La información fue revelada este martes por el periodista Ángel de Brito durante su programa televisivo, donde aseguró que la artista "estaría evaluando la propuesta" realizada desde el oficialismo.

Según trascendió, el acercamiento se habría producido teniendo en cuenta la fuerte exposición pública que Florez tuvo durante su relación sentimental con el presidente Javier Milei en los primeros meses de gestión.

El vínculo de Fátima Florez con Javier Milei

La imitadora mantuvo una relación con Milei durante el inicio de su presidencia, una situación que la llevó a frecuentar ámbitos de poder como la Casa Rosada y la Quinta de Olivos.

Ese vínculo le otorgó una fuerte presencia mediática ligada al universo político, algo que ahora podría derivar en un posible desembarco electoral dentro de La Libertad Avanza.

Hasta el momento, ni Florez ni referentes del oficialismo realizaron declaraciones públicas confirmando o desmintiendo la versión.

Convocada a la Libertad Avanza #LAM pic.twitter.com/fRsLrwIcDQ

— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) May 12, 2026

Sorpresa en el mundo del espectáculo y la política

La posibilidad de que la humorista se convierta en candidata generó repercusión tanto en el ambiente artístico como en el político, en medio de una creciente tendencia de figuras mediáticas que incursionan en cargos públicos o campañas electorales.

De concretarse, Florez pasaría de los escenarios y la televisión al terreno político, respaldada por la visibilidad pública que acumuló en los últimos años y por su cercanía con el presidente. (NA)

El dato fue revelado en el último informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El análisis del OPSA compara la investigación del funcionario de Javier Milei por enriquecimiento ilícito con la foto en Olivos de Alberto Fernández durante la cuarentena por la pandemia de Covid 19.

Ambos hechos comparten la capacidad de erosionar la legitimidad política al afectar dimensiones morales y generar una percepción de contradicción entre el discurso oficial y la conducta de sus integrantes, según el informe.

El 70,3% de las personas encuestadas consideró a Adorni "totalmente culpable" y el 65,8% afirmó no creerle "nada" cuando se defiende públicamente de las acusaciones.

El 66,5% consideró que existen hechos de corrupción "reales y graves" y, por sobre todas las cosas, el 97,3% afirmó haber escuchado o leído sobre el caso. De esta forma, se evidencia un alcance masivo del tema.

Además, el 71,8% aseguró que el funcionamiento actual de la Justicia favorece la corrupción debido a la impunidad y la falta de sanción efectiva y el 81,2% sostuvo que penas más severas y efectivas ayudarían a reducir hechos de corrupción.

El 79,9% considera que el caso afectó "mucho" o "algo" el principal argumento moral con el que Milei llegó al poder, es decir, la lucha contra "la casta".

Del mismo modo, el 62,5% sostiene que el caso empeoró la imagen del Gobierno, mientras que el 74,9% cree que perjudica políticamente a la administración nacional.

El informe concluyó que el escándalo del exvocero logró perforar la agenda mediática para convertirse en un tema de conversación pública con potencial de generar un daño sostenido en la confianza hacia el Ejecutivo.

La encuesta alcanzó a 4.711 personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. (C5N)

Esa cifra equivale a unos 600 millones de dólares, el monto que la magistrada estima se retiró por ventanilla perdiéndose la trazabilidad; es decir, el destinatario final.

Otros de los embargados son la madre del dueño de Sur Finanzas, Maxi Vallejo y Carlos Adrián Migueles, el exnovio de Wanda Nara.

Se trata de una segunda causa en que se investiga el “rulo financiero” con el cepo de los K. La primera es la del juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi donde se apunta a un exfuncionario de la secretaria de Comercio de Matías Tombolini por supuestamente cobrar coimas a cambios de SIRA.

En una resolución, la juez sostuvo que en un informe de la DAJUDECO en “el período de tiempo comprendido entre el 01 de enero y el 01 de septiembre de 2023 las entidades investigadas informaron en la base RIOC del Banco Central de la República Argentina (BCRA) montos de operaciones de compra de moneda extranjera por $475.533.114.424 y de venta por $418.278.740.007.”

En el caso de las maniobras con dólares “el 96% lo percibieron Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Arg Exchange SA, Gis Cambio SA, Eden SRL, Andie SRL, Cambio Posadas SRL, Intercash SAS, mientras que el 99% fue transferido por Gis Cambio SA, Arg Exchange SA, Cambio Posadas SRL, Andie SRL, Intercash SAS, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Dibehi SAS, Majo Finanzas SA, Gestiones San Miguel SA".

De esos montos "se extrajeron en efectivo US$ 607.432.023, conforme el siguiente detalle (el 99% fue extraído físicamente del Banco de Servicios y Transacciones)”, citó la jueza. Arg Exchange y Gis Cambio son de Piccirillo y su socio Martín Migueles.

En el informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) “se relevaron notas de diferentes agencias de cambio, principalmente de Mega Latina SA, Stema Cambios SA, Cambios Bacarat SA, Eden SRL, Andie SRL, Gallo Cambios SAS, en las que se indicó que las extracciones físicas de divisas tenían como finalidad la cancelación de operaciones de cambio, sin que de esa documentación surgiera con precisión la individualización de la contraparte o del destino de los fondos”.

Se descubrieron también “operaciones de compra de moneda extranjera, principalmente dólar estadounidense, que no fueron informadas por las financieras por un monto de $163.587.227.936, y ventas por $12.839.114.997, lo que llevó a que, entre otras irregularidades, 15 de las casas de cambio investigadas fueran sancionadas por el Banco Central de la República Argentina”.

Los investigados realizaron “operaciones cambiarias fraudulentas, se aprovecharon de las flexibilidades y limitaciones del sistema de fiscalización del Banco Central de la República Argentina, cuyas debilidades conocían y explotaron de manera sistémica, así como de un entramado de vínculos que les garantizó el acceso al mercado oficial de cambios y la neutralización de mecanismos institucionales de supervisión y detección”.

Mecanismo

Como primer paso “se logró el ingreso de pesos argentinos al sistema financiero para respaldar el flujo de fondos de operaciones de cambio a que se realizarían a futuro. Para lograr ello, las casas de cambio que podrían denominarse "minoristas" recibieron fondos de CUIT's de personas físicas y jurídicas sin registro de operaciones de cambio ni respaldo documental suficiente”, dijo Servini.

“Una vez lograda la inyección de pesos argentinos en el sistema financiero, a modo de segundo paso, se simularon operaciones cambiarias como legítimas por las entidades financieras intervinientes ante el Banco Central de la República Argentina con el fin de poder acceder a comprar dólares estadounidenses sin limitación a tipo de cambio oficial. Distintas casas de cambio simularon operaciones entre ellas para generar un flujo de dinero "legal" que diera sustento a las operaciones de cambio informadas en la base RIOC” del BCRA, subrayó la jueza.

Así, finalmente, el mecanismo desplegado “redundó en la disposición patrimonial por medio de la sustracción del mercado legal de al menos US$ 607.432.023 a través de extracciones en efectivo, con una ganancia posible ilícita proporcional a la brecha cambiaria vigente - que en este período llegó a superar el 100% - en perjuicio del sistema de la administración de reservas y del destino regulatorio asignado a la adjudicación de divisas al tipo de cambio oficial”.

De tal forma, “el mecanismo fraudulento descripto entre las entidades de cambio y los organismos de control (simulación de legitimidad del derecho a operar en el circuito financiero, simulación de operaciones y extracción de dólares en efectivo y laxitud de sistemas de control) con el objetivo de acceder a dólares al tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario, afectó las reservas de dólares estadounidenses del Estado Nacional”. Al final del gobierno de Alberto Fernández el BCRA terminó con reservas negativas. (con información de Clarín)

La actividad es organizada por la Casa Cristina Libre, un espacio articulado desde el universo político que rodea al Instituto Patria y a La Cámpora. En los últimos meses comenzó a multiplicar actividades y sedes bajo la lógica de sostener territorialmente la campaña contra lo que el kirchnerismo denuncia como la “proscripción” de la expresidenta y convertir esa consigna en una bandera permanente de militancia.

La estrategia empezó a aparecer con más claridad en las últimas semanas, cuando dirigentes del núcleo más cercano a Cristina y Máximo Kirchner endurecieron el discurso interno y dejaron expuesta una discusión que atraviesa al peronismo. El debate que buscan instalar es bajo qué condiciones políticas debería reconstruirse el peronismo.

La convocatoria de este sábado incluirá una clase magistral en el Instituto Patria, una movilización desde allí hasta San José 1111, el estampado de camisetas con la frase “Cristina Libre”, la pintura de un mural y una radio abierta, todo en la esquina donde se encuentra la casa de la la presidenta del Partido Justicialista. “Frente a la proscripción, respondemos con política”, plantearon los organizadores del encuentro.

La estrategia del ala dura k para ordenar al PJ

En el ala dura kirchnerista vienen insistiendo con una idea que empezó a repetirse en distintas voces del espacio. El próximo candidato peronista no debería limitarse a enfrentar a Javier Milei ni construirse tomando distancia de Cristina Kirchner y también tendría que asumir como propia la pelea política alrededor de la condena judicial contra la expresidenta.

Oscar Parrilli fue uno de los primeros en decirlo sin matices. El presidente del Instituto Patria aseguró que el principal objetivo político del peronismo hacia 2027 debe ser revertir el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena.

Teresa García avanzó todavía más sobre esa idea. La senadora bonaerense y dirigente histórica del cristinismo sostuvo que el futuro gobierno peronista debería tener como prioridad la libertad de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner reforzó ese planteo durante un acto en Santa Fe. “Para nosotros, Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna”, afirmó. Y agregó que, si no logran “romper la proscripción”, deberán buscar un dirigente que “exprese esos intereses”.

La definición tiene impacto interno porque deja entrever la preocupación que atraviesa a ese sector del peronismo, que busca evitar que emerja un candidato presidencial con autonomía política o que utilice electoralmente el capital del kirchnerismo sin asumir como propia su agenda.

Las diferencias con Kicillof y el debate sobre el liderazgo

En paralelo, Axel Kicillof intenta construir otro eje político para la oposición. En su entorno reconocen la centralidad que mantiene Cristina Kirchner y sostienen que existe una “proscripción”, pero rechazan que toda la estrategia opositora quede subordinada a esa discusión.

Cerca del gobernador bonaerense aseguran que el debate tiene que concentrarse en “los temas que le importan a la gente”, sobre todo la economía, el empleo y la caída del poder adquisitivo.

La diferencia es política, pero también de construcción de liderazgo. En el entorno del gobernador repiten que no quieren reeditar una experiencia similar a la de Alberto Fernández, un dirigente sostenido electoralmente por Cristina Kirchner, pero sin capacidad posterior de ordenar el poder.

Por eso, dentro del kirchnerismo duro empezaron a multiplicarse las críticas hacia quienes intentan despegarse discursivamente de la exmandataria. A veces aparecen de manera directa y otras quedan insinuadas en declaraciones públicas o mensajes en redes sociales.

Eduardo Valdés apuntó en esa dirección cuando cuestionó en El Destape a quienes “no quieren nombrar a Cristina por marketing”. El diputado nacional, muy cercano al Instituto Patria, pidió además un acuerdo político entre la expresidenta y el gobernador bonaerense y defendió las PASO como mecanismo para ordenar la disputa interna. “Los liderazgos no se inventan”, afirmó.

Convertir “Cristina libre” en una bandera permanente

La estrategia del cristinismo también apunta a conectar la situación judicial de la expresidenta con otros conflictos políticos y sociales. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, es una de las dirigentes que más avanza sobre esa idea.

“La libertad de Cristina Kirchner es en sí misma un programa de gobierno”, escribió en X durante la marcha universitaria de este martes. En ese mensaje vinculó el ajuste educativo y el desfinanciamiento de las universidades con la condena judicial contra la expresidenta.

El planteo deja expuesto el intento del ala dura K de utilizar la consigna “Cristina Libre” como marco político para discutir distintos temas de la agenda pública, desde el ajuste educativo hasta el modelo económico del gobierno libertario. (con información de TN)

También se tratarán los proyectos sobre el pago a los fondos buitre y sobre la regularización de la tenencia de armas de fuego.

La convocatoria a la sesión para el jueves a las 16 fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó en la tarde del martes, entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, y otros bloques provinciales.

Con el ingreso de los nuevos pliegos se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, que consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

Fondos buitre

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

Armas

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual: si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas. Desde el ente se busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo. (con información de NA)

La denuncia había sido promovida por la Casa Militar, con el argumento de que los periodistas habían puesto en riesgo la seguridad nacional al filmar, de forma subrepticia, el interior de casa de gobierno.

Luego de analizar el material, el fiscal Pollicita entendió que en el episodio no se configuró ningún delito penal y le pidió al juez de la causa, Ariel Lijo, que deberá decidir sobre el caso, que lo archive.

“Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional -dice el dictamen del fiscal-. Todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”.

Pollicita destacó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes parecidas a las que se obtuvieron en las grabaciones cuestionadas. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, dijo el fiscal, relativizando el episodio.

“La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, agregó.

Luego del episodio, y en medio de una fuerte escalada de ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, el Gobierno impidió el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una decisión que despertó duras críticas de entidades periodísticas, cámaras empresariales y del arco político opositor.

La decisión fue presentada oficialmente como una medida preventiva por razones de seguridad, mientras se revisaba el sistema de acreditaciones. Se justificó a partir de la denuncia y en la necesidad de profundizar una investigación sobre una presunta infiltración rusa en medios de prensa.

El Gobierno reabrió la sala de prensa una semana después. (con información de La Nación)

Al encuentro, que se extendió entre las 16 y las 18.15 en el Salón de Escudos de la Casa Rosada, asistieron Karina Milei, el jefe de Gabinete, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt y los ministros Luis Caputo y Diego Santilli.

También participó la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, que venía de protagonizar momentos de tensión con Adorni tras haberle pedido que presentara cuanto antes su declaración jurada para aclarar su situación judicial.

La exministra de Seguridad debió retirarse unos minutos antes del cierre de la reunión para llegar a otra reunión en el Congreso. El asesor Santiago Caputo, que suele estar en la mesa, no participó por “cuestiones de agenda”.

El encuentro sirvió para hacer un repaso de la agenda parlamentaria tanto en Diputados como en el Senado, y el jefe de Gabinete dio una exposición sobre un listado de 10 nuevas leyes que el Gobierno enviará al Congreso próximamente.

En la previa del encuentro político, el oficialismo se había propuesto acelerar la agenda parlamentaria para correr el eje de Adorni. Entre ellos, la Casa Rosada anticipó el envío inminente del proyecto de super-RIGI, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía para incentivar inversiones en sectores que actualmente no tienen desarrollo en la Argentina.

La lista de proyectos

Dentro de los proyectos ya presentados, La Libertad Avanza consiguió este martes el dictamen para la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una discusión que había quedado trabada por cuestionamientos de laboratorios locales.

Tras ceder en un punto clave de la norma, el oficialismo planea llevar ese proyecto al recinto el próximo 20 de mayo junto a otras iniciativas, entre ellas la Ley Hojarasca y la modificación del régimen de Zonas Frías, que propone recortar subsidios al gas en determinadas regiones del país.

Sin embargo, pese a los deseos del Gobierno, la agenda legislativa también estará atravesada por la ofensiva opositora contra Adorni.

Sectores de la oposición impulsan para este jueves una sesión en Diputados para avanzar con una interpelación al jefe de Gabinete por su situación judicial y analizar una eventual moción de censura.

Negociaciones abiertas en el Senado

En paralelo, el Senado mantiene una agenda propia con proyectos impulsados por el oficialismo. LLA busca concretar las audiencias para designar jueces y fiscales federales, además de intentar conseguir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada.

La cámara alta también podría sesionar esta semana para tratar la autorización de pago de US$171 millones a fondos que litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, junto con iniciativas vinculadas con regularización de la tenencia de armas, prórrogas judiciales y pliegos diplomáticos.

Con ese escenario, el Gobierno intenta recuperar margen político en el Congreso para intentar sacar de agenda las investigaciones judiciales que enfrenta Adorni. (Fuente: TN).

Estuvieron presentes los titulares del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): Franco Bartolacci, quien preside la entidad, y Anselmo Torres, el vicepresidente, junto a las distintas federaciones gremiales.

También se sumaron los representantes del Frente Gremial Docente y No Docente, conformado por las principales federaciones nacionales docentes (CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y por la Federación de no docentes (FATUN).

Los miembros de la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue la encargada de leer el documento en el que afirmaron que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades "no ha superado", en ninguno de los meses de la gestión del presidente Javier Milei, "el 64% del que tenía en enero de 2023".

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho", remarcaron. 

En la misma línea, indicaron que desde diciembre de 2023 "se ha perdido el equivalente a casi 9 meses de transferencias"; asimsimo, manifestaron que la crisis que atraviesan las universidades "no es solo presupuestaria", porque como ciudadanos "deben denunciar con dolor y firmeza" la "ruptura del acuerdo democrático" de la división de poderes que tenemos en la nación.

Para finalizar, expresaron que la universidad pública y el sistema público de investigación, "son factores fundamentales de la economía del país" y, además, funcionan como recursos estratégicos para que la industria nacional pueda "competir en el mundo" y "generar puestos de trabajo con derechos, y ambientalmente sustentables": "Todo proyecto de país necesita una universidad de excelencia que aporte desde la soberanía científica, tecnológica y de las artes a su desarrollo", añadieron.

"No permitamos que los pilares de nuestras universidades trabajadores docentes, nodocentes, investigadores y estudiantes sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el País será solo un sueño. Es aquí y ahora. La universidad pública se defiende. Por más y mejor educación pública y ciencia", concluyeron.

Debajo del escenario estuvieron el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; senadores, diputados y legisladores porteños tanto del peronismo como de las agrupaciones de izquierda, como el FIT y el Nuevo MAS.

También habrá representantes de la Comunidad Científica Argentina, principalmente de los sectores vinculados a la investigación, debido a que atraviesan "una situación límite", marcada por el desfinanciamiento y la caída salarial.

La movilización, que se replicó en todo el país, contó también con el apoyo de la CGT y las dos CTA, que participaron con sus respectivas columnas para exigir la "recomposición salarial para docentes y nodocentes" y la aplicación del "presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios". (NA)

Después de haber sido indagada tras un pedido del fiscal federal Eduardo Taiano, el magistrado encontró penalmente responsable de no haber preservado la escena del crimen: fue la justicia federal la que determinó que Alberto Nisman, cuyo cuerpo yacía en el baño del departamento de Puerto Madero, fue víctima de un homicidio.

En su momento, cuando el fiscal Taiano la imputó, consideró que su accionar fue “deficiente sobre la escena del crimen” y le atribuyó un conjunto de comportamientos que derivaron en el procesamiento.

Se la responsabilizó por la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo e ignorar la existencia de otros elementos que podrían haber aportado pistas”.

"Luego de 10 años se me achaca a mi sola semejante delito. Me pregunto si eso es porque soy jubilada, retirada y no tengo cargo público ni político", había dicho Fein en su último descargo ante el juez Julián Ercolini y apuntó contra el fiscal al señalar que “el acusador me toma como chivo expiatorio”.

Viviana Fein fue responsable de la primera investigación por la muerte de Nisman -encontrado muerto el 18 de enero de 2015 con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento- hasta que se jubiló y el expediente pasó a la justicia federal.

Mientras la justicia federal, el juez Ercolini y el fiscal Taiano, determinaron que la muerte del extitular de la UFI AMIA, se trató de un homicidio, se inició en paralelo, una causa para investigar si en la escena de la muerte de cometieron irregularidades por no preservar el lugar.

Junto con Fein están acusados Manuel de Campos, el primer juez del caso, el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, el ex funcionario del ministerio de Seguridad Darío Ruiz y ex jefes de la Policía Federal y de la Prefectura Naval.

El 1 de abril el fiscal Taiano solicitó formalmente al juez el procesamiento de Viviana Beatriz Fein. Entre los puntos centrales el representante del Ministerio Público se refirió al rol como “directora del procedimiento original” y que en ese marco “no preservó debidamente la escena del crimen ni recolectó todas las pruebas necesarias”.

Entre las faltas específicas que se le atribuyen figuran: la tardanza de una hora y media al lugar pese a haber sido notificada debidamente.  Hubo una “escena descontrolada”, ya que al llegar, “no habría tomado medidas para restringir la presencia de personas injustificadas (había unas 20 dentro del departamento y más de 30 en el complejo)”.

El comportamiento de Fein ponderado como un encubrimiento agravado, también contempló la “falta de vestimenta técnica” al entender que “ingresó a la escena y permitido el acceso de otros sin la vestimenta adecuada (cofias, guantes, etc.)”. Por ese motivo, se la responsabiliza por una “deficiente preservación” contexto en el que se le cuestiona “haber limitado la escena solo al interior del departamento, sin considerar el resto del complejo, y no haber advertido vías de acceso clave como el conducto de aires acondicionados”.

Después se habló de la “manipulación de evidencia” por lo cual el fiscal Taiano ya la había acusado de “haber permitido la manipulación del mobiliario y de elementos probatorios sin el resguardo correspondiente”.

Cuando formuló su descargo, la ex fiscal Viviana Fein rechazó todos los argumentos esgrimidos por Taiano. Entendió que en la acusación que pesa sobre ella había “falta de precisión” debido a que “no especificó qué prueba concreta se perdió o qué evidencia fue contaminada”.

También indicó que había muchas otras personas antes de que ella llegue al incluyendo familiares y fuerzas de seguridad y que la custodia del perímetro “correspondía a la Prefectura y a la policía como auxiliares de justicia”.

Después volcó en dos instancias de indagatoria, argumentos de carácter más técnicos:  Alegó que ella no es “especialista en criminalística y que confió en el personal especializado de la Policía Federal para las tareas” correspondientes.

Pese a todos estos planteos, la justicia federal consideró que existen "elementos de convicción suficientes" para procesar a Fein por considerar que su accionar afectó de forma directa el desarrollo y el resultado de la investigación sobre la muerte de Nisman”. (con información de Clarín)

Así se desprende de un análisis detallado efectuado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública sobre la ejecución presupuestaria al 7 de mayo de 2026, que revela la profundidad de la reestructuración fiscal.

El informe señala que el ajuste no solo alcanzó a la obra pública y los subsidios, sino que golpeó con dureza programas de salud oncológica, infraestructura escolar y la seguridad en rutas nacionales.

En este marco, el Gobierno Nacional ha formalizado una reducción neta del gasto de $ 2.439.416 millones, lo que representa una contracción del 1,6% sobre el crédito vigente total de la Administración Pública.

Sin embargo, esta cifra global oculta recortes que, en programas específicos de infraestructura y desarrollo social, superan el 50% y llegan, en casos extremos, a la eliminación total de la partida.

Tesoro y subsidios a empresas

El mayor volumen del ajuste se procesó a través de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, donde la disminución alcanzó los $ 1.470.533 millones.

Esta poda del 11,7% en el sector impactó directamente en la asistencia financiera que el Estado brinda a empresas públicas: se quitaron $ 200.000 millones a firmas de energía, $ 48.000 millones a las de educación y $ 22.374 millones a las de obras públicas. Adicionalmente, el rubro de otras asistencias financieras sufrió un recorte masivo de $ 1.198.420 millones.

Impacto en la inversión vial

Dentro del Ministerio de Economía, que tuvo una baja general de $ 521.939 millones, el caso de la Dirección Nacional de Vialidad es emblemático. El organismo perdió $ 97.104 millones de su presupuesto, pero el detalle interno muestra una parálisis casi total en áreas de seguridad. El programa de ejecución de obras de seguridad en rutas nacionales fue recortado en un 98,9%, dejando apenas una cifra simbólica frente a los $ 19.499 millones originales.

Peor es la situación del mantenimiento y reparación de obras de arte (puentes y estructuras), cuya partida de $ 14.639 millones fue eliminada al 100%.

Otras áreas afectadas en Economía incluyen el mantenimiento de rutas nacionales ($ 19.840 millones menos), las construcciones viales ($ 32.336 millones menos) y la rehabilitación de calzadas ($ 13.016 millones menos).

Salud y educación

El Ministerio de Salud registra una merma de $ 70.467 millones. El ajuste recayó en el programa de Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud, que perdió $ 25.000 millones, una caída del 44,7%. También se recortaron $ 20.000 millones en el acceso a medicamentos e insumos, y $ 5.000 millones en el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, lo que representa una quita del 32,8% para esta partida específica.

En el ámbito del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Educación sufrió un recorte de $ 78.711 millones. Los fondos para infraestructura y equipamiento escolar cayeron un 46,6% ($ 21.687 millones menos) y el Fondo de Compensación Salarial Docente fue reducido en $ 8.930 millones. El Plan Nacional de Alfabetización, un eje central de la gestión, también sufrió una baja de $ 35.288 millones.

Provincias y seguridad

La relación financiera con los gobernadores sufrió un golpe contundente. El Ministerio del Interior recortó su programa de Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional en $ 320.711 millones, una caída del 55,5%. Además, se redujeron fondos para el deporte comunitario e infraestructura deportiva en 4.281 millones.

En defensa el ministerio perdió $ 48.904 millones. Las quitas más fuertes se dieron en el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea ($ 16.500 millones), el Ejército ($ 12.622 millones) y la Armada ($ 15.220 millones). En seguridad Interior, la Dirección Nacional de Migraciones perdió $ 6.765 millones, mientras que el Servicio Penitenciario Federal sufrió una baja de $ 2.814 millones.

Ciencia, Cultura y Justicia

El sector científico no fue ajeno a la tendencia. El CONICET sufrió un recorte de $ 3.281 millones y la CONAE de $ 4.410 millones. Especialmente crítico fue el recorte en la investigación y desarrollo de medios de acceso al espacio, que perdió el 74,3% de sus fondos. Asimismo, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tuvo una baja de $ 11.809 millones, destacando un recorte del 27,7% en la formulación de políticas científicas.

Finalmente, el Poder Judicial registró una quita de $ 41.452 millones en la Justicia Federal y $ 26.843 millones en la Justicia Ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el Poder Legislativo redujo su presupuesto en $ 14.423 millones, afectando tanto al Senado como a la Cámara de Diputados y la asistencia social del personal legislativo. (con información de NA)

“El Presidente tiene una emocionalidad importante, no lo definiría como un grito lo que hizo”, sostuvo la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Las declaraciones de la senadora se dieron durante el ingreso a la exposición agraria JONAGRO, que se realiza en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Allí, consultada por la prensa sobre los pormenores del encuentro del viernes y si va a seguir participando de la mesa política, Bullrich respondió tajante: “Por supuesto”.

“Yo no voy a comentar reuniones de Gabinete, las reuniones son del Gabinete y tiene la intimidad de las cosas que ahí se discuten”, cerró sobre el tema.

Ya retirándose de la rueda de prensa, la senadora hizo referencia al encuentro de hoy: “Vamos a discutir muchísimo los temas que están en el Parlamento”.

En los últimos días, en medio de la interna por la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hubo declaraciones cruzadas y cuestionamientos. Durante la reunión del viernes, el jefe de Estado habló ante los miembros de la mesa política con un tono donde se mezclaban la firmeza y el enojo. Allí, defendió a su ministro coordinador y señaló que estaba dispuesto hasta arriesgar el resultado de las elecciones presidenciales del año próximo por Adorni.

Todo ocurrió luego de la entrevista en la que Bullrich le había reclamado a Adorni la pronta presentación de su declaración jurada de bienes en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

“Tiene que ser inmediato, porque necesitamos discutir otras cosas y no esto, que él dice que lo tiene solucionado. La prueba cuanto antes, mejor. Estamos empantanados”, manifestó.

Sobre el final, en esa misma línea, la senadora aseguró: “Esto es importante para él, para el Presidente, que esto se aclare lo antes posible. Y él, en sus manos, tiene la herramienta para que esto se aclare lo antes posible”.

En medio de declaraciones cruzadas, días después la senadora salió a justificarse y le bajó el tono a su reclamo “Siempre fui un poquito rebelde, las cosas hay que decirlas”, sostuvo. (TN)

Entre los ejes de su presentación estuvieron la revelación de un intento de golpe de Estado en el inicio del gobierno libertario y sus pronósticos electorales para las presidenciales del 2027, tanto del Gobierno como del peronismo.

El exjefe de Gabinete mencionó el anuncio, en diciembre de 2023, del bloqueo de piqueteros en todas las rutas y accesos a la ciudad de Buenos Aires, además de una protesta de 50.000 personas a la Plaza de Mayo, lo que graficó como un “virtual intento de golpe de Estado”.

Advirtió que, en ese momento, solo contaban con equipamiento y material antimotines para solo dos días, lo que dijo que pronosticaba ser un "escenario preocupante”.

Al igual que el Presidente, Posse mencionó el impacto de la herencia económica K recibida del gobierno de Alberto Fernández: un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, la magnitud de la emisión monetaria, una inflación que al momento de la asunción de Milei representaba tasas del 8000% anual, pobreza por encima del 50% y 10.000 piquetes anuales.

Con ese panorama de fondo advirtió que “era imposible planificar la vida cotidiana casi en cualquier lado, pero especialmente en Buenos Aires".

Los pronósticos para 2027

Posse consideró que “las probabilidades de reelección son altas” para Javier Milei en las elecciones de 2027 y las ubicó en el orden del 70%.

El exjefe de Gabinete argumentó que la mitad del padrón no responde a las encuestas, que la mayoría de los votantes que tienen mayores dificultades económicas rechazan una eventual vuelta del kirchnerismo en el poder destacó como tercer factor, a favor del Gobierno para las próximas elecciones, la división de la oposición.

En la continuidad de ese análisis, Posse aseguró que uno de los posibles candidatos presidenciales, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo que la disciplina fiscal no es una prioridad, y que eso atenta contra el deseo mayoritario del electorado.

En paralelo, señaló que el PRO “se está deshilachando muy rápidamente” y dijo que la UCR “prácticamente está dejando de existir”.

Advirtió igualmente que el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, es ”peligrosísimo, siempre es un player”, pero que cree que el líder del Frente Renovador competirá por la gobernación de Buenos Aires, ya que según el exfuncionario, “tiene probabilidades de ganar”.

Las frases más destacadas de Posse en su reaparición

• “El Banco Central tenía una caja negativa de US$12.500 millones y deuda documentada con importadores por 50.000 millones más. Era un agujero negro”.
• “Fue un milagro haber evitado esa hiperinflación que ya estaba disparada”.
• “El camino de Javier fue bastante más complejo que ser solo un outsider. Él venía hacía más de quince años hablando de esto en universidades, en distintos tipos de sociedades, en fundaciones. Él tenía como misión personal difundir las ideas económicas de la libertad desde hace mucho tiempo. Había veinte años de entrenamiento en el outsider”.
• “En dos o tres años vamos a estar exportando más de Vaca Muerta que desde todo el campo argentino, toda la producción agropecuaria argentina junta”.
• “La Argentina tiene reservas de cobre por lo menos del mismo nivel que Chile. Chile es el principal exportador mundial de cobre, con un market share de más o menos el 20% de la exportación mundial. Argentina exportaba cero”.
• “Hay una comprensión bastante clara de que todo lo que hicimos hasta ahora nos llevó a un fracaso estrepitoso, y que este es el camino”. (TN)

Así, se ubicó dos posiciones por encima del año previo, cuando había quedado en el decimoprimer escalón, su mejor posición en las 13 ediciones del reporte.

El reporte destaca que la Argentina enfrenta un entorno marcado por cambios regulatorios frecuentes, exigencias fiscales crecientes y una pesada carga administrativa. Estos factores, según el estudio, representan barreras estructurales que afectan tanto a empresas locales como a inversores internacionales.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por desregular y bajar impuestos, la Argentina no pudo evitar volver al “top ten” de los países más complejos en este análisis que se realiza entre septiembre y octubre -precisamente, cuando se vivió la mayor incertidumbre electoral-. Según el informe, este movimiento refleja la persistencia de obstáculos para operar en el país, cuyo entorno de negocios sigue siendo demandante y volátil.

No obstante, el trabajo reconoce que hubo un cambio de tendencia desde las elecciones legislativas de octubre y remarca que se percibe una voluntad política de flexibilizar requisitos regulatorios.

En esa línea, advierte que si este cambio se concreta y se sostiene la caída de la inflación observada en 2024/25, el país podría reposicionarse como un destino atractivo para nuevos capitales.

En diálogo con el canal TN, Jorge Sodano, country head de TMF Group para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, explicó: “2025 fue un año que estuvo muy marcado por la complejidad y la volatilidad que tuvo la Argentina durante todo el año. Es decir, alta inflación, hubo cambios regulatorios frecuentes y, si bien se impulsaron algunas acciones, muchas fueron judicializadas”.

“Una vez definida la elección se puede empezar a ver una tendencia que creemos que es la correcta y que eso va a terminar impactando en el ranking el año que viene”, anticipó. Entre las medidas más recientes que ayudan a descomplejizar el clima de negocios, Sodano mencionó el RIGI y la reforma laboral.

“Estoy convencido de que todos estos cambios son correctos y estructurales, con un impacto a largo plazo más allá de los cambios de gestión. Eso va a permitir afianzar estas políticas que el Gobierno viene impulsando y que todos los los grandes inversores están analizando para volver al país”, indicó el ejecutivo.

Y agregó que TMF Group notó un aumento en el interés de los capitales extranjeros después de las legislativas de fines de 2025.

América Latina, una región compleja

El GBCI analiza 292 indicadores por país, que abarcan desde contabilidad e impuestos hasta regulación laboral y gestión legal. Más allá del atractivo macroeconómico, el índice pone el foco en el costo operativo de cumplir con normativas que, en muchos casos, frenan el crecimiento y desalientan la llegada de nuevos capitales.

Mientras que Dinamarca, Hong Kong y Países Bajos aparecen entre las jurisdicciones más simples para hacer negocios, Latinoamérica muestra un panorama opuesto: seis de los diez países más complejos del mundo están en la región, lo que incluye a México, Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina y Perú.

“El escenario global está cada vez más fragmentado y eso genera incertidumbre regulatoria para las compañías”, sostuvo Mark Weil, CEO de TMF Group. “Los inversores buscan simplicidad y certeza en las reglas. Por eso, alentamos a los gobiernos a mejorar su posicionamiento y a las empresas a simplificar sus operaciones para ser más ágiles frente a marcos regulatorios complejos e inciertos”, agregó.

Frente a este panorama, las compañías están respondiendo con subcontratación (69%), reducción de personal (59%), cierre de oficinas (55%) y congelamiento de contrataciones (51%). (TN)

Las billeteras digitales continúan ganando terreno porque permiten generar intereses diarios sobre el saldo disponible mientras el dinero sigue accesible para transferencias, pagos o consumos. A diferencia del plazo fijo tradicional, estos instrumentos permiten retirar los fondos en cualquier momento o en plazos muy cortos, dependiendo de cada plataforma.

Según los últimos datos relevados del mercado financiero argentino, tanto bancos como aplicaciones financieras actualizaron sus tasas de interés para distintos productos: cuentas remuneradas, FCI money market y plazos fijos online a 30 días. La diferencia entre entidades vuelve a mostrar un mercado muy competitivo para quienes buscan rendimiento sin inmovilizar completamente el dinero.

Las billeteras virtuales que más pagan hoy

El ranking actualizado de cuentas remuneradas y fondos comunes de inversión utilizados por billeteras virtuales muestra el siguiente panorama en Argentina:

Ualá (Cuenta Remunerada): 27 % TNA
Prex Argentina (FCI MM): 19,38 % TNA
Naranja X (Cuenta Remunerada): 19 % TNA
Cocos (FCI RM): 18,61 % TNA
Personal Pay (FCI MM): 18,47 % TNA
Mercado Pago (FCI MM): 18,36 % TNA
Astropay (FCI MM): 17,96 % TNA
Claro Pay (FCI MM): 17,89 % TNA
IEB+ (FCI MM): 17,85 % TNA
LB Finanzas (FCI MM): 17,23 % TNA
Lemon Cash (FCI MM): 16,53 % TNA
N1U (FCI MM): 16,43 % TNA
Estas cuentas remuneradas se volvieron muy populares porque el dinero depositado genera intereses diarios sin necesidad de constituir una inversión específica. En la práctica, el usuario puede mantener saldo disponible para pagar, transferir o consumir mientras obtiene un rendimiento automático.

Sin embargo, cada plataforma tiene condiciones distintas. Algunas establecen topes máximos de saldo que reciben la tasa promocionada, mientras que otras modifican el rendimiento según el monto invertido o el tipo de cuenta utilizada.

Cómo funcionan las cuentas remuneradas y los FCI

Las cuentas remuneradas acreditan intereses de manera diaria sobre el dinero depositado. A diferencia de una caja de ahorro tradicional, permiten generar rendimiento automático sin necesidad de “bloquear” el capital.

Por otro lado, muchas billeteras utilizan Fondos Comunes de Inversión (FCI) money market o de renta mixta para remunerar los saldos de los usuarios. En estos casos la tasa no es fija, porque depende del desempeño del fondo, aunque se trata de instrumentos de muy bajo riesgo y alta liquidez.

Los bancos que más pagan por plazo fijo

Dentro de los bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, las tasas actuales para plazos fijos online a 30 días quedaron de la siguiente manera:

Banco Provincia: 19,50 % TNA
Banco Macro: 19 %
ICBC: 18,80 %
BBVA: 18,75 %
Banco Nación: 18,50 %
Banco Galicia: 18,25 %
Banco Ciudad: 17,50 %
Banco Credicoop: 17,50 %
Banco Patagonia: 16 %
Santander: 15 %

Sin embargo, algunos bancos medianos y compañías financieras continúan ofreciendo tasas más elevadas para captar depósitos:

Banco Voii: 25 %
Crédito Regional CF: 25 %
REBA CF: 25 %
Banco Masventas: 24 %
Banco Meridian: 24 %
Bibank: 24 %
Banco CMF: 23,25 %
Banco Bica: 23 %
Banco del Sol: 22 %

Actualmente, el plazo mínimo para retirar dinero de un plazo fijo tradicional sigue siendo de 30 días. Por eso, muchos usuarios combinan herramientas: mantienen parte de los pesos en billeteras virtuales o FCI de liquidez inmediata y destinan otra porción a plazos fijos para intentar mejorar el rendimiento total.

De esa manera buscan equilibrar tres variables clave para administrar pesos en Argentina: tasa de interés, disponibilidad inmediata y riesgo financiero de corto plazo.

Según informe que publicó ASAP y que procesó Agencia Noticias Argentinas, las partidas reducidas afectan a todas las áreas del sector. 

La Secretaría de Educación sufrió un recorte neto total de $78.711 millones, lo que representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.

Secretaría de Educación

• Plan Nacional de Alfabetización: es el rubro con la quita nominal más alta, perdiendo $35.288 millones (-5,9%).
• Infraestructura y Equipamiento: registró una de las caídas porcentuales más drásticas del sector, con un recorte de $21.687 millones, lo que equivale a una reducción del 46,6% de sus fondos.
• Fondo de Compensación Salarial Docente: sufrió una baja de $8.930 millones, representando una quita del 33,8%.
• Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas: se recortaron $6.650 millones (-2,2%).
• Actividades Centrales: el gasto administrativo y de conducción de la Secretaría bajó $4.768 millones (-12,3%).
• Información y Evaluación de la Calidad Educativa: tuvo una merma de $735 millones (-2,2%).
• Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica: perdió $483 millones (-2,6%)..
• Formación Docente: se redujeron fondos por $161 millones (-1,6%).
• Becas a Estudiantes: el programa de Gestión y Asignación de Becas tuvo un recorte marginal de $2 millones.
• Sector Universitario

El impacto directo en el sistema de educación superior se identifica en los siguientes puntos:

• CONEAU: la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, lo que significa una baja del 0,6% en su presupuesto de evaluación y acreditación.
• Asistencia Financiera vía Tesoro: dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro, se aplicó una quita masiva de $48.000 millones a la partida de Asistencia Financiera a Empresas Públicas y Otros Entes dependientes de la Secretaría de Educación. Esto representa una caída del 47,9% en el financiamiento indirecto que llega a diversos organismos del sector. Otros rubros
• Cooperación e Integración Educativa Internacional: registró una disminución de $9 millones.
• Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales: este programa, que suele articular acciones con el sector educativo, perdió $55 millones. (N/A)

La obra social que tuvo que ser renombrada por el gobierno, está siendo investigada por irregularidades desde la asunción de Petri como ministro. Según denunciaron desde el sindicato ATE la entidad tenía superavit al momento de la llegada del nuevo gobierno y en la actualidad, la deuda contraída es millonaria. 

A marzo de 2026, la deuda acumulada del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA) superaba los $248.000 millones, en un contexto de crisis que incluye cortes de servicios, renuncia de autoridades y la disolución/reestructuración de la obra social hacia una nueva entidad.

En abril el Gobierno Nacional comunicó que se había saldado la deuda, pero el inconveniente saltó a la palestra cuando se supo que se había utilizado un fondo para salarios y que este iba a ser compensado con uno que estaba destinado a operaciones. 

En este contexto se dio la renuncia del último titular de la entidad Sergio Maldonado y el arribo del nuevo designado, mientras que siguen las investigaciones por malversación de fondos sobre el ex ministro de defensa Petri.

Según el informe, el Ministerio de Defensa oficializó la designación a través de la resolución 311/2026 publicada en el Boletín Oficial donde se indicó: “Desígnase a partir del 6 de mayo de 2026, como Presidente del Directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), al General de Brigada Pablo Guillermo Plaza”.

Además, el mismo señaló que “los miembros del Directorio durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelectos por una sola vez, y los titulares podrán ser reemplazados por sus suplentes, con las mismas facultades, en caso de dimisión o ausencia justificada”.

“Los miembros del Directorio deberán reunir condiciones de idoneidad técnica, experiencia en funciones de conducción o gestión en materia de administración de servicios de salud, seguridad social, gestión pública, administración financiera y/o dirección de grandes organizaciones”, expresó el escrito.

Tras la renuncia de Maldonado el pasado 5 de mayo, el ministro de Defensa, Carlos Presti, nombró a Plaza dentro del sistema de salud para el personal militar y civil vinculado a las fuerzas en una decisión enmarcada dentro de las disposiciones del DNU N° 88/26, que creó a la obra social como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar cobertura en todo el territorio argentino y asegurar la fiscalización estatal.

(N/A) y Redacción La Nueva.

En una rueda de prensa convocada en el Ministerio de Capital Humano este lunes, la titular de la cartera, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, tomaron la palabra en nombre del Gobierno y vincularon la protesta a intereses de la oposición.

“Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial. Pero esta convocatoria está fuertemente influenciada por la política“, afirmó Álvarez. Para reforzar su punto, el funcionario cuestionó la foto de rectores peronistas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof o la adhesión de la CGT a la marcha.

“Si fuera un reclamo puramente universitario, ¿por qué necesitás que actores sociales que no tienen una relación directa estén presentes? No, en las convocatorias te das cuenta de que es claramente política“, insistió.

“Es importante la batalla cultural para que la gente entienda que nosotros no estamos en contra de la universidad pública y no queremos cerrar las universidades. Queremos explicárselo a la gente para que pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, enfatizó la ministra Sandra Pettovello en otro pasaje de la conversación.

En ese sentido, con el objetivo de “desmitificar el monstruo sagrado” de la universidad pública, la titular de la cartera de Capital Humano puso el foco en la necesidad de esclarecer en qué se gasta el dinero público.

La Ley de Financiamiento y el conflicto por los fondos

El reclamo central de la marcha prevista para este martes es que el Gobierno ejecute la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso el año pasado. La norma incluye entre sus puntos principales una actualización salarial acorde a la inflación del periodo 2024 y 2025.

Sin embargo, la Casa Rosada argumentó que el proyecto no establecía de dónde disponer los fondos y, por lo tanto, infringía la Ley de Administración Financiera. Esto es rechazado por las universidades, las cuales presentaron un amparo y luego de dos fallos en su favor, aguardan una resolución por parte de la Corte Suprema.

En ese contexto, el subsecretario de Políticas Universitarias aseguró que la única ley que el Gobierno va a cumplir es la Ley de Presupuesto y que la ley vigente —cuyo costo estiman en 1,2 billones de pesos— quedó abstracta tras la sanción de la ley de leyes. (TN)

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, anticipó a TN que el Gobierno convocará después de la movilización de este martes a todos los rectores de universidades con hospitales para conformar una comisión que decida un nuevo criterio para distribuir los fondos.

La discusión financiera, aclaran tanto en el Gobierno como en las universidades, no gira alrededor de los fondos asignados a cada institución en el Presupuesto 2026 -que se ejecuta de manera automática-, sino a una partida del programa “Hospitales universitarios” que depende directamente de la subsecretaría que dirige Álvarez.

Según el funcionario, esa partida de $79.763.113.948 históricamente se administró “de manera arbitraria, de acuerdo a ningún parámetro salvo el lobby político”. Por eso, el área dependiente del Ministerio de Capital Humano decidió suspender esas transferencias hasta redefinir el criterio de distribución.

La disputa del Gobierno con las universidades por los fondos para hospitales

Sin embargo, las universidades aseguran que desde hace cinco meses que no reciben esos fondos y la UBA advirtió la semana pasada en conferencia de prensa que sus hospitales podrían dejar de funcionar en 45 días por falta de ese financiamiento.

En esa discusión, Álvarez acusó a la Universidad de Buenos Aires de querer apropiarse del 95% de la asignación de $79 mil millones destinada a todos los hospitales universitarios del país. “¿Qué significa esto? Vos tenés 75 mil millones para la UBA, con lo cual te quedan 4 mil millones para todo el resto", aseguró el funcionario en rueda de prensa.

Sin embargo, consultado por este medio, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, enfatizó que el Gobierno es quien define el criterio de distribución, tal como lo hizo en 2024 y 2025. “El más lógico puede ser la cantidad de pacientes, pero lo tienen que hacer los primeros días de enero, no ahora. No pueden no pagarle a los hospitales ni un peso hasta el quinto mes”, sentenció.

La demora en la convocatoria: críticas cruzadas entre el Gobierno y las universidades

Tras ser consultado por la demora en la convocatoria a los rectores para redefinir la distribución de fondos, Álvarez aludió a la complejidad del sistema universitario y a la resistencia de la UBA y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), a quienes definió como “políticos profesionales”.

“Lamentablemente no les interesa mejorar el sistema. Yo he estado con los rectores y lo único que les importa son este tipo de transferencias. No les importa mejorar el sistema. Se excusan en la autarquía para hacer lo que se les da la gana y no aceptar ninguna sugerencia”, acusó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En ese sentido, el rector de la Universidad de Rosario y titular del CIN, Franco Bartolacci, aseguró a este medio que no recibió ninguna convocatoria del Gobierno, pero que sin dudas las universidades asistirán cuando ocurra.

Por su parte, Yacobitti aseguró a TN que la UBA tampoco había recibido la invitación hasta el momento. “Si llega, por supuesto que vamos a ir, pero no hay nada más irresponsable que no se haya llamado hasta ahora para pagar los alquileres de equipos para tratamientos oncológicos”, cuestionó. (TN)

El lema de esta movilización es “Por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional”.

La marcha tendrá su acto central a las 17 en Plaza de Mayo y se replicará en distintas ciudades del país, entre ellas Bahía Blanca. Esta será la cuarta marcha federal desde el inicio de la gestión de Javier Milei y tendrá como eje el reclamo por la aplicación de la ley aprobada por el Congreso y todavía no ejecutada por el Poder Ejecutivo.

Como en el resto del territorio nacional, la convocatoria es para “toda la ciudadanía y toda la comunidad universitaria a marchar en defensa de la ciencia, la tecnología y la educación pública”, tal como señaló el decano de la facultad bahiense de la Universidad Tecnológica Nacional, Alejandro Staffa.

En el caso de nuestra ciudad, la convocatoria es a las 17 en la intersección de 11 de Abril y Avenida Alem, para allí marchar hacia el playón de la Universidad Nacional del Sur, donde se llevará a cabo un acto a partir de las 18.10.

“El sistema universitario sale nuevamente a la calle en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario”, agregó el directivo.

La convocatoria fue definida de manera conjunta por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Gremial, que integran docentes y trabajadores no docentes (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Fagdut, Ctera, UDA y Fatun). En Bahía Blanca es impulsada por la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Tecnológica Nacional, gremios docentes, no docentes y agrupaciones estudiantiles.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida de UTN BHI Audiovisuales (@utn_bhi_audiovisuales)

Días atrás, el rector de la UNS, Daniel Vega, había señalado que “las leyes están para cumplirse” y que “la educación pública es un derecho, y para que miles de estudiantes puedan ejercerlo, el gobierno nacional debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

“Las universidades nacionales atravesamos una situación crítica que afecta a docentes, no docentes y sobre todo a los más vulnerables: nuestros estudiantes. Cuando se afecta la calidad educativa por falta de recursos, también se está perjudicando el desarrollo del país y la calidad de vida de toda nuestra sociedad”, había señalado.

 

 

 

 

Ver esta publicación en Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una publicación compartida de Universidad Nacional del Sur | Bahía Blanca (@unsbahiablanca)

En Capital Federal la movilización comenzará a las 14 desde Plaza Houssay, en Córdoba y Junín, rumbo a Plaza de Mayo. En paralelo, la CGT concentrará desde las 15 en Diagonal Sur y Bolívar; las dos CTA lo harán desde Diagonal Norte y San Martín; mientras que el PJ nacional y el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que lidera Axel Kicillof, convocaron para las 15.30 en Diagonal Sur y Perú.

Dos fallos judiciales contra el Gobierno

La nueva marcha universitaria llega en un clima de confrontación cada vez más abierto entre el oficialismo y el sistema universitario. El conflicto ya pasó por el Congreso, atravesó el veto presidencial, sumó fallos judiciales adversos para el Ejecutivo y terminó escalando hasta la Corte Suprema.

La ley de financiamiento universitario fue aprobada por el Congreso en 2025 y el veto de Javier Milei terminó siendo rechazado por los dos tercios de ambas cámaras. Sin embargo, el Gobierno suspendió su ejecución bajo el argumento de que la norma afecta el equilibrio fiscal.

La Justicia ya falló dos veces a favor de las universidades y ordenó aplicar la ley, aunque el Ejecutivo decidió apelar y llevar el caso a la Corte Suprema.

“No hay alternativa a una marcha: reclamás, dialogás, vas al Congreso, conseguís que se vote una ley, el Gobierno la veta; conseguís una mayoría muy difícil para rechazar el veto; conseguís dos fallos judiciales y el Gobierno sigue sin cumplir la ley. La única alternativa que queda es que la gente se movilice en todo el país”, dijo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El conflicto impacta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema universitario. Según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) UBA-Conicet, el gasto nacional destinado a educación superior cayó un 28,9% real entre 2023 y 2025 y este año podría terminar en el nivel más bajo de inversión universitaria de las últimas dos décadas.

La disputa también atraviesa los salarios. De acuerdo con el mismo informe, los docentes universitarios perdieron el 33,7% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

Gremios y sectores políticos se suman a la movilización

En Capital Federal, la marcha de este martes volverá a reunir a sectores sindicales, estudiantiles y políticos alrededor del reclamo universitario. La CGT llamó a movilizarse con el lema “Defendemos la educación, la ciencia y el futuro del país” y advirtió sobre “un proceso de desfinanciamiento que pone en riesgo capacidades estratégicas del Estado”.

“El Gobierno quiere destruir la universidad pública y tenemos que evitarlo”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional y referente del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que también confirmó su participación junto a gremios combativos, como la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu y Conadu Histórica.

Desde el PJ nacional plantearon que “el peronismo siempre tuvo a la educación como pilar central” y convocaron “a todos los sectores a acompañar a la comunidad educativa”.

Desde la izquierda, la diputada Myriam Bregman llamó a movilizarse: “Como abogada me resulta más que evidente que el Gobierno tiene que cumplir con la ley de financiamiento votada y que sigue chicaneando con recursos para dilatar todo. A marchar, a ser miles, es la única forma de ganar esta pelea”.

La protesta se realizará además pocos días después de que el Ministerio de Capital Humano intimara a los rectores universitarios para que presenten planes de contingencia frente a los paros docentes y no docentes. La cartera que conduce Sandra Pettovello pidió precisiones sobre cómo garantizarán el dictado de clases y el acceso de los estudiantes “en un contexto de suspensión total de actividades académicas” en algunas universidades. (La Nueva., con información de TN)

De Vido está condenado como partícipe necesario a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once.

Los camaristas tomaron la decisión basándose en el reciente infarto que sufrió el exfuncionario el 1 de abril, que derivó en una angioplastia con colocación de stent. También en los informes médicos del Cuerpo Médico Forense que advirtieron que el exministro, de 76 años, presenta un “alto riesgo cardiovascular”, con patologías complejas como diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

Casación ponderó el informe médico que aseguró que “si no se cumplía total o parcialmente con las exigencias señaladas, el entorno carcelario se consideraría un lugar inadecuado para el alojamiento del mencionado, incrementando el riesgo de descompensaciones y de la aparición de trastornos irreparables para su salud".

Tras analizar la presentación, los camaristas concluyeron en que en la cárcel de Ezeiza no se puede asegurar los cuidados médicos que De Vido precisa en este momento. En ese marco, el TOF 4 ya ordenó su traslado de manera inmediata.

La Cámara también le encomendó al juez de ejecución que mantenga un control periódico sobre De Vido.

La tragedia de Once

De Vido fue condenado en 2018 por el TOF N°4, que determinó que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), encargada de operar la línea Sarmiento. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado directamente a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, los magistrados lo consideraron responsable del manejo irregular de los recursos.

Según el fallo, el Ministerio de Planificación omitió controlar el destino del dinero pese a los reiterados informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario.

La condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, y en 2024 la Corte Suprema confirmó la responsabilidad penal del exfuncionario, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente quedó fijada en cuatro años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el rechazo de los últimos planteos de las partes, el máximo tribunal cerró definitivamente la causa, y desestimó el intento de la defensa de declarar la prescripción del expediente.

La Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, provocó la muerte de 51 personas y dejó más de 700 heridos, tras el choque de una formación del tren Sarmiento que no logró frenar al llegar a la estación terminal. (con información de TN)