El trabajo de la Fundación Encuentro puntualizó que “es más profunda en el NEA y el NOA” y subrayó que “el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja”.

Adjudicó la situación al peso “del aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad”.

“Las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país”, detalló el informe.

En qué región de la Argentina se concentran las bajas 

A su vez, precisó: “Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas”.

Entre provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que en 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%.

Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. El trabajo marca que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.

Como ejemplo utiliza el precio de la garrafa: “En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional.

Con este salto, un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Por otra parte, señaló que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

Hacia adelante, el informe sostiene que la evolución del consumo dependerá más de la recomposición del ingreso disponible de los hogares que del crecimiento agregado de la actividad. (N/A)

La marcha tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur. La preocupación de la conducción cegetista está puesta especialmente en el impacto de la situación económica sobre la industria, la construcción y el comercio.

“Milei es un servil a sus mandantes, los poderes económicos”, cuestionó el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello. El dirigente vinculó la movilización con el deterioro del empleo. “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”, advirtió en AM750.

Según datos difundidos por la presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, desde noviembre de 2023 cerraron 3117 empresas solo en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

Críticas a la CGT y al peronismo

Si bien es uno de los dirigentes gremiales más críticos con la CGT, Pablo Moyano confirmó que participará de la protesta, pero volvió a reclamar una presencia más activa en las calles tanto de la central obrera como del Partido Justicialista. “Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza”, afirmó en diálogo con Futurock.

El dirigente también anticipó que participará de la movilización universitaria prevista para la próxima semana, a la que también convocó la CGT. “Vamos a estar este jueves, el 15 de octubre, y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, señaló.

La central obrera había resuelto la semana pasada avanzar con ambas movilizaciones antes que convocar inmediatamente a un quinto paro general contra Milei. La decisión permite sostener el plan de lucha sin cerrar una discusión que sigue atravesada por las diferencias entre los sectores que reclaman endurecer la protesta y una conducción que hasta ahora optó por sumar conflictos sectoriales y movilizaciones.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) también confirmó su participación. “Estaremos acompañando la movilización de la CGT hacia el ex Ministerio de Producción. En defensa del trabajo con derechos y la producción popular”, anunció la organización, que concentrará a las 13.30 en Belgrano y Bernardo de Yrigoyen.

El lanzamiento de la iniciativa será a las 16 hs en la sede del Ministerio de Seguridad, donde se repasarán detalles de esta iniciativa que se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina la cárcel porteña, trasladando a los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos.

El objetivo es garantizar la seguridad durante la mudanza de la población carcelaria, considerando el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

El plan "Ley y Orden" se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Del operativo conjunto participan la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.

Otras actividades de agenda del Gobierno

A las 18.30 de este jueves el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, participará de la ceremonia por el 85º aniversario de Fabricaciones Militares, en la sede de esta empresa.

El viernes, en tanto, Karina Milei mantendrá una reunión con la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, en la sede diplomática del país de Medio Oriente, en el marco de las exportaciones de carne kosher a ese país. 

Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizará una visita oficial a Singapur, donde mantendrá una agenda de encuentros con autoridades y empresarios para promover inversiones y explorar nuevas oportunidades para la producción argentina en los mercados de Asia-Pacífico. 

La visita se da en el marco de la reciente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y de la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). (NA)

A través de un comunicado oficial, la compañía anunció la firma de un contrato de compraventa a largo plazo con la multinacional francesa TotalEnergies, la cual adquirirá de forma anticipada la totalidad de la producción orientada a la exportación.

El acuerdo estratégico incluye además un derecho de preferencia en favor de la compañía sobre los volúmenes de producción remanentes.

El desarrollo estará a cargo de Santa Fe Bio, una alianza igualitaria entre YPF y Essential Energy. La iniciativa requerirá más de 400 millones de dólares para transformar el complejo de San Lorenzo en Santa Fe, inactivo desde 2017, y aprovechar su ubicación sobre la Hidrovía.

Se prevé una producción cercana a 170.000 toneladas anuales de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).

El pacto con TotalEnergies minimiza también el riesgo financiero y facilita el acceso al project finance, además de posicionar al complejo para adherirse al RIGI.

El SAF disminuye hasta un 80 % las emisiones aéreas frente a los combustibles fósiles. Ante la alta demanda externa por normativas ambientales, el complejo podría exportar por un valor anual estimado entre 300 y 1000 millones de dólares.

Las obras se dividirán en dos etapas: una planta de pretratamiento con un 30 % de avance actual y la biorrefinería final, cuyo inicio operativo se proyecta para fines de 2029. (NA)

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global. (NA)

En una presentación dirigida al secretario de Transporte, Mariano Plencovich, el titular de la UTA, Roberto Carlos Fernández, sostuvo que la seguridad de las personas debe ser el objetivo principal del transporte público y pidió una intervención estatal activa para revertir las deficiencias detectadas.

El sindicato advirtió que la infraestructura vial atraviesa un proceso de deterioro que ya impacta en las principales rutas del país y señaló que la red vial nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros por los que circulan micros de pasajeros, camiones y ambulancias.

Según la organización gremial, el financiamiento destinado a las rutas existe, pero “no llega a las rutas”, por lo que reclamó que se ejecute con celeridad para atender una situación que calificó de urgente.

En ese sentido, se señalaron deficiencias como abandono de rutas, calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas, falta de señalización luminosa y pérdida de referencias por el desgaste de las fajas pintadas.

También se advirtió por la inseguridad en terminales y paradores, la falta de espacios adecuados para el descanso de los conductores, sanitarios y duchas deficientes, y la ausencia de lugares apropiados en cabeceras intermedias.

El gremio agregó que el envejecimiento de la flota y la falta de renovación de unidades derivan en fallas mecánicas, mayor exposición a varadas y más riesgos para trabajadores y pasajeros.

En la nota, la UTA pidió al Estado que intervenga para generar medidas que permitan sostener la actividad y reducir la siniestralidad, que atribuyó muchas veces a factores prevenibles. (NA)

“Por la fuerza, nada”, escribió la ministra y citó al presidente Javier Milei.

El ministerio emitió un comunicado donde adelantó que denunciarán la toma. “Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, se lee en el texto publicado por el organismo que conduce Pettovello.

Ante estos hechos, agregó el comunicado, “el Ministerio realizara la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, concluyó el texto.

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica. (con información de TN)

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a un grupo de los estudiantes. Ese era uno de los principales pedidos de la protesta.

“Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, dijo al canal TN Malena Ghio, estudiante de Actuación en el Departamento de Artes Dramáticas. Consejera Superior de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica.

“Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, explicó Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación. Consejera Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, dijo que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta y solo los dejan permanecer en el hall del edificio. “No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

La protesta se produce a una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. Los estudiantes anticiparon que durante los próximos días continuarán las movilizaciones y decidieron profundizar las medidas de fuerza.

“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia, que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, planteó Bär Larralde.

La Marcha Federal Universitaria confluirá con una movilización convocada frente al Congreso por la Ley de Tierras y por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras continúa la permanencia dentro del Palacio Pizzurno, los estudiantes convocaron a acompañar la protesta desde la puerta del edificio y mantienen el reclamo para que las autoridades educativas den una respuesta a las demandas presentadas.

La medida busca ordenar el uso de teléfonos, tablets y otras pantallas durante la jornada escolar. En la práctica, los alumnos deberán mantenerlos sin usar mientras estén en clase, salvo que el profesor considere necesario incorporarlos como herramienta pedagógica.

La iniciativa busca ampliar al nivel secundario una medida que ya es aplicada en el nivel primario. Para eso, toma como referencia la Ley N°15.534 que regula el uso de estos dispositivos en las escuelas primarias bonaerenses.

El texto aprobado incorpora además el concepto de “uso responsable” de las pantallas, que supone mantener los dispositivos sin utilizar durante la jornada educativa, excepto cuando sean necesarios para una actividad escolar. De esta manera, la Provincia fija un criterio común para todas las escuelas secundarias y deja de depender exclusivamente de la decisión de cada establecimiento.

El objetivo es que las pantallas no interfieran con el desarrollo habitual de las clases.

El Poder Ejecutivo provincial deberá definir qué organismo quedará a cargo de la implementación. Esa autoridad tendrá que elaborar protocolos, recomendaciones e instrucciones para que las escuelas puedan aplicar la nueva normativa. Antes de que eso ocurra, la ley deberá ser publicada en el Boletín Oficial y luego avanzar con su reglamentación.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los municipios se adhieran a la iniciativa.

Durante el debate, uno de los argumentos que apareció fue el impacto que tiene el uso de los celulares entre adolescentes, especialmente en relación con las apuestas online.

Durante la discusión también se citaron datos sobre el acceso temprano a la tecnología: casi seis de cada diez chicos argentinos ya cuentan con un celular propio a los 8 años.

Con esta nueva normativa, la provincia extiende al secundario las restricciones que ya existen en el nivel primario y fija por primera vez un criterio común para el uso de celulares dentro de las aulas bonaerenses. (TN)

La imagen era una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, y Milei la compartió desde la cuenta @institutocato. Abajo de la foto de Lula con un micrófono aparece una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

El posteo llega en plena campaña para el balotaje del 25 de octubre en Brasil. En la primera vuelta del domingo 4, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sacó el 47,15% de los votos y Lula, que busca la reelección, el 45,02%. Como ninguno pasó el 50%, los dos competirán en una segunda vuelta.

No es la primera vez que Milei se refiere en esos términos contra Lula. El 25 de julio viajó a San Pablo y participó de un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

En su discurso se refirió al presidente brasileño como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”. Cuando falló el sonido, bromeó: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. También dijo que “hay que parar la basura socialista” y criticó la detención de Jair Bolsonaro: “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”.

Ese discurso tuvo respuesta en Brasil, que llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Días después, el Presidente repitió las acusaciones. En una entrevista televisiva dijo que Lula es “un ladrón” y “un corrupto”, y sostuvo que quedó libre “por una falla en el procedimiento” y no porque fuera inocente.

Lula fue condenado por corrupción en la causa Lava Jato y estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas porque consideró que el tribunal de Curitiba que lo juzgó no tenía competencia. Después también declaró parcial al exjuez Sergio Moro. Así, Lula recuperó sus derechos políticos y en 2022 volvió a ganar la presidencia.

La relación entre los dos presidentes está tensa desde que asumió Milei. El mandatario argentino se quejó varias veces de que Lula no lo felicitó cuando ganó las elecciones de 2023 y lo acusó de haber ayudado a su rival en la campaña.

La semana próxima Milei compartirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, un evento en Estados Unidos: está invitado a la Hispanic Heritage Gala, prevista para el 14 de octubre en Washington. Será 11 días antes de la segunda vuelta en el vecino país.

En el discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre, Georgieva sostuvo que la combinación de estos factores puede determinar si la economía mundial logra dejar atrás las tasas de crecimiento moderadas de los últimos años.

“No podemos seguir postergando las medidas políticas necesarias; cuentan con las herramientas, así que tengan la sabiduría para utilizarlas”, planteó la titular del FMI.

Georgieva describió una economía mundial que avanza en dos direcciones al mismo tiempo: por un lado, un shock negativo provocado por los precios de la energía y, por otro, un impulso positivo de la demanda asociado a la inteligencia artificial.

El impacto, según explicó, es muy desigual entre países. Las economías afectadas por conflictos bélicos enfrentan los mayores golpes al crecimiento, mientras también quedan particularmente expuestos los países que dependen de las importaciones de energía y tienen poco margen fiscal o monetario para responder a las nuevas perturbaciones.

El boom de la inteligencia artificial

La IA ocupa un lugar central en el diagnóstico de Georgieva. La titular del FMI señaló que la tecnología se está convirtiendo rápidamente en un factor que determina la posición relativa de los países dentro de la economía mundial. Según sus estimaciones, la inversión mundial en inteligencia artificial en relación con el PBI podría alcanzar y eventualmente superar los niveles de inversión que en su momento demandaron grandes transformaciones como la construcción de los trenes, las redes eléctricas y las telecomunicaciones.

El fenómeno beneficia especialmente a las economías integradas en las cadenas de producción de la tecnología. Entre ellas aparecen Estados Unidos, China e India. Pero Georgieva también marcó que el crecimiento asociado a la IA puede ampliar las diferencias entre países y dijo que la IA también tiene un efecto adicional: aumenta la demanda de energía.

Energía cara, inflación y menor crecimiento
Ese es el segundo gran eje de la advertencia del FMI. El aumento de los costos de la energía impacta sobre los precios de los fertilizantes, los alimentos y los principales insumos industriales. El resultado es una combinación que complica a los bancos centrales: más inflación y menor crecimiento.

Georgieva señaló que, pese a que hasta ahora el shock energético fue significativo pero relativamente contenido, el precio del petróleo se mantiene alrededor de los US$100 por barril, mientras los problemas en la capacidad global de refinación presionan todavía más sobre el precio que pagan consumidores y empresas por los combustibles.

El problema también alcanza al gas natural, especialmente por las dificultades para transportar gas natural licuado mientras persistan las amenazas sobre la navegación a través del estrecho de Ormuz.

“El invierno se acerca”, afirmó Georgieva para advertir que las presiones sobre los precios podrían intensificarse durante los próximos meses, cuando aumenta la demanda energética en el hemisferio norte.

Incluso si los conflictos en Medio Oriente terminan, agregó, el problema de los precios elevados de la energía podría prolongarse. En ese sentido, los mercados de futuros anticipan precios del petróleo elevados hasta 2027.

La deuda pública, el tercer problema

El tercer gran desafío planteado por Georgieva es fiscal. La deuda pública mundial se acerca a los niveles más altos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El problema se vuelve más complejo porque el aumento de las tasas de interés está encareciendo el costo de refinanciar esa deuda.

La titular del FMI rechazó la idea de confiar exclusivamente en un crecimiento económico futuro para solucionar el problema fiscal. Explicó que durante buena parte de los últimos 17 años las tasas de interés se mantuvieron por debajo del crecimiento de la economía, una relación que ahora es mucho menos favorable. Por eso, sostuvo que los gobiernos deben avanzar con planes creíbles de consolidación fiscal.

Para Georgieva, los gobiernos tienen tres tareas: explicar por qué es necesaria la consolidación fiscal, diseñar planes que reduzcan el impacto sobre el crecimiento y protejan a los sectores más vulnerables, y acompañar el proceso con reformas estructurales.

En ese sentido, pidió avanzar con medidas para mejorar la capacitación de los trabajadores, flexibilizar los mercados laborales, facilitar la creación y salida de empresas, ampliar el acceso al capital de riesgo y reforzar la seguridad energética. También reclamó reducir la burocracia y eliminar regulaciones obsoletas para liberar el potencial del sector privado. (TN)

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.3

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La idea de los rectores se conoció luego de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo. (TN)

Así se informó en el Decreto 1150/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual se indicó además que a Sartoris se le aceptó la “renuncia al cargo de Subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano” a partir del 5 de octubre.

En tanto, en el Decreto 1152/2026 firmado por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se indicó: “Desígnase, a partir del 7 de octubre de 2026, en el cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, al ingeniero Horacio Alberto Guevara, con rango y jerarquía de Secretario”.

Asimismo, señaló: “Acéptase, a partir del 6 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Claudio Adrián Stilvelman al cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud". (NA)

El Ejecutivo concluyó con la firma y traspaso de la Etapa III de la RFC, tramo que comprende más de 3.900 kilómetros, atravesando distintas regiones del país.

De esta manera, a partir de mañana comenzarán a ponerse en marcha las obras de infraestructura por parte del sector privado. El ministro de Economía, Luis Caputo, fue quien anunció la noticia.

En la Etapa III, las rutas concesionadas atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.

Entre los tres tramos suman más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales estratégicas para la producción y la logística, conectando ciudades, puertos y pasos fronterizos.

"Seguiremos avanzando con nuevas concesiones, más inversión privada y más infraestructura para una Argentina que produce y crece", concluyó el funcionario en sus redes.

Cómo están conformadas las tres etapas

Etapa I

• Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
   
• Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.

Etapa II

• Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).
   
• Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
   

Etapa III

• Tramo Centro: 681 kilómetros sobre las RN 9, 19 y 34 (que atraviesan Santa Fe y Córdoba).
   
• Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros sobre las RN 12 y 18 (Entre Ríos).
   
• Tramo Centro-Norte: 536 kilómetros sobre la RN 34 (que atraviesa Santa Fe y Santiago del Estero).
   
• Tramo Noroeste: 596 kilómetros sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
   
• Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las RN 12 y 16 (que atraviesan Corrientes y Chaco).
   
• Tramo Noreste: 456 kilómetros sobre las RN 12 y 105 (que atraviesan Corrientes y Misiones).
   
• Tramo Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros sobre la RN 11 (que atraviesa Santa Fe y Chaco).
   
• Tramo Cuyo: 329 kilómetros sobre la RN 7 (Mendoza). (con información de NA)

Las palabras del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires parecen ir en la dirección contraria a las que emite el presidente Javier Milei. Mientras el representante eclesiástico pidió por el fin de la grieta, y cuestiona la intolerancia y los mensajes de odio, el jefe de Estado se dedicó a replicar mensajes agraviantes contra diversas figuras, como los periodistas Luis Novaresio y Carlos Pagni.

Un día antes, en ocasión de la homilía de la misa celebrada en la basílica de Luján el domingo, el arzobispo porteño le pidió a la Virgen “curar los vínculos entre nosotros” porque “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino”.

Fueron palabras que en la Casa Rosada cayeron mal. Porque en el fondo interpretan algo que ya contó Agencia Noticias Argentinas hace varios meses: en el oficialismo creen que la Iglesia juega “políticamente”. Que están tratando de limar a la administración libertaria para favorecer el peronismo. Estas palabras de García Cuerva, que se suman a sus dichos sobre el estado de la grieta que observará el Sumo Pontífice cuando pise la Argentina, lo único que hacen es confirmar su presunción.

Por eso, no es casual el silencio que existe en la Cancillería, que tiene a su cargo la Secretaría de Culto y Civilización, acerca de las últimas acciones del arzobispo. Tampoco fueron azarosas palabras y acciones de funcionarios, como las del asesor de la cartera económica Felipe Núñez.

En concreto, fue Núñez quien recogió el guante porque se sintió interpelado y le dedicó un posteo en X al dirigente de la Iglesia: “Como católico estoy cansado de este tipo. Menos política y más predicar la palabra de Dios, Cuerva”. Con mucho timing, el titular del Palacio de Hacienda Luis Caputo le dedicó un RT.

A este panorama, se le añaden reclamos de la Iglesia que el Poder Ejecutivo no resolvió. Uno, es el avance de una ley que avance contra la ludopatía y restrinja las apuestas online y sus mecanismos.

Otro eje es la discapacidad. Tal como se vio este lunes, se diagramó una reunión en el ministerio de Salud entre la Iglesia y representantes de la gestión Milei para abordar la problemática. Pero del lado de los referentes eclesiásticos se dejó en claro que el encuentro debe traducirse en acciones concretas.

De hecho, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirmó que habrá una nueva reunión y pidió sumar más referentes al espacio de diálogo. (NA)

Desde la Casa Rosada apuestan a bajar la tensión con Patricia Bullrich, que dejó abierta la posibilidad de una candidatura para las elecciones presidenciales en 2027 al plantear que esperará “cómo se desarrollan los acontecimientos en el país”.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que cree que la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado “apoya la candidatura de Javier Milei para 2027”.

El funcionario evitó polemizar con la exministra de Seguridad, que desde hace meses manifiesta sus diferencias con el Gobierno: “Volvemos a la frase del Presidente: ‘Los liberales no somos manada’. Puede haber diferencias de enfoque en algún tema puntual”.

Ravier dijo que en la reunión de gabinete del lunes, en la que volvieron a encontrarse Milei y Bullrich, hubo “un apoyo total al Presidente, en que continúe liderando su proyecto”, y se refirió al libertario como “el líder de todo el proyecto, con enormes resultados”.

El vocero presidencial dijo que en el Gobierno creen que Bullrich “apoya la candidatura de Milei para 2027,” mencionó que “Bullrich sigue apoyando la idea de que Milei sea reelecto, lo planteó en reuniones de gabinete, lo planteó ante la prensa”, y que considera que el Presidente es el que “mejor expresa las ideas de la libertad”.

El funcionario dijo que en el oficialismo “puede haber diferencias de opinión sobre cualquier tema, puede pasar con un ministro puntual, con una senadora, un diputado, y no pasa nada”.

Ravier dijo que “en todo caso, si Bullrich tiene aspiraciones políticas, que también planteó en algún momento, a futuro, está muy bien, porque hizo una carrera política” que aseguró que “todos admiran”.

El lunes Milei y Bullrich volvieron a verse las caras en la reunión de gabinete en Casa Rosada, con los resultados de la elección de Brasil como tema central, luego del triunfo de Flávio Bolsonaro, celebrado por el libertario, sobre el mandatario, Lula da Silva. Ambos definirán la elección en balotaje, el 25 de octubre.

El Presidente y la jefa de bloque libertaria en el Senado seguían sin retomar el diálogo directo después de las diferencias que se abrieron en septiembre, y en el Gobierno crece el malestar por las últimas diferencias públicas de Bullrich.

Puertas adentro, el clima se endureció. Funcionarios cercanos a la conducción cuestionan que Bullrich siga haciendo públicas diferencias sobre decisiones del Ejecutivo, pese a los reclamos de distintos integrantes de la mesa política para que los desacuerdos se procesen internamente. Milei evita responderle en público, pero en su entorno aseguran que transmite su disgusto por esas maniobras. (TN)

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Cormick consideró que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo constituía un “mecanismo extraconstitucional” para bloquear la ejecución de una ley que había sido ratificada por ambas cámaras.

En sus fundamentos, señaló que el artículo 9 de la Ley 27.795 ya contempla herramientas para financiar las medidas. Ese apartado dispone la adecuación de partidas presupuestarias y permite utilizar los ingresos corrientes que se recauden por encima de lo previsto en el presupuesto, sin afectar la coparticipación de las provincias ni los aportes del Tesoro Nacional.

El magistrado también mencionó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el costo de la norma para 2025 representaba el 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).

La disputa comenzó después de la aprobación de la ley, en agosto de 2025. Milei la vetó, pero Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con la sanción. En octubre de ese año, el Ejecutivo la promulgó mediante el decreto que ahora fue cuestionado por la Justicia, con la condición presupuestaria que impedía su ejecución.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo.

La Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos de recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas y de los ingresos de sus trabajadores. También dispone la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los salarios básicos y la actualización de los programas de becas según la inflación.

Además, prevé recursos para investigación, infraestructura, equipamiento, tecnología y extensión universitaria, con el objetivo de sostener el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. (con información de TN)

La entidad prevé que la economía se expanda 2,1% del PBI en 2026 y 3% en 2027. Los números difieren sensiblemente del 3,6% y 3,7% que había calculado el mismo organismo hace unos cuatro meses.

No obstante, el BM resaltó que el país crecerá durante tres años consecutivos (de 2025 a 2027), algo que no ocurría desde hace casi dos décadas. Y lo atribuyó a los ajustes fiscales, reformas tributarias y una economía más abierta.

Para el promedio de América Latina y el Caribe (ALC), el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 2,2% en 2026.

“Este desempeño regional moderado no debe aceptarse como el potencial de ALC, ya que simplemente refleja el equilibrio actual. Países de la región están demostrando que mejores trayectorias son posibles cuando se asientan en elecciones de política económica duraderas sobre los fundamentos”, afirmó el BM.

Y citó el ejemplo local: “En Argentina, la consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados”. En la misma línea, el organismo elogió la reducción de la deuda pública local, como resultado del ajuste fiscal.

El Banco Mundial elogió las reformas de Milei

En su Panorama Económico de América Latina y el Caribe, publicado este martes, el Banco Mundial asegura que la Argentina se destaca entre los países de la región.

“Un ajuste fiscal decisivo —pasando de un déficit elevado en 2023 a un superávit primario y un equilibrio fiscal general mediante la racionalización del gasto público, recortes de ineficiencias administrativas, y la reorientación de los subsidios a los precios de la energía para dejar de beneficiar a los hogares de mayores ingresos— ha ayudado a anclar las expectativas de inflación y a comprimir el riesgo soberano”, indicó.

El reporte detalló que el riesgo país pasó de la zona de los 2000 puntos a la de 500 unidades y que esa tendencia positiva también se vio en las mejoras de la calificación de la deuda local.

“La compresión del riesgo país se vio reforzada por la acumulación de reservas internacionales del Banco Central a lo largo de 2026, respaldada por un sólido superávit comercial. Esta acumulación de reservas ha servido como un canal de estabilización clave, ya que ha reforzado la confianza del mercado al mitigar las vulnerabilidades de liquidez y refinanciamiento y, por lo tanto, reducir el riesgo de incumplimiento a corto plazo”, indicó el Banco Mundial.

El organismo que conduce Ajay Banga resaltó que esos avances fiscales representan un progreso considerable, porque el crecimiento sostenible y la inversión plurianual no son factibles en condiciones cercanas a la hiperinflación y con un riesgo soberano a nivel de crisis.

El reporte detalló que, sobre la base de esos ajustes fiscales, el Gobierno de Javier Milei avanzó en una agenda de medidas a la que calificó como “procrecimiento” y donde incluyó las reformas tributarias y laborales, así como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). “Aunque la mayoría de estos proyectos aún no se han materializado, respaldan perspectivas positivas de inversión a mediano plazo”, sostuvo el BM.

Al mismo tiempo, la institución multilateral subrayó las oportunidades que generan los acuerdos comerciales con la Unión Europea y con Estados Unidos, así como la propuesta para crear el “súper RIGI”.

“Junto con una sólida cosecha agrícola que respalda la actividad a corto plazo, estas medidas han cambiado significativamente las expectativas: el PIB real en 2024 se situó un 0,4% por debajo de su nivel de 2011, mientras que se espera que el PIB real en 2027 sea un 9,9% superior a su nivel de 2024″, indicó el reporte.

Con todo, el BM reconoció que hay preocupaciones persistentes sobre las necesidades de financiamiento externo y las reservas netas negativas, dijo que esos riesgos disminuyeron paulatinamente a partir de las compras de dólares del Banco Central.

“En general, los consecutivos superávits fiscales y un programa de reformas favorable al crecimiento han ayudado a afianzar las expectativas, mejorar las condiciones financieras y respaldar una recuperación que, según se prevé, se traducirá en tres años consecutivos de crecimiento del PIB por primera vez en casi dos décadas”, subrayó el informe. (TN)

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, decidió no hacer lugar al pedido por considerar que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”, según el fallo.

Pichetto y Massot habían presentado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la Ley 26.737, “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”.

Los diputados remarcaron que el objetivo de esta medida era  “evitar que, durante el tiempo que demande la tutela judicial, se consoliden situaciones jurídicas que luego no puedan revertirse sin afectar derechos de terceros”.

Esta presentación se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal apuntó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) no tiene legitimidad para impulsar la demanda.

En ese sentido, los diputados señalaron en el escrito ante la Justicia que “aunque la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo, su decisión tuvo una consecuencia material inmediata”, ya que su decisión “despliega la totalidad” de los efectos del DNU 70/2023 sobre la ley.

Tras el rechazo a la cautelar, Pichetto criticó la decisión del juez: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”.

“Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, agregó en un posteo en la red social X. (NA)

El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para este martes a las 15.30, luego de haber terminado la semana pasada en forma abrupta por las acusaciones entre el dirigente social Juan Grabois y diputados libertarios.

La reunión será conducida por el titular de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares libertarios Juliana Santillan (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

En la reunión plenaria prevista para este martes expondrán especialistas propuestos por los legisladores de las diferentes bancadas políticos, entre los que figuran el ex ministro kirchnerista, Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas, Guillermo, y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

También expondrán Jerónimo Guerrero Iraóla del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas de la Plata(CECIM); Daniel Guzman del Observatorio Malvinas, Paula Litvachky del CELS,  y los letrados de la UBA,  Luciano Anzelini,  Sergio Eissa y  Raúl Gustavo Ferreyra. 

También lo hará  Mariana Altieri Licenciada en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires (UBA),  Pablo Testori Schroeder, especialista en criminalistica y docente
universitario;  Fernando Morales, Perito Naval VGM Pte Liga Naval Argentina y  Victor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS)

 Los puntos clave del proyecto del Gobierno

El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.

Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables. 

Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos. 

Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.

Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. 

Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.

El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros. 

Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.

Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas. 

También se incorporarán delitos por revelar secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, colaborar materialmente con operaciones clandestinas de inteligencia y realizar, por cuenta o con financiamiento extranjero, acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje.

Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.

Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento. (N/A)