La Corte Suprema de la Nación admitió la demanda de la provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País y le otorgó a la administración nacional 60 días para responder. El planteo busca que se declare inconstitucional la supresión de un mecanismo creado por ley para financiar el transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Esta causa se convirtió en el antecedente inmediato de otros reclamos provinciales por el financiamiento del transporte, donde este jueves la Corte Suprema también se declaró competente. Se trata de planteos similares interpuestos por las provincias de La Rioja y La Pampa. Los fallos llevan las firmas de los tres jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La provincia de Buenos Aires sostuvo que no recibió transferencias durante 2024 y reclamó los recursos correspondientes a 2023 y al primer trimestre de ese año, junto con los intereses. A partir de la medida cautelar planteada, la Corte analizará si corresponde ordenar el pago inmediato de esas sumas una vez que la Nación conteste la demanda o venza el plazo fijado.

El conflicto se originó el 8 de febrero de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei comunicó que dejaría sin efecto los aportes. Días después, el artículo 18 del decreto de necesidad y urgencia 280/2024 formalizó la medida.

Frente a este hecho, la Provincia de Buenos Aires inició una acción contra el Estado Nacional para que se declare la inconstitucionalidad de ese artículo. También pidió que el Gobierno se abstenga de dictar normas o adoptar medidas que contradigan esa ley.

El Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, conocido como FCI, fue creado por el artículo 125 de la ley 27.467 para sostener subsidios al transporte de pasajeros en las ciudades del interior.

Buenos Aires argumentó que el mecanismo seguía vigente cuando fue eliminado. La ley 27.701 lo había prorrogado durante 2023 y el decreto 88/23 extendió su vigencia para 2024.

La continuidad también estaba contemplada en la resolución 86/23 del Ministerio de Transporte, que fijó la distribución de recursos para los primeros cuatro meses de 2023. La provincia señaló, además, que había suscripto convenios con la Nación que confirmaban la persistencia del beneficio.

La demanda fue presentada por el fiscal de Estado bonaerense, Hernán Rodolfo Gómez, y Jorge Mario Bru. Los representantes provinciales cuestionaron que el Poder Ejecutivo Nacional derogara el fondo a través de un decreto de necesidad y urgencia.

La provincia denunció una afectación del principio de legalidad, de la división de poderes y de la lealtad federal, entendida como el deber de cooperación y coordinación entre la Nación y las provincias. La quita del FCI impactó sobre los usuarios del transporte urbano y suburbano de los municipios que recibían compensaciones. Según el planteo bonaerense, la supresión derivó en aumentos de tarifas.

La procuradora fiscal había emitido el 14 de mayo de 2024 un dictamen favorable para que la Corte interviniera. El tribunal adoptó ese criterio y ordenó notificar el traslado de la demanda al Ministerio de Economía de la Nación. (Infobae)

En ese sentido, la funcionaria atribuyó eventuales lecturas políticas "al periodismo" y a "algunos sectores de la sociedad que puedan hacer interpretaciones no válidas", y reiteró la expectativa del Ejecutivo por la pronta llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

"Estamos muy esperanzados de que venga. Por suerte finalmente va a venir, nunca se había negado esa posibilidad, así que estamos contentos porque mejoró, porque está bien de salud, y porque lo vamos a recibir con los brazos abiertos, con una visita muy necesaria para toda la región, no solamente para la Argentina", dijo Pettovello en diálogo con MDZ y otros medios.  ,

Consultada por posibles discursos críticos contra la política social del Gobierno de Javier Milei, la ministra de Capital Humano fue tajante: "No se espera eso, porque ya lo dijo la Iglesia en reiteradas oportunidades, que el Papa viene en una misión pastoral, no viene a hacer política partidaria, ni de ningún tipo. Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo". 

"No es lo que hace la Iglesia, así que todo lo demás va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas",  explicó.

Además, afirmó que esperan una "convocatoria multitudinaria" y completó: "La Argentina es un país mayoritariamente católico, ya hubo otras visitas de Papas, con lo cual creo que va a ser al mismo nivel de concurrencia, va a ser un ejemplo". 

Pettovello también destacó "la armonía" del Gobierno nacional en su trabajo conjunto con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires para coordinar el despliegue y el dispositivo de seguridad necesario para las distintas actividades que dispuso el Vaticano. (TN)

"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó el mandatario argentino a través de su cuenta de la red social X.

"Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", agregó Milei, quien mantiene una estrecha relación política con Netanyahu.

El Presidente también ratificó su alineamiento internacional con el Gobierno israelí al señalar: "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales".

Según los resultados parciales difundidos este jueves, con el 91% de los votos escrutados, el Likud obtenía 26 bancas en la Knéset, el Parlamento israelí, mientras que el conjunto de partidos que integran el bloque de Netanyahu reunía 53 escaños.

Por su parte, el bloque opositor encabezado por el exgeneral Gadi Eisenkot alcanzaba 48 diputados y los partidos árabes sumaban otros 19, de acuerdo con los datos del Comité Electoral Central.

La Knéset cuenta con 120 bancas y se necesitan al menos 61 para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que ninguno de los dos principales bloques dispone por ahora de los votos suficientes para formar un gobierno sin nuevos acuerdos políticos.

De acuerdo con la legislación israelí, Netanyahu continuará al frente del Ejecutivo en funciones mientras se completan los resultados oficiales y comienzan las negociaciones entre los partidos para definir una nueva coalición de gobierno. (NA)

Al abrir la sesión, la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, tomó juramento a la senadora libertaria riojana Claudia López, quien asumió en lugar del fallecido legislador Juan Carlos Pagotto.

La sesión comenzó con la presencia de 38 legisladores que fueron aportados por La Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas y Movimiento por Misiones, entre otros.

Tras la jura de López, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, rindió homenaje al exsenador riojano que falleció el pasado 21 de septiembre.

En el primer tramo de la sesión, se dará ingreso a nuevas postulaciones al Poder Judicial y a ascensos en la Cancillería, entre los que figura el pliego de Esteban Mahiques, hermano del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, para promoverlo a la categoría C de ministro plenipotenciario de segunda clase.

Si bien el tema central es la reforma de la ley de Salud Mental, se debatirán proyectos sobre Inversiones Relevantes, Mercado Voluntario de Carbono, educación emocional, pictogramas y una transferencia de un inmueble en Puerto Madryn. (NA)

Noticia en desarrollo

En Nación aseguran que la Dirección Nacional de Migraciones remitió los registros del ingreso del excandidato presidencial brasileño y las actuaciones vinculadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras los requerimientos de la Fiscalía de Misiones. El material incluye las actuaciones migratorias y los antecedentes administrativos relacionados con el ingreso del senador, su familia y el traslado hacia el aeropuerto. La información oficial no permite establecer todavía si fueron entregadas todas las grabaciones de seguridad, los registros aeroportuarios y los demás elementos solicitados en las investigaciones.

La posición del Ejecutivo es que Bolsonaro ingresó con documentación válida y abandonó la Argentina por sus propios medios, sin restricciones legales. En el Gobierno sostienen que se respetaron los procedimientos correspondientes y que no detectaron actuaciones contrarias a la normativa argentina. También plantean que la prohibición judicial de abandonar Brasil debe ser examinada por las autoridades de ese país y que no implicaba automáticamente un impedimento migratorio en territorio nacional.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó públicamente esa interpretación durante una actividad oficial en Rosario. El ministro coordinador sostuvo que el senador brasileño ingresó con la documentación correspondiente y que tampoco existían impedimentos de Interpol para su tránsito. La defensa oficial se concentra en la ausencia de una orden de captura internacional o de una restricción registrada que obligara a las autoridades argentinas a impedir su ingreso.

La remisión de la documentación se produce después de que la Justicia federal iniciara actuaciones para determinar si existieron delitos durante el paso de Bolsonaro por la Argentina. En Comodoro Py, la fiscal Paloma Ochoa solicitó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros integrantes del Ejecutivo por presunto encubrimiento. La causa quedó radicada en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti y busca establecer si hubo irregularidades migratorias o incumplimientos de obligaciones legales.

En paralelo, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, requirió informes a distintos organismos nacionales por una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación apunta a determinar las circunstancias del ingreso del senador y si existían restricciones que afectaran su posibilidad de atravesar territorio argentino. Entre las medidas solicitadas figuran registros migratorios, documentación aeroportuaria y elementos vinculados con la operación del vuelo privado.

Uno de los puntos centrales es reconstruir qué información recibieron Migraciones y las fuerzas de seguridad sobre la situación judicial de Bolsonaro antes de su salida de Brasil. La Fiscalía busca establecer si existían alertas internacionales, notificaciones judiciales o antecedentes que debieran haber sido considerados durante los controles. La prohibición de salida dispuesta por un juez brasileño no constituye por sí sola una orden de detención ejecutable en la Argentina, pero su eventual comunicación formal podría resultar relevante para evaluar el procedimiento.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas. El organismo aseguró que los cuatro presentaron documentación habilitada para viajar y que no existían impedimentos registrados para su entrada. La confirmación se produjo durante la madrugada del miércoles, después de que las autoridades difundieran inicialmente que no tenían constancia de su ingreso.

Según los registros oficiales, la familia abordó a las 23.30 un vuelo privado operado por Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. La aeronave, un Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú a las 00.21 y posteriormente continuó hacia Miami. Bolsonaro llegó a Estados Unidos durante la mañana del miércoles, pese a que el Supremo Tribunal Federal de Brasil le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido abandonar su país.

La intervención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria también forma parte de los puntos bajo investigación. Las imágenes difundidas muestran un vehículo con patente brasileña acompañado por un patrullero de la fuerza federal en su ingreso al aeropuerto de Puerto Iguazú. En consultas anteriores, desde Seguridad habían indicado que no contaban con un parte operativo que permitiera explicar formalmente el acompañamiento. Ahora, el Gobierno sostiene que las actuaciones de la PSA también fueron remitidas a la Justicia.

La controversia se amplió por las versiones sobre la participación del asesor presidencial Santiago Caputo en la organización del traslado. La presencia del consultor en Misiones fue vinculada con un control policial realizado durante la madrugada del miércoles sobre vehículos de la Entidad Binacional Yacyretá. Según la información difundida sobre el procedimiento, Caputo habría sido identificado cuando se trasladaba por la ruta nacional 12. En el entorno del asesor negaron esa versión y no existe una confirmación oficial de que haya intervenido en la coordinación del vuelo.

En el Gobierno también buscan separar la legalidad de los controles migratorios de las acusaciones sobre una eventual coordinación política del viaje. Mientras algunas áreas rechazan haber participado en la organización, otras fuentes oficiales reconocieron que existió una planificación vinculada con autoridades estadounidenses.

La oposición mantiene en el Congreso sus pedidos de explicaciones para determinar las responsabilidades políticas del episodio. Agustín Rossi presentó un proyecto para citar a Santilli a Diputados y Esteban Paulón impulsó requerimientos de información sobre los registros migratorios y los movimientos de la aeronave. También se promovieron iniciativas para interpelar al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Las presentaciones parlamentarias todavía no implican que esas comparecencias hayan sido aprobadas.

El caso también mantiene abierto un frente diplomático con Brasil, después de que Bolsonaro agradeciera públicamente a Milei y Donald Trump por su llegada a Estados Unidos. La Cancillería brasileña evitó anticipar medidas contra la Argentina ante una consulta sobre posibles pedidos de explicaciones o protestas formales y remitió las preguntas sobre la situación jurídica del senador al Supremo Tribunal Federal. En paralelo, el Gobierno argentino busca preservar los vínculos comerciales con Brasil, pese al deterioro de la relación política entre ambos presidentes.

La estrategia inmediata de la Casa Rosada es sostener que no existieron irregularidades y responder a los requerimientos judiciales con la documentación de los organismos intervinientes. El Ejecutivo considera que los controles realizados permiten respaldar su posición, aunque las investigaciones todavía deben determinar si existió alguna conducta penalmente relevante. La entrega de las actuaciones constituye un avance en la reconstrucción del paso de Bolsonaro por la Argentina, pero no implica por sí misma el cierre de las causas ni descarta nuevas medidas de prueba.

"Agradezco al ex presidente Mauricio Macri por los saludos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana", publicó en sus redes el presidente de Brasil.

Agradeço ao ex-presidente @mauriciomacri pelos cumprimentos e pelos bons votos. Compartilho plenamente o desejo de uma região que trabalhe unida pelo desenvolvimento e pela prosperidade de nossos povos. E lembro com saudades dos tempos em que diferenças circunstanciais entre nossos países se discutiam e se solucionavam de maneira civilizada e republicana.

— Lula (@LulaOficial) October 29, 2026

La relación política entre Macri y Lula estuvo marcada por profundas diferencias ideológicas y algunos momentos de tensión política a lo largo de los años, a pesar de no haber compartido el mismo periodo en el rol de jefes de Estado.

Durante la presidencia de Macri, que comprendió el tramo entre 2015 y 2019, Lula se encontraba fuera del gobierno brasileño, ya que sus dos primeros mandatos fueron desde 2003 a 2010 y luego regresó al poder en el año 2023, gestión que mantiene hasta hoy y que, el domingo pasado, extendió hasta el 2030. 

El ex mandatario argentino fue contemporánteo con Dilma Rousseff, hasta el proceso de su destitución producido en 2016, y luego con Michel Temer; a partir de 2019 afianzó su vínculo con Jair Bolsonaro, con quien mantuvo una gran cercanía política y apoyó públicamente su reelección en Argentina, que terminó con la victoria de Alberto Fernández. 

En los años en los que Lula se encontró fuera del gobierno de Brasil, cuestionó la gestión económica de Macri, en particular sobre la solicitud del préstamo ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, con la crisis económica que atravesaba nuestro país. 

Luego del triunfo por la reelección de Lula, con un cuarto mandato como presidente de Brasil, tanto Macri como el PRO lo felicitaron públicamente y le desearon prosperidad para la región, en absoluto contraste político con la omisión del presidente Javier Milei. 

A su vez, Lula agradeció los buenos deseos y se refirió a "aquellas épocas" en que las adversidades entre ambas naciones se discutían de forma civilizada, en contraposición a los insultos que propició Milei durante la campaña presidencial a favor de Flávio Bolsonaro. (NA)

La magistrada dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.

Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.

El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.

Por otra parte, la jueza solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los procedimientos de control migratorio aplicados durante los dos movimientos del dirigente: su ingreso a la Argentina por la frontera terrestre con Brasil y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú.

El organismo también deberá precisar si recibió alertas o requerimientos judiciales relacionados con Bolsonaro que pudieran afectar sus condiciones de ingreso o egreso del país.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los movimientos del dirigente y su familia durante las horas que permanecieron en territorio argentino.

Para eso, Capuchetti pidió información de las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina.

El requerimiento comprende los registros correspondientes al 27 de octubre de 2026 y hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre, período durante el cual Bolsonaro atravesó la frontera y se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú.

La información permitirá reconstruir el recorrido del senador brasileño, verificar los controles efectuados y determinar qué organismos intervinieron durante su paso por la Argentina.

La causa quedó radicada en el juzgado de Capuchetti a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó a Milei y a otros funcionarios nacionales por su presunta participación en el encubrimiento de la fuga del dirigente brasileño.

La presentación plantea la posibilidad de que se hayan cometido delitos vinculados con el accionar de funcionarios públicos y los controles realizados durante el tránsito de Bolsonaro por el territorio argentino.

Uno de los principales aspectos que busca esclarecer la investigación es si se violó la legislación migratoria por una eventual omisión de informar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso al país.

La fiscal Ochoa había solicitado las medidas preliminares para reunir documentación y evaluar si existían elementos que justificaran avanzar en la investigación de posibles responsabilidades penales.

Con la decisión de Capuchetti, la Justicia avanzó con los requerimientos a los organismos oficiales para determinar si hubo alguna irregularidad o intervención de funcionarios argentinos que facilitara la salida del senador brasileño.

La apertura de estas medidas no implica que se haya acreditado la comisión de un delito. La investigación se encuentra en una etapa de recopilación de información para esclarecer las circunstancias del episodio.

Cómo fue el paso de Bolsonaro por la Argentina

El dirigente brasileño ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.

Según informó Migraciones, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos para ingresar al país.

Posteriormente, Bolsonaro abordó un avión privado de la empresa Baires Fly, que partió desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.

Según reveló el canal TN, el senador habría utilizado su documento de identidad brasileño para ingresar a la Argentina y su pasaporte italiano para abandonar el territorio nacional.

La salida se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la retención de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación judicial.

Sin embargo, Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta roja de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo. Ese es uno de los aspectos que deberá analizarse junto con los informes solicitados por la Justicia.

El episodio derivó en al menos tres denuncias en los tribunales federales argentinos. Además de la presentación de Solano, el diputado nacional Esteban Paulón denunció a Milei y a otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento.

Una tercera causa se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. En ese expediente, la fiscalía de la jurisdicción también solicitó medidas para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño, incluidos registros migratorios, imágenes de cámaras de seguridad y documentación del vuelo privado.

Asimismo, reveló un conjunto de medidas que el Gobierno nacional y las autoridades del organismo acordaron al completar la tercera revisión.

Las definiciones estuvieron a cargo de la portavoz del FMI, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en la que participó en línea la Agencia Noticias Argentinas.

Las medidas consensuadas son:

• Profundizar los mercados de capitales e hipotecarios para ampliar el acceso al financiamiento y apoyar la inversión privada y la demanda interna.
• Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales para apoyar la creación de empleos en el sector privado.
• Impulsar concesiones en infraestructura adjudicadas recientemente.
• Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI que ya han sido aprobadas.
• Kozack también sumó a este conjunto de medidas la compra de reservas internacionales para, de esta manera, afianzar la posición externa del país, lo cual facilitaría la baja del riesgo país.

La portavoz aseguró: “Las autoridades están plenamente comprometidas con el ancla fiscal y también se han comprometido a seguir mejorando el marco de política monetaria, lo cual apoyará la remonetización de la economía y ayudará a mejorar la gestión de la liquidez y, lo que es muy importante, la asignación del crédito”.

“El mensaje general sobre Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas y reformas que respalden la inversión, el financiamiento y la creación de empleo. Eso debería ayudar a Argentina a alcanzar la resiliencia y un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo”, señaló.

Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir implementando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, la acumulación de reservas netas internacionales para reforzar la posición externa”. “Esto es fundamental para mejorar el riesgo país de Argentina”, insistió.

Santilli explicó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro cumplió con todos los requisitos migratorios y que su salida se realizó bajo los procedimientos habituales. “Como lo expresó la Dirección General de Migración: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó.

Ante la consulta sobre si le resultó extraña la maniobra, el jefe de Gabinete insistió: “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EEUU vía Guayaquil”. Además, remarcó: “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación. Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”.

El Gobierno teme una nueva crisis diplomática con Brasil por la fuga de Flávio Bolsonaro a través de la Argentina

El gobierno argentino da por hecho que el operativo de fuga de Flavio Bolsonaro, que salió desde la Argentina y viajó a Estados Unidos, va a tener un nuevo impacto en la relación con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Distintas fuentes diplomáticas dijeron que esperan algún tipo de respuesta formal del Palacio del Planalto.

La apuesta de Javier Milei por la candidatura de Bolsonaro ya había marcado con una mirada política e ideológica la relación en los niveles más altos. Hay quienes creen que ayudar a Bolsonaro a llegar a Estados Unidos podría ser una nueva frontera cruzada en una tensión que creció en los últimos meses.

Hoy ninguno de los dos países tiene embajador en el otro. desde hace tres meses, en Brasil se considera que bajar la relación al nivel de encargado de negocios, como pasa ahora, es un primer paso de tensión, y que mantenerlo durante tres meses es un paso todavía más grande. Si la situación sigue así, ya casi definida, hay riesgo de que la relación se degrade todavía más, sin muchas otras instancias antes de llegar a una ruptura diplomática. (TN)

Según informaron, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo.

También remarcaron que no se pudieron asignar técnicamente las voces a las personas imputadas.

El análisis señaló que las grabaciones presentaban restricciones técnicas para arribar a una conclusión definitiva sobre su origen. Entre los factores mencionados, los especialistas indicaron que la cadena de custodia del material se había interrumpido antes de la instancia pericial.

En ese sentido, no se pudo descartar una eventual manipulación del material ni el uso de herramientas de inteligencia artificial para alterar o generar voces, según publicó Infobae.

La investigación se abrió tras la difusión de audios adjudicados a Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculado con la compra de medicamentos.

En uno de los fragmentos conocidos públicamente se mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, aunque Infobae señaló que nunca estuvo imputada en la causa.

La causa seguirá bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, quien deberá evaluar el alcance del informe y las medidas de prueba pendientes. La imposibilidad de autenticar los audios no implica, por sí misma, el cierre de la investigación. (N/A)

El mercado estima que el corriente año terminará con una inflación en torno al 30%. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación quedaría entre el 30% y el 31%.

En ese supuesto se basaron las 164 organizaciones de distintas industrias, tamaños y regiones del país que fueron consultadas por PwC Argentina en su último informe. Las expectativas se ajustaron al alza y, en promedio, las firmas prevén cerrar 2026 con incrementos salariales del 27%.

Cuando se analiza la frecuencia con la que prevén ajustar los salarios, más de la mitad de las firmas (65%) concentra sus ajustes en esquemas trimestrales (30%) o cuatrimestrales (35%), mientras que las revisiones mensuales o bimestrales tienen una incidencia considerablemente menor.

En tanto, el 18% realiza actualizaciones semestrales, mientras que las revisiones mensuales y bimestrales representan el 8% y el 6%, respectivamente. Abril, julio y octubre son los meses más utilizados para actualizar las remuneraciones.

Diferencias entre jerarquía y áreas

Al analizar los incrementos por nivel jerárquico, no se observan diferencias significativas durante el segundo semestre. Los ajustes acumulados se incrementaron apenas el 14% en los niveles superiores y alcanzaron el 15% en los niveles medios e inferiores.

Por áreas, Comercial registró el mayor aumento durante el semestre (16%), mientras que Producción presentó la evolución más moderada, con un 13,8%.

“La mayor previsibilidad permite ampliar el horizonte de las decisiones sobre compensaciones, aunque todavía convive con presupuestos acotados y con un poder adquisitivo que no recuperó el deterioro acumulado. En este contexto, las organizaciones necesitan priorizar, sostener remuneraciones competitivas y preservar el talento y las capacidades que serán fundamentales para el futuro del negocio”, señaló Damián Vázquez, socio líder de Management Consulting de PwC Argentina.

Bonos y beneficios 

El informe plantea que la propuesta de valor para los colaboradores excede la dimensión salarial. Los esquemas de remuneración variable mantienen una presencia extendida: casi 9 de cada 10 empresas otorgan bonos, principalmente bajo modalidades vinculadas con una cantidad determinada de salarios o con un porcentaje de la compensación anual.

Esa bonificación representa, en promedio, 3,1 salarios en los niveles superiores, 2 en los niveles medios y 1,2 en los niveles iniciales y operativos.

En cuanto a los beneficios, el 28% de las empresas relevadas ofrece algún tipo de apoyo para el bienestar financiero de sus colaboradores, mientras que otro 20% se encuentra evaluando su implementación. Entre las iniciativas utilizadas aparecen las charlas y talleres de educación financiera, el asesoramiento personalizado (brindado por la propia organización o a través de proveedores externos) y los préstamos o adelantos. (N/A)

Como principales protagonistas políticos, el evento contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a una docena de gobernadores aliados.

La apertura, a las 9, estará a cargo de Santilli y Caputo, junto al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, anfitrión de la jornada. El objetivo oficial es promover oportunidades de negocios y fortalecer la participación de la industria nacional en los grandes proyectos de inversión.

En una agenda marcada por un fuerte componente federal: a lo largo del día pasarán por los paneles los diferentes mandatarios provinciales. Por la mañana, el panel “La Minería como vector de desarrollo regional” reunirá a Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz), junto al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

A la tarde será el turno de Martín Llaryora (Córdoba), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), con el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

Varios de los mandatarios que estarán en Rosario (Sadir, Cornejo, Valdés, Orrego, Jalil, Sáenz, Weretilneck, Figueroa y Frigerio) integraron la lista de gobernadores aliados que Milei invitó a París a comienzos de mes por la Argentina Week. La cita en Santa Fe aparece así como una nueva muestra de sintonía con las provincias, en medio de las negociaciones que lleva adelante Diego Santilli por la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, entre otras iniciativas.

En paralelo, a las 11 se realizará la 2° Mesa Federal Minera, un encuentro con invitación entre autoridades del Poder Ejecutivo, gobernadores, cámaras y sindicatos.

Del lado empresario, expondrán las principales firmas del sector. Ignacio Costa, general manager de Río Tinto Litio Argentina, hablará sobre la cadena de proveedores en Jujuy, Salta y Catamarca; Jorge Montaldi, de Glencore, sobre el desarrollo de proveedores para el cobre; y José Luis Morea, country director del proyecto Vicuña, sobre la estrategia de abastecimiento.

También habrá representantes de Barrick, Newmont y Eramet en las mesas de networking. Desde las cámaras participarán el presidente de la UIA, Martín Rapallini; el de ADIMRA, Elio Del Re; y el de CAEM, Roberto Cacciola. El cierre, a las 18, estará a cargo de Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería, y Pablo Lavigne.

Según informó el Ministerio de Economía, se estructuraron 86 mesas de negocios con 43 empresas de minería, industria e infraestructura, con más de 2.100 reuniones agendadas entre grandes compañías y proveedores, y otras 340 entre proveedores. La cartera económica indicó que la jornada busca analizar “el potencial de la minería como motor de desarrollo regional” y “el valor estratégico de la industria en la construcción de la cadena de valor minera”.

Economía también difundió que, sobre 23 proyectos aprobados bajo el RIGI, “el 86% de las inversiones se destina a empresas nacionales” y más de 1.200 proveedores participan con bienes y servicios.

La ronda llega un día después de que Javier Milei encabezara junto a su hermana, Santilli y Caputo la inauguración de dos plantas de carbonato de litio en Catamarca del proyecto Fénix, de Río Tinto, que adhirió al RIGI con una inversión prevista de US$530 millones.

En su discurso, el Presidente dijo que el RIGI “es sinónimo de estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y seguridad jurídica para el que arriesga su capital” y aseguró que entre Catamarca y San Juan ya hay diez proyectos aprobados por unos US$23.000 millones.

También les habló a los gobernadores que “entendieron y abrazaron el cambio de época adhiriendo al RIGI” y criticó a Quintela por no sumarse al régimen, pese a los recursos de litio y cobre de La Rioja: “Mientras los gobernadores responsables salen a traer inversiones, él volvió a emitir papelitos de colores para pagarles a los empleados estatales”. (TN)

El episodio judicial dictaminó que la referente del peronismo sea condenada a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitada para ejercer cargos públicos.

La entidad no determinó si analizará las presentaciones de los abogados de la exmandataria y advirtió que, de admitirlas a trámite, la decisión podría demorarse "varios años".

"Habida cuenta del volumen de casos que tiene ante sí el Comité de Derechos Humanos, una decisión sobre la admisibilidad y el fondo del asunto suele tardar varios años. Una decisión sobre el caso no es inminente", indicó el organismo ante una consulta de la agencia EFE.

En este contexto, el abogado de derechos humanos cercano a la ex mandataria, Gregorio Dalbón, sostuvo que la condena es una solapada pena de muerte civil desde el punto de vista político con la inhabilitación perpetua, que es claramente inconstitucional".

Sobre este pronunciamiento en la órbita de la ONU, el letrado sostuvo que si bien "ciertamente tarda por la cantidad de casos que tienen", lo que no debería tardar es "la cautelar en relación con la inhabilitación perpetua porque en esta situación se estarían violando innumerables derechos humanos"

"Acá no hay mucha historia", sintetizó e indicó: "La sentencia, si bien está firme, hoy se encuentra en estudio del Comité y el artículo 366 inciso F dice que es obligación (vinculante) si saliera la cautelar la situación para la justicia argentina".

Además hizo hincapié también en "las condiciones extremas de la prisión domiciliaria (de la exjefa de Estado) como los horarios de visita, horarios de sol y demás permisos" y marcó que "los genocidas, que desaparecieron a 30 mil personas, no tienen horarios y pueden ir a la terraza y tomar vitamina D, etcétera". (NA)

La medida de fuerza tendrá su correlación en Bahía Blanca, ya que Suteba y FEB anunciaron que se plegarán a la medida. En nuestra ciudad, la movilización será a las 17.30, en la plaza Rivadavia.

El caso generó conmoción en la comunidad educativa y motivó reclamos sindicales para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido: Godoy se desempeñaba como directora suplente de la Escuela N° 626, ubicada en el paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina.

Su cuerpo fue hallado este miércoles, luego de más de tres semanas de búsqueda. La investigación judicial busca determinar las circunstancias de su muerte y establecer las responsabilidades correspondientes.

 

 

 

 

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En Bahía Blanca, Suteba venía de hacer un paro de 48 horas este martes y miércoles en rechazo a la paritaria acordada por el gremio a nivel provincial con el Gobierno de Axel Kicillof.

Con el paro de este jueves, ya serán 31 los días en que no hubo clases por medidas de fuerza similares en nuestra ciudad.

Comunicado

"La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) expresa su profundo dolor e indignación ante la aparición sin vida de nuestra compañera Nancy Estela Godoy, de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, departamento de Esquina, Corrientes, quien se encontraba desaparecida desde el 7 de octubre", se indicó a través de un comunicado.

"Ante esta situación, la Junta Ejecutiva de CTERA convoca para el jueves 29 de octubre a una JORNADA NACIONAL DE DUELO, con PARO NACIONAL, MOVILIZACIONES Y ACCIONES EN TODO EL PAÍS, para exigir JUSTICIA POR NANCY ESTELA GODOY", se informó.

El comunicado fue compartido por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, en representación del principal bloque opositor, por Myriam Bregman del Frente de Izquierda, Esteban Paulón y Mariela Coletta de Provincias Unidas, Nicolás Massot de Encuentro Federal, Ernesto "Pipi" Ali de Primero San Luis y Marcela Pagano de Coherencia, entre otros diputados nacionales.

En primer lugar, los diputados opositores le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que "responda con urgencia los pedidos de informes solicitados y/o por solicitar por las y los legisladores nacionales".

A su vez, reclaman la "urgente presencia" en la Cámara de Santilli, Monteoliva y Quirno, "en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional".

Por último, exigen al Poder Ejecutivo que "reconozca formalmente el triunfo de Lula da Silva y refuerce el diálogo con Brasil para revitalizar la relación bilateral y restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países al más alto nivel, acorde a la historia en común y al carácter estratégico del vínculo".

Hasta el momento, Javier Milei es el único presidente de América Latina que se niega a reconocer el triunfo de Lula da Silva o emitir una felicitación oficial. 

El resto de los jefes de Estado de América Latina, incluyendo Centroamérica, el Caribe y México, han reconocido formalmente el resultado electoral, inclusive aquellos que pertenecen a partidos de derecha como el chileno José Antonio Kast, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña, el boliviano Rodrigo Paz y la peruana Keiko Fujimori. 

Desde la oposición se han presentado numerosos pedidos de informes que apuntan a una presunta "complicidad" del Gobierno argentino en la maniobra para facilitar la fuga de Bolsonaro de su propio país.

Según trascendió, Bolsonaro ingresó al país en la madrugada por vía terrestre a través de una camioneta custodiada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, Misiones. 

Se sospecha que el principal asesor presidencial Santiago Caputo habría estado en dicha localidad para supervisar personalmente el operativo que permitió la salida de Bolsonaro en un vuelo privado hacia Estados Unidos. 

Desde la oposición buscan investigar el soporte brindado por Migraciones, la PSA, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). (con información de NA)

Bolsonaro dijo que "este es solo el comienzo de nuestra lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Brasil".

"Quiero decirles, no solo a mis 60 millones de votantes, sino a todo el pueblo brasileño, que soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía. Ustedes, que anhelaban un cambio, no los abandonaré; seré la voz y el liderazgo libre de nuestra nación", aseveró.

"No era mi intención abandonar mi patria, pero sé perfectamente adónde me llevará esto", dijo el senador opositor y sostuvo que "la persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal".

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷 28.10.26 https://t.co/QqOGZuF8G0

— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Al inicio de su misiva, Bolsonaro agradeció en primer lugar al presidente argentino Javier Milei "por su valentía, su sentido de la justicia y el respeto a la legalidad",  tras el operativo que le permitió abandonar Brasil; y al presidente estadounidense Donald Trump y al "maravilloso pueblo estadounidense por haberme recibido".

"Esta es una tierra de libertades y hermanos que comparten los mismos valores que la buena gente de mi país. El presidente Trump es un gran defensor de la libertad de expresión", agregó.

El senador opositor sostuvo que el domingo por la noche, presenció "con horror cómo se desarrollaba ante mis ojos un fraude electoral".

"Las acciones ilegítimas e ilegales del exabogado de Lula permitieron que se materializara una imposibilidad matemática, lo que resultó en que Lula obtuviera más de 10 millones de votos de la primera a la segunda vuelta. Una decisión del Tribunal Supremo Federal (TSF), anulando la autoridad del Tribunal Superior Electoral (TSE), extendió el período de votación en el último minuto, y la orden llegó después de la hora legal de cierre, cuando las urnas ya habían cerrado. Los votantes fueron sometidos a reglas diferentes".

Hasta el momento, el TSE solo ha defendido la extensión del horario de votación, "y no hay una sola respuesta creíble. Y las irregularidades no son el único problema. Durante toda la campaña, hubo abuso de poder político y económico y malversación de recursos públicos en favor de la reelección. Estos son actos graves, expresamente prohibidos por la ley, que justifican la anulación de la candidatura Lula-Alckmin", opinó.

"La respuesta del régimen a mis preguntas fue inmediata. Como si se tratara de un plan preestablecido, siete minutos después de este repugnante fraude electoral, el juez, implicado en un enorme escándalo de corrupción, citado directamente en la investigación que utilizó para intentar confiscar mis pasaportes, y que muy probablemente estaría en prisión si no hubiera impedido mi investidura, puso en marcha la maquinaria de persecución política del régimen", agregó.

Sostuvo que "siendo intrínsecamente inelegible y completamente sospechoso para iniciar cualquier procedimiento judicial en mi contra, su mera participación en actos procesales demuestra la magnitud de la arbitrariedad e ilegalidad en curso".

Puso de relieve que no era su intención "abandonar" Brasil. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado. La persecución política que comenzó con mi padre, el expresidente Jair Bolsonaro, y que se extendió a miles de brasileños patriotas y ciudadanos estadounidenses, tiene un único objetivo: silenciar a cualquiera que discrepe del estado de excepción establecido en Brasil, a través de un Tribunal Supremo controlado por el Partido de los Trabajadores, una organización criminal.

"Para que quede claro, no hay ninguna orden de arresto en mi contra porque no he cometido ningún delito. Lo que existe es una persecución política cuyo objetivo es mantenerme como rehén y convertirme en objeto de chantaje para proteger a magistrados corruptos de la Corte Suprema. Este es el guion de la persecución: confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, juicio simulado y, finalmente, condena política".

Flávio Bolsonaro continuó: "No voy a someter a mi familia a esto, y mi país no merece volver a sufrir esta humillación internacional. Dada la manipulación política del sistema judicial en Brasil, traje a mi familia a Estados Unidos, donde estamos a salvo. Agradezco, una vez más, al presidente Trump y al gobierno estadounidense por acogernos y brindarnos la seguridad jurídica que ya no tenemos en Brasil".

Y remarcó: "No huí de Brasil, me fui a Brasil, dejé un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece, porque silenciado, encarcelado y censurado, como lo está mi padre, no podría ser ese líder y seríamos entregados al teatro institucional de una oposición castrada y controlada por el Tribunal Supremo lleno de sirvientes del régimen".

En sus considerandos, Bolsonaro rememoró que no es el primero en "haber tenido que luchar por mi patria lejos de ella: Rui Barbosa se exilió por oponerse al régimen arbitrario de Floriano Peixoto y desde allí continuó defendiendo la ley y la libertad. Charles de Gaulle lideró la Francia Libre desde Londres, condenado a muerte por el régimen de Vichy, y regresó para liberar a su país. José Martí organizó la lucha por la independencia cubana desde Nueva York".

Añadió que, más cerca en el tiempo, "en Venezuela, Juan Guaidó y Edmundo González tuvieron que abandonar el país para enfrentarse a la dictadura chavista, y María Corina Machado, aun siendo perseguida, se negó a legitimar el fraude y se convirtió en un símbolo mundial de la resistencia democrática. Todos ellos fueron tratados como criminales por los regímenes a los que se oponían. La historia los llamó de otra manera".

"A las instituciones brasileñas les hago un llamado: esta locura debe terminar. Brasil atraviesa actualmente un caos legal, corrupción y persecución política, donde la oposición teme expresarse y la familia de un expresidente es tratada como enemiga del Estado. Ninguna nación puede vivir en paz ni prosperar así. Aún hay tiempo para restablecer el equilibrio de poder y devolver a los brasileños la confianza que han perdido", dijo Bolsonaro.

"Le pido a la comunidad internacional: no normalicen lo que está sucediendo en Brasil. Lo que está sucediendo hoy en mi país no es normal y no puede tratarse como tal", puntualizó.

Bolsonaro anticipó que en los próximos días se dirigirá al pueblo brasileño "y presentaremos una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular con el que contamos, por todos los medios pacíficos y legítimos, para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial en Brasil. Les pido a todos que se mantengan firmes y nunca se rindan".

Finalizó su misiva diciendo: "Me fui de Brasil, pero no abandoné al pueblo brasileño. Esta lucha no terminó el 25 de octubre. Solo terminará cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día llegará. Que Dios bendiga a Brasil". (NA)

En la misma línea, señaló que el cierre de la mutual "dejó a 1.450 trabajadores en la calle" y precisó que desde la gestión del presidente Javier Milei "pretenden hacer lo mismo" que hicieron con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"Son unos hipócritas y caraduras. Se sacan fotos con los uniformados, les hacen hacer de mozos en Olivos y después les cierran la obra social. Esto no es motosierra, es odio a los trabajadores. Si a los que dicen que son sus héroes, los militares, los dejan sin salud, ¿qué nos queda a nosotros?", cuestionó Aguiar.

Asimismo, indicó que este Gobierno "destruye lo público para hacer caja con lo privado" y remarcó que el cierre de IOSFA debería desembarcar también "en el cierre del Ministerio de Defensa", porque para el Ejecutivo Nacional "la Defensa es un negocio".

Por último, el sindicalista planteó que la gestión de Milei llegó a esta situación con la obra social "para darle las prestaciones a dos gerenciadoras amigas": "Ese es el curro", aseveró.

"De los 2.450 trabajadores que tienen en total, 1.000 pasarían a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y el resto serían desvinculados: 450 pasan a disponibilidad y 1.000 contratos quedan eliminados. No podemos permitir que queden trabajadores en la calle y sin salud. En las próximas horas, todas las medidas de fuerza se van a profundizar", concluyó Aguiar.

El decreto publicado esta mañana establece que las nuevas estructuras permanecerán con el personal que consideren necesario, mientras que los empleados que no sean transferidos serán evaluados de acuerdo a su situación laboral.

Por otra parte, comunicaron que todas las tareas pendientes estarán bajo la órbita del Ministerio de Defensa y los efectivos de Gendarmería y Prefectura, que prestaban servicio en comisión dentro de IOSFA, deberán regresar a sus fuerzas de origen.

Finalmente, el Gobierno Nacional ordenó el cierre de más de 30 farmacias pertenecientes a la red y fijó un límite del 8% de los recursos para gastos administrativos con el objetivo de destinar más del 80% a la cobertura médica. (NA)

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Bolsonaro ingresó al país el martes 27 de octubre a las 22:50 por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, junto con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro.

Según el comunicado oficial y un documento de vuelo, luego la comitiva viajó a bordo del Gulfstream G400 de Baires Fly hacia la ciudad de Miami, con una previa escala en Guayaquil, Ecuador. Los cuatro lo hicieron con “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal” para ingresar a la Argentina.

Esta compañía es una de las que se encuentra bajo investigación en la causa ANDIS, por su presunto papel en un esquema de circulación de dinero proveniente de droguerías que fueron beneficiadas con contrataciones irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Según la causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py, se indagan transferencias millonarias que recibió la compañía y facturas emitidas por supuestos servicios aeronáuticos, que podrían haber sido usados para dar una apariencia legal a fondos de origen ilícito.

Uno de los principales focos de la investigación impulsada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo está puesto en Sergio Daniel Mastropietro, empresario vinculado a Baires Fly que se encuentra procesado en la causa.

De acuerdo con la hipótesis de la Justicia, habría estado a cargo de la “recaudación del dinero y de las maniobras dirigidas al blanqueo de los fondos ilícitamente obtenidos” por Miguel Ángel Calvete, quien habría sido intermediario entre la ANDIS y los laboratorios investigados.

Las pruebas recolectadas apuntan que el 10 de septiembre de 2025 Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias millonarias provenientes de droguerías favorecidas con adjudicaciones de la Agencia de Discapacidad. Luego, Baires Fly S.A. emitió facturas a las mismas droguerías por los mismos montos por el concepto de “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.

Sin embargo, la Fiscalía apunta a que esta maniobra pudo haber sido utilizada para canalizar fondos de las maniobras irregulares de ANDIS.

El Gobierno, en la mira por Bolsonaro

Luego de que se confirmó que el excandidato presidencial brasileño ingresó a la Argentina para escapar hacia Estados Unidos tras la prohibición judicial para salir de su país, se presentaron dos denuncias penales contra el Gobierno nacional.

Por un lado, la diputada Marcela Pagano hizo una presentación ante la Justicia Federal de Misiones por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilegal de personas en tránsito por la República Argentina, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.

En ese sentido, pidió que se investigue el ingreso de Bolsonaro y su familia, que se preserve la documentación y las filmaciones que pueda haber sobre su paso por la Argentina y se pidan informes a la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la ANAC y a la empresa Baires Fly. También solicita que se ordenen testimoniales a quienes estuvieron involucrados.

A esta se sumó una denuncia realizada por el dirigente de izquierda Gabriel Solano que apunta directamente contra el presidente Javier Milei y “todos aquellos funcionarios públicos que, en el marco de sus funciones y mediante un plan sistemático, resulten coautores, cómplices, instigadores o partícipes necesarios de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

“Los hechos que motivan la presente presentación se centran en un grave desvío de poder y en la utilización ilegal de la estructura del Estado para burlar la cooperación judicial internacional, poniendo en riesgo la seguridad nacional y las relaciones exteriores de la República”, apuntó en el escrito. (NA)

La maniobra se concretó mientras las autoridades brasileñas intentaban determinar su paradero y después de que la Justicia ordenara la cancelación de sus pasaportes nacionales. Sin embargo, Bolsonaro no encontró impedimentos migratorios para ingresar a la Argentina, donde permaneció menos de una hora antes de embarcar.

La Dirección Nacional de Migraciones confirmó que el dirigente brasileño cruzó el Puente Internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en el estado de Paraná, con Puerto Iguazú, en Misiones, a las 22.50 del martes 27 de octubre.

Bolsonaro estaba acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, y sus hijas Carolina y Luiza. Antes de atravesar la frontera, habría permanecido a unos 90 minutos del paso internacional, todavía en territorio brasileño, mientras se terminaban de coordinar los movimientos para su salida.

El horario del cruce fue determinante. Durante buena parte del martes circularon versiones que indicaban que el senador ya había llegado a Estados Unidos. Sin embargo, todavía se encontraba en Brasil y recién ingresó a territorio argentino durante la noche.

Por qué Bolsonaro pudo ingresar a la Argentina pese a tener sus pasaportes brasileños cancelados

Uno de los puntos centrales del operativo fue la documentación utilizada por Bolsonaro para atravesar la frontera.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil, a través del juez Alexandre de Moraes, había ordenado la entrega de sus pasaportes y le había prohibido abandonar el país. Ante el incumplimiento de la medida, la Policía Federal brasileña avanzó con la cancelación de los documentos emitidos por ese Estado.

Sin embargo, la cancelación de un pasaporte brasileño no implica necesariamente la imposibilidad de ingresar a la Argentina. Los ciudadanos de los países del Mercosur pueden trasladarse entre los Estados que integran el acuerdo con sus documentos nacionales de identidad, sin necesidad de presentar un pasaporte. En el caso de los brasileños, se admite el RG o la Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Además, Bolsonaro cuenta con ciudadanía italiana desde 2023 y dispone de un pasaporte de ese país. Brasil no tiene facultades para anular unilateralmente un documento emitido por las autoridades italianas.

Bolsonaro habría utilizado precisamente su DNI oriundo de Brasil para entrar al país y luego su pasaporte italiano para abandonar la Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones, por su parte, confirmó que la familia presentó documentación válida, aunque en su comunicado oficial no identificó los documentos utilizados por cada integrante.

Otro factor fue la situación del senador ante los controles internacionales: Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a actuar sobre esa base.

Esto permitió que su ingreso se procesara sin incidentes. Migraciones aseguró que los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación habilitada y que no tenían impedimentos legales registrados para entrar al país.

De esta manera, la prohibición judicial brasileña de abandonar el territorio nacional no se tradujo en un bloqueo migratorio efectivo al momento de su ingreso a la Argentina.

La salida del senador también abrió interrogantes sobre los controles realizados del lado brasileño de la frontera. En el gobierno sostienen que no estaba previsto detenerlo antes de su salida o que, en todo caso, se habría desistido de esa posibilidad para evitar que el dirigente se presentara como víctima de una persecución política.

El traslado al aeropuerto de Puerto Iguazú y el vuelo privado

Una vez completado el trámite migratorio, la familia Bolsonaro se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú. El traslado se realizó en vehículos con patente brasileña y contó con una escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Los movimientos llamaron la atención por el despliegue de seguridad y porque se produjeron durante la noche, cuando la actividad habitual del aeropuerto es reducida.

A las 23.30, apenas 40 minutos después de cruzar la frontera, Bolsonaro y sus familiares abordaron un avión privado Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, operado por Baires Fly S.A.

El manifiesto de pasajeros confirma que en la aeronave viajaban cuatro personas: Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa Fernanda y sus hijas Carolina y Luiza. El documento también identifica a la empresa operadora, la matrícula del avión y el recorrido declarado entre Puerto Iguazú y Guayaquil, en Ecuador.

La documentación tiene además un sello de verificación del 28 de octubre, correspondiente a los controles realizados sobre el vuelo.

La aeronave despegó alrededor de las 0.22 del miércoles. Su primera escala fue Guayaquil, desde donde continuó hacia Estados Unidos. Bolsonaro finalmente aterrizó en Miami cerca de las 10.40 de este miércoles, acompañado por su familia. (con información de TN)

La revisión forma parte del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril de 2025, por un total de US$20.000 millones. El programa establece compromisos vinculados con el equilibrio de las cuentas públicas, la acumulación de reservas internacionales y el cumplimiento de determinadas metas económicas.

La información fue confirmada por el organismo. “Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, indicó a través de un comunicado.

“Sobre la base de estos avances, se alcanzaron acuerdos en torno a un conjunto equilibrado de políticas que tiene por objeto reforzar aún más la estabilidad y la resiliencia sin dejar de fomentar la inversión, la creación de empleo y el crecimiento”, sostuvo el escrito.

El comunicado menciona “resultados impresionantes”, pese a una coyuntura mundial más compleja. “Las prudentes políticas fiscales y monetarias adoptadas han ayudado a que continúe el proceso de desinflación y han fortalecido considerablemente la posición externa y los colchones de Argentina”, insistió.

En este sentido, el Fondo mencionó que las reservas internacionales superaron el objetivo acordado en US$4000 millones, ya que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones. “La Tesorería ha captado más de US$5000 millones en divisas en los mercados locales, y el BCRA ha refinanciado US$6000 millones de sus operaciones repo, de los cuales US$5000 millones vencen en 2028″, enfatizó el FMI.

Además, mencionó que se movilizaron US$3200 millones en financiamiento bancario internacional con garantías y el Gobierno busca obtener US$1000 millones antes de fin de año.

“Mientras tanto, las amplias reformas estructurales en los ámbitos del comercio, el trabajo, la inversión y los mercados de capitales están propiciando una economía más eficiente y orientada al mercado, y el volumen de las exportaciones está alcanzando nuevos máximos. Las inversiones aprobadas en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya superan los US$76.000 millones, y se prevé que su ejecución fortalezca el crecimiento y la creación de empleo con el tiempo”, sumó el organismo.

En otro pasaje del documento, el FMI señaló que se espera un superávit primario de 1,4% en 2026 y un objetivo fiscal similar para 2027. También expresó que el Banco Central seguirá privilegiando “el proceso de desinflación y la acumulación de reservas, y preservando a la vez la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias”. “Se seguirá trabajando para reforzar las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y facilitar la continuidad del proceso de remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito”, añadió.

Por otra parte, el Fondo indicó que se seguirá fortaleciendo la acumulación de reservas y que la estrategia de financiamiento será “procedente de los mercados internos de capital, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones”. “Las autoridades acordaron mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario. Se seguirán realizando esfuerzos para extender aún más los plazos de vencimiento”, continuó el comunicado.

Si bien la aprobación de la instancia técnica allana el camino para enviar el desembolso, todavía resta que el directorio del FMI evalúe la revisión y dé su visto bueno. Se espera que eso suceda a principios de diciembre.

El desembolso previsto equivale a cerca de US$870 millones y se suma a los recursos contemplados en el cronograma financiero del acuerdo. Su acreditación depende de completar las instancias institucionales correspondientes del organismo multilateral. (TN)