“A partir de esta noche, YPF aumenta 1% los combustibles y extenderá el buffer hasta 45 días más", comunicó.

Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que había sido dictado a principios de abril.

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.

Además, explicó que el aumento del 1% fue tras un "análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda".

La decisión interna de YPF procura sostener firme el consumo de combustibles, en un mercado donde el negocio es vender grandes volúmenes. Según explicó la semana pasada Marín ante inversores, el congelamiento de los precios se determinó luego de observar que en la segunda mitad de marzo la demanda había caído 10% frente a las primeras dos semanas.

Además, le sirve al Gobierno para continuar intentando una baja en la inflación, que se había complicado con las subas de 23% en los combustibles que hubo durante marzo y que tuvieron efecto estadístico hasta abril inclusive -el dato oficial se conocerá este jueves-.

Con el congelamiento de precios de la nafta y el gasoil, que excluye a las actualizaciones oficiales de los impuestos y los biocombustibles, las refinadoras (YPF, Axion -de PAE-, Raízen -que opera la marca Shell- y Trafigura -que tiene la red de Puma Energy-) vienen perdiendo el equivalente en pesos a entre 100 y 150 millones de dólares por mes, dada la diferencia entre el valor internacional del petróleo y el de entrega en el mercado interno, que es de 95 dólares por barril.

Las refinadoras procesan unos 530.000 barriles por día y lo venden por debajo de su paridad. YPF estimó que en abril el precio doméstico de los combustibles neto de impuestos fue de 90,5 centavos de dólar por litro en promedio, frente a una paridad de importación de US$ 1,07 en promedio. Así, la nafta y el gasoil tendrían un atraso de 15%, números que comparten otras empresas del sector.

De esta forma, el mercado de los combustibles está funcionando ahora con una transferencia de recursos de las empresas a los consumidores, cuyo costo asumen mayoritariamente las refinadoras y, en menor medida, las productoras -Vista Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Pampa Energía, Phoenix Global Resources y Tecpetrol-.

Esa transferencia de recursos es un "financiamiento" temporal, que se devolverá en los próximos meses: así como ahora que sube el petróleo no aumentan la nafta y el gasoil, cuando retroceda el petróleo, tampoco bajarán por un largo tiempo.

La apuesta de las petroleras es que se termine a la brevedad la guerra en Medio Oriente, con un acuerdo duradero entre Irán, Estados Unidos e Israel que descomprima al precio del crudo y lo lleve por debajo de los US$ 90 sostenidamente. (con información de Clarín)

La Secretaría de Energía financiará durante el invierno las compras de GNL -cuyo costo promedia cinco veces más que el gas local- que las distribuidoras le harán a Enarsa.

El esquema apunta a que amortiguar las tarifas de gas de los usuarios prioritarios (hogares, hospitales y escuelas) durante el invierno, cuando la demanda es muy alta, y su efecto en la inflación. Va en línea, además, con la decisión de bonificar el 75% del precio del gas durante mayo para quienes tienen asistencia estatal en el marco de los subsidios focalizados.

Así Energía financiará la compra de GNL que las distribuidoras hagan entre este mes y octubre. Representa entre 150 y 200 millones de dólares, según calculó la consultora Inviú.

La idea oficial es que gran parte del GNL importado lo compren las industrias y grandes usuarios (entre ellos las generadoras de electricidad) a precio internacional para evitar restricciones. Pero, si hay que cubrir los picos de demanda prioritaria, parte de los cargamentos se utilizarán para ese fin. En el sector energético dijeron a TN que “en noviembre se verá la diferencia (acumulada) y cómo se traslada al usuario final”.

El mecanismo que se utilizará es el de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s), por el cual cada dos meses las distribuidoras trasladarán a los usuarios las variaciones en los costos. En mayo, ese factor incidió en que las tarifas de gas subieran 5,6%.

El costo del gas por barco quintuplica el de producción nacional

Por la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo y del gas se ubican en máximos de los últimos cuatro años. Por eso, el Gobierno desistió de privatizar la importación y comercialización del gas por barco que llega a Escobar para reforzar el sistema en los picos de consumo.

Así, Enarsa lanzó licitaciones para comprar una docena de buques de GNL para este mes y junio. Se estima que este año se requerirán entre 20 y 23 cargas. El primer barco llegó este lunes a Escobar, donde se regasifica e inyecta al sistema, mientras el segundo se espera para el 20 de mayo.

En ese marco, el Gobierno decidió evitar un salto brusco en las boletas de gas justo antes del pico de demanda invernal. Es que el valor del GNL importado se ubica en torno a US$20 por millón de BTU, contra US$3,80 para el gas local que reconoce el Precio Anual Único (PAU) establecido por Energía.

Cuánto gas se consume en la Argentina en invierno

En los últimos años, el consumo de hogares y otros sectores prioritarios promedió los 60 millones de metros cúbicos diarios desde mayo. Y los picos que pueden superar los 120/150 mm3 en los días más fríos del invierno.

Eso fue lo que sucedió en 2024, cuando hubo cortes a mediados de mayo y en julio, en medio de la escasez del producto -tanto nacional como importado-. En ese momento, se activó un comité de crisis para evitar cortes a hogares.

Para este año, el Gobierno confía en que los privados actuarán para satisfacer la demanda, dadas las medidas que se fueron aplicando y aun cuando todavía el país tiene que importar GNL para cubrir los picos de consumo invernales.

En ese contexto, el monitoreo se focaliza en que no falte gas en momentos en que con la llegada del frío se registró un salto en la demanda prioritaria que pasó de un promedio de 40/45mm3 diarios a casi 60 en apenas días.

Algunas distribuidoras habían cortado a fines de abril el servicio de manera temporal a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles.

Fuentes del sector consultadas por TN remarcaron que esas restricciones no tuvieron que ver con faltantes en la oferta de gas. Sino que se dieron más porque las previsiones de consumo se quedaron cortas: hubo un salto en la demanda prioritaria muy por encima de lo que tenían contratado las distribuidoras, lo que obligó a ajustes puntuales, aclararon. (con información de TN)

Conforme al escrito, García Furfaro es considerado "prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos  personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor".

"Estas victimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025", remarcaron los allegados a la investigación.

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoría García y Wilson Daniel Pons.

"La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales, 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las históricas clínicas analizadas", se explicó.

Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.

Hasta ahora se registraron muertes en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal, pero el temor en otras provincias no cesa.

Las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense confirman por el momento que, de los casos analizados, la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”. (con información de NA)

Entre otras solicitudes, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y otras medidas para conocer detalles sobre viajes y bienes.

A partir de la denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal abrió una investigación al hermano del jefe de ministros por presunto enriquecimiento ilícito. Busca investigar las declaraciones juradas de Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, sobre unas diferencias entre 2023 y 2024. Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses y que pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una de $80, ahí puso el foco la Justicia.

Estos son los aspectos que se están investigando pero, además, el fiscal pidió toda una batería de medidas de prueba.

Si bien se trata de una investigación distinta a la que pesa sobre Manuel Adorni, la Justicia también podrá pedir información sobre bienes heredados compartidos con el jefe de Gabinete.

De esta manera, son varios los integrantes de la familia del jefe de ministros investigados: el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Cómo sigue la investigación sobre Manuel Adorni

Esta mañana, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Tabar, que aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

En sus últimas apariciones públicas, Manuel Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades. El presidente Javier Milei también lo defendió y rechazó cualquier posibilidad de alejarlo de su cargo. (con información de TN)

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas. 

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada. (NA)

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$ 15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$ 120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

Rodríguez detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos abonados en efectivo y en dólares. El primero fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional. Ese contrato contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$ 5.600, más otros US$ 1.000 entregados como depósito al momento de la firma.

Según el testimonio, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1 de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$ 13.000. De acuerdo a lo declarado, entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$ 3.000 y en febrero otros US$ 2.000.

El propietario sostuvo además que luego hubo un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato firmado. Ese entendimiento habría cubierto el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025. Siempre según su declaración, Adorni pagó US$ 2.400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía en el lote del country Indio Cuá.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. El empresario aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$ 245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

Según explicó Tabar en Comodoro Py, los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en distintos sectores de la propiedad: cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros espacios. También detalló que recibió los pagos en dos tramos: US$ 55.000 durante 2024 y otros US$ 190.000 en 2025.

El contratista aportó además su teléfono celular y datos de las personas que participaron de la obra, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas. En su declaración, también había mencionado que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del country por US$ 13.000, dato que ahora quedó reforzado con el testimonio del propietario del inmueble.

La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y el pago de las remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

En ese expediente ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Sin embargo, según consta en documentación oficial presentada en la causa, la propiedad todavía figura en registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades. (con información de TN)

La suba en el indicador que elabora JP Morgan se debe a un retroceso en el precio de los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior. La baja en el precio genera un aumento de la tasa de retorno de esos títulos, que se refleja en el riesgo país.

El alza empezó este martes, cuando el índice sumó 15 puntos y llegó a 511 unidades. Pese a ello, muestra una tendencia positiva en los últimos dos meses. Desde los picos recientes de 637 puntos en marzo, cuando los inversores todavía digerían el impacto de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país recortó más de 130 unidades. En lo que va de mayo, en tanto, la baja acumulada es de 61 puntos.

El último impulso positivo al precio de los bonos argentinos vino luego de la mejora de la calificación crediticia por parte de Fitch, un cambio que se anunció a principios de la semana pasada. Desde el lunes pasado, el riesgo país cedió 53 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street también mostraban una tendencia negativa. Los peores desempeños se observaban en los papeles de Globant (-7,2%); Mercado Libre (-3,6%) y Cresud (-2,6%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y operaba a $1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Los financieros, en tanto, registraban leves subas de hasta 0,2%. El dólar MEP se negociaba a $1422,09 y el contado con liquidación a $1483,83.

La mirada de los inversores, en China

La baja de los bonos argentinos de este martes, con el consecuente rebote del riesgo país, se dio en un mal clima para el mercado internacional por las persistentes dificultades para destrabar el conflicto en Medio Oriente y la publicación del índice de inflación de Estados Unidos.

El indicador mostró una aceleración interanual que estuvo por encima de las expectativas y mostró que el componente núcleo que también supero a lo esperado. Esto último podría ser un señal de que empieza a haber efectos de segunda ronda del aumento de los combustibles.

El barril de petróleo operaba se acercaba a los US$110 en la previa al encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Desde este miércoles, en tanto, los inversores seguirán atentamente la cumbre entre el mandatario estadounidense y su par chino.

“Antes de iniciar su viaje a China para la cumbre con Xi, Trump dijo que EE.UU . no necesitaba la ayuda del gigante asiático para terminar la guerra con Irán, apagando las expectativas que podían haberse generado por ese lado”, señaló el reporte matutino de Outlier. (TN)

Alejandro Álvarez sostuvo hoy que “vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Y agregó que la movilización “fue organizada por los partidos opositores”.

Las movilizaciones tuvieron lugar en distintas ciudades, incluida Bahía Blanca, con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad del Sur y de la UTN, además del acompañamiento del intendente Federico Susbielles y parte de su gabinete.

Álvarez habló esta mañana con radio Mitre y señaló: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar cuál es el origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente en la calle”, dijo Álvarez.

También se refirió a los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

La ley de Financiamiento para aumentar los recursos que reciben las universidades fue aprobada en el Congreso en 2025 pero el Ejecutivo la dejó sin efecto. Más tarde ambas cámaras legislativas ratificaron la sanción de la ley buscando obligar al gobierno de Milei a cumplirla, sin embargo, no lo hace bajo el argumento de que viola las normas presupuestarias.  Actualmente el tema se encuentra en la Justicia.

Álvarez estuvo en Bahía Blanca a fines del año pasado y participó de distintas actividades con militantes y dirigentes locales de La Libertad Avanza. Entre ellos, el concejal Felipe Ferrández, tal como se ve en la foto que acompaña este artículo.

El monto total de la reducción asciende a $ 223.822 millones, tal como lo indica la Disposición 20/2026, que procesó y que detalló en un informe especial la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los sectores afectados por esta decisión administrativa incluyen la provisión de energía eléctrica y gas, el sistema de transporte público de pasajeros y una serie de programas diseñados para el fomento de las economías regionales y la industria láctea. Asimismo, el recorte presupuestario alcanza a los créditos que estaban destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de empresas tecnológicas y de medios de comunicación dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Según se desprende de la norma, la mayor incidencia del ajuste se concentra en el área de energía, la cual percibe una reducción de financiamiento estatal que asciende a los $ 136.231 millones de pesos.

Dentro del apartado energético, el informe precisa que "se reducen $ 110.000 millones de las reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos".

A este monto se le adicionan $ 13.410 millones que correspondían al Plan Gas IV. Además, se registra una baja de $ 11.392 millones destinados al Fondo Fiduciario FFGAS para la compensación tarifaria zona fría, recurso utilizado para el costo del gas en regiones de baja temperatura.

El ajuste en esta área también contempla $ 1.366 millones de compensaciones a productoras de gas bajo la Resolución de la Secretaría de Energía 24/2025 y $ 63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales, ejecutado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).

En lo que respecta al transporte público, la reducción de fondos es de $ 30.000 millones.

El documento oficial indica que en este sector "se disminuyen en $ 30.000 millones los créditos de las reservas del Tesoro para atender subsidios al transporte".

Esta baja afecta la disponibilidad de financiamiento directo desde el Tesoro Nacional para el sostenimiento de los servicios de movilidad en el territorio federal.

Un tercer bloque de recortes, agrupado bajo el concepto de otros subsidios, suma una quita de $ 57.591 millones.

En este segmento, "se recortan $ 50.000 millones las reservas del Tesoro para atender subsidios a empresas públicas". Adicionalmente, se dispuso una reducción de $ 2.980 millones destinados a atender gastos corrientes de ARSAT, la empresa nacional de soluciones satelitales.

Los medios de comunicación estatales también registran una merma de $ 1.618 millones para asistencia financiera a empresas públicas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, mencionando específicamente a RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.

Finalmente, la medida gubernamental alcanza a sectores productivos regionales y a la gestión de recursos hídricos compartidos.

Se eliminan $ 1.705 millones destinados para el Impulso al Desarrollo de Economías Regionales" y $ 1.000 millones para la formulación de políticas y programas para el sector lácteo".

Por último, la disposición reduce en $ 289 millones de pesos los fondos que tenían como beneficiario a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para tareas vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos. (N/A)

En el informe se indicó que la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En tanto, en relación con el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Además, se informó que las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.

Por su lado, el Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados. (N/A)

La información fue revelada este martes por el periodista Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista "estaría evaluando la propuesta" realizada desde el oficialismo.

Según trascendió, el acercamiento se habría producido teniendo en cuenta la fuerte exposición pública que Florez tuvo durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

El vínculo de Fátima Florez con Javier Milei

La imitadora mantuvo una relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Ese vínculo le otorgó una fuerte presencia mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.

Convocada a la Libertad Avanza #LAM pic.twitter.com/fRsLrwIcDQ

— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 12, 2026

Sorpresa en el mundo del espectáculo y la política

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en cargos públicos o campañas electorales.

De concretarse, Florez pasaría de los escenarios y la televisión al terreno político, respaldada por la visibilidad pública que acumuló en los últimos años y por su cercanía con el presidente. (NA)

El dato fue revelado en el último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El análisis del OPSA compara la investigación del funcionario de Javier Milei por enriquecimiento ilícito con la foto en Olivos de Alberto Fernández durante la cuarentena por la pandemia de Covid 19.

Ambos hechos comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes, según el informe.

El 70,3% de las personas encuestadas consideró a Adorni "totalmente culpable" y el 65,8% afirmó no creerle "nada" cuando se defiende públicamente de las acusaciones.

El 66,5% consideró que existen hechos de corrupción "reales y graves" y, por sobre todas las cosas, el 97,3% afirmó haber escuchado o leído sobre el caso. De esta forma, se evidencia un alcance masivo del tema.

Además, el 71,8% aseguró que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva y el 81,2% sostuvo que penas más severas y efectivas ayudarían a reducir hechos de corrupción.

El 79,9% considera que el caso afectó "mucho" o "algo" el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder, es decir, la lucha contra "la casta".

Del mismo modo, el 62,5% sostiene que el caso empeoró la imagen del Gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica políticamente a la administración nacional.

El informe concluyó que el escándalo del exvocero logró perforar la agenda mediática para convertirse en un tema de conversación pública con potencial de generar un daño sostenido en la confianza hacia el Ejecutivo.

La encuesta alcanzó a 4.711 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (C5N)

Esa cifra equivale a unos 600 millones de dólares, el monto que la magistrada estima se retiró por ventanilla perdiéndose la trazabilidad; es decir, el destinatario final.

Otros de los embargados son la madre del dueño de Sur Finanzas, Maxi Vallejo y Carlos Adrián Migueles, el exnovio de Wanda Nara.

Se trata de una segunda causa en que se investiga el “rulo financiero” con el cepo de los K. La primera es la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi donde se apunta a un exfuncionario de la secretaria de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambios de SIRA.

En una resolución, la juez sostuvo que en un informe de la DAJUDECO en “el período de tiempo comprendido entre el 01 de enero y el 01 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007.”

En el caso de las maniobras con dólares “el 96% lo percibieron Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL, Intercash SAS, mientras que el 99% fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA, Gestiones San Miguel SA".

De esos montos "se extrajeron en efectivo US$ 607.432.023, conforme el siguiente detalle (el 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones)”, citó la jueza. Arg Exchange y Gis Cambio son de Piccirillo y su socio Martín Migueles.

En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) “se relevaron notas de diferentes agencias de cambio, principalmente de Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación surgiera con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos”.

Se descubrieron también “operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de $163.587.227.936, y ventas por $12.839.114.997, lo que llevó a que, entre otras irregularidades, 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central de la República Argentina”.

Los investigados realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.

Mecanismo

Como primer paso “se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio a que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse "minoristas" recibieron fondos de CUIT's de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, dijo Servini.

“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos en el sistema financiero, a modo de segundo paso, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero "legal" que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC” del BCRA, subrayó la jueza.

Así, finalmente, el mecanismo desplegado “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$ 607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente - que en este período llegó a superar el 100% - en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.

De tal forma, “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional”. Al final del gobierno de Alberto Fernández el BCRA terminó con reservas negativas. (con información de Clarín)

La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

La estrategia empezó a aparecer con más claridad en las últimas semanas, cuando dirigentes del núcleo más cercano a Cristina y Máximo Kirchner endurecieron el discurso interno y dejaron expuesta una discusión que atraviesa al peronismo. El debate que buscan instalar es bajo qué condiciones políticas debería reconstruirse el peronismo.

La convocatoria de este sábado incluirá una clase magistral en el Instituto Patria, una movilización desde allí hasta San José 1111, el estampado de camisetas con la frase “Cristina Libre”, la pintura de un mural y una radio abierta, todo en la esquina donde se encuentra la casa de la la presidenta del Partido Justicialista. “Frente a la proscripción, respondemos con política”, plantearon los organizadores del encuentro.

La estrategia del ala dura k para ordenar al PJ

En el ala dura kirchnerista vienen insistiendo con una idea que empezó a repetirse en distintas voces del espacio. El próximo candidato peronista no debería limitarse a enfrentar a Javier Milei ni construirse tomando distancia de Cristina Kirchner y también tendría que asumir como propia la pelea política alrededor de la condena judicial contra la expresidenta.

Oscar Parrilli fue uno de los primeros en decirlo sin matices. El presidente del Instituto Patria aseguró que el principal objetivo político del peronismo hacia 2027 debe ser revertir el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena.

Teresa García avanzó todavía más sobre esa idea. La senadora bonaerense y dirigente histórica del cristinismo sostuvo que el futuro gobierno peronista debería tener como prioridad la libertad de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner reforzó ese planteo durante un acto en Santa Fe. “Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna”, afirmó. Y agregó que, si no logran “romper la proscripción”, deberán buscar un dirigente que “exprese esos intereses”.

La definición tiene impacto interno porque deja entrever la preocupación que atraviesa a ese sector del peronismo, que busca evitar que emerja un candidato presidencial con autonomía política o que utilice electoralmente el capital del kirchnerismo sin asumir como propia su agenda.

Las diferencias con Kicillof y el debate sobre el liderazgo

En paralelo, Axel Kicillof intenta construir otro eje político para la oposición. En su entorno reconocen la centralidad que mantiene Cristina Kirchner y sostienen que existe una “proscripción”, pero rechazan que toda la estrategia opositora quede subordinada a esa discusión.

Cerca del gobernador bonaerense aseguran que el debate tiene que concentrarse en “los temas que le importan a la gente”, sobre todo la economía, el empleo y la caída del poder adquisitivo.

La diferencia es política, pero también de construcción de liderazgo. En el entorno del gobernador repiten que no quieren reeditar una experiencia similar a la de Alberto Fernández, un dirigente sostenido electoralmente por Cristina Kirchner, pero sin capacidad posterior de ordenar el poder.

Por eso, dentro del kirchnerismo duro empezaron a multiplicarse las críticas hacia quienes intentan despegarse discursivamente de la exmandataria. A veces aparecen de manera directa y otras quedan insinuadas en declaraciones públicas o mensajes en redes sociales.

Eduardo Valdés apuntó en esa dirección cuando cuestionó en El Destape a quienes “no quieren nombrar a Cristina por marketing”. El diputado nacional, muy cercano al Instituto Patria, pidió además un acuerdo político entre la expresidenta y el gobernador bonaerense y defendió las PASO como mecanismo para ordenar la disputa interna. “Los liderazgos no se inventan”, afirmó.

Convertir “Cristina libre” en una bandera permanente

La estrategia del cristinismo también apunta a conectar la situación judicial de la expresidenta con otros conflictos políticos y sociales. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, es una de las dirigentes que más avanza sobre esa idea.

“La libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno”, escribió en X durante la marcha universitaria de este martes. En ese mensaje vinculó el ajuste educativo y el desfinanciamiento de las universidades con la condena judicial contra la expresidenta.

El planteo deja expuesto el intento del ala dura K de utilizar la consigna “Cristina Libre” como marco político para discutir distintos temas de la agenda pública, desde el ajuste educativo hasta el modelo económico del gobierno libertario. (con información de TN)

También se tratarán los proyectos sobre el pago a los fondos buitre y sobre la regularización de la tenencia de armas de fuego.

La convocatoria a la sesión para el jueves a las 16 fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó en la tarde del martes, entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, y otros bloques provinciales.

Con el ingreso de los nuevos pliegos se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, que consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

Fondos buitre

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

Armas

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual: si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas. Desde el ente se busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo. (con información de NA)

La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.

Luego de analizar el material, el fiscal Pollicita entendió que en el episodio no se configuró ningún delito penal y le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá decidir sobre el caso, que lo archive.

“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional -dice el dictamen del fiscal-. Todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.

Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal, relativizando el episodio.

“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.

Luego del episodio, y en medio de una fuerte escalada de ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que despertó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.

La decisión fue presentada oficialmente como una medida preventiva por razones de seguridad, mientras se revisaba el sistema de acreditaciones. Se justificó a partir de la denuncia y en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.

El Gobierno reabrió la sala de prensa una semana después. (con información de La Nación)

Al encuentro, que se extendió entre las 16 y las 18.15 en el Salón de Escudos de la Casa Rosada, asistieron Karina Milei, el jefe de Gabinete, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

También participó la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que venía de protagonizar momentos de tensión con Adorni tras haberle pedido que presentara cuanto antes su declaración jurada para aclarar su situación judicial.

La exministra de Seguridad debió retirarse unos minutos antes del cierre de la reunión para llegar a otra reunión en el Congreso. El asesor Santiago Caputo, que suele estar en la mesa, no participó por “cuestiones de agenda”.

El encuentro sirvió para hacer un repaso de la agenda parlamentaria tanto en Diputados como en el Senado, y el jefe de Gabinete dio una exposición sobre un listado de 10 nuevas leyes que el Gobierno enviará al Congreso próximamente.

En la previa del encuentro político, el oficialismo se había propuesto acelerar la agenda parlamentaria para correr el eje de Adorni. Entre ellos, la Casa Rosada anticipó el envío inminente del proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

La lista de proyectos

Dentro de los proyectos ya presentados, La Libertad Avanza consiguió este martes el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que había quedado trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.

Tras ceder en un punto clave de la norma, el oficialismo planea llevar ese proyecto al recinto el próximo 20 de mayo junto a otras iniciativas, entre ellas la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.

Sin embargo, pese a los deseos del Gobierno, la agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni.

Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.

Negociaciones abiertas en el Senado

En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.

Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni. (Fuente: TN).

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron. 

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También habrá representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan "una situación límite", marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la "recomposición salarial para docentes y nodocentes" y la aplicación del "presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios". (NA)

Después de haber sido indagada tras un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el magistrado encontró penalmente responsable de no haber preservado la escena del crimen: fue la justicia federal la que determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo yacía en el baño del departamento de Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.

En su momento, cuando el fiscal Taiano la imputó, consideró que su accionar fue “deficiente sobre la escena del crimen” y le atribuyó un conjunto de comportamientos que derivaron en el procesamiento.

Se la responsabilizó por la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo e ignorar la existencia de otros elementos que podrían haber aportado pistas”.

"Luego de 10 años se me achaca a mi sola semejante delito. Me pregunto si eso es porque soy jubilada, retirada y no tengo cargo público ni político", había dicho Fein en su último descargo ante el juez Julián Ercolini y apuntó contra el fiscal al señalar que “el acusador me toma como chivo expiatorio”.

Viviana Fein fue responsable de la primera investigación por la muerte de Nisman -encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento- hasta que se jubiló y el expediente pasó a la justicia federal.

Mientras la justicia federal, el juez Ercolini y el fiscal Taiano, determinaron que la muerte del extitular de la UFI AMIA, se trató de un homicidio, se inició en paralelo, una causa para investigar si en la escena de la muerte de cometieron irregularidades por no preservar el lugar.

Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

El 1 de abril el fiscal Taiano solicitó formalmente al juez el procesamiento de Viviana Beatriz Fein. Entre los puntos centrales el representante del Ministerio Público se refirió al rol como “directora del procedimiento original” y que en ese marco “no preservó debidamente la escena del crimen ni recolectó todas las pruebas necesarias”.

Entre las faltas específicas que se le atribuyen figuran: la tardanza de una hora y media al lugar pese a haber sido notificada debidamente.  Hubo una “escena descontrolada”, ya que al llegar, “no habría tomado medidas para restringir la presencia de personas injustificadas (había unas 20 dentro del departamento y más de 30 en el complejo)”.

El comportamiento de Fein ponderado como un encubrimiento agravado, también contempló la “falta de vestimenta técnica” al entender que “ingresó a la escena y permitido el acceso de otros sin la vestimenta adecuada (cofias, guantes, etc.)”. Por ese motivo, se la responsabiliza por una “deficiente preservación” contexto en el que se le cuestiona “haber limitado la escena solo al interior del departamento, sin considerar el resto del complejo, y no haber advertido vías de acceso clave como el conducto de aires acondicionados”.

Después se habló de la “manipulación de evidencia” por lo cual el fiscal Taiano ya la había acusado de “haber permitido la manipulación del mobiliario y de elementos probatorios sin el resguardo correspondiente”.

Cuando formuló su descargo, la ex fiscal Viviana Fein rechazó todos los argumentos esgrimidos por Taiano. Entendió que en la acusación que pesa sobre ella había “falta de precisión” debido a que “no especificó qué prueba concreta se perdió o qué evidencia fue contaminada”.

También indicó que había muchas otras personas antes de que ella llegue al incluyendo familiares y fuerzas de seguridad y que la custodia del perímetro “correspondía a la Prefectura y a la policía como auxiliares de justicia”.

Después volcó en dos instancias de indagatoria, argumentos de carácter más técnicos:  Alegó que ella no es “especialista en criminalística y que confió en el personal especializado de la Policía Federal para las tareas” correspondientes.

Pese a todos estos planteos, la justicia federal consideró que existen "elementos de convicción suficientes" para procesar a Fein por considerar que su accionar afectó de forma directa el desarrollo y el resultado de la investigación sobre la muerte de Nisman”. (con información de Clarín)

Así se desprende de un análisis detallado efectuado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sobre la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026, que revela la profundidad de la reestructuración fiscal.

El informe señala que el ajuste no solo alcanzó a la obra pública y los subsidios, sino que golpeó con dureza programas de salud oncológica, infraestructura escolar y la seguridad en rutas nacionales.

En este marco, el Gobierno Nacional ha formalizado una reducción neta del gasto de $ 2.439.416 millones, lo que representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública.

Sin embargo, esta cifra global oculta recortes que, en programas específicos de infraestructura y desarrollo social, superan el 50% y llegan, en casos extremos, a la eliminación total de la partida.

Tesoro y subsidios a empresas

El mayor volumen del ajuste se procesó a través de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la disminución alcanzó los $ 1.470.533 millones.

Esta poda del 11,7% en el sector impactó directamente en la asistencia financiera que el Estado brinda a empresas públicas: se quitaron $ 200.000 millones a firmas de energía, $ 48.000 millones a las de educación y $ 22.374 millones a las de obras públicas. Adicionalmente, el rubro de otras asistencias financieras sufrió un recorte masivo de $ 1.198.420 millones.

Impacto en la inversión vial

Dentro del Ministerio de Economía, que tuvo una baja general de $ 521.939 millones, el caso de la Dirección Nacional de Vialidad es emblemático. El organismo perdió $ 97.104 millones de su presupuesto, pero el detalle interno muestra una parálisis casi total en áreas de seguridad. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales fue recortado en un 98,9%, dejando apenas una cifra simbólica frente a los $ 19.499 millones originales.

Peor es la situación del mantenimiento y reparación de obras de arte (puentes y estructuras), cuya partida de $ 14.639 millones fue eliminada al 100%.

Otras áreas afectadas en Economía incluyen el mantenimiento de rutas nacionales ($ 19.840 millones menos), las construcciones viales ($ 32.336 millones menos) y la rehabilitación de calzadas ($ 13.016 millones menos).

Salud y educación

El Ministerio de Salud registra una merma de $ 70.467 millones. El ajuste recayó en el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que perdió $ 25.000 millones, una caída del 44,7%. También se recortaron $ 20.000 millones en el acceso a medicamentos e insumos, y $ 5.000 millones en el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, lo que representa una quita del 32,8% para esta partida específica.

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de $ 78.711 millones. Los fondos para infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6% ($ 21.687 millones menos) y el Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $ 8.930 millones. El Plan Nacional de Alfabetización, un eje central de la gestión, también sufrió una baja de $ 35.288 millones.

Provincias y seguridad

La relación financiera con los gobernadores sufrió un golpe contundente. El Ministerio del Interior recortó su programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional en $ 320.711 millones, una caída del 55,5%. Además, se redujeron fondos para el deporte comunitario e infraestructura deportiva en 4.281 millones.

En defensa el ministerio perdió $ 48.904 millones. Las quitas más fuertes se dieron en el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea ($ 16.500 millones), el Ejército ($ 12.622 millones) y la Armada ($ 15.220 millones). En seguridad Interior, la Dirección Nacional de Migraciones perdió $ 6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal sufrió una baja de $ 2.814 millones.

Ciencia, Cultura y Justicia

El sector científico no fue ajeno a la tendencia. El CONICET sufrió un recorte de $ 3.281 millones y la CONAE de $ 4.410 millones. Especialmente crítico fue el recorte en la investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que perdió el 74,3% de sus fondos. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $ 11.809 millones, destacando un recorte del 27,7% en la formulación de políticas científicas.

Finalmente, el Poder Judicial registró una quita de $ 41.452 millones en la Justicia Federal y $ 26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $ 14.423 millones, afectando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo. (con información de NA)