El texto, titulado Personalidad jurídica para empresas de IA: revisando las preocupaciones de Harari, aparece como una respuesta directa al artículo que el autor de Sapiens publicó en el Financial Times contra la propuesta argentina. La discusión se había iniciado días antes, cuando Milei difundió en ese mismo diario una columna en la que presentó a la Argentina como un posible polo global de inteligencia artificial, con baja regulación, incentivos fiscales y una nueva categoría legal para compañías operadas por algoritmos, agentes de IA o robots.

Harari cuestionó esa idea y sostuvo que otorgar personalidad jurídica a empresas no humanas puede abrir una puerta peligrosa hacia el sistema financiero, económico y político. Su planteo central fue que una compañía manejada por IA podría tener activos, contratar empleados, participar del comercio internacional, iniciar demandas judiciales o incluso financiar campañas sin la intervención directa de una persona. También advirtió que sería difícil sancionar a una IA como se sanciona a un ejecutivo humano, porque no puede ser enviada a prisión.

Milei rechazó ese enfoque y afirmó que los temores de Harari son, en realidad, un argumento a favor de darles un encuadre jurídico. Según el Presidente, si las empresas de IA implican más riesgos, entonces es más necesario identificar sus activos, establecer un patrimonio embargable y fijar responsabilidades. “Preferiría ampliamente tener un patrimonio contra el cual poder reclamar si soy engañado por una IA, antes que no tener protección alguna”, planteó en la carta.

El tramo más polémico aparece cuando Milei toma una historia de Yo, robot, de Isaac Asimov, en la que una campaña política queda atravesada por la sospecha de que el candidato principal podría ser un robot. El Presidente remarca que, en ese relato, el robot trabaja las 24 horas, es honesto y no pierde la compostura. Luego agrega: “¿Por qué no probar con el político robot?”. Si bien no lo presenta como una propuesta formal, la frase instala una comparación sensible entre dirigentes humanos e inteligencia artificial.

La explicación de fondo de Milei es que una firma de IA podría tener más incentivos para cumplir la ley que un humano. Su argumento es que, si la empresa quebrara o fuera disuelta por una infracción, eso equivaldría para la IA a una suerte de “muerte”. Por eso, sostiene que una compañía autónoma podría ser más adversa al riesgo que un ejecutivo humano y preferiría mantenerse dentro del marco legal.

El Presidente también buscó desactivar los escenarios más catastróficos. Sostuvo que otorgar personalidad jurídica a una empresa de IA no equivale a habilitar el “Día del Juicio Final” de Terminator, sino a darle un marco de desarrollo comparable al refugio que necesitó James Watt durante la Revolución Industrial. Con esa comparación, Milei intentó ubicar el debate en una tradición de innovaciones resistidas por temor, pero que luego generaron saltos de productividad.

En otro pasaje, Milei cuestionó la analogía de Harari con la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Para el Presidente, ese caso no demuestra el peligro de la personalidad jurídica empresarial, sino el riesgo de que el Estado delegue poderes soberanos, como administración territorial, fuerza militar o derecho a firmar tratados. “Fue el Estado el que causó y permitió el abuso”, sostuvo. (con información de TN)

Pese a que en Casa Rosada sostienen que la titular del Senado no fue invitada al acto patrio, desde en entorno de Villarruel aseguran que fue convocada por la provincia de Santa Fe y el municipio, encargados de la organización del mismo. 

Lo cierto es que el sábado el mandatario y su compañera de fórmula volverán a reencontrarse luego de meses de tensión, marcados por los fuertes cuestionamientos de Villarruel a la administración libertaria y, en particular, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. 

El libertario se mostrará con el ministro coordinador en medio de los rumores de renuncias y de salida del cargo a raíz de los movimientos en la causa judicial y la presentación de su declaración jurada. 

Fue la propia vicepresidenta la que anticipó su presencia, casi un mes después de haberse quedado afuera del Te Deum del 25 de mayo al no ser recibida por la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei. 

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", expresó a través de su cuenta de X. 

Aún no está en claro cómo estarán ubicados en torno al Monumento a la Bandera que fue restaurado por el gobierno local de Maximiliano Pullaro. "El tema lugares se irá viendo. Le preocupa poco eso a ella", precisaron desde el entorno de la titular del Senado. 

"Ni siquiera se van a cruzar. Van a estar completamente lejos. No nos interes verla", sentenciaron por los pasillos de Balcarce 50. 

Es que el diálogo entre Villarruel y la Casa Rosada es nulo y la relación atraviesa su peor momento. Anoche, además de confirmar su asistencia al acto, expresó a través de sus redes sociales que tiene "más verdades para decir", pero que considera que "no están preparados para escucharlas". (NA)

Aunque el sistema de puntos ya existía, la novedad es la incorporación de códigos unívocos para cada infracción, una herramienta que permitirá que las distintas jurisdicciones utilicen un mismo lenguaje administrativo para identificar faltas y antecedentes de tránsito.

La decisión busca mejorar la interoperabilidad entre organismos y facilitar la aplicación homogénea del sistema de scoring, que funciona como un mecanismo para sancionar conductas peligrosas al volante y promover una conducción más segura.

La ANSV aclaró que la disposición no crea nuevas multas ni modifica las sanciones vigentes. Lo que hace es asignar un código específico a cada una de las infracciones contempladas en el régimen nacional.

De esta manera, infracciones como conducir con alcoholemia positiva, usar el celular al volante, exceder los límites de velocidad o cruzar un semáforo en rojo quedarán identificadas bajo un código único en todo el territorio adherido al sistema.

Según explicó el organismo, esto permitirá una administración más eficiente de los antecedentes de tránsito y una mejor coordinación entre las provincias y municipios que integran el Sistema Nacional de Seguridad Vial.

Entre las infracciones de tránsito más comunes detalladas en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial por la ANSV figuran:

• Conducir con alcoholemia positiva.
• Negarse a realizar el test de alcoholemia.
• Circular a contramano.
• Exceder los límites de velocidad.
• No usar cinturón de seguridad.
• Utilizar el celular o auriculares mientras se conduce.
• Circular sin seguro vigente.
• Circular sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO).
• No respetar semáforos.
• Conducir estando inhabilitado.
• Participar en picadas o competencias ilegales.

También aparecen faltas vinculadas a la documentación del vehículo, el estado de los elementos de seguridad, el respeto de las prioridades de paso y distintas infracciones de estacionamiento.

Cuánto podrían costar las multas

Las sanciones se expresan en Unidades Fijas (UF) y, en muchas jurisdicciones del país, se calculan tomando como referencia el valor de un litro de nafta premium o de mayor octanaje.

Para dimensionar el impacto económico de las infracciones, puede tomarse como referencia un valor de $2.249 por UF, equivalente al precio aproximado de un litro de nafta premium. Se trata de un cálculo orientativo, ya que los valores pueden variar según la provincia o municipio donde se aplique la sanción.

Los valores de algunas multas de tránsito estimadas para la licencia nacional de conducir en el nuevo sistema de scoring publicado en el boletín oficial del 18 de junio por la ANSV son las siguientes: 

• No usar cinturón de seguridad: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
• Circular sin RTO: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
• No respetar semáforos: entre 100 y 300 UF ($224.900 a $674.700).
• Usar celular al volante: entre 150 y 500 UF ($337.350 a $1.124.500).
• Exceso de velocidad: entre 150 y 1.000 UF ($337.350 a $2.249.000).
• Alcoholemia positiva: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).
• Circular a contramano: entre 200 y 1.000 UF ($449.800 a $2.249.000).
• Negarse al control de alcoholemia: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).
• Conducir inhabilitado: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).
• Participar en picadas ilegales: entre 300 y 1.000 UF ($674.700 a $2.249.000).

El listado aprobado por la ANSV reserva las multas más altas para infracciones consideradas especialmente graves por el riesgo que representan para la seguridad vial.

Entre ellas figuran las siguientes:

• Liberar un vehículo al tránsito sin las condiciones mínimas de seguridad.
• Circular con servicios de transporte sin las luces reglamentarias.
• Exceso de carga sin autorización.
• Alterar o adulterar sistemas de control del vehículo.

En estos casos, las sanciones pueden oscilar entre 5.000 y 20.000 UF, lo que tomando la referencia de $2.249 por unidad equivale a multas de entre $11.245.000 y $44.980.000.

La Disposición 167/2026 establece que el nuevo esquema operativo comenzará a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

La medida apunta a consolidar un sistema de puntos más uniforme entre las distintas jurisdicciones del país, facilitando el intercambio de información y la correcta registración de las infracciones de tránsito. (NA)

Tabar declaró en la investigación que el juzgado del juez federal Ariel Lijo que cobró en efectivo y sin emitir factura alguna los trabajos de reforma de la casa de Adorni, por una suma que ascendió a US$ 245.000 por las refacciones y remodelaciones

Tabar recibió una intimación de la ARCA en la que se le piden que presente, en un plazo máximo de diez días, justificación de ingresos 2024 y 2025 y actividad real, facturación y detalles de obra en la casa de Adorni en Indio Cuá, y compras a proveedores en 2024 y 2025.

El contratista declaró a principios de mayo último ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y su testimonio complicó la situación del jefe de Gabinete en la causa en que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

En su declaración, confirmó que las obras costaron 245.000 dólares que fueron abonados en efectivo y sin factura, y dio detalles de los trabajos y de la modalidad de pago.

Relató que las reformas duraron unos 10 meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, y puntualizó en qué sectores de la vivienda, que se emplaza sobre un lote de 400 metros cuadrados, se realizaron los trabajos.

Dijo que las refacciones incluyeron la realización de nuevos pisos, trabajos en el baño y la cocina, la construcción de mobiliario para el quincho y la reparación de la pileta.

Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, le dijo al fiscal Pollicita que el monto de la obra fue cancelado en su totalidad por el funcionario en dos etapas. La primera la pagó con 55.000 dólares en 2024 y el saldo lo abonó con 190.000 en 2025.

Además, reveló que durante la realización de los trabajos Adorni alquiló otra vivienda dentro del mismo country, con un gasto adicional que, según el arquitecto, ascendió a unos 13.000 dólares.

 Ante un pedido del fiscal, Tabar entrego a la Justicia su teléfono celular y brindó detalles sobre las personas que participaron en los trabajos en la casa de fin de semana, comprada a fines de 2024 por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. (NA)

El Instituto Goiano de Radioterapia (IGR), una clínica privada localizada en Brasil, fue abandonado en 1985 con una unidad de teleterapia que contenía cesio-137. Durante los años siguientes muchos transeúntes y personas que vivían en la calle se refugiaban dentro del edificio, pero todo cambió el 13 de septiembre de 1987 cuando dicha cápsula fue robada.

Se sabe que Roberto dos Santos Alves y Wagner Mota Pereira se llevaron la unidad y la trasladaron en carretilla hasta la casa de uno de ellos, a unos 600 metros del hospital abandonado.

En el caso se relata que ambos desmantelaron el equipamiento, extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección, con el objetivo de vender las partes. Durante días trataron de romper la cápsula, hasta que uno de ellos logró su apertura.

Empezaron a sufrir vómitos, diarrea y mareos, pero creyeron que se trataba de la mala ingesta de algún alimento. No le dieron importancia y vendieron varias de las partes a una chatarrería ya que el dueño se mostró asombrado por el extraño brillo azul que emanaba del cesio expuesto.

Ante la sorpresa de la adquisición, el hombre llevó la cápsula a su casa y se la mostró a familiares, amigos y vecinos, provocando la expansión del cesio.

Durante dos semanas, quienes tocaban el elemento, padecían de varios síntomas, por lo que, al no encontrar respuestas, la mujer del chatarrero llevó la cápsula a las autoridades, lo que derivó en un enorme operativo de emergencia en todo el país.

Más de 112.000 habitantes de la zona fueron sometidos a controles radiológicos y los resultados confirmaron que 249 personas resultaron envenenadas con radiación del cesio.

El saldo fatal fueron cuatro personas, entre ellas una menor, que murieron producto de haber estado en contacto con la cápsula radiactiva.

Ahora, hay alerta en la Argentina debido al robo de las últimas horas en la ciudad santafesina de Rosario.

Qué es el cesio-137

Se trata de un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria.

Se remarca que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves. (NA)

Es por la causa en la que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia investiga si el legislador libertario bonaerense, y al igual que el funcionario nacional, omitió información en su declaración jurada de bienes.

La medida se produce en el marco de la causa que busca reconstruir la evolución patrimonial de Adorni desde su ingreso a la función pública nacional y verificar si existieron inconsistencias entre sus ingresos, bienes y obligaciones declaradas.

Los organismos de control y a la Justicia tienen en la mira al actual diputado provincial, que canceló en tiempo brevísimo un millonario crédito hipotecario y se compró una camioneta de lujo.

Además, los ingresos que declaró en concepto de herencia se contradicen con la declaración jurada que presentó su hermano.

De igual modo la investigación se centra en que por el rol que ocupó en el Consejo de la Magistratura provincial, Francisco Adorni no puede escudarse en un desconocimiento de los procedimientos para justificar esas irregularidades.

El diputado bonaerense llamó la atención de los investigadores cuando corrigió su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas de su hermano jefe de Gabinete. (N/A)

El tribunal también dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la IGJ y consideró que el organismo nacional ya no tiene competencia para ejercer controles sobre la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia.

Los camaristas Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset sostuvieron que, tras el traslado de la sede social a Pilar y su inscripción en la provincia de Buenos Aires, las facultades de fiscalización quedaron bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

“Quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, señalaron los magistrados en la resolución.

La decisión representa un respaldo judicial para la conducción de Tapia, que había cuestionado la intervención de la IGJ y la designación de veedores por considerar que se trataba de medidas adoptadas sin competencia legal sobre la asociación.

La Cámara declaró la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ y también dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto la designación de veedores por 180 días hábiles.

El cambio de sede y la disputa por el control

La controversia se originó luego de que la Asamblea General de la AFA aprobara en octubre de 2024 la modificación de su estatuto para trasladar su domicilio social desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.

Posteriormente, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas autorizó la inscripción del cambio de jurisdicción y consolidó la radicación de la entidad en territorio bonaerense.

Frente a esa situación, la Cámara entendió que la IGJ carecía de facultades para revisar decisiones adoptadas por el organismo provincial o para cuestionar la validez del nuevo domicilio social.

Los jueces remarcaron que los actos administrativos emitidos por organismos provinciales poseen plena validez mientras no sean impugnados y que la IGJ no puede ejercer funciones revisoras sobre decisiones adoptadas dentro de otra jurisdicción.

Además, el fallo aclaró que el control sobre los estados contables de la AFA continuará bajo la autoridad competente en la provincia de Buenos Aires y que el cambio de jurisdicción no implica la desaparición de las obligaciones de fiscalización.

Las causas judiciales siguen abiertas

La resolución de la Cámara Civil no modifica el curso de las investigaciones penales que involucran a la AFA y a algunos de sus dirigentes.

Entre ellas figura una pesquisa por presunto lavado de dinero vinculada a propiedades ubicadas en Pilar, así como una causa en la que Tapia y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran procesados por presunta retención indebida de aportes.

De esta manera, la Justicia civil ratificó el traslado institucional de la AFA a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto los intentos de control impulsados desde la IGJ, aunque las investigaciones penales continuarán su trámite en los tribunales correspondientes. (N/A)

Según el último informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación, titulado “Cobertura actual y proyectada para el jardín de infantes”, indica que la baja natalidad marcó la caída de la matrícula en el jardín de infantes en un 12% en los últimos años.

El estudio analiza no solo la evolución de la cobertura, sino también la matrícula y la oferta educativa en el nivel inicial; además de las proyecciones demográficas para los próximos años. El mismo estuvo a cargo de Sebastián Kiguel (Universidad de Illinois), María Sol Alzú y Martín Nistal.

¿Qué dice el informe de Argentinos por la Educación?

“La reducción de la matrícula por la transición demográfica permitiría liberar capacidad instalada suficiente para garantizar que accedan al jardín de infantes todos los niños de 3 a 5 años, sin necesidad de ampliar la infraestructura. Aunque la sala de 5 ya está casi universalizada, solo el 58% de los niños y niñas de 3 años asiste al sistema educativo formal en Argentina”.

“Como consecuencia de la caída de la natalidad, Argentina podría alcanzar una cobertura cercana al 100% en el jardín de infantes en 2027, sin necesidad de construir nuevas salas”, asegura e informa que “entre 2016 y 2025, la población de niños de 3 a 5 años cayó un 31%: pasó de 2,25 millones a 1,56 millones. En el mismo período, la matrícula del nivel inicial disminuyó un 12%”.

¿Qué indica el informe sobre el escenario 2027 para el nivel inicial?

“La estimación para 2027 parte de un escenario en el que la cantidad de vacantes del nivel inicial se mantiene constante y la capacidad instalada se utiliza plenamente. Bajo estos supuestos, una reorganización de los recursos actuales permitiría que la cobertura nacional en las salas de 3 a 5 años pase del 87% actual a acercarse al 100% en la mayoría de las provincias el año que viene”.

En 18 de las 24 provincias, la infraestructura disponible alcanzaría para ofrecer vacantes a todos los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, los autores advierten que la existencia de vacantes no garantiza por sí misma una mayor asistencia. Por un lado, la distribución territorial de la oferta puede no coincidir con la localización de la población objetivo. Por otro, existe el desafío de convocar a los niños y niñas al sistema educativo y fortalecer la calidad de las experiencias educativas”, advierten.

En este sentido, “las proyecciones del INDEC indican que la caída de la natalidad continuará durante los próximos años. Se estima que la población de 3 a 5 años se reducirá un 16% adicional entre 2025 y 2030, hasta ubicarse en torno a 1,31 millones de niños. Esto significa que habrá cerca de 250.000 niños menos en edad de asistir al nivel inicial.

¿Qué sucede en la actualidad?

“Actualmente, la cobertura del nivel inicial presenta diferencias importantes según la edad. Mientras que la sala de 5 años está casi universalizada, con una tasa neta de escolarización del 99%, la sala de 4 alcanza el 87%. En cambio, la sala de 3 continúa siendo el principal desafío pendiente: solo el 58% de los niños de esa edad asiste al sistema educativo formal. Cabe aclarar que, en Argentina, existen los Centros de Primera Infancia (CPI) y otras ofertas por fuera del área de cobertura de los ministerios de educación”, describe.

El caso, provincia por provincia

“Las diferencias entre jurisdicciones son especialmente marcadas en la sala de 3. Las provincias de Buenos Aires y La Rioja lideran la cobertura con cifras superiores al 70%, mientras que Corrientes, Misiones y Formosa no alcanzan el 30%. En la sala de 4 años, la cobertura oscila entre valores superiores al 90% en provincias como La Pampa, San Luis, Córdoba, Chubut y San Juan, y niveles inferiores al 80% en Tierra del Fuego, Salta y Formosa”.

Además, dice que “la cobertura del nivel inicial creció de manera sostenida durante la última década. Entre 2016 y 2025, la tasa neta de escolarización de la sala de 3 años aumentó 18 puntos porcentuales a nivel nacional. En el mismo período, la sala de 4 avanzó 3 puntos y la sala de 5 creció 1 punto”.

“Los mayores incrementos en sala de 3 se registraron en San Juan (+49 puntos porcentuales), La Pampa (+48 pp), Córdoba (+39 pp), San Luis (+35 pp), Neuquén (+34 pp) y Tucumán (+33 pp)” suma y apunta que “los datos muestran que buena parte de la expansión reciente del nivel inicial se concentró en las edades más tempranas, donde históricamente existían mayores déficits de acceso”.

¿Por qué crece la cobertura?

“Este crecimiento de la cobertura se explica no solo por una menor demanda educativa (menos niños), sino también por la expansión de la oferta (más salas). Entre 2016 y 2025, 19 de las 24 jurisdicciones aumentaron la cantidad de secciones (salas) del nivel inicial. A nivel nacional, las secciones de sala de 3 crecieron un 28%, mientras que las de sala de 4 y 5 disminuyeron un 5% y un 7%, respectivamente”.

“La educación de nivel inicial sienta las bases del desarrollo futuro. Sabemos que la educación temprana de calidad tiene impactos duraderos y puede cambiar vidas. Es una inversión con muy buen retorno y una manera efectiva de reducir las desigualdades tempranas. Sin embargo, el acceso a este nivel educativo ha sido limitado y desigual en la Argentina”, sostiene Sebastián Kiguel, coautor del informe. Y destaca “el progreso – dispar entre provincias– de la última década, reflejado en los aumentos de la cobertura y la escolarización de niñas y niños de 3 a 5 años”.

Además, los creadores destacan que “el desafío actual no se limita a seguir ampliando la cobertura: la evidencia internacional muestra que los beneficios de la educación temprana dependen tanto del acceso como de la calidad de las experiencias educativas. Por eso, sostienen que la expansión del nivel inicial debe ir acompañada por mejoras en aspectos como la formación docente y las condiciones de enseñanza”.

A su vez, señala que “la caída de la natalidad desde 2014 implicó una fuerte disminución en la demanda de vacantes en educación inicial. Esto, sumado a un leve aumento en la oferta total de secciones, resultó en una mejora importante de la cobertura. Sin embargo, hay dos desafíos que siguen presentes: por un lado, la cobertura aún no es universal y seguramente no lo será en forma automática, ya que la oferta no siempre se ajusta exactamente a las necesidades en cada espacio geográfico. Por el otro, una mayor cobertura no es garantía de educación de calidad, por lo que parece fundamental que el foco de las autoridades en los próximos años se dirija a este desafío: el mejoramiento de los resultados educativos para los niños que asisten a las escuelas de educación inicial en nuestro país", sostuvo el investigador principal de CIPPEC, Rafael Rofman.

En este sentido, sobre la situación en las provincias en el análisis “el informe pone de manifiesto que la situación en las provincias es bien dispar, tanto en el nivel de cobertura como en su evolución en los últimos años”, sosteniendo que "en algunas provincias se produjo un aumento de la oferta tanto privada como pública. En otras se observa una expansión considerable en la oferta pública y una caída en la oferta privada. En un tercer grupo (conformado por CABA y Chubut) hubo una caída en las secciones de jardín de infantes tanto del sector público como del sector privado. Por último, el cuarto grupo es el de las provincias donde se expandió la oferta privada y se retrajo la oferta pública (Tierra del Fuego y Santa Cruz)”.

A su vez, la investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de la Universidad de San Andrés, Cecilia Adrogué, analiza que “la situación que enfrentan las familias en cada uno de estos grupos es claramente diferente”.

En consecuencia, “la disminución de la matrícula por la caída de la natalidad requiere de planificación para intervenir y dar lugar a demandas aún insatisfechas. Por ejemplo: el trabajo en pareja pedagógica, el estado de los edificios y sus instalaciones, las condiciones laborales de las y los educadores y su formación continua, la cobertura en zonas donde aún falta oferta de vacantes, la ampliación hacia edades más tempranas cuya cobertura sigue siendo principalmente privada, la extensión horaria y la universalización de la sala de 3. Garantizar el derecho a la educación es mucho más que asegurar el acceso a una vacante: es priorizar que las experiencias que niños y niñas reciben en las escuelas infantiles sean enriquecedoras y potenciadoras de su desarrollo y bienestar”, asegura la especialista en educación de la primera infancia y miembro de OMEP Argentina, Rut Kuitca.

Consecuencias por la baja de la natalidad

“La caída de la natalidad impactará primero y con mayor intensidad en el nivel inicial, pero también abre una oportunidad para mejorar el acceso, la equidad y la calidad educativa. La educación inicial es un derecho y tiene efectos positivos sobre las trayectorias escolares y otros resultados sociales. Por eso, la expansión de la cobertura debe ir acompañada de una fuerte inversión en formación docente y en diseños curriculares específicos, especialmente para la sala de 3 años”, expone la profesora de la Universidad Nacional de La Plata y subdirectora del CEDLAS, María Laura Alzua, suma que “es necesario debatir cuestiones como la obligatoriedad, que la evidencia asocia con mayores niveles de asistencia, y la articulación de la educación temprana con políticas que favorezcan la participación laboral femenina”. (N/A)

La decisión está firmada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu, y se apoyó en los informes trimestrales de los organismos de control y ratificó la modalidad que la exmandataria cumple desde junio de 2025.

Según la resolución, los reportes de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y de la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) correspondientes a abril, mayo y junio evidencian una “actitud de colaboración y buena predisposición” por parte de la expresidenta.

“Se constató una actitud de colaboración y buena predisposición por parte de Fernández de Kirchner, con trato cordial y respetuoso. Respecto del vecindario, únicamente en el marco de la visita del día 9 de junio se observaron algunas personas portando banderas, en la vereda, sin que se verificasen circunstancias dignas de mención", se lee en el fallo.

Los controles verificaron el cumplimiento estricto del régimen de visitas mediante la revisión periódica del libro de ingresos y egresos, sin detectar personas no autorizadas en la vivienda.

El tribunal también constató que la CFK permaneció en su domicilio salvo en las salidas previamente autorizadas, entre ellas las comparecencias ante el Tribunal Oral Federal N° 7, para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, y los traslados para tratamientos médicos, principalmente odontológicos.

Según el documento, la expresidenta se ausentó para cumplir con sus turnos médicos en la Clínica Cecchi, por cuestiones odontológicas, y al Sanatorio Otamendi para realizarse chequeos luego de la operación su atravesó. Todas estas salidas, especificó la Justicia, fueron realizadas “sin inconvenientes y de acuerdo con las pautas establecidas”.

En cuanto al monitoreo electrónico, los informes señalaron que las únicas alertas registradas correspondieron a salidas autorizadas y que “no se haya visto interrumpido en momento alguno el control de su geolocalización”.

Además, se indicó que continúa con su tratamiento por la falta de glándula tiroides, recibió vacunas en el domicilio y mantiene la medicación diaria correspondiente.

El banderazo que generó una advertencia

La resolución también abordó el episodio del banderazo organizado por la militancia que generó una advertencia formal del juez. Giménez Uriburu reconoció que esa situación “justificó la advertencia formal impartida por el suscripto”, pero aclaró que, analizada junto con el resto de los antecedentes, “no posee entidad suficiente para alterar, por sí mismo, la conclusión a que conducen los informes producidos por los organismos de control”.

“Desde luego, la conclusión precedente no desconoce la relevancia del episodio acaecido el 14 de junio pasado ni minimiza los reparos que mereció la conducta entonces desplegada por la nombrada, circunstancias que motivaron la intimación oportunamente cursada”.

Pero este episodio, profundizó el magistrado, se trata de “una incidencia que merece ser considerada y tenida especialmente presente hacia el futuro, pero no alcanza a desvirtuar el cuadro general de cumplimiento”.

En este marco, el Tribunal Oral Federal 2 concluyó que la expresidenta “ha cumplido adecuadamente con el deber de permanencia en el domicilio”, así como con las obligaciones vinculadas a su estado de salud, las visitas y el acceso a los espacios de la vivienda.

Por todo eso, el tribunal resolvió “mantener la modalidad de prisión domiciliaria para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta”. (con información de TN)

En declaraciones televisivas, la legisladora sostuvo que el mandatario entiende que el funcionario “no mintió o que dio una explicación razonable para sostener a Adorni” y remarcó que no existe “nada que cuestionarle al presidente de la Nación”, respecto de su respaldo al integrante del Gabinete.

Bullrich también se refirió al escenario parlamentario que podría abrirse en los próximos días y explicó que este miércoles finalmente no habrá sesión. “No va a haber, pero sí el 25, donde los bloques opositores han incorporado varios proyectos de interpelación que van a ser tratados con otros temas”, señaló.

En ese sentido, indicó que una eventual citación al Congreso dependerá de la voluntad de las distintas bancadas. “De eso se trata la sesión. Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura”, afirmó.

La senadora explicó que la postergación de la sesión fue producto de un entendimiento entre los bloques parlamentarios. “Fue un acuerdo porque se levantó la sesión de mañana. Informaré al Poder Ejecutivo de esta circunstancia y veremos qué medidas se toman. Esto se aprobó por todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista”, manifestó.

La dirigente también rechazó que el oficialismo haya impulsado la suspensión del debate para proteger al funcionario. “Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas”, sostuvo. (NA)

En este contexto, la defensa de Novelli agregó que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa. Lo argumentó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi mediante un escrito.

Además, en el mismo, el empresario dijo que la compra de LIBRA fue de manera voluntaria, el ingreso al mercado volátil, del cual tenían conocimiento de los riesgos.

Y sumó que los demandantes ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

"Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto", dijo y argumentó que "no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados"

Novelli continuó asegurando que "lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno", dijo el lobbista.

En este sentido añadió que "los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas".

A su vez, la defensa del proyecto Novelli explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, "lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad.

Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario", cerró Novelli. (NA)

El oficialismo pudo postergar la sesión hasta el 25 de junio, pero no pudo evitar que hasta los bloques dialoguistas respalden la decisión de promover la interpelación y una posible moción de censura del cuestionado jefe de Gabinete. Los dialoguistas no estaban dispuestos a esperar y solo aceptaron demorar una semana más la sesión a la espera que el Gobierno separe al cuestionado funcionario.

Si bien el Ejecutivo gana tiempo para definir el futuro de Adorni, quien fracasó en su intento de solo presentarse para exponer sobre la marcha del gobierno, ya que en forma previa deberá responder las preguntas de los senadores sobre su patrimonio, y estará expuesto a una posible moción de censura.

La decisión se adoptó en la reunión de Labor Parlamentaria en cuyo transcurso se resolvió a propuesta de los bloques opositores tratar en la próxima sesión un proyecto para citar a una interpelación al funcionario el 2 de julio. Esto ocurrió luego de un extenso encuentro entre la presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques dialoguistas, donde desde la UCR, el PRO y bloques provinciales, le anticiparon su decisión de promover la interpelación, aunque aceptaron demorar la sesión por una semana.

Bullrich aclaró que la inclusión de este proyecto fue propuesto por los bloques opositores y "no será acompañado por La Libertad Avanza", al tiempo que aclaró que los impulsores de esta propuesta deberán reunir mayoría absoluta

"Si se vota la interpelación, puede hacerse antes o después del informe, según lo que se acuerde; es un artículo operativo de la Constitución y requiere mayoría absoluta", aclaró Bullrich.

Por su parte, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la permanencia de Adorni en el cargo de jefe de Gabinete “no da para más” y dijo que su bloque acompañará “un pedido de censura o remoción” si el funcionario no da explicaciones sobre su patrimonio y se llega a debatir esa instancia.

“Adorni no puede estar más en su cargo, lo dijo nuestro partido y lo expresó el expresidente (Mauricio) Macri en un comunicado. La continuidad de Adorni en su cargo está rompiendo el vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión” aseveró.

Votos

El proyecto de interpelación ya tiene asegurados tiene 25 votos, a los que sumarían tres de Convicción Federal -que responden a los gobernadores aliados de Salta, Gustavo Sáenz, y de Catamarca, Raúl Jalil-, además de la mayoría de la decena de radicales y dos del PRO.

A esa lista hay que agregar dos santacruceños, dos de Provincias Unidas, una salteña, dos legisladores del Frente de la Concordia, 1uno de Despierta Chubut y uno de la Neuquenidad. (con información de NA)

Según pudo saber el canal Todo Noticias, la Fiscalía a cargo de Domínguez sostiene que, para darle licitud a los fondos que recibió de Fred Machado, Espert compró un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.

En ese contexto, el fiscal también incluyó en la indagatoria a la sociedad comercial del exlegislador, Varianza SA, por informes contables falsos para justificar el origen del dinero.

A su vez, también fue presentado un pedido de indagatoria para Mariano Cosentino, el contador de Espert. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá resolver los pedidos.

La causa que tiene como protagonista al exprimer candidato del oficialismo en la provincia de Buenos Aires gira alrededor de su relación con Federico “Fred” Machado. El empresario, quien financió y brindó apoyo a Espert en su primera candidatura presidencial en 2019, era investigado por maniobras ligadas al narcotráfico y en mayo admitió ante la Justicia norteamericana haber cometido delitos de fraude y lavado de dinero.

De acuerdo al expediente, uno de los principales argumentos del fiscal para investigar a Espert es una transferencia de US$200.000 que Machado envió al exdiputado en 2020.

Según explicó públicamente tras estallar el escándalo, el dinero correspondía a un contrato de consultoría con Machado para asistirlo en una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía cuestionó esa versión.

La duda radica en que Espert nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo. (TN)

Noticia en desarrollo

Las firmas podrán adecuar los contratos, facturas y estados de cuenta antes del 16 de julio, según indicó la resolución 1.080, publicada este martes en el Boletín Oficial. La implementación de la medida vencía en octubre de 2025, pero en cuatro oportunidades las autoridades extendieron el plazo.

A mediados de 2025, la Superintendencia de Salud (SSS) informó que los afiliados de medicina privada podrán disponer y usar los excedentes de las derivaciones de sus aportes, que hasta ahora quedaban en manos de las empresas.

De acuerdo con la resolución 1.725/2025, el Gobierno modificó un artículo “oculto” que estaba en el anexo de la resolución 2400/2023, dictada durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, pese a haber sido aprobada hace casi un año, la medida aún no fue implementada.

Según estimaciones oficiales, a cerca de 1,8 millones de afiliados se les retuvieron los aportes durante casi dos años.

Con el sistema que el Gobierno diseñó y que ahora volvió a postergar, los usuarios podrán conocer en detalle la composición de los aranceles de sus planes de salud y qué porcentaje del valor total es cubierto por sus aportes, las contribuciones patronales y los subsidios del Fondo Solidario de Redistribución (FSR).

Cambios en las prepagas: qué es el sistema de “cuota transparente”

El nuevo esquema de facturación busca que los afiliados de las prepagas conozcan qué están pagando cada mes.

Para eso, las empresas deberán deglosar los siguientes puntos en sus facturas:

• El valor base del plan de salud contratado;
   
• Los aportes y contribuciones derivados, en los casos en que correspondan;
   
• La carga impositiva aplicada, incluido el IVA;
   
• Los copagos y cargos adicionales por prestaciones o servicios complementarios.
   

Con la extensión que aplicó el Ejecutivo, a través de la resolución 1.080, publicada este martes en el Boletín Oficial, las prestadoras cuentan ahora con 30 días más para actualizar sus contratos y cargarlos en el sistema oficial de la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Gobierno aseguró que esta decisión busca “proyectar un sistema de salud más equitativo y transparente”.

Este martes el organismo regulador de la actividad nuclear en Argentina fue notificado por un usuario autorizado para el uso de material radiactivo, de la sustracción de una fuente radiactiva de calibración de Cesio-137, empleada para la verificación de equipamiento en Medicina Nuclear.

La sustracción de la cápsula ocurrió en el Instituto de Cardiología de Rosario "Dr. Luis González Sabathie", informaron desde Radio LT3. 

Se detalló que la última utilización registrada fue el 12 de junio de 2026, pero todavía no se pudo establecer quién lo manipuló este martes.

Según explicaron las autoridades, “se trata de una fuente en forma de gel, contenida en un envase plástico transparente. La misma se encontraba dentro de su blindaje correspondiente”.

Si bien el riesgo radiológico es muy bajo, solicitan que, en caso de encontrarla, no se toque, ni manipule, y que se dé aviso de manera inmediata a la Guardia SIER (011 1544718686) – (011 1544703839) – (011 1544214581).

El cesio-137 es un isótopo radiactivo artificial que emite radiación beta y gamma. Se utiliza principalmente en medicina para radioterapia o como fuente de calibración, y en la industria. Se remarca que su manejo inadecuado es extremadamente peligroso y puede causar quemaduras, daño celular y enfermedades graves. (NA)

Con el dato de marzo, el indicador suma veinticinco meses consecutivos de descensos interanuales. El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico. En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.

El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%. A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que "en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país".

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%. (N/A)

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de los restantes miembros del gabinete ministerial, se estableció la creación de un beneficio adicional de carácter remunerativo que alcanzará hasta un 25% de los haberes mensuales de los uniformados.

La medida comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará a todo el personal militar en actividad o retirado que acredite formación académica afín a las tareas que desarrolla, según detalló el Ministerio de Defensa en un comunicado difundido a través de redes sociales.

“Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

Esta recomposición será extensiva, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión, de acuerdo con las condiciones previstas en la norma.

“El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento”, indicó el comunicado.

El nuevo suplemento, según la información a la que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, reconoce tecnicaturas, títulos de grado y posgrados vinculados con las funciones desempeñadas por el personal militar.

Su incorporación al régimen de haberes “permite establecer un criterio objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, incentivar la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización del instrumento militar”, se indicó.

La escala establecida contempla un suplemento equivalente al 10% del haber mensual correspondiente al grado para tecnicaturas o títulos equivalentes; 15% para títulos de grado; y 25% para posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

Al calcularse sobre el haber mensual correspondiente al grado, el suplemento no se establece como una suma fija, sino que acompañará las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el reconocimiento a la formación se integra de forma permanente al régimen de haberes.

La medida también corrige una asimetría dentro del Estado, ya que este tipo de reconocimiento existía en otros ámbitos de la administración pública nacional. A partir de esta incorporación, el personal militar contará con un régimen ordenado y equitativo para el reconocimiento de titulaciones afines a sus funciones.

Además, el ‘Suplemento por Título’ contempla al personal militar retirado y a los familiares con derecho a pensión. En esos casos, el reconocimiento podrá incorporarse siempre que el título haya sido obtenido con anterioridad al pase a retiro del causante, preservando la correspondencia entre los haberes del personal en actividad y los haberes de retiro y pensión.

“La profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para el fortalecimiento del instrumento militar. La formación académica no solo contribuye al desarrollo individual de cada integrante de las Fuerzas Armadas, sino que también mejora las capacidades institucionales en áreas críticas para la defensa moderna”, se puntualizó.

El Ministerio de Defensa recalcó que “la modernización de las Fuerzas Armadas exige perfiles cada vez más especializados en ingeniería, informática, medicina, logística avanzada, ciberseguridad, derecho internacional humanitario y otras disciplinas fundamentales para la Defensa Nacional”.

“Formar y retener ese capital humano demanda tiempo, recursos y experiencia, por lo que reconocerlo también implica proteger la inversión que realiza el Estado”, se indicó.

Este proceso se apoya “en un sistema educativo de defensa consolidado, con una oferta de 69 tecnicaturas, 31 carreras de grado y 46 posgrados”.

“Ese entramado académico -se añadió en el Decreto- demuestra que la profesionalización militar ya es una realidad concreta dentro de las Fuerzas Armadas y que el reconocimiento por título viene a acompañar un proceso en marcha”.

Con esta decisión, el Ministerio de Defensa consolida lo que considera “una política orientada al desarrollo del capital humano militar como base de la recuperación, modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas”.

“Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza”, sostuvo el Ministerio. (N/A)

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive Fernández de Kirchner , donde se realizó un "banderazo" con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas.

La Justicia fundamenta su advertencia en que la expresidenta participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana y violan la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu  invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Fernández de Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados. (NA)

La aprobación de la ayuda financiera llega luego de la reunión que mantuvieron el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), por sus siglas en inglés.

El desembolso irá destinado a apoyar la agenda de reformas del Gobierno y a ayudar a restablecer su acceso a los mercados internacionales de capital.

"La operación reducirá los costos de financiamiento del país, al tiempo que respalda una agenda más amplia de reformas orientadas a crear empleo, atraer inversiones en infraestructura y mejorar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otras medidas", señaló el comunicado.

El financiamiento combina dos garantías del Grupo Banco Mundial para movilizar hasta US$2.000 millones en préstamos comerciales. Por un lado, garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); por otro, una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto representan el 95% del total que debe afrontar el país en concepto de vencimientos de deuda. En julio deberá desprenderse de US$4.300 millones.

Desde PUENTE afirman que el Gobierno ya posee los fondos necesarios para julio. "En un contexto apuntalado por las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, el despliegue de estos avales internacionales le permite al equipo económico garantizar el cumplimiento de sus obligaciones financieras y mitigar los riesgos de refinanciación, transformando de manera positiva las condiciones crediticias de cara al próximo ciclo electoral", explicó Eric Ritondale, economista jefe de la consultora.

La estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Las garantías del BIRF y de MIGA respaldarán acciones orientadas a movilizar capital privado para infraestructura, fortalecer la competencia en los mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado tendrá un plazo de seis años, con un período de gracia de tres años.

En su gira por Washington, Luis Caputo mantuvo varios encuentros con distintos organismos multilaterales: entre ellos figuran el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para el primero, se confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo (US$1.000 millones), en el segundo consiguió US$2.000 millones y en el último aguarda un desembolso de US$550 millones. También se suma otra línea adicional bajo análisis de la CAF por un monto de entre US$250 millones y US$500 millones.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, se reunió este martes con el titular del BID, Ilan Goldfajn. Se prevé que esta semana se dé una definición sobre este desembolso.

"Argentina ha logrado avances importantes en la recuperación de la estabilidad macroeconómica, sentando las bases para el crecimiento, la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Conversamos sobre cómo construir sobre esos avances para movilizar más recursos para el país, incluso a través de las garantías del BID", dijo Goldfajn en sus redes. (N/A)

“Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales. Ratificamos que estas medidas buscan garantizar la continuidad mínima de los servicios y evitar el colapso del sistema. Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI”, explicaron desde la Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, adelantaron que las próximas medidas serán tendientes a la suspensión de atención programada en consultorios externos, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas preexistentes y la suspensión por tiempo indeterminado de la realización de “cirugías y procedimientos programados” no de urgencia.

En las últimas semanas, en el Gobierno comenzaron a evaluar una recomposición presupuestaria para evitar la crisis. La idea que trascendió en Casa Rosada fue motorizar partidas gracia a una decisión de Luis Caputo, titular de Hacienda y el funcionario que se encarga de asignar partidas. Pero todavía no hubo novedades al respecto.

Paralelamente, el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, sostuvo que el organismo “no está en una crisis profunda, está sufriendo un estrés financiero y lo estamos ordenando”.

“La gente vive más y por suerte vive más, porque eso es logro de la medicina. Pero bueno, eso lleva a un reordenamiento del sistema, a mayores gastos en enfermedades crónicas, en medicamentos, y eso obviamente al instituto le impacta en forma directa”, apuntó el funcionario. (con información de NA)