La convocatoria se dará en medio de la preocupación de los industriales por la caída en las ventas, el empleo y los costos que afectan la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. En esta línea, los industriales reclamarán por medidas para mejorar el crédito, promover la construcción y revertir la competencia desleal.

La Junta Directiva de la UIA había analizado el 15 de septiembre la realidad de los distintos sectores productivos y presentó ante la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación de las empresas.

Entre los pedidos figuran la suspensión de embargos fiscales durante 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago, una reducción de la tasa de financiación de ARCA para las pymes y el diferimiento de vencimientos de IVA por 180 días para actividades estacionales.

También planteó la eliminación de las cargas sociales, la postergación de las contribuciones patronales para las economías regionales y una mayor rapidez en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Los industriales también pusieron el foco en el aumento de las tarifas de la energía. Según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI —Grandes Usuarios de la Distribuidora— recibieron facturas con subas de entre el 90% al 100% en el costo básico, lo que llevó a duplicar el valor respecto del mes anterior y casi triplicarlo frente a dos meses atrás.

Por eso, la entidad propone avanzar con un esquema de cuotas para afrontar las facturas y prorratear los vencimientos. En paralelo, destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para financiar los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista.

Sumado a esto, la entidad considera necesario reducir la carga tributaria que pesa sobre el crédito y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones de refinanciación de pasivos. Según sus cálculos, la presión tributaria sobre la intermediación financiera —que incluye IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales— agrega en promedio más de 18% al costo financiero del crédito productivo.

Hace unos días, además, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, participó de la 22° Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos, donde volvió a plantear la necesidad de recuperar la actividad y mejorar la competitividad.

“Tenemos que crecer para consolidar la estabilización, pero para crecer tenemos que trabajar fuertemente sobre la competitividad”, sostuvo Rappallini durante el encuentro realizado en Paraná.

Ahora, con la actividad industrial todavía bajo presión, la reunión de este martes será una nueva instancia de diálogo entre la central fabril y el equipo económico para avanzar sobre los reclamos que la UIA viene planteando para las empresas y, particularmente, para las pymes. (T/N)

Asimismo, el titular de la cartera económica ratificó que el rumbo sigue firme y destacó el apoyo de Estados Unidos durante la disertación que llevó a cabo en el piso 15 de la sede del banco estadounidense, sobre Park Avenue, ante unos 60 inversionistas financieros internacionales.

"Ahora tenemos cosas que mostrar", indicó el ministro, al tiempo que planteó que "las reformas irían más rápido" en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

“Hay mucho apoyo en general, antes se peleaban con Argentina porque hacíamos mal las cosas. Ahora es al revés”, precisó Caputo, quien este martes se unirá a las actividades del presidente Javier Milei, que llega a Nueva York para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantener algunas reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

"Estados Unidos elige a la Argentina, porque quiere enviar un mensaje”, afirmó en referencia al respaldo del gobierno de Donald Trump.

Asimismo, indicó que ese apoyo es similar por parte del FMI y el Banco Mundial, ya que según el titular del Palacio de Hacienda respaldan a la Argentina porque buscan resaltar que implementan “las políticas que funcionan”.

En relación al nivel de reservas, señaló: "Ya hemos superado el escenario optimista. Habíamos apuntado a los 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pensamos que podríamos llegar eventualmente a 17.000 millones".

"El populismo se combate con ortodoxia y no con más populismo. No vamos a cambiar nada en nuestra política”, señaló el ministro, por lo que descartó un plan "platita", como se indicaba para poder ganar la selecciones presidenciales en 2027.

Asimismo, añadió: "No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”.

Respecto al Presupuesto 2027, explicó: "Va a ser en realidad la primera vez en nuestra historia que tendremos cuatro años consecutivos de capital monetario de primera línea, y en este caso también superávit financiero”.

Y sobre la inflación sostuvo que la redujeron de manera drástica y agregó que seguirán "manteniendo una política monetaria estricta”.

Por último, afirmó que esperará a que “el riesgo país se sitúe en niveles significativamente más bajos”, al tiempo que vaticinó un triunfo del mandatario libertario en las elecciones del año que viene.

“No tengo ninguna duda que el presidente Milei ganará. Esto generará un mayor optimismo tanto entre la gente como en los mercados, y el riesgo país se reducirá considerablemente. Al mercado le conviene que sigamos amortizando deuda, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora”, concluyó. (N/A)

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Está perfectamente documentado que echaron a la población e implantaron a una nueva, con nuevos habitantes -explicó el mandatario ante la consulta de un periodista de LCI-. No hay reivindicación de derechos de pueblos originarios o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada”.

Para el Presidente, hay un nuevo contexto internacional que pone a la Argentina en una mejor situación: “Con los problemas que tiene Inglaterra en lo político, en lo económico y en lo demográfico, debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino”.

“Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas a través de canales diplomáticos. Hemos conseguido una gran cantidad de apoyo. Pero no se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional. Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel”, explicó Milei.

En ese sentido, el Presidente consideró al país como “un socio estratégico de los Estados Unidos porque produce energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento, todo lo que necesita la economía del futuro”.

“También se tiene que comprender que hay un valor estratégico en el paso del Atlántico Sur. El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia que está difusa su transición demográfica. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador. Trump no va a apostar por temas que no conoce, si no conoce bien la situación”, consideró.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico. Nosotros hablamos de recuperar las Malvinas por la vía diplomática. Digo las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Sobre el final de la entrevista, Milei cuestionó la posición de Europa y advirtió sobre sus problemas económicos, pero sobre todo demográficos. “Los europeos tienen problemas demográficos mucho más complicados. A eso no le tienen miedo. Le tienen miedo a alguien que apoya el desarrollo. Eso es el resultado del wokismo”, indicó.

“Los socialdemócratas que asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Es cierto que la gente siempre le tiene miedo al cambio. Europa le tienen miedo al desastre de su sistema de pensiones, de los seguros sociales. No le tienen miedo a los socialistas. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos”, cerró. (con información de TN)

El funcionario aseguró que el fallo “es una locura” y adelantó que ya le dio la instrucción al ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con el juicio político. “Y ahí veremos quien acompaña y quien no”, advirtió.

“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora. Ella no es filósofa, socióloga ni psicóloga”, añadió el funcionario.

“Para mi este tipo de fallos, son una línea que se traza en la arena. Estás del lado del bien o estás del lado del mal. En el mensaje de ‘no tenés consecuencias porque había un policía cerca’ no entiendo en que parte está actuando como adulta”, dijo Macri.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño añadió: “Es la primera vez que pido un juicio político. Vamos a apelar, esperamos tener éxito y es un gran momento para discutir que clase de jueces queremos. La decisión de la jueza es no cuidar a nadie”.

“Ella sigue operando con la vieja ley y decide no procesarlo. Entendamos el mensaje dramático que le está dando a este chico: no hay consecuencias en lo que haces. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? El delincuente es una victima. Yo no me voy a acostumbrar a eso", cerró el político.

Mas temprano, Macri escribió en su cuenta de X: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”, escribió Macri en su cuenta de X.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó el funcionario.

El fallo

Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años. Se trata de una causa caratulada como tentativa de robo.

El caso empezó a partir de la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres estaban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Así empezó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza en su fallo.

En este sentido, De Marinis consideró que no pierde de vista que ”el robo de por sí es un hecho violento y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado”.

“Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, sostuvo. (con información de TN)

La cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

La auditoría indicó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”.

Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

Cuestionamientos al mecanismo de pago

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. (con información de NA)

El indicador de JP Morgan escaló en medio de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Los bonos soberanos, además, mostraron caídas de hasta 1%.

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street operaron mixtas. Corporación América (3%); Telecom (2,6%) y Mercado Libre (1,8%) fueron los papeles que lideraron las subas; mientras que YPF (-3,3%) y Transportadora de Gas (-1,8%) registraron las mayores bajas del día.

A su turno, los dólares financieros también operaron a la baja: el CCL cerró en $1.576,45 y el MEP finalizó en $1.534,44. El Merval cayó 0,8% medido en pesos y 0,1% en dólares.

“El frente externo marcó el tono de la semana. La Fed subió la tasa y los rendimientos largos de Estados Unidos siguieron en máximos, un marco que castigó a la deuda hard dollar, llevó al riesgo país al nivel más alto en un mes y arrastró al Merval, que borró la ganancia que traía en septiembre”, explicó la consultora Cohen.

Sin embargo, señaló que en pesos la situación fue otra: “Con el tipo de cambio y las tasas otra vez estables, la curva extendió la mejora y los ajustables quedaron al frente”.

“Detrás de la calma cambiaria, igual, el mercado se sigue ajustando: el agro liquida a buen ritmo, pero el BCRA compra cada vez menos. Los datos de la semana fueron mixtos. La actividad confirmó una contracción en el 2Q26 y el mercado laboral volvió a deteriorarse, mientras que la balanza comercial nuevamente mostró un elevado superávit, el Gobierno sostuvo el superávit primario y la confianza del consumidor repuntó tras dos meses de caída”, plantearon desde la firma.

A su vez, marcaron que el Presupuesto 2027 ya está en el Congreso y “servirá para medir la capacidad de acuerdo del Gobierno”. “La semana que viene el foco vuelve al mercado de pesos: el canje del martes y el fixing del viernes definen cuánto del vencimiento de fin de mes termina pagando el Tesoro”, agregaron.

En tanto, los analistas de Rava destacaron que la misión técnica del FMI llegó hoy para la tercera revisión del acuerdo, aunque precisaron: “El superávit primario del primer semestre alcanzó 0,6% del PBI, por debajo de la meta de 0,7%. El Ministerio de Economía informó que el superávit primario previsto para 2026 será de 1,3% del PBI, por un total de $15,5 billones, mientras que el programa con el FMI establece un objetivo obligatorio de 1,4% del PBI, equivalente a $16,2 billones, con un desvío de unos $700.000 millones”.

“En los primeros ocho meses de 2026 se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%; mientras que el Banco Central compró los US$10.000 millones comprometidos en la meta de reservas y el dólar oficial mayorista se encuentra en la zona de $1515-1520″, completaron. (con información de TN)

La exposición de este miércoles a las 12 hora local se concentrará en el rol de la ONU, la necesidad de que no avance en regulaciones como en materia de Inteligencia Artificial (IA) y con mención a la política que encaró con respecto a las Islas Malvinas.

El jefe de Estado piensa colocar el reclamo de la Argentina por el archipiélago nacional en manos de Inglaterra como todos los años. Pero en esta ocasión, Milei profundizará críticas hacia el organismo. El Presidente, en particular, piensa hacer foco en su exposición en la necesidad de que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años. 

Como sucede con Malvinas, funcionarios comentaron que los cuestionamientos del dirigente libertario no son novedosos y que siempre tuvo la misma visión.

Incluso, pretende hacer hincapié en un pedido: que no se regule sectores claves de la economía como aquellos supeditados a la IA. También, realizará un recorrido por sus anteriores discursos.

Algunas de las líneas que redactó dicen lo siguiente: “Hoy quiero hablarles de tres cuestiones: primero, aquello que este organismo debió hacer y no hizo; segundo, aquello que no debió hacer e hizo de todas formas, y tercero, su posición ante el advenimiento de la Inteligencia Artificial”.

Además de su alocución, la agenda del jefe del Poder Ejecutivo no tiene vacantes. A partir del martes, disertará en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde además será galardonado con el premio Ohev Yisrael.

Más tarde, a las 19, mantendrá un cara a cara de trabajo con Roberto Salinas, un economista, analista y académico mexicano de pensamiento liberal. En esa misma jornada, Milei estará con el reconocido economista estadounidense Xavier Salai Martín, a las 20.30.

Por la tarde, a las 16, expondrá en la conferencia “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad junto al International Republican Institute (IRI). A las 18, Milei mantendrá una mesa de trabajo con la titular de Americas Society/Consejo de las Américas, Susan Segal, y entre 12 y 15 empresarios internacionales para analizar oportunidades de inversión en Argentina. La jornada concluirá a las 19:30 con un encuentro con el Rabino Simón Jacobson.

En tanto, el jueves a las 13, el mandatario disertará ante los miembros de The Economic Club of New York, uno de los foros empresariales y financieros más tradicionales del ámbito neoyorquino.

Encuentro con Netanyahu

Luego de su paso por la Asamblea General de las Naciones Unidas, Milei mantendrá una reunión bilateral este jueves con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El encuentro tendrá lugar en medio de la búsqueda del Gobierno de reunir apoyos internacionales al reclamo argentino sobre Malvinas, aunque en la previa fuentes oficiales marcaron que no esperan, al menos en el corto plazo, que surjan nuevos pronunciamientos a favor del país.

Sin embargo, el encuentro con Netanyahu —previsto para este jueves a las 17, hora argentina—, tiene especial relevancia en medio del conflicto por el archipiélago debido a que una de las empresas que participan del proyecto petrolero de Sea Lion denunciado por la Casa Rosada es precisamente israelí. Se trata de Navitas Petroleum, quien junto con la británica Rockhopper apuntan a producir 50 mil barriles diarios para marzo de 2028.

Hasta el momento, Netanyahu ha evitado meterse en la disputa por el archipiélago, aclarando que el proyecto de Navitas es privado y su gobierno no está involucrado. (con información de NA y TN)

“Se está estudiando esa posibilidad para generar equilibro entre el movimiento de fieles y la necesidad de trabajar del resto del país”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores ante la expectativa de la actividad entre los días 8 y 11 de noviembre.

Quirno afirmó que “la Iglesia tiene amplia libertad” para la agenda del Sumo Pontífice en la Argentina. Y en relación a la visita que hará León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, hogar para personas con discapacidad, justo cuando el Gobierno discute cambios en el área: “No mezclamos la visita pastoral con cuestiones políticas”.

Respecto del tema Malvinas, el canciller sostuvo una defensa a las últimas medidas del Gobierno, con respecto a la sanción de petroleras que operan en las islas y la nueva ley de Soberanía: “Buscamos revalorizar nuestros activos estratégicos”, planteó. En cuanto al diálogo con Londres, señaló que “los canales siguen abiertos, pero tenemos intereses divergentes”. Además, afirmó que el Reino Unido “toma decisiones unilaterales”.

Sobre la posición de Estados Unidos, dijo que es cuestión de que ese país “quiera cambiar esa posición o no”, y aclaró que “los pedidos están siempre, ellos saben”. El canciller también se refirió a la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, que se realizará tras el discurso de Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Quirno integra la comitiva presidencial que viajó a Nueva York junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.

El detalle sobre la visita del Papa

Según el cronograma oficial difundido este lunes por el Gobierno junto con el Vaticano, León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre, después de pasar por Uruguay, y permanecerá hasta el miércoles 11, cuando partirá hacia Lima. Aterrizará a las 16.30 en Aeroparque y visitará el Monumento al General San Martín. Luego será recibido en una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, donde se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada seguirá con un encuentro con autoridades en el Palacio Libertad, donde pronunciará su primer discurso en el país.

El lunes 9 comenzará a las 9.15 con la visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 encabezará una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con representantes del mundo laboral en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, y a las 17.30 participará de un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín. La jornada terminará con las vísperas con los obispos en la Catedral Metropolitana, a las 18.45.

El martes 10, el Papa viajará a Córdoba, donde celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar y se reunirá con obispos y clero a las 15.15. Volverá a Buenos Aires para participar, a las 20.15, de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

El miércoles 11 visitará a las 8 el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto, presidirá a las 10 una misa en la Basílica de Luján y partirá hacia Lima alrededor de las 14. (con información de TN)

El caso se inició con la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres se encontraban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó “dame todo. Dame el celular”. El hombre comenzó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza.

En este sentido, “no pierdo de vista que el robo de por sí es un hecho violento, y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado. Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, agregó De Marinis.

“Es fundamental que como sociedad nos preguntemos: ¿Cuál es la respuesta del mundo adulto ante la conducta de un adolescente que implica una infracción penal? ¿Qué hacemos como sociedad cuando un niño o un adolescente por debajo de la edad mínima de responsabilidad penal juvenil comete un delito?“, se lee en el fallo.

Para la magistrada, “ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos. Y en este punto es donde considero que el principio de proporcionalidad será el que permita analizar si la baja de la edad de punibilidad en el caso concreto es regresiva o no”.

Por lo tanto, “castigarlos por las faltas de respuestas del mundo adulto, significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”, destacó la jueza.

El fallo bonaerense

La decisión de De Marinis se suma a la de la jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que resolvió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. (con información de TN)

“Se acabó esto de la asistencia esclavizante, de darles el pescado. Nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y, si es posible, que aprendan a tener una empresa de pesca”, afirmó el mandatario.

Milei difundió el mensaje a través de su cuenta de X, en un video titulado “Feliz Día del Estudiante”, en elque se pueden observar imagenes de niños y adolescentes en diferentes instituciones educativas.

FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE.
VLLC! pic.twitter.com/qrrjrDBMtG

— Javier Milei (@JMilei) September 21, 2026

En ese marco, el jefe de Estado vinculó su mensaje a los jóvenes con uno de los ejes habituales de su discurso político, centrado en la libertad individual y en la reducción de la dependencia respecto del Estado.

“Vamos por una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos”, expresó.

El Presidente también dejó un mensaje referido al esfuerzo personal y aseguró que los resultados pueden demorarse, pero llegarán si se sigue el camino correcto.

“Los logros pueden tardar un poco más o un poco menos, pero si usted hace las cosas bien, inexorablemente le va a ir bien”, sostuvo.

Finalmente, Milei retomó una de las consignas que utiliza habitualmente para referirse al futuro del país: “Si hacemos eso, vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”.

“Que Dios los bendiga a todos, que las fuerzas del cielo los acompañen y ¡viva la libertad, carajo!”, concluyó.

El mensaje se conoce diez días después de que Milei encabezara una actividad por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional del Palacio Sarmiento, donde también recurrió a la metáfora de la pesca para hablar de educación y lectura. 

En aquella oportunidad afirmó que “si pensar es como pescar; leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan”. (NA)

El procedimiento se realiza mediante la denominada Adenda 63, un mecanismo que permite adecuar el cobro de la prestación a la situación familiar cuando la persona registrada como titular no es quien tiene bajo su responsabilidad al niño o adolescente.

La medida permite reasignar el derecho de cobro de la prestación al familiar o referente afectivo que convive con el menor y garantiza su manutención.

De esta manera, un jubilado que tenga a su nieto a cargo y pueda acreditar esa situación puede solicitar que la prestación sea depositada a su nombre, siempre que reúna los requisitos establecidos para realizar el trámite.

La modificación no cambia el beneficio correspondiente al niño o adolescente, sino que determina quién queda autorizado para percibir los fondos en función de quién ejerce efectivamente su cuidado.

Quiénes pueden solicitar el cambio de titularidad

Además de los abuelos y abuelas, el procedimiento puede ser solicitado por tíos, tías, hermanos o hermanas mayores de edad y referentes afectivos que puedan acreditar que tienen a su cargo al niño o adolescente.

También pueden gestionarlo progenitores que no sean titulares de la prestación en determinadas situaciones vinculadas con violencia, abandono u otros casos que requieran la intervención de organismos de protección de la niñez.

Una vez aprobada la reasignación, el nuevo titular pasa a percibir los importes correspondientes a la prestación. En el caso de las asignaciones abonadas a través del SUAF, el pago se realiza mensualmente y sin retenciones, de acuerdo con la escala de ingresos vigente.

Qué documentación se necesita para hacer el trámite

Para iniciar la gestión se debe presentar el DNI original y una copia del solicitante y del menor, además de la partida de nacimiento actualizada.

También se requieren certificados o documentación que permitan demostrar la convivencia y el cuidado efectivo, además de informes sociales o documentación escolar y médica que respalden la situación familiar.

Entre los requisitos puede incluirse un informe técnico confeccionado por organismos habilitados, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) o las dependencias provinciales competentes.

Con la documentación reunida, los equipos técnicos elaboran el expediente y lo remiten a ANSES. El organismo evalúa entonces la solicitud y, si corresponde, actualiza la titularidad para que la asignación sea percibida por quien tiene efectivamente al menor a su cargo. (NA)

La salida de Vilches abre así una etapa de definición sobre la futura conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad, sin que por el momento se haya informado oficialmente quién ocupará el cargo.

La política de discapacidad requiere una mirada global e integral, debido a que atraviesa múltiples dimensiones de la vida de las personas y excede la política sanitaria.

El área comprende cuestiones vinculadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena en la comunidad, entre otras.

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Históricamente, el organismo rector de discapacidad no nació dentro del Ministerio de Salud y su trabajo requiere una articulación permanente con distintas áreas del Estado.

Salud interviene en los aspectos correspondientes a su competencia y aporta opinión técnica cuando es requerido, mientras la política de discapacidad involucra discusiones legislativas, presupuestarias, educativas, de transporte, protección social e interministeriales.

El juez federal Rodrigo Giménez Uriburu afirmó que la líder peronista “ha cumplido adecuadamente” con el “deber de permanencia” y con las pautas establecidas con respecto a las visitas, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Tras haber solicitado medidas para conocer con precisión sus movimientos dentro del departamento donde cumple la condena a 6 años de prisión, el magistrado señaló que acató las reglas impuestas de acuerdo a los informes realizados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP).

En su informe trimestral, la DCAEP hizo entrevistas domiciliarias de forma aleatoria en las que Cristina “respondió a los requerimientos formulados con buena predisposición y mantuvo un trato cordial y respetuoso hacia los profesionales intervinientes”.

Durante este período, solo tuvo una salida autorizada por la Justicia para una consulta médica que se realizó “sin inconvenientes”. Con respecto a las visitas, afirmaron que “se ajustaron a los permisos concedidos por el Tribunal”, y solo hubo una demora con una visitante que fue debidamente explicado.

La exmandataria también continuó con sus actividades y el monitoreo electrónico no mostró inconvenientes. 

Además, pese a las movilizaciones que hubo a su domicilio, la Justicia advirtió que no hubo comportamientos que “hubieran perturbado la tranquilidad del vecindario” ni quejas de los vecinos.

“Fernández de Kirchner ha mantenido, durante el trimestre examinado, una conducta de sujeción al control judicial y de observancia de las condiciones establecidas para la ejecución de la pena bajo la modalidad domiciliaria”, agregó el juez.

Esta disposición se da luego de que el TOF N°2 confirmó el embargo preventivo de varios bienes de la exmandataria y los otros condenados en la causa Vialidad, entre ellos el departamento de San José 1111. Así, buscan alcanzar un decomiso de alrededor de los $685.000 millones del perjuicio económico total ocasionado al Estado argentino por los delitos de corrupción juzgado en la causa.

Recientemente, la Cámara Federal de Casación porteña rechazó dos recursos de Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, para frenar el posible decomiso de inmuebles de Los Sauces S.A y Hotesur S.A.

A esto, se suma la investigación por la compra del departamento ubicado debajo del suyo por parte de María Soledad Calle, dirigente de La Cámpora cercana a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Según afirmó ante la Justicia, lo habría adquirido para que funcione una fundación, sin mayores precisiones.

Por otro lado, se reveló que el senador nacional peronista Mariano Recalde también es propietario de un departamento en San José 1111. En este caso, se trata del inmueble ubicado en el primer piso.

El magistrado determinó en la resolución que el atentado fue decidido por la cúpula del gobierno iraní y ejecutado por Hezbollah. Además calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio, y le impuso un embargo de U$S500.000.000 a cada uno de los procesados.

Los procesamientos son para Alí Fallahijan (exMinistro de Inteligencia iraní), Alí Velayati (ex Ministro de Relaciones Exteriores iraní), Mohsen Rezai (ex Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), y Ahmad Vahidi (Comandante de la fuerza Al Quds, de la Guardia Revolucionaria).

Según la resolución, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní y sus estructuras, estos cuatro procesados decidieron y participaron en la organización del atentado y posibilitaron que quienes luego actuaron sobre el terreno consumaran el atentado.

Sumado a Hadi Soleimanpour (ex Embajador de Irán en la Argentina), Mohsen Rabbani (activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y Consejero Cultural de la Embajada iraní en Argentina) y Ahmad Asghari (ex agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria), en calidad de “cómplices necesarios”. El magistrado les imputó a estos tres procesados haber contribuido en forma esencial al plan criminal, desde el ámbito diplomático y la red local iraní.

El juez además procesó a Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah) como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado. En cambio, dispuso la falta de mérito respecto de los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. No trató la situación del Líder Supremo iraní Alí Khamenei y del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh, que murieron en 2026 y 2008, respectivamente. Así como tampoco del libanés vinculado a Hezbollah Alí Hussein Abdallah, que murió en 2020.

En el fallo de procesamiento a ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA Rafecas dio por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, que acondicionaron y cargaron con 300 kg de amonal y TNT.

Al vehículo lo dejaron preparado el 15 de julio de ese año, en un estacionamiento a cuatro cuadras de la AMIA. Esperaron para hacerla explotar tres días después, a media mañana, el momento de mayor concurrencia al edificio elegido como blanco terrorista.

El magistrado dispuso las medidas gracias al régimen de juicio en ausencia (Ley 27.784), que permitió avanzar en el proceso penal más allá de que los acusados estén prófugos, asegurando su derecho a contar con un defensor y manteniendo todas las demás garantías del debido proceso.

De esta manera, la decisión de los acusados de mantenerse prófugos en el extranjero dejó de ser un impedimento para que la Justicia analice las pruebas reunidas y resuelva su situación.

En la reconstrucción desarrollada en la resolución, y sobre la base de las pruebas reunidas por la UFI AMIA, el juez determinó que la decisión de cometer el atentado se tomó en agosto de 1993, de parte de las máximas instancias del régimen iraní.

El ataque fue encomendado a Hezbollah, agrupación pro-iraní con sede en El Líbano, que organizó su ejecución, mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil y Puerto Iguazú, Argentina).

Los hechos se calificaron como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

El juez fundamentó y calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad, así como también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.

Dio por probado que el atentado a la AMIA fue coordinado con un segundo ataque a la comunidad judía, que se produjo al día siguiente en Panamá, con una explosión por un pasajero suicida, un avión de línea, que mató a sus tres tripulantes y 17 pasajeros. Doce de ellos eran de la colectividad judía local, algunos con sus esposas (crimen que mantiene abierta una causa penal en ese país, desde la que se intercambia información).

Cuatro días después, ambos atentados, según se afirma en la resolución, fueron reivindicados en forma conjunta por Hezbollah desde El Líbano, a través de una denominación de cobertura llamada “Ansar Allah”.

Rafecas dispuso sobre la base del dictamen de la UFI AMIA, darle intervención a la Corte Suprema, ante la posible conexidad de esta causa con la que investiga el atentado a la Embajada de Israel en 1992, que tramita en ese Tribunal, ya que según la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso ambos sucesos habrían sido ejecutados por Hezbollah.

El procesamiento podrá ser apelado por la Defensa Oficial a cargo de Hernán Silva, y de ser confirmado por las instancias superiores, habilitará al Juzgado a correrle vistas a la Fiscalía, las querellas y la Defensa oficial, para luego dictar el auto de elevación a juicio oral y público de la causa, a uno de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital, objetivo final de la ley de juicio en ausencia.

La Moral como Política de Estado.
MAGA! https://t.co/zeHQOqG6GK

— Javier Milei (@JMilei) September 21, 2026

El Gobierno destacó el procesamiento de ocho altos mandos iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA. El presidente Javier Milei dijo en su cuenta de X: “La Moral como Política de Estado. ¡MAGA!”.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, remarcó: “El procesamiento dictado por la Justicia Federal en la causa AMIA marca un hito en la lucha contra la impunidad. Gracias a la ley de juicio en ausencia, hoy se procesó a 8 iraníes y libaneses como autores del atentado a la AMIA y pronto habrá en Argentina un juicio oral por estos hechos. Un paso histórico en favor de las 85 víctimas, sus familias y toda la sociedad argentina”.

La jefa de bloque de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, expresó: “32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA.

La Ley de Juicio en Ausencia, que aprobamos el año pasado, vino a terminar con la impunidad: si un acusado de terrorismo se fuga, la Justicia no se detiene. Todo lo contrario al Memorándum con Irán que firmó Cristina Kirchner para exculparlos y que queden impunes”. (TN)

El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas el dinero en efectivo y la compra del inmueble en Indio Cuá.

De acuerdo a la explicación, Adorni negó las acusaciones y afirmó que la evaluación patrimonial desde que ingresó a la función pública en diciembre de 2023 hasta su salida en junio de este año “encuentra sustento razonable y verificable”.

Uno de los puntos marcados por Pollicita reside en la diferencia de más de $43 millones entre sus ingresos y sus gastos conjuntos con su esposa Bettina Angeletti. La defensa del exfuncionario remarcó que es una “brecha residual” y no una “desproporción manifiesta”.

Con respecto a las dudas sobre sus operaciones con criptoactivos no reguladas, señaló que se realizaron mediante ocho direcciones de Bitcoin entre 2014 y 2018, antes de su ingreso a la función pública y que las billeteras se encuentran vacías

Sobre la compra de la vivienda en el Country Indio Cuá dijo que la misma costó US$ 120.000 y que gran parte se financió con un préstamo hipotecario. En cuanto a las remodelaciones, negó que hayan costado US$ 245.000 como comentó el contratista Matías Tabar, sino que en realidad desembolsaron US$ 175.000 de ahorros.

Por otro lado, sobre las rectificaciones en su declaración jurada por los dólares no declarados, Adorni advirtió que no ve en eso un “indicio de ocultamiento” porque “restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado”, motivo por el cual “merece tratamiento benigno”.

Otra de las adquisiciones de Adorni que estaban bajo la lupa de la Justicia era la compra de otro departamento en Caballito, cuyo precio fue pagado en dólares en efectivo. Según el exjefe de Gabinete, el dinero provino de sus ahorros.

Cómo puede continuar la causa

El fiscal deberá determinar ahora si la documentación entregada por Adorni logra responder a las 20 dudas que quedaban por aclarar.

En caso de que no lo haga, podría indicar nuevas medidas de prueba, e incluso podría convocar a indagatoria tanto al exfuncionario de Javier Milei como a su esposa. (NA)

El arribo del equipo técnico del organismo se da con el comienzo de la primavera, este lunes 21 de septiembre, y no contará con la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La misión será encabezada por Joyce Wong, jefa de misión del FMI para la Argentina, y tendrá reuniones con los equipos técnicos de la cartera económica. Una vez finalizados los encuentros en Buenos Aires, el Directorio Ejecutivo del organismo también deberá dar el visto bueno.

En caso de aprobarse la revisión en ambas instancias, el FMI avanzaría con un nuevo desembolso de aproximadamente US$900 millones. El monto es parte de los fondos que aún quedan pendientes para 2026.

En paralelo a la llegada de la delegación técnica, el país enfrenta el viernes 25 de septiembre un vencimiento con el FMI por US$803 millones. Después quedarán un pago por US$840 millones para principios de noviembre y otro de US$344 millones para diciembre.

En la revisión se analizará el cumplimiento de las metas por parte de la administración Milei. En el plano cambiario, frente a la pauta anual de compra de divisas establecida en US$10.000 millones, el Banco Central (BCRA) compró por más de US$14.200 millones, generando un sobrecumplimiento superior a los US$4.200 millones respecto de lo pactado.

Asimismo, en lo respectivo al objetivo de acumulación neta de reservas para 2026, fijado en US$8.000 millones, estimaciones de la consultora Analytica indican que el BCRA se ubica por encima de la meta, alcanzando los US$9.000 millones.

A diferencia del desempeño cambiario, las cuentas públicas se presentan como el área de mayor complicación para las metas del acuerdo. Para 2026, el programa exige un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI). Sin embargo, durante el primer semestre del año el Gobierno obtuvo un 0,6% del PBI, ubicándose apenas por debajo de la meta semestral del 0,7% del PBI.

Este desvío respondió a la postergación en la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, la caída generalizada de la recaudación derivada de la baja de tributos y el nivel de actividad económica.

Para intentar blindar el superávit, las autoridades asumieron compromisos durante la segunda revisión, tales como postergar la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) hasta el 1 de noviembre, incrementar la recaudación por impuestos específicos y profundizar la focalización de subsidios al transporte.

La visita técnica retoma las pautas marcadas a fines de julio por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en su paso por el país, donde instó a volcar el dinamismo de sectores clave como la minería, el petróleo y el gas hacia rubros relegados como la construcción, la logística y los servicios.

Además, la titular del organismo hizo hincapié en la necesidad de despejar trabas de infraestructura, abaratar y facilitar el acceso al crédito, y fortalecer el mercado de capitales en el país. (NA)

La renuncia de la funcionaria se produjo luego de los cambios en la seguridad en la residencia presidencial, que pasa a estar a cargo de Casa Militar, por “filtraciones que afectan la seguridad presidencial”, como hicieron saber desde el Ejecutivo. Por estos cambios echaron a 12 miembros del personal civil y se reacomodó el resto de la dotación en otras dependencias, incluida la Casa Rosada.

La renuncia de Agudiez se comunicó a través del Decreto 1055/2026 publicado en el Boletín Oficial, que la acepó la dimisión presentada la funcionaria desde el domingo, en una resolución firmada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con agradecimientos por “los servicios prestados” en el desempeño del cargo.

Como parte de los cambios, Karina Milei disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba cargo de Osvaldo Javier Sosa, familiar de Agudiez, y encargó la seguridad del Presidente a la Casa Militar que dirige Sebastián Ignacio Ibáñez.

Como panorama de fondo, en medio de un tenso clima interno, la semana pasada le impidieron la entrada a personal de la Quinta de Olivos, entre cocineros, jardineros y personal de limpieza, en medio de sospechas de filtraciones.

La semana pasada el Gobierno anunció cambios en la seguridad presidencial, por los que Casa Militar asume las tareas de la Quinta de Olivos. El general de brigada, Ibañez, queda a cargo de “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.

El Ejecutivo argumentó la medida en la elevación de “los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.

Como parte de las medidas se disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de funciones de seguridad, administración y control. Igualmente, las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán a cargo de personal civil.

Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.

De esta manera, el organismo encabezado por la hermana del Presidente se quedó todavía con más competencias en relación con la seguridad presidencial y su entorno, sea en las inmediaciones de la Casa Rosada como en todos los sitios donde se encuentre el Javier Milei, tanto en el territorio nacional como en el ámbito internacional. (TN)

El reclamo fue expuesto por la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) en busca de sostener la actividad de la red de librerías independientes en todo el país, remarcando que “cuando una librería cierra, no desaparece solamente un comercio”, al indicar que “se pierde un espacio de encuentro, de acceso a los libros y de promoción de la lectura en cada comunidad”.

Entre los reclamos principales, el sector librero exige la devolución del crédito fiscal del IVA y el acceso a líneas de financiamiento con tasas blandas para hacer frente a la situación de endeudamiento generalizado que atraviesan las pymes nacionales.

Asimismo, las entidades solicitan la creación de una tarifa federal reducida para el envío de paquetes, buscando garantizar la circulación de las producciones de editoriales provinciales y lograr una paridad de condiciones frente a las plataformas de e-commerce.

Desde FALPA expusieron en el relevamiento sobre 1.200 comercios independientes, la combinación de una caída real de la facturación del 41,5% frente a un aumento del 31,1% en los costos operativos entre 2023 y 2026.

En adhesión al reclamo, la Fundación El Libro emitió un comunicado manifestando su “profunda preocupación y expresamos nuestro total respaldo a la declaración de Emergencia Librera”.

Desde la institución remarcaron que la presencia de librerías de cercanía en cada pueblo o localidad es una condición indispensable para el desarrollo federal, la democratización del acceso a la lectura y la formación ciudadana.

En este sentido, indicaron que “las librerías independientes constituyen un invalorable capital cultural”, afirmando que “son los espacios que garantizan la bibliodiversidad, dan visibilidad a sellos editoriales pequeños y medianos, y ofrecen la mediación comprometida de los libreros”.

De esta manera, sostuvieron que “si estos espacios cierran, se empobrece el ecosistema editorial, se profundiza la desigualdad en el acceso al libro y se debilita aún más la formación lectora en nuestro país”. (NA)

En Balcarce 50 atribuyeron la medida a la ausencia de varios integrantes del equipo por viajes y al trabajo del Presidente sobre su exposición ante buena parte de los líderes del mundo que dará el miércoles en Estados Unidos. Hasta este sábado, el Gobierno sostenía que el encuentro, fijado para las 10, seguía en pie pese al viaje presidencial.

Con la suspensión, quedó postergado un reencuentro atravesado por las recientes tensiones que se generaron entre Patricia Bullrich y otros miembros de la cúpula del Ejecutivo por los recortes en Discapacidad introducidos en el Presupuesto 2027.

Hasta la confirmación de la suspensión, la jefa de la bancada oficialista en el Senado tenía previsto asistir a la cumbre en Casa Rosada, donde hablaría por primera vez con Milei desde el conflicto que escaló a partir de sus declaraciones públicas. Ahora, su reencuentro con la cúpula del Gobierno será este martes, en la reunión de la mesa política.

El foco de conflicto en el oficialismo estalló la semana pasada cuando la jefa del bloque libertario en el Senado reveló que no había sido informada sobre las modificaciones que el Ejecutivo introdujo en el capítulo de Discapacidad, pese a haber participado un día antes de la mesa política. En ese contexto, apuntó contra el Ministerio de Economía, pidió que “no la tomen por tonta” y aseguró que la falta de información afectó las negociaciones con los aliados.

El viernes, Bullrich sumó al episodio un video musicalizado con la canción de Lali Espósito -conocida por su enfrentamiento con el Gobierno- No me importa, que en uno de sus pasajes advierte: “No voy a parar por miedo a correr, sé que quisieran poder controlarme”.

Para desescalar el conflicto, Milei le restó gravedad al video, pero puertas adentro distintos funcionarios admitieron un malestar por las diferencias que la senadora viene haciendo públicas.

El viaje de Milei a Nueva York en medio de la tensión con el Reino Unido por Malvinas

En ese contexto, el Gabinete suspendió la reunión de Gabinete. Según comunicaron fuentes oficiales, el Presidente tiene previsto partir rumbo a Nueva York este lunes a las 23 para llegar el martes a las 9:30 (hora argentina) al aeropuerto JFK.

Ese mismo día, a las 16, expondrá en la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde recibirá el premio Ohev Yisrael, y por la noche se reunirá con los economistas Roberto Salinas y Xavier Sala i Martín.

Sin embargo, el foco del viaje será el miércoles, cuando hable a las 12 ante la Asamblea General, para luego disertar a las 16 en una conferencia sobre libertad económica y seguridad estratégica. Sus actividades continuarán con un encuentro con empresarios organizado por el Consejo de las Américas y una reunión con el rabino Simón Jacobson. Para cerrar su gira, el jueves a las 13 hablará en The Economic Club of New York y a las 21 emprenderá el regreso, con arribo previsto a Aeroparque el viernes a las 8:30.

Hasta el momento, la agenda oficial no incluye una reunión bilateral con Donald Trump o con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aunque en Balcarce 50 no descartan que haya gestiones para concretar dichos encuentros. La expectativa de un posible encuentro con el líder republicano no es menor, luego de las recientes intervenciones de Trump sobre el conflicto de Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

En ese sentido, se espera que el Presidente refuerce el reclamo argentino sobre el archipiélago del Atlántico Sur, en sintonía con las resoluciones del comité de descolonización de la ONU que llaman a Londres a retomar el diálogo. La presentación tendrá lugar en medio de los recientes cruces entre la administración británica y la argentina, desatada a partir de la cadena nacional de Javier Milei y el proyecto de Ley de defensa de la soberanía enviado al Congreso. (TN)

En primer lugar, el Presupuesto elimina el artículo 14 de la ley 27.793, que es aquel que consagraba el principio de nomenclador único a nivel nacional para todas las prestaciones del sistema.

Esta modificación llevará a que los prestadores tengan que negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga y cada obra social. 

Con esta reforma planteada por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto, se termina con la homogeneidad de los aranceles.

Según explicó el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria) en un extenso tuit, con esta nueva política "cada obra social, prepaga o provincia fijará valores diferenciados, desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica".

A través del artículo 39 del Presupuesto, se sustituye en artículo 7 bis de la ley de emergencia por una nueva redacción que además de dar por tierra con la política de arancel único, deja sin efecto la actualización automática mensual de los valores de acuerdo al índice de movilidad jubilatoria.

De hecho, el nuevo texto establece explícitamente que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles” y se dispone que el nomenclador "no incluirá valores universales".

En un posteo largo, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro coincidió con Marino en que lógica contemplada en el artículo 39 del Presupuesto "permite que cada ente obligado (obra social, prepaga o Estado) determine los valores en su relación con los prestadores".

El legislador opositor acotó que "sólo para el Estado Nacional prevé una determinación trimestral de aranceles por parte de la Secretaría Nacional de Discapacidad", aunque sin definir un índice concreto como la movilidad jubilatoria. 

"En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto para prestadores y personas con discapacidad", expresó.

Por otra parte, a través del artículo 37 del Presupuesto se elimina la compatibilidad de la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo que aporte ingresos de hasta dos salarios mínimos.

"​El proyecto invierte la regla: cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extingue la pensión", explicó Marino.

El diputado de Unión por la Patria también advirtió que mediante los cambios en el Presupuesto se "elimina la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al terminar el contrato, empujando a las personas con discapacidad a la informalidad".

Otro artículo del Presupuesto, en tanto, suprime el instrumento de estudio de costos para cada uno de los servicios o prestaciones del sistema.

"Borran la herramienta que permitía actualizar aranceles según costos específicos del sector que no capta el IPC, asfixiando a los prestadores", lamentó Marino, que puso como ejemplo los valores que se pagan a los transportistas (apenas 900 pesos por kilómetro), que ni siquiera alcanzan a cubrir los costos reales de mantenimiento del servicio. 

En otro orden, el Presupuesto deroga el artículo 5 de la ley 27.793 que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

De esta manera, se le da al Poder Ejecutivo discrecionalidad para reducir los requisitos para que una persona pueda ser considerada discapacitada, y así depurar la nómina de beneficarios.

El Presupuesto, por si fuera poco, en su artículo 41 elimina el articulo 8 de la ley de emergencia que es el que garantiza la cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas por Discapacidad. 

"Es decir, la cobertura (de salud) deja de ser un derecho legal exigible por los titulares de pensiones", alertó Marino.

Por todas estas razones, el diputado de Unión por la Patria concluyó que la maniobra que el Gobierno busca ejecutar a través del Presupuesto para desguazar la ley de emergencia en Discapacidad es "ilegal e inconstitucional".

"Meter modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola el art. 20 de la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156). A su vez, viola el principio de progresividad y no regresividad en Derechos Humanos (arts. 75 inc. 22 y 23 de la CN)", remató.

Por su parte, Ferraro acusó al Gobierno de tener una política de "crueldad" contra un sector que "atraviesa una emergencia reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre, prestaciones desactualizadas y miles de familias a la deriva". (NA)