En el marco del expediente conocido como la causa Seguros, en el cual se auditan 45 convenios suscriptos entre reparticiones estatales y Nación Seguros con la mediación de 25 asesores privados, la Justicia colocó el foco principal en la actuación del intermediario Héctor Martínez Sosa, allegado al exjefe de Estado y pareja de su secretaria privada, María Cantero. 

Para ello, el juez federal Ariel Lijo resolvió acotar los requerimientos presentados por las partes y fijó un temario de 13 preguntas específicas dirigidas al cuerpo pericial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, descartando las más de cien solicitudes planteadas por los abogados defensores, consignó el diario Clarín.

La medida encomendada a los especialistas de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJAYCO) contempla una "metodología contable estricta", ordenando que los cálculos económicos se formulen "mediante una base histórica a valor nominal original y su respectiva actualización en moneda homogénea", con la obligación de entregar informes mensuales sobre el desarrollo del estudio. 

El objetivo primordial radica en dilucidar "cómo fueron las operaciones vinculadas con los seguros contratados por la ANSES y si, a partir de ellas, se produjo un perjuicio económico para Nación Seguros S.A. y, en definitiva, para fondos públicos". 

El peritaje deberá precisar la identidad de cada participante, la función desempeñada, los montos abonados, las razones contractuales de los desembolsos y la solvencia financiera de las firmas contratadas para responder por las coberturas.

A su vez, respondiendo a las pautas fijadas por la Cámara del Fuero, el magistrado solicitó reconstruir de forma detallada la ruta de los valores negociados a través de intermediarios como San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A., TG Bróker S.A. y Paris Bróker S.A., entre otras empresas. 

La pericia buscará certificar la equivalencia entre las sumas percibidas en concepto de comisiones y las prestaciones efectivamente realizadas, determinando si las contrataciones contaron con una fundamentación técnica real o si constituyeron un mecanismo de desviación de recursos hacia el sector privado.

Desde la secretaría de Trabajo señalaron que, si bien se sugirió de forma informal a cámaras empresarias y gremios revisar las categorías más bajas, la definición final quedará bajo la responsabilidad de cada sector.

La aclaración oficial se dio luego de que fracasara este viernes la reunión plenaria del Consejo del Salario. La CGT y las dos CTA rechazaron la propuesta de las cámaras empresariales —que ofrecieron un aumento del 1,8 % en septiembre y 1,7 % mensual desde octubre— y se retiraron del encuentro. Ante la falta de acuerdo, el Poder Ejecutivo confirmó que fijará el nuevo valor del salario mínimo mediante un laudo.

La postura de la Casa Rosada generó duras críticas desde la central obrera. La CGT exigió que el salario mínimo —actualmente en $376.600— no se ubique por debajo de los $911.202 y alcance los $993.300 para diciembre.

Jorge Sola, cosecretario general de la CGT, calificó la sugerencia informal del piso de $1.000.000 como una "operación de prensa" y señaló la contradicción del Gobierno al intentar influir en negociaciones privadas. "Ya que actúan elevando el piso, debieran dejar de poner el techo", afirmó.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron que no retendrán convenios que no alcancen esa cifra ni establecerán un mecanismo obligatorio, manteniendo la premisa de no intervenir en los acuerdos entre privados.

De este modo, el Gobierno busca mantener acotadas las subas porcentuales generales para evitar su traslado a precios, dejando librado a la capacidad de cada sector la recomposición de los ingresos más postergados. (NA)

La expresidenta y su hijo deberán presentarse el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 en Comodoro Py. 

La investigación es sobre presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados a la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.

El juicio oral comenzaría antes de fin de año, con un ritmo más intenso: dos o tres jornadas semanales y presencialidad.

En el marco de una declaración informativa, Cerimedo eligió no contestar las más de 200 preguntas que le realizaron y sobre su actividad laboral se limitó a decir que "su dinero proviene de actividades lícitas vinculadas a sus empresas de marketing digital” y reafirmó su vínculo con Rodrigo Paz.

"¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025?", le consultaron a lo que el exasesor del mandatario argentino respondió: "Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia". Cuando le repreguntaron por 2026, sostuvo: "Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior".

Al momento de definirse en el ámbito laboral, Cerimedo dijo ser un "consultor político internacional en Argentina y Estados Unidos" e hizo hincapié en que no tiene sociedades en Bolivia.

"En Estados Unidos tengo una empresa Numen Group Inc. desde año 2021 que le proveo servicios a clientes de diferentes países y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de Publicidad, donde tengo 35 empleados y una cartera de 12 clientes que tiene dos sucursales", puntualizó.

Y luego agregó: "También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al Project Management Institute. Una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social que también tengo facturación y soy socio de otras empresas que no tienen actividad porque decidí moverme para acá”. (NA)

Un informe de la consultora LCG indicó que los productos básicos subieron apenas 0,1% en la última semana de agosto, con lo cual la variación de los cuatro últimos períodos es de 1,1%.

Para este resultado influyó la estabilidad del precio de la carne y una reducción de 0,8% en verduras y de 1,1% en frutas.

En tanto, con cierre del relevamiento el 24 de agosto, Eco Go indicó que los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,3%.

“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 1,1% para julio. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,1%), la inflación del rubro alimentos es de 1,1%”, señaló la firma que lidera Marina Dal Poggetto.

El BID financiará planes de producción de litio en Salta y Catamarca

Estos informes sustentan las estimaciones de que este mes la inflación estará por debajo del 2,1% de julio.

El pronóstico más optimista lo tiene la Fundación Libertad y Progreso con 1,4%, y el más alto es el de Equilibra que la ubica en 2,1% similar a julio.

En el medio están Orlando J. Ferreres & Asociados y C&T con 1,5%, Eco Go con 1,5% y Analytica con 1,7%.

El Gobierno apuesta gran parte del éxito de su plan a que la inflación continúe cayendo y de esta manera apuntalar los ingresos.

Trascendió la intención de llevar el salario mínimo a unos $ 800.000 en mano, pero los sectores a los que se apunta son aquellos con mayores problemas de demanda como el gastronómico, el textil y la construcción. (NA)

"Bebote" está acusado de integrar una organización narcocriminal de alcance internacional vinculada con el tráfico de drogas de diseño desde España y el ingreso de cocaína desde Bolivia.

La detención fue confirmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien comunicó el procedimiento a través de sus redes sociales. Álvarez quedó a disposición de la Justicia en el marco de una investigación sobre una estructura dedicada al tráfico y distribución de estupefacientes.

“BEBOTE ÁLVAREZ, PRESO. Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, ‘Bebote’ Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia”, publicó Monteoliva.

La ministra cerró su mensaje con una referencia directa al pasado de Álvarez en las tribunas: “Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga”.

La investigación está vinculada con una organización dedicada a la circulación internacional de cocaína y drogas sintéticas. La Policía Federal viene desarrollando operativos contra una estructura que enviaba sustancias como MDMA, metanfetaminas y cocaína hacia distintos países europeos, además de mantener ramificaciones y circuitos de distribución dentro del territorio argentino.

Álvarez fue durante años una de las figuras más conocidas de la barra de Independiente y acumuló diferentes causas judiciales vinculadas con su actividad alrededor del club. Entre sus antecedentes se encuentra una condena a tres años y medio de prisión por la tentativa de extorsión contra el entonces entrenador Ariel Holan, ocurrida en 2017.

La nueva detención se produce ahora dentro de una investigación por narcotráfico internacional, una causa diferente a los expedientes judiciales que anteriormente involucraron al exjefe de la barra por hechos relacionados con el fútbol. (NA)

Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron $ 400.000.

A la fecha el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) es de $376.600, cifra a la que se llegó aplicando el cronograma de ajustes que se había fijado en la reunión de noviembre de 2025.

Este valor es una referencia que, además de fijar una remuneración básica, sirve para la determinación de algunos programas sociales, prestaciones y subsidios. 

La conversación se dio en medio de una solapada intención del gobierno nacional de lograr que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $ 800.000, lo que representaría un bruto cercano a $ 1.100.000.

Si bien este tema no estuvo en la agenda del encuentro que se realizó este mediodía, la discusión quedó flotando luego que en las últimas horas la Secretaría de Trabajo hiciera trascender la intención del gobierno nacional.

De la reunión que se realizó por zoom participaron:

Sector Empleador:

UIA

Juan José Etala

José Luis Zapata

Horacio Martínez

CAC

Ricardo Diab

Juan Massi

Sector Trabajador

CGT

Jorge Solá

Cristian Jerónimo

Octavio Argüello

Luna Villar

CTA

Claudio Mani

Hugo Yasky

Hugo Ernesto Godoy

Ricardo Peidro

Asesores técnicos

UIA

Laura Giménez

Mariela Suárez

ADEBA

Andrés Valls

Bolsa de Comercio

Eduardo Viñales

Martín Dilullo

CTA (trabajadores)

Cecilia Garriga

CTA (autónoma)

Daniel Jorajuría

Así lo expresó Ritondo en diálogo con radio Rivadavia: "Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos (reelegir), sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho".

En referencia a fechas para concretar el acuerdo, dijo: "Yo no defino fechas, lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene".

"Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene", siguió el titular del bloque del partido que preside a nivel nacional el ex presidente y fundador, Mauricio Macri. 

Ayer, Ritondo, junto el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y Eduardo Menem.

Fue el segundo encuentro entre la cúpula de ambos partidos donde se ratificaron los acuerdos programáticos en torno al rumbo económico y se avanzaron en las conversaciones para armar un posible frente electoral conjunto, aunque persisten diferencias respecto de qué hacer con las PASO.

Mientras que el Gobierno busca aunar voluntades para eliminar o al menos suspender las primarias obligatorias, en el PRO no convence la propuesta, aunque no cierran las puertas del todo. (N/A)

El cambio quedó formalizado durante la sesión de este jueves, cuando Juanes Osaba asumió como presidente del bloque de LLA, integrado por 20 diputados, en reemplazo de Agustín Romo, quien pasó a ocupar una de las vicepresidencias de la Cámara baja provincial.

La nueva distribución apunta a ordenar el funcionamiento parlamentario y otorgar responsabilidades institucionales a los diferentes sectores que integran el espacio libertario bonaerense. Osaba quedó a cargo de la conducción política y legislativa de la bancada, mientras que Romo sumó representación para LLA dentro de las autoridades de Diputados.

El movimiento se concretó después de varios meses de conversaciones entre los distintos sectores internos y terminó con un entendimiento entre las terminales políticas de Karina Milei y Santiago Caputo.

El propio Caputo celebró públicamente la designación de Romo una vez formalizado el cambio de autoridades, en una señal del acuerdo alcanzado para distribuir los principales lugares legislativos.

Osaba, dirigente platense cercano al armado que responde a la secretaria general de la Presidencia en territorio bonaerense, ganó protagonismo en los últimos meses por sus cuestionamientos a la administración de Kicillof, particularmente por la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA).

El legislador también impulsó la implementación de la Boleta Única de Papel en la provincia de Buenos Aires, uno de los temas que el espacio libertario pretende instalar en la agenda legislativa.

Romo, en tanto, es uno de los principales referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación identificada con Santiago Caputo. Con el nuevo esquema dejó la conducción cotidiana de la bancada para asumir un cargo institucional dentro de la Cámara.

La reorganización busca equilibrar la representación de los diferentes sectores de LLA y fortalecer la coordinación parlamentaria frente al oficialismo provincial, mientras el espacio libertario avanza en su construcción política en territorio bonaerense con la mirada puesta en 2027. (N/A)

La explotación se encuentra entre las provincias de Salta y Catamarca, precisó el comunicado que procesó Agencia Noticias Argentinas. La operación respaldará la puesta en marcha y el aumento gradual de producción en dos plantas de la firma: una de hidróxido y otra de carbonato de litio.

Este último desarrollo está incluido dentro del "Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones" (RIGI) de Argentina.

Cuando alcance su fase de plena operación, se prevé que Sal de Oro produzca y exporte cerca de 48.000 toneladas anuales de productos de litio, genere "alrededor de 620 empleos permanentes formales e impulse oportunidades para proveedores locales de bienes y servicios.

La entidad detalló que el esquema financiero combina un "préstamo A de BID Invest por hasta US$250 millones" con la posible movilización de "hasta US$450 millones adicionales de instituciones financieras internacionales".

Esta facilidad crediticia está diseñada para "apoyar las necesidades de corto plazo del proyecto durante su etapa de puesta en marcha y escalamiento operativo".

Sobre el impacto regional, el gerente general de BID Invest, James Scriven, declaró formalmente mediante un comunicado que "esta operación refleja el compromiso de BID Invest con el desarrollo de cadenas de suministro de minerales críticos en la región”. (N/A)

¿Cuál es la marca?

Mediante la Disposición 5292/26 quedaron prohibidos los productos identificados como limpiadores, eliminadores de olores, desinfectantes, aromatizantes y de acabado de superficies, y todo otro producto domisanitario de la marca “QUALIBEST”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la ANMAT. Además, tampoco se identificó un establecimiento responsable de los mismos, habilitado por dicho organismo.

Asimismo, se constató que las firmas Quali Química S.R.L. y Química Erpe S.R.L., que habían inscripto oportunamente productos de la marca “Qualibest”, actualmente tienen dadas de baja sus inscripciones en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios (RNE), y en consecuencia también los registros de sus productos.

Por otra parte, la Autoridad Sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que los productos involucrados tampoco se encontraban registrados en esa jurisdicción.

En ese sentido, se desconocen las condiciones de manufactura y formulación de los productos, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad y eficacia. (N/A)

El texto señala que ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1% de los hogares recurrió a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos diez años, con la única excepción de 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84% frente a principios de 2025.

El reporte expuso que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día, y lo catalogó en tres modalidades:

• Deuda informal: afecta de manera exclusiva a 1.051.890 hogares, mientras que si se contempla el porcentaje total de hogares que recurrieron a conocidos (incluyendo a quienes también se endeudaron con bancos) la cifra alcanza al 16,2% (1.655.833 familias). Este indicador informal creció un 17,3% frente al primer trimestre de 2023.
   
• Con entidades financieras: afecta exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8% de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario. Este endeudamiento tuvo un alza del 55,9% respecto a 2023 y de un 15,6% frente al mismo período de 2025.
   
• Doble endeudamiento: un total de 603.943 hogares debió endeudarse de ambas maneras simultáneamente para cubrir sus gastos. Esta situación de vulnerabilidad extrema se disparó un 117,9% frente al primer trimestre de 2023, sumando 326.810 nuevos hogares a esta condición crítica en tres años.

El informe también destaca que el 9,8% de los hogares, es decir 999.291 familias, tuvo que vender pertenencias para poder llegar a fin de mes. Aunque es la estrategia menos utilizada en términos globales, es la segunda que más creció, registrando un aumento del 35,4% con respecto a principios de 2023. Esto representa un incremento de 261 mil hogares desprendiéndose de sus bienes en los últimos dos años.

Por otro lado, se indica que la brecha salarial de género se ha profundizado desde el cambio de gestión. La necesidad de recurrir a estrategias complementarias creció 6,4 puntos porcentuales (p.p.) en hogares con jefatura femenina, el doble del incremento registrado en hogares liderados por varones (3,2 p.p.).

En el caso de los adultos mayores y jubilados, el reporte remarcó que es uno de los grupos donde más avanza el problema debido a la caída del 30% en las jubilaciones mínimas desde el cambio de gestión y al aumento de prepagas y medicamentos.

Esto provocó que el 41% de los hogares con jefatura de 66 años o más deba aplicar estrategias de ingresos, lo que implica un aumento de 7,1 p.p. contra 2023, forzando a muchos de ellos a retornar al mercado laboral. En tanto, los hogares dirigidos por personas de entre 51 y 65 años marcaron el pico de vulnerabilidad con un 49,8% de despliegue de estrategias.

Entre los hogares de ingresos medios, el 51,9% no logra cubrir sus cuentas mensuales con sus sueldos. Para este sector, la principal salida es quemar ahorros (40,3%) y endeudarse con bancos (18,8%, el nivel más alto de todos los deciles). En contraste, en los sectores de bajos ingresos predomina el endeudamiento informal con conocidos (20,4%).

Al trazar el diagnóstico de este escenario, desde el IAG señalaron que el motivo principal es la pérdida del poder adquisitivo. Al respecto, precisaron que el salario real del sector privado registrado perdió en el primer trimestre un 5,4% de su poder de compra frente a 2023, el sector público provincial retrocedió un 14,8%, y los trabajadores del sector público nacional sufrieron un derrumbe del 38,2%.

Asimismo, el cambio en los precios relativos redujo el ingreso disponible debido al encarecimiento de los servicios públicos sobre los bienes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gasto promedio de una factura de luz, gas, agua y carga de transporte SUBE pasó de representar el 5,4% de un salario mediano registrado en 2023 a duplicar su peso, absorbiendo actualmente el 10,1% de los ingresos de los hogares. (con información de NA)

El consultor político se despegó de las acusaciones sobre supuestas gestiones realizadas desde su posición cercana al mandatario. "Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", afirmó desde el penal boliviano.

Cerimedo también rechazó cualquier intervención en operaciones económicas o acuerdos vinculados con el entorno presidencial y apuntó especialmente contra las versiones que involucran a María Elena Urquidi. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente a quien aprecio profundamente", aseguró.

Además, el asesor manifestó su respaldo personal hacia la primera dama y destacó que conoce su trayectoria. "Sé de su honorabilidad así como la de toda la familia", escribió, en una definición con la que buscó desmarcarla de las versiones que comenzaron a circular alrededor del caso y de las sospechas que alcanzaron al círculo presidencial.

El consultor también criticó la forma en que el episodio adquirió una dimensión política y vinculó esa situación con el escenario que atraviesa Bolivia. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político", expresó, antes de señalar a sectores enfrentados con el rumbo del actual Gobierno.

En ese sentido, Cerimedo apuntó directamente contra quienes, según su mirada, pretenden condicionar a la administración de Paz. "No quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo", escribió, en una referencia al período de predominio político encabezado por Evo Morales y sus sucesores dentro del Movimiento al Socialismo.

Cerimedo cerró su carta con una advertencia sobre la información que, según denunció, circuló en su contra y anticipó que dará su propia versión de los acontecimientos. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno", concluyó. (C5N)

Ambos permanecen detenidos en un departamento de Luque, en las afueras de Asunción, con más de 630 días de arresto desde que fueron interceptados con una suma millonaria sin declarar.

El juez Humberto Otazú resolvió que las circunstancias que justificaron el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado consideró inviable el planteo porque Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

La caución juratoria hubiera implicado un compromiso formal de someterse al proceso, presentarse cada vez que fueran requeridos y cumplir las medidas impuestas.

Días atrás, el exsenador por Entre Ríos apeló su condena en Paraguay. El Tribunal especializado en delitos económicos lo condenó a dos años de prisión y a Guinsel, su exsecretaria, a un año y diez meses. En ambos casos la pena quedó con la ejecución en suspenso, por lo que no fueron enviados a la cárcel.

El fallo condenatorio se conoció en julio y el ex legislador está detenido con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.

El recurso de apelación ingresó al mismo juzgado el lunes pasado. Ahora, el Tribunal deberá girar el planteo de la defensa a la Fiscalía, que tendrá diez días para expedirse. Con esa respuesta, el expediente pasará al Tribunal de Apelación Especializado.

Los jueces que firmaron la condena en primera instancia —Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris— consideraron que el control aduanero sobre el vehículo en el que viajaba la pareja, una Chevrolet Trailblazer, fue aleatorio.

Según el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando les preguntaron si llevaban divisas, y tampoco lo hicieron cuando, tras hallar el dinero en una mochila en el asiento trasero, les consultaron si lo habían declarado. El Tribunal remarcó además que la pareja ya había ingresado al país en otras cinco oportunidades y conocía el procedimiento reglamentario para declarar divisas.

“De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración”, consignó García al momento de la lectura del fallo.

La defensa había argumentado que el delito de contrabando no era aplicable porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido, pero el Tribunal avaló la postura de la Fiscalía y calificó el hecho como tentativa de contrabando, dado que la pareja fue interceptada antes de ingresar al territorio paraguayo. (con información de TN)

El escrito presentado ante el Juzgado Criminal Federal N° 11, sostiene que el 25 de agosto un cadete en moto le entregó a Piccirillo en el departamento donde cumple prisión domiciliaria en Banfield un sobre cerrado y sin remitente identificado.

Según detalló el abogado Gastón Francone, el exmarido de Jésica Cirio, por cuestiones de seguridad, no abrió el paquete y lo llamó de manera urgente. Al revisar el sobre, descubrieron que se trataba de un pendrive con un video de alta resolución que registra, “de forma directa y sin interrupciones”, el procedimiento policial que dio origen a esta causa.

En ese video, que ya fue entregado al juzgado, “se observa con nitidez cómo un efectivo policial abre la puerta trasera de un auto, se agacha portando una linterna en el sector exacto donde luego se simularía el hallazgo del estupefaciente y, al incorporarse, realiza un movimiento inequívoco para reacomodarse el chaleco, denotando la maniobra física de haber extraído un paquete oculto en su indumentaria para implantarlo debajo del asiento del conductor”, aseguró el abogado de Piccirillo.

“Esta maniobra es ejecutada mientras personal femenino se posiciona por delante para obstaculizar la visión y, fundamentalmente, de manera previa a la convocatoria de los testigos de actuación exigidos por ley”, añadió el abogado, al tiempo que agregó: “Esta prueba objetiva descarta la participación de Elías David Piccirillo en la siembra de elementos incriminantes”.

El pendrive fue entregado de manera personal por la defensa de Piccirillo en el juzgado de Lijo para “evitar toda alteración de eventuales rastros papiloscópicos o digitales”.

Este nuevo planteo se da cuando la causa está en la recta final de la instrucción. El pasado 21 de agosto, el fiscal Franco Picardi pidió que Piccirillo sea enviado a juicio oral por la investigación que lo tiene como acusado de haber armado el operativo policial contra Hauque.

Además, solicitó que se investigue la posible participación de Martín Migueles en los hechos y que se determine qué grado de responsabilidad pudo haber tenido en la maniobra denunciada. (TN)

La iniciativa fue planteada en negociaciones reservadas entre funcionarios del Gobierno y referentes de la conducción de la CGT y supone una flexibilización del esquema salarial que la administración de Javier Milei viene aplicando. La intención oficial es mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.

Si bien la propuesta está pensada para aliviar la situación en aquellas actividades con salarios más bajos, también tendrá impacto sobre los sueldos del resto de los trabajadores cuyos ingresos se acuerdan en paritarias. La medida apuntaría en forma directa a beneficiar a las categorías inferiores de sectores como textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos y de la industria del calzado, ayudantes de la construcción y trabajadores de sectores de servicios como gastronómicos o maestranza, entre otros, cuyos sueldos brutos oscilan entre los $800.000 y $ 1.000.000, bastante por debajo de la línea de pobreza.

Además, la intención oficial de avanzar con el esquema de salario mínimo garantizado se inscribe en el marco de los insistentes reclamos al Gobierno para que disponga medidas destinadas a mejorar los ingresos y reactivar el consumo, y llega después de que el propio Milei rechazara la posibilidad de asistir a las familias endeudadas y atribuyera la situación a un problema "entre privados".

Aunque en el Gobierno insisten en negar que la propuesta pueda ser comparable con un “Plan Platita”, en referencia a las medidas instrumentadas por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, ya que no implican transferencias del Estado ni un aumento del gasto público, y ratifican que no se aparta de los lineamientos centrales de su plan económico, la iniciativa revela una evidente necesidad política del oficialismo: evitar que el problema del bolsillo se convierta en un costo político que complique el plan de reelección de Milei en 2027.

Con su propuesta, el Gobierno insiste en que el tope de 2% siga funcionando como referencia para los aumentos mensuales que está dispuesto a homologar, pero habilita a los sindicatos a acordar bonos adicionales siempre con caracter de no remunerativo (no aportan a la seguridad social) para incrementar los ingresos de bolsillo de los trabajadores del sector privado formal.

Pese a que la medida atiende uno de sus principales reclamos, en la conducción de la CGT advirtieron que es "insuficiente". Remarcaron que su pretensión, tal como lo plantearon en las conversaciones informales con el Ejecutivo, es que el piso salarial garantizado se equipare con el valor de la canasta básica total, que en julio se ubicó en $1.564.000, y que irán a la carga con ese objetivo en las respectivas negociaciones por actividad. “Proponen un piso de referencia para ayudar ante el daño que está generando el propio modelo, pero no es suficiente”, dijo a este diario uno de los dirigentes de la cúpula cegetista que participa de las conversaciones.

Otro integrante de la primera línea de la central fue más duro: “Están proponiendo maquillar la realidad porque se dan cuenta que tienen que flexibilizar su postura, pero esto no alcanza, vamos a insistir con que ningún salario quede por debajo de la línea de pobreza”.

Inquietud

Más allá de la postura de la CGT, la inquietud oficial pasa ahora por la reacción del sector empresario frente al plan. En varias actividades con salarios por debajo de la línea de pobreza, las cámaras empresarias advierten que tienen dificultades para hacer frente al pago de los aumentos ya acordados por la caída de la actividad y el estancamiento de la economía, por lo que supondrá un problema mayor financiar subas adicionales a su personal como las que plantea ahora el Ejecutivo.

La cambio de timón del Gobierno respecto a la política salarial se da en un contexto en el que los propios datos oficiales confirman la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores formales. Según el INDEC, en junio, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 1,9%, por debajo de la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,1%. Pero el deterioro se amplifica en la evolución del último año cuando aumentaron 29,6%, mientras que los precios acumularon una suba cercana al 34%. En el primer semestre, la brecha fue todavía mayor: los salarios s subieron 14,5%, frente a una inflación del 19,3%, es decir, casi cinco puntos de diferencia. Desde el inicio de la gestión de Milei los salarios registrados acumulan una contracción real de 3,6%.

Además, la discusión sobre el plan de un piso salarial garantizado tiene lugar en paralelo a la negociación del salario mínimo, vital y móvil, cuyo nuevo monto se definirá este viernes en el marco del Consejo del Salario. Esa mesa, sin embargo, no será el ámbito en el que el Gobierno planteará el mecanismo del piso de los $1.070.000. Actualmente el salario mínimo se ubica en $376.600, muy por debajo de los umbrales de ingresos que determinan los umbrales de pobreza e indigencia. (con información de Clarín)

El foco de conflicto con el gobierno de José Antonio Kast concluyó luego del intercambio que mantuvieron este miércoles a las 19 Presti y su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, sobre el Estrecho y la zona austral.

Según explicaron desde el Ministerio de Defensa de Chile, el ministro argentino atribuyó las expresiones de Valverde “a una confusión y desprolijidad”, y aseguró que este conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia. Así, el Gobierno de Milei dejó en claro que “no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

A su vez, Presti comunicó que tanto el canciller Pablo Quirno como el propio jefe de la Fuerza Aérea se comunicarán con sus contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

“El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”, finalizó el comunicado.

La controversia se había desatado el domingo luego de que el líder de la Fuerza Aérea Argentina incluyera al Estrecho de Magallanes dentro de las áreas de custodia de nuestro país.

“Lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”, había afirmado Valverde durante una entrevista con La Fábrica del Podcast.

Las declaraciones generaron un fuerte malestar en Chile, donde varios legisladores de diferentes fuerzas políticas se pronunciaron contra el Gobierno argentino. Por su parte, la Cancillería del país trasandino anunció que enviaría una nota de protesta y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y está fundada en los tratados de 1881 y 1984.

Desde el Gobierno de Javier Milei evitaron hacer comentarios respecto a los dichos de Valverde, y la cartera que conduce Pablo Quirno publicó un comunicado para aclarar el malentendido y preservar la relación bilateral.

“La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, señala el texto, que aclara que ambos instrumentos “rigen plenamente” y son considerados definitivos por la Argentina.

El nuevo encuentro inició a las 17 en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem en representación del Gobierno.

Mientras que el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador nacional, y secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis, participan de parte del espacio liderado por Mauricio Macri.

El oficialismo apunta a aceitar las negociaciones parlamentarias, para asegurarse las mayorías que le permitan avanzar con sus reformas prioritarias en ambas cámaras, como sucedió con la reciente media sanción en Diputados a la reforma del Banco Central, entre otros proyectos. Mientras que desde el PRO, como adelantó TN, destacaron que la nueva reunión será para “seguir construyendo confianza” y conseguir una ampliación a su agenda en el Congreso.

Desde el bloque liderado por Ritondo impulsan iniciativas sobre la electromovilidad, siembra al lado de las rutas, vandalismo rural y vehículos de conducción autónoma, entre otros. Además hay diferencias sobre iniciativas clave, como la intención del oficialismo de eliminar las PASO para el 2027, ante las dudas de Ritondo y la negativa de su par en el Senado, Martín Goerling.

Las negociaciones entre ambos espacios pasan por dos claves, asegurarse respaldos en el Congreso del PRO durante los próximos meses y ordenar las condiciones electorales para una potencial alianza para 2027.

En el Gobierno quieren que un eventual entendimiento nacional con Macri tenga correlato en los principales distritos y, al mismo tiempo, que los acuerdos provinciales refuercen mayorías parlamentarias.

La prioridad inmediata será sostener la coordinación legislativa y empezar a fijar las bases de los acuerdos territoriales, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales de la negociación.

El Gobierno agiliza el diálogo con el PRO e intenta avanzar en los acuerdos electorales para 2027, por orden de la secretaria general de la Presidencia y jefa del oficialismo a nivel nacional, Karina Milei.

La hermana del Presidente no quiere postergar hasta febrero los principales acuerdos electorales y apuesta a lograr entendimientos políticos básicos, aunque inicialmente sean de palabra, para empezar el 2027 con buena parte del esquema de alianzas encaminado.

A la par de la necesidad de reforzar la territorialidad de los libertarios antes de cerrar los acuerdos. En el Ejecutivo reconocen que las recorridas de funcionarios y dirigentes por las provincias y la Ciudad forman parte de una estrategia de presión. “Tensamos para negociar. Hay que mostrar fuerza”, reconocen en Nación sobre el despliegue que el partido profundizó en las últimas semanas. (TN)

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.

En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.

Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.

Este nuevo pedido del fiscal busca preservar los bienes para alcanzar un decomiso por casi $685.000 millones. Este monto surge de la actualización del perjuicio económico juzgado en la causa.

La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (con información de NA)

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos  14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma.

Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”. (NA)