Se trata de la campaña número 122, en coincidencia con los años de presencia permanente e ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco.

A su arribo, el buque fue recibido por una comitiva encabezada por el Comandante Conjunto Antártico, Contraalmirante Maximiliano Mangiaterra. 

Tres etapas, cuatro meses

A lo largo de tres etapas, que se extendieron por más de cuatro meses, el buque operó en el continente antártico realizando tareas de transporte, apoyo científico y logística interbases. Para ello, contó con helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, el apoyo de los avisos ARA “Puerto Argentino” y ARA “Bahía Agradable”, y el abastecimiento del buque logístico ARA “Patagonia”.

Además, como en cada campaña, el rompehielos aprovisionó con víveres, combustible y materiales de construcción, y efectuó el relevo de dotaciones en las siete bases antárticas permanentes del país: Orcadas, San Martín, Esperanza, Carlini, Petrel, Marambio y Belgrano II. Además, participó en la apertura de bases temporarias, operativas únicamente durante el período estival.

En la Base Antártica Conjunta Petrel se avanzó en la segunda fase de su plan de desarrollo. Asimismo, se dio continuidad al proyecto científico-espacial de la CONAE en la base Belgrano II, orientado a la construcción de una estación terrena, y se realizaron tareas de reabastecimiento y puesta en valor del refugio naval “Bahía Dorian”.

Por otra parte, en apoyo al Servicio de Hidrografía Naval, se continuó con el plan de mantenimiento del balizamiento antártico.

Apoyo científico

En el ámbito científico, investigadores de la Fundación Cethus desarrollaron a bordo el proyecto IWC SORP, destinado a evaluar la distribución, diversidad y uso del hábitat de cetáceos en aguas antárticas.

Asimismo, en el marco del programa internacional ARGO y del Sistema Integrado de Observación de los Océanos, se lanzaron boyas perfiladoras capaces de monitorear el océano en tiempo real, midiendo temperatura y salinidad hasta los 2000 metros de profundidad.

Finalmente, como en cada Campaña Antártica de Verano, brindó apoyo a programas antárticos de otros países. (NA)

En conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y autoridades de la Policía Federal brindaron detalles del caso.

Monteoliva fue quien encabezó la convocatoria y sostuvo que se trató de “un caso inédito en el país”. Esta situación, especificó, llevó al trabajo articulado de la policía de Santa Fe junto con la PFA.

A raíz de la investigación se determinó que no se trató de un caso aislado de bullying, como inicialmente se había catalogado, sino que se está en presencia de un hecho perteneciente a una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

“Tiene que ver con comunidades virtuales que se centran en el estudio y análisis de asesinato, de tiroteos masivos que tienen estas conductas, de organizaciones nihilistas, misantrópicas, que tienden a llevar actos de violencias”, agregó la ministra.

En el mismo sentido, aclaró que en Argentina ya había indicios de que este tipo de organización estaba presente en menores, aunque aclaró que se trata de una red global, que excede la territorialidad. “En los últimos dos años, la Policía Federal junto con el FBI registró e identificó 15 casos y hay cuatro en análisis que hacen a la presencia de culturas violentas en el país”, aseguró.

“Nosotros como funcionarios tenemos el deber de poner la evidencia sobre la mesa a tiempo, a solo ocho días de ocurrido el caso de San Cristobal y a partir de ahí llevar adelante las construcciones. Una respuesta a este tipo de casos excede e involucra a todas las partes y en esto entramos todos: familia, escuelan educadores, comunicadores. Todos tenemos una función que cumplir”, completó Monteoliva.

Luego de la ministra, también brindó unas palabras Pullaro. “En principio parecía ser un brote psicótico, posteriormente se habló de que la motivación podía ser el bullying, que se podía haber llevado adelante sobre algunos alumnos de la escuela, pero inmediatamente el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante una profunda investigación que permtió la extracción de elementos digitales y que nos dio un panorama mas allá de lo que estaba sucediendo en la localidad”, detalló.

“No fue un brote psicótico de este adolescente, no tiene que ver con el bullying del que pudo haber sido víctima, y sí se pudo detectar que este joven participaba de una red internacional de una subcultura digital que se denomina TCC (True Crime Community) que parte de la verenación de delitos violentos, asesinatos violentos”, agregó el mandatario provincial.

Pullaro también destacó que no tiene que ver con lo que pueda suceder en una comunidad, escuela, provincia o país, sino con una subcultura internacional que encuentra ámbitos de socialización a través de estos grupos que veneran hechos violentos dentro de escuelas.

El gobernador remarcó el accionar de la comunidad educativa de San Cristobal y aseguró: “Es un fenomeno nuevo, diferente, que tenemos que abordar”.

El jefe de la Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), Guillermo Díaz, brindó mayores precisiones sobre el caso. “Nosotros, en principio, hacemos un barrido en redes sociales, ya que esto se genera en el ámbito digital y se pone en manifiesto en la comunidad”, aclaró.

A raíz de este procedimiento se llevaron adelante dos allanamientos en el domicilio del tirador y la reconstrucción en la escuela. También, especificó, se analizó el celular del chico, de donde se pudo obtener el dato de la vinculación del tirador con otro menor que formaba parte también de estos subgrupos.

Este segundo involucrado fue identificado y en los últimos días quedó detenido cuando circulaba por la Ruta Nacional N°11 de Santa Fe junto a sus padres. Posteriormente, el fiscal ordenó que se realizaran allanamientos en su casa de donde se secuestraron aparatos tecnológicos y simbología referente al tema.

“No es un hecho aislado, venimos trabajando en los últimos dos años, pero nunca había ocurrido un hecho como el que aconteció en San Cristobal. Esta persona (el tirador) tenía un acceso puntual a armas y responde al TCC sobre el cual se ha emitido un informe de alerta y conscientización sobre lo que significa en la sociedad”, especificó Díaz.

Además, aclaró que la organización cumple diferentes facetas, hacen investigaciones sobre crímines verdaderos y tienen fascinación sobre ellos. “Comenzó con la Masacre de Columbine, en Colorado, cuando dos tiradores activos mataron a otros 12 menores para luego suicidarse. A raíz de ese ataque comienza la fascinación de la comunidad de menores que van de un rango etario de entre los 13 y 19 años. De ahí nuestra preocupación”, agregó.

La segunda faceta comienza con la difusión del material a traves de diferentes plataformas digitales, foros y páginas como Discord o Telegram, donde se venera a los tiradores. “El principal problema y tercera etapa es la imitación y la cuarta es cuando empiezan a planificar ataques. Estos chicos pasan a ser héroes”, remarcó.

“No solamente existe esta subcultura digital, sino que en un segundo caso detectamos también que responden al movimiento incel, como se vio en la pelicula Adolescencia, que son célibes involuntarios, donde odian a las mujeres, considerandolas de determinada forma, y a los varones que tiene relaciones románticas felices a tal punto que llevan adelante ataques contra estas personas", precisó el jefe de la DUIA.

Sobre el final, Díaz aclaró que la causa del tiroteo en la escuela N°40 de San Cristobal está en curso y que resta hacer el análisis sobre el resto de los aparatos involucrados.

Nevechenko fue la primera testigo de la causa que se presentó en Comodoro Py, estuvo dos horas declarando y certificó la compra del departamento de Caballito de Manuel Adorni.

“Trabajo para Adorni hace muchos años”, dijo la escribana sobre el vínculo que mantiene con el exvocero presidencial.

Nevechenko dijo que “no hubo irregularidades en las operaciones” que llevó adelante el jefe de Gabinete y aseguró las dos mujeres involucradas en la causa “no prestaron dinero para el inmueble de Caballito".

“La operación del inmueble de Caballito fue una compraventa con saldo de precio”, agregó la escribana.

La jueza habría intervenido además en la escritura de una propiedad registrada a nombre de la esposa del funcionario, Julieta Bettina Angeletti, en Exaltación de la Cruz.

La presentación fue por la investigación judicial que analiza la compra del inmueble ubicado en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue declarada por un valor de 230 mil dólares y quedó bajo análisis por la estructura financiera utilizada para concretarla.

Según los registros inmobiliarios la propiedad tiene casi 200 metros cuadrados y pertenecía a Beatriz Viegas y a Claudia Sbabo. Ambas no solo figuraron como vendedoras del departamento sino también como acreedoras de un crédito hipotecario por 200 mil dólares que permitió completar la operación. Cada una aportó el 50% del préstamo, que quedó asentado en partes iguales a su nombre.

La intervención de la escribana fue clave en esa transacción y también en otra operación inmobiliaria vinculada al funcionario. La profesional habría participado además en la escritura de una propiedad ubicada en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2025 y que figura a nombre de la esposa del jefe de Gabinete.

Pollicita pidió una serie de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y verificar la información declarada ante organismos oficiales. Entre los pedidos se incluyeron oficios a registros de la propiedad, de vehículos y requerimientos vinculados con movimientos financieros.

La fiscalía consideró que existen “motivos suficientes para avanzar en la causa y esclarecer la conformación patrimonial” del funcionario. La investigación tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, quien delegó el impulso de la causa en el fiscal. Pollicita también le pidió a la escribana la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino.

El origen de la causa

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional, Marcela Pagano, que advirtió sobre presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario. Según su planteo el patrimonio de Adorni habría registrado un aumento del 500% en un período fiscal y habría omisiones en la información presentada.

Entre los puntos señalados en la denuncia se mencionaron activos financieros y depósitos en el exterior por más de 16 millones de pesos, así como la incorporación de US$24.500 en efectivo que, según se indicó, habrían tenido origen en préstamos familiares.

Otro de los aspectos que quedó bajo revisión es la declaración patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción. Adorni informó en ese documento la titularidad de la mitad de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una propiedad en La Plata, sin consignar bienes ubicados en countries.

Además surgieron dudas en torno a un lote en el country Indio Cuá, donde las expensas figuran a nombre de Angeletti, lo que motivó consultas de los investigadores sobre la relación entre los bienes declarados y los movimientos patrimoniales recientes. (TN)

Los números para la votación inyectan plena confianza, y hasta un diputado opositor con el que la Agencia Noticias Argentinas entabló diálogo estimó que el oficialismo, junto a sus circunstanciales aliados -que incluyen a diputados peronistas de provincias cordilleranas- “llegará a los 140 votos”.

De cara a la sesión -prevista para este miércoles desde las 15.00- La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

A raíz del pronóstico adverso respecto al proyecto de Glaciares, la líbido opositora estará puesta en la primera parte de la sesión, ya que la idea es inundar el recinto de expresiones políticas contra Adorni.

Cada día que pasa, van apareciendo nuevos elementos que complican el devenir judicial del vocero y jefe de Gabinete, quien se aferra al cargo únicamente por el apoyo de la cúpula gubernamental, que por ahora se sostiene.

Sin embargo, este respaldo sobreactuado no es gratuito y la Casa Rosada no está pudiendo sacar el espinoso tema Adorni de los reflectores de la opinión pública.

Consciente del daño en términos de imagen y credibilidad que el escándalo del jefe de Gabinete le está infligiendo al Gobierno, la oposición busca hacer más leña del árbol caído y va a convertir el recinto en un “pelotón de fusilamiento”.

“Adorni tiene que venir acá el 29 de abril pero no sé si llega. Es una mochila de plomo para el Gobierno. En algún momento Milei debería darse cuenta que no puede sostener más a un tipo que no pudo ni siquiera afanar con disimulo”, planteó un diputado opositor al que la Agencia NA tuvo acceso.

Más allá de las cuestiones de privilegio, que descargarán artillería pesada contra el vocero y ministro coordinador, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector de Provincias Unidas va a pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, para que se trate a la brevedad los pedidos de interpelación contra el funcionario.

También la oposición va a pedir el emplazamiento de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto para que se aborden los proyectos para declarar la neutralidad argentina en la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sobre el posicionamiento argentino en esta escalada bélica, que sacudió el tablero geopolítico internacional y que tiene en vilo a la economía global, existen proyectos presentados por Eduardo Valdés, Juan Marino y Esteban Paulón, entre otros.

Otro asunto que la oposición agitará en el recinto para lastimar al Gobierno tiene que ver con los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Qué dice el proyecto de reforma

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó un discutido formato de audiencia pública dividido en dos fechas que receptó opiniones a favor y en contra de especialistas y distintos actores involucrados en la materia.

Por su extensión limitada, la audiencia pública dejó afuera a miles de inscriptos que querían exponer en vivo sus puntos de vista en la temática, y debieron conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video. 

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, 

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente. (NA)

La convocatoria, que comenzará a partir de las 10, sumado al cese total de actividades a nivel nacional, visibilizará la situación crítica provocada por los despidos masivos (aproximadamente el 30% de la planta) y las medidas de ajuste que paralizaron gran parte de sus funciones.

El reclamo se centra en la reincorporación del personal desvinculado que afecta a las tareas del SMN y que, desde marzo de 2026, ya se encontraba en estado de alerta ante la amenaza de recortes. Según algunas denuncias, los despidos totales habrían alcanzado hasta 700 puestos de trabajo en una planta de mil empleados.

Asimismo, los trabajadores y delegados gremiales advierten que este recorte genera un "apagón meteorológico" con consecuencias en la seguridad en vuelos, por la provisión de datos meteorológicos críticos para la aeronavegación; el cierre de estaciones meteorológicas en distintos puntos del país que impide la toma de datos locales para el pronóstico; y el riesgo de vida y económico, debido a que el vaciamiento del SMN impacta directamente en el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que dificulta la prevención de catástrofes naturales y afecta sectores clave como la producción agrícola. 

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y el Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que lideran estas protestas, argumentan que el SMN es un pilar estratégico para la soberanía y la seguridad nacional y aseguran que los despidos habrían sido impulsados por directivas del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por el ministro, Federico Sturzenegger. (NA)

Son cálculos efectuados por Focus Market, dirigida por Damián Di Pace, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso del gravamen financiero, la Nación se lleva el 25%; las provincias el 8%; los municipios el 4% (más coparticipación), y solo 40% queda como tasa neta para los bancos. El resto se va al Estado.  

En el caso de las naftas, 41,5% va a la Nación, 3% a las provincias y 2,1% a los municipios. Y su impacto en los surtidores es cercano al 1% mensual.

Precisamente, el traslado al valor de los combustibles del aumento del crudo por el conflicto de Medio Oriente trata de ser mitigado por el Gobierno de Javier Milei, aunque suspendiendo la aplicación del impuesto específico.

A diferencia de otros países, Argentina no sólo no lo bajó, sino que, al contrario, el Ministerio de Economía descartó mover el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), porque la prioridad sigue siendo sostener a cualquier costa el superávit fiscal, pilar de la baja de la inflación y la estabilidad monetaria a largo plazo.

En los primeros dos meses de 2026, la recaudación tributaria de los impuestos a los combustibles sumó $ 870.558 millones (equivalentes a más de 600 millones de dólares o un 0,1% del Producto Interno Bruto, PIB).

El Poder Ejecutivo modificó el cronograma previsto en la normativa anterior y trasladó al 1° de mayo la entrada en vigencia de los aumentos pendientes correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono.

Implica una nueva prórroga sobre ajustes que ya venían siendo diferidos desde 2024 y 2025, en el marco de una política que busca evitar un traslado pleno de la carga tributaria al precio final de las naftas y el gasoil.

Deterioro del impuesto

De acuerdo al análisis económico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el valor real del impuesto a los combustibles había experimentado un fuerte deterioro desde 2021.

Tras haberse mantenido relativamente estable desde 2018 -cuando rondaba los $570 por litro a valores actuales-, la falta de actualización en un contexto de alta inflación provocó una caída abrupta.

El punto más bajo se registró en enero de 2024, cuando el tributo equivalía a apenas $72 por litro en términos reales, lo que implicó una pérdida cercana al 88 por ciento respecto del nivel inicial.

A partir de febrero de ese año comenzaron a implementarse recomposiciones parciales, que permitieron recuperar parte del terreno perdido.

Actualmente, el impuesto se ubica en torno a los $367 por litro, lo que representa una mejora respecto de los mínimos recientes, pero aún se mantiene un 38 por ciento por debajo del nivel real que tenía en 2018.

IVA en las finanzas

En el caso de las tasas de interés y las operaciones financieras, el impuesto más importante es el IVA (Impuesto al Valor Agregado, (21%) aunque no es el único porque también hay impuestos provinciales (Ingresos Brutos y Sellos).

El IVA también se aplica sobre los gastos (tantos los mensuales, como los de renovación anual), lo que encarece mucho el financiamiento de los saldos y el uso del pago mínimo.

El Impuesto de Sellos se computa sobre todos los consumos del mes. Las provincias cobran distintas alícuotas. Córdoba, por ejemplo, el 1,5% sobre los gastos totales del resumen.

En cuanto a Ingresos Brutos, las provincias también aplican retenciones y percepciones a los consumidores finales, sobre los gastos del mes.

Desde 2018 rige el IVA del 21% a los pagos de servicios del exterior (también se conoció como “impuesto Netflix”), que impacta en todos los consumos como las suscripciones de Google, Spotify, Amazon, PlayStation y otros similares.

Aunque el impuesto PAIS se derogó a fines de 2024, todavía sigue vigente una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias cuando los consumos en dólares (viajes, compras online o gastos en el exterior) se pagan en pesos. Esto no aplica si se pagan con dólares.

Cuando se renueva la tarjeta se cobra un monto fijo una vez al año, que muchos bancos lo dividen en dos o tres cuotas mensuales.

Además de lo que percibe el banco, hay que sumarle el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21%.

Se pueden aplicar como gastos de mantenimiento o de envío de resumen (aunque ahora, la mayoría son digitales).

Se cobra solamente si tenemos que realizar un pago en ese mes (aunque sea de débito automático). 

También está gravado con el 21% del IVA y es más alto si la tarjeta es internacional o si es Premium. (N/A)

De esta manera, en el primer trimestre el sector produjo 19% menos de unidades con relación al mismo período del año pasado. Según el informe oficial se fabricaron en marzo 41.716 vehículos contra 41.565 de marzo de 2025.

En el acumulado del primer trimestre de 2026, la producción totalizó 92.346 unidades, lo que significa una caída del 19,0% frente al mismo período de 2025.

En cuanto a las exportaciones, se enviaron al exterior 26.646 unidades, un 66,6% más que el mes anterior y un 9,7% por encima de marzo del año pasado.

Por su parte, las ventas a la red de concesionarios sumaron 41.453 vehículos en marzo, una mejora del 14,2% intermensual pero una baja del 13,5% respecto al año previo.

El acumulado trimestral de ventas registró 112.078 unidades, un 12,2% menos que en los primeros tres meses del año anterior.

Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA, señaló que la actividad de marzo mostró señales de recuperación en comparación con el inicio del año.

No obstante, el directivo indicó que los números finales del trimestre se sitúan por debajo del año pasado, lo que marca la necesidad de trabajar en la agenda de competitividad del sector.

Pérez Graziano afirmó que para transformar la recuperación en un proceso sostenido es fundamental la articulación con el sector público.

Al respecto, el directivo explicó: “Estamos trabajando con toda la cadena de valor y el Gobierno Nacional para bajar costos estructurales, optimizar procesos y hacer más eficiente la operatoria”.

El representante de las terminales destacó que el compromiso debe incluir a las administraciones locales para reducir “la carga impositiva y las tasas locales que pesan sobre el proceso productivo de toda la cadena y penalizan las exportaciones”.

Finalmente, advirtió sobre el contexto externo al mencionar que “el escenario internacional nos presenta un tablero complejo. Excedentes globales de producción y nuevos jugadores, imprimen una presión extra sobre nuestra actividad”. (N/A)

La medida fue dispuesta por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que ordenó frenar de inmediato las obras al considerar que una eventual demolición podría generar un daño irreversible.

Los jueces argumentaron que, en caso de avanzar con la destrucción del edificio, no sería posible revertir la situación aunque posteriormente se falle en contra del proyecto.

El fallo se produjo tras las presentaciones realizadas por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y organizaciones como Basta de Demoler, Fundación Ciudad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que cuestionaron la intervención sobre el inmueble.

El proyecto en discusión contempla la demolición de una parte significativa del estadio actual para construir uno nuevo, con mayor capacidad y dimensiones, lo que implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y conservar solo una porción menor de la estructura original.

En ese sentido, uno de los puntos centrales del fallo fue la protección del valor patrimonial del Luna Park, que cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional y posee un nivel de protección estructural que limita modificaciones sustanciales.

Los magistrados remarcaron que la intervención judicial debe producirse antes de que se concrete el daño, al sostener que la demolición “tiene efectos irreversibles” sobre el patrimonio cultural.

El conflicto judicial en torno al estadio se arrastra desde hace meses: en diciembre de 2025 ya se había dictado una primera medida de suspensión, luego en marzo de 2026 se habilitaron avances en otra instancia, y ahora se volvió a frenar el proceso.

Por el momento, la demolición queda suspendida, mientras la Justicia deberá resolver el fondo de la causa, lo que podría derivar en una modificación del proyecto o en su cancelación definitiva.

El caso mantiene en tensión a distintos sectores, ya que el Luna Park no solo es un estadio emblemático, sino también un símbolo de la historia cultural argentina, escenario de eventos deportivos, recitales y actos políticos a lo largo de décadas. (N/A)

El intercambio está programado para las 16.30, según confirmaron fuentes oficiales, y podría incluir la presencia de otros funcionarios.

Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). 

Como contó esta agencia, en la Casa Rosada anticipaban la posibilidad de la cumbre que tendrá lugar esta tarde y destacaron los tiempos brindados para que Gallo pueda asentarse en su regreso y pasar tiempo con su familia. 

“En algún momento va a ocurrir la reunión, pero ahora tiene que estar con su familia”, planteaban a principios de marzo por los pasillos de Balcarce 50. 

Tras la liberación que se dio luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, posterior detención de Maduro, el efectivo de seguridad fue recibido por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y al canciller, Pablo Quirno, en su regreso al país en el Aeropuerto de Ezeiza. 

Ambos ministros lo escoltaron también el 3 de marzo durante la conferencia de prensa que dio en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional en la que brindó detalles de sus días detenido en el Rodeo I en Caracas. 

Hacia finales de marzo, el gendarme catamarqueño volvió a su provincia, donde fue recibido por el gobernador local, Raúl Jalil. En el reencuentro con sus familiares, Gallo pidió “no olvidar” a los presos políticos que permanecen en Venezuela, entre ellos el argentino Germán Giuliani. 

Al contacto con los dos representantes del Poder Ejecutivo se sumó además la reunión convocada por la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, con un puñado de legisladores libertarios y aliados. La exfuncionaria también invitó a Gallo y a su esposa María Alexandra Gómez a ver la obra que protagoniza su esposo, Guillermo Yanco, en la calle Corrientes. (N/A)

“Nosotros estamos a favor de la eliminación y siempre vamos a ir por la de máxima”, sostuvo una importante fuente que participa de la redacción. 

El texto final aún no circuló entre los integrantes de la mesa política que, analizan, que hay “tiempos” para tratar cada tema. Además, aseguran que el borrador podría cerrarse en los próximos días y enviarse al Congreso la semana próxima. 

Con la administración libertaria convulsionada a raíz de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por los movimientos en la causa $Libra, en el oficialismo hay quienes justifican la demora a la coyuntura actual. 

“Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo”, planteó un integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para discutir los espectos políticos de la gestión. 

Sin embargo, la reforma configura uno de los puntos centrales del temario previsto para el 2026 legislativo. Hasta entonces, y en debate, incluiría la modificación del régimen de partidos políticos, lo que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Otro de los puntos que generó debate interno fue el futuro de las PASO. Si bien desde el inicio el oficialismo se inclinó por eliminarlas, en varios despachos de Balcarce 50 aseguraron que la suspensión configuraba la acción más viable en función de los apoyos legislativos relevados hasta entonces. 

Pese a eso, persiste la intención de sostener la postura “de máxima” de incluir en la redacción del proyecto la necesidad de eliminarlas, aunque por lo bajo hay quienes aseguran que se terminará de definir en función de los respaldos legislativos.

“No está cerrado lo de la suspensión. Habrá que ver”, admitió un integrante de la mesa política. (NA)

El eje de un documento que emitió la cartera de Capital Humano fue sobre el programa Volver al Trabajo (VAT), una iniciativa que había sido creada como reformulación del explan Potenciar Trabajo y que, según informó el Ministerio, cumplió el plazo previsto de dos años. 

La última asignación mensual no remunerativa correspondiente a los beneficiarios fue liquidada durante abril.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la conclusión del programa formaba parte del diseño original y que la decisión implica una reorientación de recursos hacia políticas consideradas de “mayor impacto social”. El VAT había sido implementado con el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal y eliminar barreras de acceso al trabajo registrado, explicaron.

A diferencia del esquema anterior, el programa contemplaba la inscripción prioritaria de los beneficiarios en capacitaciones laborales impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. Además, antes del pago de la última cuota, el Gobierno notificó a los participantes sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación, incluyendo vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional.

En paralelo, el Ministerio destacó el fortalecimiento de otras prestaciones de la seguridad social con foco en sectores vulnerables. Según informó, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentaron un 561%.

La cartera sostuvo que “la estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo”. (con información de NA)

El tribunal también ratificó la imposición de costas a los imputados que impulsaron el incidente.

La causa se originó a partir de una denuncia del órgano recaudador del Estado que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y contribuciones al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal. 

Según el requerimiento fiscal, los montos cuestionados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superan ampliamente los umbrales establecidos por la ley penal tributaria.

En ese marco, el juzgado interviniente ya había dictado el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos Tapia, además de otros responsables vinculados a la conducción de la entidad.

La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, regían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA. Sobre esa base, sostuvo que no existía obligación exigible y, por lo tanto, tampoco delito.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación. Señalaron que la suspensión de las ejecuciones fiscales no modifica la obligación de pago ni altera los vencimientos de las obligaciones tributarias, por lo que no resulta suficiente para descartar la eventual comisión de un delito.

Además, el tribunal remarcó que la inexistencia del hecho ilícito no surge de manera evidente, condición necesaria para admitir una excepción de falta de acción. Por ese motivo, concluyó que la cuestión deberá analizarse en profundidad durante la investigación principal.

Con este fallo, la Cámara confirmó la continuidad del proceso penal y dejó abierta la evaluación de fondo sobre la responsabilidad de los imputados, en una causa que podría derivar en sanciones penales por apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social. (Fuente: NA).

Como la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó plazos para que la empresa cumpla con las obligaciones salariales, el gremio sostuvo que el vencimiento para abonar los montos adeudados opera esta semana, mientras que la firma evalúa recurrir la medida.

En paralelo, el conflicto escaló más allá del plano judicial. La discusión alcanzó a la política bonaerense, con iniciativas legislativas en marcha y gestiones sindicales que buscan evitar el cierre definitivo de la planta.

La decisión de la Cámara del Trabajo ordenó a la empresa pagar los sueldos correspondientes a los trabajadores incluidos en el acuerdo firmado en mayo de 2025, además de garantizar el pago de las quincenas hasta julio de 2026. Ese entendimiento había contemplado beneficios para la compañía a cambio de preservar los puestos de trabajo durante ese período.

Desde el SUTNA señalaron en un comunicado que la empresa ya fue notificada del fallo y advirtieron que, en caso de incumplimiento, podría enfrentar embargos para hacer efectivos los pagos. También remarcaron que la planta se encuentra en condiciones de retomar la producción y que los trabajadores están disponibles para hacerlo.

Del lado empresario, la posición se sostiene en que, tras el cierre de la planta en febrero, no corresponde el pago de salarios. En ese marco, la compañía analiza presentar una apelación para revertir la resolución judicial.

Presión legislativa y disputa en la provincia

El conflicto se trasladó a la Legislatura bonaerense, donde el sindicato impulsa un proyecto de ocupación temporal de la empresa con el objetivo de sostener la producción y los puestos de trabajo. La iniciativa busca evitar la paralización de una actividad considerada estratégica para el transporte de cargas y pasajeros.

El gremio mantuvo reuniones con diputados y senadores provinciales y sumó respaldos de distintos sectores políticos y sindicales. La discusión se da en un contexto de tensiones dentro del oficialismo bonaerense, que complejizan la búsqueda de una salida.

La intervención de la provincia también se expresó en el plano administrativo. Tras una instancia de conciliación obligatoria dictada a nivel nacional, el Gobierno bonaerense extendió ese mecanismo y pasó a tener un rol central en las negociaciones.

Mientras se define el curso judicial, el SUTNA avanzó con medidas para visibilizar el conflicto. El sindicato convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el martes 14 de abril junto a otras organizaciones gremiales, sociales y de jubilados. (con información de TN)

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13 de abril.

La Justicia investiga la compra que hizo el jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por 230 mil dólares el 18 de noviembre de 2025. Algunos detalles de la operación llamaron la atención, como el valor que pagó cuando las cifras de mercado en esa zona están por encima de ese monto y el hecho de que dos jubiladas le prestaran el 87% del monto total de la adquisición.

Luego se conoció un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió US$ 100 mil de Molina y Cancio.

Esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa del country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz. (NA)

La medida de fuerza del pasado 31 de marzo, calificada por la federación que conduce Daniel Ricci como un "éxito" debido al alto nivel de acatamiento en las casas de altos estudios de todo el país, sirvió como termómetro para endurecer la postura del gremio.

Según los representantes de la FEDUN, la situación llegó a un punto crítico que pone en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre y el funcionamiento administrativo básico de las instituciones.

El reclamo central de la federación apunta a la dramática pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio denunciaron que, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, los salarios de los docentes universitarios sufrieron una caída del 48,7%.

Ante este escenario, la FEDUN exige la "urgente convocatoria a la paritaria nacional" para frenar el deterioro de los ingresos.

"No hay universidad de calidad sin salarios dignos", sentenciaron los secretarios generales al finalizar la reunión, ratificando el estado de alerta y movilización permanente.

Otro de los ejes de la protesta será la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa cuenta con el aval de la Justicia, el sector docente advierte que el flujo de fondos está virtualmente paralizado, lo que asfixia a las universidades públicas, gratuitas y de calidad.

La jornada del miércoles no solo incluirá el paro de actividades, sino también movilizaciones y actos de visibilización en los diferentes campus y centros urbanos del país para concientizar a la sociedad sobre la gravedad del desfinanciamiento.

Solidaridad gremial y agenda ambiental

Además de las reivindicaciones sectoriales, el plenario de la FEDUN se pronunció sobre dos temas de relevancia institucional y nacional.

* Conflicto en el IUPA: El gremio expresó su respaldo absoluto a los trabajadores del SITRAIUPA, denunciando irregularidades y "fraude" en el proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

* Defensa de los glaciares: En una sorpresiva declaración política, la federación manifestó su rechazo total a las modificaciones de la Ley de Glaciares, alertando que dichas reformas implican consecuencias sociales y ambientales "irreparables" para el patrimonio natural de Argentina.

Con el paro del 8 de abril ya confirmado, la comunidad universitaria espera un gesto del Ministerio de Capital Humano para abrir una instancia de diálogo que evite la paralización total del sistema educativo superior. (Fuente: Mundo Gremial).

Hace tan solo seis días, la Justicia había confirmado la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida del país del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA debió presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera. (Fuente: NA).

Morales confirmó que adquirió la propiedad en 1996 por 200.000 dólares; según la investigación, el inmueble fue vendido el año pasado, por el mismo valor, a dos jubiladas, quienes luego se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, a través de un esquema de pago inicial y un crédito hipotecario otorgado por ellas mismas.

La declaración del exfutbolista de Huracán y Lanús se llevó a cabo de manera virtual desde la provincia de Corrientes, en la localidad de Bella Vista, donde actualmente reside. Morales no habría aportado datos sustanciales y sólo confirmó los detalles de la venta original que ya se conocían.

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa, que implemente nuevas medidas para profundizar la investigación; hasta el momento, la situación que presenta el jefe de Gabinete demuestra una incompatibilidad entre el sueldo que percibe como funcionario y los gastos que mantuvo desde su ingreso al Gobierno Nacional.

Por este motivo, la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos y si la secuencia de transacciones es coherente con el patrimonio declarado del funcionario. Paralelamente, la fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de varios viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno. (con información de NA)

Así lo expresó este martes el canciller Pablo Quirno, durante su exposición en el Atlantic Council, una organización norteamericana que promueve la cooperación de Estados Unidos con aliados.

“Nuestra alianza estratégica con Estados Unidos se basa se apoya en coincidencias políticas, valores y en una complementariedad económica cada vez más relevante”, enfatizó el ministro de Javier Milei.

La ratificación de la postura argentina llega en medio de la amenaza de Donald Trump de “destruir al país entero” de Irán si este no libera el estrecho de Ormuz, un canal clave para el mercado energético.

El ultimátum, pautado para las 20 (hora de Estados Unidos) fue contundente. Si el Gobierno de los ayatolás no cede, la Casa Blanca ordenará un ataque sobre las centrales eléctricas y los puentes del país islámico.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, advirtió el republicano este martes por la mañana en sus redes sociales.

Y sentenció: “Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda".

La ruptura del Gobierno con Irán

En plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno de Javier Milei ya había decidido enviar señales claras a sus principales aliados: Estados Unidos e Israel.

Como primera medida, el Ejecutivo declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país.

Poco después, luego de la dura respuesta del país islámico, el Gobierno fue más allá y decidió declarar persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán, a quien instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. (con información de TN)

Si bien, semanas antes, ya se había montado un control extremo en varias sinagogas y en los tres edificios, se incrementaron desde este martes.

Desde el comienzo del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, las medidas de seguridad en las instituciones gubernamentales, religiosas y políticas vinculadas a dichos países aumentaron en Argentina, sin embargo, a partir de hoy se reforzaron significativamente.

Horas atrás, el presidente Donald Trump afirmó que, este martes por la noche, “morirá toda una civilización para no volver jamás", en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní con el objetivo de culminar con la guerra. 

Posiblemente, la amenaza del mandatario respecto a la “destrucción total” haga referencia a un probablede ataque la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes, o incluso que se lleve a cabo un bombardeo militar a una mayor escala.

En la misma línea, Trump pretende un "cambio de régimen total" en Irán porque hace “47 años” que el Gobierno islámico vive en un contexto de “extorsión, corrupción y muerte” y debe llegar a su fin.

Esta situación se agravó por la tensión respecto al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo mundial que provocó crisis en los mercados. (NA)

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron ante la agencia Noticias Argentinas que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. 

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios. 

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria. 

Entre los impedimientos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera. 

ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL

La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt

— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron. 

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. 

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR. (NA)