Milei indicó que el país se une "en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

"Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación", escribió el mandatario nacional en su cuenta de X.

Quiero hacerle llegar al Papa León XIV @Pontifex mi afecto y mis mejores deseos ante la intervención a la que será sometido. Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación. Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan.

— Javier Milei (@JMilei) October 11, 2026

Asimismo, reveló: "Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan".

La operación del Sumo Pontífice se realizará cuando falta menos de un mes para su visita histórica a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximo. (NA)

El acto fue cerrado por el presidente de LLA PBA, Sebastián Pareja, quien exhortó a los jóvenes a seguir luchando por sus convicciones y las ideas de la libertad.

Del encuentro participaron el coordinador de la organización provincial, Sebastián Acuña; su par nacional, Rocío Gómez; y los referentes juveniles Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez, entre otros.

"Este Congreso refleja el enorme crecimiento que tuvo la juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, tanto en cantidad como en capital humano. Han desarrollado sus propios espacios de formación, combinando la capacitación política con la presencia territorial y la cercanía con los bonaerenses", explicó el diputado nacional ante más de mil jóvenes que colmaron el espacio elegido para el encuentro.

"El presidente Javier Milei siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027. Estoy orgulloso de ustedes", completó Pareja.

El coordinador de la Juventud de LLA PBA, Sebastián Acuña, aseguró: "Tenemos una juventud con capacidad, con formación, con muchas ganas de ponerse al hombro este proyecto de país que encabeza el presidente Javier Milei. Militamos para formar parte de un proyecto que nos trasciende, que conocemos muy bien, porque fuimos parte de una generación que se organizó, militó y trabajó para hacer a Javier Milei presidente de la Nación".

También Sharif Menem destacó el poder de la juventud libertaria al señalar que “es la más convocante del país” y que LLA “es el partido que más espacio le da a los jóvenes en la República Argentina”.

Por su parte, Rocío Gómez se dirigió a los presentes y afirmó: “La Provincia sufre la pésima gestión de Axel Kicillof. Las escuelas no enseñan, los hospitales no atienden, nos rodea la inseguridad. No vemos futuro en la Provincia y eso debe cambiar”.

El encuentro, además de reunir a jóvenes libertarios de todos los rincones de la Provincia, contó con la participación de diputados y senadores bonaerenses y dirigentes locales.

Durante la jornada se desarrollaron distintos paneles de debate y formación sobre los desafíos políticos que enfrenta la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de La Libertad Avanza.

La agenda política provincial parece intentar tirar la pelota para adelante en el terreno de las definiciones, en un intento por mostrarse dialoguistas en tiempos de aparente insensibilidad y con una marcada fragmentación social, como viene advirtiendo la Iglesia Católica a menos de un mes para la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

Ese diagnóstico eclesiástico vuelve a poner el acento frente a una pregunta que incomoda al discurso libertario: hasta dónde la evolución de los números de recuperación económica se traducen efectivamente en una mejora de la vida cotidiana.

Mientras tanto, en el plano comunicacional, la mesa chica del gobernador Axel Kicillof no abandona su libreto, combinando furiosas críticas contra el modelo económico de Javier Milei, particularmente dañino por las continuas restricciones presupuestarias. Los libertarios, a modo de única respuesta, les sugieren recortar el gasto público militante en estructuras ministeriales.

Según declara el ministro Gabriel Katopodis, la Provincia mantiene la inversión en infraestructura municipal pese a la caída de recursos y al freno de obras con financiamiento nacional. La lentitud del Ejecutivo en remitir las leyes de Presupuesto y Fiscal Impositiva a la Legislatura podría estar vinculada con una supuesta decisión gubernamental de atravesar el último año de Kicillof con presupuesto prorrogado.

La razón política parece sencilla de explicación: “El horno legislativo no está para bollos por la interna del PJ y, además, Kicillof tiene el aval para tomar deuda en dólares que ya le votamos en diciembre. Con eso tiene margen de maniobra para gobernar”, aseguran en mesas de café del denominado Patio del Anexo, un espacio gastronómico ubicado en el interior de la Cámara de Diputados.

Esa hipótesis comienza a ganar cierta relevancia a partir del complejo escenario entre el cristinismo duro y el sector que reporta al Gobernador. Hace poco más de un mes, Kicillof mandó a su ministro de Economía, Pablo López a cruzar los dedos y demorar el envío de la denominada Ley de Leyes, una hoja de ruta de “cálculos y recursos” que, en esta ocasión, tiene la particularidad de ser la última de la gestión kicillofista antes del traspaso de diciembre de 2027.

La parsimonia no hizo más que alimentar el clima de suspenso en el palacio legislativo. Además, la Corte bonaerense reclama una ley para se avance con su autonomía presupuestaria y financiera, aunque probablemente detrás de esa decisión también haya un mensaje implícito a Kicillof para cubrir las cuatro vacantes en el máximo tribunal de Justicia que, en la actualidad, funciona con sólo tres de sus siete miembros.

Hace poco en esferas legislativas se pidió que la cobertura de sillas ministeriales quede en manos del gobernador que asuma el año próximo. En términos políticos, Kicillof no tiene margen para resbalar por esa atmósfera de desconfianzas mutuas con el kirchnerismo legislativo. Aun cuando algunos proyectos del Ejecutivo como, por ejemplo, la integración del sistema sanitario y la creación de un laboratorio estatal de medicamentos, siguen en lista de espera, al igual que las reformas al régimen electoral bonaerense.

Eso permite pronosticar que si la negociación contiene múltiples exigencias, tanto con Fuerza Patria como con los bloques de la oposición, podría gobernar sin presupuesto durante el próximo ejercicio, recurriendo a la herramienta constitucional de reorientar partidas para garantizar la continuidad del funcionamiento estatal e incluso los porcentajes de coparticipación hacia los municipios según la evolución de los ingresos por recursos nacionales y la recaudación impositiva provincial.

A ese dato técnico se suma la ejecución del endeudamiento por más de 3.600 millones de dólares autorizado a fines del año pasado por la Legislatura después de un prolongado proceso de discusión  que derivó en un texto final con múltiples herramientas financieras, la creación de fondos específicos para los distritos y la condonación de deudas acumuladas por intendentes durante años anteriores.

En una época de construcción política, la falta de consensos parlamentarios por la interna de peronistas y demás fuerzas opositoras neutraliza no pocas discusiones estructurales. Por ahora, las sesiones ordinarias para sumar a las estadísticas avanzan únicamente sobre expedientes con determinado acuerdo puntual o alguna visibilidad mediática.

Existen algunos gestos de proximidad dentro de la coalición oficialista legislativa que permiten no agravar la relación entre los múltiples sectores peronistas, incluidos aquellos sin “terminal política”, término que se utiliza habitualmente en la jerga parlamentaria para describir a aquellos diputados o senadores que no responden de manera directa a ninguna estructura tradicional dentro del esquema del PJ, donde la crisis de liderazgo partidario ya es algo frecuente.

A falta de un año para las elecciones bonaerenses y, entre secretos y múltiples operaciones que nadie se atreve a explicitar en público, ya existe una abundante -y por ahora irrelevante- cantidad de candidatos a suceder a Kicillof y otros dispuestos a competir por intendencias ante las urnas.

Según información oficial, hasta el momento fueron asistidas 22 personas, entre adultos y menores, en el marco de un operativo coordinado por el Comité Operativo de Emergencias (COE).

De acuerdo con el último informe hidrológico citado por autoridades locales, el nivel del río frente al puerto de Concordia podría alcanzar los 13 metros hacia el lunes, un escenario que incrementaría la cantidad de evacuados en las zonas ribereñas más vulnerables. El intendente Francisco Azcué confirmó que el municipio mantiene activos los dispositivos de asistencia y monitoreo ante la evolución de la creciente.

Los registros de la Prefectura Naval Argentina muestran que el puerto de Concordia alcanzó los 11,62 metros durante la madrugada de este sábado, con una tendencia de crecimiento que mantiene a la ciudad por encima de la cota de alerta, fijada en 11 metros, y acercándose al nivel de evacuación de 12,50 metros. La estación hidrométrica reportó además una variación positiva respecto de la medición previa, consolidando el escenario de vigilancia permanente. 

La situación también genera preocupación en Colón, donde el río alcanzó el nivel de alerta y continúa creciendo. La Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) proyectó una altura cercana a los 7,70 metros para los próximos días, apenas 20 centímetros por debajo de la cota de evacuación establecida en 7,90 metros. Ante ese panorama, el municipio identificó al menos seis familias que podrían requerir asistencia si se mantiene la tendencia ascendente.

Los datos de Prefectura reflejan que el puerto de Colón registró este sábado una altura de 7,27 metros y permanecía en estado de alerta con tendencia creciente. El nivel supera la cota de alerta local, fijada en 7,10 metros, y se acerca progresivamente al umbral de evacuación. 

El avance de las aguas también se observa en otros puntos de la cuenca baja del Uruguay. En Concepción del Uruguay, las proyecciones de CARU estiman una altura de 6,15 metros, por encima de la cota de alerta de 5,30 metros. En la desembocadura del Gualeguaychú, las previsiones anticipan registros superiores al nivel de evacuación, mientras que en la ciudad uruguaya de Paysandú también se esperan marcas por encima de los valores considerados de alerta.

Las mediciones de Prefectura corroboran ese cuadro. Concepción del Uruguay registró 5,56 metros y permanecía en alerta con tendencia ascendente, mientras que Boca del Gualeguaychú se ubicó en 3,04 metros, apenas por debajo de la cota de evacuación de 3,10 metros. En la ciudad de Gualeguaychú, el nivel alcanzó 3,26 metros y continuaba creciendo. 

Más al norte, la creciente ya provoca impactos en Corrientes. En Paso de los Libres, donde según informes periodísticos fueron asistidas unas 25 personas, Prefectura registró una altura de 9,18 metros, por encima de la cota de evacuación establecida en 8,50 metros. El puerto se encontraba oficialmente en condición de evacuación, aunque con nivel estabilizado. En Alvear, donde las autoridades dispusieron el cierre del puerto y suspendieron el cruce hacia Brasil, el río marcó 10 metros, superando el nivel de alerta local. 

Los especialistas coinciden en que la evolución de la creciente dependerá de las lluvias pronosticadas para los próximos días, de los aportes provenientes de la alta cuenca y de los caudales evacuados por la represa de Salto Grande. La CARU advirtió que el río mantendrá una tendencia ascendente y recomendó seguir exclusivamente los informes oficiales, ya que las proyecciones pueden modificarse en función de las condiciones meteorológicas y del comportamiento hidrológico regional. (N/A)

La iniciativa, que se encuentra en etapa de diseño entre funcionarios de ambos países, prevé asistencia técnica y un financiamiento de hasta 13,9 millones de dólares por parte del Departamento de Estado estadounidense durante un período de tres años. El objetivo es fortalecer la protección de redes gubernamentales, mejorar la capacidad de respuesta frente a ataques informáticos y reducir la dependencia de proveedores que Washington considera potencialmente vulnerables desde el punto de vista de la seguridad.

Fuentes vinculadas al proyecto señalaron que la primera etapa consistirá en un relevamiento detallado de centros de datos, sistemas y redes de organismos públicos nacionales para identificar equipamiento considerado sensible, establecer prioridades de reemplazo y definir estándares de seguridad para futuras adquisiciones.

El futuro centro de operaciones estaría bajo la órbita del Centro Nacional de Ciberseguridad y concentraría funciones que actualmente se encuentran dispersas en distintos organismos. Entre sus capacidades previstas figuran la supervisión permanente de redes estatales, la centralización de alertas, el análisis de amenazas, la detección de comportamientos anómalos y la coordinación de respuestas frente a incidentes que afecten infraestructura crítica.

El programa también contempla asistencia para adecuar marcos regulatorios, protocolos de intercambio de información y mecanismos de coordinación entre dependencias gubernamentales, además de un amplio esquema de capacitación para especialistas argentinos en ciberdefensa, análisis de amenazas y gestión de incidentes.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para promover en América Latina el uso de proveedores considerados "confiables" en materia de telecomunicaciones e infraestructura digital. Durante los últimos meses, funcionarios estadounidenses intensificaron sus advertencias sobre la utilización de tecnología china en sectores estratégicos y vincularon esa cuestión con la seguridad nacional, la protección de datos y la atracción de inversiones.

El embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, ha sido uno de los principales exponentes de esa postura. En distintos foros empresariales sostuvo que compañías como Huawei operan bajo legislaciones que las obligan a colaborar con los organismos de inteligencia de Beijing y advirtió que la utilización de esas tecnologías puede constituir un factor de riesgo para la protección de información sensible y para el desembarco de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. (N/A)

El Ejecutivo mantiene los lineamientos del plan de privatizaciones que impulsó en 2024, cuando se aprobó la Ley Bases y Puntos de Partida. Dentro de esa ley se detallan distintas compañías que el Gobierno planea trasladar a manos del sector privado.

Belgrano Cargas

El Gobierno convocó a la licitación para concesionar, por 50 años, las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza. Desde la administración central apuntaron que la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con planes de inversiones y la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes inviertan en infraestructura ferroviaria.

Las estimaciones oficiales proyectan un plan de obras ferroviarias cercano a los US$800 millones, que incluye renovación y duplicación de vías, rehabilitación de ramales fuera de servicio, renovación integral de puentes y alcantarillas, modernización de señalamiento y telecomunicaciones, electrificación en tramos seleccionados, mejoras en pasos a nivel y desarrollo de nodos logísticos, puertos secos y playas de maniobras.

Del lado de la demanda, el proceso despertó interés de grandes jugadores del agro y la minería, además de grupos internacionales especializados en operación ferroviaria. Entre los nombres que se mencionaron en el mercado aparecía Grupo México, operador de ferrocarriles de carga en su país, que manifestó disposición a invertir del orden de US$3.000 millones siempre que sus proyectos puedan acogerse al RIGI y cuenten con garantías de estabilidad regulatoria.

El cronograma oficial prevé que las adjudicaciones finales se tramiten para abril o mayo de 2027. A partir de entonces, los nuevos concesionarios deberán iniciar la ejecución de los planes de obra comprometidos, bajo supervisión delEstado y con el fideicomiso como fuente de financiamiento complementaria.

Dentro del sector aeronáutico, el Gobierno tiene en mente continuar con la privatización de Intercargo, luego de haberla declarado desierta tras no haber recibido ofertas por la compañía.

El final vacante de la operación, que tenía un precio base de US$45 millones, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales. Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas "ad hoc" recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.

Ahora, el Ejecutivo deberá evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de la gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.

A pesar de este resultado negativo en el proceso licitatorio, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro. Por el momento, Intercargo seguirá en manos del Estado.

ENARSA

En esta compañía, el Gobierno autorizó la segunda etapa del proceso de privatización y llamó a licitación pública para transferir sus acciones en tres centrales termoeléctricas.

La venta de activos abarca la participación accionaria estatal que administraba la empresa pública en tres fideicomisos de generación eléctrica creados en la última década:

Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. (TMB S.A.): se autorizó la venta del 65,01% del capital social, correspondiente a la totalidad de los títulos pertenecientes a ENARSA.
Termoeléctrica José de San Martín S.A. (TSM S.A.): el Estado pondrá a la venta el 68,83% del capital social.
Central Termoeléctrica Guillermo Brown S.A. (CTGB S.A.): en este caso, la licitación se ejecutará una vez concretada la liquidación del respectivo fideicomiso y la correspondiente incorporación formal de ENARSA como accionista de la sociedad, cuyo plazo de extinción está fijado para el 30 de septiembre de 2026.

El capital social restante en estas comañías continúa en poder de las empresas generadoras privadas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que integraron originariamente el Fondo FONINVEMEM.

Cómo quedó la privatización de AySA

En la última semana se conoció que el holding compuesto por Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedará con el 90% de las acciones de la empresa de distribución de agua y de saneamiento cloacal.

Rowing es una empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, que se especializa en el desarrollo y mantenimiento de infraestructura de energía, proyectos ferroviarios, telecomunicaciones, obras civiles y arquitectura, y saneamiento urbano. La firma ya tiene experiencia siendo prestadora del sector público.

La compañía pertenece al empresario Walter Román, quien conoce lo que es hacer negocios con el Estado y forma parte de una familia con nexos con el oficialismo. En lo particular, aportó con sus empresas $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza.

El consorcio que encabeza Rowing también tiene como protagonista a Transclor, la empresa de Mauricio Filiberti, que es el proveedor exclusivo del policloruro de aluminio que se usa para potabilizar el agua, siendo el insumo más importante que consume AySA. 

En paralelo, Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en el control accionario de Edenor, la distribuidora eléctrica que tiene como principal cliente a AySA.

La cantidad de firmas activas con trabajadores registrados volvió a anotar una nueva caída en el séptimo mes del año. De esta manera, ya son 18 meses consecutivos en los que se redujo la cantidad de empresas en el país.

El informe de la SRT, con los últimos datos disponibles en julio, sostuvo que el número de empresas que se perdieron en el mes fue de 948 frente a junio, pasando a haber 480.067 en todo el territorio nacional.

Si se tiene en cuenta el mismo mes de 2025, la pérdida total asciende hasta las 15.475 firmas, lo que representa una contracción del 3,1%. Y si se mira contra diciembre del último año, los cierres en 2026 totalizan 9.682, casi un 2% de las 489.749 con las que había cerrado 2025.

Si se mira desde que asumió La Libertad Avanza (LLA) tomó las riendas del poder, el total de las firmas que cerraron es de 32.290. Al cierre del mandato de Alberto Fernández había 512.357 empresas, por lo que la pérdida representa el 6,3%.

Frente a esto, la SRT sostuvo en su informe que la contracción puede deberse a la aparición de otros factores: "Una menor cantidad de empleadores cubiertos puede responder a cierres efectivos, pero también a reorganizaciones, cambios de CUIT, modificaciones en la nómina, rescisión de contratos o cambios en la modalidad de organización laboral".

Por lo que agregó que "la estadística de cobertura no permite atribuir una causa específica a cada baja".

Este fenómeno de cierres es, de acuerdo a la medición del organismo, más acelerado que lo ocurrido durante la pandemia y el aislamiento por el COVID-19: en febrero de 2020 se contabilizaban 508.187 empresas, mientras que en septiembre de 2021 —cuando se anotó el piso histórico de la serie— ese número se ubicó en 486.782, por lo que las firmas que desaparecieron ascendían a 21.405, siendo menos del 5% del total.

Según detalló Rossi, en declaraciones radiales, el esquema permite adquirir la nacionalidad mediante el pago de 350 mil dólares en el caso de inversores individuales, y de 500 mil dólares para grupos familiares. El dirigente remarcó que estas sumas se exigen sin necesidad de contar con residencia previa en el territorio nacional.

El diputado advirtió que la maniobra funciona como un atajo legal para burlar las restricciones vigentes impuestas por la Ley de Tierras. A su juicio, "cualquier inversor extranjero que adquiera la ciudadanía bajo esta modalidad queda exento de los topes de dominio territorial".

Rossi vinculó estas decisiones con un hilo conductor ideológico que incluye la presencia del empresario tecnológico Peter Thiel y el régimen de grandes inversiones conocido como el "super RIGI". También cuestionó las iniciativas del ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, orientadas a la creación de sociedades comerciales basadas exclusivamente en algoritmos.

Para el ex ministro de Defensa, estas medidas forman parte de una secuencia de intentos orientados a cruzar los límites regulatorios de la ley de tierras. En esa línea, caracterizó el programa oficial como una estrategia que fomenta la conformación de economías de enclave en zonas de recursos naturales.

Respecto a la defensa oficial del RIGI como un éxito en la atracción de capitales, Rossi restó mérito a la política gubernamental y argumentó que los sectores con recursos naturales en Argentina poseen un atractivo intrínseco tal que las inversiones habrían llegado con o sin la vigencia de dicho régimen. (N/A)

El analista de Wall Street cruzó el debate por el atraso cambiario y proyectó que el éxito de las reformas estructurales hará que el país sea inevitablemente más costoso en moneda extranjera. Al respecto, argumentó que "el nivel del dólar actual es el nivel del dólar que tiene sentido tener en una economía que está en transición a ser una economía mejor y más ordenada".

Para justificar la cotización actual, Ades recurrió a la comparación histórica y minimizó las críticas de un atraso artificial. "Si uno mira el tipo de cambio real hoy, contra ese promedio te da algo así como 29% más fuerte. Si lo comparás con el 2017, te da el mismo nivel. Claramente este es un peso fuerte que creo es consistente en el largo plazo con un país que le va bien", detalló. 

Sin embargo, el especialista reconoció las tensiones que genera este esquema en el corto plazo al matizar: "Si yo pudiera, a mí me gustaría un tipo de cambio más alto, pero reconozco que es muy difícil".

Consultado sobre el futuro económico del país, el economista planteó que un ordenamiento macroeconómico de largo plazo derivará de forma natural en una Argentina menos dependiente de las devaluaciones y más respaldada por su crecimiento real.

 "Si la Argentina se convierte en un país 'normal', con cuentas públicas ordenadas, con un sector externo pujante con crecimiento de energía, minería, inflación de un dígito, una economía más abierta integrada al mundo, más desregulada y con crecimiento de la productividad, vamos a ser más caros en dólares de lo que fuimos en 2022 o anteriores períodos en donde nos fue muy mal", proyectó en declaraciones radiales.

Descartó ser ministro de Economía

Ades aprovechó para dar de baja las versiones sobre un eventual reemplazo de Luis Caputo al frente del Palacio de Hacienda tras sus recientes acercamientos con el Gobierno. "Lo conozco a Javier Milei desde el 2023, pero luego de que me invitara a dar una charla se tejió toda una especulación de que yo me estaba probando el traje de Toto Caputo. Ministro de Economía yo no quiero ser", concluyó de forma tajante. (N/A)

Sebastián Di Nucci, gerente de Inversión del Banco Ciudad, una de las entidades habilitadas para la recepción y administración de este mecanismo, que permite que una porción de las cargas patronales vigentes se transforme en un activo financiero dentro de las organizaciones, destinado exclusivamente a dar cobertura a los costos de indemnización.

"Es positivo que bajo esta ley de modernización laboral, hoy las empresas con parte de lo que pagan los aportes mensuales patronales, se capitaliza en lo que va a ser una nueva inversión dentro del balance de las empresas", señaló el ejecutivo en declaraciones radiales.

Una de las principales ventajas del instrumento es su especificidad y su protección legal ante contingencias judiciales. El fondo funciona como un patrimonio separado que quita presión a la caja diaria de las compañías ante una eventual reducción o recambio de personal.
"El Fondo de Asistencia Laboral se va a usar únicamente para las desvinculaciones o el pago indemnizatorio que tengan con sus empleados", aclaró Di Nucci. 

En ese sentido, remarcó dos aspectos clave para la tranquilidad jurídica de las firmas: "Esa es la única característica de este Fondo, va a ser inembargable, y cuando lo recibe el Banco Ciudad, que es la entidad habilitada, va a estar invirtiendo ese Fondo".

Desde la perspectiva del balance corporativo, el objetivo central es calzar el activo invertido con las obligaciones futuras de la empresa. "Lo que busca es cubrir lo que tenemos del lado de los balances, que es el pasivo por despidos, y lo que va a buscar es darle cobertura a la evolución de ese pasivo", explicó el especialista.

Estrategia de inversión: ganarle a la inflación sin sorpresas

El gerente de Inversión precisó la hoja de ruta regulatoria y comercial: "Los instrumentos elegibles para este tipo de fondos son bonos soberanos, letras del Tesoro, también pueden participar bonos provinciales únicamente de la mejor categoría", destacó.

Finalmente, Di Nucci le puso números a la meta de rendimiento que se trazaron para defender el poder adquisitivo de los aportes de los empleadores, en un entorno económico que exige sintonía fina. "Vamos a estar buscando ganar inflación más un margen, después depende de la dinámica que tenga en el mes a mes las inversiones, pero hoy sí se puede alcanzar ese objetivo con un ancla muy importante que es manejarlo con la menor volatilidad posible", cerró. (N/A)

La solicitud de la sesión especial, encabezada por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16.

La idea del oficialismo es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto al Senado, donde se había aprobado con media sanción hace poco más de dos meses.

Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida socialmente, y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no solamente la derogación de la Ley de Tierras sino el DNU 70/23 completo.

Irónicamente, la Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo por el cual aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.

El oficialismo estaba esperando el fallo de la Corte Suprema para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre.

Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora: la reposición de la Ley de Tierras (aunque sea de manera provisoria y no definitiva) les quitó incentivos para ir contra todo el paquete desregulatorio del DNU 70. (NA)

La solicitud de la sesión especial, encabezado por el libertario cordobés Gabriel Bornoroni (jefe del bloque LLA), repite dos proyectos que son parte de la convocatoria de la oposición al recinto el próximo 15 de octubre: la emergencia en Discapacidad y la ley sobre Endeudamiento Familiar.

No se incluyó el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que el Gobierno pretende fortalecer la posición soberana del Estado argentino sobre las Islas Malvinas respecto a la usurpación del territorio y la expoliación extranjera de sus recursos naturales, además de introducir reformas al sistema de Seguridad Nacional y en el aparato de Defensa.

En cambio, sí aparece en el temario el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, se dictaminará en un trámite ultra exprés en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General que se reunirá por primera y única vez el miércoles a las 16 hs.

La idea del oficialismo es incorporar una versión atenuada de la Ley de Tierras en el articulado de la norma sobre Propiedad Privada y devolver el proyecto al Senado, donde se había aprobado con media sanción hace poco más de dos meses.

Si bien el Gobierno está filosóficamente en contra de cualquier restricción a la compraventa de tierras rurales a extranjeros, dio un giro pragmático al darse cuenta que era una batalla perdida socialmente, y que si insistía con la derogación de la norma, la oposición podía llevarse puesto no solamente la derogación de la Ley de Tierras sino el DNU 70/23 completo.

Irónicamente, la Corte Suprema le dio una mano al oficialismo con su último fallo por el cual aceptó dar lugar al pedido de una cautelar a favor de la ONG Árbol de Pie para reponer la vigencia de la Ley de Tierras.

Además de los proyectos de Discapacidad, Endeudamiento Familiar e Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el temario incluye la iniciativa sobre Trazabilidad de Medicamentos de Alto Riesgo y la ley sobre Vandalismo Rural.

El oficialismo estaba esperando el fallo de la Corte Suprema para pedir la sesión especial, ya que la resolución judicial le dio la tranquilidad de que la oposición no reuniría quórum el 15 de octubre.

Los diputados indecisos de los bloques dialoguistas encontraron en la medida del máximo tribunal una vía des escape y la excusa perfecta para prescindir de la convocatoria opositora: la reposición de la Ley de Tierras (aunque sea de manera provisoria y no definitiva) les quitó incentivos para ir contra todo el paquete desregulatorio del DNU 70. (NA)  

En X, compartió una publicación de su cuenta oficial sobre una reunión con un ejecutivo de Oracle. “Esto es tecnología, segura, confiable y transparente. No tecnología con línea directa al Partido Comunista Chino”, escribió el diplomático.

A continuación, reforzó su advertencia: “Porque una cosa es comprar tecnología barata. Otra es entregar las llaves de tu casa”.

Lamelas sostuvo que la libertad de mercado debe ir acompañada de una evaluación de las condiciones de seguridad de los productos y servicios que se contratan. “Un mercado libre no debe ser un mercado ciego. ¡Es ahora!”, cerró el mensaje.

El posteo retomó una publicación difundida un rato antes desde su cuenta oficial como embajador, en la que destacó la presencia de Oracle en distintas actividades de la economía argentina y dio detalles de un encuentro con Matis Pellerin, vicepresidente de Asuntos Gubernamentales Globales de la compañía, que viajó desde París.

“Buena parte de las finanzas, el comercio y el consumo masivo de la Argentina funciona con bases de datos de Oracle. Tecnología estadounidense que impulsa el desarrollo local y moderniza los negocios”, afirmó en ese mensaje.

Según explicó, durante la reunión conversaron sobre las posibilidades de la superinteligencia para acelerar cambios en empresas y servicios. El embajador también vinculó la elección de proveedores tecnológicos con las condiciones necesarias para desarrollar la infraestructura destinada a las exportaciones.

“Coincidimos en algo clave: la infraestructura para exportar recursos estratégicos necesita una base tecnológica segura. Y esa base empieza por proveedores confiables”, señaló. (TN)

La decisión fue adoptada por mayoría, con la intervención de dos conjueces, a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, una organización ambientalista que cuestionó la derogación de la normativa.

El expediente fue remitido a la Justicia Federal de San Carlos de Bariloche, donde se inició el reclamo y deberá resolverse si los demandantes están legitimados para actuar y si corresponde otorgar la medida cautelar solicitada.

La suspensión tendrá carácter interino y se mantendrá hasta que el juzgado se pronuncie sobre esas cuestiones.

El antecedente del reclamo de excombatientes

La resolución se conoció días después de que la Corte revocara una medida cautelar que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de una presentación del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

En ese caso, la Cámara Federal de La Plata había avalado la suspensión del artículo 154 del DNU al considerar que podía afectar la soberanía nacional. Sin embargo, el máximo tribunal dejó sin efecto esa medida al entender que la asociación no había acreditado la legitimación necesaria para promover el reclamo.

Ese fallo permitió que volviera a tener efectos la disposición del decreto que derogó la Ley 26.737, sancionada para regular la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.

La resolución generó críticas de sectores de la oposición y abrió una discusión parlamentaria sobre la continuidad de la norma. También motivó un comunicado aclaratorio de la Corte.

Tras ese pronunciamiento, quedó pendiente el análisis de una segunda presentación vinculada con el mismo artículo del DNU, impulsada por Árbol de Pie y otros demandantes.

Los argumentos de la organización ambientalista

El nuevo expediente se inició a partir de una acción presentada por Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.

Los demandantes sostienen que su planteo tiene fundamentos diferentes de los expuestos por el CECIM. Mientras la asociación de excombatientes había invocado la defensa de la soberanía nacional, la nueva presentación se apoya en derechos colectivos relacionados con la protección del ambiente y los territorios ancestrales de los pueblos originarios.

Árbol de Pie argumentó que cuenta con legitimación propia para impulsar la acción judicial y que, por lo tanto, la decisión anterior de la Corte no debería extenderse automáticamente a su reclamo.

La organización también solicitó que se precisara el alcance del fallo previo respecto del amparo colectivo que promueve contra la derogación de la ley. Su objetivo es mantener suspendidos los efectos de la disposición mientras la Justicia analiza la validez constitucional del DNU.

Cómo se resolvió la medida

El voto mayoritario estuvo integrado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Pérez Curci. La decisión dispuso la suspensión interina del artículo cuestionado y la remisión de las actuaciones al juzgado federal de Bariloche.

El juez Carlos Rosenkrantz coincidió en devolver el expediente a ese tribunal, pero expresó una disidencia parcial respecto de la medida cautelar. Sostuvo que la Corte no debía dictarla porque no se encontraba habilitada para intervenir en esas condiciones y no se verificaban los supuestos excepcionales que permiten a un tribunal adoptar una cautelar aun cuando no sea competente para resolver el fondo del asunto.

Además, advirtió que una referencia genérica a la protección del ambiente no puede justificar por sí sola el dictado de medidas cautelares, incluso de carácter provisorio.

El expediente deberá continuar ahora en la Justicia Federal de Bariloche, donde el juez Leandro Gómez Constella tendrá que evaluar si los demandantes reúnen los requisitos para impulsar la acción y si corresponde conceder la cautelar solicitada. (Clarín)

Durante el encuentro de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, renovó su mandato como presidente de la institución, las más de 500 intendentas e intendentes de todo el país aprobaron un documento en el que exigen al presidente Javier Milei la urgente corrección del rumbo económico y advirtieron sobre el impacto de las políticas nacionales en el empleo, la producción, la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, las jubilaciones, la discapacidad, la asistencia social y las economías regionales.

La FAM también advirtió sobre la pérdida de recursos para provincias y municipios, la paralización de la obra pública, la caída del consumo y el impacto de la crisis sobre jubilados, trabajadores, PyMEs y economías regionales. En ese sentido, reclamaron al Gobierno nacional la restitución de los fondos educativos, la reactivación de la obra pública y una mayor inversión en salud, educación, seguridad y discapacidad.

Luego de la Asamblea, el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, expresó: “Los Municipios de todo el país se convirtieron en la primera barrera de contención, atendiendo las crecientes demandas de la población frente al deterioro de las condiciones de vida”.

“Es en cada Gobierno local desde donde estamos empujando la unidad para frenar esta escalada de injusticia social que sufre el pueblo argentino”, sostuvo Fernando Espinoza.

“Según las últimas encuestas, el 70% de las argentinas y argentinos pide un cambio de rumbo económico. Ante todo este triste diagnóstico, y junto a la Federación Argentina de Municipios tenemos la tarea de mantener encendida la llama de la esperanza, construir una alternativa amplia y superadora y comenzar un nuevo camino para la Argentina”, concluyó Fernando Espinoza.

En los Decretos 1158/2026 y 1159/2026 firmados por Milei y el canciller Pablo Quirno, se indicó que Ailan fue designado como Embajador en ambos países africanos.

Asimismo, se informó que ambas designaciones son “sin perjuicio de sus actuales funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República en Sudáfrica”.

Además, en ambos Decretos se señaló que tanto el Gobierno de la República de Namibia como el de la República de Mauricio concedieron “el plácet de estilo para la designación del citado funcionario como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario” en ambos países. (NA)

El enfoque clave del planteo es que condicionaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Días atrás, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, pero el gobierno apeló hoy el fallo.

El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

Por eso, ordenó al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

El caso pasará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. (C5N)

A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que, el desempeño revelado hace unas horas “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró la comunicación de la entidad bancaria.

En ese sentido, el BCRA precisó que “como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA precisó que, “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años". 

"De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”, añadió.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”.

Además, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó. (con información de NA)

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles las presentaciones de los hijos de Cristina Kirchner. El inicio del remate, de todos modos, sigue sujeto a lo que resuelva la Corte Suprema.

La orden original sostiene que los condenados en Vialidad deben devolver al Estado un monto actualizado de 684.990.350.139,86 pesos por los daños ocasionados.

La apelación resaltó que Máximo y Florencia Kirchner no están condenados en Vialidad, por lo que solicitaron que se suspenda la orden de ejecución y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte se pronuncie al respecto. Los recursos apuntaban contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado planteos contra la ejecución dispuesta el 26 de agosto.

Casación consideró que esa decisión no era recurrible, ya que no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, y tampoco impedía la continuación del trámite.

Para los jueces, Máximo y Florencia, además, no demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El tribunal destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas de manera definitiva: su tratamiento fue diferido y puede retomarse en la oportunidad procesal correspondiente. Con ese criterio declaró inadmisibles los recursos y dejó habilitada la continuidad del trámite de ejecución del decomiso dispuesto en Vialidad.

Los bienes identificados por la Justicia

Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente.

En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la “Casona”, y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle —Mitre al 500— que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña.

El listado se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos a fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente.

El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez —como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto— y de otros condenados, que podrán ser ejecutados si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado. (con información de TN)

Los dichos fueron efectuados por el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025.

Como primera conclusión, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es "razonable". Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

"Erró en el cálculo"

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. "Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente", aclaró Olmos.

Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central "con fines de cobertura", bajo la gestión de Santiago Bausili. 

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro "como bien de respaldo o subyacente", de acuerdo con la explicación del titular.

En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras "especulando con una determinada trayectoria" para el precio internacional del oro.

"Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, "nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo".

La polémica por el destino del oro

El presidente del organismo también se refirió a la polémica que se desató debido a los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

Olmos sostuvo que la AGN "se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas", por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

"En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién", concluyó.

La discusión escaló con el paso de los meses y llegó hasta la Justicia, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos". (con información de NA)