Mediante un escrito, presentado por su abogado Pablo Slonimsqui, la vecina de la expresidenta aseguró que compró el inmueble con su dinero con el objetivo de poner en marcha una fundación que se dedique a la elaboración de estudios vinculados con el desarrollo de la Argentina.

"La adquisición del inmueble ubicado en San José 1111 fue realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino", aseveró Soledad en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, en la presentación que realizó Slonimsqui, no se especifica cómo se llamaría la fundación, cuáles serían sus características y sus actividades.

La investigación

La Justicia quiere saber el origen del patrimonio de Calle y si sus ingresos se corresponden con sus bienes. Ya recibió información de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que confirman que Soledad trabajó para el sindicato metalurgico.

Además de la compra del departamento en el mismo edificio que la exmandataria, los jueces se centran también en los vehículos de la vecina de Cristina, debido a que, comparte la titularidad de un BMW con su pareja. 

Sobre ese punto, su letrado aseveró que "el vehículo personal de Soledad Calle es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en el 2023, luego de la venta de dos autos que ya integraban su patrimonio: una camioneta Kicks y un Toyota Etios".

Respecto a la compra del BMW, en la presentación, se admite que Calle aparece como cotitular, pero afirma que la adquisición la hizo su pareja (con quien Calle convive) y que por lo tanto, él es quien maneja ese vehículo: “El vehículo BMW fue adquirido por su pareja conviviente, quien decidió compartir con ella la titularidad registral, aunque es él quien lo utiliza personalmente”, indicó el texto.

Y agregó: "Se comprobará sencillamente que la Peugeot 3008 provino del reemplazo de bienes registrables preexistentes y que la titularidad compartida del BMW no corresponde a un vehículo adquirido para su uso personal, despejando cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación".

En cuanto a la cuestión de la cotitularidad, su abogado explicó: "Esta modalidad se corresponde con la organización habitual de la familia, dentro de la cual ambos se encuentran autorizados a conducir los vehículos familiares; circunstancia que, respecto de la Peugeot 3008, puede acreditarse mediante la autorización de manejo otorgada a su pareja". (NA)

En paralelo, el Gobierno comunicó nuevas sanciones contra un nuevo grupo de 15 empresas internacionales que operan sin autorización en Malvinas, luego de que otros 45 sujetos —entre personas humanas y jurídicas— fueran notificados durante el fin de semana.

Ambas definiciones fueron confirmadas por fuentes oficiales este martes después de una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, de la que Quirno y Presti participaron por primera vez. Allí, los funcionarios también detallaron los avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que será presentado la próxima semana en la Cámara de Diputados.

El proyecto, tal como lo planteó Milei, persigue tres objetivos centrales. Primero, endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos que corresponda el juicio en ausencia.

En paralelo, propone la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. En tercer lugar, le pide al Congreso dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas especiales para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.

Durante el encuentro de la mesa política, Presti presentó los detalles del proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico que el Gobierno busca desarrollar en Tierra del Fuego.

Para esa iniciativa, el Gobierno ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a TN que las estimaciones finales del proyecto contemplarían entre US$400 y US$500 millones, por lo que el Ejecutivo deberá definir de dónde obtener el 70% del financiamiento aproximado restante.

Para ello, Milei dio la instrucción a su ministro de Economía, Luis Caputo, de que priorice en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.

En ese contexto, la visita de Presti y Quirno a la zona donde estará ubicado el obrador apunta a acelerar la construcción de la instalación. “Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”, aseguró esta mañana en conferencia de prensa el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Con el avance del proyecto, el Gobierno busca ampliar su influencia sobre la zona, mientras avanza a la par con las sanciones contra las empresas involucradas en actividades extractivas en Malvinas. La última medida en ese sentido fue la denuncia penal presentada este lunes por el canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según aclara el comunicado oficial, la acción está dirigida contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” de las compañías que hubiesen intervenido en el hecho.

En ese escenario, en relación a las nuevas sanciones anunciadas este martes, el Gobierno remarcó que “la República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”. Y sentenció: “Cada expediente que se abre es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”. (TN)

La Oficina del Presidente informó que la medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas.

Según el comunicado oficial difundido en redes, los procedimientos corresponden a actores involucrados en actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental argentina.

“Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía”, afirmó la Oficina del Presidente.

El Gobierno sostuvo que cada expediente abierto representa una continuación de esa posición y reafirmó que “las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos”.

En ese sentido, señaló que “nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país”.

La ampliación de los procedimientos responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos, de acuerdo con la información oficial.

El Gobierno indicó que continuará avanzando en esa identificación e iniciará los sumarios destinados a sancionar a todos los responsables.

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance para que quienes hoy vulneran nuestra soberanía respondan por ello”, concluyó el comunicado firmado por el presidente Javier Milei. (NA)

Asimismo, indicaron que esa medida "profundiza la situación de impunidad" que padecen los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires.

Según fuentes, Sebastián Pareja, presidente de LLA bonaerense, encabezará junto a sus equipos técnicos y políticos una mesa de trabajo para decidir el mecanismo que permita la destitución de la magistrada.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, explicó Pareja. 

En la misma línea, manifestó que "siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes", en referencia la kirchnerismo/peronismo y remarcó que "también lo hicieron durante la pandemia": "Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes", añadió. 

Además, Pareja aseguró que una jueza "que actúa como un peón" del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, "no cumple con las características básicas" que debe reunir un magistrado, debido a que "no puede anteponer una mirada política", respecto a una ley "demandada por la gente" y votada en el Congreso. 

Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis manifestó que esta decisión "deja más que en claro de qué lado están" porque sus medidas "defienden delincuentes". 

"La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo 

Para finalizar, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que "es inadmisible" que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil "dándole la espalda" a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. 

"Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión", concluyó.  (NA)

La convocatoria a los ministros fue anunciada este lunes durante la reunión de Gabinete que encabezó el Presidente para hacer un seguimiento de la estrategia oficial sobre Malvinas. Allí, Milei también definió que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional comience su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Con esa premisa, la cita de este martes abordó la táctica oficialista de cara al inminente trabajo en las comisiones y las negociaciones con los bloques opositores y aliados, mientras el Gobierno busca sostener y aprovechar el impacto político del anuncio.

El proyecto, tal como lo planteó Milei, persigue tres objetivos centrales: endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, habilitando en los casos que corresponda el juicio en ausencia; crear un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía, y dotar a ese organismo de herramientas económicas y diplomáticas para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.

En paralelo, la presencia de Presti también servirá para dar cuenta de la planificación y el financiamiento de la Base Naval Integrada que el Gobierno busca construir en Tierra del Fuego, proyecto para el cual Milei ya reasignó US$142 millones del presupuesto nacional. Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron que las estimaciones finales del proyecto contemplarían entre US$400 y US$500 millones, por lo que el Ejecutivo deberá definir de dónde obtener el 70% del financiamiento aproximado restante.

En ese sentido, el Presidente comunicó también este lunes que dio la instrucción a su ministro de Economía, Luis Caputo, de que priorice en el Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.

Por su parte, Quirno está a cargo de los procedimientos para sancionar a las empresas involucradas en actividades hidrocarburíferas ilegales en el archipiélago. Según detalló el canciller el viernes pasado, unas 180 empresas ya fueron advertidas de que deberán elegir entre continuar operando en las Islas o enfrentar sanciones en la Argentina. En ese sentido, el Gobierno ya inició procedimientos contra 45 sujetos humanos o jurídicos que se encuentran en situación de infracción a la normativa vigente.

Mostrar más actividad política y desactivar un nuevo frente en el Congreso

La llegada de Quirno y Presti no es un hecho aislado, sino que forma parte de una lógica que el Gobierno viene sosteniendo en las últimas semanas para ampliar la mesa política con la participación puntual de distintos funcionarios según el tema que se discuta. En ediciones anteriores del encuentro ya habían participado, por separado, Federico Sturzenegger y Sandra Pettovello.

Esa estrategia conecta también con otro cambio de dinámica que impulsó el Presidente: convertir las reuniones de Gabinete en una instancia semanal fija, todos los lunes a las 10, con el objetivo de darle mayor frecuencia al seguimiento de cada área de gobierno. En ese sentido, la de este lunes fue la tercera en tres semanas.

Más allá de Malvinas, la mesa política deberá sortear otro frente en Diputados. Allí, Unión por la Patria, Provincias Unidas y otros bloques opositores convocaron a una sesión para este miércoles con el objetivo de empujar el tratamiento de proyectos sobre endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad, dos temas incómodos para el oficialismo.

En ese contexto, la Casa Rosada deberá desactivar la amenaza parlamentaria mientras insiste con su propia agenda de proyectos, que incluye temas ambiciosos como la reforma electoral, el super-RIGI, la reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal II, entre muchos otros. (con información de TN)

La secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, dijo en una presentación en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico: “El Reino Unido quiere seguir manteniendo una relación moderna y constructiva con Argentina, con respecto a un rango de intereses compartidos”.

McNeill aclaró igualmente que “no hay duda” sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Malvinas: “No hay duda de nuestro compromiso con los habitantes de las Islas Malvinas, sus derechos democráticos y la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas”.

La funcionaria del gobierno del primer ministro Andy Burnham dijo que el futuro de las islas solo pueden decidirlo sus habitantes y recordó que en el último referéndum que se hizo en el territorio, en 2013, un 99,8% de ellos respaldaron que el archipiélago siga bajo administración británica.

La integrante de la cancillería británica igualmente destacó la alianza con Estados Unidos y descartó que las medidas dispuestas por el presidente Javier Milei vayan a tener impacto en la soberanía de las islas Malvinas, en medio de la intensificación de los reclamos por el territorio.

McNeill destacó: “Estados Unidos es nuestro aliado más cercano. Ellos tampoco tienen ninguna duda sobre nuestro apoyo inquebrantable a los isleños”, afirmó.

Las declaraciones de la funcionaria británica, ante legisladores, fueron luego de las medidas dispuestas por Milei, por las que el Gobierno sancionará a compañías petroleras que operen en las Malvinas.

De hecho, el Ejecutivo denunció a las empresas que buscan extraer petróleo en las Malvinas sin autorización ni concesión del Estado argentino.

El Presidente dispuso estas medidas luego de las declaraciones de su par de Estados Unidos Donald Trump, que sugirió que podría retirar el apoyo a la soberanía británica sobre las Malvinas, al plantear: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”. (TN)

En la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, en la que se consultó a más de 700 empleadores a nivel nacional, el país registró una Expectativa Neta de Empleo (ENE) ajustada estacionalmente en 16%.

Esta cifra, que mide los planes de contratación entre octubre y diciembre, representa un repunte de 10 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y una mejora de 11 puntos en comparación con el mismo período del año pasado.

Según las organizaciones participantes, esta tendencia expansiva en las plantillas está fuertemente influenciada por la generación de nuevos puestos y el crecimiento propio de las empresas.

A pesar de la mejora del indicador, Argentina se mantiene por debajo del promedio global, que alcanza el 29%, compartiendo posición con Bélgica e Italia, pero evidencia una leve mejora en las últimas mediciones después de dos años en el fondo de la tabla. Actualmente, el país está en la ubicación 27 de 42 naciones.

Al desglosar las proyecciones de los empleadores argentinos sobre cómo prevén que variarán sus dotaciones de personal en los meses venideros, el informe arroja que un 35% de las empresas planea incrementar su plantilla de personal y un 42% no prevé realizar cambios en sus equipos.

Por su parte, un 21% proyecta reducir su personal, señalando de forma mayoritaria que los desafíos económicos actuales representan el principal motivo para considerar estas reducciones. Mientras que el 2% restante no está seguro de los movimientos que implementará.

Respecto al tamaño de las organizaciones, el mayor impulso de contratación proviene de las grandes corporaciones, donde las firmas que cuentan con plantillas de 1.000 a 4.999 trabajadores reportan las expectativas de empleo más altas para el último trimestre del año.

Asimismo, el informe refleja que el optimismo de contratación no se distribuye de manera uniforme, sino que muestra polos muy marcados según la actividad económica y la ubicación geográfica.

Los empleadores de la Patagonia reportan las expectativas más sólidas del país con una ENE del 27%. Le siguen el NEA con un 23%, el NOA con un 15%, Cuyo con un 14%, el AMBA con un 12% y, en último lugar, la región Pampeana con un ENE del 11%.

La demanda de mano de obra estará apuntalada principalmente por el sector de Servicios Públicos y Recursos Naturales, que exhibe una expectativa del 36%. Esta actividad, en conjunto con el sector de Finanzas y Seguros (28%), encabeza las proyecciones más fuertes para el último tramo de 2026.

Con respecto a la contratación de perfiles de primer empleo, el trabajo de ManpowerGroup expuso que el 37% de los empleadores consultados afirman que la contratación de trabajadores de nivel inicial está creciendo en comparación con 2025. En tanto que un 34% sostiene que disminuye la contratación y un 24% asegura que se mantiene sin cambios.

Entre los principales motivos de los que deciden reducir estas incorporaciones se encuentran la falta de experiencia requerida para los puestos, la automatización de tareas de soporte mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA) y la escasez de habilidades técnicas.

Asimismo, el reporte puntualizó que las persistentes presiones sobre los costos obligan a muchas empresas a priorizar candidatos con mayor experiencia que puedan ser productivos de manera inmediata.

En lo relativo a los procesos de selección, las empresas reportan ritmos dispares en comparación con el año anterior. Mientras que un 27% asegura que ahora cubre sus vacantes más rápido, un 36% señala que demora el mismo tiempo y otro 36% afirma que el proceso se ha vuelto más lento. (N/A)

El programa establece un monto de $35.000 mensuales, por lo que las doce cuotas correspondientes a la primera convocatoria representan un total anual de $420.000.

Las Becas Progresar cuentan con diferentes líneas y establecen límites de edad según el tipo de formación. Para quienes buscan finalizar la educación obligatoria, el rango es de 16 a 24 años.

En el caso de los estudios superiores, pueden acceder los ingresantes de 17 a 24 años, mientras que el límite se extiende hasta los 30 años para los estudiantes avanzados.

La línea de formación profesional comprende a personas de 18 a 24 años. Sin embargo, el límite se amplía hasta los 35 años para quienes no tienen empleo formal.

Por su parte, quienes estudian la carrera de enfermería no tienen límite de edad para realizar la inscripción.

Cuáles son los requisitos para acceder a las Becas Progresar
Además de cumplir con los rangos de edad correspondientes a cada línea, los aspirantes deben reunir una serie de condiciones para solicitar el beneficio.

Los principales requisitos son:

• Ser argentino nativo o naturalizado.
• Contar con al menos dos años de residencia, cuando corresponda.
• Tener el esquema de vacunación completo o en curso.
• Cumplir con la edad establecida para la línea solicitada.
• Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.ç

Cuánto se cobra por las Becas Progresar

El monto previsto para los titulares de las distintas líneas es de $35.000 por mes. Al considerar las doce cuotas de la primera convocatoria, la asistencia alcanza los $420.000 anuales.

En el caso de los ingresantes, inicialmente se abona el 80% de la prestación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se acredite la regularidad académica en la institución correspondiente.

Los beneficiarios también pueden consultar virtualmente el estado de su liquidación mediante su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma correspondiente, deben dirigirse a la sección de consultas, donde el sistema informa si existe un pago asignado para el mes en curso. (N/A)

A través de un comunicado publicado esta mañana por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, la cartera planteó que "los resultados reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando el recorrido de estudiantes desde 2013".

En ese sentido, sostuvo que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

El duro comunicado fue publicado a primera hora de este martes, luego de que ayer se conociera que la Argentina quedó en el puesto 72 de los 91 países medidos en la evaluación en Ciencias, que fue la principal área de esta edición.

Si en el país ya se venía hablando de una crisis educativa, los resultados de la última prueba PISA muestran que el deterioro se profundizó aún más. En los últimos tres años, los estudiantes argentinos empeoraron su desempeño en Ciencias, Matemática y Lectura.

Los aprendizajes que no se consolidan durante la primaria condicionan el desempeño en el nivel secundario. Fortalecer las bases es el primer paso para mejorar la educación.

Luego de conocerse los resultados de la evaluación PISA 2025, el Ministerio de Capital Humano reafirma el… pic.twitter.com/RPJfqvd1go

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 8, 2026

Aunque el promedio de los países de la OCDE también cayó, el retroceso argentino fue considerablemente mayor. El 48,8 % de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas.

Esos adolescentes no logran interpretar información sencilla en un gráfico, comprender textos simples y calcular relaciones básicas de precio por unidad. Se trata de capacidades necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y seguir aprendiendo, señalan los autores del informe que se dio a conocer este martes.

El Gobierno apuntó a correr el foco de la caída registrada en los últimos tres años —que toman la gestión educativa desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada— y planteó que la prueba reflejaría "el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno".

COMUNICADO OFICIAL.@JMilei pic.twitter.com/QckkYVRtBt

— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) September 8, 2026

También sostuvo la idea de que los resultados se inscribirían "en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000. La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y, en la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

Además, el ministerio de Sandra Pettovello adujo que el descenso en Lectura fue pronunciado a nivel mundial y señaló que la OCDE detectó un fenómeno global al que denominó "lectores apresurados", en relación a "estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta" y que ese comportamiento se duplicó entre 2018 y 2025. (Clarín)

El trabajo de la ONG Argentinos por la Educación da cuenta de que el 76% no alcanzó los requerimientos mínimos de matemática.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mismo se hizo sobre los datos de la evaluación PISA en la que Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Estos reflejan que en las tres áreas los resultados empeoraron respecto de 2022.

La prueba PISA es una evaluación internacional, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se realiza desde el año 2000 de manera periódica. 

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, de los cuales 38 son países miembros de la OCDE y 53 sistemas educativos asociados que no forman parte de esta organización.

En cada edición se realizan evaluaciones sobre los conocimientos y habilidades considerados esenciales para participar de forma plena en las sociedades modernas. A su vez, la prueba no busca medir solo la reproducción de ciertos conocimientos, sino su aplicación a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida fuera de la escuela.

En el caso de Argentina, se seleccionó una muestra representativa de la población objetivo a nivel nacional, en la que participaron alrededor de 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país. En tal caso, Argentina obtuvo el puesto 75 entre los 91 sistemas educativos que participaron en Matemática, y el octavo lugar entre los 13 países de América Latina que formaron parte.

Argentina fue parte de la última edición, representando a América Latina junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el informe se da a conocer que en la prueba 2025 Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. En base a estos resultados, Argentina ocupa las posiciones 62°, 75° y 71°, respectivamente, dentro de los 91 países participantes de PISA. 

Y, al tomar la medición de los 13 países de América Latina que participaron en 2025, Argentina ocupa el octavo lugar en las tres áreas evaluadas.

En cuanto a los puntajes promedio de Argentina en 2025, estos muestran una baja respecto de lo que sucedió en el año 2022: 3,2% en Ciencias, 3% en Lectura y 2,9% en Matemática. Por su parte, los países de la OCDE también tienen caídas en sus puntajes, pero son del 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

Otro dato afirma que, en Argentina, el porcentaje de alumnos que no alcanza los aprendizajes mínimos es del 59% en la prueba de Lectura, 76% en la prueba de Matemática y 59% en la prueba de Ciencias. A su vez, en cuanto al puntaje promedio, en la comparativa regional Argentina quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en todas las áreas evaluadas.

¿Desde cuándo Argentina forma parte de las pruebas PISA?

Tal como indica el informe, desde hace más de 20 años Argentina forma parte de las pruebas PISA y sus puntajes promedios obtenidos empeoraron en Lectura y Matemática, además de que no presentan grandes cambios en Ciencias.

En tal sentido, en Lectura pasó de 418 puntos en el año 2000 a 389 puntos en la de 2025. En la prueba de Matemática, comparable para Argentina desde 2006, el país pasó de 381 a 367 puntos, una diferencia estadísticamente significativa.

Por último, en Ciencias obtuvo 391 puntos en 2006 y 393 en 2025. (N/A)

El objetivo central es atacar uno de los principales límites que enfrentaron las entidades para sostener el crecimiento del crédito a largo plazo: el acceso a fondeo con plazos compatibles con préstamos hipotecarios de 15, 20 o 30 años. La expectativa del sector es que el mecanismo permita ampliar la cantidad de operaciones, aunque el efecto sobre el mercado inmobiliario no sería inmediato ni implicaría un salto en los precios.

Para esta primera etapa, cada banco podrá acceder hasta a $40.000 millones. Los recursos se canalizarán mediante depósitos a plazo y las entidades deberán utilizarlos para generar nuevos créditos hipotecarios para primera vivienda, con préstamos de hasta 150.000 UVA y una tasa máxima de UVA + 7,5%.

La licitación representa así un punto de partida para medir cuánto puede crecer realmente la demanda. La pregunta que aparece ahora en el mercado es qué ocurrirá una vez que los bancos reciban los fondos y comiencen a volcarlos al crédito.

Más crédito, pero con un efecto gradual

Para Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, si el programa funciona según las previsiones oficiales, el mercado podría sumar cerca de 20.000 operaciones hipotecarias adicionales en todo el país. Esa cifra permitiría compensar parte de la pérdida de créditos que se registra respecto del año pasado y, al mismo tiempo, agregaría nuevas compraventas a un mercado que ya mantiene un nivel elevado de actividad.

El perfil de los potenciales beneficiarios tampoco cambiaría de manera sustancial. El especialista ubica al nuevo universo de compradores en propiedades de entre US$100.000 y US$120.000, un segmento que ya concentra parte de la demanda actual. Se trata, en buena medida, de personas jóvenes que buscan acceder por primera vez a una vivienda propia.

El programa no modifica el mecanismo de ajuste de los préstamos. El capital continuará expresado en UVA, por lo que el saldo de deuda se actualizará según la evolución de esa unidad, mientras que el banco cobrará una tasa fija adicional. La diferencia estará principalmente en el fondeo que obtengan las entidades y en las condiciones que puedan ofrecer a partir de ese dinero.

Miguel Chej Muse, miembro del Colegio Inmobiliario porteño y socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate, considera que el nuevo esquema permite resolver un cuello de botella relevante para las entidades. Más fondos disponibles significan una mayor capacidad para prestar, aunque no todo el dinero que llegue desde el FGS necesariamente se traducirá en nuevas operaciones.

Advirtió que algunos bancos ya consiguieron recursos mediante obligaciones negociables u otras fuentes. En esos casos, una parte del dinero del FGS podría reemplazar fondeo existente en lugar de generar un volumen equivalente de nuevos créditos. Por eso, el impacto sobre la cantidad de préstamos será positivo, pero no necesariamente proporcional al monto total licitado.

Aun con ese límite, el efecto sobre la oferta puede resultar relevante. Los bancos que hoy tienen tasas superiores a 7,5% dispondrán de un incentivo para acercarse al máximo establecido por el programa y competir por captar clientes.

Qué cambia para quienes buscan comprar una casa

El nuevo programa mantiene el esquema UVA: el capital se ajusta por esa unidad y el banco cobra una tasa fija. La principal diferencia para el tomador estará en las condiciones que ofrezca cada entidad y, sobre todo, en la tasa.

No todos tendrán un beneficio directo. Algunos bancos ya ofrecen tasas inferiores al 7,5%, mientras que para quienes trabajan con UVA +7,5% el efecto será neutro. La competencia también puede darse en los seguros y el costo financiero total. En las entidades con tasas superiores, el nuevo fondeo podría permitir una mejora de la oferta.

Gómez Picasso aporta un ejemplo. Para una propiedad de US$100.000, con una financiación del 75%, un crédito del Banco Nación genera hoy una cuota cercana a $735.600, con una tasa de 7,02% de CFT TEA. El valor resulta similar al alquiler de una propiedad de esas características.

La comparación entre cuota y alquiler puede favorecer la decisión de compra, pero el acceso sigue condicionado por el ahorro previo, los ingresos y la relación cuota-ingreso. El ejemplo presentado por el Gobierno muestra el límite: para una propiedad de US$106.667, con 75% de financiación a 25 años y una tasa de UVA +7%, la cuota inicial sería de $865.098 y el grupo familiar debería acreditar ingresos netos de $3.460.391.

Más escrituras, sin salto de precios

El impacto más rápido podría verse en las compraventas. En la Ciudad de Buenos Aires, Chej Muse espera que las hipotecas lleguen a unas 2000 por mes, frente a un promedio cercano a 730 durante este año.

El especialista estima que la recuperación será gradual y que los primeros efectos aparecerán dentro de los 90 días que tienen los bancos para colocar los fondos. Gómez Picasso, por su parte, calcula que el programa completo podría sumar entre 2000 y 3000 escrituras mensuales a nivel nacional.

Más crédito implica nuevos compradores para un mercado que ya registra un buen nivel de operaciones. Sin embargo, Gómez Picasso no espera un salto de precios. La mayor presión podría concentrarse en las propiedades de menos de US$150.000, justamente el segmento al que apunta buena parte de la demanda.

Chej Muse también prevé una tendencia alcista, aunque con un incremento mínimo. La mayor disponibilidad de crédito no alcanzaría para provocar un cambio brusco en las cotizaciones.

El impacto sobre la construcción será limitado

La construcción aparece como uno de los sectores donde el efecto sería más indirecto. Gómez Picasso no espera que esta primera etapa genere un volumen significativo de obras nuevas. El mayor movimiento podría darse sobre el stock terminado, con desarrolladores que aceleren la venta de unidades disponibles.

Para que el crédito impulse nuevos proyectos se necesita una demanda más sostenida y condiciones que permitan financiar las obras. En cambio, el efecto sobre la capacidad de los bancos para prestar puede resultar más inmediato.

El FGS apunta a resolver un cuello de botella relevante: el fondeo de largo plazo. La clave estará en cuánto de los $2 billones previstos para el programa termina en nuevas hipotecas y cuánto simplemente cambia el origen del fondeo bancario. Para los clientes, la competencia entre entidades podría traducirse en mejores condiciones y mayor oferta.

La recuperación, de todos modos, será progresiva, así lo estiman en el sector inmobiliario. Primero llegarán los fondos a los bancos, luego las nuevas colocaciones y, finalmente, el impacto sobre las escrituras y las compraventas. La tasa máxima de UVA +7,5% puede mejorar el acceso de una parte de los compradores, pero no elimina las principales barreras: ingresos y ahorro previo.

“Va a ser gradual, pero tenemos fe en que el plan va a funcionar”, concluyó Chej Muse. (TN)

“Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, había afirmado el entonces ministro del Interior, Diego Santilli, el 22 de abril pasado, cuando el Gobierno impulsaba la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Sin embargo, el estudio Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, de la Fundación Éforo, determinó que el Estado destinó $468.083 millones a los partidos políticos y a la política electoral durante las legislativas de 2025, a valores constantes de ese año. Esta cifra fue apenas un 3% inferior a los $482.561 millones destinados a las legislativas de 2021 cuando, a diferencia de 2025, se realizaron tanto las PASO como las elecciones generales.

La diferencia entre ambos procesos electorales fue de $14.478 millones, que equivalen a unos US$ 9,5 millones.

De esta manera, pese a que en 2025 hubo un solo despliegue electoral nacional en lugar de dos, el gasto se redujo apenas 3% en términos reales. El estudio detectó que uno de los principales factores que neutralizaron el ahorro fue el fuerte incremento de los costos logísticos.

El servicio prestado por el Correo Argentino demandó $225.113 millones durante las elecciones de 2025 y alcanzó así el valor más alto de toda la serie histórica analizada por la fundación. Ese concepto representó el 48% del gasto electoral total del año.

El costo fue incluso superior al registrado en años con tres jornadas electorales. En las presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, por ejemplo, el gasto logístico había promediado $190.797 millones, mientras que en las legislativas con PASO de 2017 y 2021 el promedio fue de $183.687 millones.

La eliminación de las primarias sí produjo una reducción en otros rubros. Las transferencias destinadas, entre otros conceptos, a impresión de boletas, aportes extraordinarios de campaña y el operativo de seguridad cayeron $129.652 millones respecto de 2023. Ese ahorro, sin embargo, fue compensado en buena medida por el aumento de los gastos logísticos. 

Éforo también comparó las elecciones de 2025 con las legislativas de 2009, las últimas realizadas antes de la implementación de las PASO.

A precios constantes de 2025, aquellos comicios demandaron $296.967 millones, por lo que las legislativas del año pasado, aun sin primarias, resultaron un 58% más costosas en términos reales.

“Que el gasto de 2025 no haya retornado a los niveles previos a las PASO, ni se haya reducido a la mitad frente a 2021 sugiere una fuerte rigidez a la baja”, señaló el informe.

La vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, planteó además la necesidad de contar con mayor información sobre la composición de las erogaciones electorales.

“Transparentar la composición de estos gastos es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como la equidad de la competencia política”, afirmó.

El informe fue elaborado a partir de información oficial de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y datos del INDEC, y reconstruyó la evolución del gasto público electoral entre 2007 y 2026.

Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. (con información de NA)

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.

“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.

En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.

La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.

La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.

La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará. (con información de NA)

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri coincidieron en responsabilizar al Gobernador por el impacto del fallo y plantearon que la medida favorece a quienes cometen delitos. “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió Bullrich en X.

Santilli también criticó que el mandatario provincial no se haya pronunciado aún sobre el fallo. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo. El jefe de Gabinete cerró con una acusación que coincidió con el tono de Bullrich: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Petri llevó la misma discusión al mismo análisis, pero también acusó a la magistrada de haber frenado una reforma que el oficialismo considera central para endurecer la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió Petri, que defendió la ley debatida por el Congreso. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores; no hay excusa para no aplicarla”, agregó.

El Gobierno endureció las críticas a Kicillof

La ofensiva del oficialismo combinó el rechazo al fallo que frenó la baja de imputabilidad a chicos de 14 años con cuestionamientos a la gestión bonaerense en materia de seguridad. Bullrich sostuvo que existe “una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias” y describió una situación en la que, según afirmó, los bonaerenses viven con miedo. “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, afirmó.

Petri puso el foco en las víctimas y responsabilizó tanto a Kicillof como al Poder Judicial por la interrupción del nuevo régimen. “Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley”, reclamó.

La reforma tiene como antecedente el proyecto que Bullrich, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, y el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona enviaron al Congreso, aunque la iniciativa sufrió modificaciones clave durante el debate legislativo antes de convertirse en la Ley 27.801.

La norma entró en vigencia a nivel nacional el sábado pasado y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. El nuevo régimen redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplazó el sistema que regía desde 1980.

El argumento de la jueza para frenar la aplicación

La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad y puso bajo análisis las condiciones del sistema para recibir a los jóvenes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por la reforma.

La magistrada sostuvo que debe determinarse si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez” y advirtió que la nueva legislación podría incrementar la cantidad de menores detenidos y la permanencia en los centros de alojamiento.

También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen y qué acciones tienen previstas. Hasta entonces, la aplicación de la ley permanecerá suspendida en la provincia. (con información de TN)

El Ejecutivo sostuvo que las tres primeras “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido” para operar en el territorio, en violación de la Ley 26.659, y que la denuncia alcanza también a sus accionistas.

El comunicado agregó que que la acción se dirige, además, contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hubiesen intervenido en el hecho.

La Casa Rosada encuadró la medida como “una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, “por ser parte integrante del territorio nacional”.

En el mismo comunicado, el jefe de Estado instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar en el proyecto de Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.

El anuncio se produce pocos días después de la cadena nacional en la que el Presidente adelantó un paquete de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas para frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, en particular el yacimiento Sea Lion.

En esa línea, el Ejecutivo ya había adelantado reformas a la Ley 26.659, sanciones a operadoras y proveedores, y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El comunicado cierra con el compromiso de seguir investigando y promoviendo “las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos” y presenta ambas medidas como parte de “una política integral” para defender el territorio, proteger recursos naturales y resguardar intereses estratégicos.

La semana pasada, el gobierno anunció una serie de medidas para reforzar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y frenar el proyecto de explotación petrolífera offshore de Sea Lion.

Entre los anuncios centrales, el Presidente confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan sin autorización argentina en las Islas, y un llamado a toda la dirigencia política, sin distinción de signo partidario, a sostener un frente común en torno a la causa.

Por fuera del reclamo histórico de la Argentina, el Presidente habló sobre una nueva amenaza a la soberanía nacional. “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”, advirtió Milei.

En ese escenario, sostuvo que, de no actuar con “firmeza y celeridad”, el Reino Unido “en pocos meses” tendrá “la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. El Presidente aclaró que Sea Lion “es solo uno de los proyectos que están avanzando” en las Islas y que existen “otros proyectos y otras empresas” que también representan una amenaza para los intereses estratégicos del país.  (con información de TN)

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, señaló el funcionario israelí en su cuenta de X.

Ben Gvir sostuvo que “los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 7, 2026

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, indicó Ben Gvir.

En una primera reacción a esta postura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, dijo en X: “El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”. (NA)

Los dirigentes gremiales piensan avanzar en un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración libertaria. 

Entre otros motivos, la disposición de la huelga obedece al fracaso de la paritaria del sector y al rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei. En concreto, es el reclamo medular ya que plantearon que la propuesta resulta insuficiente frente a un retraso salarial que estiman en un 32% solo de 2026. 

En este marco, la medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —vigente desde hace más de 300 días— y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como actualizar las becas estudiantiles.

"El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN y uno de los referentes de la CGT.

Asimismo, Ricci ratificó la continuidad de las acciones gremiales para los próximos días: "Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley. No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro".

Finalmente, el dirigente remarcó el respaldo de la sociedad argentina a los reclamos del sector universitario, al tiempo que advirtió que la situación afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general.

En el oficialismo, en tanto, responden que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición luego de realizar ofertas salariales que, consideraron, se encuentran encima del promedio de la inflación. 

Uno de los funcionarios al tanto de las conversaciones con los gremios de la educación superior expresó que sus referentes apuestan al desgaste del oficialismo. Y, paralelamente, a generar un escenario similar al de 2025, año en el que la oposición en el Congreso consiguió mayoría para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los ejes de la pelea. (NA)

La Ley 27.801 había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. La norma reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980, al bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.

La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos. El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.

El fallo generó una rápida reacción política. La senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a través de la red social X: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió. (TN)

Este ingreso al RIGI quedó autorizado mediante la Resolución 1468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa como un "Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.

La iniciativa plantea la construcción, operación y gerenciamiento de una planta de urea granulada, que es un insumo clave para el sector agropecuario, y generará más de 4.800 puestos de trabajo durante la obra. Además, según la resolución, “el proyecto prevé exportaciones por más de US$800 millones anuales, generando un impacto positivo en la generación de divisas”. Según estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal destino de las ventas externas, ya que ese país importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

De acuerdo al texto oficial, el complejo industrial se montará en el ámbito del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, específicamente en el Puerto de Ingeniero White, con una extensión aproximada de 80 hectáreas. También se destacó que “su ubicación resulta estratégica, en virtud de su proximidad al puerto de aguas profundas, lo que facilita las operaciones de exportación y de su conexión con los gasoductos que posibilitan el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta”.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La infraestructura técnica constará de dos plantas gemelas de urea granulada, con capacidad de producción de 3.000 toneladas diarias cada una, junto con sus correspondientes unidades de granulación. El complejo se completará con una única planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día que producirá el dióxido de carbono y el amoníaco requeridos como materias primas para fabricar la urea.

La empresa informó que las plantas “serán construidas con tecnología de última generación, incorporando sistemas que optimizan el uso eficiente de la energía y minimizarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2), con un moderno sistema de antorchas y de seguridad, garantizando la protección de la comunidad, los empleados y el medio ambiente”.

Actualmente, las exportaciones de urea de origen nacional son cuasi nulas, lo que obliga a la Argentina a afrontar un déficit comercial estructural mediante la importación de aproximadamente 1,3 millones de toneladas por año de este fertilizante.

La ejecución del proyecto "Fertilizantes" no solo apunta a cubrir el consumo agrícola doméstico, sino a posicionar al país como un nuevo proveedor de largo plazo en los mercados globales de urea.

El plan prevé que los desembolsos se ejecuten en dos etapas entre 2026 y 2029. La primera irá desde el 17 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027 centrada en las actividades iniciales de ingeniería y procura de equipos, con una inversión estimada en US$1.105 millones.

La segunda etapa se extenderá desde el 1 de enero de 2028 al 16 de diciembre de 2029, focalizada en el montaje de equipos, comisionado y puesta en marcha final, con un desembolso proyectado de US$1.588 millones.

Por otro lado, se estipuló que el monto inicial a invertir en los dos primeros años contados desde la notificación administrativa alcanzará un total de US$1.666 millones, repartidos en US$785 millones durante el primer año y US$881 millones durante el segundo.

La contratación para el desarrollo de la obra se estructuró bajo la modalidad de Contrato EPC "llave en mano" (Engineering, Procurement and Construction) y fue adjudicado al consorcio integrado por la firma internacional Tecnimont y la local SACDE S.A.

El proyecto será desarrollado por Tecnimont, perteneciente a la unidad E&C Solutions de MAIRE, y por SACDE. Tecnimont tendrá a su cargo las tareas de ingeniería y compras (procurement), mientras que SACDE ejecutará la construcción de la planta. La tecnología será provista por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, junto con KBR, compañías reconocidas a nivel mundial por el desarrollo de tecnologías para plantas de fertilizantes.

Tecnimont, por su parte, cuenta con experiencia en la construcción de más de 100 plantas de amoníaco y 75 plantas de urea en distintos países.

El Ministerio de Economía autorizó con carácter excepcional que la participación de SACDE S.A. sea computada para alcanzar el cupo obligatorio del 20% de participación de Proveedores Locales. (La Nueva., con información de NA)

Durante el encuentro también se resolvió que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen a la Mesa Política para “seguir ordenando los próximos pasos” vinculados a la estrategia para reforzar la soberanía sobre las islas.

En el Gabinete se analizó además el impacto mediático y general de las medidas anunciadas en la cadena nacional, entre ellas las sanciones a las empresas que operen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó encausado en la Cámara Baja.

La iniciativa, tal como explicó Milei, tiene tres objetivos. El primero apunta a endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, prohibiéndoles contratar en el país y habilitando, cuando corresponda, el juicio en ausencia. A su vez, plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con una política de seguridad obligatoria para todo el Estado. Finalmente, busca darle a ese Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas de actores estatales o no estatales.

Los otros ejes de la reunión

El Presidente también aprovechó el encuentro de este lunes para actualizar las principales variables económicas y los indicadores de actividad.

En ese sentido, Milei volvió a ratificar el rumbo económico y sostuvo que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría tanto la reputación construida como los resultados obtenidos hasta el momento.

A su vez, destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el inicio de la gestión. Con ese pie, el funcionario presentó ante sus pares los detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales, que se encuentra en elaboración. Según explicaron fuentes de la cartera a este medio, la iniciativa ya está lista para ser enviada al Congreso cuando así lo disponga la conducción política del Ejecutivo.

El encuentro de este lunesoy vino a efectivizar una decisión tomada por Milei: convertir los encuentros con su equipo en una instancia fija de seguimiento político y de gestión. Según fuentes oficiales, la reunión de Gabinete “queda fija todos los lunes” a las 10, con el objetivo de darle mayor frecuencia al control de cada área de gobierno.

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, con los avances sobre la política nacional vinculada a Malvinas como uno de los temas centrales. De esa manera, el Gobierno suma un nuevo encuentro semanal paralelo al de la mesa política -celebrado todos los martes-, luego de varios meses donde el Gabinete solo acudía a Balcarce 50 en ocasiones puntuales y más esporádicas.

En esta edición, la reunión en el Salón Eva Perón volvió a contar con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia); y el canciller Pablo Quirno; además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich. (con información de TN)