A pesar de ser recursos con un fin específico asignado por ley, principalmente para obras de infraestructura, la administración nacional destina únicamente una fracción a sus metas originales. 

Un porcentaje elevado de la recaudación finaliza en la compra de letras y títulos públicos para sostener la premisa de déficit cero dispuesta por la Casa Rosada. La maniobra surge del análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto.

El superávit financiero de estos fideicomisos alcanzó los $ 1,86 billones durante 2024 y los $ 1,23 billones en 2025, sumas equivalentes a US$ 1.978 millones y US$ 973 millones respectivamente, según el tipo de cambio oficial promedio de cada año. 

Las planillas oficiales reflejan que los fondos ejecutaron solo el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% en 2025 y un 69,7% durante el primer trimestre de este año.

El resto de los activos no utilizados se transfiere a colocaciones financieras bajo la dirección del Ministerio de Economía, registrando un cambio de estrategia donde el resguardo de dinero en plazos fijos del Banco Nación mutó hacia la adquisición directa de instrumentos de deuda del Tesoro.

Para el transcurso del presente ejercicio, las planillas presupuestarias estiman que las colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos alcanzarán los $ 1,33 billones. Esta cifra habilita a la cartera económica a disponer de aproximadamente US$ 880 millones adicionales provenientes de las cajas fiduciarias.

Las proyecciones privadas y de centros de estudio señalan que la acumulación de excedentes fiduciarios bajo este esquema financiero rozará los US$ 4.000 millones al cabo de los primeros tres años de gobierno.

De los 29 fideicomisos vigentes o en proceso de liquidación, las mayores restricciones de desembolsos se observan en proyectos sensibles como el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias se redujeron un 94%, provocando la parálisis de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares. 

Situaciones similares se registran en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las inversiones financieras dispuestas por el Poder Ejecutivo superan ampliamente los montos destinados a la ejecución real de obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento en el territorio nacional. (con información de NA)

“Lo que necesitamos es más velocidad en los resultados para que el cambio se sienta en la vida cotidiana. No es fácil, pero es el esfuerzo para que podamos construir un país normal y con futuro”, enfatizó la jefa de la bancada oficialista a través de un posteo en sus redes sociales.

Trascendió que los dichos de Bullrich corresponden a una charla que mantuvo recientemente con un grupo de empresarios en el barrio porteño de Palermo Chico, a pocas cuadras del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La observación de la senadora porteña es un diagnóstico compartido en varios sectores del Gobierno, que analizan con preocupación el hecho de que la estabilización que impulsa el plan económico todavía no se traduce en una mejoría de las condiciones de vida para buena parte de la población.

“Toto (Caputo) está tirando propuestas todo el tiempo para tratar de reactivar el consumo: créditos en dólares, bajar impuestos, pero eso está todo verde”, advirtió una fuente del oficialismo, que descarta cualquier posibilidad de que Javier Milei pueda autorizar algún tipo de medida distributiva.

“Está en las antípodas de sus ideas. Difícil que te sorprendan con algo así, aunque sepan que si no hacen algo, la elección va a estar complicada. Si la gente no registra un repunte en el bolsillo, por más que le digas que bajaste la inflación, vas a estar ajustado”, reconoció la misma fuente. (TN)

En declaraciones radiales, la funcionaria manifestó que el asunto la "ocupa" y la "preocupa", e indicó que los uniformados "no le escapan a esa realidad" crítica que afecta a todo el país.

Según el informe oficial publicado por el Ministerio, la tasa nacional se ubicó en 22,7 suicidios cada 100.000 habitantes, tras un crecimiento del 30% en las fuerzas durante 2025 con respecto al año anterior.

Monteoliva comparó los registros actuales con las cifras de 2016, cuando se contabilizaban 2.300 casos anuales en la sociedad, frente a los 5.300 reportados en la actualidad.

Ante este escenario, la ministra precisó: "Hicimos un análisis detallado y hemos intensificado el acompañamiento porque el tema de salud mental es un eje de trabajo. Incluso tenemos las capellanías que son una escucha directa".

La titular de la cartera de Seguridad vinculó de forma directa la crisis de salud mental con las urgencias económicas de los efectivos. En ese sentido, reveló que su equipo evalúa herramientas específicas para brindar "ayudas financieras" frente a los "niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas". (C5N)

La ferroviaria estatal tiene bajo su órbita una megarred de 7600 kilómetros de vías repartida en tres líneas (General San Martín, General Urquiza y General Belgrano) que recorren la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.

El proceso de privatización contempla un esquema dividido en tres partes. Por un lado, se concesionarán las vías y los inmuebles aledaños a dos empresas privadas, que tendrán a su cargo el mantenimiento de la infraestructura y podrán cobrar peajes por el uso de los ramales.

Por otro lado, habrá dos concesionarios que recibirán los talleres por 50 años. Serán los encargados de reparar y poner a punto las formaciones que circulen por las distintas líneas.

La tercera parte estará vinculada al material ferroviario. El Gobierno prevé vender las locomotoras y los vagones que actualmente son propiedad del Estado y están bajo la administración de Belgrano Cargas. Las empresas que los adquieran deberán encargarse de su puesta a punto y luego podrán alquilar las formaciones.

Las compañías interesadas podrán presentar dos tipos de ofertas. Una alternativa será competir únicamente por la concesión y explotación de las vías. La otra permitirá sumar a esa propuesta la adquisición del parque de locomotoras y vagones correspondiente a cada línea.

El Gobierno busca así que haya distintos actores privados involucrados en el funcionamiento del sistema ferroviario, desde el mantenimiento de las vías hasta la reparación y explotación de las formaciones.

Entre las condiciones incluidas en la documentación licitatoria aparece además la posibilidad de que los adjudicatarios de las concesiones accedan a los beneficios previstos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Según la resolución, el objetivo es generar mayor interés entre las empresas y, de esa manera, conseguir ofertas más competitivas.

La resolución establece que el Ministerio de Economía deberá avanzar con la venta del material rodante del Estado Nacional mediante remate público. También contempla la concesión de las vías y los inmuebles aledaños correspondientes a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza.

Una vez que se adjudiquen las concesiones y se completen los contratos, está previsto que Belgrano Cargas y Logística S.A. sea disuelta y posteriormente liquidada.

Cuándo será la licitación del Belgrano Cargas

La licitación será una convocatoria pública nacional e internacional y se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR.

El llamado será publicado durante 10 días en el Boletín Oficial, en el sitio del Banco Mundial denominado “DGMarket” y en la página web del Ministerio de Economía.

Las empresas interesadas tendrán tiempo para presentar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura de los sobres está prevista para ese mismo día, después de las 10.

El esquema forma parte del proceso de privatización definido por el Gobierno para avanzar con la transferencia de la operación ferroviaria de cargas al sector privado, con concesiones de larga duración y un esquema en el que las empresas deberán asumir distintas responsabilidades sobre la infraestructura y el material ferroviario. (con información de TN)

La convocatoria se llevará a cabo por el "sobreendeudamiento familiar y morosidad récord que afecta a casi 6 millones de personas en Argentina", de acuerdo a las declaraciones de las centrales obreras.

"Esta movilización es parte del plan de acción que venimos realizando las centrales en conjunto para denunciar el impacto de las políticas económicas del gobierno de (Javier) Milei. Entre otras cosas, denunciamos que la mayoría de los créditos no se tomaron para compra de bienes ni inversión, sino para cubrir costos básicos cotidianos, como alimentos, servicios, alquileres y medicamentos, a tasas de interés altísimas en bancos y billeteras virtuales", manifestaron. 

En la conferencia de prensa que se realizó este martes en la sede de la CGT, los miembros de las organizaciones sindicales y sociales, reafirmaron la importancia de continuar con la unidad en estas medidas de fuerza y los planes de lucha que trazan desde junio de este año.

Cristian Jerónimo, uno de los miembros del triunvirato de la CGT afirmó que "cuando la deuda se contrae para poder comer es un problema social", además de ser parte de una problemática económica y del Gobierno.

"Acá hay dos culpables y dos responsables: el Presidente y el ministro de Economía. Llevan una política totalmente de ajuste, regresiva y que pisa los salarios de los trabajadores, rompe el consumo y todo el sistema productivo”, sostuvo.

Octavio Argüello, otro de los cosecretarios generales de la CGT, señaló que “está a las claras y a la vista de todos" la situación que está viviendo el país y que no impacta, solamente, en aquellos ciudadanos que tienen la "bendición" de tener un trabajo formal, a pesar de que "no les alcanza para llegar al día 15", sino a todos aquellos argentinos que "lamentablemente" no tienen la posibilidad de tener trabajo registrado y "la luchan todos los días para poder llevar un plato de comida a su casa".

“Esta movilización no apunta sólo a denunciar los más atroces desastres que está realizando la política económica que llevan adelante Milei y (Luis) Caputo, sino en cómo impacta en nuestro pueblo con el aplastamiento de los salarios, ya son 340.000 puestos de trabajo formales que se han destruido y cerca de 30.000 empresas que se siguen cerrando”, aseguró Hugo Godoy, secretario general de la CTA-A.

Por su parte, Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP, resaltó el valor de las mujeres trabajadoras y su rol de "cuidadoras comunitarias": "¿Quién cuida a las que nos endeudamos para sostener la vida de nuestras comunidades en los barrios populares?, cuestionó.

"La deuda no es un tema individual, es una deuda colectiva. Un pueblo endeudado es consecuencia de las políticas de Gobierno que defiende a los poderosos que no pierden nunca”, expresó.

Asimismo, el secretario adjunto de la CTA-T, Roberto Baradel, destacó que el endeudamiento del país, es uno de los existentes en estos momentos, pero también está "el problema del endeudamiento de las familias", o del pequeño y mediano empresariado, que le deben dinero a los bancos o a las billeteras virtuales. (NA)

Zeballos dijo en declaraciones a la prensa de Bolivia: “La comisión de fiscales elabora la imputación formal para Cerimedo. Con seguridad se va a requerir la medida excepcional de prisión preventiva, y será la autoridad judicial la que defina esta situación jurídica, dentro del término de 24 horas”.

El consultor político argentino, actual asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido ayer por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, mientras intentaba abordar un vuelo a Buenos Aires.

La Justicia de ese país lo investiga como principal sospechoso del ataque a balazos que su expareja Nadia Beller sufrió en la noche del lunes. La mujer permanece internada.

La investigación sigue ahora en dos direcciones: determinar el grado de participación que la Fiscalía le atribuye al exasesor de Milei e identificar a quiénes ejecutaron el ataque. Además, los investigadores intentan establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y financiamiento del atentado.

El ataque a la activista se produjo en cuestión de segundos y quedó registrado en un video. Dos hombres vestidos como repartidores llegaron hasta el lugar donde estaba la activista política, frente a un lujoso hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y la atacaron a balazos.

En las imágenes se ve cómo uno de los agresores se acercó a la abogada y activista política y le disparó tres veces a quemarropa. La ex de Cerimedo cayó y, mientras estaba herida, el segundo atacante le sacó el celular que tenía en sus manos.

Luego del ataque los sicarios escaparon en una moto que le robaron a un repartidor de comida que estaba en el lugar. A Beller la trasladaron de urgencia a la Clínica Las Américas, donde fue operada.

La víctima del ataque advirtió, en declaraciones al canal TN, que todavía tiene “restos de balas en el cuerpo”, en medio de la investigación por el presunto intento de femicidio, por el que está acusado el consultor político.

La víctima del feroz ataque a balazos permanece internada; dijo que retiraron “tres o cuatro balazos” que recibió y que como producto de los tiros tiene astillado el hueso del brazo.

Beller responsabilizó a Cerimedo por la agresión: “Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, una prueba que él me dijo que necesitaba”.

Según la mujer, su expareja le transmitió que era “‘poco probable que en un hotel con cámaras se atrevieran a hacer algo así’”, y que le prometió que le enviaría “escoltas”, que advirtió que “nunca aparecieron”. (TN)

La propuesta oficialista, que afectaría en forma directa a Bahía Blanca y todo el Sudoeste bonaerense, cuenta con media sanción en Diputados, por lo que la bancada comandada por Patricia Bullrich busca acelerar la llegada del proyecto al recinto para los primeros días de septiembre, de manera de convertirlo en otra herramienta para reducir el impacto fiscal del actual régimen.

La intención del espacio libertario es llevar el proyecto a comisión la próxima semana, obtener dictamen y habilitar su tratamiento en el recinto lo más pronto posible, señalaron fuentes parlamentarias.

El Gobierno considera que la modificación del régimen es clave para avanzar en el objetivo de reducir el déficit fiscal generado por el actual esquema de subsidios. El sistema alcanza a unos cuatro millones de usuarios y, según el diagnóstico oficial, los recursos recaudados para financiarlo resultan insuficientes para cubrir el costo de los subsidios al gas.

El acuerdo alcanzado ayer entre el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores por zonas cálidas representó un avance político para el oficialismo para destrabar la sanción de la Ley de Zona Fría.

Asistieron a la reunión Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco) y Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y los equipos de Energía de las diez provincias que integran el Norte Grande. 

En esas zonas del país se prevé elevar el consumo eléctrico subsidiado de 300 a 550 kWh mensuales en zonas muy cálidas, y de 150 a 300 kWh mensuales en zonas cálidas desde noviembre a abril. 

El oficialismo necesitaba evitar que la discusión sobre los subsidios se transformara en un nuevo frente de conflicto con las provincias y optó por avanzar en un esquema que permita atender las demandas de los distritos del norte durante los meses de mayor consumo que se hará con una resolución del Poder Ejecutivo.

Qué cambia con el proyecto

La modificación de la Ley de Zona Fría busca limitar el descuento general automático en las tarifas de gas implementado en 2021 para millones de hogares de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis, focalizando el subsidio únicamente en usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna, y en aquellas personas que acrediten fehacientemente condiciones de vulnerabilidad social.

El nuevo esquema apunta a modificar el alcance del sistema de beneficios y establecer criterios diferenciados para las regiones que reclaman asistencia por las condiciones climáticas y el impacto que tiene el consumo energético sobre los hogares.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el consumo y no sobre el total de la factura que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

"La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia", explicó Kicillof este miércoles por la mañana en su cuenta oficial de X. 

El martes, Albertina Mangini fue detenida en el marco de una investigación por una presunta maniobra millonaria que, según la información difundida, habría utilizado datos biométricos e identidades de terceros para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino.

La fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por ocupar un cargo de funcionario público.

Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente del juego clandestino, en una maniobra cuyo monto investigado ascendería a $27.000 millones.

Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW. La causa también tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.

Ahora, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada.

Asimismo, Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial se dedicaba al “corretaje y las inversiones”. (NA)

“La reforma electoral es el instrumento que Karina entiende como el más importante para avanzar en acuerdos programáticos”, sintetizó a TN una fuente de estrecho diálogo con la secretaria General de la Presidencia. Es decir, cualquier espacio que quiera llegar a un acuerdo electoral con La Libertad Avanza tendrá que prestar sus votos en ambas cámaras para avanzar con el proyecto.

En la Casa Rosada apuestan a darle media sanción a la iniciativa a mediados de septiembre. Para lograrlo, el Gobierno encomendó a sus principales operadores políticos retomar el diálogo con los bloques aliados y reconstruir las mayorías que había conseguido a comienzos de año.

En ese sentido, la presidenta de La Libertad Avanza llamó personalmente a Mauricio Macri la semana pasada y acordó la conformación de una mesa de diálogo con el PRO. Por su parte, Diego Santilli y Luis Caputo se reunieron este martes con gobernadores del Norte Grande y el miércoles el jefe de Gabinete recibirá al neuquino Rolando Figueroa.

Según adelantaron fuentes oficiales, a esas conversaciones podría sumarse una próxima reunión con referentes de la Unión Cívica Radical, aunque en este caso no está previsto crear una mesa de diálogo con las autoridades del partido, sino negociar directamente con los gobernadores y sus estructuras provinciales.

En ese sentido, si bien todavía no hay nada concreto, el mendocino Alfredo Cornejo visitará Buenos Aires la próxima semana y en su provincia no se descarta un paso por la Casa Rosada.

“Hay buena sintonía con los gobernadores con los que estamos dialogando, el PRO, el radicalismo. Claramente no es una negociación que se resuelva en una semana, pero estamos en ese camino”, ratificó a este medio un funcionario al tanto de las charlas con los aliados.

Con estas gestiones, el Gobierno busca evitar un traspié como el que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que por falta de apoyos fue despojada de dos de sus capítulos centrales.

Un resultado similar no resultaría aceptable para la ambiciosa reforma electoral del oficialismo, que entre sus ejes principales propone eliminar las PASO como mecanismo financiado y manejado por el Estado para dirimir las internas de los partidos políticos.

Se trata de un punto central para el Gobierno en su misión de garantizar la reelección de Javier Milei el próximo año, privando al peronismo y a otros potenciales rivales de la oportunidad de agruparse en contra de La Libertad Avanza bajo el paraguas de una primaria.

Sin embargo, por ese mismo motivo la medida es resistida por los bloques aliados, que en un escenario todavía incierto no quieren ceder una herramienta política de tal magnitud. Así lo expresó el jefe de la bancada del PRO en el Senado, Martín Goerling, quien planteó que hasta el momento la posición de su espacio es mantener las primarias.

“Es una herramienta que sirve, que está probada, que es válida. El sistema político requiere un debate profundo y serio, pero no se puede querer cambiar el sistema cada dos años, en función de la coyuntura, o de lo que digan las encuestas, para que beneficie a uno o perjudique al otro. Las reglas de la democracia, cómo se elige un presidente, tiene que tener una estabilidad, con un gran consenso de la dirigencia”, subrayó el legislador misionero en diálogo con Futurock.

Sin embargo, el Gobierno busca defender la eliminación y trabaja en llegar a ese debate con acuerdos más consolidados. Una primera prueba llegará el jueves 26, cuando la Cámara de Diputados celebre una sesión maratónica que incluirá la reforma del Banco Central, los cambios en Inocencia Fiscal y otras iniciativas.

En Balcarce 50 observan “buena predisposición de todos los espacios aliados” para avanzar, pero muchos aliados definen su posición proyecto a proyecto y el oficialismo todavía trabaja en la construcción de esa mayoría que tanto necesita para aprobar sus medidas más ambiciosas. (TN)

La norma reemplaza parte del esquema vigente, incorpora una nueva modalidad de Liquidación Electrónica Mensual, redefine cuándo deben emitirse determinados comprobantes y fija un cronograma de implementación gradual que comenzó el 1 de julio de 2026 y finalizará en marzo de 2027.

Los cambios alcanzan principalmente a entidades financieras, compañías de seguros, administradoras de tarjetas, sistemas de pago y otros sectores específicos, aunque también introducen precisiones que impactan en la operatoria general de la facturación electrónica.

Nueva Liquidación Electrónica Mensual: cómo funciona

Una de las principales novedades es la creación de la Liquidación Electrónica Mensual, una alternativa que permitirá documentar operaciones mediante una liquidación consolidada en lugar de emitir una factura individual cuando la normativa lo habilite.

Los contribuyentes alcanzados podrán optar entre emitir comprobantes por cada operación o realizar una liquidación mensual para cada cliente.

En caso de elegir esta modalidad, la liquidación deberá emitirse hasta el último día del mes calendario correspondiente y ponerse a disposición del cliente dentro de los 10 días corridos posteriores.

Además, será obligatorio conservar toda la documentación y los registros que permitan identificar las operaciones incluidas en esa liquidación.

Cuándo debe emitirse la factura electrónica

La resolución también aclara el momento en que debe emitirse el comprobante en determinados casos.

Desde el 1 de julio de 2026, los directores de sociedades anónimas, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia y autoridades equivalentes de asociaciones, fundaciones, cooperativas y otras entidades deben emitir factura electrónica por los honorarios que perciban.

El comprobante debe confeccionarse en el momento en que se determine formalmente la asignación individual de esos honorarios, ya sea mediante una asamblea de accionistas, reunión de socios, directorio u órgano ejecutivo correspondiente.

El cronograma de implementación de ARCA

La normativa prevé una incorporación progresiva de nuevos sectores.

1 de septiembre de 2026: las compañías de seguros deberán emitir comprobantes electrónicos por operaciones con consumidores finales y por determinadas bonificaciones, descuentos, devoluciones, quitas y rescisiones. Además, podrán continuar utilizando el servicio específico para seguros de caución hasta el 31 de diciembre de 2026.
1 de octubre de 2026: las entidades financieras deberán comenzar a emitir comprobantes electrónicos por operaciones vinculadas con contratos de leasing y determinadas actividades de comercio exterior.
1 de diciembre de 2026: se incorporan nuevas obligaciones para bancos respecto de ciertos préstamos —excepto descubiertos en cuenta corriente—, además de administradoras y emisoras de tarjetas de crédito, compra y débito y determinados participantes de sistemas de pago mediante transferencias.
1 de marzo de 2027: comenzará la última etapa, que incluirá determinadas operaciones de coaseguro y liquidaciones periódicas realizadas por entidades financieras y administradoras de tarjetas.
Requisitos actualizados para consumidores finales
La resolución también modifica los requisitos de identificación de consumidores finales.

Cuando una compra o contratación sea igual o superior a $10 millones, será obligatorio consignar el DNI, CUIL o CDI del comprador. En el caso de personas extranjeras, podrá utilizarse el documento de identidad del país de origen o el pasaporte.

Si el importe es inferior a ese monto, los datos de nombre, apellido y domicilio podrán consignarse como "NR" (No Requerido) o dejarse con valores nulos, siempre que el sistema de facturación utilizado lo permita.

Qué actividades quedan alcanzadas

Además de las entidades financieras, la resolución comprende a:

Compañías de seguros.

Administradoras y emisoras de tarjetas de crédito, compra y débito.
Participantes de sistemas de pago mediante transferencias.
Empresas de medicina prepaga.
Instituciones educativas privadas.
Proveedores de servicios de activos virtuales registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La normativa también amplía algunas excepciones a la obligación de emitir comprobantes para determinadas operaciones realizadas por organismos públicos, servicios postales, transporte público, juegos de azar, espectáculos públicos y máquinas expendedoras automáticas que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por ARCA.

Con este esquema, el organismo busca simplificar la administración tributaria, unificar criterios para la emisión de comprobantes y avanzar en la digitalización del sistema de facturación electrónica mediante una implementación escalonada que se extenderá hasta marzo de 2027. (N/A)

La presentación menciona entre las empresas y plataformas denunciadas a Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay, Prex, Cocos, Claro Pay y AstroPay. El objetivo es determinar si incurrieron en prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia y a otras normas vinculadas con los derechos de consumidores y usuarios de servicios financieros.

El diputado por Entre Ríos, Guillermo Michel, advirtió sobre el nivel de endeudamiento de los argentinos y cuestionó las tasas aplicadas en algunos créditos.

“El salario pierde contra la inflación, los gastos fijos (luz, gas, alquiler) consumen gran parte del ingreso y a la gente no le queda plata para consumir. El día 15 ya es fin de mes para la mayoría de los argentinos ¿y qué hacen? Se endeudan para comprar alimentos”, señaló Michel.

Y agregó: “El problema es que hoy la tasa llega en algunos casos al 700% anual y los trabajadores, jubilados y monotributistas optan por no pagar. Ya existen más de 5,5 millones de deudores. Están destruyendo la clase media”.

La presentación fue firmada por los legisladores Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin.

La iniciativa busca que la ANC analice la conducta del universo de 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros, entre ellos mutuales y cooperativas, autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para operar.

En el escrito, los denunciantes sostienen que las entidades cuestionadas tienen una posición relevante en el mercado de billeteras virtuales y procesamiento de pagos minoristas. En ese sentido, plantean que la combinación entre información transaccional, infraestructura de pagos y otorgamiento de crédito podría generar barreras para otros competidores.

Los legisladores solicitaron al organismo de competencia que requiera al BCRA información sobre el volumen de operaciones y la participación de mercado de las entidades, además del historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados durante los últimos 24 meses.

También reclamaron que se determine cuáles de esas entidades se ubicaron por encima y por debajo de la media y la mediana de las tasas del mercado, y que se informe sobre los índices de morosidad y los ratios de endeudamiento de cada una. (Ambito)

La detenida es Albertina Mangini, quien trabajaba en el Patronato de Liberados, y está acusada de integrar una red que habría abierto cuentas en billeteras virtuales utilizando identidades y datos biométricos de personas que habían sido víctimas de robos de documentación.

De esta manera, la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata) imputó a la abogada e integrante de la Procuración General bonaerense por asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por la habitualidad de la maniobra y por ocupar un cargo de funcionario público.

Junto a ella fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes, luego de allanamientos que también alcanzaron domicilios en La Plata y Córdoba.

De acuerdo con la investigación, esas cuentas habrían sido utilizadas para blanquear dinero proveniente del juego clandestino, en una maniobra cuyo monto investigado ascendería a $27.000 millones. Durante los procedimientos, además, fueron secuestrados millones de pesos en efectivo y un automóvil BMW.

La causa también tiene conexiones con otras investigaciones vinculadas al circuito financiero y al fútbol, ya que uno de los implicados aparece mencionado en un expediente relacionado con una financiera ligada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia.

La pesquisa busca ahora determinar el alcance de la organización y el rol que habría cumplido cada uno de los involucrados.

Ahora, la Justicia continuará con el análisis de la documentación y los elementos secuestrados para reconstruir el recorrido del dinero y establecer las responsabilidades en la maniobra investigada.

Asimismo, Mangini y Perrota se negaron a prestar declaraciones durante la indagatoria, mientras que Marchioni aseguró que su actividad comercial se dedicaba al “corretaje y las inversiones”. (con información de NA)

La eventual mejora alcanzaría a los miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de los integrantes de las fuerzas federales que dependen del área de Seguridad. Por el momento, el Ejecutivo no definió el porcentaje ni la fecha exacta de aplicación, aunque la expectativa oficial es avanzar con una definición en los próximos días.

El planteo aparece en un contexto de reclamos por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios del personal uniformado. En el Gobierno reconocen la necesidad de revisar la situación y analizan alternativas presupuestarias para determinar el alcance que podría tener la medida.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, mantuvo este martes reuniones con integrantes de su equipo para analizar cuestiones vinculadas al presupuesto de la cartera. El funcionario estuvo en la Casa Rosada mientras avanzaban las conversaciones sobre una posible recomposición para el personal militar.

La situación salarial de las Fuerzas Armadas arrastra además una discusión previa. En enero de 2024, la actual administración decidió postergar las últimas dos cuotas del proceso de jerarquización salarial que había comenzado durante el gobierno de Alberto Fernández.

Desde entonces, los integrantes de las Fuerzas Armadas recibieron las actualizaciones generales correspondientes a los empleados de la administración pública nacional, mientras que en julio de este año se amplió el acceso al suplemento por título universitario para el personal militar.

La falta de una recomposición específica fue uno de los motivos de los reclamos que se fueron acumulando en los últimos meses. Dentro de las fuerzas también existe preocupación por el nivel de endeudamiento de parte del personal y por la necesidad de complementar los ingresos con otras actividades.

La agenda política que analizó el Gobierno

La eventual recomposición salarial fue abordada en una reunión que tuvo como principal objetivo ordenar la agenda política y legislativa del oficialismo para las próximas semanas.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de otros funcionarios y dirigentes del oficialismo. También participaron el asesor presidencial Santiago Caputo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y referentes del Congreso.

Uno de los principales asuntos analizados fue la sesión prevista para el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará avanzar con distintos proyectos considerados prioritarios.

Entre las iniciativas que forman parte de la agenda aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y una reducción del IVA para determinados productos derivados de la mandioca. (con información de TN)

La reunión de la comisión de Obras Públicas, marcada por la ausencia de los representantes de La Libertad Avanza, visibilizó la preocupación por el destino de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

La primera oradora, Patricia Mazzitelli, representante de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), describió el escenario actual como el "vaciamiento más grave registrado en años".Señaló que, si se toman las partidas asignadas desde 2017, los recursos para las rutas cayeron un 85% en términos reales para este año.

En este sentido, denunció el ajuste presupuestario en mayo, que redujo los fondos de Vialidad de 396.000 millones a 296.000 millones de pesos, afectando programas clave como Rutas Seguras y Puentes y Alcantarillas.También cuestionó las 3.300 desvinculaciones de profesionales y técnicos en el organismo de Vialidad.

Sobre el desvío de fondos generados por la recaudación del ICL, Mazzitelli precisó que de los 1.601.364 millones de pesos solo ingresaron 530.156 millones, quedando un remanente sin ejecutar de 1.071.208 millones.

Detalló que, sobre un total de 3,84 billones de pesos recaudados por dicho tributo, la ejecución real apenas rozó el 2,59%, y estimó que, de haber invertido el total recaudado, se podrían haber construido o mejorado más de 2.000 kilómetros.

Por su parte, Silvia González, representante de la organización Estrellas Amarillas, alertó sobre el número de fallecidos en siniestros viales y criticó el corte de asistencia por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para la logística y traslado de víctimas.

Asimismo, denunció un "apagón estadístico" por la falta de publicaciones e informes oficiales desde 2022 y citó el intransitable estado de la Ruta 152.

Durante el debate, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) destacó la presentación de un amparo colectivo ante la Justicia Federal platense para intimar al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del Banco Nación, Darío Wasserman, y a las autoridades de Vialidad Nacional a brindar precisiones sobre las partidas no ejecutadas.

Los fondos retenidos rondan el billón de pesos, monto que —según la exministra de Desarrollo Social— permitiría recuperar entre 20.000 y 25.000 kilómetros de calzada.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, sostuvo que la actual gestión libertaria va camino a ser la primera en no inaugurar obras viales y acusó formalmente al Gobierno de "financiar la timba pública" con los recursos recaudados del ICL en lugar de volcarlos a la reparación de las carreteras.

El exministro nacional de Obras Públicas remarcó que el gravamen a los combustibles sufrió un incremento del 1200%, mientras que los combustibles subieron un 500% y la inflación acumulada fue del 300%. (NA)

El encuentro tuvo lugar este martes por la tarde en las oficinas de Karina Milei en el primer piso del palacio de gobierno. Desde las 17 la jefa de LLA ofició de anfitriona de los integrantes de la denominada "Comisión Nacional para la Preparación de la Visita": monseñor García Cuerva y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic.

Por el gobierno nacional acompañaron a la hermana de Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello (Capital Humano), su par Alejandra Monteoliva (Seguridad), el canciller Pablo Quirno, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y el secretario de Culto, Agustín Caulo, un funcionario del riñón de Santiago Caputo. En tanto, Gabriel César Sánchez Zinny, jefe de gabinete porteño, fue el emisario de Jorge Macri por la gestión porteña.

Otro dato destacado fue la participación en el encuentro del flamante nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, nombrado por León XIV a comienzos de agosto.

A la salida del encuentro, García Cuerva declaró a la prensa que el Ejecutivo estaría "evaluando la posibilidad" de decretar feriado o asueto para así garantizar "la movilización" de todos los argentinos que deseen participar del oficio religioso que encabezará el sucesor del Papa Francisco.

Es que se analiza que el Sumo Pontífice brinde una misa en plena avenida Del Libertador, frente al Monumento a los Españoles, y por eso se espera una gran movilización popular.

Según se pudo averiguar, durante el encuentro primó un clima cordial y formal teniendo en cuenta que el arzobispo porteño viene de cuestionar al gobierno, en ocasión de la misa de San Cayetano del 7 de agosto, cuando dijo "no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer” y pidió atender la situación de las familias endeudadas.

Según refirieron fuentes eclesiásticas, el encuentro se inscribe en el trabajo de "articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal Argentina" para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de su visita que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires.

Por eso resulta clave "la articulación" entre las distintas esferas de la Comisión Nacional que se creó para la visita. Lo llamativo del caso es que por el lado del Ejecutivo "la articulación nacional" dependerá de la Secretaría General de la Presidencia, en manos de Karina, en lugar de la Jefatura de Gabinete.

"También se conversó sobre la necesidad de llegar a los gobiernos locales donde estará el Papa y que las escuelas colaboren para asistir a los peregrinos", comentaron fuentes eclesiásticas consultadas.

Cuándo

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por la región que incluirá también pasos por Uruguay y Perú, confirmó este miércoles el Vaticano. Durante su estadía tendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre. Tras su paso por Argentina, el 11 de noviembre continuará su viaje por Perú, donde estará en Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. (con información de Clarin)

La propuesta fue consensuada durante una reunión de la Mesa de Diálogo encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y Carlos Sadir, de Jujuy. También participaron la secretaria de Energía, María Tettamanti; el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González; y los equipos de Energía de las diez provincias del Norte Grande.

El acuerdo se produjo en menos de una semana desde que los mandatarios provinciales plantearon la necesidad de contemplar las mayores necesidades de consumo eléctrico que enfrentan las familias del norte durante los meses de altas temperaturas.

A partir de ese planteo, el Gobierno nacional convocó a las provincias, escuchó sus propuestas y trabajó junto a los gobernadores y sus equipos técnicos para alcanzar una solución concreta.

Tras la reunión, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el acuerdo alcanzado: “En el marco de la Mesa de Diálogo con los gobernadores del Norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas, un reclamo histórico de las provincias. Acordamos trabajar en conjunto para avanzar en su implementación lo antes posible”.

Al finalizar el encuentro, Santilli destacó la rapidez con la que se logró avanzar a partir del planteo de las provincias: “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución. Es un reclamo histórico del Norte y demostramos que, cuando hay diálogo y voluntad de encontrar soluciones, Nación y provincias pueden trabajar juntas y dar respuestas concretas a la gente”.

Durante el encuentro, Nación y las provincias consensuaron una propuesta para redefinir el esquema energético aplicable a las zonas cálidas y muy cálidas y acordaron trabajar conjuntamente para avanzar en su implementación lo antes posible.

La iniciativa apunta a reconocer las particularidades climáticas de las provincias del Norte y el mayor consumo eléctrico asociado a las altas temperaturas, especialmente durante los meses de verano.

“Este es el camino que queremos consolidar: escuchar, dialogar y resolver. Los problemas que llevan años esperando una respuesta no se solucionan con discusiones entre Nación y provincias, sino trabajando juntos”, agregó el jefe de Gabinete.

El Gobierno nacional y las provincias acordaron continuar trabajando junto a sus equipos técnicos para avanzar en la implementación del nuevo esquema.

La misión contará con capacidades para la captación, potabilización y distribución de agua, apoyo logístico de comunicaciones para los hospitales, un centro de distribución de alimentos con cocina de campaña y 4.000 soluciones alimenticias para asistir a la población y asegurar el autoabastecimiento del contingente.

Un Hércules C-130 llevará el material necesario para brindar la asistencia, entre ellos una cocina de campaña, una planta potabilizadora de agua y el resto del apoyo logístico, mientras que un Embraer RJ-140 transportará a los 32 efectivos que estarán abocados a la misión.

Durante la fase de planificación, el personal alistado para la misión completó la preparación sanitaria específica requerida para operar en una región tropical, que incluye vacunación y medidas preventivas frente a enfermedades como la malaria.

El contingente argentino tendrá como centro de operaciones la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, una de las zonas mayormente afectadas por el terremoto.

Se trata de un entorno operativo especialmente complejo por su aislamiento geográfico, la densidad de la selva, las precipitaciones intensas y las limitaciones de la infraestructura vial. La ciudad se encuentra además a orillas del río Atrato, una vía fundamental para acceder a numerosas comunidades de la región.

La operación será coordinada por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa, y se desarrollará en articulación con las autoridades colombianas, a través de los canales diplomáticos correspondientes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Será el único contingente militar argentino desplegado para brindar asistencia humanitaria en Colombia y concentrará las capacidades aportadas por nuestro país para apoyar la respuesta a la emergencia.

La iniciativa establece que los descuentos derivados de obligaciones voluntariamente asumidas no podrán superar el 30% de la remuneración neta protegida, garantizando que al menos el 70% del salario permanezca disponible. Además, los descuentos no podrán reducir el ingreso efectivo por debajo del  Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente al momento de la liquidación.

“No podemos permitir que un trabajador cobre su sueldo y gran parte quede absorbida por deudas. El salario tiene carácter alimentario y hay que protegerlo. Por eso proponemos un límite concreto: como mínimo, el 70% del ingreso debe quedar en manos del trabajador”, afirmó Berni.

Para los agentes que ya se encuentran sobreendeudados, se crea un Régimen Provincial de Reordenamiento Financiero, de adhesión voluntaria, que permitirá consolidar obligaciones, ampliar plazos, reducir tasas y reemplazar múltiples cuotas por una única cuota compatible con los ingresos del trabajador.

“Hay trabajadores que fueron acumulando obligaciones y hoy necesitan una alternativa que les permita ordenar sus cuentas sin desconocer las deudas que legítimamente asumieron. La respuesta no puede ser empujarlos a tomar un crédito usurario para pagar otro crédito. Tenemos que generar mejores condiciones para que puedan reordenar y recuperar capacidad sobre su propio salario”, sostuvo el senador.

La propuesta busca prevenir nuevos endeudamientos por encima de sus capacidades, se propone una mayor regulación y control de mutuales, cooperativas y demás entidades que cobran cuotas directameten de los haberes provinciales. Además, el proyecto contempla proporcionar herramientas gratuitas para una sana educación financiera.

El hecho derivó en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor de Javier Milei y actual colaborador del mandatario boliviano Rodrigo Paz Pereira.

Beller fue candidata del Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, cuando aspiró a una banca como diputada plurinominal y defendía la candidatura de Evo Morales. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en una de sus principales críticas. En sus redes sociales, llegó a acusar al expresidente de pedofilia y reclamó su detención por una causa de trata de personas.

Además, cuestionó a las Madres de Plaza de Mayo por, según ella, “defender al pedófilo de Evo Morales”.

A fines de julio, se hizo eco de una nueva orden de aprehensión contra el exmandatario boliviano, junto con la frase “el que a hierro mata, a hierro muere”.

También cuestionó el accionar de la policía: “¿La policía encubre a Evo Morales? No es posible que en Bolivia exista una orden de aprehensión vigente y que una persona sobre quien pesa esa orden pueda desplazarse públicamente sin que las unidades policiales actúen conforme corresponde. ¿Quién está incumpliendo deberes aquí?”.

Durante la crisis política que siguió a la renuncia de Morales, Beller participó en espacios de negociación entre dirigentes del MAS y el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Más tarde, se consolidó como analista política y escribió columnas en medios como La Razón, Página Siete y Urgente.bo.

El vínculo con Fernando Cerimedo y el trasfondo político

El diario La Razón indicó que Cerimedo y Beller mantuvieron una relación de pareja y que, tras una discusión, se habían producido acusaciones cruzadas de violencia.

Ambos tienen orígenes políticos opuestos. Mientras ella se inició en el MAS, Cerimedo fue el estratega digital de Milei durante la campaña de 2023, trabajó con Jair Bolsonaro en Brasil y tuvo un rol clave en la llegada de Paz Pereira al poder en Bolivia.

Cerimedo fue detenido cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y, posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera ⁠es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

De acuerdo con la información preliminar, los atacantes llegaron al hotel en una moto robada, vestidos de repartidores y con cascos. Uno de ellos disparó contra Beller, mientras el otro le robó la cartera y el celular.

Tras el ataque, ambos escaparon en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al lugar.

En redes sociales circularon imágenes del momento en que la abogada era trasladada en camilla hasta una ambulancia.

Por ahora, la policía continúa investigando el caso y no descarta ninguna hipótesis sobre los autores materiales e intelectuales del atentado.

En el marco de la investigación, la Policía boliviana detuvo al consultor político Fernando Cerimedo, conocido por haber trabajado para el presidente Javier Milei, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a la Argentina. Según las autoridades, se busca determinar si tuvo algún tipo de participación en el ataque.

El video muestra el momento en que los agresores, vestidos como repartidores, interceptan a la abogada y activista en las inmediaciones de un hotel.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo los atacantes llegan al lugar vestidos como repartidores y ven a Beller tras subir las escalinatas del hotel.

Luego, la mujer es abordada por los agresores, quienes efectúan varios disparos antes de escapar del lugar.

El registro es una de las principales pruebas que analiza la Policía de Santa Cruz de la Sierra en la investigación, que derivó en la detención del consultor político Fernando Cerimedo cuando intentaba viajar hacia la Argentina. (NA)