e inhabilitaciones.

2. Empresas sancionadas no podrán operar en la Argentina. La inhabilitación implicará la prohibición de desarrollar actividades económicas en el país, la revocación de habilitaciones, el fin de beneficios impositivos o previsionales y la rescisión de contratos. 

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. El proyecto incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

3. Creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Estará encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. 

Tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

4. Uso de la fuerza para proteger el espacio aéreo y marítimo. Ante una aeronave considerada hostil se establece una secuencia que va desde su identificación y advertencia hasta la demostración de fuerza y, como último recurso, el uso de la fuerza por orden expresa del Presidente, facultad que podrá delegar en el ministro de Defensa. Para buques se contemplan medidas progresivas que incluyen persecución, inspección, disparos de advertencia e inutilización. El hundimiento será excepcional y requerirá autorización presidencial, y estará prohibido como sanción contra un buque civil o simplemente para impedir su fuga.

5. Medidas contra Estados o actores extranjeros que amenacen la seguridad nacional. El Consejo de Seguridad Nacional podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. 

Esas medidas deberán estar fundadas, tener un plazo determinado y cesar cuando desaparezcan las circunstancias que las originaron.

6. Nuevos delitos y restricciones contra la influencia extranjera. Se prohibirán aportes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. 

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Asimismo, el proyecto completa el esquema con una redefinición de la Defensa Nacional frente a amenazas externas estatales y no estatales y con la incorporación por ley del RePET, que contempla la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento. (N/A)

De aprobarse la iniciativa, más de un millón de usuarios de distintas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis dejarían de contar con el beneficio automático. Sin embargo, el proyecto no elimina los subsidios al gas en general, sino que modifica el alcance territorial del régimen y contempla mecanismos de asistencia para determinados hogares vulnerables de las zonas que dejarían de estar incluidas.

El Gobierno sostiene que la modificación permitirá generar un ahorro estimado en $272.000 millones y ordenar el esquema de financiamiento energético. El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y, tras el dictamen obtenido este miércoles, quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.

La iniciativa fue analizada en un plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, con la participación de la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, y del subsecretario de Energía, Damián Sanfilippo.

Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, puso a la firma el dictamen, que reunió el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR -con la excepción de la mendocina Mariana Juri-, Convicción Federal, el PRO y Primero los Salteños.

El tratamiento en el recinto está previsto para la próxima semana, junto con otros proyectos impulsados por el oficialismo, entre ellos la reforma del Banco Central y el Mercado Voluntario de Carbono.

Para Bahía Blanca y el sudoeste bonaerense, el avance del proyecto implica un nuevo capítulo en la discusión por la continuidad del beneficio. La Ley 27.637, sancionada en 2021, había ampliado el régimen de Zona Fría a distintas localidades del centro y sur del país.

La eventual sanción de la reforma no significa que desaparezca todo subsidio para los usuarios de estas localidades, sino que se restringe el régimen automático de Zona Fría y se concentra el beneficio territorial en las regiones consideradas originalmente dentro del esquema.

Los argumentos de los funcionarios 

La secretaria de Energía, María Carmen Tetamantti, señaló que el objetivo de "es que haya energía en el país y al menor costo posible, eso se logra con mercados donde funcione la competencia y donde la energía refleje sus costos”. y admitió que 1.600.000 usuarios van a perder todo subsidio.

La funcionaria subrayó que “tiene que haber subsidios, pero focalizados en aquellas familias con ingresos más bajos; no puede haber subsidios generalizados, es injusto”,

“Queremos terminar con esta injustica, lo que se recauda con este fondo no alcanza para pagar este servicio. Este subsidio lo pagan las PYMES, lo tienen que recibir aquellas familias que realmente lo necesitan para pagar las tarifas”, dijo. Al respecto, señaló que "fue una ley para tener votos, pero no tenía racionalidad en el esquema de subsidios para las personas que realmente lo necesitan”

Por su parte, el subsecretario de Energía,  Damián Eduardo Sanfilippo, señaló que esta ley aporta “un mecanismo de compensación, es importante que todos los entes provinciales hagan el traslado del costo de la electricidad a los usuarios, porque eso es lo que permite que las distribuidoras después puedan pagar”, 

Detalles 

El proyecto fija que el subsidio se mantendrán únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y La Puna. También tendrán el subsidios  los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias e Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta tres canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad. (con información de NA)

El Ejecutivo trabaja sobre un esquema comparable en su lógica al que prepara para la protección aeroespacial, donde también pretende revisar la secuencia de decisiones previa al empleo de la fuerza. En el caso marítimo, el análisis alcanza a la detección, intimación, persecución, abordaje y eventual utilización de armas contra embarcaciones que desobedezcan instrucciones.

Cerca de quienes intervienen en la elaboración confirman que el nuevo marco no estaría limitado a amenazas militares externas. También podría aplicarse a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva y se nieguen a acatar las órdenes impartidas por las autoridades argentinas.

El punto exige una distinción: Argentina ya cuenta con herramientas para actuar contra esos buques. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar embarcaciones extranjeras que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada allí aun cuando el buque alcance alta mar.

Desde 2018 existe además un protocolo específico para los pesqueros extranjeros que incumplen la Ley Federal de Pesca. La secuencia contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si el buque mantiene una actitud de resistencia, el régimen permite escalar al uso de armas.

La norma distingue entre disparos de advertencia, que no deben impactar sobre la embarcación, y disparos de invalidación, destinados a provocar un daño limitado que permita detenerla. Estos últimos requieren autorización de la Dirección de Operaciones y deben evitar afectar a las personas que se encuentran a bordo.

El protocolo fija además cinco criterios para el empleo de la fuerza: legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad. Eso significa que el debate que abre ahora el Gobierno no consiste en autorizar por primera vez el uso de armas contra pesqueros, sino en modificar el procedimiento existente y eventualmente ampliar su alcance.

Hay un antecedente extremo. En marzo de 2016, el guardacostas Prefecto Derbes persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010, que había sido detectado pescando ilegalmente dentro de la ZEE cerca de Puerto Madryn y no acató las órdenes de detención. La tripulación fue rescatada.

Ese episodio ocurrió antes del protocolo actualmente vigente y es uno de los antecedentes más relevantes para medir el alcance real de las facultades que ya posee el Estado. Prefectura registra además decenas de capturas de pesqueros extranjeros desde hace décadas, incluidos otros buques chinos.

Uno de los puntos que el Ejecutivo evalúa ahora es la relación entre Prefectura, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo. El objetivo oficial es revisar en qué situaciones una actuación permanece dentro del ámbito policial y cuándo pasa a involucrar estructuras de Defensa. El contenido definitivo de esa cadena de mando todavía no fue difundido.

La Prefectura seguirá siendo un actor central porque es la autoridad marítima y ejerce funciones de seguridad de la navegación, policía judicial y control en espacios acuáticos. La Armada, en tanto, participa de tareas de vigilancia marítima y el Comando Conjunto Marítimo desarrolla operaciones permanentes de control y seguimiento del Atlántico Sur.

También está bajo evaluación endurecer el tratamiento jurídico de la pesca ilegal. En ámbitos navales circula la posibilidad de que determinados supuestos dejen de quedar únicamente dentro del régimen administrativo pesquero y pasen a configurar un delito penal. Esa alternativa está en análisis y no puede darse todavía por incorporada al texto.

La discusión se desarrolla mientras el Gobierno refuerza los medios destinados a la vigilancia marítima. El Presupuesto 2027 autoriza operaciones de crédito por hasta US$1200 millones para dos fragatas multimisión y US$2300 millones para tres submarinos convencionales.

Para Prefectura, el proyecto presupuestario prevé $1,038 billones y establece entre sus objetivos incorporar y modernizar medios navales, aéreos y tecnológicos, además de fortalecer el Sistema Guardacostas y los centros de control del tráfico marítimo. El texto no determina en ese apartado cuántas unidades nuevas serán incorporadas durante 2027.

La reforma de protección marítima avanzará además en paralelo con otra discusión distinta: la desregulación del transporte y la actividad portuaria. Ese paquete contempla cambios sobre cabotaje, practicaje y navegación comercial. El Gobierno sostiene que busca modificar regulaciones del sector; el conflicto por el decreto 690 mostró, sin embargo, resistencia de gremios y actores marítimos y obligó al Ejecutivo a suspender parte de esa avanzada. (con información de TN)

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó Milei durante una extensa entrevista con el canal de streaming Neura.

El mandatario explicó que la decisión de avanzar con el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina fue tomada en una reunión de Gabinete el lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que anunció las nuevas medidas.

"Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena", cuestionó Milei, quien sostuvo que la definición de avanzar con esa política se produjo antes de que se conocieran públicamente los detalles de la iniciativa.

Según explicó, el factor que aceleró la decisión fueron declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto, cuando manifestó que estaba revisando la posición de su Gobierno respecto de la cuestión Malvinas.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", enfatizó el Presidente.

En ese sentido, Milei rechazó que la política sobre las islas haya sido diseñada con fines electorales y sostuvo que se trata de una estrategia que el Gobierno viene desarrollando desde hace varios años.

"Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo", afirmó.

De todos modos, el mandatario reconoció que el Gobierno aprovechó la situación generada a partir de los dichos de Trump para avanzar con su estrategia sobre las empresas que desarrollan actividades vinculadas con los hidrocarburos en las islas.

"No tiene una intencionalidad política electoral", insistió Milei, y explicó que el objetivo es "meter presión" sobre las compañías para que deban optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos en territorio argentino.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales", señaló.

En ese marco, el Presidente puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y las condiciones generadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para atraer inversiones hacia el país.

"A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", sostuvo.

Milei planteó así que la estrategia oficial combina el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas con los incentivos económicos destinados a fortalecer el desarrollo energético argentino."Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política", concluyó. (NA)

La operación aparece en la planilla anexa al Artículo 42 del proyecto enviado al Congreso. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público y se incluyen US$2.300 millones específicamente para la compra de las tres unidades.

El documento también establece cuál sería su destino: la Base Naval Mar del Plata, históricamente vinculada con la Fuerza de Submarinos y desde donde operaba el ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico Sur.

La eventual incorporación tendría así un fuerte peso simbólico y operativo. Desde la pérdida del ARA San Juan, la Armada no logró recomponer plenamente una capacidad que durante décadas constituyó una pieza relevante de su estructura naval.

Sin embargo, la inclusión de los submarinos en el Presupuesto 2027 no significa que la compra esté cerrada. Tampoco implica que los US$2.300 millones estén disponibles como una partida presupuestaria para ejecutar inmediatamente la operación.

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El Artículo 42 autoriza al Gobierno a tomar deuda y negociar el financiamiento, con un plazo mínimo de amortización de tres años. Para que el proceso pueda avanzar, primero deberá mantenerse esa habilitación durante el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Tres submarinos y dos fragatas: el plan de la Armada

La apuesta naval incluida en el proyecto es todavía mayor. Además de los US$2.300 millones para los tres submarinos, se autoriza financiamiento por otros US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Entre ambos proyectos, las operaciones de crédito autorizadas alcanzarían los US$3.500 millones. Al tipo de cambio de $1.847,60 por dólar proyectado por el propio Presupuesto para diciembre de 2027, la cifra equivale a aproximadamente $6,47 billones.

La magnitud contrasta con el gasto previsto para el área. El proyecto asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa, un 24,4% más que en 2026. Con una inflación oficial proyectada del 18%, el incremento real rondaría el 5,4%.

Los submarinos y las fragatas, de todos modos, no aparecen entre los proyectos de inversión con crédito presupuestario asignado para 2027. Es decir, la iniciativa habilita el endeudamiento necesario para negociar las adquisiciones, pero no constituye por sí misma una orden de compra.

La Base Naval Mar del Plata quedaría nuevamente en el centro de la actividad submarina argentina si finalmente prospera el proyecto. La elección aparece expresamente consignada en la documentación presupuestaria como destino de las tres futuras unidades.

La iniciativa se inscribe además en el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), lanzado en mayo de 2026 para canalizar recursos hacia la modernización de las capacidades militares.

El Presupuesto también contempla inversiones ya en ejecución. Para la Armada figura una partida de $37.616 millones destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

El futuro de la operación dependerá ahora del Congreso. El tratamiento parlamentario determinará si las autorizaciones de crédito para los submarinos y las fragatas permanecen en la ley finalmente sancionada y, posteriormente, el Ejecutivo deberá conseguir el financiamiento para concretarlas. (NA)

El enfrentamiento ocurrió el último viernes al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de esa localidad del sur neuquino, y comenzó por un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento con el objetivo de trasladar fardos de pasto.

Según relató Infante, le solicitó al exintendente que presentara una nota formal para justificar el gasto que implicaría el traslado y ese requerimiento habría desencadenado la discusión.

“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’”, afirmó Infante en declaraciones al medio local LM Neuquén. El actual jefe comunal aseguró que el enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos y que, después de los insultos y empujones, intentó sacar a Díaz del lugar.

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, denunció Infante.

En la reunión también se encontraban la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja de Infante, quien según el intendente se interpuso entre ambos durante el momento de mayor tensión.

Tras el episodio intervinieron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Infante presentó una denuncia y Díaz fue interceptado y demorado cuando se dirigía hacia el destacamento policial.

El intendente denunció además que posteriormente un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina y lo amenazó, motivo por el cual realizó una segunda presentación policial. Infante atribuyó el conflicto a diferencias políticas y administrativas vinculadas con el manejo de la Comisión de Fomento.

La esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, dio una versión diferente de lo ocurrido: reconoció que durante el enfrentamiento hubo empujones y golpes de puño, pero negó que el exintendente haya utilizado un cuchillo y sostuvo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho. El exjefe comunal no realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y tomar los testimonios de las cuatro personas que presenciaron el enfrentamiento para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades penales. (NA)

La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.

“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.

Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.

La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.

Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.

“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.

Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.

Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.

Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)

Se trata de las 20 medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita el pasado viernes, entre ellas el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero para determinar si tuvo un incremento desmedido en su situación patrimonial.

La investigación se inició tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. La Justicia busca determinar si Tapia tuvo un incremento “injustificado” entre 2016 y 2025, debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Según el denunciante, las presentaciones que realizó sobre su patrimonio serían “falsas”, ya que tuvo una suba del 1.000% en ocho años que no tendría correlación con los ingresos que tuvo durante el mismo período. También lo acusan de tener bienes “no declarados”.

Tras haberse sorteado la causa, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero y acceder a todas las declaraciones juradas del mandamás de la AFA durante el período investigado.

También pidió informes a Conmebol sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad y los montos que recibió; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

Entre las medidas, también se busca información sobre sus bienes, e investiga si realizó envíos de dinero o recibió dinero del exterior y si hizo operaciones con criptoactivos. (NA)