Desde hoy, la representación diplomática de la Argentina en el país vecino quedará al mando de una encargada de negocios.

El Presidente retuiteó un duro mensaje de un congresista republicano, Carlos Gimenez, que tildó de "delincuente" y "puerco" al mandatario brasileño por sus cuestionamientos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mensaje de Gimenez que difundió Milei dice: "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brasil hacia nuestro Secretario de Estado Marco Rubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco". El mensaje contiene un video de Lula con sus duras críticas a Rubio.

Luego Milei retuiteó otro mensaje de Gimenez: "La hostilidad de Lula hacia Marco Rubio no sorprende. Frente a un liderazgo firme que defiende la libertad, la izquierda radical responde con ataques. Brasil merece más: libertad, democracia y un futuro lejos de la influencia castrocomunista".

Lula dijo durante un acto que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene "tiene a un ciudadano al que no le gusta Brasil, que no le gusta América Latina, y que es un bolsonarista: el secretario de Estado, Marco Rubio".

"Es un antilatinoamericano, o un latinoamericano frustrado. Es un descendiente de cubanos de Miami, entonces odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil, y hace las cosas de forma diferente a lo que nosotros conversamos con Trump". (con información de TN)

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”, había afirmado antes el presidente Javier Milei responsabilizando a las familias por endeudarse y caer en situación de morosidad con entidades crediticias. 

Desde la vereda de enfrente se aseguró que “la gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios básicos y para poder llegar a fin de mes”, según pareció contestarle el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco.

“La sociedad, en el mediano plazo, va a empezar a notar el beneficio de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional que apuntan al equilibrio fiscal de las provincias, al igual que la estabilidad inflacionaria”, sostienen libertarios buscando reconocimientos positivos que permitan modificar cambios en el humor del electorado. 

Al parecer, Milei fortalece su autoestima alineado fuertemente con la agenda internacional con la gestión presidencial estadounidense de Donald Trump.

Y en ese contexto, la PBA se sumó a los cuestionamientos contra el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, señalando que el único objetivo de la controvertida iniciativa de los libertarios es “favorecer a grandes negocios extranjeros”.

La afirmación parece ser uno de las pocos argumentos en común que tiene una oposición peronista desteñida, entre otras cosas, por la permanente pulseada que protagonizan Kicillof junto a intendentes y legisladores aliados contra La Cámpora y las afiladas espadas del cristinismo por cuestiones de liderazgo.

Claramente la coalición oficialista bonaerense no está encontrando la salida del oscuro laberinto por donde camina extraviado desde hace tiempo, frente a una coyuntura donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo asfixian la economía doméstica por las políticas del staff libertario.

Además, la crisis interna del PJ alimenta un escenario donde también se proyectan las principales figuras de una alianza opositora, aún en proceso de gestación entre libertarios y macristas, tras el impedimento que tiene el Gobernador de ir por un nuevo mandato en la Provincia.

La sucesión por el sillón gubernamental aparece en el horizonte como el eje central de la próxima pelea por el poder real mientras Kicillof procura consolidándose como el contrincante opositor con mejores perspectivas para frenar el plan reeleccionista de Milei, según puede advertirse desde el hall principal y la escalera de honor ubicada a metros del ingreso a calle 6.

Y allí justamente, la discusión en torno de la expresidenta Cristina Kirchner para que se le levante la inhibición que le impide ser candidata tras su condena judicial abre distintas interpretaciones y suspicacias.

La picardía en una de las principales virtudes de la política. No pocos sobre las diagonales recomiendan repasar el poema “Hagamos un trato” del uruguayo Mario Benedetti, como una declaración de apoyo mutuo ante la estrategia libertaria.

“A Milei le conviene que el tema CFK siga en agenda política. Y si llegase a ser candidata aún más, porque un escenario de polarización le asegura la reelección 2027”, señalan legisladores del movimiento “futurista” del kicillofismo.

Obviamente ningún alcalde ignora el capítulo por las reelecciones indefinidas, sino que algunos también apuntan a concretar una nueva patriada: una pronta definición sobre un potencial adelantamiento de las elecciones bonaerenses para evitar una campaña condicionada por la discusión nacional.

Ya en pleno arranque de agosto la oposición legislativa requiere certezas de parte de la Gobernación sobre el estado de las obras hidráulicas inconclusas, teniendo en cuenta la llegada del preocupante fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, que podría generar lluvias y eventuales inundaciones en el ámbito bonaerense.

Como parte de la agenda parlamentaria para el segundo semestre también se anota, entre otras problemáticas a debatir, el mal estado de numerosos caminos rurales que atraviesan varias ciudades del interior, según coincidían diputados mientras acordonan expedientes con proyectos en la denominada “Sala 30” de la Cámara baja.

Si bien la movida opositora se presenta desde una preocupación real por el posible impacto climático sobre esas vías terrestres, en muchos casos vitales para las poblaciones más alejadas, también es posible que la discusión pueda ser utilizada como caja de resonancia política para concretar alguna avanzada contra la gestión de Kicillof.

No hay que olvidarse que todos los temas se dan en un contexto preelectoral, en el que no sólo la oposición bonaerense comienza a desperezarse sino también los distintos sectores internos de Fuerza Patria soplan fuertes ráfagas de viento que golpean contra las puertas del espacio oficialista gubernamental.

Por cuerda separada, y mientras se preparan los distintos bloques para un debate que promete ser filoso, se supo que distintas instituciones ya trabajan sobre los caminos rurales, la logística, la gestión del agua y la energía limpia para fortalecer el denominado “Plan estratégico de infraestructura bonaerense”.

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), sostuvo que hay buenas condiciones climáticas allí. A su vez, del lado chileno también hay buen tiempo: se puede ver que está soleado el centro de ski Portillo, que se encuentra cerca de dicho cruce del lado de Chile.

El titular de Aprocam detalló que no lo dejaron avanzar en Puente del Inca y confirmó que el camino hacia el Túnel Internacional sigue cerrado. “No me dejan subir porque indudablemente no quieren que vean que el camino”, señaló, en referencia a Vialidad Nacional. Esta situación representa una pérdida de entre US$450 y US$600 diarios para los empresarios del sector por cada camión parado.

El último parte de la Unidad Ejecutora de Uspallata de Vialidad Nacional puntualizó que el camino de Puente del Inca hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor es “no transitable” para todo tipo de vehículos. Las Cuevas, la localidad mendocina más cercana al paso, hoy presentaba visibilidad nula y vientos intensos. “Ante fenómenos climáticos adversos no se garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, detalló el informe.

El presidente de Aprocam observó que “desde Chile ya limpiaron el camino”, pero del lado argentino aún no terminaron con los trabajos para despejar el cruce.

En las últimas horas, Vialidad de Chile ofreció a las autoridades argentinas colaborar con sus máquinas para despejar la ruta 7. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, aseguró que del lado trasandino, y hasta la boca del túnel, la ruta está completamente despejada. Este sábado la cuenta oficial de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior chileno informó que el complejo fronterizo Los Libertadores está “cerrado para todo tipo de vehículos”.

Por último, Messina apuntó contra la negligencia por parte del organismo estatal encargado de la expansión y mantenimiento del sistema vial argentino. Por un lado, puntualizó que los campamentos de Vialidad Nacional que albergan equipos viales y personal para realizar tareas de despeje de nieve y mantenimiento del corredor no están operativos. Pudo observar que el campamento Uspallata está cerrado y que el equipamiento que se usa en ese tipo de tareas está “tirado a la intemperie”. Y puntualizó: “Un desastre como han trabajado, esta es la realidad”. (Con información de La Nación)

Las visitas a Balcarce 50 fue confirmada por autoridades nacionales y legisladores bonaerenses que asistirán al encuentro y se producirán en dos tandas. A las 15 habrá una primera reunión entre Karina y diferentes miembros del Poder Ejecutivo con los senadores provinciales y a las 17 habrá un segundo encuentro, esta vez con los diputados.

El encuentro se organizó bajo la misma lógica que la cumbre realizada el 16 de julio entre Karina Milei y los legisladores que La Libertad Avanza tiene en la Legislatura porteña. En ese entonces, los comandados por la jefa de bloque, Pilar Ramírez, fueron hacia la Casa Rosada con el objetivo de demostrar una coordinación entre Nación y la delegación porteña. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirmaba una fuente de ese bloque.

El mismo sentido se va a expresar este lunes una vez finalizados ambos encuentros. De hecho, los legisladores bonaerenses planeaban ir ese mismo día a la Casa Rosada, pero el oficialismo provincial convocó a una sesión del Senado a último momento e impidió que pudieran ir todos ese mismo día.

La Libertad Avanza tiene 10 bancas en el Senado bonaerense. Su jefe de bloque es Carlos “Charlie” Curestis, una de las personas que conforman la mesa chica de Pareja. Además están Florencia Arietto, Betina Riva, Analía Balaudo, María Luz Bambaci, Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza, María Cecilia Martínez, Luciano Olivera y Diego Valenzuela. (Con información de Infobae)

El Gobierno impulsa distintas políticas referidas al crecimiento de los sectores estratégicos para sumar más dólares y reactivar la economía. Con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el "Súper RIGI" en tratamiento, la energía y la minería se posicionan por encima del resto y aparecen como los grandes captadores de divisas.

Tal es así que en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA) se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período. El documento se publica de manera trimestral y analiza los principales puntos de la economía argentina.

La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, hizo que los precios del petróleo internacional se dispararan y permitieran proyectar una mayor captación de divisas. Esto se suma a las exportaciones realizadas desde Vaca Muerta y la puesta en marcha de distintos proyectos del RIGI.

El IPOM del segundo trimestre revaluó sus estimaciones y calculó que entre los dos sectores habría un ingreso extra de US$3.000 millones entre 2026 y 2029. 

"El Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas (rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica, estabilidad jurídica). Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento", señala el documento.

El BCRA estima que pasará de US$13.000 millones en 2025 hasta los US$50.000 millones en 2030. Es decir, el salto sería de más de 290% en cinco años.

Desglosado por años, en 2026 la balanza combinada sería de US$19.000 millones (US$8.000 millones de energía y US$5.000 millones de minería) y saltaría a los US$24.000 millones en 2027 (US$16.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería), con la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que adelantaron que comenzará en ese año con las exportaciones de petróleo.

Entrado el 2028, el saldo entre ambos sectores dejaría un total de US$28.000 millones (US$20.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería) y llegaría el 2029 con una balanza combinada de US$34.000 millones (US$25.000 millones de energía y US$9.000 millones de minería).

El mayor salto se proyectó para 2030: la autoridad monetaria pronosticó un ingreso de US$51.000 millones, de los cuales US$34.000 millones provendrían de la energía y los otros US$17.000 millones de la minería.

"La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones", concluyó el reporte trimestral. (N/A)

“El gobernador de la Provincia de Buenos Aires tiene que pensar en no llevar la interna que está teniendo en la provincia al resto del país y concentrarse en gobernar”, afirmó Michel en entrevistas televisivas.

El legislador remarcó la necesidad de construir consensos y alcanzar la unidad, pero con respeto por las identidades territoriales.

“En el interior se hace política de otra forma, la sociedad no está toda politizada como en Buenos Aires; por eso hay que hacer el ejercicio de entender que se puede convivir entre todos los sectores”, planteó.

En ese marco, Michel también advirtió sobre el impacto del programa económico del Gobierno nacional y cuestionó un modelo que, según indicó, provoca una caída de la actividad, pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro del consumo.

“Son 12 meses consecutivos de caídas del IVA que muestra el consumo de los argentinos”, sostuvo el diputado nacional.

Además, relativizó la mejora registrada en la recaudación del Impuesto a las Ganancias y consideró que ese incremento no refleja una recuperación genuina de la economía.

“Subió Ganancias por una cuestión anecdótica que es cuando cambiaron los vencimientos de deuda”, explicó.

Michel también alertó sobre las consecuencias de la apertura de importaciones para la industria nacional y el empleo argentino.

“Vemos que va cayendo la actividad económica, los trabajadores van perdiendo poder adquisitivo y tenemos una apertura indiscriminada de importaciones que ya está afectando no solo a la tecnología, los textiles, sino también a los alimentos”, advirtió.

En ese sentido, cuestionó que “en Argentina estamos importando naranjas, pechugas de pollo y leche” y expuso como ejemplo la situación de una empresa de Gualeguaychú.

“En Gualeguaychú, una fábrica de baterías acaba de despedir 100 trabajadores, conozco a tres. Uno tiene 50 años y los otros dos 52. ¿De qué consiguen laburo a esta edad con una economía que se está achicando?”, expresó.

Finalmente, Michel rechazó el equilibrio fiscal defendido por el Gobierno nacional y lo calificó como “un superávit trucho y ficticio que se sostiene con la falta de pago a los proveedores, con una deuda flotante de 3 billones de pesos y con las rutas del país destruidas”.

El dirigente entrerriano cerró con una advertencia sobre el rumbo económico al señalar que conduce a una “economía peruanizada: con la mitad de la clase media a punto de desaparecer y con un modelo sin industria nacional”. (N/A)

El diagnóstico fue planteado por el economista Carlos Pérez, director de la Fundación Capital y exgerente general y director del Banco Central, quien sostuvo que el principal desafío económico ya no pasa únicamente por mantener la desinflación, sino por conseguir que el crecimiento deje de estar concentrado en unos pocos sectores y se extienda al conjunto de la economía.

Uno de los datos que expone con mayor claridad las dificultades que atraviesan los hogares es la evolución de la morosidad. Según explicó Pérez, la cartera irregular de los préstamos otorgados a familias pasó de ubicarse algo por encima del 3% un año atrás a cerca del 12,75%. "Es casi tres veces lo que teníamos un año atrás y claramente tenerlo cerca de 13% al coeficiente de irregularidad de los préstamos a familias es un número muy elevado históricamente hablando", señaló en declaraciones radiales..

El deterioro no se explica solamente por el endeudamiento. Para el economista, también existe un cambio en la estructura del mercado laboral que impacta directamente sobre la capacidad de pago de los hogares. Los empleos registrados pierden participación frente a modalidades como el monotributo, el trabajo autónomo y el empleo informal, mientras los salarios reales continúan bajo presión.

"Hay una migración lamentablemente que se da perdiendo calidad", describió Pérez al analizar la evolución del empleo. En ese sentido, sostuvo que la reducción de los puestos registrados y el crecimiento de ocupaciones de menor calidad se combina con una caída del salario real, dado que las actualizaciones salariales se ubicaron por debajo de la inflación durante buena parte del primer trimestre.

La desinflación, sin embargo, aparece como uno de los elementos que podría modificar parcialmente ese escenario. Pérez destacó que durante el segundo trimestre se observó una inflación menor a la del primero y consideró que el proceso continúa, aunque de manera lenta. El punto central, según su análisis, es que una mejora sostenida de los ingresos necesita estar acompañada por una recuperación más amplia de la actividad.

Una economía con sectores "estrella" y "estrellados"

La recuperación económica también presenta fuertes diferencias entre actividades. Mientras el agro, la energía y la minería concentran buena parte del dinamismo, otros sectores vinculados de manera más directa con el empleo y el consumo masivo muestran un desempeño mucho más débil.

"Es un crecimiento desigual", resumió Pérez. Según explicó, los llamados sectores "estrella" representan menos del 20% del Producto Bruto Interno, mientras que actividades como el comercio, la construcción y las distintas ramas industriales tienen una ponderación considerablemente mayor tanto en el producto como en el empleo.

La diferencia también se observa al analizar el consumo. El especialista señaló que determinados segmentos de mayores ingresos muestran una evolución favorable, con mayor consumo de bienes importados, vehículos y turismo en el exterior. En cambio, el consumo masivo continúa sin recuperar el mismo ritmo.

La misma heterogeneidad aparece a nivel regional y entre los distintos componentes de la demanda. Las exportaciones muestran un desempeño positivo, mientras la inversión permanece más rezagada. De esta manera, la recuperación macroeconómica todavía no consigue traducirse de manera homogénea en la actividad cotidiana de los hogares y las empresas.

Pérez, según supo la Agencia Noticias Argentinas, ubicó allí uno de los principales desafíos para el Gobierno: "Tiene que generar las condiciones para que este desafío deje de ser un crecimiento modesto y sectorizado y que sea un crecimiento un poco más robusto y más expandido, más difundido a todas las actividades económicas".

El desafío de las reservas y el dólar

La acumulación de reservas aparece como otro de los ejes centrales para sostener la estabilidad económica. Pérez recordó que durante el año pasado la Argentina había perdido alrededor de US$9.000 millones en términos de reservas internacionales netas, mientras que durante los primeros siete meses del año había logrado recuperar aproximadamente US$8.000 millones.

El proceso, sin embargo, todavía requiere continuidad. El economista consideró que el Gobierno deberá sostener la compra de divisas y ampliar las alternativas de financiamiento para llegar al próximo año con mayor capacidad de respuesta frente a una eventual demanda de dólares.

El escenario cobra especial relevancia ante la proximidad de un nuevo ciclo electoral y el comportamiento histórico de la dolarización de los agentes económicos durante esos períodos. En 2025, según los datos mencionados por Pérez, la formación de activos externos superó los US$32.000 millones.

Por eso, el desafío no consiste solamente en mantener el tipo de cambio estable, sino en generar las condiciones para que esa estabilidad pueda sostenerse sin afectar la expansión de la economía.

"El Gobierno tiene que tratar de abrir todas las ventanas posibles en términos de conseguir dólares", planteó Pérez, al considerar que el financiamiento internacional y la acumulación de reservas serán determinantes para enfrentar eventuales períodos de tensión cambiaria.

En ese contexto, la política cambiaria vuelve a quedar vinculada con el objetivo más amplio de crecimiento. Un dólar estable puede contribuir a contener la inflación y dar previsibilidad, pero el interrogante es si el nivel actual del tipo de cambio permite al mismo tiempo una recuperación más amplia de la actividad.

La reforma del Banco Central y un nuevo esquema institucional

En paralelo, el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca redefinir las prioridades de la autoridad monetaria. Pérez respaldó la intención de reducir la cantidad de objetivos establecidos por la normativa vigente, pero consideró necesario incorporar explícitamente la estabilidad financiera.

La Carta Orgánica de 2012 establece objetivos que incluyen estabilidad monetaria, estabilidad financiera, desarrollo económico, equidad social y empleo. Para el economista, la multiplicidad de metas puede terminar diluyendo las responsabilidades centrales de la autoridad monetaria. "Cuando tenés tantos objetivos finalmente no cumplís ninguno", sostuvo.

Sin embargo, consideró que la estabilidad financiera debe permanecer entre las funciones centrales del Banco Central, debido al papel que cumple la Superintendencia de Entidades Financieras en el control y la supervisión del sistema bancario.

La reforma también abre un debate institucional sobre la independencia de la autoridad monetaria, el financiamiento del Tesoro y las condiciones para evitar que la política monetaria vuelva a quedar subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

Para Pérez, una eventual reforma de la Carta Orgánica tendría además un valor institucional mayor si logra ser aprobada a partir de un acuerdo parlamentario amplio. "El Congreso no es una escribanía", afirmó, y consideró que alcanzar una modificación consensuada representaría un avance más relevante que una norma aprobada exclusivamente por la mayoría oficialista.

El desafío económico, de todos modos, excede la discusión institucional. La Argentina necesita transformar una recuperación concentrada en sectores puntuales en un crecimiento más extendido, capaz de recomponer el empleo, los ingresos y el consumo, mientras acumula reservas suficientes para afrontar un escenario cambiario que podría volverse más exigente.

La combinación de una mayor estabilidad financiera, recuperación del salario real, expansión del crédito y crecimiento de los sectores con mayor peso en el empleo será determinante para definir si la recuperación actual logra consolidarse o permanece como una mejora fragmentada de la economía. (N/A)

Con el inicio del nuevo mes, el organismo previsional distribuirá las acreditaciones correspondientes a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y Pensiones No Contributivas (PNC), entre otras prestaciones clave.

¿Quiénes cobran primero en la semana del 10 de agosto?

Los primeros desembolsos del mes arrancarán formalmente el lunes 10 de agosto. En esa jornada inicial recibirán sus montos:

• Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI finalizado en 0.
• AUH y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 0.
• Asignación por Embarazo (AUE) con DNI terminado en 0.
• Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminados en 0 y 1.
• Asignaciones Familiares de PNC (que inician su cobro general para todas las terminaciones).
• Calendario de pagos ANSES: del 10 al 14 de agosto

A lo largo de la semana que viene, la liquidación de haberes avanzará día por día de la siguiente manera:

1. Jubilados y pensionados (Haberes mínimos)

DNI 0: lunes 10 de agosto
DNI 1: martes 11 de agosto
DNI 2: miércoles 12 de agosto
DNI 3: jueves 13 de agosto
DNI 4: viernes 14 de agosto (Los DNI terminados del 5 al 9 cobrarán entre el 18 y el 24 de agosto).

2. AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: lunes 10 de agosto
DNI 1: martes 11 de agosto
DNI 2: miércoles 12 de agosto
DNI 3: jueves 13 de agosto
DNI 4: viernes 14 de agosto

3. Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: lunes 10 de agosto
DNI 1: martes 11 de agosto
DNI 2: miércoles 12 de agosto
DNI 3: jueves 13 de agosto
DNI 4: viernes 14 de agosto

4. Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: lunes 10 de agosto
DNI 2 y 3: martes 11 de agosto
DNI 4 y 5: miércoles 12 de agosto
DNI 6 y 7: jueves 13 de agosto
DNI 8 y 9: viernes 14 de agosto

5. Asignación por Prenatal

DNI 0 y 1: martes 11 de agosto
DNI 2 y 3: miércoles 12 de agosto
DNI 4 y 5: jueves 13 de agosto
DNI 6 y 7: viernes 14 de agosto (DNI 8 y 9 cobran el martes 18 de agosto).

Fechas de cobro para el resto del mes

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 25 de agosto
DNI 2 y 3: 26 de agosto
DNI 4 y 5: 27 de agosto
DNI 6 y 7: 28 de agosto
DNI 8 y 9: 31 de agosto

Asignación por Maternidad y Asignaciones de Pago Único

Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI percibirán sus montos entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.
Asignaciones Familiares de PNC: Todas las terminaciones perciben sus haberes entre el 10 de agosto y el 11 de septiembre.

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 24 de agosto
DNI 2 y 3: 25 de agosto
DNI 4 y 5: 26 de agosto
DNI 6 y 7: 27 de agosto
DNI 8 y 9: 28 de agosto

¿Cómo consultar dónde cobro en ANSES?

Para confirmar el lugar de cobro o verificar el estado de la prestación, los beneficiarios pueden ingresar a mi ANSES a través de la web oficial (anses.gob.ar) o desde la aplicación móvil con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Desde allí se puede verificar el recibo digital de pago y la sucursal bancaria asignada. (N/A)

El escrito pide la investigación y detención de los responsables. Según el último balance, hubo 12 detenidos y al menos cuatro heridos. Además, el Gobierno porteño estimó en $468 millones el costo de los daños causados en la zona del Congreso.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

En el escrito plantean que los hechos podrían constituir los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y daño agravado, todos ellos agravados por el fin de obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir con sus funciones (artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal).

Según la denuncia, durante la manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas en las inmediaciones del Senado, un grupo de manifestantes arrojó piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad apostados en el lugar, y que se rompieron baldosas y bancos públicos para usarlos como proyectiles. También se registraron daños en estructuras edilicias y en vehículos policiales.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó al juzgado que ordene preservar los registros fílmicos de los hechos, que se libre oficio al Gobierno porteño y al Congreso para que informen la totalidad de los daños y el perjuicio económico, y adelantó que se encuentra evaluando aportar elementos de prueba adicionales para la investigación.

El balance de daños, heridos y detenidos

Tras los incidentes, que se extendieron por más de tres horas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, quedaron 12 personas detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Entre los heridos se contabilizaron al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad: un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un golpe en la cabeza con un proyectil, y un prefecto fue asistido en el lugar. También resultó herido un fotoperiodista que cubría la protesta.

Un informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló que los trabajos de reparación tras los incidentes demandarán una inversión de $468 millones.

“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños”, señaló el reporte oficial.

El desglose de los costos estimados dado por la Ciudad fue de:

-Cestos y contenedores incendiados o vandalizados, más el servicio adicional de limpieza: $130 millones.
-Equipamiento urbano: $38 millones.
-Césped: $270 millones.
-Plantas: $30 millones.

Desde el Gobierno porteño también informaron que se registraron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial. (Fuente: TN).

“San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo esperanzado que, a pesar de las dificultades no pierde la fe sigue acercándose a pedir pan, paz y trabajo. Un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”, aseveró.

Asimismo, en la misa a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: “Un pueblo que sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

“Un pueblo que sigue creyendo que el trabajo es un derecho que es dignidad por eso el papa León XIV dice que la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal”, indicó.

En tanto, agregó: “Aquí está tu pueblo que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.

García Cuerva bendijo a los fieles

El arzobispo dijo demás que el pueblo argentino “sigue creyendo que el trabajo es dignidad” durante la bendición que brindó a los fieles que se encontraban en el santuario de San Cayetano en el barrio de Liniers, a la vez que dijo que le pidió al santo que ayude a los ciudadanos “a no bajar los brazos”.

“Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida”, expresó y añadió: “Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos que nos ayude seguir adelante y a no bajar los brazos”.

“Un signo de esperanza es verlos a todos ustedes trabajadores que de manera dedicada comprometida están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo con sus manos con su corazón queriendo reconstruir seguramente la vida de su familia y la de nuestro país. Cuando decimos que recibimos la bendición es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen 'bien ahí', Dios hoy está diciendo ‘Bien ahí’”, dijo.

Además, continuó: “Bien ahí porque siguen creyendo en el trabajo, apostando por un futuro mejor, bien ahí porque traen las herramientas el fruto de su trabajo el esfuerzo, bien ahí dice Dios y por eso hacemos esta bendición”. (N/A)

"Fue lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica", dijo Kicillof en su llegada a Liniers para la peregrinación de San Cayetano. 

Sobre el proyecto que logró media sanción en la Cámara alta, Kicillof indicó que el Gobierno fue "cambiando" la ley y "quedó un 10%". 

"Es un Gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberanía, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón, sin salida, es un desastre”, sumó. 

Con respecto a la movilización religiosa, Kicillof dijo: "No venimos a tener ningún protagonismo, es un día de fe, la idea no es partidizar, vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”.

Milei, dejá de pegarle a la Argentina.

El día de ayer dejó en evidencia, una vez más, la verdadera naturaleza del gobierno de Javier Milei, pero también la de la sociedad argentina.

Milei quiso avanzar con una ley para facilitar la extranjerización de nuestras tierras. Una…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 7, 2026

El Gobernador de la Provincia también se manifestó en redes sociales donde criticó fuertemente el tratamiento de la Ley de propiedad privada y ratificó lo expresado sobre la represión a los manifestantes.

"Frente a ese nuevo intento de entrega se produjo una reacción popular nacida del sentimiento más profundo y compartido de nuestro pueblo: el amor por la Patria, el orgullo de ser argentinos", indicó en su posteo en la red social X.

Con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, refirió: "Cuál fue su reacción frente a una sociedad que le puso límites? La de siempre: autoritarismo, violencia y represión. Las dolorosas imágenes de ayer, con una movilización pacífica reprimida de esa manera, no tienen nada que ver con la democracia. Es inaceptable querer extranjerizar nuestra tierra. Y es igualmente inaceptable responder con palos y violencia a quienes salen a defenderla", finalizó.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de los puntos acordados para descomprimir el grave conflicto que paralizó la actividad fluvial y marítima del país en los últimos días.

La normativa operacionaliza técnicamente el descuento acordado. La quita del 20 % se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas que regía desde el año 2018.

Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.

La rebaja tarifaria entra en vigencia inmediatamente y tendrá validez de forma provisoria, estrictamente mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional.

La tensión en el sector portuario se originó a partir de la desregulación del reglamento del practicaje vigente desde 1991, a través del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Allí se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores.

Sin embargo, la entrada en vigencia de esta reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, quienes iniciaron medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y el comercio exterior.

Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno suspendió de manera temporal los efectos de la reforma y restituyó el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, mediante el Decreto 716/2026.

Así surgió de una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde las partes pactaron reanudar el servicio de forma regular a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja inmediata del 20 % en los aranceles de practicaje. (NA)

La iniciativa busca acelerar los procesos judiciales, ampliar quiénes pueden iniciar una demanda y establecer nuevas condiciones para propietarios y ocupantes.

El proyecto todavía debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Uno de los principales cambios es que las acciones de desalojo deberán tramitarse mediante un juicio sumarísimo, es decir, un procedimiento judicial más breve que el proceso tradicional.

Además, la iniciativa amplía las personas habilitadas para iniciar una acción. Ya no serían únicamente los propietarios quienes podrían reclamar el desalojo: también podrían hacerlo quienes acrediten un derecho o un interés legítimo afectado por la ocupación del inmueble, independientemente de cuál sea su vínculo jurídico con la propiedad.

El proyecto incorpora nuevas reglas para los casos de desalojo por falta de pago de alquileres cuando el inmueble tiene destino habitacional.

Antes de iniciar una demanda, el propietario deberá realizar una intimación fehaciente al inquilino para que pague la deuda, otorgándole un plazo de al menos 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá indicar también el lugar donde debe efectuarse el pago.

La notificación podrá enviarse al domicilio que el inquilino haya declarado en el contrato, ya sea físico o electrónico. Según el proyecto, será considerada válida incluso si el locatario se niega a recibirla o si no puede concretarse por motivos que le sean imputables.

Una vez vencido ese plazo, o cuando el contrato haya terminado por cualquier otra causa, el inquilino deberá devolver el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar el desalojo mediante el procedimiento judicial más breve previsto por la ley.

El texto también establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su recepción, aunque podrá reservarse el derecho a reclamar las obligaciones pendientes.

Si el locador se niega o guarda silencio ante el pedido de entrega de las llaves, el inquilino podrá realizar una consignación judicial. En ese caso, los gastos y costas quedarán a cargo del propietario.

Además, si el inquilino realiza la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación al propietario, dejará de adeudar alquileres y obligaciones accesorias desde el momento en que notificó fehacientemente su intención de entregar las llaves, bajo las condiciones previstas por el proyecto.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que un juez ordene la entrega inmediata del inmueble cuando se trate de una ocupación precaria o una intrusión y el derecho invocado por quien reclama resulte verosímil.

Para acceder a esta medida, el proyecto establece como requisito una caución juratoria, es decir, un compromiso formal de responder por eventuales daños si posteriormente se determina que la medida no correspondía.

En los casos en que se alegue un cambio de destino del inmueble, deterioro, realización de obras nocivas o un uso abusivo o deshonesto, el juez deberá disponer un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas.

Durante esa actuación deberán identificarse los ocupantes, incluyendo nombre, nacionalidad y documento, con intervención del Defensor Oficial.

El proyecto también contempla situaciones en las que el desalojo pueda afectar a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

Cuando se encuentren personas en esas condiciones, deberán intervenir los organismos de protección correspondientes y el Ministerio Público Tutelar.

En estos casos, el juez podrá otorgar un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.

La iniciativa establece, además, que la caución juratoria para obtener una entrega inmediata solo podrá utilizarse cuando el derecho del demandante sea inequívoco y no existan terceros de buena fe. El magistrado también podrá exigir una fianza para cubrir eventuales daños.

El proyecto modifica también el procedimiento para notificar una demanda de desalojo.

Cuando no exista un domicilio especial, la notificación podrá realizarse directamente en el inmueble que se pretende desalojar o en el domicilio electrónico constituido.

El oficial notificador podrá identificar el inmueble por distintos medios, incluso mediante fotografías, y solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario.

También deberá identificar a las personas que se encuentren en el lugar y preguntar cuál es su relación con el demandado, dejando constancia de esa información.

La notificación deberá hacerse saber a todos los presentes, incluso a quienes no hayan sido mencionados inicialmente en la demanda. El proyecto establece que la sentencia de desalojo tendrá efectos sobre todos los ocupantes, estén presentes o ausentes durante el procedimiento.

Para cumplir con su tarea, el notificador podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la presentación de documentos de identidad. El incumplimiento de estas reglas será considerado una falta grave.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, el proyecto permite que el demandante solicite la desocupación inmediata bajo caución juratoria, siempre que se hayan cumplido las condiciones y los plazos establecidos.

Sin embargo, si posteriormente se determina que el actor ocultó información relevante para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el último alquiler, que será destinada a la contraparte.

La iniciativa también establece nuevas reglas para el denominado mandamiento de lanzamiento. El oficial de justicia podrá solicitar el uso de la fuerza pública, allanar domicilios y designar un depositario para los bienes muebles que se encuentren en el inmueble.

El proyecto aprobado por el Senado es una media sanción. Para convertirse en ley deberá ser tratado y aprobado por la Cámara de Diputados.

De obtener la sanción definitiva, las nuevas reglas modificarán el procedimiento de desalojo y sumarán disposiciones específicas para los casos de falta de pago de alquileres, ocupaciones precarias e intrusiones, además de establecer mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad. (Infobae)

La presentación advierte, además, sobre la posibilidad de que el mismo mecanismo administrativo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La presentación llegó al Gobierno, que desmiente de manera tajante el tema.

La denuncia fue formulada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en su carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó ante el fuero correspondiente ser aceptado como parte querellante en las actuaciones.

El escrito apunta contra María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI), Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI), el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y demás personas que pudieran resultar identificadas en el curso de la instrucción.

Entre la nómina de posibles delitos objeto de investigación, el denunciante encuadró las conductas en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.

La presentación aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis para ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.

El eje central de la presentación judicial hace foco en la operatoria utilizada para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. De acuerdo con el texto de la acusación, si bien la reglamentación publicada disponía que las extinciones de la relación laboral debían efectivizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían llevado a cabo homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Esta modalidad, según sostiene el escrito, habría generado la facturación y percepción de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial. Asimismo, a partir de testimonios incorporados a la denuncia, se señala que una importante cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo letrado patrocinante al cual no habrían seleccionado de manera libre y directa.

El documento expone además presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunos de los imputados. A su vez, cuestiona la falta de respuesta oficial frente a reiterados pedidos de acceso a la información pública sobre el detalle y los montos del plan de desvinculaciones, al tiempo que menciona la existencia de una sentencia judicial previa que ordenó al Ministerio la entrega de dicha documentación.

Por otra parte, el denunciante requirió que se analicen supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional.

Un punto clave del escrito es el pedido para determinar si la migración de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia la conducción del PAMI conllevó el posterior traslado o replica de este modelo de gestión administrativa y desvinculación de personal dentro del organismo de salud pública.

Fuentes libertarias desmienten de manera rotunda la denuncia y afirmaron que todo proceso de retiro voluntario se llevó a cabo sin inconvenientes.

Como parte del impulso procesal, la denuncia requiere una amplia batería de medidas probatorias que incluyen requerimientos de documentación a ministerios y organismos descentralizados, citaciones a declaración testimonial y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), junto con la revisión de registros societarios y patrimoniales. (N/A)

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego. 

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

El debate

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada". 

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

Eb el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans,  afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa. 

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo". 

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", del cual dijo que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó en el discurso de cierre del oficialismo. 

"Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia", apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

A través de un comunicado publicado en X bajo la firma del “futuro presidente de Brasil”, Bolsonaro repudió “con vehemencia” la decisión de Lula de bajar el nivel de la representación diplomática con la Argentina, a la que definió como “nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño”.

En su descargo, el legislador del Partido Liberal sostuvo que la ruptura con Buenos Aires “no es un hecho inevitable”, sino “el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontativa” que, según su acusación, generó tensiones con tres países de la región en pocos meses: Estados Unidos, Paraguay y ahora la Argentina. En esa línea, afirmó: “Ningún gobierno de la historia reciente logró aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo”.

El senador también cuestionó el uso político del discurso oficial sobre la “defensa de la dignidad nacional”, al que calificó de instrumento de propaganda, y fue más allá: “La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas electoralistas ni rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación”. Además remarcó que la escalada fue unilateral, dado que el Gobierno argentino ya había señalado que no tomaría represalias frente a la decisión de Brasilia.

El mensaje de Bolsonaro, el principal rival de Lula en los próximos comicios de octubre, vinculó la crisis con la Argentina al desgaste regional de la izquierda y fue tajante: “El proyecto del Foro de San Pablo está colapsando en América Latina. Los regímenes que apadrinó (...) trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno a uno”.

A su vez, el hijo del expresidente brasileño también apuntó contra el costo económico de la crisis y aseguró que sus consecuencias no las pagará el Gobierno que la generó: “Lo pagarán el productor rural, el industrial, el exportador y el trabajador brasileño, que dependen de estas relaciones para producir, vender y emplear, y que no participaron de las decisiones políticas que provocaron esta crisis”.

Un mensaje directo a Javier Milei

Bolsonaro cerró su comunicado con una promesa de campaña: “A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente”. Y dedicó las últimas líneas a Milei, a quien llamó “mi estimado amigo”: “Esta crisis no es entre nuestras naciones, es obra de un gobierno en su etapa final. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”.

El Presidente argentino no tardó en reaccionar y reposteó el comunicado de Bolsonaro en su cuenta de X, acompañado por las banderas de la Argentina y Brasil, un gesto que profundiza el acercamiento entre el mandatario libertario y la oposición brasileña.

La tensión bilateral escaló el martes, cuando Brasil resolvió no reenviar a su embajador, Julio Bitelli, a Buenos Aires y bajó el nivel de la relación diplomática a encargado de negocios tras las reiteradas descalificaciones de Milei contra Lula, a quien llegó a calificar de “corrupto” y “ladrón”. (con información de NA)

De acuerdo a fuentes oficiales, el encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno ecuatoriano, donde las delegaciones de ambos países concretaron la rúbrica de un abanico de instrumentos multilaterales y sectoriales. Por parte de la República Argentina, el encargado de suscribir los convenios fue el canciller Pablo Quirno.

Entre los documentos firmados destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, rubricado junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre los dos países.

Asimismo, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, Roberto Kury, la representación argentina avanzó en la firma de cuatro convenios clave: Acuerdo de Servicios Aéreos, para potenciar la conectividad y el turismo; tratado de Extradición, destinado a consolidar la cooperación en materia de justicia; acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear; y la declaración Conjunta sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), enfocada en la protección y soberanía de los recursos marinos.

En materia de seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, con el objetivo de fortalecer la respuesta conjunta ante amenazas digitales y proteger infraestructuras críticas.

Tras la ceremonia de pactos, ambos Jefes de Estado encabezaron la foto oficial junto a los miembros de sus respectivos gabinetes. Posteriormente, Milei y Noboa presenciaron el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, en un acto donde la banda militar entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

No fue la única actividad del mandatario argentino, porque una hora más tarde se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador.

Participaron: el presidente de ADEFA y de Peugeot Citroen Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodriguez Canedo; el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de ACARA, Sebastián Beato; el presidente y CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica, Carlos Galmarini; y el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales en VW Group Argentina, Patricio Sesti. (NA)

El encuentro, realizado en el Hotel Emperador, reunió a funcionarios nacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y referentes de la comunidad, en una jornada marcada por el reconocimiento a una etapa de estrecho acercamiento entre ambas naciones.

Durante el acto se presentó además el libro Geopolítica del Encuentro, editado por Fabián Autuori, una publicación que busca dejar testimonio del crecimiento de los vínculos entre Argentina e Israel y analizar distintos aspectos de la relación bilateral.

El presidente de la CCAI, Mario Montoto, destacó el trabajo compartido con Sela y repasó algunos de los principales avances registrados durante su gestión. Entre ellos mencionó el memorándum binacional para la lucha contra el terrorismo, los acuerdos impulsados por los gobiernos de Javier Milei y Benjamín Netanyahu, el crecimiento del intercambio comercial, el aumento de las exportaciones de carne argentina hacia Israel, los futuros vuelos directos entre ambos países y la participación de la empresa israelí Mekorot en proyectos vinculados al manejo del agua.

“Lo que construimos juntos trasciende los cargos y los mandatos, porque está hecho de convicción y de afecto”, expresó Montoto al despedir al diplomático.

Una misión marcada por el 7 de octubre

El canciller argentino Pablo Quirno, presente en el homenaje, destacó el rol de Sela durante un período atravesado por uno de los momentos más difíciles para Israel. “La misión de Eyal Sela quedó atravesada por la jornada más dolorosa que vivió Israel en generaciones: el 7 de octubre de 2023, el terrorismo de Hamas irrumpió en hogares, asesinó, secuestró y quebró para siempre la vida de miles de familias”, afirmó.

Y agregó: “Allí, en estos contextos, se reconoce la estatura de un diplomático”.

Al recordar su paso por la Argentina, Sela señaló que vivió en el país el impacto del ataque y los conflictos posteriores, pero también destacó las muestras de respaldo recibidas desde distintos sectores de la sociedad argentina.

“Aquí viví el 7 de octubre y todas las guerras de este tiempo, fue el peor pogrom moderno desde el Holocausto. Al mismo tiempo fue el mejor de los tiempos, porque muchos de ustedes, instituciones, organizaciones, empresarios salieron en cantidad a la calle a decir no al terrorismo”, sostuvo.

El embajador también valoró el respaldo del presidente Javier Milei hacia Israel y aseguró que la relación bilateral atraviesa “un momento óptimo”. Al cerrar su discurso, luego de repasar los distintos destinos de su carrera diplomática, resumió su experiencia en el país con una frase: “Para mí, Argentina es la cima”.

Un cierre con símbolos de amistad

Como reconocimiento a su labor, la CCAI entregó a Sela un facón argentino elaborado por un orfebre local, con las banderas de Argentina e Israel grabadas en la hoja.

Además, la entidad otorgó al canciller Pablo Quirno un certificado simbólico por la plantación de un árbol en el Bosque KKL Nova, en Mendoza, un espacio de memoria dedicado a las víctimas del Festival Nova del 7 de octubre.

También participó del encuentro Dorón Pe’er, agregado de Diplomacia Pública y vocero de la Embajada de Israel, quien finalizó su misión en la Argentina luego de cuatro años y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los puentes entre ambos pueblos.

La Cámara Alta había reanudado el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

De acuerdo con el poroteo realizado por el oficialismo, La Libertad Avanza contaba con 38 votos para aprobar en general el proyecto y para sancionar los capítulos referidos a los desalojos exprés de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, el nuevo régimen de expropiaciones y la regularización de escrituras de viviendas únicas en barrios vulnerables.

Ese respaldo se conforma con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Sin embargo, el escenario cambia para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano rechazaban esta propuesta, mientras persistían dudas sobre el voto de Beatriz Ávila y de los dos representantes misioneros.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados. (NA)

El operativo de seguridad, a cargo de fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes, restringe la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Está previsto que la concentración en Plaza Congreso tenga un pico de afluencia estimado a las 17.

La marcha se realiza bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. La protesta se inició en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero se mantuvo igual para este jueves.

A la convocatoria se plegaron en los últimos días la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales de la UTEP. Además en la plaza hay un sinfin de banderas gremiales, peronistas y de izquierda.

La protesta es federal porque además de la manifestación en CABA hay convocatorias confirmadas en ciudades de todo el país, como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.

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