La postal de este comienzo de semana fue la cuarta en el esquema que encontró la Nación para fortalecer el lazo con las provincias que le pueden aportar votos en el Congreso sin necesidad de grandes erogaciones económicas: ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, lo rechazó.

Según el convenio firmado este lunes, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.

En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se hará tramo por tramo, mediante convenios específicos. Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

El convenio también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

Por el Gobierno participaron también en la firma el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Por Río Negro estuvieron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.

El acuerdo con Río Negro se suma a los que la Casa Rosada firmó en los últimos meses con otros gobernadores dialoguistas. El primero fue con Santa Fe: el 22 de julio, Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. Le siguió San Juan, el 10 de agosto, cuando Marcelo Orrego recibió la gestión de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial de las rutas 40 y A014, también por dos décadas. San Luis había cerrado antes un convenio más acotado, por un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7, con el gobernador Claudio Poggi.

Córdoba avanza en un pedido puntual: el gobernador Martín Llaryora reclama el traspaso completo de la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma.

Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle. El mandatario lo reiteró este lunes en el evento Neuquén Day en Capital Federal: la RN 22, la ruta de los 7 lagos, el Paso Internacional Samoré y la ruta 242. “Las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente. Estamos poniéndonos de acuerdo”, dijo el mandatario en diálogo con la prensa.

Por su lado, Corrientes fue habilitada por el Decreto 253/2026, en abril, junto con otras ocho provincias, para concesionar tramos viales dentro de su territorio, y el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene gestiones directas con el Ministerio de Economía, aunque aún no trascendió la firma de un convenio individual con Vialidad Nacional.

Tucumán es, por ahora, el caso más claro de rechazo. El gobernador Jaldo sostuvo que la transferencia de rutas nacionales a la provincia “no será posible” y advirtió que no permitirá que la Nación le desequilibre las finanzas provinciales, una postura que mantiene desde 2025 y que ratificó en julio de este año.

En paralelo al traspaso de gestión a las provincias, el Gobierno avanza con otro mecanismo amparado en el mismo decreto: la concesión de tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante peaje. Bajo ese esquema, Nación adjudicó por 20 años la explotación de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos y de las rutas 12 y 14 en Corrientes, entre otros tramos del país. (NA)

En la comparación interanual, sin embargo, el indicador se ubicó 2,8% por debajo de agosto de 2025.

Cuatro de los cinco componentes que integran el índice mostraron mejoras durante agosto. Los mayores incrementos se registraron en Preocupación por el interés general, que creció 12,8%, y Eficiencia, con una suba del 12,6%.

También avanzaron la Evaluación general del Gobierno (+7,6%) y Honestidad (+2,7%), mientras que la Capacidad para resolver problemas se mantuvo prácticamente estable, con una variación positiva del 0,3%.

Por segmentos, la mejora fue especialmente significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el índice creció 66,3% y llegó a 2,80 puntos.

También aumentó 14% entre las personas de 30 a 49 años, mientras que entre los mayores de 50 años retrocedió 2,5%. El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 13 de agosto, sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de todo el país, con un intervalo de confianza del 95%.

La mudanza responde a una decisión tomada por el Gobierno nacional.

La drástica reducción de sus actividades planteada por el Estado nacional afecta a 185 trabajadores civiles y 300 militares que, según se informó, van a ser trasladados. Esto, se aclaró, significa un golpe de magnitud para la economía y la historia de la comunidad local que perdería así una institución que forma parte de su identidad.

Más allá de lo que todo esto pueda significar para Bahía Blanca, lo cierto es que la base aeronaval Punta Indio -ubicada en el partido de Verónica-, es la principal fuente de empleo en el municipio.

Por ello, desde la Provincia se decidió acompañar el reclamo ante las autoridades nacionales competentes, en su iniciativa de constituir una mesa de defensa con la participación del personal civil y militar de la base, representantes de los bloques del Concejo Deliberante local, autoridades municipales, sindicatos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

Asimismo, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reclamó al ministro de Defensa, Carlos Presti, que responda positivamente a los pedidos de audiencia que ya le fueron enviados, ya que la Provincia reafirma la importancia de mantener la base aeronaval Punta Indio en su plena capacidad operativa, a fin de sostener puestos de trabajo que son vitales para la comunidad local y conservar una institución que es
parte de la historia de esta región bonaerense. (Agencia La Plata)

El mandatario retoma la actividad en Casa Rosada, luego de 24 días de reclusión en la quinta de Olivos, con agenda privada. Esta lunes, a las 9.25, el libertario ingresó por el patio de los Bustos y esperó la llegada de sus ministros y secretarios que se reúnen desde las 10 en el Salón Eva Perón. 

El llamado al Gabinete se da en la previa a una nueva sesión en la Cámara de Diputados, luego de dos meses de quietud, prevista para este jueves en la que se tratarán las reformas del Banco Central, Inocencia Fiscal y la adhesión al sistema internacional de patentes. 

Asimismo, la Casa Rosada se muestra optimista con la posibilidad de habilitar el debate el próximo jueves para tratar la Ley de Hojarasca, una serie de pliegos judiciales y el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur. 

La hoja de ruta legislativa es parte del temario del intercambio que tiene entre sus presentes al titular de la Camara Baja, Martín Menem, y a la senadora Patricia Bullrich. 

Por otra parte, se espear que el libertario brinde un panorama detallado de la situación económica, como estila hacer en cada edición de la reunión, e insista en la necesidad de defender el programa económico.

"Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica. Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría. De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!", escribió en la red social X.

Lunes 24 de Agosto. Temperatura, 1 grado bajo cero. 5 bajo cero la sensación térmica.

Y algunos salames locales que se autoperciben dirigentes politicos nos quieren explicar a los bahienses que Bahía no es Zona Fría.

De no defender a tu ciudad no se vuelve. ¡Bahía es Zona Fría!

— Federico Susbielles (@fsusbielles) August 24, 2026

Susbielles se refiere a los dirigentes de La Libertad Avanza y del Pro de Bahía Blanca que apoyan los cambios en la ley. Los libertarios aseguran que las familias que perciben salarios menores a tres canastas básicas (unos 4,5 millones de pesos mensuales) mantendrán los descuentos.

El proyecto de Milei plantea retotraer la Zona Fría al estado anterior a 2022, cuando se incluyó a Bahía y otras localidades del sur bonaerense en los beneficios, aunque el régimen no se tocará para las provincias patagónicas y La Pampa.

Hoy, todos los hogares bahienses que cuentan con red de gas domiciliaria reciben descuentos del 30 % o 50% debido a la actual normativa.

La modificación que propone el gobierno libertario ya tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados de la Nación y esta semana podría recibir el visto bueno del Senado, después de que los gobernadores del norte negociaran su respaldo a cambio de una ley de Zona Caliente para subsidiar la energía eléctrica en sus provincias.

Diirgentes locales como el diputado provincial Oscar Liberman (LLA) sostienen que el proyecto de Milei es más justo que el aprobado durante el gobierno de Alberto Fernández debido a que direcciona los subsidios a las familias de menores recursos y entonces se eliminaría "el modelo de ‘Hood Robin‘, donde los hogares más pobres están subsidiando a los hogares más ricos", afirmó.

Cada vez que alguien quiere iniciar un negocio, sumar socios, atraer inversores o hacer crear una empresa, el derecho debería ayudar. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: los trámites se vuelven complejos y costosos, las reglas son rígidas y la burocracia termina ocupando el lugar de la creatividad y la iniciativa.

El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que actualmente se encuentra a consideración del Senado nacional, busca cambiar esa lógica.

La propuesta parte de una idea sencilla: las sociedades deben ser una herramienta al servicio de las personas y de los negocios, y no un obstáculo que complique lo que debería ser simple.

Por eso, el proyecto reemplaza un modelo pensado para otra época —más rígido, formalista y dependiente del papel y de controles excesivos— por un sistema moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales de empresarios, emprendedores e inversores.

La clave de la reforma es la libertad.

Si el proyecto se convierte en ley, los socios podrán organizar sus empresas de acuerdo con sus deseos y necesidades y atendiendo a las características del proyecto que desean desarrollar. No es lo mismo una empresa de familia, una startup tecnológica, un emprendimiento inmobiliario o una compañía con cientos de accionistas. La ley deja de imponer soluciones uniformes y permite que cada organización encuentre su propia forma de funcionar.

Esto no significa ausencia de reglas.

La libertad existe principalmente en las relaciones internas entre los socios. Pero cuando están en juego los derechos de terceros —trabajadores, consumidores, proveedores, acreedores o el propio Estado— continúan vigentes normas obligatorias, aunque mejoradas, que garantizan la responsabilidad por los perjuicios sufridos a quienes que, de alguna u otra forma, se vinculan con la empresa. El proyecto conserva y perfecciona los mecanismos que permiten responsabilizar a quienes utilicen la sociedad de manera abusiva o fraudulenta, protegiendo a quienes no lo hacen, con la limitación de su responsabilidad.

En otras palabras: más libertad para emprender no significa menos protección para terceros.

De hecho, el proyecto mantiene los principios esenciales del sistema de responsabilidad y los fortalece mediante reglas más claras y soluciones más precisas para prevenir abusos y corregir conductas indebidas.

La reforma tampoco implica una ruptura con la tradición jurídica argentina. Por el contrario, recoge décadas de doctrina, jurisprudencia y experiencia práctica, incorpora aportes de proyectos anteriores y toma en consideración soluciones que han demostrado ser exitosas en otros países.

El resultado es un sistema equilibrado que busca armonizar los intereses de todos los involucrados: socios, administradores, inversores, trabajadores, acreedores y terceros en general. Esta es la estructura que permite captar capitales, distribuir riesgos y financiar proyectos que ninguna persona hubiera podido desarrollar individualmente.

Pero la limitación de responsabilidad que hace posible ese crecimiento económico tiene un límite claro: nadie puede quedarse con las ganancias y trasladar injustamente las pérdidas a los demás.

Si la reforma se aprueba, Argentina contará con un marco legal más moderno, más simple y amigable para quienes quieran invertir, producir, innovar y generar empleo.

Las normas están propuestas. Solo resta que las personas puedan cambiar la forma de pensar las categorías jurídicas tradicionales y creer que existe otra forma de regular a las sociedades y de hacer negocios en argentina. La ley actual (la número 19.550, de 1972), que fue una muy buena ley y de avanzada para su época, ha quedado desactualizada e inerme frente a los nuevos escenarios y desafíos. Cumplió un ciclo que no admite más parches ni soluciones provisorias. Es hora de tener una ley acorde a estos tiempos y al nivel de las de los países más avanzados.

Nunca debemos olvidar que el Derecho encuentra su justificación en la mejora de la calidad de vida de las personas. En el caso de las sociedades debe lograr facilitar la cooperación, brindar seguridad jurídica, incentivar la inversión y apoyar el crecimiento económico, lo que redundará en mayores ingresos para el país y en la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El Proyecto en estudio será una herramienta apta para lograrlo.

(*) El autor es Doctor en Derecho (UBA), Profesor Titular de Derecho de Sociedades de la Universidad Nacional del Sur y de otras universidades nacionales y extranjeras, fundador de la Cátedra de Empresas de Familia de la UNS y coautor del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.

La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.

El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.

En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.

Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden "resolver". El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.

La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.

La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.

Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33 %, un aumento del 20 % para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50 % en las Becas Manuel Belgrano.

En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.

Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.

Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.

El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.

En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.

El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.

El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso. (TN)

La actividad oficial comenzará este lunes cuando Milei encabece, desde las 10, una reunión del Gabinete Nacional, la primera que realizará con sus ministros desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, un encuentro de negocios y atracción de inversiones organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso a esa provincia de ferrocarriles y rutas.

El martes 25, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa y, dos horas más tarde, se reunirá la Mesa Política del Gobierno.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la antesala de una semana considerada clave para el Congreso y para el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El miércoles 26 estará concentrado en la actividad parlamentaria. El Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, mientras que Diputados sesionará para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II.

En tanto, el jueves 27, Milei brindará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

La agenda oficial se complementará durante la semana con actividades de distintos integrantes del gabinete en el interior del país.

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en un acto institucional en Posadas, Misiones, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en ese distrito.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en la provincia de Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en el municipio de Campo Quijano. (NA)

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de la localidad de O’Brien, donde la policía aprehendió al concejal Germán Díaz, de 52 años. Durante el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 a solicitud de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes, las fuerzas de seguridad secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión.

La intervención judicial se desencadenó luego de que vecinos de la zona expresaran su preocupación por la venta de drogas en la localidad durante un encuentro con autoridades locales, señalando al funcionario como el presunto responsable de las maniobras. Díaz permanecerá alojado en una dependencia policial hasta ser trasladado a sede judicial en Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

Ante el hecho, el bloque de concejales de LLA de Bragado emitió un comunicado firmado por su presidenta, Daniela Monzón, y los integrantes de la bancada, en el que manifestaron su "enérgico repudio" a la comercialización de estupefacientes. Asimismo, señalaron que la investigación y la situación personal del edil deben ser resueltas de manera exclusiva en el ámbito judicial.

En tanto, los distintos sectores del Concejo Deliberante prevén realizar una reunión interbloque para definir los pasos a seguir y evaluar una eventual suspensión o sanción hacia el concejal imputado, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. (con información de NA)

La medida se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma. 

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada. 

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado. La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional. 

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. (con información de NA)

A través de sus redes, la legisladora legisladora Victoria Tolosa Paz explicó que la iniciativa busca que desde el Gobierno se regule "el monto de la deuda, el plazo y la tasa, tres condiciones clave para no permitir el sobreendeudamiento de las madres en la República Argentina", en un contexto económico donde el uso de plataformas digitales se expandió de manera masiva para la gestión de ingresos y la solicitud de microcréditos de consumo diario. 

Al respecto, consideró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias y garantizar que ningún negocio financiero esté por encima de sus derechos", marcando la postura de la bancada opositora respecto al rol del mercado financiero en los sectores de menores recursos. 

En ese marco, la dirigenta enfatizó la problemática social al señalar que "en la Argentina de Milei llegamos al colmo del sobreendeudamiento de las madres para poder comprar alimentos para sus hijos", situando el foco del debate legislativo en el impacto que el costo del financiamiento tiene sobre la canasta básica familiar. 

Por este motivo, la diputada remarcó que "presentamos un proyecto de ley para ponerle un límite a esta situación y establecer reglas claras frente al sobreendeudamiento", con el objetivo de fijar topes normativos y condiciones de transparencia que eviten que los sectores vulnerables queden atrapados en esquemas de morosidad o tasas excesivas al recurrir al crédito privado para cubrir necesidades esenciales. (con información de NA)

Mientras tanto, aquel verso borgeano acerca de que “no nos une el amor, sino el espanto”, bien podría definir el tono en el que se desarrollan las charlas iniciales entre la “Jefe” política de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri, buscando una todavía lejana alianza electoral para 2027 con el objetivo común de impedir un regreso del “populismo”.

Del mismo modo poético podrían inscribirse las discretas reuniones en la cúpula del PJ para lograr una “unidad forzada” y así tratar de impedir una eventual continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada.

Está claro que, en medio de de esos preparativos para la gran batalla electoral del año próximo,  el escenario de polarización permite presagiar que los principales operadores del peronismo  bonaerense buscarán evitar una sobrecargada agenda de sesiones legislativas en lo que queda del semestre. 

Al menos por ahora, el objetivo pasa por gambetear alguna deliberación caliente  que pueda desestabilizar el escenario de gobernabilidad de Axel Kicillof, además de permitirle a la vicegobernadora Verónica Magario lograr cierto equilibrio positivo con distintos protagonistas  legislativos.

Básicamente, la Gobernación también espera una época de sesiones light dentro de la siempre caldeada Legislatura. Muy distinto es el escenario cuando la dura interna del PJ bonaerense activa la irrupción de alguno de sus protagonistas mediáticos, expertos en soltar la lengua al mejor estilo de un lanzallamas verbal, casi siempre por redes sociales.

Experimentado en tropiezos internos, el senador Mario Ishii cuestionó a la dirigencia peronista y reclamó innovar estrategias después de la cumbre que reunió a los líderes partidarios. “No se puede seguir esperando resultados (electorales) distintos haciendo siempre lo mismo”, arremetió el dirigente del poncho, como una forma de alentar una renovación de los nombres que conducen la coalición.

Aseguran dentro la Legislatura que la propia Cristina Kirchner fue quien logró imponer al exintendente Ishii como vicepresidente 1º del Senado, un sillón que Kicillof pretendía conservar como propio por ser el segundo en la línea de sucesión después de Magario. Como se sabe, la convivencia es necesaria, siempre y cuando sea en beneficio de la conveniencia política. Da igual que sea en las ásperas trincheras del PJ como en las de La Libertad Avanza.

En esa coyuntura, el esquema legislativo mileísta buscará instalar una agenda propia durante los próximos meses. Se trata de un paquete de proyectos de alto impacto mediático que, aun sin contar con los votos necesarios para lograr la sanción favorable, buscará remarcar sus diferencias ante lo que consideran como “la política mediocre” que, según ellos, caracteriza al parlamento provincial.

Diputados del oficialismo, en tanto, vienen tanteando a los distintos actores del arco opositor para convocar a una sesión antes del arribo de la tormenta de Santa Rosa, prevista para fines de agosto. En lo que va del año, el cuerpo sancionó pocas leyes relevantes, como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas o la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica.

Entre las iniciativas que los libertarios pretenden impulsar aparece la supresión de la Cámara de Senadores para crear una Unicameral a partir de 2028, siempre y cuando el elenco violeta logre obtener las llaves de la Gobernación. También buscarán sostener su postura negativa al proyecto que elimina el límite a la reelección de intendentes.

Con eso apuntan a marcarle la cancha al oficialismo, conjuntamente con la decisión de reinstalar el debate público por la inseguridad, sin dejar de ventilar cualquier aparente “gasto militante” en la administración estatal, a diferencia del “superávit fiscal” logrado por la gestión Milei.

Por su parte, las segundas líneas de los bloques de Fuerza Patria intentarán acordar que los distintos sectores parlamentarios dejen de actuar como “libres pensadores” y comiencen a coordinar una estrategia común frente a los proyectos impulsados, según dicen, por el armado “amateur” de LLA.

“Si quieren embarrar el campo de juego no hay problema. Vamos a ver quién tiene más argumentos y experiencia en legislar con la cancha inclinada”, avisan los peronistas con mayoría de bancas en ambos recintos.

En medio de los nubarrones políticos, el Gobernador le pidió a su ministro sanitario, Nicolás Kreplak, que vaya a defender ante la Legislatura el proyecto para crear una empresa estatal de medicamentos que tiene como principal propósito investigar, comercializar, producir y abastecer de insumos esenciales a hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud, al tiempo que tendrá la potestad de marcar los precios de referencia en el mercado, lo que podría bajar considerablemente los costos de los fármacos.

La oposición parlamentaria espera para la embestida. Tiene una carpeta de preguntas vinculadas con la deuda que acumula la obra social estatal IOMA con los hospitales municipales y las prestadoras.

Los días grises de invierno, sumados al extenso apagón que dejó a miles de platenses a oscuras, entristecen aún más la fría actividad ministerial y parlamentaria. Y mientras tanto, Kicillof no retrocede y busca añadir kilómetros por las provincias en busca de establecer un armado federal que le permita meterse en la competencia presidencial del año que viene, al margen de cualquier foto de acercamiento protocolar con otros  referentes de la primera línea peronista.

La Libertad Avanza convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 26 y busca sesionar el jueves 27 de agosto con una agenda que incluye la Ley Hojarasca y un paquete de designaciones impulsado por la Casa Rosada.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, encabeza las conversaciones con aliados para garantizar el quórum y avanzar con los pliegos, especialmente los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Ese tribunal interviene en expedientes sensibles para el Gobierno, como las investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei suele repetir en redes sociales la frase “Todo marcha de acuerdo con el plan”, y ese mensaje también se proyecta sobre la estrategia judicial del oficialismo desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Con su conducción, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de pliegos al Senado para que sean analizados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

El martes, la Comisión recibió a 13 postulantes para cubrir vacantes en juzgados federales de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la prioridad del oficialismo está puesta en la sesión del 27 de agosto, donde buscará aprobar una serie de designaciones que considera estratégicas para consolidar su influencia en el Poder Judicial.

Para lograr los votos necesarios, Bullrich mantiene conversaciones con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, que reclaman ampliar el temario e incorporar proyectos propios. “Están bien los proyectos de Javier Milei, pero ¿qué pasa con los nuestros?”, plantearon desde los bloques aliados. La senadora tomó nota del reclamo y aceptó discutir una agenda más amplia, aunque la prioridad inmediata será la sesión del jueves.

En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas impulsadas por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, vinculadas al marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental del mercado voluntario de carbono. Ambos proyectos podrían obtener dictamen la próxima semana.

La ausencia del kirchnerismo en la reunión de comisión facilitó el avance del Gobierno en los pliegos más sensibles. La Cámara Federal porteña es un tribunal clave por su competencia en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Su integración es considerada estratégica por la Casa Rosada, especialmente en expedientes que involucran o podrían afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola atravesaron sin sobresaltos sus presentaciones ante la Comisión de Acuerdos. Hubo pocas preguntas debido a que los senadores del bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, no participaron de la audiencia. Con los dictámenes ya firmados por oficialistas y aliados, ambos candidatos quedaron encaminados para ser tratados en el recinto.

Bertuzzi llegó a la Cámara Federal en 2018 mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su continuidad quedó en discusión en 2020, cuando el Senado rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La Corte Suprema determinó luego que esos traslados no podían ser definitivos sin concurso, aunque permitió que ambos continuaran en sus cargos hasta completar el procedimiento constitucional. Ese proceso es el que ahora vuelve al Senado.

Por su parte, Yadarola destacó durante su exposición que ingresó al Poder Judicial a los 18 años y que trabajó durante dos décadas en investigaciones sobre delitos complejos y crimen organizado. Aseguró que buscará desempeñarse con “un lenguaje claro, llano y cercano” para brindar “previsibilidad y seguridad jurídica”.

Si la sesión del 27 de agosto se concreta, el Gobierno pondrá a consideración del pleno 60 nombramientos judiciales, que se sumarían a las 170 vacantes ya cubiertas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Además, ingresarán otros 15 pliegos que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos. (N/A)

“Es nuestra responsabilidad que la era de Milei se termine en 2027”, afirmó ante militantes, en un discurso en el que combinó críticas al oficialismo con un llamado a la autocrítica dentro del peronismo.

“No vamos a entusiasmar a nadie con odio y con insultos, no podemos convocar con faltas de respeto. Vamos a convencer con un proyecto nacional que rescate los sueños, con ideas que contengan, que abracen y sumen”, dijo.

Kicillof definió el encuentro como “fundacional” y planteó que el objetivo es empezar a construir “la Argentina que se viene”. “Vamos a demostrar que en la Argentina se puede volver a soñar”, sostuvo.

“Vengo a invitarlos a empezar una historia nueva, distinta, convocando lo mejor de nuestra tradición, de los 12 años de Néstor y Cristina y de nuestra doctrina. No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos un futuro distinto, un futuro mejor, un futuro para todos. Y eso no lo puede hacer un dirigente, lo tiene que construir una fuerza política que convoque al pueblo entero a luchar por sus derechos”, remarcó.

Durante su intervención, el gobernador analizó el respaldo que obtuvo Javier Milei entre los jóvenes en las últimas elecciones y evitó responsabilizar a ese electorado por el resultado.

“Había malestares y frustraciones, y muchos jóvenes votaron a Milei”, reconoció. Sin embargo, agregó que “no es bueno dedicarse a señalar y echar culpas”, porque, según dijo, ese sería “un error”.

Para Kicillof, el Presidente no surgió de manera espontánea, sino que representó una respuesta al descontento acumulado durante años. “Intentaron que canalizara el enojo de muchos, tal vez millones. Aparecía como lo nuevo, lo original, el que traía respuestas a problemas que no se habían resuelto durante mucho tiempo”, planteó.

La autocrítica por la última gestión peronista

El mandatario bonaerense también sostuvo que el peronismo debe revisar su propio desempeño para recuperar la confianza de quienes eligieron otra opción. “También nosotros tenemos que asumir lo que hicimos mal o no supimos hacer para que muchos pensaran que no había otra alternativa”, afirmó.

En ese sentido, pidió abrir una etapa de reflexión y aseguró que el espacio necesita reconstruir una propuesta capaz de volver a representar las expectativas de la sociedad.

Kicillof profundizó sus críticas a la gestión nacional y sostuvo que el oficialismo construye un relato que responsabiliza a los ciudadanos por las dificultades económicas. “La ultraderecha hoy intenta darle sentido al malestar. Milei te dice que es tu culpa si no conseguís trabajo o no te alcanza la plata”, afirmó.

Frente a ese diagnóstico, responsabilizó directamente al rumbo económico del Gobierno. “El problema no es la Argentina ni sos vos; es Milei y su política económica”, sostuvo.

El gobernador fue todavía más allá y calificó al Presidente como “la estafa electoral más grande de nuestra historia”, al sostener que muchos de quienes lo apoyaron “hoy se dan cuenta de que es una mentira, un fiasco”.

“La provincia de Buenos Aires nunca se arrodilló al proyecto de Milei”, afirmó, al ratificar su posicionamiento como uno de los principales referentes del peronismo frente a la Casa Rosada. (TN)

"No vivimos en Suiza, estábamos al borde de una hiperinflación e íbamos camino a convertirnos en Venezuela. Hay que ver dónde estamos haciendo una comparación. Me parece un espanto que tengamos 30% de pobres, pero arrancamos con 57%", precisó en declaraciones radiales.

En ese sentido, cargó contra los analistas políticos y los periodistas debido a la "deshonestidad intelectual" que tienen sobre su gestión. "¿Discutimos sensaciones con encuestitas fabricadas o miramos los datos que dice el crecimiento?", criticó y agregó que "dicen que la gente no llega a fin de mes pero antes llegaban a menos todavía".

"Cuando se mira el consumo, está en máximos históricos. Cuando se mira el Producto Interno Bruto (PIB), está en máximos históricos. Me niego a creer que los argentinos sean tan tontos para que se crean estas mentiras".

También habló sobre el tema de la morosidad en las personas y cuestionó a los gobiernos antecesores al de él, dado que hicieron que "Papá Estado salve todo, y así nos quedamos sin nada, sin salarios".

Aseguró que los números de irregularidad de las personas, familias y empresas "no representan un problema" y precisó que el inconveniente recae sobre familas del sector no bancario.

"Si va a hacer una operación que entraña más riesgo, ¿le pone mas o menos tasa? Eso es lo que pasa con los préstamos de estas características, que son de bajo costo y alta tasa de interés", explicó.

El mandatario continuó con las críticas hacia gobiernos anteriores, específicamente desde el de Cristina Kirchner hasta el de Alberto Fernández, y manifestó que durante ese período la economía "siempre cayó en términos per cápita".

"Cayó más del 10%, eso quiere decir que en los salarios reales esa gente nos estaba reventando. ¿Qué quiere? ¿Que haga magia? Magia no se puede hacer. Los que le prometieron magia los volvieron más pobres".

También confirmó que irá por la reelección presidencial en el 2027 y adelantó que realizará más reformas si los argentinos le dan esa posibilidad: "Yo ya tengo mi compromiso cumplido con los argentinos y si puedo voy a seguir reformando".

"Si los argentinos quieren seguir avanzando en el camino del crecimiento, la libertad y el bienestar me van a elegir a mi. Es futuro contra pasado, progreso contra decadencia. Nunca estuvo tan facil en enfrentar dos modelos".

En la misma línea habló sobre un posible acuerdo con el PRO: "Mi casa siempre está abierta a recibir a personas de bien. Las puertas para el presidente Macri siempre están abiertas".

Al momento de ser consultado sobre la "campaña anti-Argentina", el Jefe de Estado acusó a Brasil, México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de haberla confeccionado.

"Se usó toda una parafernalia para crear una 'campaña anti-Argentina' con los socios del socialismo del siglo XXI. Esa campaña estuvo impulsada básicamente por Brasil, que vive interfiriendo en los procesos electorales de toda la región", comenzó argumentando.

"México, que también es parte de ese movimiento siniestro; el Partido Demócrata de los Estados Unidos y básicamente el PSOE. Ellos fueron los motores propulsores de la 'campaña anti-Argentina', donde el foco final era atacar a nuestro gobierno, por ser un gobierno liberal que cumple las promesas que hizo y está dando resultado".

A su vez, Milei dijo que Fernando Cerimedo, exasesor del mandatario y que actualmente está bajo prisión preventiva en Bolivia por tentativa de femicidio a su pareja, "no forma parte del espacio" desde 2023, por lo que "es parte de todo el mismo entramado" y señaló que podría ser parte de una operación mediática que incluye a la diputada Marcela Pagano, su pareja Franco Bindi, el expresidente boliviano Evo Morales y el "castrochavismo".

Asimismo habló sobre el exdiputado libertario José Luis Espert, quien es investigado por presunto lavado de dinero relacionado con Federico "Fred" Machado, acusado y condenado por la Justicia de Estados Unidos.

El Presidente sostuvo que se trata de "operaciones" en contra del "profe Espert" y lo calificó como un "soldado de hierro desde la primera parte del Gobierno".

"Sería un motivo de gran felicidad que pueda limpiar su nombre de las mentiras a las que fue sometido desde la política, parte de la Justicia y algunos medios de comunicación, que hacen denuncias y después los dueños de medios extorsionan para conseguir dinero, favores o negocios. Nosotros vamos a seguir trabajando para ir depurando la Justicia”. (N/A)

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. 

En su argumentación técnica, la administración conducida por la familia Espiñeira presentó un balance financiero deteriorado que comprende $4745 millones en obligaciones bancarias con entidades como Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro, además de más de 2900 cheques rechazados por un saldo de $11.200 millones.

La debacle previa incluyó un frustrado Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados y afectó la operatoria de 150 productores tamberos que reclaman acreencias acumuladas por US$60 millones.

La iniciativa en la Justicia comercial busca esquivar la quiebra definitiva en un escenario donde las autoridades provinciales ya preveían el desenlace. Desde el Ministerio de Trabajo santafesino que lidera Roald Báscolo admitieron que “era sabido que podría ocurrir”, luego de haber tenido que articular asistencia alimentaria junto a la Municipalidad de Suardi para auxiliar a los operarios perjudicados por el cese de haberes. 

Ante la falta de respuestas directas por parte del directorio de la láctea, el delegado de Atilra en Lehmann, Domingo Possetto, expresó: “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”. 

Paralelamente, la cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón las instalaciones de Suardi para ingresar leche cruda y producir leche en polvo, otorgando ocupación provisoria a 30 dependientes. 

Sobre este pacto, la representación sindical de Atilra aclaró que “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, interrumpiendo momentáneamente una etapa de parálisis para una marca que entre enero de 2020 y abril de 2025 supo exportar manufacturas por más de US$102 millones a mercados internacionales. (N/A)

Bisio había presentado un escrito ante el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata y se abstuvo de responder preguntas.

La ex funcionaria recuperó la libertad junto a Gabriela Mantecón Fumado, la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras pagar una caución de $75 millones cada una.

El arresto de la ex titular de la ANMAT se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

El jueves 20 de agosto se cumplió un año del desmoronamiento del clan García Furfaro luego que las detenciones de Ariel, empresario asociado al kirchnerismo y dueño de los dos laboratorios, su madre e integrantes de las empresas.

La decisión del magistrado Kreplak respondió a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de “criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado”.

El paso del tiempo empezó a dar respuestas. A más de un año del inicio de la investigación se logró constatar que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuido en diversos hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

A su vez, se determinó la existencia de fallas críticas detectadas por la ANMAT y el INAME en las inspecciones, que no tuvieron seguimiento alguno, por lo que ambos laboratorios continuaron funcionando. El quiebre sucedió el 18 de diciembre de 2024 cuando se fabricaron los lotes que resultaron estar contaminados y que en enero de 2025 empezaron a distribuirse a nivel nacional.

Ubicado en el pabellón 6 de la unidad penitenciaria de Marcos Paz, el recluso mantiene una rutina particular que combina actividad física, lecturas y encuentros gastronómicos provistos con mercadería propia. (N/A)

El diplomático estadounidense remarcó que la presencia de compañías del gigante asiático en sectores estratégicos como la energía representa un riesgo para la seguridad y los intereses de la región.

“Las tecnologías de alto riesgo de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están, en última instancia, sujetas a los designios del gobierno comunista chino. La legislación china obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing, lo que genera riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de las redes. Instamos a los socios de Estados Unidos en las Américas a cambiar rápidamente a proveedores confiables para proteger a sus ciudadanos y su soberanía”, escribió Lamelas en la red social X.

La semana anterior, el embajador de EE.UU . en el país había advertido sobre el riesgo de contar con tecnología china en Vaca Muerta y sectores estratégicos.

En aquella oportunidad, cuestionó el uso de tecnología china en sectores estratégicos y advirtió que su presencia en la infraestructura vinculada con Vaca Muerta puede convertirse en un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras.

El planteo fue realizado durante el AmCham Energy Forum 2026, donde el diplomático vinculó de manera directa la seguridad de los datos con la seguridad nacional y sostuvo que las empresas internacionales necesitan operar sobre redes que consideren confiables.

“La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países”, afirmó Lamelas durante su exposición. Según explicó, compañías estadounidenses y de otros mercados están interesadas en ingresar a la Argentina, pero requieren garantías sobre la protección de la información que circula por las redes tecnológicas utilizadas en sectores considerados críticos.

En ese contexto, el embajador apuntó directamente contra China y cuestionó las condiciones bajo las cuales, según sostuvo, operan sus empresas tecnológicas. “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial”, dijo. Y agregó: “Entiendan eso, cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de IA, todo está controlado por el Partido comunista chino”.

El diplomático vinculó esa situación con el desarrollo de Vaca Muerta y dejó una advertencia concreta para la Argentina: “¡Esto no vale! Y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

Lamelas insistió en que no se trata solamente de una discusión comercial o sobre proveedores. Para el gobierno estadounidense, explicó, la seguridad de las redes y de la información forma parte de una cuestión de seguridad nacional. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías de que sus datos son protegidos y están las redes de confianza”, sostuvo. (TN)

Litvinoff rechazó los dichos del equipo económico del Gobierno sobre que el problema de fondo "es una cuestión entre privados" y explicó por qué debería haber una intervención del Estado.

"No es un buen argumento. Para que el Estado no intervenga tendrían que ser dos privados interactuando en igualdad de condiciones y conocimiento. Y sabemos que la gente no suele tener mucha cultura financiera ni invertir mucho tiempo en eso. Entonces terminan teniendo estas tasas de morosidad tan importantes que repercuten en el cotidiano de la gente", indicó en declaraciones radiales.

En ese sentido, el economista detalló en qué tres aspectos el Estado podría intervenir: la primera, de manera "preventiva"; la segunda, de una manera "totalmente de acuerdo a lo que está pasando en este momento"; y en tercer lugar "cambiando las reglas de juego".

La regulación de las aplicaciones financieras también fue un punto clave que nombró el director de estudinero.org, dado que en algunos casos las tasas escalan hasta un 29.000% anual y se vuelve "una verdadera locura" y califican como "usureras".

"Antes, para sacar un préstamo, tenías que presentar los papeles que te pedían, información en el banco, el recibo de sueldo, antigüedad, etcétera, y eso actuaba como un 'filtro' en donde a mucha gente no se lo otorgaban. Ahora te aparece un push-up en el celular o directamente te llega por mail que tenés un crédito aprobado por $500.000 o $1.000.000 sin ningún tipo de mecanismo previo", advirtió.

Sobre las altas tasas, Litvinoff argumentó el costo ante una necesidad de las billeteras de "cubrirse" ante el riesgo del no pago, "porque si hay un 30% de mora quiere decir que una de cada tres personas que le prestan tiene problema para devolverlo".

"La gente todavía piensa, por ejemplo, que la inflación te va a comer las cuotas, cuando estamos en una caída, estamos en una ralentización de la inflación que hace que ya no sea para nada así, esa ecuación ya no existe más. Todas estas cosas son las que producen, para mí, estas situaciones desiguales que tienen también su caso más extremo", sostuvo.

Sobre el final, el economista se refirió a las casi 6 millones de personas que tomaron un préstamo y se encuentran con niveles de mora mayores a 90 días. Con respecto a esa problemática, aclaró qué procedimientos deberían seguir esas personas para salir de la situación.

En principio, la persona que tomó ese préstamo debe "ordenar las deudas en términos del flujo de fondos de las cuotas". "Cuánto te está significando pagar la cuota cada mes", simplificó.

Luego, se debe "cortar totalmente el acceso al crédito, no seguir comprando en cuotas ni seguir pagando la hipoteca con la tarjeta de crédito".

"No queda otra que ordenar los números, las finanzas personales, de las deudas que tenemos. Muchas veces también conviene hablarlo con los familiares y explicar la situación, para cortar esa bola de nieve que se forma también con los intereses cuando todos se empiezan a gastar", concluyó. (N/A)

Esta cifra dio continuidad al intenso movimiento registrado el día anterior, cuando un total de 1.580 camiones cruzaron desde Chile hacia territorio argentino de manera fluida. 

Durante el viernes, el paso mantuvo habilitada de forma exclusiva la circulación para el transporte de cargas en el sentido Chile-Argentina, mientras que el turismo interno estuvo sujeto a cupos de estacionamiento, con la estricta prohibición de detenerse o estacionar sobre la calzada de la Ruta 7.

Las autoridades confirmaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado para todo tipo de vehículos durante el sábado 22 y el domingo 23 de agosto. La circulación para ambas jornadas se regirá bajo el horario invernal establecido, el cual rige de 9 a 21 en el sentido de Argentina a Chile, y de 8 a 20 en el sentido chileno. 

La flexibilización del tránsito durante el fin de semana resulta una ventana clave para los viajeros, ya que se anticipa un marcado desmejore en las condiciones meteorológicas en el corto plazo. 

De acuerdo con los reportes oficiales, "a partir de la noche del lunes 24 de agosto y hasta el domingo 30 se esperan condiciones climáticas adversas y temporales en la alta montaña".

Actualmente, el frío extremo ya se hace sentir en la cordillera con temperaturas bajo cero en los principales puntos de control: Uspallata registra 0°C, Punta de Vacas -5°C, Puente del Inca -8°C y Las Cuevas -9°C. 

Asimismo, las autoridades recordaron que "el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado", por lo cual instaron a transportistas y particulares a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de emprender viaje.