El reporte detalló que la proyección de ventas externas para el actual calendario es de US$103.740 millones, lo que implica un incremento de US$16.600 millones respecto al 2025. De esta manera, superará con holgura el pico histórico previo de US$88.846 millones alcanzado en el 2022.

La expansión se reparte equitativamente entre los cuatro grandes rubros del comercio exterior, con el sector agropecuario, la energía y la minería operando como los motores principales de la tracción de divisas.

Los motores exportadores

El sector primario aportará aproximadamente un tercio del incremento exportador total, encabezado por el maíz, cuyas ventas externas se expandirán más de un 50% gracias a una cosecha récord proyectada de 44 millones de toneladas, lo que inyectará US$3.000 millones adicionales. Por su parte, el trigo aportará un avance cercano al 40%, impulsado tanto por un mayor volumen físico de envíos como por una mejora en las cotizaciones internacionales.

Las manufacturas de origen agropecuario explicarán el 25% del crecimiento comercial total, impulsadas por el aceite de soja, cuyas exportaciones se incrementarán un 34% hasta alcanzar los US$8.500 millones, un avance que se sostiene casi principalmente por el alza de los precios internacionales de este subproducto.

El bloque energético aportará otro cuarto del salto exportador. El petróleo crudo, impulsado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Medio Oriente, pasará de generar US$6.700 millones a más de US$9.000 millones. Este crecimiento combina un alza del 6% en los volúmenes despachados junto con precios internacionales casi un 30% más altos.

En el segmento de manufacturas industriales, el litio crece en la economía nacional. Sus ventas externas darán un salto del 154%, pasando de US$842 millones a unos US$2.100 millones a medida que maduran y entran en fase de producción los proyectos mineros en el país. El oro también registrará un aumento en su aporte exportador, aunque en este caso se deberá exclusivamente al encarecimiento del metal en los mercados mundiales.

Con este panorama de ventas récord, el año comercial cerrará con un superávit en la balanza de pagos superior a los US$20.000 millones. Se trata de un saldo a favor que prácticamente duplica los US$11.320 millones registrados en 2025 y que consolida una racha ininterrumpida de 32 meses consecutivos con saldos comerciales positivos.

Sin embargo, los analistas de LCG señalan como alicientes al escenario actual la caída de las importaciones y el impacto en el mercado laboral. Por el lado de las compras al exterior, proyectan una caída en torno al 3% anual, arrastradas por la debilidad persistente en los niveles de consumo interno, la actividad industrial y la inversión.
  
En referencia al trabajo, desde la consultora indican que el verdadero desafío de mediano plazo para el país consiste en lograr que este auge exportador logre traducirse en una mayor generación de empleo local destinado a abastecer la demanda global. (N/A)

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril pero en el mes pasado se quebró con esa tendencia al registrar un alza del 2,1%, lo que en el actual mes se revertiría, según los analistas privados.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes del año se ubique en 1,8%, previendo una continuidad de cifras menores al 2% para lo que resta del año.

En este sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo recientemente que “seguimos viendo una reducción de la inflación” y planteó: “Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”.

El dato de junio pasado fue de 1,9%, siendo el más bajo desde agosto del 2025, cuando también se ubicó en esa cifra. La expectativa del Gobierno y las estimaciones de las consultoras coinciden en un guarismo menor en el actual mes, que se asemeje a los valores más bajos de la era Milei, registrados entre mayo y junio del año pasado (1,5% y 1,6% respectivamente).

La Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de agosto en 1,4% durante la tercera semana del mes, en la que el relevamiento arrojó “sorprendentemente” una deflación del 0,4%, según precisó su director, Agustín Etchebarne.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 1,6% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “la desaceleración de la inflación en agosto responde principalmente al freno en los precios de los alimentos”.

En este sentido, el director asociado de la consultora, Sebastián Menescaldi, reveló en diálogo con Splendid 990 que “las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió” y remarcó que “estamos bajando la previsión”.

En la misma línea, las mediciones de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos coinciden en una inflación del 1,5% en el octavo mes del año. La consultora Analytica, en tanto, prevé que el IPC alcance el 1,7%. (NA)

El exjefe de Gabinete pidió la suspensión del requerimiento, con el argumento de que todavía existen elementos de la causa a los que no tuvo acceso.

La posibilidad de postergar la presentación apunta a ganar tiempo antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego del análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

En paralelo, a través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni pidió acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá. El pedido está limitado al contenido relacionado con las obras realizadas en ese inmueble y con la relación que mantenían Adorni y Tabar.

El juez Ariel Lijo todavía no respondió ese planteo que le permitiría a la defensa contar con más elementos antes de responder el requerimiento.

La defensa de Adorni solicitó que se suspenda el requerimiento de justificación patrimonial hasta contar con acceso a esos elementos.

En la fiscalía consideran que uno de los puntos centrales de la presentación será determinar si Adorni puede aportar documentación que permita respaldar el origen de los US$ 200.000 que, según afirmó, había invertido en bitcoin. La operatoria con criptoactivos constituye uno de los aspectos incluidos expresamente en el requerimiento fiscal.

El pedido de explicaciones fue elaborado después de que la DAFI analizara de manera conjunta y pormenorizada la información reunida en el expediente. Ese trabajo incluyó el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto públicas como reservadas, sus rectificaciones y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la investigación.

Según consta en el documento judicial, ese análisis permitió detectar “inconsistencias” en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. El informe no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance, pero sí identificó incrementos, compras y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontraban hasta ese momento una explicación suficiente.

La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para eso, la DAFI analizó la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, además de las entradas y salidas de dinero.

También se revisaron gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias entre cuentas y operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos. El objetivo fue evitar duplicaciones y determinar qué movimientos implicaban efectivamente ingresos o aplicaciones de dinero.

El requerimiento de Pollicita abarca una amplia variedad de operaciones. Entre ellas, la fiscalía pidió que Adorni explique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá justificar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep y para comprar el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad.

Uno de los puntos específicos está relacionado con los US$ 245.000 abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar recibos y documentación respaldatoria. También deberá explicar los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.

El requerimiento incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, los fondos utilizados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, y la utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.

La fiscalía también pidió detalles de la operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que Adorni afirma haber iniciado su inversión en bitcoin.

Otro bloque de preguntas apunta a conciliar los gastos y movimientos financieros registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. También deberá explicar una serie de comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos, cuyo pago no pudo ser conciliado con los movimientos financieros analizados.

El requerimiento alcanza además eventuales cancelaciones de deudas bancarias, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias, consumos realizados por personas del entorno como usuarios adicionales de tarjetas, una facturación de más de cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti y acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni.

Finalmente, la fiscalía pidió precisiones sobre el criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas en Miró 550 y en el lote de Indio Cua, así como sobre el origen de los fondos destinados a esas obras. (Fuente: TN).

La definición marca una diferencia con el planteo de algunos mandatarios provinciales, que reclaman garantías jurídicas para evitar que el beneficio pueda ser discontinuado. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, sostuvo públicamente que el esquema debía tener continuidad en el tiempo y había dejado abierta la posibilidad de consolidarlo mediante una ley. En Nación, sin embargo, descartan por ahora ese camino.

El acuerdo alcanzado esta semana contempla ampliar el consumo eléctrico subsidiado durante los meses de mayores temperaturas. En las zonas consideradas muy cálidas, el bloque alcanzado por la ayuda pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que en las zonas cálidas subiría de 150 a 300 kWh. La aplicación está prevista entre noviembre y abril.

La negociación fue encabezada por Luis Caputo y Diego Santilli junto con Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdés, además de representantes técnicos de las diez provincias del Norte Grande. El comunicado oficial evitó vincular expresamente el entendimiento con el tratamiento de Zonas Frías, aunque ambas discusiones avanzaron en paralelo.

En la Casa Rosada consideran que el acuerdo mejora el escenario para aprobar la reforma de Zonas Frías en la Cámara Alta. En Balcarce 50 confían en volver a contar con los respaldos de los espacios vinculados con los gobernadores del Norte que acompañaron la iniciativa cuando se trató en Diputados y sostienen que el entendimiento energético permite atender uno de sus principales reclamos.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y busca volver a concentrar el beneficio automático por Zona Fría en las regiones históricamente alcanzadas: la Patagonia, Malargüe y la Puna. La reforma elimina ese descuento general para buena parte de las zonas incorporadas con la ampliación de 2021, entre ellas sectores de Buenos Aires -entre ellos el Sudoeste, donde en los últimos días las mínimas se ubicaron por debajo de 0ºC-, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y focaliza la asistencia en los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.

La modificación tiene además un impacto fiscal relevante para el Ejecutivo. Los cálculos difundidos durante el debate legislativo estimaron un ahorro de alrededor de $272.000 millones anuales por el recorte de Zonas Frías, aunque el nuevo beneficio eléctrico para las regiones cálidas implicará a su vez un gasto adicional. Las estimaciones oficiales conocidas durante la negociación en Diputados ubicaron ese costo entre US$71 millones y US$95 millones por año.

El Gobierno todavía no fija una fecha para llevar Zonas Frías al recinto del Senado. En Balcarce 50 aseguran que la conducción del trámite quedó en manos de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que deberá definir cuándo existen las condiciones políticas para avanzar con el proyecto.

La decisión responde también a que el mapa de respaldos en la Cámara Alta es más complejo que el que enfrentó el oficialismo en Diputados. Provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén tienen sectores actualmente beneficiados por el régimen y mantienen reparos sobre el recorte. El Gobierno necesita evitar que los votos que pueda sumar en el Norte sean compensados por pérdidas entre aliados de las zonas alcanzadas por la quita.

Bullrich viene administrando por ese motivo los tiempos de distintos proyectos que la Casa Rosada quiere sancionar antes de fin de año. La próxima sesión que prepara el oficialismo estará enfocada principalmente en pliegos judiciales y acuerdos internacionales, mientras otras iniciativas, como Hojarasca, fueron postergadas ante la falta de respaldos suficientes.

El manejo de la agenda del Senado se da además en medio de fuertes diferencias entre Bullrich y otros integrantes de la mesa política. La senadora mantiene tensiones con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem por la estrategia parlamentaria, los tiempos de las negociaciones con los aliados y las modificaciones que el oficialismo termina aceptando para evitar derrotas en el recinto.

Esa superposición aparece con claridad en Zonas Frías. La negociación con los mandatarios provinciales se desarrolla desde la Jefatura de Gabinete, Economía y la conducción política de la Casa Rosada, pero la ejecución parlamentaria depende de Bullrich. Por eso, en Nación evitan comprometer una fecha mientras no esté cerrado el número definitivo para el recinto. (con información de TN)

La inversión de 16.200 millones de pesos permitirá, a través del programa  Provincia Leasing y de la línea Municipios 2026, que las comunas accedan a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

Mediante este programa ya se asistió a 104 municipios desde el año 2020.

En esta ocasión firmaron los intendentes Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Martín Randazzo, de General La Madrid, y Estefanía Bordoni, de Tornquist.

Por su parte, Kicillof afirmó que "el leasing del Banco Provincia es una herramienta fundamental para que los municipios puedan adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para brindar más salud y seguridad”.

“En momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, nuestro desafío es dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local -subrayó-. Mientras los bancos privados atraviesan tiempos de achicamiento, nuestra banca pública se consolida y multiplica su presencia en el territorio bonaerense”.

Asimismo, remarcó que “la crisis económica que generó el Gobierno nacional impacta de lleno tanto en las familias y las empresas, como en las cuentas del Estado provincial y los municipios: frente a ello, seguimos haciendo todos nuestros esfuerzos para acompañar a los distritos, las pymes y los pequeños y medianos productores de la provincia”.

Por su parte, Cuattromo sostuvo que “desde el Banco Provincia tenemos una decisión muy clara: trabajar en conjunto con los municipios y estar a disposición para acompañar sus necesidades”.

De la firma también participaron los intendentes de Almirante Brown, Balcarce, Bragado, Brandsen, General Alvear, General Villegas, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, San Cayetano, San Isidro, Suipacha, Cañuelas, Capitán Sarmiento y Carlos Tejedor. (Agencia La Plata)

Comprende los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la Red Federal de Concesiones, hasta ahora en manos de Corredores Viales.

De esta manera, el Gobierno concretó el pase a privados de los últimos 3.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Ninguna de ellas pasa por el Sudoeste Bonaerense.

La adjudicación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, además de la prestación de servicios a los usuarios y la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos.

El esquema funcionará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y se enmarca en el proceso iniciado después de que la Ley 27.742 declarara a Corredores Viales sujeta a privatización.

La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó el viernes que las obras en esos corredores iniciarán a fines de septiembre.

Qué empresas se quedaron con los ocho corredores

El Ministerio de Economía adjudicó cada corredor a la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de mérito.

El detalle quedó conformado de la siguiente manera:

• Tramo Centro: AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1399 sin IVA.
   
• Tramo Centro Norte: José Cartellone Construcciones Civiles S.A., por $2175 sin IVA.
   
• Tramo Mesopotámico: IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., por $3564,99 sin IVA.
   
• Tramo Noroeste: Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., con $2285 sin IVA.
   
• Tramo Litoral: JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., por $2876,04 sin IVA.
   
• Tramo Noreste: Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A., por $2950 sin IVA.
   
• Tramo Chaco-Santa Fe: José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una oferta de $3520 sin IVA.
   
• Tramo Cuyo: Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., por $3090,2462 sin IVA.
   

En todos los casos, las concesiones fueron otorgadas por un plazo de 20 años.

Los montos consignados en la resolución corresponden a las tarifas ofertadas durante el proceso licitatorio y no implican necesariamente que esos sean los valores que comenzarán a pagar los automovilistas en las estaciones de peaje.

La Comisión Evaluadora determinó que las propuestas ganadoras cumplían con las condiciones previstas en los pliegos y resultaban económicamente las más convenientes para el interés público.

Las ofertas que quedaron afuera

Durante la licitación también hubo propuestas que fueron declaradas inadmisibles o directamente desestimadas.

La resolución declaró inadmisibles las ofertas de Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste.

Además, fueron rechazadas distintas propuestas presentadas por INMAC S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A.; CPC S.A.; JCR S.A. y Néstor Guerechet S.A.; Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L.; y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., según los corredores para los que habían competido.

Por otra parte, el Ministerio de Economía dejó asentado que, una vez publicado el dictamen y cumplido el plazo correspondiente, no se presentaron impugnaciones contra la evaluación realizada. (con información de TN)

La postal de este comienzo de semana fue la cuarta en el esquema que encontró la Nación para fortalecer el lazo con las provincias que le pueden aportar votos en el Congreso sin necesidad de grandes erogaciones económicas: ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, lo rechazó.

Según el convenio firmado este lunes, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.

En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se hará tramo por tramo, mediante convenios específicos. Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

El convenio también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

Por el Gobierno participaron también en la firma el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Por Río Negro estuvieron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.

El acuerdo con Río Negro se suma a los que la Casa Rosada firmó en los últimos meses con otros gobernadores dialoguistas. El primero fue con Santa Fe: el 22 de julio, Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. Le siguió San Juan, el 10 de agosto, cuando Marcelo Orrego recibió la gestión de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial de las rutas 40 y A014, también por dos décadas. San Luis había cerrado antes un convenio más acotado, por un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7, con el gobernador Claudio Poggi.

Córdoba avanza en un pedido puntual: el gobernador Martín Llaryora reclama el traspaso completo de la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma.

Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle. El mandatario lo reiteró este lunes en el evento Neuquén Day en Capital Federal: la RN 22, la ruta de los 7 lagos, el Paso Internacional Samoré y la ruta 242. “Las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente. Estamos poniéndonos de acuerdo”, dijo el mandatario en diálogo con la prensa.

Por su lado, Corrientes fue habilitada por el Decreto 253/2026, en abril, junto con otras ocho provincias, para concesionar tramos viales dentro de su territorio, y el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene gestiones directas con el Ministerio de Economía, aunque aún no trascendió la firma de un convenio individual con Vialidad Nacional.

Tucumán es, por ahora, el caso más claro de rechazo. El gobernador Jaldo sostuvo que la transferencia de rutas nacionales a la provincia “no será posible” y advirtió que no permitirá que la Nación le desequilibre las finanzas provinciales, una postura que mantiene desde 2025 y que ratificó en julio de este año.

En paralelo al traspaso de gestión a las provincias, el Gobierno avanza con otro mecanismo amparado en el mismo decreto: la concesión de tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante peaje. Bajo ese esquema, Nación adjudicó por 20 años la explotación de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos y de las rutas 12 y 14 en Corrientes, entre otros tramos del país. (NA)

En la comparación interanual, sin embargo, el indicador se ubicó 2,8% por debajo de agosto de 2025.

Cuatro de los cinco componentes que integran el índice mostraron mejoras durante agosto. Los mayores incrementos se registraron en Preocupación por el interés general, que creció 12,8%, y Eficiencia, con una suba del 12,6%.

También avanzaron la Evaluación general del Gobierno (+7,6%) y Honestidad (+2,7%), mientras que la Capacidad para resolver problemas se mantuvo prácticamente estable, con una variación positiva del 0,3%.

Por segmentos, la mejora fue especialmente significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el índice creció 66,3% y llegó a 2,80 puntos.

También aumentó 14% entre las personas de 30 a 49 años, mientras que entre los mayores de 50 años retrocedió 2,5%. El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 13 de agosto, sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de todo el país, con un intervalo de confianza del 95%.

La mudanza responde a una decisión tomada por el Gobierno nacional.

La drástica reducción de sus actividades planteada por el Estado nacional afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que, según se informó, van a ser trasladados. Esto, se aclaró, significa un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local que perdería así una institución que forma parte de su identidad.

Más allá de lo que todo esto pueda significar para Bahía Blanca, lo cierto es que la base aeronaval Punta Indio -ubicada en el partido de Verónica-, es la principal fuente de empleo en el municipio.

Por ello, desde la Provincia se decidió acompañar el reclamo ante las autoridades nacionales competentes, en su iniciativa de constituir una mesa de defensa con la participación del personal civil y militar de la base, representantes de los bloques del Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Asimismo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reclamó al ministro de Defensa, Carlos Presti, que responda positivamente a los pedidos de audiencia que ya le fueron enviados, ya que la Provincia reafirma la importancia de mantener la base aeronaval Punta Indio en su plena capacidad operativa, a fin de sostener puestos de trabajo que son vitales para la comunidad local y conservar una institución que es
parte de la historia de esta región bonaerense. (Agencia La Plata)

El mandatario retoma la actividad en Casa Rosada, luego de 24 días de reclusión en la quinta de Olivos, con agenda privada. Esta lunes, a las 9.25, el libertario ingresó por el patio de los Bustos y esperó la llegada de sus ministros y secretarios que se reúnen desde las 10 en el Salón Eva Perón. 

El llamado al Gabinete se da en la previa a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, luego de dos meses de quietud, prevista para este jueves en la que se tratarán las reformas del Banco Central, Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes. 

Asimismo, la Casa Rosada se muestra optimista con la posibilidad de habilitar el debate el próximo jueves para tratar la Ley de Hojarasca, una serie de pliegos judiciales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur. 

La hoja de ruta legislativa es parte del temario del intercambio que tiene entre sus presentes al titular de la Camara Baja, Martín Menem, y a la senadora Patricia Bullrich. 

Por otra parte, se espear que el libertario brinde un panorama detallado de la situación económica, como estila hacer en cada edición de la reunión, e insista en la necesidad de defender el programa económico.

"Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica. Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría. De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!", escribió en la red social X.

Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica.

Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría.

De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!

— Federico Susbielles (@fsusbielles) August 24, 2026

Susbielles se refiere a los dirigentes de La Libertad Avanza y del Pro de Bahía Blanca que apoyan los cambios en la ley. Los libertarios aseguran que las familias que perciben salarios menores a tres canastas básicas (unos 4,5 millones de pesos mensuales) mantendrán los descuentos.

El proyecto de Milei plantea retotraer la Zona Fría al estado anterior a 2022, cuando se incluyó a Bahía y otras localidades del sur bonaerense en los beneficios, aunque el régimen no se tocará para las provincias patagónicas y La Pampa.

Hoy, todos los hogares bahienses que cuentan con red de gas domiciliaria reciben descuentos del 30 % o 50% debido a la actual normativa.

La modificación que propone el gobierno libertario ya tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación y esta semana podría recibir el visto bueno del Senado, después de que los gobernadores del norte negociaran su respaldo a cambio de una ley de Zona Caliente para subsidiar la energía eléctrica en sus provincias.

Diirgentes locales como el diputado provincial Oscar Liberman (LLA) sostienen que el proyecto de Milei es más justo que el aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández debido a que direcciona los subsidios a las familias de menores recursos y entonces se eliminaría "el modelo de ‘Hood Robin‘, donde los hogares más pobres están subsidiando a los hogares más ricos", afirmó.

Cada vez que alguien quiere iniciar un negocio, sumar socios, atraer inversores o hacer crear una empresa, el derecho debería ayudar. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: los trámites se vuelven complejos y costosos, las reglas son rígidas y la burocracia termina ocupando el lugar de la creatividad y la iniciativa.

El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que actualmente se encuentra a consideración del Senado nacional, busca cambiar esa lógica.

La propuesta parte de una idea sencilla: las sociedades deben ser una herramienta al servicio de las personas y de los negocios, y no un obstáculo que complique lo que debería ser simple.

Por eso, el proyecto reemplaza un modelo pensado para otra época —más rígido, formalista y dependiente del papel y de controles excesivos— por un sistema moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales de empresarios, emprendedores e inversores.

La clave de la reforma es la libertad.

Si el proyecto se convierte en ley, los socios podrán organizar sus empresas de acuerdo con sus deseos y necesidades y atendiendo a las características del proyecto que desean desarrollar. No es lo mismo una empresa de familia, una startup tecnológica, un emprendimiento inmobiliario o una compañía con cientos de accionistas. La ley deja de imponer soluciones uniformes y permite que cada organización encuentre su propia forma de funcionar.

Esto no significa ausencia de reglas.

La libertad existe principalmente en las relaciones internas entre los socios. Pero cuando están en juego los derechos de terceros —trabajadores, consumidores, proveedores, acreedores o el propio Estado— continúan vigentes normas obligatorias, aunque mejoradas, que garantizan la responsabilidad por los perjuicios sufridos a quienes que, de alguna u otra forma, se vinculan con la empresa. El proyecto conserva y perfecciona los mecanismos que permiten responsabilizar a quienes utilicen la sociedad de manera abusiva o fraudulenta, protegiendo a quienes no lo hacen, con la limitación de su responsabilidad.

En otras palabras: más libertad para emprender no significa menos protección para terceros.

De hecho, el proyecto mantiene los principios esenciales del sistema de responsabilidad y los fortalece mediante reglas más claras y soluciones más precisas para prevenir abusos y corregir conductas indebidas.

La reforma tampoco implica una ruptura con la tradición jurídica argentina. Por el contrario, recoge décadas de doctrina, jurisprudencia y experiencia práctica, incorpora aportes de proyectos anteriores y toma en consideración soluciones que han demostrado ser exitosas en otros países.

El resultado es un sistema equilibrado que busca armonizar los intereses de todos los involucrados: socios, administradores, inversores, trabajadores, acreedores y terceros en general. Esta es la estructura que permite captar capitales, distribuir riesgos y financiar proyectos que ninguna persona hubiera podido desarrollar individualmente.

Pero la limitación de responsabilidad que hace posible ese crecimiento económico tiene un límite claro: nadie puede quedarse con las ganancias y trasladar injustamente las pérdidas a los demás.

Si la reforma se aprueba, Argentina contará con un marco legal más moderno, más simple y amigable para quienes quieran invertir, producir, innovar y generar empleo.

Las normas están propuestas. Solo resta que las personas puedan cambiar la forma de pensar las categorías jurídicas tradicionales y creer que existe otra forma de regular a las sociedades y de hacer negocios en argentina. La ley actual (la número 19.550, de 1972), que fue una muy buena ley y de avanzada para su época, ha quedado desactualizada e inerme frente a los nuevos escenarios y desafíos. Cumplió un ciclo que no admite más parches ni soluciones provisorias. Es hora de tener una ley acorde a estos tiempos y al nivel de las de los países más avanzados.

Nunca debemos olvidar que el Derecho encuentra su justificación en la mejora de la calidad de vida de las personas. En el caso de las sociedades debe lograr facilitar la cooperación, brindar seguridad jurídica, incentivar la inversión y apoyar el crecimiento económico, lo que redundará en mayores ingresos para el país y en la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El Proyecto en estudio será una herramienta apta para lograrlo.

(*) El autor es Doctor en Derecho (UBA), Profesor Titular de Derecho de Sociedades de la Universidad Nacional del Sur y de otras universidades nacionales y extranjeras, fundador de la Cátedra de Empresas de Familia de la UNS y coautor del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.

La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.

El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.

En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.

Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden "resolver". El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.

La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.

La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.

Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33 %, un aumento del 20 % para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50 % en las Becas Manuel Belgrano.

En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.

Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.

Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.

El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.

En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.

El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.

El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso. (TN)

La actividad oficial comenzará este lunes cuando Milei encabece, desde las 10, una reunión del Gabinete Nacional, la primera que realizará con sus ministros desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, un encuentro de negocios y atracción de inversiones organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso a esa provincia de ferrocarriles y rutas.

El martes 25, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa y, dos horas más tarde, se reunirá la Mesa Política del Gobierno.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la antesala de una semana considerada clave para el Congreso y para el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El miércoles 26 estará concentrado en la actividad parlamentaria. El Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, mientras que Diputados sesionará para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II.

En tanto, el jueves 27, Milei brindará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

La agenda oficial se complementará durante la semana con actividades de distintos integrantes del gabinete en el interior del país.

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en un acto institucional en Posadas, Misiones, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en ese distrito.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en la provincia de Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en el municipio de Campo Quijano. (NA)

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de la localidad de O’Brien, donde la policía aprehendió al concejal Germán Díaz, de 52 años. Durante el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 a solicitud de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes, las fuerzas de seguridad secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión.

La intervención judicial se desencadenó luego de que vecinos de la zona expresaran su preocupación por la venta de drogas en la localidad durante un encuentro con autoridades locales, señalando al funcionario como el presunto responsable de las maniobras. Díaz permanecerá alojado en una dependencia policial hasta ser trasladado a sede judicial en Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

Ante el hecho, el bloque de concejales de LLA de Bragado emitió un comunicado firmado por su presidenta, Daniela Monzón, y los integrantes de la bancada, en el que manifestaron su "enérgico repudio" a la comercialización de estupefacientes. Asimismo, señalaron que la investigación y la situación personal del edil deben ser resueltas de manera exclusiva en el ámbito judicial.

En tanto, los distintos sectores del Concejo Deliberante prevén realizar una reunión interbloque para definir los pasos a seguir y evaluar una eventual suspensión o sanción hacia el concejal imputado, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. (con información de NA)

La medida se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma. 

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada. 

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado. La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional. 

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. (con información de NA)

A través de sus redes, la legisladora legisladora Victoria Tolosa Paz explicó que la iniciativa busca que desde el Gobierno se regule "el monto de la deuda, el plazo y la tasa, tres condiciones clave para no permitir el sobreendeudamiento de las madres en la República Argentina", en un contexto económico donde el uso de plataformas digitales se expandió de manera masiva para la gestión de ingresos y la solicitud de microcréditos de consumo diario. 

Al respecto, consideró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias y garantizar que ningún negocio financiero esté por encima de sus derechos", marcando la postura de la bancada opositora respecto al rol del mercado financiero en los sectores de menores recursos. 

En ese marco, la dirigenta enfatizó la problemática social al señalar que "en la Argentina de Milei llegamos al colmo del sobreendeudamiento de las madres para poder comprar alimentos para sus hijos", situando el foco del debate legislativo en el impacto que el costo del financiamiento tiene sobre la canasta básica familiar. 

Por este motivo, la diputada remarcó que "presentamos un proyecto de ley para ponerle un límite a esta situación y establecer reglas claras frente al sobreendeudamiento", con el objetivo de fijar topes normativos y condiciones de transparencia que eviten que los sectores vulnerables queden atrapados en esquemas de morosidad o tasas excesivas al recurrir al crédito privado para cubrir necesidades esenciales. (con información de NA)

Mientras tanto, aquel verso borgeano acerca de que “no nos une el amor, sino el espanto”, bien podría definir el tono en el que se desarrollan las charlas iniciales entre la “Jefe” política de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri, buscando una todavía lejana alianza electoral para 2027 con el objetivo común de impedir un regreso del “populismo”.

Del mismo modo poético podrían inscribirse las discretas reuniones en la cúpula del PJ para lograr una “unidad forzada” y así tratar de impedir una eventual continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada.

Está claro que, en medio de de esos preparativos para la gran batalla electoral del año próximo,  el escenario de polarización permite presagiar que los principales operadores del peronismo  bonaerense buscarán evitar una sobrecargada agenda de sesiones legislativas en lo que queda del semestre. 

Al menos por ahora, el objetivo pasa por gambetear alguna deliberación caliente  que pueda desestabilizar el escenario de gobernabilidad de Axel Kicillof, además de permitirle a la vicegobernadora Verónica Magario lograr cierto equilibrio positivo con distintos protagonistas  legislativos.

Básicamente, la Gobernación también espera una época de sesiones light dentro de la siempre caldeada Legislatura. Muy distinto es el escenario cuando la dura interna del PJ bonaerense activa la irrupción de alguno de sus protagonistas mediáticos, expertos en soltar la lengua al mejor estilo de un lanzallamas verbal, casi siempre por redes sociales.

Experimentado en tropiezos internos, el senador Mario Ishii cuestionó a la dirigencia peronista y reclamó innovar estrategias después de la cumbre que reunió a los líderes partidarios. “No se puede seguir esperando resultados (electorales) distintos haciendo siempre lo mismo”, arremetió el dirigente del poncho, como una forma de alentar una renovación de los nombres que conducen la coalición.

Aseguran dentro la Legislatura que la propia Cristina Kirchner fue quien logró imponer al exintendente Ishii como vicepresidente 1º del Senado, un sillón que Kicillof pretendía conservar como propio por ser el segundo en la línea de sucesión después de Magario. Como se sabe, la convivencia es necesaria, siempre y cuando sea en beneficio de la conveniencia política. Da igual que sea en las ásperas trincheras del PJ como en las de La Libertad Avanza.

En esa coyuntura, el esquema legislativo mileísta buscará instalar una agenda propia durante los próximos meses. Se trata de un paquete de proyectos de alto impacto mediático que, aun sin contar con los votos necesarios para lograr la sanción favorable, buscará remarcar sus diferencias ante lo que consideran como “la política mediocre” que, según ellos, caracteriza al parlamento provincial.

Diputados del oficialismo, en tanto, vienen tanteando a los distintos actores del arco opositor para convocar a una sesión antes del arribo de la tormenta de Santa Rosa, prevista para fines de agosto. En lo que va del año, el cuerpo sancionó pocas leyes relevantes, como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas o la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica.

Entre las iniciativas que los libertarios pretenden impulsar aparece la supresión de la Cámara de Senadores para crear una Unicameral a partir de 2028, siempre y cuando el elenco violeta logre obtener las llaves de la Gobernación. También buscarán sostener su postura negativa al proyecto que elimina el límite a la reelección de intendentes.

Con eso apuntan a marcarle la cancha al oficialismo, conjuntamente con la decisión de reinstalar el debate público por la inseguridad, sin dejar de ventilar cualquier aparente “gasto militante” en la administración estatal, a diferencia del “superávit fiscal” logrado por la gestión Milei.

Por su parte, las segundas líneas de los bloques de Fuerza Patria intentarán acordar que los distintos sectores parlamentarios dejen de actuar como “libres pensadores” y comiencen a coordinar una estrategia común frente a los proyectos impulsados, según dicen, por el armado “amateur” de LLA.

“Si quieren embarrar el campo de juego no hay problema. Vamos a ver quién tiene más argumentos y experiencia en legislar con la cancha inclinada”, avisan los peronistas con mayoría de bancas en ambos recintos.

En medio de los nubarrones políticos, el Gobernador le pidió a su ministro sanitario, Nicolás Kreplak, que vaya a defender ante la Legislatura el proyecto para crear una empresa estatal de medicamentos que tiene como principal propósito investigar, comercializar, producir y abastecer de insumos esenciales a hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud, al tiempo que tendrá la potestad de marcar los precios de referencia en el mercado, lo que podría bajar considerablemente los costos de los fármacos.

La oposición parlamentaria espera para la embestida. Tiene una carpeta de preguntas vinculadas con la deuda que acumula la obra social estatal IOMA con los hospitales municipales y las prestadoras.

Los días grises de invierno, sumados al extenso apagón que dejó a miles de platenses a oscuras, entristecen aún más la fría actividad ministerial y parlamentaria. Y mientras tanto, Kicillof no retrocede y busca añadir kilómetros por las provincias en busca de establecer un armado federal que le permita meterse en la competencia presidencial del año que viene, al margen de cualquier foto de acercamiento protocolar con otros  referentes de la primera línea peronista.

La Libertad Avanza convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 26 y busca sesionar el jueves 27 de agosto con una agenda que incluye la Ley Hojarasca y un paquete de designaciones impulsado por la Casa Rosada.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, encabeza las conversaciones con aliados para garantizar el quórum y avanzar con los pliegos, especialmente los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Ese tribunal interviene en expedientes sensibles para el Gobierno, como las investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei suele repetir en redes sociales la frase “Todo marcha de acuerdo con el plan”, y ese mensaje también se proyecta sobre la estrategia judicial del oficialismo desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Con su conducción, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de pliegos al Senado para que sean analizados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

El martes, la Comisión recibió a 13 postulantes para cubrir vacantes en juzgados federales de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la prioridad del oficialismo está puesta en la sesión del 27 de agosto, donde buscará aprobar una serie de designaciones que considera estratégicas para consolidar su influencia en el Poder Judicial.

Para lograr los votos necesarios, Bullrich mantiene conversaciones con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, que reclaman ampliar el temario e incorporar proyectos propios. “Están bien los proyectos de Javier Milei, pero ¿qué pasa con los nuestros?”, plantearon desde los bloques aliados. La senadora tomó nota del reclamo y aceptó discutir una agenda más amplia, aunque la prioridad inmediata será la sesión del jueves.

En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas impulsadas por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, vinculadas al marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental del mercado voluntario de carbono. Ambos proyectos podrían obtener dictamen la próxima semana.

La ausencia del kirchnerismo en la reunión de comisión facilitó el avance del Gobierno en los pliegos más sensibles. La Cámara Federal porteña es un tribunal clave por su competencia en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Su integración es considerada estratégica por la Casa Rosada, especialmente en expedientes que involucran o podrían afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola atravesaron sin sobresaltos sus presentaciones ante la Comisión de Acuerdos. Hubo pocas preguntas debido a que los senadores del bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, no participaron de la audiencia. Con los dictámenes ya firmados por oficialistas y aliados, ambos candidatos quedaron encaminados para ser tratados en el recinto.

Bertuzzi llegó a la Cámara Federal en 2018 mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su continuidad quedó en discusión en 2020, cuando el Senado rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La Corte Suprema determinó luego que esos traslados no podían ser definitivos sin concurso, aunque permitió que ambos continuaran en sus cargos hasta completar el procedimiento constitucional. Ese proceso es el que ahora vuelve al Senado.

Por su parte, Yadarola destacó durante su exposición que ingresó al Poder Judicial a los 18 años y que trabajó durante dos décadas en investigaciones sobre delitos complejos y crimen organizado. Aseguró que buscará desempeñarse con “un lenguaje claro, llano y cercano” para brindar “previsibilidad y seguridad jurídica”.

Si la sesión del 27 de agosto se concreta, el Gobierno pondrá a consideración del pleno 60 nombramientos judiciales, que se sumarían a las 170 vacantes ya cubiertas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Además, ingresarán otros 15 pliegos que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos. (N/A)

“Es nuestra responsabilidad que la era de Milei se termine en 2027”, afirmó ante militantes, en un discurso en el que combinó críticas al oficialismo con un llamado a la autocrítica dentro del peronismo.

“No vamos a entusiasmar a nadie con odio y con insultos, no podemos convocar con faltas de respeto. Vamos a convencer con un proyecto nacional que rescate los sueños, con ideas que contengan, que abracen y sumen”, dijo.

Kicillof definió el encuentro como “fundacional” y planteó que el objetivo es empezar a construir “la Argentina que se viene”. “Vamos a demostrar que en la Argentina se puede volver a soñar”, sostuvo.

“Vengo a invitarlos a empezar una historia nueva, distinta, convocando lo mejor de nuestra tradición, de los 12 años de Néstor y Cristina y de nuestra doctrina. No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos un futuro distinto, un futuro mejor, un futuro para todos. Y eso no lo puede hacer un dirigente, lo tiene que construir una fuerza política que convoque al pueblo entero a luchar por sus derechos”, remarcó.

Durante su intervención, el gobernador analizó el respaldo que obtuvo Javier Milei entre los jóvenes en las últimas elecciones y evitó responsabilizar a ese electorado por el resultado.

“Había malestares y frustraciones, y muchos jóvenes votaron a Milei”, reconoció. Sin embargo, agregó que “no es bueno dedicarse a señalar y echar culpas”, porque, según dijo, ese sería “un error”.

Para Kicillof, el Presidente no surgió de manera espontánea, sino que representó una respuesta al descontento acumulado durante años. “Intentaron que canalizara el enojo de muchos, tal vez millones. Aparecía como lo nuevo, lo original, el que traía respuestas a problemas que no se habían resuelto durante mucho tiempo”, planteó.

La autocrítica por la última gestión peronista

El mandatario bonaerense también sostuvo que el peronismo debe revisar su propio desempeño para recuperar la confianza de quienes eligieron otra opción. “También nosotros tenemos que asumir lo que hicimos mal o no supimos hacer para que muchos pensaran que no había otra alternativa”, afirmó.

En ese sentido, pidió abrir una etapa de reflexión y aseguró que el espacio necesita reconstruir una propuesta capaz de volver a representar las expectativas de la sociedad.

Kicillof profundizó sus críticas a la gestión nacional y sostuvo que el oficialismo construye un relato que responsabiliza a los ciudadanos por las dificultades económicas. “La ultraderecha hoy intenta darle sentido al malestar. Milei te dice que es tu culpa si no conseguís trabajo o no te alcanza la plata”, afirmó.

Frente a ese diagnóstico, responsabilizó directamente al rumbo económico del Gobierno. “El problema no es la Argentina ni sos vos; es Milei y su política económica”, sostuvo.

El gobernador fue todavía más allá y calificó al Presidente como “la estafa electoral más grande de nuestra historia”, al sostener que muchos de quienes lo apoyaron “hoy se dan cuenta de que es una mentira, un fiasco”.

“La provincia de Buenos Aires nunca se arrodilló al proyecto de Milei”, afirmó, al ratificar su posicionamiento como uno de los principales referentes del peronismo frente a la Casa Rosada. (TN)