En este escenario, el Banco Central (BCRA) dio a conocer las cifras que muestran uno de los factores que encarecen el costo de los créditos, ya que una parte significativa de lo que pagan las personas y las empresas cuando toman financiamiento bancario corresponde al componente impositivo.

Los datos surgen de una presentación que realizó el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, en la que figura que los impuestos representan el 27,1% y el 28,2% del Costo Financiero Total (CFT) en los préstamos personales y tarjeta de crédito, respectivamente.

El Costo Financiero Total (CFT) es el valor que expresa cuánto dinero efectivamente paga el deudor, ya que incorpora todos los componentes como las tasas de interés, el pago de impuestos y los costos administrativos del banco.

En el caso de los préstamos personales, de acuerdo con la presentación del vice del BCRA, un préstamo personal bancario tiene una Tasa Nominal Anual (TNA) promedio del 66%, la Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 89% y el CFT alcanza el 124%.

Dentro de ese costo, el componente impositivo representa el 27,1% del CFT e incluye impuestos nacionales -el IVA, un 8,2%-, provinciales -IVA, Ingresos Brutos y Sellos; un 16,5%- y tasas municipales, que tienen una alícuota del 2,4%.

La dimensión es aún mayor en las tarjetas de crédito. Para este tipo de financiamiento, la Tasa Nominal Anual (TNA) alcanza el 92%, mientras que la Tasa Efectiva Anual (TEA) promedia el 143% y el CFT efectivo total asciende al 198%.

Dentro de ese costo, el peso de los impuestos equivalen al 28,2% del CFT. Allí también aparecen el IVA nacional (8,4%), en provincias IVA, Ingresos Brutos y Sellos (17,4%) y tasas municipales (2,4%).

Así, aunque la tasa de interés constituye el principal componente del costo del crédito, los impuestos tienen un peso relevante en el precio final que enfrenta el deudor, ya que la carga impositiva asociada al financiamiento representa más de una cuarta parte del costo total que se paga por tomar financiamiento de una tarjeta de crédito o un préstamo personal.

Más de 6 millones de personas con pagos atrasados

La morosidad se convirtió en uno de los principales problemas económicos de los últimos meses. Según un análisis de Econviews, hay cerca de 6 millones de personas en mora, que acumulan deudas por unos $16,6 billones: alrededor de $13,4 billones corresponden a individuos y otros $3,1 billones a empresas. El dato muestra que el problema dejó de ser marginal y pasó a tener impacto sobre el funcionamiento general de la economía.

El fenómeno se explica, de acuerdo a esa consultora, por una combinación de factores. Durante años, la inflación permitió que muchas deudas se licuaran en términos reales, pero con la desaceleración de los precios los préstamos comenzaron a tener un costo real positivo y las cuotas dejaron de perder valor frente a los ingresos.

A esto se sumó el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. A mediados de 2026, el salario privado real todavía se encontraba 3,6% por debajo de noviembre de 2023. Además, durante 2025 las tasas de interés subieron con fuerza e impactaron sobre los costos financieros (y de refinanciamiento) que enfrentan personas y empresas.

Finalmente, el problema también tiene una dimensión macroeconómica: la expansión de la mora lleva a los bancos y otras entidades financieras a ser más cautelosos a la hora de otorgar nuevos préstamos, lo que puede restringir el crédito, afectar el consumo y la inversión y, en consecuencia, limitar la recuperación de la actividad. (con información de TN)

"El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano", afirmó Macri, pero admitió que "todavía falta mucho por hacer".

En ese sentido subrayó que se logró "tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito".

Asimismo, el titular del PRO sostuvo que hubo un apoyo "para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".

También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal: "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad".

Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO. (NA)

El fallo, dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad de Las Lomitas, estableció una pena de cinco días de arresto, sustituibles por el pago de una multa de $282.550 para cada uno de los involucrados.

La medida alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La sanción judicial se vinculó con una cobertura realizada en septiembre de 2025 en el marco del proyecto documental "Hambre de Futuro". Según consta en la resolución, el equipo de prensa habría llevado a cabo entrevistas y filmaciones en la comunidad San José sin la autorización requerida por la normativa local y sin contar con una matrícula o credencial profesional otorgada en esa jurisdicción.

En su mensaje publicado en la red social, el jefe de Estado arremetió duramente contra los profesionales del medio y el periodismo en general, a quienes calificó de “basuras inmundas con micrófono”, al tiempo que afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su posteo con la expresión “CIAO!”.

La fuerte reacción presidencial se dio luego de que la señal LN+ difundiera el testimonio de la periodista Micaela Urdinez, quien relató que la comitiva había recorrido distintas comunidades aborígenes e históricamente postergadas de la provincia gobernada por Gildo Insfrán, con el objetivo de registrar sus condiciones de vida y dar visibilidad a sus reclamos por el reconocimiento oficial e integración social. (NA)

Dentro de la información oficial, la compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril.

Esta medida está orientada a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$ 93.

YPF reafirmó la política de "buffer", la cual "permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado", y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.

"Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles, producto de la tensión en Medio Oriente.

"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

YPF, sin embargo, es la petrolera que aplicó el menor aumento en sus precios. Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre 2% y 5%.

De acuerdo con los precios que corroboró esta agencia, con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores. 

Este acuerdo contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$ 80, a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos. (NA)

Según sostiene el escrito de 65 páginas, los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca hicieron lugar al recurso de apelación interpuesto del fiscal Mauro Andrés Tereszko y la auxiliar fiscal Paula Raffa Pirra, de la Unidad Fiscal Especializada en Penal Juvenil (UFEPJ). 

Además, los magistrados apartaron del cargo a De Marinis y dispusieron el sorteo de un nuevo juez del fuero para que intervenga "en los autos principales". (NA)

El mandatario aterrizó en Buenos Aires a las 9.27 tras su paso por Nueva York, donde no hubo foto con Donald Trump pese a las expectativas, y permanece en la quinta de Olivos. 

Por la tarde, podría trasladarse a su despacho de la Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés. Algo similar hizo el sábado pasado debido a que prefiere hacerlo desde sus oficinas del centro. 

No obstante, aún con la agenda en pleno diseño, el mandatario encabezará el lunes una nueva reunión de Gabinete, luego de haber suspendido la de esta semana debido a los preparativos del discurso que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Lo hará luego de la media sanción de los cambios en el régimen de zonas frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. 

Todavía trabaja para tratar otra serie de proyectos claves como el de defensa de soberanía nacional y la reforma electoral, pero también el retorno de la reforma del BCRA a Diputados, luego de instrumentar modificaciones en el mecanismo para designar y apartar a las autoridades monetarias.

Asimismo, deberá enfrentar la compleja tarea de contener a la senadora Patricia Bullrich, quien en el último tiempo intensificó sus diferencias con el Poder Ejecutivo a raíz de la inclusión del ajuste en discapacidad dentro del Presupuesto 2027. 

Sobre el final de la próxima semana, el mandatario volverá a viajar en esta oportunidad a Paris para participar de la Argentina Week, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre. 

Como ocurrió en la edición de Nuevo York, se espera la participación de gobernadores aliados. Entre los mencionados en Balcarce 50 figuran Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). (N/A)

En consecuencia, los nuevos emprendimientos industriales y de gran envergadura que se incorporen al sistema eléctrico deberán aportar su propia oferta de generación y potencia.

La medida busca que el ingreso de esta demanda “no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas”, al tiempo que fija que, ante un escenario de escasez, "se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente".

El esquema alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen "al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW".

Si bien cada proyecto "podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece", la normativa exige "cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima".

Dicha obligación "se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad".

La regulación fue oficializada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía mediante la Resolución 264/2026 que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según se indicó, la disposición profundiza el proceso de normalización iniciado con la Resolución 400/2025 para que "cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios", poniendo en "primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema". (N/A)

"A misma temperatura, mismo régimen. Si nuestra ciudad tiene las mismas temperaturas que Santa Rosa, Viedma o Neuquén, los bahienses no tenemos por qué pagar el doble. Es un despojo para Bahía Blanca", dijo Susbielles.

Y agregó que cuando esta ley sea promulgada, el Municipio irá a la Justicia Federal a presentar un reclamo. "No tenemos duda que el reclamo tiene que ser atendido", dijo.

La norma que ahora se anula había incorporado a más de 90 ciudades al régimen en 2022, a impulso de un proyecto del entonces diputado Máximo Kirchner. Esa ley otorgaba descuentos de 50% en las tarifas a los hogares con menores ingresos y del 30% a los de mayores recursos.

Con la nueva normativa, propuesta por el gobierno de Javier Milei, sólo mantendrán descuentos los hogares que demuestren que reúnen ingresos mensuales inferiores a la suma de tres canastas básicas, es decir, unos 4,8 millones de pesos por mes. De todos modos, el subsidio será a uno de los tramos de la boleta, con lo cual el beneficio será menor al actual.

Ayer el oficialismo en el Senado consiguió 38 votos a favor de las modificaciones, mientras que sólo hubo 8 en contra y el resto fueron ausencias. Entre quienes no se sentaron en el recinto estuvieron los legisladores del bloque peronista. La Cámara de Diputados ya había aprobado la iniciativa semanas atrás.

Ahora se espera que el gobierno nacional establezca un régimen de subsidios a las Zonas Cálidas, es decir, descuentos a la energía eléctrica para las provincias del norte. Los gobernadores de esas regiones pidieron a sus senadores que acompañen el cambio en la Zona Fría para obtener este beneficio para sus jurisdicciones.

"Nosotros entendemos que está vulnerado el artículo 16 de la Constitución Nacional, que es el principio de igualdad y prohibición de discriminación arbitraria. También observamos que está violado el artículo 28, que tiene que ver con el principio de razonabilidad y proporcionalidad y también observamos que se está vulnerado el principio de progresividad y prohibición de regresión en este derecho que nos están arrebatando a los bahienses", indicó Susbielles.

Con respecto a las consecuencias que va a tener y el impacto en las boletas de los bahienses, el mandatario municipal indicó: "La pérdida de este beneficio va a afectar al 100% de los hogares de Bahía Blanca. Al 100% de los hogares de Bahía Blanca.  A muchos hogares de clase media, con más de un 100% de aumento en sus boletas, de un servicio que ya aumentó un 1.600% desde que asumió el gobierno, pero después va a afectar a cada uno de los hogares de la ciudad", finalizó.

Además, cargó contra la actitud del bloque justicialista al no participar de la votación y señaló que esto va a restar posibilidades ante un posible reclamo judicial.

"Lo que estamos pidiendo es un derecho legítimo: que se reconozca cómo se vive en Bahía Blanca y cuál es la temperatura que tiene Bahía Blanca", manifestó.

La legisladora radical remarcó que la ley no pretendía "que se le pague la pileta climatizada a ningún rico" —como se había esbozado desde el Gobierno nacional—, sino "sostener un derecho legítimo acorde a las condiciones climáticas de Bahía" donde, explicó, las temperaturas invernales llegan a ser inferiores a las de Comodoro Rivadavia.

Además, advirtió que la pérdida de este esquema impactará de lleno en la clase media local, con aumentos en las facturas de gas superiores.

"No estoy pidiendo que a la gente de Palihue o de Patagonia se le pague la pileta climatizada. Lo que estoy diciendo es que la gente de clase media de Bahía Blanca hoy no va a poder sostener con sus ingresos un aumento de más del 50%, que es lo que se espera", explicó.

En diálogo con La Nueva., y visiblemente molesta por el resultado de la votación, Banfi cuestionó "la falta de criterio en el debate legislativo" y remarcó la discrepancia con otras regiones del país, señalando que mientras a las provincias del norte se les otorgó cobertura mediante subsidios para el consumo eléctrico de verano y en el sur se mantuvo la protección total sin distinción de ingresos, el Sudoeste Bonaerense quedó desamparado.

En ese sentido, lamentó la pérdida de una oportunidad para legislar sobre la base de evidencia técnica y datos concretos de clima e ingresos, que permitieran estructurar un esquema segmentado según la capacidad económica de los usuarios.

"En Diputados estuve sola, que era el momento que teníamos para defender esto. Logré por lo menos que se pusiera en la letra de la ley el subsidio específico focalizado que se le va a dar a las personas por debajo de tres canastas familiares en función de sus ingresos. Va a ser un 20% del subsidio del gasto que tengas de gas, pero no es suficiente y, principalmente, no es igualitario", dijo.

Por último, reconoció que no existen muchas posibilidades de revertir la quita del subsidio a través de la vía judicial.

"Es muy difícil convencer a un juez cuando el Congreso de la Nación —gracias a Unión por la Patria, que se ausentó— le acaba de dar mayoría absoluta. Lo veo complicado. El amparo siempre es un recurso en función del reconocimiento de los derechos", concluyó.

“Gobernar es priorizar. A esa frase yo le agrego que es priorizar con sentido de oportunidad”, sostuvo. En ese sentido, reconoció la necesidad de acompañar a los hogares del norte que soportan temperaturas extremas, pero afirmó que ese mismo principio exige no abandonar a quienes enfrentan bajas temperaturas en otras regiones del país.

Abad puso el foco en el impacto sobre la provincia de Buenos Aires y advirtió que 1,3 millones de hogares de 94 municipios, donde viven alrededor de 5 millones de personas, quedarán desprotegidos.

En ese sentido señaló que se cometerán "actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, afirmó. También señaló que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia y los bahienses tienen ingresos en promedio un 50% inferiores”.

El senador también cuestionó el mecanismo previsto para los subsidios y sostuvo que “con Zona Fría o sin Zona Fría, los argentinos vamos a pagar mucho más de gas”.

Advirtió que quienes permanezcan dentro del régimen podrán pagar más porque el subsidio se aplicaría sobre el precio del gas y no sobre el valor total de la factura, mientras que las familias de menores ingresos que queden fuera de las zonas consideradas frías también podrían verse perjudicadas por el nuevo esquema.

“Llamo a la reflexión al Gobierno y le advierto del tamaño del error que está cometiendo”, sostuvo Abad, quien consideró que los subsidios deben retirarse progresivamente y en un contexto de mejora del poder adquisitivo y expansión del empleo. 

Finalmente, Abad aclaró que siempre defendió la necesidad de focalizar los subsidios, pero cuestionó que la solución sea pasar de un sistema generalizado a otro que termine afectando a la clase media. “Una mala ley no se arregla con otra mala ley”, sostuvo. Y cerró su intervención con una definición contundente: “Porque esta ley perjudica a mi provincia y a mi ciudad, Mar del Plata. Yo no voy a acompañar esta ley”.

El Gobierno obtuvo 38 votos a favor, hubo 8 en contra y ninguna abstención. La votación no contó con la presencia de los legisladores justicialistas, que se habían retirado del recinto momentos antes para evitar dar el quórum necesario.

Sin embargo, una vez que el Gobierno contó con los votos necesarios, se llevó a cabo el sufragio.

De este modo, los habitantes de nuestra región dejarán de contar con el beneficio de descuentos de entre el 30% y 50% en el consumo de la boleta de gas.

Desde el Gobierno aseguran que estas modificaciones están destinadas a que los subsidios los reciban aquellos que realmente los necesitan, ya que consideran injusto que se beneficiaria "a alguien que utilizaba el gas para calefaccionar su pileta climatizada". A partir de ahora, accederán a él quienes cobren menos de tres salarios mínimos -unos 4,8 millones de pesos- y se inscriban en el registro correspondiente.

De acuerdo a un informe de la Fundación Mediterránea, en nuestra ciudad un usuario con un consumo promedio de 118 metros cúbicos mensuales pasaría de pagar $19.945 a $39.890. En tanto, los hogares bahienses que califiquen para el subsidio focalizado, tendrán un aumento del 22%.

Con la iniciativa convertida en ley, perderán el descuento por Zona Fría hogares de 55 municipios bonaerenses, incluyendo a Bahía Blanca y todo los partidos del Sudoeste Bonaerense: Adolfo Alsina, Adolfo Gonzales Chaves, Benito Juárez, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Daireaux, Guaminí, General La Madrid, Laprida, Monte Hermoso, Pellegrini, Puan, Saavedra, Salliqueló, Tres Arroyos, Tres Lomas, Tornquist y Villarino.

El único distrito que queda exceptuado del recorte es Patagones por ser Zona Patagónica.

Además, se quedarán sin el beneficio distritos como General Pueyrredón, Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell,  Tandil, Olavarría, Azul, Pergamino, entre otras.

Cómo votaron

Estuvieron a favor de la restricción del régimen de Zona Fría Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Guillermo Andrada, Carlos Arce, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch,  Patricia Bullrich, Mario Cervi, Julieta Corroza, Agustín Coto, Andrea Cristina, Carlos Espínola, Flavio Fama, Enzo Fullone, Juan Godoy, Lara Goerling, Gonzalo Guzmán Coraita, Victoria Huala, Luis Juez, Nadia Marquez, Sandra Mendoza, María Moisés, Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde,  Bruno Olivera Lucero, María Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni, Sonia Rojas Decut, Flavia Royon, Silvana Schneider, Edith Terenzi, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

En contra estuvieron Maximiliano Abad, José Carambia, Natalia Gadano, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada y Rodolfo Suárez.

No estuvieron presentes Alicia Kirchner, Adán Bahl, Marcelo Lewandowski, Jorge Capitanich, Daniel Bensusán, Carlos Linares, Cándida López, María López, María González, Mariano Recalde, Lucía Corpacci, Jesús Rejal, Eduardo De Pedro, Juliana Di Tullio, Celeste Giménez Navarro, Anabel Fernández Sagasti, Elia Moreno, Juan Manzur, José Mayans, Ana Marks, Alejandra Vigo, José Neder, Sergio Uñac, Martín Soria, Fernando Salino y Gerardo Zamora. 

Repercusiones

La decisión tuvo inmediatamente repercusiones en nuestra región.

El jefe comunal bahiense, Federico Susbielles, quien ya se había expresado en contra de la media sanción previo a la votación, señaló en X que "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

"Bahía es Zona Fría", dijo.

Por su parte, el exintendente de Monte Hermoso y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, señaló en sus redes sociales que la decisión golpea al interior bonaerense y "se va a sentir directamente en el bolsillo de miles de familias".

Por su parte, la diputada nacional por la UCR, la bahiense Karina Banfi, señaló que lo ocurrido es "una injusticia con la clase media bonaerense".

"Se vuelve al esquema de 2001: incluye provincias enteras de la Patagonia sin distinguir nivel de ingresos, ni contemplar adecuadamente la hostilidad climática. Una política sin evidencia ni planificación estratégica", escribió en X.

También se refirió a la votación la senadora provincial justicialista Ayelén Durán, quien sostuvo que "nuestros vecinos deberán pagar un aumento de hasta 50% en sus boletas de gas".

Qué decía la Ley de Zona Fría

Hasta este jueves, la Ley 27.637 establecía tarifas diferenciales para los usuarios de gas natural que viven en regiones de bajas temperaturas. El régimen contemplaba un descuento general del 30% en las facturas y una bonificación del 50% para usuarios vulnerables, entre ellos beneficiarios de la Tarifa Social, titulares de la AUH, jubilados, pensionados y monotributistas sociales.

El esquema beneficiaba a aproximadamente 4,2 millones de usuarios en todo el país: unos 3,3 millones corresponden a la zona ampliada y otros 939.000 integran la denominada región histórica, con Patagonia, Puna y Malargüe.

El sistema se financia mediante un cargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios que no reciben el beneficio.

El pedido lo realizó el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa por la exploración hidrocarburífera ilegal en la Cuenca Malvinas Norte (proyecto Sea Lion) y responde a las actividades petroleras que la Argentina considera ilegales en aguas cercanas a las Islas Malvinas.

El objetivo es identificar y llamar a indagatoria a sus responsables por la violación de distintas leyes argentinas y, en el caso de que no se presenten, pedir su captura a Interpol.

En cuanto a Gran Bretaña, el magistrado solicitó la información societaria de las firmas del grupo Rockhopper, la identidad de sus autoridades desde 2012 y antecedentes sobre licencias petroleras.

Respecto a Israel, pidió el registro societario y de directivos de Navitas Petroleum desde 2012 y sus relaciones con Rockhopper.

En lo que refiere a los testigos y las pruebas, se solicitó la declaración de la embajadora Paula Iris Di Chiario e informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad sobre actuaciones ambientales y fuerzas federales.

La decisión coincide con el encuentro que el presidente Javier Milei tiene previsto para este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, después de la intervención del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Navitas, la operadora del proyecto petrolero Sea Lion, es una firma relacionada a Israel.

La causa comenzó a raíz de una denuncia del Gobierno tras la cadena nacional que encabezó Milei el  pasado 3 de septiembre, en la que habló sobre la recuperación de las Islas Malvinas y el endurecimiento de las sanciones para las empresas que buscan extraer petróleo de las aguas de Malvinas. (NA)

La iniciativa contó con 46 votos a favor y 22 en contra.

Ahora, la Cámara alta continúa el debate para lograr el cambio en el esquema de subsidios al gas para Zonas Frías, ampliado en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández.

El objetivo del proyecto impulsado por el Ministerio de Economía es dar marcha atrás con esa extensión y reducir el alcance geográfico automático del beneficio, reservado para las regiones de clima más extremo como la Patagonia, Malargüe y la Puna.

Así, perderían el beneficio los usuarios de provincias como Buenos Aires -incluyendo a Bahía Blanca y todo el sudoeste-, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

En reemplazo del criterio territorial, se propone una focalización por nivel de ingresos y vulnerabilidad social: los hogares que cumplan esos parámetros podrán acceder al nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, mientras que los usuarios de las provincias incorporadas en la ampliación de 2021 podrían perder o ver reducido el descuento.

Para garantizar los votos a la medida de alto impacto fiscal, el Gobierno les prometió a los gobernadores del Norte del país implementar un régimen de Zonas Cálidas, una medida equivalente en sus distritos para subsidiar las tarifas eléctricas durante el verano y sus altas temperaturas.

BCRA

La sesión se abrió pasado el mediodía con quórum reglamentario de 37 senadores, y tras una cuestión de privilegio presentada por el senador radical Maximiliano Abad y un pedido de preferencia del legislador peronista Carlos Linares, comenzó el debate de la reforma del Banco Central.

Al abrir el debate,  el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, ratificó que "por un acuerdo" entre los bloques se modificará el texto votado en diputados para que la elección y remoción de autoridades corresponderá exclusivamente al Senado y que se deberá aprobar con mayoría absoluta.

La Cámara de Diputados estableció que los diez directores se elegirán por mayoría simple, pero para la remoción se requerirán los dos tercios, y que la votación se deberá hacer con el aval de los cuerpos legislativos.

Señalo que es necesario modificar la carta orgánica del Banco Central "por la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del banco central entre el año 2003 y el año 2023" ya que fueron "20 años de saqueo institucional".

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, agregó.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich, adelanto su rechazo al proyecto y propuso "discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibro, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

En su discurso, Capitanich acusó al Gobierno de querer "usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable". (NA y TN)

Noticia en desarrollo

Es decir, entre fin de diciembre de 2025 y junio de 2026, unos 13 mil habitantes del conglomerado Bahía Blanca-General Cerri se convirtieron en pobres. La cifra tuvo un aumento de casi el 18%.

Esta medición corta un período de caída en estos índices desde el segundo semestre de 2024.

En cuanto a la indigencia, los números tampoco son buenos, aunque son positivos respecto de la última medición. En Bahía Blanca afecta a unas 20 mil personas (6,2% de la población), casi 3 mil menos que en los datos oficializados en marzo último y correspondientes a diciembre del año pasado.

En porcentajes, la pobreza en Bahía Blanca venía registrando una caída en las últimas mediciones: 25,5% en el segundo semestre de 2024; 23,5% en la primera parte de 2025 , y 22,6% a fin del año pasado, aunque en el primer semestre de 2026 trepó a 26,6%.

En cuanto a la indigencia, en la segunda parte de 2024 el porcentaje era del 3,7%; esta cifra se incrementó al 7,4% en junio del año pasado y cayó al 7,1% a fines de 2025. Ahora volvió a bajar hasta 6,2%.

En cuanto a los hogares, la pobreza afecta a unos 27 mil pertenecientes al conglomerado Bahía Blanca-Cerri, lo que se corresponde con el 20,5% de la cantidad de viviendas.

Respecto de la indigencia, unos 4.500 hogares (6%) se encuentran por debajo de esta línea, 

A fin de año pasado, 20.624 hogares se encontraban por debajo de la línea de pobreza y 5.765 por debajo de la de indigencia.

En marzo

Según el cálculo difundido en marzo -NdR: correspondiente a diciembre de 2025-, la pobreza en nuestra ciudad alcanzaba a 73.018 personas (22,6%), con una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto del segundo semestre del año pasado.

Además, 22.968 (7,1%) bahienses se encontraban por debajo de la línea de indigencia. En este caso, se registra una baja de 0,3% en la comparativa con la medición previa.

A nivel nacional

La pobreza llegó al 32,3% en el primer semestre de 2026 en la Argentina, según el INDEC. El nivel de pobreza subió 4,1 puntos porcentuales con respecto a los últimos seis meses del año pasado y afectó a cerca de 15 millones de personas. Por su parte, el nivel de indigencia alcanzó 7,5%.

El deterioro se produjo después de tres semestres consecutivos de baja: en el primer semestre de 2025, la pobreza había alcanzado al 31,6% de las personas y luego descendió al 28,2% en la segunda mitad de ese año; en los primeros seis meses de 2026 volvió a subir hasta 32,3%. La indigencia siguió el mismo recorrido: pasó de 6,9% a 6,3% y ahora trepó a 7,5%.

En términos de hogares, el 24,4% quedó por debajo de la línea de pobreza, mientras que el 5,6% no logró cubrir siquiera la canasta básica alimentaria y quedó en situación de indigencia.

En los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo, esto representa 2.498.000 hogares pobres, en los que viven 9.729.000 personas. De ese total, 575.000 hogares y 2.249.000 personas son indigentes. (La Nueva., con información de TN)

La salida de Guzmán se produjo luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, quien estaba disconforme con los tiempos del proceso de liquidación del organismo.

Fue el propio Presti quien le pidió la renuncia al coronel retirado durante el encuentro que mantuvieron el miércoles.

La salida se produce en plena transición entre el antiguo IOSFA y la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), creada por el Gobierno para reemplazarlo.

La nueva OSFA comenzó a recibir los aportes de los afiliados, mientras que la estructura residual del IOSFA quedó a cargo de afrontar el pasivo acumulado con prestadores. La deuda asciende a unos $213.000 millones, según las cifras difundidas en las últimas horas.

La situación se volvió particularmente compleja porque, mientras avanza la liquidación del viejo instituto, el IOSFA continúa interviniendo en la atención de los afiliados.

De hecho, el propio organismo comunicó esta semana a sus prestadores que las prestaciones siguen siendo brindadas por IOSFA y pidió que no se emitan facturas a nombre de la nueva OSFA.

Antes de dejar su cargo, Guzmán había planteado al ministro de Defensa su preocupación porque el presidente del directorio de OSFA, el general de brigada Pablo Guillermo Plaza, había solicitado que la estructura residual del IOSFA continuara brindando atención médica mediante su red de prestadores más allá del 30 de septiembre, fecha prevista originalmente para finalizar esa tarea.

La crisis de la obra social también provocó un conflicto con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que convocó para este jueves a una protesta frente a la sede central de la entidad, ubicada en Paso 551, en la ciudad de Buenos Aires.

El sindicato denunció que están en riesgo 600 puestos de trabajo y cuestionó el cierre o transferencia de establecimientos pertenecientes a la obra social.

ATE sostiene además que existen cortes de prestaciones y denunció un proceso de “vaciamiento” de la entidad, acusaciones que corresponden al gremio.

A la situación de los trabajadores se suma la incertidumbre sobre el futuro de farmacias, centros médicos y establecimientos turísticos que hasta ahora dependían de la obra social.

La reorganización dispuesta por el Gobierno separó las funciones: la nueva OSFA quedó encargada de la cobertura de los afiliados y de recibir sus aportes, mientras que la estructura residual del IOSFA debe afrontar las obligaciones y deudas acumuladas.

La salida del funcionario responsable de esa liquidación abre ahora un nuevo frente en el proceso de transición, cuando todavía permanecen pendientes de resolución las deudas con prestadores y la normalización de la atención médica de los afiliados. 

El encuentro se realizó en The Economic Club of New York, una institución privada de membresía fundada en 1907 que reúne a altos ejecutivos de finanzas, empresas, tecnología y otros sectores, además de figuras de gobierno, academia y medios. Ante una audiencia de más de 150 personas, el Presidente arrancó con esa fuerte arenga electoral y dio su pronostico sobre el futuro del país.

“Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar rápidamente”, señaló. También aseguró que “Argentina está creciendo a un ritmo vertiginoso” y que “llevamos 27 meses seguidos de crecimiento”, un proceso que, según dijo, “se reparte en todos los sectores de la economía”.

Este miércoles el Gobierno celebró un acuerdo alcanzado con Estados Unidos para que haya inversiones por hasta US$7.000 en infraestructura en el llamado Corredor Andes-Atlántico: una iniciativa para conectar la matriz productiva local con los mercados de Occidente a través de inversión de EE.UU.

Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas. Tras su exposición, fue entrevistado por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

En otro tramo de su discurso, el mandatario buscó llevar tranquilidad a los mercados de cara al año electoral: “Les quiero decir que para el año que viene tenemos estabilidad segura”, afirmó, y explicó: “Hemos construido una bazuca de reservas, que equivale a 75.000 millones de dólares”.

“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político”, remarcó, y sostuvo que el año próximo el Gobierno se convertirá “en el primer gobierno de la democracia en tener superávit fiscal y financiero durante dos años consecutivos”, algo que -según dijo- permitirá el “despegue definitivo” de la Argentina si logran “cruzar el Rubicón”.

Milei cerró su discurso con una invitación a los inversores: “El motivo y el momento de apostar por la Argentina es ahora. Los invito a subir a bordo y tomar parte de la grandeza que nos espera”. (TN)

Por el momento, la empresa nacional mantiene el valor en sus surtidores pero no se descarta que se acople a la decisión que ya aplican el resto de las compañías. Que la decisión se haya tomado en la última semana de noviembre hará que el impacto en la inflación sea dividido en dos dos mes.  

De acuerdo a los precios, con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores. El acuerdo entre petroleras y refinadoras contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$80 a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos.

Al promediar las operaciones de este jueves, el precio del Brent volvió a quebrar los US$100 producto de declaraciones contradictorias entre Estados Unidos e Irán.

El precio del barril trepó a US$105 y en consecuencia las petroleras que operan en la Argentina decidieron una nueva suba del precio de los combustibles. (N/A)

Gopinath fue una de las funcionarias del FMI que más cerca estuvo de los últimos programas firmados con Argentina y ahora se desempeña como académica en la Universidad de Harvard.

Gopinath viene reiterando esta postura desde su salida del organismo multilateral y volvió a hacerla pública en un reportaje que concedió al economista estadounidense Tyler Cowen.

“Considero que el peso argentino necesita ajustarse más y que se le debe permitir depreciarse en mayor medida de lo que lo está haciendo actualmente”, sostuvo Gopinath.

Con la vista en el proceso electoral de 2027, la economista señaló: “Argentina tendrá que acumular reservas de divisas, aunque el objetivo sea, obviamente, contar con un tipo de cambio flotante”.

“Sabemos que prácticamente todos los países, salvo contadas excepciones, pueden experimentar un desorden en el mercado cambiario. Pero dada la historia de Argentina con su moneda, el país necesitará acumular reservas a un ritmo mucho más acelerado del que lleva actualmente”, añadió.

Gopinath también destacó la convicción del presidente Javier Milei para sostener el ajuste fiscal: “Recuerdo haber conversado con él cuando yo estaba en el FMI. Es un aspecto en el que no cederá en absoluto, pero cabe preguntarse si el resto de la clase política se ha sumado a esta postura; existen dudas al respecto”.

La economista también evaluó como razonable que existe un período de baja inversión ante la inminencia del proceso electoral.

“Hubo comicios de mitad de mandato el año pasado y habrá elecciones nacionales en octubre de 2027. Es muy razonable que todos hagan una pausa y se planteen si las reformas continuarán o si se producirá una recaída, tal como hemos visto tantas veces en el pasado en Argentina”, siguió.

Por otra parte, consideró que el gobierno debiera buscar una solución para el aumento de la morosidad bancaria. (N/A)

La construcción de ductos, poliductos e incluso la mejora de la infraestructura ferroviaria entre nuestra ciudad y Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, están alcanzadas por este convenio, según pudo averiguar La Nueva.

En términos generales, el convenio anunciado por el embajador estadounidense Peter Lamelas busca generar obras para optimizar la conexión de las zonas mineras del noroeste argentino y Vaca Muerta, ubicadas en regiones cordilleranas o precordilleranas, con los puertos del Atlántico mediante inversiones en ferrocarriles, ductos, energía e infraestructura digital. El entendimiento contempla herramientas de financiamiento estadounidense desde ahora y hacia 2027.

Ese documento firmado por el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, "busca facilitar la inversión pública y privada en transporte, energía e infraestructura digital a largo plazo, consolidando a los Estados Unidos como un socio fundamental en infraestructura e inversión para Argentina", se indicó desde la embajada.

El comunicado agregó: "Las exportaciones de minerales, petróleo y gas aumentarán a través de inversiones estadounidenses e inversiones respaldadas por los Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura de generación y transmisión de energía, construidas sobre una base de tecnología confiable que busca garantizar una eficiencia óptima y máxima ciberseguridad". 

El gobierno de Donald Trump la presentó como la primera asociación para un corredor global de infraestructura e inversión en el hemisferio occidental, que se suma a los de otras regiones. Entre los corredores ya existentes se encuentran el Corredor Económico India-Medio Oriente-Europa, la Ruta Comercial Transcaspiana en Asia Central y el Cáucaso, el Corredor de Lobito en el África subsahariana, y el Corredor Económico de Luzón en Filipinas. 

El objetivo en nuestro país es ampliar las oportunidades para las empresas de bandera norteamericana y fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos y energía, incluidos el litio, el cobre, el petróleo y el gas, de los que la Argentina tiene amplios recursos.

En lo político también es un nuevo respaldo de la administración Trump a Milei, su principal aliado en América del Sur.

Un informe sobre las finanzas subnacionales mostró que el gasto primario consolidado creció un 8,9% en términos reales entre 2024 y 2025.

Esta expansión se produjo en un contexto en el cual "el conjunto pasó de superávit a déficit primario", debido a incrementos en las erogaciones que alcanzaron a la totalidad de los distritos relevados.

El desarrollo de los datos mostró una marcada disparidad en la evolución presupuestaria de las regiones.

Según el desglose del estudio de la Fundación Libertad y Progreso, "los mayores aumentos reales del gasto primario se registraron en Santiago del Estero (48,1%), Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%)".

Asimismo, se observaron incrementos de dos dígitos en otras doce provincias, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el gasto ascendió un 9,1% y en la provincia de Buenos Aires subió un 1,4%. Como consecuencia de esta dinámica, "el resultado primario se deterioró en 19 de las 23 jurisdicciones relevadas", y un total de "nueve pasaron de superávit a déficit".

Desde la organización explicaron que "mientras la Nación redujo impuestos por el equivalente a alrededor del 3% del PBI, el aumento del gasto provincial limita el margen para aliviar la carga tributaria sobre empresas y familias".

Ante este escenario, la entidad enfatizó que "las provincias deben acompañar ese proceso ordenando sus cuentas y disminuyendo los tributos que encarecen la producción".

El informe también advierte sobre el impacto de tributos locales como Ingresos Brutos, el cual "grava la facturación, incluso cuando una empresa pierde dinero, y se acumula en las distintas etapas de producción y comercialización".

Esta estructura provoca un efecto negativo en la economía debido a que "encarece los insumos, el financiamiento y los bienes que compran las familias".

Por ello, se planteó la urgencia de "retomar la reducción de Ingresos Brutos prevista en el Consenso Fiscal de 2017", recordando que en la industria manufacturera la alícuota presenta una mediana del 1,5%.

Finalmente, el documento concluye que "la reducción sostenible de impuestos exige disciplina fiscal en los tres niveles de gobierno". Para cumplir este fin, se propone "concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia", impulsando una "reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial".

Asimismo, se sugiere un "'Programa Empalme', para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado".(N/A)