Aunque en el mercado financiero existe consenso sobre el cumplimiento de la obligación, persisten los interrogantes respecto a la ingeniería financiera elegida para reunir las divisas y acceder a los Derechos Especiales de Giro (DEG) exigidos por el organismo.

Las alternativas sobre la mesa responden al ajustado nivel de liquidez pública. Según los últimos datos disponibles al 28 de octubre, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central (BCRA) ascendían a US$851 millones, lo que deja un remanente de apenas US$51 millones por encima del monto adeudado.

Como vía alternativa, el Gobierno dispone de depósitos en moneda nacional por $8,9 billones, recursos que podrían destinarse a la compra de dólares al BCRA, aunque esa operación tendría un impacto de mayor magnitud sobre las reservas netas de la institución.

La modalidad del pago genera especial atención de cara a los compromisos de enero de 2027, cuando el Estado deberá saldar cerca de US$4.500 millones con bonistas privados, en un contexto de mercado cerrado y con un riesgo país rozando los 800 puntos.

El cumplimiento del pago coincide con la reciente aprobación de la tercera revisión técnica del programa por parte del personal del FMI. Sin embargo, la habilitación del desembolso pendiente por cerca de US$900 millones requiere todavía la ratificación del Directorio Ejecutivo, tratamiento estimado para los primeros días de diciembre.

En sus declaraciones, el Fondo valoró la marcha de las reformas, la desaceleración de la inflación y la acumulación de más de US$16.000 millones en reservas por parte del Banco Central en lo que va del año. (N/A)

La presentación fue encabezada por Missouri y se realizó el viernes 30 de octubre bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo judicial que permite a terceros interesados aportar argumentos en una causa sin intervenir directamente como demandantes o demandados.

Los firmantes cuestionaron la decisión del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el 27 de marzo de este año anuló la sentencia millonaria dictada contra la Argentina. Consideraron que el criterio adoptado podría sentar un precedente que permita a otros países utilizar sus propias leyes para evitar reclamos judiciales en territorio estadounidense.

El documento sostiene que los jueces interpretaron de manera incorrecta la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos (FSIA), que establece las condiciones bajo las cuales un Estado extranjero puede ser demandado ante los tribunales norteamericanos.

La presentación plantea que los tribunales federales estadounidenses deben ejercer su jurisdicción cuando se cumplen las excepciones previstas por la FSIA, entre ellas determinadas actividades comerciales de gobiernos extranjeros que producen efectos directos en Estados Unidos.

Según los fiscales generales, la interpretación del Segundo Circuito podría permitir que un Estado demandado evite las consecuencias de un juicio mediante la aplicación de normas internas que favorezcan su posición.

Como antecedente, los fiscales mencionaron las demandas presentadas por Missouri y Mississippi contra China por supuestas prácticas comerciales perjudiciales durante la pandemia de coronavirus.

Esos litigios incluyeron acusaciones por el acaparamiento de barbijos y otros elementos de protección sanitaria, la comercialización de productos de menor calidad y distintas conductas consideradas desleales.

Los representantes estatales sostuvieron que, si China pudiera invocar su propia legislación para obligar a que esas controversias se resolvieran exclusivamente ante tribunales chinos, las autoridades estadounidenses tendrían mayores dificultades para defender los intereses de sus ciudadanos.

Por eso, solicitaron que la Corte Suprema acepte revisar la sentencia del Segundo Circuito y la revoque.

Qué puede pasar ahora con el juicio por YPF

La causa llegó a la Corte Suprema estadounidense después de que Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos son financiados por Burford Capital, solicitaran una revisión de la sentencia favorable a la Argentina.

Los fondos buscan que el máximo tribunal intervenga y restablezca la condena de US$16.100 millones, originada en la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012.

El conflicto judicial gira alrededor de la falta de una oferta pública de adquisición dirigida a los accionistas minoritarios, una obligación que los demandantes consideran prevista en el estatuto de la petrolera.

Sin embargo, la Corte Suprema todavía no decidió si aceptará tratar el caso. La presentación de los estados constituye un respaldo a la solicitud de los demandantes, pero no modifica por sí misma el fallo favorable a la Argentina.

Durante las próximas semanas podrían sumarse nuevos escritos de amicus curiae, tanto para acompañar a los fondos como para defender la posición argentina.

También está pendiente una eventual intervención de John Sauer, procurador general de Estados Unidos, quien anteriormente ocupó el cargo equivalente en Missouri. Su opinión podría adquirir relevancia si la Corte Suprema le solicita al gobierno estadounidense que se pronuncie sobre la controversia.

Mientras tanto, el próximo vencimiento procesal está fijado para el 2 de diciembre, después de que la Corte Suprema concediera una prórroga solicitada por los abogados del Estado argentino y de YPF para presentar sus respuestas.

Recién después de analizar las presentaciones, el máximo tribunal podrá definir si acepta revisar el fallo o rechaza el pedido, lo que dejaría firme la decisión que anuló la condena millonaria. (TN)

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", dijo la expresidenta al diario estadounidense que la entrevistó en su departamento de Buenos Aires, donde cumple seis años de arresto domiciliario con inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos.

Cristina, de 73 años, dijo esperar que los votantes estadounidenses impulsen una ola progresista y comparó su situación con la de su aliado Lula da Silva, reelegido presidente de Brasil, quien pasó 580 días preso antes de que sus condenas fueran anuladas. "Me dijo: 'Haz ejercicio y no te deprimas'", contó sobre el consejo del dirigente brasileño.

Sobre un posible regreso a la presidencia en 2027, cuando se espera que el presidente Javier Milei busque la reelección, CFK fue cautelosa: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?". El peronismo aún no se ha unido en torno a un candidato, más allá de las conocidas aspiraciones de Axel Kicillof, hoy enfrentado a su exjefa política.

CFK negó haber cometido delito alguno y describió su procesamiento como motivado políticamente. "Decime dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto", afirmó.

Fernández de Kirchner y su abogado, Rafael Valim, solicitaron al Comité de Derechos Humanos de la ONU que revise su caso alegando que se le negaron garantías procesales.

Valim, quien fue asesor de Lula, dijo que la prioridad es restablecer los derechos políticos de la expresidenta. "Si Argentina no cumple, preveo una movilización social irresistible por parte del pueblo argentino", sostuvo.

En la entrevista, Cristina además reconoció que los peronistas contribuyeron a su derrota en 2023, cuando la inflación anual alcanzó el 211% bajo el gobierno de Alberto Fernández. "Se produjo un colapso en la cultura laboral", admitió.

La intención del oficialismo es poder mantener conversaciones informales en los próximos días para poder cerrar los acuerdos que permitan firmar el dictamen el 17 y 18 de noviembre, para tratar esa iniciativa el 25 de noviembre, informaron fuentes parlamentarias.

La Libertad Avanza (LLA) postergó el miércoles pasado la firma del dictamen de mayoría del Presupuesto 2027, luego de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, con representantes de la UCR, el PRO y Argentina Federal.

También existen contactos con los legisladores de Provincias Unidas, de Elijo Catamarca y de Independencia.

De hecho, los reclamos de los bloques dialoguistas son diversos, pero coinciden en un punto: quieren una rebaja del Impuesto a los Combustibles. El argumento es que el objetivo de la recaudación de ese tributo no se cumple, que es el mantenimiento de las rutas nacionales. Además, reclaman garantizar los fondos para discapacidad.

Pero no solo quieren cambios en el Presupuesto, sino que la UCR espera que se avance con el proyecto aprobado por el Senado de incentivo a las inversiones relevantes, cuya autoría corresponde al senador radical Eduardo Vischi.

En tanto, los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta, Gustavo Sáenz; de Jujuy, Carlos Sadir; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martin Llayora, exigen que se avance con la discusión de la ley de Biocombustibles, que se frenó la semana pasada por un reclamo de legisladores bonaerenses.

Reclamos del PRO

El PRO quiere tener garantizados los fondos de coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, la baja del IVA para los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, y un mecanismo que garantice los plazos y las tarifas de las obras públicas en rutas nacionales.

El tema de los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires es un asunto que el oficialismo considera podrá resolverse mediante negociaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los pedidos de la UCR 
La UCR reclama, como otros bloques aliados, eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el área. 

Otro punto sin resolver es el financiamiento de las universidades nacionales. El proyecto contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

El poroteo
La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el tratamiento del proyecto.

Para construir una mayoría, el oficialismo busca sumar el respaldo de la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían en conjunto 22 votos; los 9 integrantes de Argentina Federal; 2 de Producción y Trabajo; y alrededor de 10 representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados, aunque el resultado dependerá de las negociaciones y de la posición definitiva de cada bloque.

Gastos, ingresos e inflación: las proyecciones para 2027

El proyecto de Presupuesto para 2027 prevé gastos totales consolidados por $216 billones, lo que representa un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Por su parte, los recursos consolidados, principalmente provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, con una suba proyectada del 26,2%.

En cuanto a las principales variables macroeconómicas, el Poder Ejecutivo estima una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual de $1.728.

Respecto de la composición del gasto, el gasto en servicios sociales ascendería a $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

El proyecto también proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% durante 2027 y una expansión del consumo público del 0,6%.

En conjunto, las cifras muestran una apuesta del Ejecutivo por un aumento de los recursos que permita cubrir el crecimiento del gasto, manteniendo un esquema de política fiscal que incorpora previsiones de inflación y tipo de cambio relativamente altas.

La diferencia entre recursos y gastos consolidados sugiere margen para la atención de la deuda y el financiamiento de políticas sociales, aunque la evolución real dependerá de la ejecución presupuestaria y del desempeño de la economía frente a las proyecciones.

Con la misión de ratificar el trabajo de los últimos meses, este lunes por la tarde llegará la tercera y última avanzada de la Santa Sede, integrada por 26 funcionarios vaticanos que permanecerán en el país hasta el arribo del sumo pontífice, previsto para el domingo 8 de noviembre a las 16.30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Allí, además de las autoridades episcopales, lo esperará al pie del avión el presidente Javier Milei.

La comitiva vaticana estará encabezada por Alessandro Gallo, el funcionario de la Santa Sede a cargo del viaje a la Argentina, e incluye personal de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios. “Llega la avanzada y va a haber varias reuniones en los lugares ajustando todos los detalles”, sintetizaron desde Balcarce 50. El primer encuentro será en el Palacio San Martín este lunes a las 17, con funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y Cancillería, además de autoridades del Episcopado argentino. Los encuentros se repetirán durante la semana en los distintos puntos que visitará León XIV durante su estadía: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“La idea es hacer recorridos en cada uno de los lugares. Lo más importante que estamos viendo con la avanzada es que se pueda cumplir la agenda con los tiempos que tenemos”, explicaron a TN desde la Secretaría de Culto que conduce Agustín Caulo. El objetivo principal, explicaron, es que no hayan demoras que puedan acotar los paseos con el Papamóvil, donde los fieles pueden tener su momento de mayor cercanía con el sumo pontífice. Para garantizar que todo salga como esperado, el Gobierno estará realizando ensayos de la “coreografía” de la visita en los diferentes lugares.

A su vez, desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) explicaron que la avanzada revisará los lugares donde estará el Papa, empezando por los altares, que ya están “muy avanzados”, y que habrá encuentros con los responsables de seguridad y con los encargados de la liturgia para las misas y celebraciones.

Una de las prioridades del Gobierno: que no se politice la visita del papa

En paralelo, tanto en la Iglesia como en el Ejecutivo insistieron en despegar la llegada del sumo pontífice de cualquier lectura que termine atravesada por la disputa partidaria local. “El mensaje del Papa y la masividad de la convocatoria se va a llevar puesto absolutamente todo a nivel comunicacional”, anticiparon desde el Gobierno.

Si bien en el oficialismo aseguraron que habrá voces de la oposición quienes realicen una lectura política de los mensajes pastorales, desestimaron un mensaje directo contra la Casa Rosada o Javier Milei. En su lugar, esperan un mensaje más global, en línea con la postura histórica de la Iglesia sobre proteger a los más vulnerables como los sectores más pobres o las personas con discapacidad, además de hacer foco en conceptos abordados en su encíclica Magnifica Humanitas en relación al rol de la Inteligencia Artificial y la dignidad del ser humano. “Va a ser un poco forzada cualquier lectura que quieran hacer”, dijeron.

Por su parte, desde la Conferencia Episcopal ratificaron el carácter de visita pastoral del viaje, luego de que la semana pasada el secretario general de la entidad, Raúl Pizarro, afirmara que la organización de la visita se propuso “no entrar en la grieta”. “Queremos trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre”, sostuvo.

En ese sentido, desde la CEA reiteraron a TN que el mensaje del Papa “va a ser para todos” y argumentaron que la agenda del sumo pontífice contemplará un contacto con todas las realidades de la Argentina: los gobiernos provinciales, el mundo del trabajo, el mundo de la discapacidad, el mundo de la pobreza, el mundo de la economía y el mundo de la empresa.

“No hay ninguna posibilidad de politizar porque el que no va a politizar es el Papa. Cuando se habla de politizar, se está subestimando en cierta manera lo que es la generosidad del santo padre. Si alguien cree que el Papa trae un mensaje político es que no conoce cómo se gesta y se trabaja una visita apostólica”, replicaron una vez más desde la CEA.

Con un tono más cauto, cerca de un integrante del Gabinete de Javier Milei, replicaron esa intención: “Trataremos que no se politice. Al menos de nuestra parte. Con fe de que salga todo bien”.

El acuerdo con la Iglesia para “cuidar” los espacios de la política

Pese a la insistencia del Gobierno y la Iglesia de despolitizar la visita, la agenda del sumo pontífice en la Argentina incluirá puntos incómodos para el oficialismo, como las actividades con referentes del sindicalismo y una recorrida por el cottolengo Don Orione tras las recientes discusiones por los recortes al sector de la discapacidad previstos en el Presupuesto 2027 -que el oficialismo acordó revertir-.

Ante esa posibilidad, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfatizó el jueves pasado que el oficialismo no espera un discurso crítico del Papa y remarcó que éste “no viene a hacer política partidaria”. “Ni en Argentina, ni en ningún otro lugar del mundo”, sostuvo la funcionaria en diálogo con Radio Mitre y otros medios, y reiteró que toda lectura política de la visita “va por cuenta de los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas”.

Aun así, conscientes de los mensajes que podrían impulsar desde la oposición, desde el Gobierno explicaron a este medio que buscarán enfatizar comunicacionalmente los aspectos pastorales de esos ejes de la visita que podrían llevarse a la arena política.

Además, en las conversaciones del Ejecutivo con las autoridades eclesiásticas, se abordó cómo “cuidar” los espacios donde estará el Papa en relación con la presencia de figuras de la política. “Distinguir en cada espacio donde tienen que haber autoridades políticas y dónde no. En los encuentros con los obispos o con los presos en la cárcel de Devoto, ahí no van a haber políticos”, ejemplificaron.

Donde sí se privilegiará la presencia de la dirigencia política será en el Palacio Libertad, donde el Gobierno decidió convalidar el mensaje de unidad que profesa la Iglesia e invitar a los principales representantes de la sociedad civil a la recepción oficial programada para el próximo domingo. La convocatoria incluirá a todos los gobernadores, incluidos los opositores; senadores y diputados nacionales de las distintas fuerzas; y a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Según pudo saber TN, también estará la vicepresidenta Victoria Villarruel. (TN)

 Así, en blanco y negro, aunque con más chances de que el republicano se lleve una fuerte derrota. Por lo menos, eso dicen las encuestas.

Con una popularidad por el piso (en torno a un nivel de aprobación que parte del 30% y, como mucho, araña el 38% como techo, según los sondeos), la posibilidad concreta de que pierda las mayorías que hoy tiene en la Cámara de Representantes -donde se elige la totalidad de los 435 diputados- y quizá también en el Senado -que pone en disputa 35 escaños, un tercio de las bancas- está ahí, amenazante. Al acecho.

De la suerte de Trump también puede estar atada la del gobierno de Javier Milei, el presidente argentino que admira al estadounidense y que ha logrado favores económicos que, según distintos analistas, incluso le permitieron obtener una ventaja en las elecciones legislativas de 2025 con un apoyo financiero de 20.000 millones de dólares. 

Un mal resultado del republicano puede agitar las propias urgencias internas trumpistas, postergar sus “rescates” a gobiernos amigos y ralentizar sus alianzas internacionales.

Es cierto que las derrotas de los oficialismos son muy comunes en las elecciones de medio término de los Estados Unidos: en 37 de los 41 casos que se celebraron desde 1864, la oposición ganó en la Cámara de Representantes. Incluso muchos presidentes en ejercicio obtuvieron su reelección pese a haber sido derrotados en las legislativas dos años antes. Pasó, por ejemplo, con Ronald Reagan, Bill Clinton y Barack Obama.

Pero para Trump ese reflejo puede traer peores perspectivas: en 2018 perdió las legislativas y, dos años después, fue derrotado por Biden en las elecciones presidenciales de 2020. 

Si bien esta es la última Presidencia a la que Trump puede aspirar -no podría competir en 2028- la posibilidad de que pierda activaría el síndrome del “pato rengo”, es decir, una vulnerabilidad política en sus últimos dos años de mandato, con un poder que se diluye y se escurre entre sus manos. Y con sus enemigos, propios y ajenos, al acecho.

Lo que se elige

En estos comicios en los Estados Unidos hay 250 millones de ciudadanos habilitados para votar.

De ellos, 39 millones son latinos, constituyendo un peso específico muy fuerte que alcanza al 16% del padrón nacional. 

Hasta el sábado habían votado de manera anticipada -vía correo o presencial- unos 48 millones de personas, lo que equivale al 19,2% del total. 

Entre los votos anticipados, el 46% correspondió a demócratas registrados, el 31% a republicanos y el 23% restante a independientes y otras categorías.

Una curiosidad fue que entre los que votaron anticipadamente por correo figura Robert Francis Prevost, o sea, el Papa León XIV, quien –como cuando era obispo en Perú- ejerció su derecho desde el Vaticano para elegir autoridades en su país de origen, EE.UU. Será la primera vez que vote un Sumo Pontífice.

Como se mencionó, en esta oportunidad se elige a la totalidad de la Cámara de Representantes, 385 diputados (cuyo mandato dura 2 años). Y un poco más de un tercio del Senado: 35 bancas (sobre 100) entre las que están incluidas dos especiales, las que dejaron vacantes el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (los mandatos de los senadores se extienden por 6 años).

Además, habrá comicios para las gobernaciones de 36 estados (y 3 territorios estadounidenses: Guam, Islas Marianas del Norte e Islas Vírgenes) y elecciones legislativas locales. A eso hay que sumar fiscales, sheriffs, representantes de juntas escolares, entre otros cargos.

Pero las miradas van a estar puestas sobre todo en el Capitolio nacional y lo que ocurra con los gobernadores, no sólo por la gobernabilidad a futuro de Donald Trump sino también porque de allí puede asomar el próximo inquilino de la Casa Blanca en el período 2029-2033.

Lo que dicen las encuestas

De acuerdo a los últimos sondeos, los republicanos corren serios riesgos en ambas Cámaras del Capitolio, pudiendo ver diluido el dominio que hoy ejercen.

Es altamente probable que vean escaparse la mayoría que detentan en la Cámara de Representantes: actualmente tienen 218 escaños, a los que hay que sumar un diputado independiente que siempre vota con el oficialismo, contra 214 de los demócratas.

Las encuestas señalan que no le resultará difícil a la oposición quedarse con el puñado de bancas adicionales que necesitan para formar mayoría.

De hecho, según una proyección realizada por la Universidad de Harvard, los demócratas tienen un 94% de posibilidades de obtener la ventaja en ese cuerpo, consiguiendo alrededor de 26 escaños de diferencia. 

Hoy la oposición cosecharía alrededor del 54% de los votos nacionales para la Cámara de Representantes.

En tanto, en el Senado la situación puede no resultar tan adversa para Trump: hoy los republicanos cuentan con 53 bancas en la Cámara Alta contra 45 demócratas (que suelen ser respaldados por otros dos independientes). 

Hay expertos que señalan que podría ser que el resultado de los comicios del martes 3 de noviembre arroje una paridad 50 a 50 en el Senado y que, con eso, el vicepresidente JD Vance -titular de la Cámara Alta- cuente con el voto de desempate en favor de los republicanos, cobrando un protagonismo central en los dos años que le restan a Trump.

Y fortaleciendo así su figura como potencial sucesor en el Salón Oval, algo que ya lo tiene como favorito en las encuestas, superando a Marco Rubio que aparece segundo entre los virtuales postulantes republicanos.

Por otro lado, la proyección realizada por la Universidad de Harvard señala que existe un 75% de posibilidades de que los demócratas también tomen el control del Senado.

Y que podrían quedarse con 53 bancas en ese cuerpo. Lo que sería un golpe letal para Trump ya que perdería ambas Cámaras.

Sin embargo, en el Senado la disputa parece más pareja y nadie se quiere arriesgar a pronosticar con certeza qué puede pasar porque hay distritos como Kansas, Iowa, Maine, Ohio, Alaska, Michigan y hasta Texas (bastión republicano) donde el final aparece abierto y los sondeos muestran una gran paridad entre los candidatos.

Lo que sí resulta evidente es que la pérdida de al menos uno de los dos órganos legislativos le puede trabar las iniciativas a Trump y él debería recurrir al uso de más “órdenes ejecutivas” (decretos) para gobernar, algo que no es bien visto por amplios sectores de la sociedad y que suele recibir fallos adversos en la Justicia.

Lo que se juega cada partido

En ese panorama, los demócratas ponen en juego 13 bancas en el Senado (de las 45 que poseen), mientras que los republicanos llevan a la cancha 22 (de 53).

Es decir que Trump y compañía enfrentan un riesgo mayor que sus rivales en la Cámara Alta. Y, como en la Cámara de Representantes se elige la totalidad de sus miembros y allí hoy los republicanos son mayoría, también el oficialismo tiene más para perder que para ganar en ese cuerpo.

Es decir, Trump se somete a una suerte de plebiscito o referéndum determinante sobre su cuestionada gestión y, además, se podría enfrentar a un escenario muy complejo hasta el final de su mandato.

Su grado de desaprobación se basa especialmente en la situación económica de los hogares y el aumento del costo de vida, en particular por la suba descomunal del precio del combustible desde que comenzó la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero de este año.

Los ataques de los Estados Unidos de Donald Trump y del Israel de Benjamín Netanyahu contra Irán y la respuesta de esa nación persa contra otros países petroleros aliados a Occidente y el cierre del Estrecho de Ormuz dispararon el precio del crudo y del gas a nivel mundial, lo que repercutió en los bolsillos de los estadounidenses que ahora van a votar.

Para graficarlo: entre abril y septiembre la inflación fue del 3,67%, un índice exorbitante para los EE.UU., de la mano de la suba del precio del galón de combustible que se ubicó en 4 dólares en el promedio nacional.

Eso, sumado a otros escándalos en materia política (nacional e internacional) y judicial, además de su estilo provocador y confrontativo, a veces sobrepasando los límites de lo que dictan las leyes, son elementos que se ponen en juego en estos comicios determinantes para Trump. Y para el mundo.

Los demócratas, en tanto, deberán afrontar una elección donde medirán a sus potenciales candidatos para la Presidencia.

En ese sentido, quien encabeza las mediciones es la ex vicepresidenta Kamala Harris, pese a haber sido derrotada en las últimas elecciones por Donald Trump.

Los demócratas tienen el desafío de reconstruir su credibilidad pública y la deteriorada imagen de una gobernabilidad débil que dejó el final del mandato de Joe Biden.

Además, el PD debe ver cómo salda sus pujas internas entre los sectores más conservadores de su espacio y una ala juvenil mucho más combativa y hasta “socialista”, según algunos posicionamientos.

El impacto en la Argentina

Como se mencionó antes, estas elecciones de medio término en los Estados Unidos no sólo tendrán impacto en la principal potencia del planeta sino también en todo el mundo.

Y, en especial, en Argentina, donde el alineamiento incondicional del gobierno de Javier Milei con la Casa Blanca resulta un hecho insoslayable.

Una potencial caída de Trump puede resultar letal para el libertario argentino por la referencialidad política e ideológica que cultiva con el republicano. 

Y mucho más después del triunfo de Luiz Inácio “Lula” Da Silva en Brasil (que venció a Flávio Bolsonaro, el aliado de Milei), sumado al enorme interrogante que se abre sobre la continuidad o no de Netanyahu en Israel, luego de unas elecciones en las que quedó muy lejos de los números para formar gobierno.

La apoyatura internacional de Javier Milei está en problemas. Y, con eso, surge una pregunta concreta: ¿cómo repercutirá en el país el resultado de los comicios estadounidenses?

Eduardo Amadeo, ex embajador argentino en los Estados Unidos, plantea que “es obvio que una eventual derrota republicana va a exigir esfuerzos adicionales para la diplomacia argentina con Estados Unidos, pero de ninguna manera puede pensarse que este país va a dejar que la Argentina pierda los avances que ha logrado en términos de comunidad de intereses estratégicos con ese país durante la presidencia de Javier Milei”.

En una columna escrita para la Agencia Noticias Argentinas, Amadeo sostuvo: "Va a resultar difícil para Estados Unidos aislarse de la corriente de derecha que domina hoy una parte de la mayoría de América Latina, sobre todo considerando que sus líderes no son comunicadores pacíficos, sino que tienen posiciones muy jugadas en numerosos temas críticos para la relación de la región con el país norteamericano”.

Distinta es la mirada del ex canciller Jorge Taiana, quien señaló–en otra columna publicada en NA-: “Para la Argentina, estos comicios adquieren especial importancia en un mundo cada vez más multipolar, en el que Estados Unidos, pese a conservar su enorme poderío militar, financiero y tecnológico, enfrenta un declive relativo de su hegemonía. La competencia con China y la disputa por los recursos estratégicos refuerzan su accionar injerencista para reafirmar el control sobre lo que denomina Hemisferio Occidental, una orientación que se traduce en mayores presiones económicas, políticas y militares sobre América Latina”.

El actual diputado de Unión por la Patria agregó: “El alineamiento automático de Milei con Trump y Netanyahu subordina nuestra política exterior a los intereses y al destino político de gobiernos extranjeros, limita la capacidad de diversificar nuestras relaciones internacionales y debilita los vínculos regionales, precisamente cuando las transformaciones del mundo exigen que haya mayor integración regional para fortalecer capacidades productivas, científicas y tecnológicas propias y ampliar nuestros márgenes de autonomía”.

En tanto, José Octavio Bordón, quien también se desempeñó como embajador argentino en Washington, apuntó: “La política del presidente Milei es de un alineamiento automático y personal con el presidente Donald Trump, acompañada de una pérdida de prioridad en la relación con nuestros vecinos y caracterizada por las simpatías o antipatías con los circunstanciales presidentes elegidos democráticamente. Hay un bajo interés por continuar y profundizar las relaciones con nuestros vecinos. Nunca, desde el retorno a la democracia en 1983, la política exterior argentina estuvo tan automáticamente subordinada a la de otro gobierno”.

Bordón argumentó: “Debemos desarrollar una política exterior integral, con ‘Multipolarismo Vinculante’, proporcionada y constructiva con los Estados Unidos, con quienes tenemos más de dos siglos de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. Una relación que contribuya a la paz y al desarrollo de Argentina y sus vecinos del ‘Fin del Mundo’, como metafóricamente se refirió al asumir el Papa Francisco”.

En ese sentido, Alejandro Díaz, CEO de Amcham, remarcó: “La relación entre la Argentina y los Estados Unidos tiene una historia que trasciende a los gobiernos de turno en los dos países. La presencia de empresas estadounidenses en la Argentina, muchas con más de un siglo en el país, se sostuvo a lo largo de administraciones de todos los signos políticos. Del mismo modo, la seguridad de las cadenas de suministro y el acceso a minerales críticos son prioridades estratégicas que van más allá de una gestión”.

El CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, asociación que agrupa a más de 690 empresas de 27 rubros (que representan el “28% del PBI argentino, el 39% de la recaudación fiscal, el 45% de las exportaciones y el 35% de las importaciones”), agregó ante NA: “En un mundo que reorganiza sus cadenas de valor, la Argentina tiene recursos que interesan a Estados Unidos más allá de quién gobierne. Por eso, desde AmCham, insistimos en que el vínculo no puede depender de la coyuntura, cualquiera sea el resultado electoral de noviembre de 2026 en los Estados Unidos”.

Así las cosas, el mundo está atento frente a estas elecciones cruciales que impactarán con todo en la principal potencia planetaria y, por ende, en todos los países del globo. Independientemente de quién lo gobierne y cómo estén parados frente a los Estados Unidos de Norteamérica.

Y es que la suerte de Donald Trump se pone en juego. Se plebiscita su reinado, sus paradigmas, sus improntas, sus contradicciones. 

Un referéndum determinante hacia dentro de los Estados Unidos, pero con proyección universal. Incluso en un país muy lejano llamado Argentina.  (NA)

El martes a las 23 partirán los tres funcionarios hacia España, donde asistirán al evento que reúne a 22 jefes de Estado, y en el que desarrollarán diversas actividades durante los días 4 y 5 de noviembre, con el objetivo de impulsar la transformación digital y coordinar la respuesta ante desastres naturales, entre otros puntos.

Esta edición se realizará bajo el lema "Iberoamérica, juntos construimos nuestra Comunidad, juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo", y reunirá a los líderes de las naciones de habla hispana y portuguesa con una agenda enfocada en estructurar políticas públicas para los cuidados y la movilidad académica.

Los países involucrados buscarán lanzar la primera alianza iberoamericana sobre Inteligencia Artificial (IA) mediante el Foro Digital Iberoamericano, con el fin de consolidar una vía tecnológica "que sea competitiva, pero ética, responsable y con un enfoque humanista". 

Asimismo, se trabajará en la constitución de la Red Iberoamericana de Reducción de Riesgo de Desastres, que tiene como propósito "coordinar la prevención, gestión y ayuda mutua" entre los países de la región frente a emergencias y desastres naturales.

Por último, se prevé la aprobación de un documento que asuma el compromiso político de situar "la economía de los cuidados en el centro de las políticas públicas" para el reconocimiento formal del cuidado "como un derecho", teniendo en cuenta "la informalidad laboral, la precariedad y la falta de reconocimiento profesional". 

Con respecto al sector educativo, se impulsará la aprobación de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica para facilitar el "reconocimiento mutuo de estudios y títulos académicos" entre las universidades de la región para potenciar el "intercambio estudiantil y las oportunidades científicas" de los jóvenes. (NA)

La acusación, presentada por el fiscal Diego Velasco, investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, con colaboración de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado” para “enriquecer ilegítimamente” a “empresarios amigos” como Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, y a la propia familia.

Según expuso la Fiscalía, el mecanismo se apoyaba en una estructura inmobiliaria y hotelera que utilizaba alquileres de propiedades y hoteles para darle apariencia de legalidad a fondos que tendrían origen ilícito.

Así, se creó un circuito de dinero a través del cual los exmandatarios beneficiaron a empresas de Báez y del Grupo Indalo con contratos con el Estado Nacional. Luego, se presume, parte de ese dinero retornaba a la familia Kirchner con contratos con su inmobiliaria Los Sauces.

La lectura de la acusación de la causa Los Sauces continuará este lunes 2 de noviembre. A partir del próximo jueves, el TOF N°5 quedará habilitado a escuchar el requerimiento de elevación a juicio de la causa Hotesur.

Cómo era el lavado de dinero

La imputación fiscal apunta a una supuesta maniobra de lavado de activos. Néstor y Cristina son apuntados de haber logrado que Báez, quien era su socio personal, se transformara en el dueño de un conglomerado de más de 30 sociedades. En el caso de López y De Souza, ambos llegaron a encabezar un holding empresarial de más de 150 sociedades.

Una vez que los empresarios aumentaron su patrimonio, los Kirchner crearon “un mecanismo permanente para el reciclaje de una porción de las ganancias, de modo que una parte de aquellas pudiera llegar a manos de los exmandatarios con la apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita”.

“Para ello, montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los ‘empresarios amigos’”, remarcaron los fiscales.

Con ese dinero, la inmobiliaria Los Sauces adquirió un conjunto de propiedades, hoteles y terrenos, que luego fueron puestos a disposición de las mismas empresas que la beneficiaron a través de contratos de alquiler.

“De esta forma, el dinero proveniente de las empresas de los grupos económicos era recibido mensualmente como ‘dinero limpio’ en concepto de canon locativo a los expresidentes y a sus hijos, quienes luego podían declararlo ante el Fisco y ante la Oficina Anticorrupción como dinero legítimamente obtenido”, apuntaron.

El origen de los fondos

De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, el 88% de la facturación de Los Sauces correspondía a dinero de sus “empresarios amigos”: un 65% provenía de Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo; mientras que un 23% pertenecía al Grupo Báez, a través de sus firmas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto, y Valle Mitre.

Así fue que, a través de esta maniobra, entre 2009 y 2016 la empresa de los Kirchner facturó a estos dos grupos un total de $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles, acusados de ser “innecesarios” o de estar por encima de los valores de mercado.

En ese lapso, el patrimonio neto de Los Sauces se incrementó en más de un 12.000%, pasando de $100.000 a $12.122.430,26.

La acusación señaló además que los fondos que ingresaban a la firma de la entonces familia presidencial tenían dos vertientes.

En el caso de Lázaro Báez, se trataba de dinero que provenía de “la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz” investigada en la causa Vialidad, por la que Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión domiciliaria.

Por su parte, el dinero de López y De Souza había sido adquirido por sus empresas “con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos”.

Las irregularidades en los inmuebles y terrenos adquiridos

Las pruebas de la Fiscalía advirtieron diversas irregularidades en la adquisición de las propiedades, hoteles y terrenos de Los Sauces, acusando la intervención de las empresas de Báez, López y De Souza como también la compra de inmuebles para uso personal de la familia Kirchner.

Entre los hechos más destacados, señalaron que uno de los terrenos comprados en El Calafate se habría comprado por un valor de $7,50 el metro cuadrado, muy por debajo del mercado. Además, el mismo se pagó más de un año después y no se escrituró ni registró.

También se encuentran los departamentos en el complejo Madero Center de Puerto Madero, comprados con dinero personal de Néstor Kirchner, pero que luego fueron incorporados a Los Sauces.

El requerimiento menciona un terreno vendido por Austral Construcciones, que según la fiscalía fue una compraventa simulada para ocultar una donación de Báez; y el departamento de San José 1111, donde hoy reside Cristina, el cual fue comprado en 2015 por USD 370.000 y se pagó con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) y no con dinero en efectivo. (con información de NA)

El mandatario intervino primero en un mensaje de un usuario que elogió la manera en que el influencer respondió a las preguntas de Ansa. “No más palabras Sr. Juez”, expuso.

Horas más tarde, volvió a referirse al episodio al compartir una publicación de la cuenta Agarra la Pala, que difundió declaraciones de Marcelo Polino en Radio Mitre. El periodista había contado que China Ansa terminó llorando después del enfrentamiento y sostuvo que la pregunta sobre las colectas de Maratea habría sido sugerida por la producción del ciclo.

A partir de esa información, el referente de La Libertad Avanza lanzó una crítica más directa. “Gravísimo. Aquí se cuenta cómo en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka (kirchnerista)”, escribió.

Y agregó: “Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina, y en especial para el caso del periodismo político. ¡CIAO!”.

El cruce entre Maratea y Ansa se produjo durante una pregunta sobre las colectas solidarias del influencer. La periodista puso en duda la concreción de uno de los proyectos, destinado a construir un refugio para perros, y él le reprochó que no hubiera investigado el tema.

En ese sentido hay quienes ya piensan en la construcción de un amplio armado federal que exceda los límites del PJ, incluyendo gobernadores y referentes radicales, para sumar fuerzas y acuerdos programáticos que trasciendan las diferencias partidarias para eirigir una opción sólida frente al oficialismo libertario.

Convencido de sus formas y con una mentalidad nada conformista, el gobernador Axel Kicillof viene coqueteando sus ambiciones presidenciales vernáculas en provincias gobernadas por la UCR, con el asesoramiento de su gabinete económico: Pablo López (Economía), Augusto Costa (Producción), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Juan Cuattromo (Banco Provincia) y Cristian Giraud (ARBA).

El principal desafío pasa por recuperar la credibilidad ciudadana frente a un contexto de crisis económica y social y una coyuntura atravesada por enfrentamientos políticos. Mientras tanto y en un contexto de “obras públicas frenadas” en la Provincia por la paralización dispuesta por el Nación, el ministro Gabriel Katopodis salió a reforzar acciones trabajando en infraestructura para mejorar los servicios municipales ante un “escenario de alerta” por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos climáticos extremos como el fenómeno “El Niño” pronosticado para los próximos meses.

Las medidas estructurales buscan reducir la vulnerabilidad del territorio mediante obras de infraestructura que permitan mitigar los efectos de inundaciones, gestionar los excedentes hídricos y adaptar las ciudades y los sistemas productivos a los impactos del cambio climático.

Las intervenciones incluyen obras de limpieza y ampliación de cauces de arroyos y ríos, así como defensas costeras atlánticas y fluviales. Entre las obras destacadas de la Sexta, se encuentran en ejecución la refuncionalización del canal Maldonado, en Bahía Blanca y la defensa de la duna costera rosaleña en Pehuen Co.

Mientras la Provincia avanza con recursos propios para la ejecución de obras hidráulicas y así anticiparse a los riesgos climáticos, también denuncia la “falta de avales” del Gobierno nacional obstaculizando el acceso al financiamiento externo necesario para ejecutar proyectos estratégicos del llamado Plan de gestión del riesgo climático.

“En la Provincia no andamos con una motosierra recortando fondos e insultando al que piensa distinto: recorremos los 135 distritos pensando en cómo llevarles soluciones, porque de eso se trata gobernar”, les dijo Kicillof a intendentes de su espacio, mientras el kirchnerismo busca darle centralidad política a la expresidenta Cristina Fernández llamando a evitar que la fragmentación doméstica pueda condicionar las posibilidades electorales del peronismo.

CFK se ilusiona con su liberación por el “factor Lula” y no descarta una próxima candidatura presidencial. La disputa electoral 2027, aún con desenlace incierto, es un reflejo de la estratégica discusión partidaria sobre cómo competir el año próximo.

Según comentan sobre las diagonales, la tropa bonaerense que responde a la senadora nacional Patricia Bullrich pretende incidir en la estrategia de LLA ante la caída en la imagen del presidente Milei, ampliando los gestos de autonomía política dentro del espacio libertario.

Además, el bullrichismo no quiere ceder protagonismo en la construcción de un frente electoral “Anti K” en la Provincia, en momentos donde referentes del PRO buscan subirse el precio en reservadas negociaciones con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, procurando fortalecer su aparato municipal en aquellos distritos gobernados por la fuerza amarilla.

Igualmente, el clima de susceptibilidad interna por diferencias entre las distintas líneas del peronismo sigue frenando iniciativas del Ejecutivo y del arco opositor legislativo alterando la dinámica de sesiones ordinarias tanto de diputados como de senadores.

Claramente existen problemáticas sociales que requieren respuestas conjuntas de los distintos niveles del Estado, más allá de los tiempos de construcción política partidaria. Para el último bimestre legislativo aparece en la agenda el debate por el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva que debe proponer la Gobernación.

Será el último texto presupuestario de la gestión Kicillof pero al mismo tiempo podría anticipar una acalorada atmósfera parlamentaria que promete una profundización de las diferencias entre los diferentes espacios ante el calendario electoral que se viene.

También sobrevuela un problema adicional. A diferencia del Senado bonaerense, el kirchnerismo en Diputados no cuenta con número suficiente de bancas como para garantizar la sanción de ambas leyes, por lo que se avizora un escenario complicado para la coalición del oficialismo, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría del esquema libertario anticipa una postura contraria sobre el gasto público y la política fiscal.

Los radicales y el PRO apuntan al financiamiento de las alcaldías municipales. Como lo adelantó esta columna, si el microclima parlamentario se pone pesado, Kicillof tiene margen de maniobra financiera para gobernar con presupuesto general de gastos y recursos prorrogados, afirman desde la buhardilla situada en la parte superior del edificio legislativo.

“Esta celebración llega en un momento muy especial para la fe en nuestro país, porque en los próximos días tendremos el honor de recibir a León XIV”, afirmó el jefe de Estado. “Lo recibimos dichosos, será motivo de inmensa alegría para los argentinos”, agregó.

“Nosotros aplicamos la moral como política de Estado”, explicó Milei. “Tomamos medidas partiendo desde lo que es justo y no desde lo políticamente conveniente”, remarcó.

“El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre”, señaló el Presidente, al tiempo que destacó: “Apartarse del camino de la justicia es hacerlo del sendero que nos lleva a Dios”.

“La política se dedicó a acumular poder y solo dejó miseria. Este es el legado que hemos venido a terminar de una vez y para siempre”, subrayó.

“El paraíso es una sociedad estable intertemporalmente. Este proyecto no termina en una utopía igualitaria, sino en una tierra en la que cada uno es dueño de su libertad y los frutos que cada uno produce”, explicó Milei. “Algunos lograrán más, otros menos, pero todos vivirán vidas dignas”, manifestó.

“Ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros en lo que ofrecemos para nuestro segundo mandato: creemos en hacer a la Argentina grande nuevamente desde el respeto a la vida, la libertad y la propiedad”, aseveró el Presidente. “Sabemos que el camino es el correcto pero tenemos que demostrarlo. Queremos que el año que viene puedan elegir en paz”, añadió.

“La otra opción es la que nos dejó cada vez más cerca de la barbarie”, indicó Milei. “Estamos construyendo un edificio pensado para durar décadas, estamos sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”, finalizó el Presidente.

El acto coincide con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. La presencia del mandatario en Neuquén se produce mientras el Gobierno busca afianzar su vínculo con las provincias y define su estrategia para el año electoral.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La actividad también tuvo especial relevancia por la participación de Nadia Márquez, una de las legisladoras más cercanas a Karina Milei dentro del Senado. La senadora es hija del pastor Hugo Márquez, quien está al frente de la congregación que inauguró el nuevo espacio. (Con información de TN)

Las fechas de las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre. Según información de TN a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los representantes ante el Tribunal serán Mario Oyarzábal, embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería; y la embajadora Betina Pasquali, que fue nombrada como coagente.

Las audiencias ya fueron confirmadas por el Tribunal del Mar, así como su cronograma. El 10 de noviembre, Argentina expondrá entre las 10 y las 13 horas, mientras que el Reino Unido lo hará entre las 15 y las 18 horas. 

En tanto, el 11 de noviembre será entre las 10:30 y las 12 horas para la delegación argentina, mientras que desde las 17.30 hasta las 19 horas será el turno de la delegación británica. Ambas audiencias serán públicas y podrán seguirse en vivo a través del sitio oficial del organismo.

Semanas atrás, el Gobierno presentó ante el Tribunal del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por parte del Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte.

La Oficina del Presidente informó que la presentación busca preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas.

Según el comunicado oficial, la medida se enmarca en el procedimiento arbitral que el Gobierno inició el 28 de septiembre, conforme al Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), para defender la soberanía argentina y los recursos naturales.

El Ejecutivo indicó que la solicitud se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la CONVEMAR, que permite pedir medidas provisionales mientras se encuentre pendiente la constitución de un tribunal arbitral, con el objetivo de preservar derechos o prevenir daños graves al medio marino si la urgencia de la situación lo requiere.

El funcionamiento del tribunal internacional

Constituido a partir de la firma de la Convemar en 1982, el Tribunal del Mar actúa como un ente jurisdiccional independiente abocado a dictaminar sobre controversias referidas a navegación, fronteras oceánicas, protección ecológica marina y manejo de recursos vivos y minerales.

El cuerpo colegiado reúne a 21 juristas internacionales, elegidos bajo criterios de distribución territorial y equilibrio entre los distintos regímenes jurídicos del planeta. Actualmente cuenta con representantes de países como Camerún, Argentina, Chile, Brasil, Países Bajos, China, Rusia, Ucrania, Italia, Japón e India. (N/A)

El trágico episodio se registró en un domicilio en la calle Mercedes al 2.400, hasta donde se acercó el personal policial, luego de que un allegado informara que no tenía novedades de la familia, y al ingresar se encontraron con una escena dramática: la mujer y los tres hijos muertos, con diversas heridas de bala, al igual que el hombre, quien tenía un arma sobre sus piernas.

Asimismo, y luego de las pericias, las autoridades de la UFI Número 8 y de la Policía Científica confirmaron que se trató de un cuádruple crimen seguido de suicidio, y que el perpetrador utilizó una pistola 9 milímetros, que tenía entre sus pertenencias.

El hombre, de 44 años, fue identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, mientras que su esposa era Evelyn Carolina Rivero Mejías (41) y los niños Dan Velkan Soihit Rivero (14), Alan Nehru Soihit Rivero (12) y Nicole Valentina Soihit Rivero (10). (N/A)

El promedio desde la recuperación de la democracia se ubica por encima de las 122 leyes por año, lo que quiere decir que 2025 quedó con 111 leyes menos que el promedio general.

De acuerdo con el informe “Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)”, elaborado por el Observatorio del Control Público (OCP) de Fundación Éforo a partir de datos públicos oficiales, la variable que más explica la producción legislativa es la composición del Congreso.

Por ejemplo, en 2014 el oficialismo de ese momento contaba con mayoría propia y en ese año se sancionaron 191 leyes, lo que marcó el mayor número desde 1983.

La fragmentación es el otro factor central. La Cámara de Diputados pasó de funcionar con dos grandes bloques en 1983 —el peronismo y el radicalismo— a tener más de 40 en 2017, varios de ellos con tres integrantes o menos.

En paralelo, el promedio anual de leyes cayó de 154 en el lustro 1994-1998 a 59 en 2019-2023.

El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año, pero menos del 1% se convierte en ley: en 2022 se presentaron unos 3.000 proyectos y se sancionaron apenas 37 leyes.

“Este retroceso en la cantidad de leyes aprobadas se vincula directamente con la fragmentación parlamentaria, que reconfigura la labor legislativa y acentúa una dinámica de más proyectos de ley presentados, menor tasa de conversión y menos leyes”.

Vetos presidenciales y doble prórroga del Presupuesto 

Desde la vuelta de la democracia hasta 2025, del total de leyes sancionadas se vetaron 417 (201 vetos totales y 216 parciales), de los cuales casi la mitad corresponden a los mandatos de Carlos Menem (195), seguido por Ricardo Alfonsín (49) y De la Rúa (46).

Javier Milei, en tanto, acumulaba 9 hasta septiembre de 2025, con 3 insistencias exitosas por parte del Congreso.

A su vez, el informe recuerda que 2024 y 2025 fueron los primeros dos años consecutivos sin ley de Presupuesto desde el inicio del período. En ambos casos se prorrogó el de 2023. Desde 1983, el Congreso no logró aprobar el presupuesto en cinco ejercicios: 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

Mandatos constitucionales pendientes 

A 31 años de la reforma de 1994, la nueva Ley de Coparticipación Federal nunca se sancionó y sigue vigente un régimen “transitorio” de 1988. Ninguna ley surgió de una iniciativa popular.

A su vez, la distribución de bancas en Diputados se basa todavía en el censo de 1980: con los datos de 2022, la Cámara debería tener 363 integrantes, 106 más que los actuales, y la provincia de Buenos Aires sumaría 42.

“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, subrayó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP. (N/A)

Además, el mandatario confirmó que publicará un libro en noviembre. Luego vinculó sus diferencias con los medios con la eliminación de la pauta oficial y con cuestiones ideológicas.

Durante su exposición, el mandatario apuntó contra quienes, según afirmó, priorizan el resultado electoral por encima de otras consideraciones. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Milei también renovó sus críticas al periodismo. “Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, expresó al comienzo de la charla.

El Presidente aprovechó además la presentación para adelantar detalles de su próximo libro, que tendrá como eje “la política como moral”. Según explicó, la obra será publicada en noviembre y estará dividida en tres tomos.

El tercer volumen incluirá una especie de registro de los primeros dos años y medio de gestión. Milei indicó que se tratará de una “bitácora” elaborada durante los primeros 30 meses de gobierno y que contendrá unas 400 páginas.

La actividad estuvo reservada exclusivamente para estudiantes previamente inscriptos. El ingreso a la universidad estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar.

En el interior del establecimiento se realizaron controles con escáneres y se verificaron las listas de asistentes antes del acceso al aula donde se desarrolló la exposición. (NA)

Lencina llegó al cargo el 22 de septiembre, gracias al Decreto 1056/2026 y lo abandonó con serias acusaciones. En su planteo, que está plasmado en la dimisión, el ex funcionario habló de "las dificultades persistentes" para ejercer sus funciones debido a la "falta de una comunicación eficiente y soporte institucional".

A ese combo de dificultades, se mencionan graves cuestionamientos por "situaciones de destrato y desconsideración hacia el personal en el entorno de trabajo".

El ahora ex subsecretario también remarcó que las conductas observadas "no condicen en absoluto" con su manera de conducir organizaciones ni con su trayectoria en el liderazgo de equipos, concluyendo que optaba por dar "un paso al costado" ante la imposibilidad material de sostener la labor cotidiana. (NA)

La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en la causa para asumir el ejercicio de la acción penal, tras la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de cerrar el caso.

De esta forma, la PIA se hará cargo de promover que continúe la investigación, luego de que el fiscal Eduardo Taiano desestimó ese rol y pidió el sobreseimiento de Milei, su hermana y los otros nueve imputados en la causa por la presunta criptoestafa.

La decisión de la Procuraduría fue adoptada por pedido del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), por considerar que el cierre de la causa es “prematuro”.

Desde el CIPCE consideraron un “paso fundamental” que la fiscalía especializada participe en el caso. “Está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”, enfatizaron en un comunicado.

Ahora, el Juzgado Federal N°8, a cargo interinamente del juez federal Daniel Rafecas, podría permitir que se reabra la causa. En caso de rechazarlo, la PIA interpuso un recurso de apelación en subsidio para que la decisión recaiga en la Cámara Federal.

“Deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad”, manifestó la ONG. (NA)

Desde el domingo 1° de noviembre, el pasaje mínimo de colectivo dentro de CABA costará $956,37, tras un ajuste de 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima llegará a $1.276,08, luego de una suba de 5,02%. Para las líneas nacionales, que entran y salen de la capital, el valor seguirá en 742,81 pesos.

Las decisiones no serán iguales para los pasajeros según la jurisdicción de cada servicio. CABA y la provincia aplicarán actualizaciones sobre los valores vigentes, mientras la Nación mantendrá congelado el precio para las líneas bajo su órbita y compensará parte de los costos de las compañías mediante un aumento de los aportes estatales.

El nuevo esquema marca una diferencia respecto de los meses anteriores. Entre mayo y julio, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó subas de 2% mensuales para las líneas nacionales. Desde agosto, no aprobó nuevos incrementos de tarifa ni otorgó mayores subsidios, pese a los reclamos de las empresas.

En noviembre, la definición será otra. El Ministerio de Economía aumentará los subsidios para los colectivos nacionales, aunque no habilitará una suba del boleto. La decisión implicará un mayor gasto estatal y evitará que la actualización de costos impacte de manera directa sobre los usuarios de esos recorridos.

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo aumentarán 3,9% desde el domingo. El boleto mínimo para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $956,37. La actualización responde al mecanismo mensual que utiliza CABA para definir el valor del transporte público. La fórmula combina dos puntos porcentuales (p.p.) con el último dato de inflación disponible.

Con el nuevo aumento, el boleto mínimo porteño acumulará una suba de $337,89 durante 2026. En enero, el mismo tramo costaba $618,45. La tarifa mínima de CABA quedará por debajo de la que aplicará la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de noviembre será superior tanto en porcentaje como en valor final.

Es que en el distrito que gobierna Axel Kicillof, el boleto mínimo de colectivo subirá 5,02% a partir del domingo 1° de noviembre. La tarifa para el tramo inicial llegará a $1.276,08. En enero de este año, el boleto mínimo en la provincia costaba $686,09. Con el valor previsto para noviembre, el incremento acumulado será de $590,02 en lo que va de 2026.

La diferencia entre los dos distritos se amplió en los últimos meses a partir del próximo mes. Los pasajeros de los servicios provinciales abonarán una tarifa mínima superior a la de quienes utilicen líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos de CABA y de la provincia formarán parte de un escenario tarifario con tres valores distintos para el tramo mínimo. A los $956,37 de la Ciudad y los $1.276,08 de la provincia se sumarán los $742,81 que mantendrán las líneas nacionales.

Las líneas nacionales no tendrán un aumento de boleto durante noviembre. La tarifa mínima seguirá en $742,81 para los servicios que ingresan y salen de la capital. La decisión alcanzará a los colectivos bajo jurisdicción de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En enero, el boleto de los colectivos nacionales tenía un valor de $494,83. Así, el aumento acumulado durante 2026 es de apenas $427,98, de acuerdo con los valores vigentes y la tarifa que continuará sin cambios desde noviembre.

El mantenimiento del boleto en $742,81 colocará a las líneas nacionales por debajo de las tarifas mínimas que regirán en las otras dos jurisdicciones. La diferencia entre los valores son mel resultado de los ajustes mensuales que aplican CABA y la provincia, junto con la decisión nacional de no autorizar una suba.

La falta de un incremento para los pasajeros no implicará que el costo del sistema quede sin cambios. Durante noviembre, la Nación prevé una actualización de los subsidios para las empresas que operan esos servicios. La decisión de mantener el boleto nacional sin modificaciones y aumentar los subsidios supondrá un cambio frente a la estrategia aplicada durante parte de 2026.

En mayo, junio y julio, la Secretaría de Transporte autorizó subas de 2% en cada mes para las líneas nacionales. Esos aumentos trasladaron una parte mayor del costo a los pasajeros. Desde agosto, el Gobierno no autorizó nuevas subas tarifarias y tampoco incrementó los subsidios, pese a los pedidos de las empresas de colectivos nacionales. El escenario se mantuvo durante agosto, septiembre y octubre: durante esos tres meses, la tarifa abonada por los usuarios y los aportes estatales permanecieron sin cambios.

Para noviembre, el Ministerio de Economía aumentará los subsidios destinados a esas empresas. La medida implicará un costo mayor para el Estado, que ampliará el gasto para cubrir parte de la actualización de la estructura de costos. El objetivo será sostener la desaceleración de la inflación. Por ese motivo, el Gobierno no autorizará un incremento de boleto en las líneas nacionales durante noviembre, aunque sí modificará los recursos que reciben las compañías.

Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunieron este jueves a las 18 horas con las empresas de colectivos nacionales. El encuentro sirvió para revisar los temas trabajados entre ambas partes y analizar los resultados de la actualización de la estructura de costos.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte indicaron a Infobae que la convocatoria se definió la semana pasada. Según explicaron, uno de los puntos del encuentro fue el impacto que tendrá la actualización de la estructura de costos sobre las compañías. “Es para repasar todo lo que estuvimos trabajando con ellos. Uno de los puntos es repasar la actualización de la estructura de costos, qué resultados les trae”, señalaron las fuentes oficiales antes del encuentro. (Crédito: Infobae)

Según reportes de medios brasileños, la reunión se realizó el jueves por la tarde en la sede de Itamaraty, el Ministerio de Relaciones Exteriores. El encuentro estuvo encabezado por João Marcelo Galvão de Queiroz, jefe del Departamento del Mercosur de la Cancillería, y se extendió durante pocos minutos.

Durante la conversación, las autoridades brasileñas solicitaron información sobre el operativo que permitió la salida de Bolsonaro y sobre la eventual intervención del Gobierno en la organización del traslado.

Pese al reclamo, la administración de Lula optó por mantener un perfil bajo. La representante argentina no fue recibida por las máximas autoridades de Itamaraty y el encuentro se desarrolló sin anuncios públicos ni un comunicado oficial.

La decisión responde a la intención de Lula de evitar una escalada del conflicto diplomático, en un momento en el que las relaciones bilaterales atraviesan una de sus etapas más tensas.

Por el momento, Brasil no anunció nuevas sanciones ni medidas adicionales contra la Argentina.

El episodio se produjo después de que Flávio Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial del domingo frente a Lula da Silva. El dirigente brasileño abandonó su país pese a que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, le había ordenado entregar sus pasaportes y le había prohibido viajar al exterior, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, a través del puente internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas.

La familia se trasladó posteriormente al aeropuerto de Puerto Iguazú, donde abordó un avión privado operado por Baires Fly. La aeronave despegó durante la madrugada del miércoles con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hacia Miami.

El Gobierno argentino sostiene que el dirigente brasileño ingresó y salió del país con documentación válida y sin impedimentos migratorios registrados. También remarcó que no existía una orden de captura internacional ni una alerta de Interpol que obligara a las autoridades nacionales a detenerlo.

Sin embargo, las circunstancias del traslado están bajo investigación. En Comodoro Py, la jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa para determinar si existieron irregularidades o responsabilidades de funcionarios argentinos.

Entre otras actuaciones, la magistrada requirió informes a Cancillería y Migraciones para establecer si las autoridades nacionales habían recibido advertencias sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué controles se realizaron durante su paso por la Argentina.

La controversia también se profundizó después de que el excandidato brasileño difundiera una carta desde Estados Unidos en la que agradeció públicamente a Milei y al presidente Donald Trump por su llegada a territorio estadounidense.

El nuevo reclamo diplomático se suma a una relación bilateral deteriorada desde agosto, cuando Brasil decidió reducir la representación entre ambos países al nivel de encargados de negocios. Desde entonces, ninguna de las dos administraciones mantiene un embajador al frente de su representación en el país vecino.

La tensión también aumentó durante la campaña presidencial brasileña, en la que Milei respaldó a Bolsonaro. Tras el triunfo de Lula, la Casa Rosada evitó felicitar formalmente al mandatario reelecto.

La convocatoria a Cortés se conoció, además, en momentos en que el canciller argentino Pablo Quirno y su par brasileño, Mauro Vieira, participan de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Atlanta, Estados Unidos.

El encuentro internacional, que comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado, reúne a ambos funcionarios en medio del conflicto por la fuga del dirigente brasileño. Hasta el momento, no se confirmó una reunión bilateral para abordar específicamente el episodio.

Pese a las diferencias políticas entre Milei y Lula, ambos gobiernos buscan preservar los vínculos económicos y comerciales, particularmente en el marco del Mercosur, mientras continúan las investigaciones sobre el traslado de Bolsonaro hacia Estados Unidos. (TN)

"Fue una operación de inteligencia en su contra" aseveró el letrado, y añadió que las cintas "fueron editadas con IA, eran truchas, lo confirmó un peritaje de Gendarmería", y agregó que "se metieron en su privacidad".

Asimismo, sostuvo que "se cortaron pedazos para generar audios que no existieron, como el famoso Karina (Milei) 3 por ciento", en referencia a un supuesto porcentaje que recibía la hermana del presidente Javier Milei, la actual secretaria general de la Presidencia.

Por tal motivo, y en declaraciones al programa "Basta Baby" por Radio Rivadavia, D'Alessandro afirmó que solicitará "la nulidad de la causa", debido a la falsedad de las pruebas y ratificó que "a Spagnuolo no lo van a investigar por estos audios. Nada vale".

"El error fue del fiscal (Franco) Piccardi, en lugar de investigar el origen de los audios, inició una causa y la publicitó", se lamentó D'Alessandro.

En tanto, un peritaje de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional determinó que no pudo confirmar que los audios atribuidos a Spagnuolo en la causa ANDIS sean auténticos.

Según informaron, el estudio técnico concluyó que se hallaron rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con un registro continuo. También remarcaron que no se pudieron asignar técnicamente las voces a las personas imputadas. (N/A)