Con un perfil outsider y su intención de sumar voluntades transversalmente desde variados espacios políticos, sindicales y sociales, Gebel sigue adelante trabajando en la conformación de sus equipos para elaborar un plan de gobierno.

En los últimos días, mantuvo un encuentro con referentes de la CGT como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Juan Pablo Brey, entre otros.

También tuvo una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien el mes pasado había enviado a un funcionario suyo al encuentro federal que Consolidación Argentina que se realizó en Lanús para alentar la posible candidatura del pastor.

Además, Gebel grabó una entrevista con el periodista Luis Novaresio que se emitirá en las próximas horas en el canal de noticias A24.

“Dante está a full, con muchas ganas, va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”, dijeron fuentes de su entorno.

Su candidatura coquetea con el peronismo, espacio con el que buscará converger en una “gran coalición” cuando llegue el momento, indicaron las misma fuentes. (NA)

Así, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) obtuvo la peor merma desde el último mes del 2023, cuando el índice consignó la misma caída del 2,6%.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025, quedando por detrás de septiembre del 2024 (-2,4%).

Con respecto al componente tendencia-ciclo, el mismo tuvo una variación positiva de 0,1%.

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una variación negativa de 2,6% m/m en la serie desestacionalizada y de 2,1% interanual.

✅ Más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose…

— totocaputo (@LuisCaputoAR) April 22, 2026

La disparidad entre los sectores sigue siendo un factor clave que explica la caída en el índice: mientras que el agro, la minería e intermediación financiera siguen con alzas por encima del EMAE, los rubros de la industria y el comercio no logran repuntar.

Ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero, entre los que destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). A contramano quedaron la Industria manufacturera (-8,7%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7%).

En ese sentido, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que, a pesar de la caída en febrero, la tendencia es “subyacente” y argumentó que el 2026 contó con dos días hábiles menos que el 2025, además de haberse registrado un paro general.

El EMAE de cada sector en febrero de 2026

• Pesca: 14,8%.
• Explotación de minas y canteras: 9,9%.
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.
• Intermediación financiera: 6%.
• Hoteles y restaurantes: 1%.
• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.
• Servicios sociales y de salud: 0,9%.
• Enseñanza: 0,1%.
• Transporte y comunicaciones: -0,3%.
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.
• Construcción: -0,6%.
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.
• Impuestos netos de subsidios: -4,2%.
• Electricidad, gas y agua: -6%.
• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.
• Industria manufacturera: -8,7%. (NA)

Así, el magistrado desestimó el intento del exmandatario de invalidar gran parte de la investigación. Al contrario, Rafecas convalidó lo actuado en el expediente y dejó allanado el camino para que un tribunal oral analice las acusaciones en su contra.

La causa ya había sido impulsada por el fiscal Ramiro González, quien consideró cerrada la etapa de instrucción y solicitó el envío a juicio para que Fernández responda por delitos de lesiones, además de amenazas coactivas, en un contexto de violencia de género.

La estrategia de la defensa se centró en cuestionar la actuación del juez Julián Ercolini, quien llevó adelante buena parte de la investigación antes de ser apartado del caso. En ese sentido, se pidió la nulidad de las actuaciones, bajo el argumento de que existía una supuesta parcialidad del magistrado y que las pruebas obtenidas debían considerarse inválidas, invocando el principio del “fruto del árbol envenenado”.

También se solicitó dejar sin efecto el procesamiento dictado en 2025, el embargo económico y otras medidas derivadas, al considerar que estaban contaminadas por decisiones previas que, según la defensa, eran nulas.

Rafecas rechazó todos los argumentos del expresidente. En su fallo, sostuvo que el apartamiento de Ercolini no implicó irregularidades en la investigación ni justificaba retrotraer el expediente a etapas anteriores.

“El apartamiento (…) se produjo exclusivamente a los efectos de disipar temores de parcialidad”, explicó el juez, quien además advirtió que anular lo actuado generaría “un desgaste jurisdiccional innecesario” y atentaría contra la celeridad del proceso. Además, recordó que instancias superiores ya habían respaldado la validez de las medidas adoptadas durante la investigación.

Por su parte, el fiscal González también había rechazado el planteo al señalar que la nulidad “debe ser un remedio extremo” y solo procede cuando existe un perjuicio concreto, no por cuestiones meramente formales. Además, remarcó que, por tratarse de un caso de violencia de género, no corresponde retroceder en el proceso, criterio que fue tenido en cuenta por el juez.

Las acusaciones

Según la investigación, Fernández habría ejercido durante años distintos tipos de violencia contra Yañez, en un vínculo marcado por una fuerte asimetría de poder. El expediente sostiene que existió un patrón sostenido de violencia psicológica —incluyendo hostigamiento, control, insultos y destrato— junto con episodios de violencia física.

La acusación abarca un período amplio, que se extiende desde al menos 2016 hasta 2024, incluyendo tanto etapas previas a su llegada a la Presidencia como durante su gestión y después de dejar el cargo.

La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento y consideró que existieron múltiples hechos que, en conjunto, configuraron un cuadro de violencia continuada que habría provocado daños en la salud de la denunciante.

Con el rechazo del planteo de nulidad, el expediente quedó en condiciones de avanzar hacia la etapa de juicio oral, donde se definirán las responsabilidades penales del expresidente. De acuerdo con la calificación legal vigente, los delitos imputados contemplan penas que van de 3 a 18 años de prisión. (TN)

Según precisaron delegados gremiales, mientras dure la medida de fuerza no se publicarán datos en ninguno de los canales habituales, incluidas las plataformas digitales, lo que implica una interrupción total de la información meteorológica oficial en todo el país.

La ausencia de estos reportes impacta de manera directa en la operación aérea. Los pronósticos forman parte de los insumos básicos para la planificación de vuelos, desde la evaluación de condiciones en pista hasta la definición de rutas. Sin esa referencia, la actividad puede registrar demoras, reprogramaciones y hasta cancelaciones, en especial en las primeras horas del día.

La medida de fuerza busca visibilizar el rol que cumplen los trabajadores en la generación de información meteorológica. Desde el gremio señalaron que los datos que producen son el punto de partida para la elaboración de pronósticos y sistemas de alerta, y que su interrupción expone la dependencia de múltiples actividades respecto de ese flujo constante.

Trabajadoras del SMN advirtieron que la falta de datos compromete la calidad del servicio. Explicaron que los pronósticos y alertas requieren de una base continua de observación y procesamiento, y que cualquier interrupción incide en su precisión y confiabilidad.

Ese impacto no se limita al transporte aéreo. La información climática incide también en la planificación de tareas productivas, la navegación y la prevención de riesgos. La interrupción, incluso por algunas horas, introduce un margen de incertidumbre en decisiones que dependen de condiciones meteorológicas actualizadas.

El conflicto se enmarca en un proceso de reducción de contratos que, según los trabajadores, puede afectar la capacidad operativa del organismo en el corto plazo. Sostienen que la disminución de personal no solo altera la dinámica interna, sino que también repercute en la continuidad de las mediciones necesarias para sostener el sistema.

En ese contexto, anticiparon que el apagón informativo podría no ser un hecho aislado y que podría derivar en un paro de 24 o incluso varias jornadas.

También remarcaron que se trata de una medida inusual en la historia del organismo. La decisión de interrumpir la difusión de datos refleja la magnitud del conflicto y coloca en primer plano el funcionamiento de un servicio que suele operar de manera continua y sin interrupciones visibles. (TN)

El texto elimina las PASO, endurece los requisitos para crear y mantener partidos, incorpora Ficha Limpia al régimen electoral nacional, prohíbe la contratación de asesores extranjeros, modifica el esquema de la Boleta Única de Papel y cambia de forma transitoria el mecanismo de designación de los parlamentarios del Mercosur.

La iniciativa avanza además sobre la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, uno de los puntos que en la previa aparecía como novedad. El proyecto exige para los partidos de distrito afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón, con tope de dos millones de electores, y para los partidos nacionales eleva a diez los distritos con personería vigente, junto con un piso de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional. También fija causales más estrictas de caducidad, como no alcanzar al menos el 3% del padrón en una de dos elecciones nacionales sucesivas.

En el capítulo electoral, el texto deroga formalmente el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Cada partido podrá definir sus candidatos con mecanismos internos propios.

A eso le agrega un sistema de avales ciudadanos para oficializar listas: cada partido deberá reunir respaldos equivalentes al piso de afiliados exigido para obtener la personería, y esos avales deberán canalizarse a través de una plataforma digital instrumentada por la Cámara Nacional Electoral con mecanismos de autenticación de identidad.

La Boleta Única de Papel incorpora una de las modificaciones que la Casa Rosada venía evaluando: un casillero para votar con una sola marca todas las categorías incluidas en la columna de una agrupación.

El proyecto también ordena el esquema de adhesiones entre listas nacionales y distritales, fija audiencias para aprobar diseño, fotos, símbolos y colores, y mantiene la posibilidad de que las provincias adhieran al régimen de simultaneidad con la elección nacional.

Con respecto a Ficha Limpia, de acuerdo a la iniciativa no podrán ser candidatos las personas condenadas por delitos dolosos con sentencia confirmada en segunda instancia. Además se crea un Registro Público de Ficha Limpia en la Cámara Nacional Electoral.

En materia de financiamiento, la letra final también confirma cambios más profundos que los que habían trascendido inicialmente. El proyecto mantiene el aporte estatal al funcionamiento de los partidos y prevé que esos recursos puedan destinarse, entre otros fines, a campañas electorales, pero endurece prohibiciones para aportantes, fija topes del 35% por persona para aportes institucionales y de campaña, obliga a informar semanalmente los aportes privados y refuerza el control sobre cuentas bancarias y publicidad.

También crea un registro de cuentas oficiales en redes sociales y exige acompañar en las rendiciones el material audiovisual difundido en plataformas digitales.

El texto finalmente incorporó la prohibición para que las agrupaciones políticas contraten servicios de personas extranjeras. Además, prohíbe que los sujetos impedidos de aportar financien publicidad de contenido político o electoral, y faculta a la Justicia Electoral a ordenar la baja de publicaciones o gastos contratados en 24 horas. Ese punto confirma lo que el oficialismo venía estudiando sobre asesores extranjeros y publicidad paga desde el exterior.

El proyecto también modifica la elección de los parlamentarios del Mercosur. Hasta que el Consejo del Mercado Común establezca el “Día del Mercosur Ciudadano”, los representantes argentinos dejarán de ser elegidos por voto directo y pasarán a ser designados entre los legisladores del Congreso, con cobertura de vacantes a cargo de la Cámara de Diputados según la proporción política de ese cuerpo.

El texto establece además que no cobrarán otra remuneración que la correspondiente a su banca nacional y que solo percibirán viáticos vinculados a la actividad del Parlasur. (TN)

El envío del proyecto al Congreso reactivó discusiones que el peronismo venía dando puertas adentro. Dirigentes de distintos sectores coinciden en que las PASO son una herramienta útil para evitar definiciones cerradas y ampliar la participación.

La posición común no implica un respaldo automático al esquema vigente. En varios espacios admiten que puede haber margen para discutir cambios o incluso una suspensión, pero marcan una diferencia con la eliminación total del sistema.

El debate se inscribe en una tensión más amplia sobre las reglas de competencia electoral y el modo en que los partidos organizan sus liderazgos de cara a los próximos comicios.

Un instrumento en discusión

Las PASO fueron incorporadas al sistema electoral en diciembre de 2009, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner, con el objetivo de ordenar la oferta partidaria y fortalecer la vida interna de los espacios políticos. Desde entonces, su aplicación generó debates recurrentes tanto por su funcionamiento como por su impacto en la ciudadanía que debe ir con frecuencia a votar, sumado al costo económico.

Esos son los argumentos del oficialismo, que confirmó que enviará el proyecto de reforma política. “Enviamos la reforma electoral al Congreso. Eliminamos las PASO; basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. Cambiamos el financiamiento; se termina la política viviendo de tu bolsillo”, escribió el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Aunque el peronismo fue uno de los impulsores de las PASO, durante años evitó utilizarlas para definir candidaturas presidenciales. Las decisiones se concentraron en acuerdos políticos previos y listas únicas definidas por el kirchnerismo. Esa dinámica recién se modificó en 2023, cuando Grabois negó a bajarse y compitió contra Massa en una primaria que terminó con una victoria amplia del entonces ministro de Economía.

Pero otras fuerzas políticas recurrieron con mayor frecuencia a ese mecanismo. La UCR, el PRO y la Coalición Cívica las utilizaron en 2015, 2019 y 2023 para resolver sus internas dentro de Juntos por el Cambio, consolidando una práctica que ahora vuelve a ser parte del debate.

Sectores clave del peronismo rechazan la eliminación de las primarias. Entre ellos se encuentran el kirchnerismo, el Frente Renovador y el peronismo federal que representa Miguel Ángel Pichetto, que coinciden en la necesidad de mantener esa instancia para ordenar la competencia, pero que además no están de acuerdo con otros puntos de la reforma que enviará el Gobierno libertario.

Rechazos a la eliminación y matices internos

En el massismo podrían discutir una suspensión de las PASO, pero no están de acuerdo en eliminarlas. El rechazo a terminar con las primarias lo confirmó Sebastián Galmarini, de estrecha confianza del tigrense: “Las reformas electorales no te benefician. Los que cambian, y ahora no te eligen, son los argentinos. ¿Ahora querés eliminar las PASO para dividir a la oposición? Pero además, no decís cómo se van a seleccionar los candidatos de los partidos. ¿Es tu dedo?“, escribió en X, en un mensaje dirigido a Milei.

En el espacio que lidera Pichetto también se plantea la utilidad de las primarias como herramienta para construir una alternativa amplia. El dirigente viene impulsando una serie de encuentros con referentes de distintos sectores con la idea de conformar un frente electoral, y en ese marco sostuvo la necesidad de preservar ese mecanismo.

El tema fue parte de las conversaciones que mantuvo en un encuentro reciente con Guillermo Moreno y Gustavo Menéndez. En la reunión hubo coincidencias en torno a la importancia de “preservar las primarias” como instancia de competencia interna.

En esa misma línea, Guillermo Michel planteó en un acto en Comodoro Rivadavia la necesidad de que las candidaturas surjan de un mecanismo de competencia. “El proceso que tenemos que dar es donde nadie sea designado candidato a dedo, donde haya una discusión interna, donde el que llegue a la presidencia esté legitimado por el voto de la gente”, afirmó.

En el peronismo esperan conocer el detalle del proyecto para fijar una posición definitiva, pero la mayoría de los sectores va anticipando el rechazo. Saben que, si no hay candidato de consenso, necesariamente deberán ir a una interna para evitar una ruptura. (con información de TN)

Thiel es conocido por ser cofundador de PayPal, una de las primeras grandes plataformas de pagos digitales, junto a figuras como Elon Musk. Luego se convirtió en el primer gran inversor externo de Facebook, lo que consolidó su fortuna y su influencia en la industria tecnológica.

Además, participó en inversiones clave en empresas como Uber, Airbnb, Spotify y SpaceX, lo que lo posicionó como uno de los principales capitalistas de riesgo del mundo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Otro de sus proyectos más importantes es Palantir, una compañía de análisis de datos que trabaja con gobiernos y organismos de seguridad, incluyendo agencias como la CIA y fuerzas militares.

Este perfil lo ubica en un lugar clave entre la tecnología, la inteligencia y la política global, ya que sus herramientas son utilizadas para el procesamiento de grandes volúmenes de información estratégica.

Thiel no solo es empresario: también tiene un fuerte posicionamiento político. Es conocido por sus ideas libertarias y por haber apoyado a figuras como Donald Trump en Estados Unidos.

Su pensamiento combina defensa del libre mercado, crítica a las instituciones tradicionales y una visión donde la tecnología cumple un rol central en el futuro de las sociedades.

La presencia de Thiel en Argentina no es casual. Según trascendió, analiza oportunidades de inversión en tecnología y observa de cerca el rumbo económico del país bajo el gobierno de Milei.

Además, su cercanía ideológica con el presidente argentino y su interés en economías con potencial de crecimiento lo convierten en un actor relevante en el vínculo entre Argentina y el ecosistema global de innovación.

Con una fortuna cercana a los USD 30.000 millones, Thiel es considerado una de las figuras más poderosas —y debatidas— de Silicon Valley.

Su combinación de negocios, política e ideas lo ubica en un lugar único: no solo invierte en el futuro, sino que también busca influir en cómo ese futuro se construye. (NA)

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal tendría identificadas maniobras de por lo menos cuatro empresarios, que habrían pagado coimas de entre el 10% y el 15% para obtener permisos para importar accediendo a un dólar oficial mucho más barato, con el objetivo de aumentar ficticiamente las ganancias de cada importación.

Las mismas fuentes señalaron que, en el marco de esta causa, que está a cargo del juez Ariel Lijo y tiene secreto de sumario hasta mañana jueves, se habría logrado hasta ahora imputar a varios operadores financieros y a cinco funcionarios del Banco Central, que supervisaban las operaciones del SIRA, un sistema dejado sin efecto por el actual Gobierno en diciembre de 2023.

El SIRA eran un mecanismo electrónico de control y autorización de importaciones implementado en octubre de 2022 para gestionar la escasez de dólares, y en la práctica funcionaba como barrera para registrar flujos comerciales y aprobar el acceso al mercado de cambios que controlaba el Banco Central.

Entre otras medidas, Picardi pidió “informes urgentes” a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central, y pidió que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas físicas y jurídicas.

Además, ordenó la realización de unos 30 allanamientos a los que les sumó testimonios y teléfonos aportados por los imputados, como los funcionarios del BCRA Fabián Violante, Diego Volcic, María Valeria Fernández, Analía Jaime y Romina García, y dueños de casas de cambio como Elías Piccirillo, Francisco Hauque, Gonzalo Caló y Martín Migueles.

El fiscal habría detectado que los empresarios involucrados habrían aceptado pagar porcentajes de entre 10 y 15 por ciento y los montos de las operaciones superarían 3,5 millones de dólares, para acceder a operaciones a valor del dólar oficial de aquella época, que tenía una brecha de hasta un 100 por ciento de diferencia con el que se obtenía en el circuito informal. (con información de NA)

“Como hemos reiterado, la réplica, la crítica o la aclaración son parte del debate democrático, mientras el insulto y el agravio lo intoxican y enrarecen el clima para la labor periodística”, planteó la organización en un comunicado.

ADEPA recordó que “en los últimos días, se han registrado agresiones contra los periodistas Carlos Pagni, Jorge Liotti, Joaquín Morales Solá, Ignacio Girón y Manu Jove, así como contra distintos medios de comunicación”.

“ADEPA recuerda que el debate público sobre la labor periodística es legítimo y bienvenido. Sin embargo, el insulto y la estigmatización personal, máxime cuando provienen de altas autoridades, pueden generar intimidación y hostilidad hacia el ejercicio del periodismo. Y esto afectar el acceso a la información de la ciudadanía”, finalizó el comunicado. (NA)

La nueva conducción surge de una lista de unidad que logró integrar a los distintos sectores del peronismo bonaerense, en un intento por ordenar la interna partidaria y consolidar una estructura común frente al escenario político actual. Esta síntesis refleja acuerdos previos entre los principales referentes del espacio.

Kicillof asumirá así el liderazgo del principal partido de la provincia más grande del país, en un contexto donde el peronismo busca reorganizarse tras las últimas derrotas electorales y redefinir su estrategia de cara al futuro. La conducción partidaria será clave para articular el armado político en el territorio bonaerense.

La nueva etapa del PJ bonaerense se inicia en medio de tensiones internas que, si bien fueron contenidas en una lista de consenso, siguen latentes dentro del espacio. En ese marco, la llegada de Kicillof a la presidencia partidaria aparece como un intento de consolidar liderazgo y proyectar al peronismo hacia los próximos desafíos electorales. (con información de NA)

Feijoo es amigo de Adorni y está señalado como el hombre que organizó la compraventa del departamento de Caballito sobre la calle Miró, declaró ante el fiscal.

En la previa a la declaración de este miércoles, se le había solicitado que se presentara con su teléfono celular y con toda la documentación que respalde los gastos vinculados al inmueble.

El testigo declaró durante una hora, contestó las preguntas del fiscal Gerardo Pollicita y comenzó aclarando que conocía a Adorni porque los hijos de ambos van al mismo colegio.

Una de las preguntas más complejas que hizo el funcionario judicial fue por qué la transferencia se hizo en US$230.000 si la dueña de la Inmobiliaria Rucci, que intervino en la operación de venta entre el futbolista Hugo Morales y las jubiladas, dijo que se podía vender hasta en US$345.000.

Feijoo respondió que él acordó un valor de compra con Morales de US$200.000, pero que el inmueble tenía muchos problemas a resolver y que debió hacer refacciones que tuvieron un costo total de US$65.000.

El testigo aclaró que el monto final del departamento fue de US$295.000: US$30.000 que el jefe de Gabinete entregó en mano, US$200.000 que fueron hipotecados y los US$65.000 que fue una deuda “acordada de palabra” y que no está documentada. Al mismo tiempo, aclaró que este último monto no tiene un plazo de pago.

Por otro lado, el hombre aseguró que su madre y Sbabo se dedicaban a comprar departamentos, remodelarlos y venderlos, y aclaró que -por eso- en pocos meses tuvieron ganancias.

Feijoo es hijo de una de las jubiladas que vendieron la propiedad, Beatriz Viegas. Junto a Claudia Sbabo, participaron de la operación no solo como propietarias, sino también como acreedoras de una hipoteca por 200 mil dólares, sin interés y con un plazo de devolución de un año. En caso de incumplimiento, el acuerdo prevé la restitución del inmueble.

Las otras propiedades bajo la lupa

Otro de los inmuebles analizados es una casa en el country Indio Cua, registrada a nombre de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti. Allí se realizaron mejoras a cargo del contratista Matías Tabar, de la firma Grupo AA.

Por ese motivo, Tabar fue citado a declarar el viernes 24 de abril a las 9 en Comodoro Py, para precisar el costo de las refacciones en la vivienda ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal también convocó a Juan Ernesto Cosentino, exdueño de la casa del country, que deberá presentarse en Tribunales el 27 de abril.

Las nuevas citaciones se suman a una serie de medidas impulsadas por la fiscalía para reconstruir la trazabilidad de las operaciones inmobiliarias y el movimiento patrimonial del funcionario.

Qué pasó con el departamento de Caballito

Entre los primeros citados estuvieron Natalia Rucci y su esposo, Marcelo Trimarchi, por su intervención en la venta del departamento de la calle Miró, cuando era propiedad del exfutbolista Hugo Morales. Su declaración se extendió durante horas.

Durante el testimonio, el fiscal le preguntó a Rucci a qué valor hubiese publicado el inmueble, de acuerdo a su experiencia como corredora. Según indicó, el precio debería haber sido de 345 mil dólares.

Además, se supo que en un principio se había ofertado a 375 mil dólares, que después bajó a 275 mil y finalmente se vendió a 230 mil dólares. (con información de Infobae)

El informe muestra que el 53,6% de los chicos entre 0 y 17 años no cubre sus necesidades mínimas de alimentación y ambiente social. Este valor muestra un marcado descenso en los últimos dos años, impactado por una mejora en los ingresos de las prestaciones sociales.

Al inicio del gobierno de Milei la pobreza afectaba al 62,9% de los niños y adolescentes. Ese porcentaje se redujo a 59,7% en 2024 y a 53,6% el año pasado.

La serie que presenta la UCA muestra que la mejor situación se observó en 2011 cuando la pobreza de este conjunto se redujo a 35,7%.

Los primeros saltos se dieron en 2018 (51,7%) y desde 2020 el porcentaje de chicos pobres se mantuvo por encima de 60%. La baja de la inflación y la política de ingresos sociales del gobierno de Milei modificaron la tendencia.

La UCA presentó este miércoles los resultados del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia correspondientes al periodo 2010-2025. El trabajo señaló que la cantidad de hogares que tienen niños y adolescentes entre sus miembros decrece de manera sistemática.

En 1991: el 56% de los hogares tenía miembros menores de 18 años mientras que en 2022 ese valor se redujo al 44%. Para 2025, se proyectó que todas las jurisdicciones del país estarán por debajo del nivel de reemplazo de 2,1 hijos por mujer.

El informe añade que el 42% del conjunto de chicos pobres vive en condiciones de insuficientes de saneamiento de vivienda, donde se incluye por ejemplo tratamientos de residuos y cloacas.

Otro dato relevante es que el 61,2% no tiene cobertura médica a través de obra social, mutual o prepaga.

La situación se agrava cuando se observa que el 82% no realiza actividades culturales extra escolares. A su vez, el 18% presentó síntomas de tristeza o ansiedad, según sus adultos de referencia.

La incidencia es mayor en la adolescencia (21,2%) y, dentro de este grupo, las mujeres adolescentes superan en riesgo a los varones (24,7% frente a 18%).

Las desigualdades sociales son marcadas: el estrato muy bajo (20,7%) registra el doble de probabilidades de experimentar malestar emocional que uno del estrato medio alto (10,6%). Además, la tristeza o ansiedad aumenta en un 46% la probabilidad de no aprender mucho en la escuela.

En lo que respecta a la formación, apenas la mitad tiene una computadora en la casa y solo el 16% tiene acceso a internet.

Por otra parte, sólo el 6,3% de los chicos escolarizados recibe algún tipo de ayuda económica para estudiar. (N/A)

La resolución fue dictada por el juez a cargo del caso, Marcelo Gelcich, perteneciente al Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de la ciudad santafesina de Rafaela.

La cooperativa arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones y había solicitado la quiebra al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encontraba en concurso preventivo desde febrero de 2025, al que ingresó pensándolo como "una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Finalmente el dictamen judicial de este miércoles consignó el fracaso de dicho proceso al señalar que se da lugar a una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”.

El concurso no cambió la situación crítica de la empresa con el paso de los meses sino que la profundizó, lo que se evidencia en que el pasivo postconcursal crecía a una tasa aproximadamente de $3.000 millones por mes, según expuso el expediente.

Al respecto, el escrito judicial detalló en cifras aproximadas que al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba $12.788 millones en salarios adeudados entre mayo de 2025 y enero pasado, $6.349 millones de deuda impositiva y previsional, $3.380 de aportes a obras sociales y sindicatos adeudados, y $13.313 millones de deudas comerciales. A eso se suma el pasivo del concurso con deudas por más de US$86 millones.

Ante este escenario, el juez dictó la quiebra al considerar que "la empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión”.

Más allá de la medida dictaminada, el magistrado dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria mientras avanza el proceso judicial, al señalar que un cese total de la actividad “causaría un perjuicio a los 914 trabajadores en relación de dependencia, a los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, a proveedores y a los acreedores en general”.

Hacia adelante, el fallo determinó que “los bienes de SanCor son incautados por los síndicos y deben ser conservados en el mejor estado posible, para el momento próximo de su venta”. En ese sentido, anticipó que “se convocará a interesados para comprar las plantas industriales (en conjunto o por separado), a través de una licitación”.

Al mismo tiempo, estipuló que durante el descrito proceso de transición hacia la comercialización de la compañía, “los administradores del Consejo de SanCor (presidente Oscar Sapino y otros) deben colaborar con los síndicos”. (NA)

La declaración de Feijoo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita para desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria. El testigo —cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora— podría aportar detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230 mil dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

El vínculo personal entre las partes también está bajo la lupa. Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con el funcionario público debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la "confianza" que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

Además de Feijoo, la jornada incluye el testimonio del encargado del edificio de Caballito para constatar el estado del departamento al momento de la transacción.

En paralelo, la Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas. El fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa. (NA)

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) refleja la evolución mensual de la actividad económica del conjunto de los sectores productivos a nivel nacional. A su vez, permite anticipar las tasas de variación del Producto Interno Bruto (PIB) trimestral.

El último dato arrojó una leve alza del 0,4 % mensual y 1,9 % interanual en enero. Así, la actividad económica consiguió una segunda mejora consecutiva en su indicador, e inició el año mejor de lo que las proyecciones anunciaban.

Sin embargo, la disparidad entre los sectores sigue siendo marcada: el agro, la energía e intermediación financiera mantienen las alzas. A contramano se ubican la industria y el consumo. (NA)

“Desgraciadamente eso está pasando en nuestra Argentina de hoy. Y tenemos que aprender, los que de alguna manera somos clase dirigente y tenemos una responsabilidad institucional con nuestro pueblo, que el otro no es nuestro enemigo”, remarcó.

“Cuando venía para acá, vi un video en el que solo nos saludamos entre amigos, con los que son del mismo partido. Así no salimos más, hermano. Hay que saludar al distinto. Nos tenemos que dar la paz con el otro”, enfatizó García Cuerva.

También opinó sobre la guerra en Medio Oriente. “Nos queda lejos, pero nos tiene que doler en el corazón tantos muertos”, señaló. “La vida vale por lo que es. Es urgente la paz”, aclaró.

“La guerra comienza en el propio corazón. Construyamos la vocación por la paz”, indicó García Cuerva. “No intentemos reconstruir el pasado, nos esperan cosas nuevas. En tiempos difíciles, tenemos que seguir soñando en grande. Tenemos que construir entre todos un mundo mejor”, afirmó.

“Basta de palabras y a los hechos. Es nuestro tiempo. Seremos responsables de que el homenaje no quede solo en emociones, sino en acciones. Tenemos una sociedad que necesita mucho de las enseñanzas del Papa Francisco”, finalizó el Arzobispo.

Este martes hubo numerosas muestras de afecto a Francisco en el país, con varias misas, una de ellas en la que participó Manuel Adorni, junto a otros funcionarios del gobierno de Javier Milei. El dato de la jornada fue que Villarruel no quiso compartir ese momento pese a que había confirmado presencia y fue sola a una ceremonia en Almagro en la basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco.

Al salir de la iglesia hizo unas declaraciones a la prensa: “Me pareció que la misa en la basílica de Luján se había politizado. Cuando la política se mete en el recuerdo de personas importantes como es el papa, prefiero estar entre la gente”.

En la misma línea, agregó: “Hoy es solo el día del papa Francisco. Quiero recordar y reconocer a esta figura tan importante para los argentinos. Me pareció que en la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política. Soy coherente con mis creencias y quiero estar entre mis compatriotas”.

Villarruel tenía un lugar asignado en primera fila que la Conferencia Episcopal Argentina había reservado para los miembros del gobierno nacional en Luján. Su espacio fue ocupado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. (TN)

“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa.

Al respecto, Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.

"De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un flujo, a una transferencia desde Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema. Hoy tuvimos la segunda audiencia, y la verdad que lo que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, detalló.

Remarcó que del lado del Ejecutivo nacional participaron de la audiencia el Ministerio de Economía y ANSES, “que se comprometieron es traernos una propuesta concreta”. “Dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias”, señaló.

“Después veremos si otras deudas que estamos reclamando tienen también sus correspondientes audiencias, pero esto es por la cuestión de la caja, que son 2,3 billones de esos 15, así que es uno de los montos particulares más significativos”, continuó.

Kicillof asistió a los tribunales junto a su ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Por otro lado, Kicillof dijo que la Provincia presentó una carta el lunes, a través del ministro Andrés Larroque, porque desde la Nación “usualmente transferían más de un 30% del total de lo que son los comedores escolares en la provincia de Buenos Aires, pero cambió el gobierno y están transfiriendo una suma que no llega al 15%”.

La provincia de Buenos Aires sigue otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017 (y convenio 2023). (N/A)

En la noche del martes, el Gobierno abrió las ofertas económicas de las constructoras para la privatización de las rutas nacionales 3, 5, 205, 226 y las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, que prevé el mantenimiento de un total de 1.871 kilómetros en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En el marco de la licitación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($997 más IVA) para los 1.325 kilómetros de rutas, entre los que se incluyen las rutas 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.

En el caso de transitar los 615,52 kilómetros de ruta que van desde el fin de la autopista Ezeiza-Cañuelas hasta el empalme RN 1V03, en el paraje El Triángulo, en nuestra ciudad, los automovilistas y transportistas se encontrarían con cinco puestos de peaje: Gorchs, a la altura del kilómetro 144; Azul, en el km 290; Chillar, en el km 380; Tres Arroyos, en el km 490, y Coronel Dorrego, en el km 591.

En este caso, teniendo en cuenta un IVA del 21%, el valor final por todo el recorrido sería de $6.031,85.

En tanto, en el tramo de 546 kilómetros sobre la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, la propuesta más económica fue de $2.355,37 más IVA, por parte de Construcciones Electromecánicas del Oeste.

A través de la web de Contrat.Ar también se está llevando a cabo la licitación de la Etapa II B y la Etapa III, que agrupan a más de 6.475 kilómetros de rutas nacionales. Las ofertas se presentarán el 11 y el 22 de mayo, respectivamente, y los ganadores serán los que cobren los peajes más baratos y se comprometan a hacer una inversión inicial en mantenimiento.

La red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales ya estaban concesionados 10.000 y se están privatizando otros 9.000. Para el resto, el Gobierno acaba de autorizar a nueve gobernadores aliados para que cobren peajes en esos caminos y los hagan viables, luego de dos años de no ejecutar obra pública (La Nueva., con información de Clarín).

La iniciativa elimina la dualidad introducida por la norma vigente entre invalidez laboral y discapacidad, al considerar que esa superposición generó confusión y desdibujó el objetivo original de las pensiones. El nuevo esquema establece una única pensión por invalidez laboral, basada en la imposibilidad de trabajar y en condiciones de vulnerabilidad económica verificables.

El proyecto también incorpora un sistema de control continuo que reemplaza los mecanismos débiles previos. Entre las herramientas previstas se incluyen auditorías periódicas a prestadores, cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS, reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la posibilidad de suspensiones preventivas sujetas a revisión.

En materia de financiamiento, la propuesta define partidas presupuestarias específicas y establece que los recursos provendrán del Ministerio de Salud y, de ser necesario, del Tesoro Nacional, a diferencia de la Ley 27.793 que no explicitaba su impacto fiscal.

Otro cambio relevante refiere al nomenclador, que dejará de fijar aranceles para pasar a garantizar un piso mínimo prestacional basado en estándares de calidad, oportunidad y adecuación. Los valores serán determinados por financiadores y prestadores mediante acuerdos que contemplen costos, complejidad, región y calidad, mientras que en el caso del Estado nacional serán definidos trimestralmente por la SENADIS.

El proyecto también impulsa la federalización del sistema mediante la habilitación de gestión provincial, la firma de convenios y la asignación de financiamiento según competencias, reduciendo la centralización actual en la Nación.

Finalmente, la iniciativa establece un orden normativo permanente en reemplazo del carácter excepcional de la Ley 27.793, que fue concebida como una norma de emergencia. (con información de NA)

En cambio, la vicepresidenta asistió a una misa en Almagro en la basílica María Auxiliadora, donde se bautizó Francisco.

Al salir de la iglesia hizo unas declaraciones a la prensa: “Me pareció que la misa en la basílica de Luján se había politizado. Cuando la política se mete en el recuerdo de personas importantes como es el papa, prefiero estar entre la gente”.

Y agregó: “Hoy es solo el día del papa Francisco. Quiero recordar y reconocer a esta figura tan importante para los argentinos. Me pareció que en la ceremonia de Luján estaba lo peor de la casta política. Soy coherente con mis creencias y quiero estar entre mis compatriotas”.

Villarruel tenía un lugar asignado en primera fila que la Conferencia Episcopal Argentina había reservado para los miembros del gobierno nacional en Luján. Su espacio fue ocupado por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

Uno al lado del otro, allí fueron ubicados el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Abdala; y los ministros Diego Santilli (Interior), Carlos Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad).

Detrás, completaban la comitiva oficial Federico Sturzenegger (Desregulación); Mario Lugones (Salud); el secretario de Culto, Agustín Caulo, entre otros legisladores oficialistas. También formaron parte de la amplia convocatoria política gobernadores como Axel Kicillof y legisladores de otros espacios. (con información de TN)