La diferencia surge en medio de la polémica por los fondos que el jefe de Gabinete reconoció haber mantenido fuera de sus declaraciones juradas y que ahora busca justificar a través de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas.

Durante una entrevista en LN+, Adorni aseguró el miércoles que comenzó a interesarse por el bitcoin en 2013 y que al año siguiente realizó inversiones significativas junto a su esposa, Bettina Angeletti: “Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014”.

Según explicó, entre 2014 y 2018 ambos invirtieron alrededor de US$200.000 y obtuvieron ganancias cercanas a los US$300.000. El funcionario sostuvo que esos fondos provenían de ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado.

“Fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, señaló.

Sin embargo, un registro audiovisual difundido en octubre de 2020 muestra una versión diferente sobre sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas. Se trata de una videoconferencia sobre economía y activos digitales publicada por la billetera virtual Lemon, en la que Adorni relató cómo conoció el bitcoin.

Allí contó que el interés surgió mientras daba clases y observó a un grupo de alumnos siguiendo de cerca la cotización de la criptomoneda.

“Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’ ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, recordó.

En esa misma exposición ubicó ese episodio “cinco o seis años atrás” y agregó un dato puntual: dijo que en ese momento el bitcoin cotizaba alrededor de los US$6000. Sin embargo, la primera vez que el precio de la criptomoneda alcanzó ese valor fue el 28 de octubre de 2017.

La referencia temporal adquiere relevancia porque contrasta con la cronología que presentó esta semana, cuando Adorni aseguró que ya invertía de manera importante desde 2014. Sin embargo, en el video de 2020 describió una situación en la que todavía no estaba familiarizado con ese mercado y vinculó ese primer acercamiento a una etapa posterior.

La contradicción también aparece al comparar esos dichos con las operaciones que el propio funcionario detalló durante la entrevista televisiva.

“No tenía la documentación a mano. Me llevó un tiempo encontrarla”, explicó al referirse a registros que aseguró haber conservado en computadoras antiguas.

Luego enumeró distintas compras y ventas de bitcoin realizadas entre 2017 y 2018. Según relató, en agosto de 2017 adquirió 13 bitcoins a US$3356 cada uno, compró otra unidad pocos días después y realizó una nueva operación en noviembre de ese año. “Hice millones de operaciones”, sostuvo.

Adorni explicó que posteriormente comenzó a desprenderse de parte de esos activos y que una de las últimas compras le generó pérdidas porque había ingresado cuando el precio ya superaba los US$7000.

Las inconsistencias sobre el origen y la declaración de esos fondos se suman a otras contradicciones detectadas en sus propias manifestaciones públicas.

Antes de admitir la existencia de dinero no declarado, el funcionario había asegurado en reiteradas oportunidades que toda su situación patrimonial estaba correctamente informada ante los organismos correspondientes.

A fines de abril, durante una exposición en la Cámara de Diputados, afirmó que en sus declaraciones juradas “figuran todos los detalles de los bienes” que integran su patrimonio.

En marzo, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, había transmitido un mensaje similar. “Todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. Está todo impecable”, dijo entonces. También insistió en que “nunca existió ocultación alguna”.

Esta semana, en cambio, reconoció que durante años omitió incorporar a sus declaraciones juradas ahorros y ganancias obtenidas fuera del sistema formal.

“Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”, justificó.

Además, admitió haber cometido un error y aseguró que afrontará las consecuencias fiscales derivadas de esa situación: “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todos lo que devenga de este error”. (TN)

La oposición en la Cámara de Diputados le pidió al presidente del cuerpo, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el próximo 23 de junio a las 14, con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador.

La nota fue firmada por Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, referente del espacio que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.

La primera reacción institucional llegó desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó con dureza las explicaciones del funcionario. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó.

En el Senado, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, le envió una nota a Villarruel para solicitarle que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y pida la presencia de Adorni, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ese artículo dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes, de manera alternada, a cada una de las cámaras del Congreso.

“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.

Tras ese pedido, Villarruel convocó para el miércoles 17 de junio a los jefes de bloque, con el objetivo de reclamar la presencia del ministro durante este mes. “El jefe de Gabinete debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso”, sostuvo la vicepresidenta.

Semanas atrás, la bancada Justicialista que conduce José Mayans ya había solicitado la citación de Adorni durante una reunión de Labor Parlamentaria, ante el resto de los jefes de bloque.

Después de la reunión de la Mesa Política, el jefe de Gabinete confirmó que concurrirá en julio al Senado para brindar su informe de gestión.

En paralelo, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la postura de la Casa Rosada y cuestionó al funcionario, a quien semanas atrás le había pedido que presentara su declaración jurada. Tras la presentación realizada este miércoles, la titular del bloque libertario en el Senado afirmó: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”.

La defensa de Adorni en Diputados

Los diputados opositores cuestionan que Adorni haya dado información falsa cuando el pasado 29 de abril presentó su informe de gestión ante la Cámara baja.

En esa oportunidad, el funcionario sostuvo: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, quien integró junto a Maximiliano Ferraro la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, también apuntó contra el jefe de Gabinete.

“Una estafa más. Estuvo dibujando su declaración jurada un mes y se le ocurrió decir que encontró un papel que no muestra, con 500 mil dólares en criptomonedas. Tan inverosímil que hasta le costó contar el relato. Y aun si hubiera sido real, no podemos naturalizar que un funcionario mienta en su declaración jurada y apele a un simple error. Mintió Milei con $LIBRA. Miente Adorni con su patrimonio. Son una mentira”, afirmó.

Pedido de interpelación

El diputado Esteban Paulón, junto a Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, todos de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación con moción de censura contra Adorni.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el ministro “tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud” y advierten que esa responsabilidad “no admite relativizaciones”.

El planteo incluye las declaraciones periodísticas que Adorni realizó el miércoles por la noche en LN+, donde afirmó haber acumulado junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorros no declarados en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 por medio millón de dólares.

Los diputados también hicieron referencia a la exposición que el funcionario dio el 29 de abril ante la Cámara baja, cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna”.

La iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete deberá tratarse primero en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente.

Para abrir el recinto, la oposición deberá reunir 129 diputados sentados en sus bancas. Luego, necesitará emplazar a las comisiones —es decir, fijarles día y hora de tratamiento— para avanzar con los proyectos presentados.

Una vez que las iniciativas obtengan dictamen, la oposición deberá volver a construir las mayorías necesarias para llevar el tema al recinto. (NA)

"Judicialmente está protegido. En Tribunales le sirve esta explicación", sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial.  Sin embargo, prefirió no hacer referencia a la proyección electoral del ministro coordinador a raíz de la causa que lo investiga por posible enriquecimiento ilícito. "No comments", sentenció. 

Luego de presentar la corrección de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción, el funcionario admitió que "cometió un error" en el diseño de sus registros patrimoniales de 2023 y 2024, y repitió enfáticamente que no es "un chorro". 

En el entorno del ministro coordinador ven positiva su nueva aparición mediática y confían en que podrá correr de agenda la polémica. Según precisaron a esta agencia, aseguran que estuvo "hiper sólido", y que logró apelar a la empatía de la sociedad al admitir que ahorró en negro durante varios años. "No es chorro y quedó claro", aseguran. 

"Aclaró lo que tenía que aclarar y eligió dar la cara en una situación que puede incomodar a la mayoría en su lugar", sostuvo un integrante de la mesa política ante esta agencia. 

Con el respaldo inmediato del presidente Javier Milei, que utilizó su cuenta de Instagram para respaldar al ministro coordinar tras la nota con La Nación +, en la plana del poder garantizan la continuidad del funcionario que oficia de mediador en la combulsionada interna que atraviesa al oficialismo. "No tiene recambio que no altere el status quo", precisaron por Balcarce 50.

Pese a las valoraciones en off the records, hasta entonces no hubo un "operativo clamor" de los ministros en redes para defender al ministro coordinador como ocurrió meses atrás a excepción de personajes no oficiales. 

Esta tarde, a las 13.30, la mesa política volverá a verse en Casa Rosada, en un intercambio en el que aprovecharán para celebrar los 70 años de la senadora Patricia Bullrich, en tensión con el Poder Ejecutivo. (NA)

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la titular del bloque de senadores libertarios.

La exministra de Seguridad sostuvo además que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades en el caso. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó, en declaraciones a La Nación.

Las declaraciones se conocieron luego de que Adorni presentara su declaración jurada para intentar despejar las dudas sobre el incremento de sus bienes. Bullrich había sido una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente que el funcionario diera explicaciones sobre su situación patrimonial.

Fue la propia senadora quien, hace poco más de un mes, le pidió al jefe de Gabinete que presentara la documentación “de inmediato”. Antes de hacerlo público, también se lo habría comunicado al presidente Javier Milei e intentó plantear el tema durante una reunión de gabinete.

Los cuestionamientos de la legisladora se suman a otras diferencias que expresó en los últimos meses respecto de decisiones adoptadas por el Gobierno.

Tras reclamar explicaciones por el patrimonio de Adorni, Bullrich participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, presidida por Carolina Moisés. Durante ese encuentro se formularon críticas a las restricciones impuestas al trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Tiempo después, también manifestó públicamente su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La senadora explicó entonces que rechazaba esa decisión “por razones de conciencia”.

La candidatura de Michelli había sido objetada por Javier Milei y Karina Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Más tarde, Bullrich mantuvo un encuentro con la secretaria general de la Presidencia y finalmente se abstuvo durante la votación del pliego en el Senado. Esa decisión fue interpretada como una señal de distensión entre ambas dirigentes, aunque la postulación terminó siendo aprobada por la Cámara alta.

El miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.

“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.

Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

El funcionario reconoció que había omitido declarar parte de sus ahorros y atribuyó esa situación a un error que, según dijo, arrastró durante años. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error”, afirmó. Además, aseguró que abonará “hasta el último impuesto” y las sanciones que eventualmente correspondan.

Adorni sostuvo que presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también realizó rectificaciones de las presentaciones de 2023 y 2024. Según explicó, al ingresar al Gobierno replicó información patrimonial de años anteriores sin incorporar parte de los ahorros acumulados junto a su esposa.

“Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”, señaló.

Afirmó, además, que junto a su esposa ahorraron “toda la vida, en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”; e insistió en que todo su patrimonio fue generado durante más de 25 años de actividad privada y antes de asumir funciones en el Estado. (TN)

La reglamentación del régimen fue formalizada este jueves mediante la Resolución General 5862/2026, publicada en el Boletín Oficial, estableciendo los requisitos y plazos para que los empleadores del sector privado regularicen situaciones de trabajadores no registrados o con datos declarados de forma deficiente.

El nuevo esquema busca normalizar vínculos laborales iniciados hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, que se encuentren vigentes al momento de la adhesión. Los empleadores tendrán tiempo hasta el 28 de noviembre de 2026 para registrar formalmente a su personal, pudiendo incluir obligaciones devengadas hasta el período de octubre de este año.

El régimen abarca tanto a las relaciones laborales totalmente no registradas como a aquellas deficientemente registradas, ya sea por haber declarado una fecha de inicio posterior a la real o una remuneración inferior a la percibida.

Asimismo, el régimen contempla la condonación parcial de deudas (capital e intereses) por aportes y contribuciones destinados a los subsistemas de seguridad social, como el SIPA, PAMI, Fondo Nacional de Empleo y Asignaciones Familiares. Los porcentajes de condonación varían según el tamaño de la empresa:

Micro y Pequeñas Empresas y entidades sin fines de lucro: condonación del 90%.
Medianas Empresas (Tramo 1 y 2): condonación del 80%.
Demás empleadores: condonación del 70%.
Además, se otorga una condonación del 100% de la deuda relacionada con aportes y contribuciones al Sistema Nacional del Seguro de Salud, Ley de Riesgos del Trabajo (ART) y Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

Facilidades de pago y descuentos por contado

Para la deuda que no resulte condonada, ARCA ofrece dos vías de cancelación que deben concretarse antes del 28 de noviembre de 2026:

Pago al contado: quienes opten por esta modalidad obtendrán una reducción adicional del 50% sobre la deuda restante.
Planes de Facilidades de Pago: se habilitaron cuotas mensuales con una tasa de interés de financiación del 1%. Para las Micro y Pequeñas Empresas y las entidades sin fines de lucro el plan es hasta 72 cuotas con un pago a cuenta del 3%. Para las Medianas Empresas se permiten hasta 48 cuotas con un pago a cuenta del 4%. Mientras que los demás empleadores podrán acceder hasta 36 cuotas con un pago a cuenta del 5%. En todos los casos, el monto mínimo de cada cuota y del pago a cuenta será de $50.000.
Procedimiento de adhesión
Los empleadores deberán realizar el trámite a través del servicio con Clave Fiscal "Simplificación Registral", utilizando códigos de modalidad de contratación específicos según el tipo de empresa. En caso de rectificar remuneraciones, se utilizará el sistema "Declaración en Línea" o versiones actualizadas de los aplicativos de seguridad social.

Exclusiones 

La norma aclaró que quedan excluidas las relaciones laborales del Sector Público nacional, provincial o municipal. Asimismo, no podrán adherirse bajo este régimen aquellos empleados que ya hubieran sido regularizados previamente bajo la Ley de Bases.

La resolución general entra en vigencia inmediata, aunque ARCA informó que los sistemas informáticos específicos estarán plenamente disponibles a partir del 16 de junio de 2026. (N/A)

Según reportan agentes de mercados, los títulos públicos tienen avances en toda la lista, lo cual también forzará una baja del riesgo país, actualmente en 501 puntos.

La mejora se disparó luego que la calificadora S&P subió la nota de Argentina a B- de CCC+.

Semanas atrás había tomado la misma decisión Fitch y se espera que Moody’s haga una evaluación en similar sentido en julio.

“Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”, señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario señaló que “la mejora obedece a fundamentos macroeconómicos: superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del BCRA, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duración en la curva de pesos”. (N/A)

“¿Vicky le creés a Adorni?”, le preguntó un usuario en redes sociales. La respuesta de la titular del Senado fue contundente: “No. Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”.

La crítica estuvo dirigida a las declaraciones realizadas por Adorni luego de hacer pública su declaración jurada patrimonial, en la que detalló bienes, ahorros en dólares y movimientos financieros que quedaron bajo análisis público en los últimos días.

El jefe de Gabinete explicó que parte de los fondos declarados corresponden a ahorros acumulados fuera del sistema bancario y aseguró que “ahorramos en negro como todos los argentinos”, una frase que generó fuertes repercusiones políticas.

Adorni también sostuvo que una parte sustancial del crecimiento patrimonial familiar estuvo vinculada a inversiones en criptomonedas y afirmó que obtuvo ganancias cercanas a los US$300.000 mediante operaciones con Bitcoin.

Las explicaciones del funcionario generaron cuestionamientos de distintos sectores políticos y la respuesta de Villarruel sumó un nuevo capítulo a las diferencias que mantienen ambos dirigentes dentro de La Libertad Avanza.

La vicepresidenta ya había expresado críticas hacia integrantes del entorno presidencial en otras oportunidades y su mensaje fue interpretado como una nueva señal de distanciamiento respecto de uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional. (N/A)

"La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno. Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia", sostuvo Miguel Ángel Pichetto al analizar el actual escenario económico.

Bajo el lema Producción, trabajo y futuro, la convocatoria buscó la construcción de consensos orientados a promover una estrategia de largo plazo que potencie la inversión, la competitividad y la generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El debate tuvo cita en el Hotel Brizo de La Plata este miércoles por la tarde. 

Por su parte, el legislador Carlos Kikuchi afirmó que la necesidad de acuerdos más allá de los espacios políticos. "Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo. Ese es el espíritu de esta jornada y es el compromiso que traemos desde nuestra función legislativa: contribuir a construir una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población", detalló.

En tanto, Pichetto adelantó dos iniciativas legislativas que serán presentadas en el Congreso Nacional. "Frente a este cuadro de crisis presentamos —entre otros— estos dos proyectos: la Ley de Salvataje para las MiPyMES, porque las pymes son el 98 % de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado; y el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, porque no hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles", remarcó.

El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas y contó con la participación del economista Eduardo Setti, quien expuso sobre los principales desafíos económicos y productivos que enfrenta la Argentina.

"Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo, hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo. No existe un modelo económico que deje fuera a gran parte de la población. Por otro lado quiero resaltar que es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento", sostuvo Setti sobre el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei.

"Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de EE. UU. y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas. Hay grandes errores de Luis Caputo similares al 2018. Argentina no puede salir a los mercados, no por el 'Riesgo kuka', sino por el 'riesgo Caputo'. El 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria", destacó el senador.

De la misma manera, Sergio Vargas resaltó la importancia de "promover una agenda de consenso" que tenga como "desafíos enfrentar la Argentina para así recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional". (El Destape)

Consultar el prospecto promueve un uso seguro y responsable de los medicamentos y la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) valoró la reciente Disposición 2891/20261 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada en el Boletín Oficial, que establece la obligatoriedad de implementar el etiquetado digital en todos medicamentos comercializados en el país.

A través de la incorporación de códigos QR o similar en los envases de todos los medicamentos, se podrá acceder de manera digital a prospectos e información para los pacientes actualizada, según indicó un informe en el que se señaló además que la medida representa un avance significativo en materia de evolución regulatoria y acceso a información confiable.

A partir de esta normativa, todos los medicamentos, tanto los de venta libre como los que requieren receta, deberán contar en su envase con un código bidimensional que permita acceder, mediante un teléfono celular u otro dispositivo móvil, al prospecto vigente aprobado por ANMAT y a información destinada tanto a pacientes como a profesionales de la salud.

Una iniciativa que acerca a las personas a la información
Desde la entidad señalaron que esta iniciativa acerca a las personas la información relevante sobre la toma de medicamentos, de manera más simple, rápida y segura, y se alinea con los procesos de transformación digital que vienen desarrollándose en los sistemas de salud de distintos países.

“Este paso consolida un modelo de acceso más dinámico, seguro y eficiente a la información de los medicamentos. Permite que pacientes y profesionales consulten en tiempo real la versión vigente y aprobada del prospecto, y la información para los pacientes, evitando el riesgo de que circule información desactualizada y fortaleciendo la seguridad del paciente”, explicó Carolina Sian, directora de Asuntos Regulatorios de CAEMe.

Actualmente, los prospectos impresos suelen presentar limitaciones prácticas para muchas personas. En numerosos casos, la tipografía es demasiado pequeña, el papel se deteriora con facilidad o el prospecto termina descartándose luego de abrir el envase. Además, cuando se producen actualizaciones vinculadas con nuevas advertencias, indicaciones o recomendaciones de uso, el material impreso puede quedar desactualizado mientras continúan circulando productos previamente elaborados.

Con el acceso digital, en cambio, la información puede actualizarse de manera inmediata y estar disponible para consulta en cualquier momento. Esto es particularmente importante para personas que reciben tratamientos prolongados, pacientes polimedicados, adultos mayores o quienes necesitan volver a consultar instrucciones de uso, conservación o administración del medicamento.

“La información sobre seguridad de los medicamentos evoluciona permanentemente y este sistema facilita que las actualizaciones lleguen de manera más rápida y eficiente a quienes utilizan estos tratamientos”, agregó Sian.

El formato digital permite mejorar la lectura y comprensión de los prospectos
Desde la institución también remarcaron que el formato digital permite mejorar considerablemente la experiencia de lectura y comprensión de los prospectos. Al consultarse desde un dispositivo móvil, cada persona puede ampliar el tamaño de la letra, utilizar herramientas de lectura asistida o acceder al contenido en formatos complementarios que favorezcan la accesibilidad.

En ese sentido, el nuevo esquema abre la puerta a futuras incorporaciones de recursos como audio, videos explicativos, materiales gráficos o contenidos en distintos idiomas, herramientas útiles para personas con dificultades visuales, adultos mayores o pacientes con barreras de alfabetización.

La posibilidad de incorporar videos que expliquen cómo aplicar un medicamento facilitaría, por ejemplo, el uso de dispositivos para autoinyección o uso de aerocámaras, minimizando errores de manipulación y/o aplicación y mejorando la adherencia al tratamiento.

" El acceso a la información es una parte central del cuidado de la salud. Cuanto más comprensible y accesible es esa información, mayores son las posibilidades de que las personas puedan seguir correctamente sus tratamientos, comprender las indicaciones médicas y utilizar los medicamentos de manera segura”, sostuvo Carolina Martinenghi, directora de Comunicaciones de CAEMe.

Otro de los aspectos destacados de la disposición es que los códigos deberán ajustarse a estándares internacionales de interoperabilidad y trazabilidad, utilizados globalmente en sistemas sanitarios y cadenas de suministro. Asimismo, la normativa establece expresamente que los códigos QR y otras tecnologías como data matrix no podrán redirigir a contenidos promocionales ni publicitarios, garantizando que el acceso quede limitado exclusivamente a información autorizada por ANMAT. La implementación será progresiva y contempla una etapa de transición para permitir que los laboratorios adapten sus procesos productivos y tecnológicos.

Según establece la disposición, los titulares de registro tendrán seis meses para generar los códigos correspondientes a todos sus productos, mientras que los envases ya producidos podrán continuar comercializándose y, desde la entidad destacaron que esta gradualidad resulta importante para asegurar una implementación ordenada y sostenible, favoreciendo al mismo tiempo la familiarización con esta nueva modalidad de acceso a la información.

“La decisión de ANMAT representa un paso importante hacia una salud más moderna, accesible y centrada en las personas. Facilitar el acceso inmediato a información confiable contribuye a promover un uso más seguro de los medicamentos y mejora la experiencia cotidiana de millones de personas”, señaló Martinenghi.

Además de sus beneficios sanitarios, el nuevo sistema también genera un impacto positivo desde el punto de vista ambiental. La progresiva reducción del uso de papel para prospectos impresos contribuirá a disminuir el consumo de recursos asociados a la producción, impresión y transporte de materiales físicos.

La incorporación de herramientas digitales al sistema de salud constituye hoy una tendencia global que busca mejorar la calidad de la atención, optimizar la comunicación sobre salud y fortalecer la participación de las personas en el cuidado de su propia salud. En ese contexto, consideraron que la nueva disposición posiciona a la Argentina en línea con experiencias regulatorias internacionales que avanzan en esa dirección.

“Valoramos especialmente que esta iniciativa se implemente dentro de un marco regulatorio claro, gradual y alineado con estándares internacionales, lo que resulta fundamental para impulsar innovaciones que contribuyan a fortalecer el sistema sanitario y mejorar el acceso de las personas a información confiable sobre sus tratamientos”, concluyeron. (NA)

El organismo que preside Pedro Lines expondrá la variación final correspondiente al quinto mes del año.

Distintas consultoras estiman que en mayo se habría marcado una nueva desaceleración, por lo que acumularía dos meses seguidos con una tendencia a la baja.

Sin embargo, el IPC sigue siendo elevado y continúa por encima de los dos puntos. El mercado estima que recién en agosto se quebraría la barrera del 2% (1,8%).

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires —que actúa como un anticipo del IPC nacional— marcó 2,1% en mayo y bajó 0,4 p.p. mensuales. En el año acumula un avance del 14%.

Las estimaciones

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%. (NA)

La medida se concretó en el marco de los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el ministro coordinador enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bajo la instrucción del magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El trámite sumó al listado de bienes del funcionario varios activos omitidos en las carpetas anteriores. El elemento de mayor peso es la declaración de ahorros en criptomonedas por un total de USD 513.000, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018.

En una entrevista en el canal LN+, Adorni explicó que la inversión inicial fue de USD 200.000, lo que arrojó un beneficio cercano a los USD 300.000 y recalcaron que la trazabilidad de los fondos está respaldada por las claves de acceso de los monederos. Nada de ese dinero fue declarado nunca. "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", se justificó el ministro.

Cerca de Adorni admitieron que existieron fallas de criterio en los documentos de 2023 porque el propio funcionario se encargó de completarlos, mientras que en 2024 intervino un profesional contable. 

Lo que surge de las nuevas presentaciones es la estrategia del jefe de Gabinete a nivel público y judicial: todos los bienes fueron adquiridos con dinero que ya tenía antes de ser funcionario del gobierno de Javier Milei.

Los cambios también impactan en la situación tributaria de su mujer, Bettina Angeletti, dejando constancia de sus quince años de desempeño jerárquico en el ámbito privado y su condición vigente de monotributista. 

Además, se corrigieron los papeles de la propiedad del barrio cerrado Indio Cuá, comprada en noviembre de 2025 por 120.000 dólares: la casa estaba anotada solo a nombre de Angeletti y ahora se inscribió en condominio por mitades. Sobre las refacciones en ese lote, que la Justicia calculaba en 245.000 dólares, el funcionario adujo que el desembolso real estuvo en el orden de los 170.000 dólares.

Respecto al departamento de Caballito ubicado en la calle Miró, adquirido en la misma fecha, el informe oficial señaló que la transacción se cerró mediante un convenio privado con un amigo de Adorni, Pablo Feijoó. El jefe de ministros abonó una seña de 30.000 dólares y cubrió el remanente de 100.000 dólares mediante líneas de crédito e hipotecas, descartando cualquier tipo de pago informal complementario. Las mejoras de esta vivienda sumaron otros 65.000 dólares a la rendición de cuentas.

Finalmente, la actualización incluyó las ganancias por la sucesión de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Por este concepto, el funcionario percibió unos 57.000 dólares tras destrabarse la venta de un inmueble hipotecado en La Plata y otros 22.000 dólares por la liquidación de una parcela de tierra en el partido de Daireaux.

Tras los reajustes efectuados ante las autoridades de ARCA, el titular de la Jefatura de Gabinete tiene previsto saldar los cargos impositivos pendientes que correspondan por los reajustes aplicados sobre los últimos cinco períodos fiscales. (NA)

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", indicó el jefe de Gabinete en declaraciones a un canal de televisión.

"Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos la suerte de ahorrar, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invetir fuerte en bticoins, alrededor de 200 mil dólares", reveló el funcionario.

Por otra parte, se quejó porque en los últimos tres meses, desde que comenzó la polémica con su patrimonio "me condenaron mediáticamente", pero advirtió que "debía seguir los pasos judiciales". (NA)

La iniciativa, tratada este miércoles en una reunión de la comisión de Mujeres y Diversidad bajo la conducción de Gabriela Estévez (UP), consiguió 16 firmas y no contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza.

El proyecto plantea "la declaración de la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años, con opción a prórroga por el mismo plazo, con la meta central de prevenir y disminuir los índices de la violencia machista".

Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand (UxP) lamentó tener que afrontar esta discusión con la necesidad "urgente y triste de pedir que nos dejen de matar" porque "sigue siendo una problemática y una emergencia real en el país".

"Me resisto a resignarme y naturalizar todos los días, y año tras año, que se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades", insistió.

Sand argumentó que los datos estadísticos justifican plenamente la emergencia nacional y advirtió que cualquier legislación es inútil sin "decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos" por parte del Estado.

Asimismo, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia durante 2026 y repasó el historial reciente: en 2024 se reportaron 147 femicidios (uno cada 39 horas, mayormente en ámbitos domésticos), mientras que en 2025 la cifra osciló entre 200 y 271 muertes (un caso cada 44 horas, con más del 80 % de los atacantes pertenecientes al entorno íntimo).

Tras señalar que Buenos Aires concentra el mayor volumen de casos, y Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy las tasas más altas por habitante en 2025, Sand precisó que en lo que va de 2026 ya se contabilizan entre 95 y 105 víctimas fatales (un crimen cada 35 horas).

A su turno, Esteban Paulón (Provincias Unidas), apuntó contra el Poder Ejecutivo por desmantelar las políticas de género y de protección a las víctimas.

"En las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas. Hay un incumplimiento total de la Ley Micaela. Nos encontramos ante un sistema que sigue brindando impunidad y las condiciones para que esto suceda", advirtió.

El legislador aportó datos alarmantes del año en curso: 125 tentativas de femicidio (una cada 26 horas) y un 46 % de hechos cometidos dentro de los hogares, en el marco de un escenario que definió como de "desfinanciamiento" y "negacionismo" oficial.

"Creemos que el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios, por supuesto en concurso con las provincias. En tiempos en que todo cae en la polarización y la grieta, respiremos hondo, pensemos en esas que ya no están y tratemos de entender que, si no asumimos un compromiso conjunto, pleno y amplio, para combatir la violencia de género, la sociedad por sí sola no cambia", señaló el socialista santafesino.

Tras asumir formalmente como secretaria tercera de la comisión, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) anticipó el respaldo de su bloque al dictamen mayoritario, aunque con disidencias parciales.

Bregman remarcó que la verdadera transformación requiere un presupuesto real y que la discusión actual va más allá de la terminología de las carátulas judiciales, centrándose en cómo se orientan los fondos del Estado para investigar y proteger.

Desde La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, lamentó que la oposición no haya consultado al oficialismo para debatir el texto previo a firmar el dictamen de mayoría.

"Nos convocaron con dos proyectos de ley que tienen algunos problemas en su redacción", se quejó la salteña.

Flores consideró que la iniciativa tiene un "objetivo efectista y oportunista" que busca capitalizar el malestar social y proyectar una imagen errónea de "insensibilidad" en el liberalismo.

"Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios", subrayó Flores y enfatizó que “el feminismo no es de nadie”. (NA)

El avance marca el primer paso concreto hacia la renovación de un tribunal estratégico en causas de corrupción, que actualmente integran los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, designados mediante traslado en 2018.

Las ternas aprobadas incluyen, para la primera vocalía, a Fernando Luis Rodolfo Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para la segunda, figuran Julio César Di Giorgio, Cecilia Incardona y el propio Bertuzzi, quien volvió a concursar por el cargo que ocupa.

La decisión final de los nombres que prosperarán las tiene, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y también el presidente de la Nación, Javier Milei.

El Gobierno proyecta enviar los pliegos al Senado en julio para que los nuevos jueces puedan jurar en agosto. De forma paralela, el organismo aprobó otras ternas para cubrir vacantes en el fuero penal económico, entre ellas la del Juzgado N° 10, donde tramita la causa de evasión contra la AFA.

También para los juzgados federales de Corrientes y La Plata, en la Cámara Civil y Comercial Federal de la Capital y en varios tribunales federales de Santa Fe.

La Cámara Federal porteña concentra expedientes de alto impacto institucional, entre ellos la causa Cuadernos y otras investigaciones por corrupción.

Su integración fue objeto de disputas desde que, en noviembre de 2020, la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi”, que estableció el carácter transitorio de los traslados de jueces y camaristas hasta tanto se complete el procedimiento constitucional de designación. Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados durante la gestión de Mauricio Macri con aval del Consejo de la Magistratura de entonces. (TN)

Según informó el canal Todo Noticias a partir de registros tributarios, el jefe de Gabinete aparece incorporado al sistema bajo el código “639-Ganancias Simplificada Ley 27.799”, con una solicitud presentada este miércoles.

El mecanismo, reglamentado por ARCA, busca simplificar la determinación y presentación del Impuesto a las Ganancias para determinados contribuyentes.

En la práctica, reduce la cantidad de información requerida para la liquidación del tributo y forma parte de las medidas de simplificación administrativa impulsadas por el Gobierno nacional.

Además de Adorni, otros tres funcionarios aparecen registrados en el régimen. Uno de ellos es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, con una solicitud fechada el 7 de mayo.

También figuran Santiago Viola, secretario de Justicia, cuya adhesión fue registrada el 7 de abril; y Andrés Vázquez, titular de ARCA, que se incorporó el 14 de marzo de este año y que, al igual que Adorni, está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

La consulta también permitió detectar algunos casos particulares dentro del oficialismo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, continúa figurando como monotributista categoría G, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, aparece inscripta en el monotributo categoría A.

En contraste, no se encontraron registros de adhesión al régimen simplificado de Ganancias a nombre del presidente Javier Milei ni de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Tampoco figuran otros integrantes del gabinete nacional ni funcionarios de áreas estratégicas del Gobierno.

El dato surge luego de que Adorni formalizara su incorporación al sistema, ya que se trata de uno de los funcionarios más visibles de la administración libertaria y que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que pidió una serie de medidas para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar si existen inconsistencias entre sus ingresos declarados y sus bienes.

Entre otras decisiones, la Justicia ordenó levantar su secreto fiscal y bancario para acceder a información financiera y tributaria. Se espera que en las próximas horas Adorni declare su patrimonio, tal como prometió. (TN)

La expresidenta salió al balcón a saludar a sus seguidores, sonriente y luciendo un saco verde y un jean. Incluso entonó el estribillo de la canción de Los Redonditos de Ricota, 'Jijiji', en alusión al recientemente fallecido cantante, Indio Solari, quien era amigo de la familia Kirchner.  

En la puerta de la residencia, en San José 1111, barrio porteño de Constitución, la convocatoria consistió en "acompañar" a la actual titular del Partido Justicialista (PJ) por ser considerada "víctima de una condena injusta" en el marco de una "persecución política". 

Asistieron también representantes de organizaciones sindicales y sociales, que exhibieron banderas y pancartas con mensajes pidiendo la libertad de Cristina Kirchner.

Simultáneamente, se llevaron adelante acciones similares en todo el país "para reclamar su libertad", como encuentros militantes y actos políticos en los que hicieron foco en "la relación entre la proscripción de la ex presidenta y los problemas económicos y sociales que atraviesa la población".

Asimismo, se montó una radio abierta conformada por diversos sindicatos y, para el final, hubo un acto de cierre donde se proyectó un video sobre "el empeoramiento de las condiciones de vida de la población desde que se dictó el fallo".

También hubo convocatorias similares en San Fernando del Valle de Catamarca, Resistencia (Chaco), San Juan y Trelew (Chubut), y en otras 21 localidades del interior del país; además se sumaron los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, Ituzaingó, Hurlingham, San Fernando, Luján, General Rodríguez, Escobar, José C. Paz, Merlo, Tigre, Morón, Lomas de Zamora, Lanús, Quilmes, La Matanza, Avellaneda, entre otros. (NA)

A la salida del máximo tribunal, Kicillof sostuvo que el Gobierno nacional no presentó la propuesta de adelantos que se había comprometido a acercar durante la audiencia anterior para cubrir parcialmente el déficit de la caja previsional bonaerense mientras continúan las auditorías y los cálculos técnicos.

“El Gobierno nacional se había comprometido a llegar a esta audiencia con una propuesta de adelantos, pero nuevamente dijeron que todavía tenían que realizar una serie de trabajos técnicos. En base a ello, dimos por terminada esta etapa de conciliación y decidimos avanzar por la vía cautelar”, afirmó.

El mandatario provincial señaló que la demanda busca reclamar recursos destinados a los jubilados y jubiladas bonaerenses y recordó que, según la posición de la Provincia, desde la asunción de la administración de Javier Milei se interrumpieron las transferencias previstas por la normativa nacional para compensar los déficits de las cajas previsionales no transferidas.

Durante una conferencia de prensa, Kicillof indicó que la Corte impulsó instancias de diálogo entre las partes luego de que, según expresó, durante dos años la Provincia no obtuvo respuestas de las autoridades nacionales.

La demanda provincial reclama más de $2,3 billones correspondientes a transferencias previsionales adeudadas por la ANSES.

El gobernador también cuestionó que otras jurisdicciones ya recibieron adelantos mientras Buenos Aires continúa sin una propuesta concreta. “Si bien a algunas jurisdicciones ya le han transferido, siguen incumpliendo con la provincia de Buenos Aires. Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”, remarcó.

Además, sostuvo que el monto total de recursos que la Provincia dejó de percibir por deudas e impacto de la situación económica nacional supera los $22 billones. “No estamos hablando de números pequeños: eso equivale a la mitad del presupuesto anual de nuestra provincia”, señaló.

Respecto de los próximos pasos judiciales, Kicillof explicó que la Provincia buscará una medida cautelar luego de considerar agotada la instancia de conciliación abierta por la Corte Suprema, aunque aclaró que continuará el intercambio de información entre las partes.

De la audiencia participaron también el ministro de Economía bonaerense, Pablo López; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el fiscal de Estado, Hernán Gómez; la presidenta del Instituto de Previsión Social (IPS), Marina Moretti; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía provincial, Facundo Bocco Proietti. (NA)

El acuerdo firmado por las partes asegura que “el Poder Ejecutivo Nacional transferirá a las Universidades Nacionales los fondos necesarios para garantizar un incremento de la masa salarial del 24,33%”.

El aumento se hará de la siguiente manera: 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo 2026, y del 3% en el mes de octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

Este aumento, detallaron en el Gobierno, contempla la recomposición del desfasaje del 2025 y toma en cuenta la inflación hasta mayo de 2026 y “una recomposición del 7% a cuenta de la pérdida de poder adquisitivo del 2024″.

Las partes acordaron también la convocatoria a las paritarias del sector docente y no docente para el 10 de junio a las 14 horas en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias a los efectos de recomponer los salarios.

“Una vez cumplido su cometido, la paritaria del 10 de junio pasará a un cuarto intermedio para dentro de tres meses como máximo, donde continuará la discusión salarial contemplando la variación acumulada del IPC de acuerdo al INDEC y la continuidad de la recomposición salarial por el desfasaje del 2024″, sostiene el comunicado emitido.

En cuanto a las paritarias, acordaron reunirse con el sector docente y no docente con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses.

Por otra parte, se acordó que el gobierno actualizará un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes y se dispondrá un incremento en la partida destinada a Hospitales Universitarios de $50.000.000.000 para 2026.

En lo que respecta a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de este mes.

Inicialmente, la negociación entre el Gobierno y las universidades contemplaba una recomposición salarial total del 24,33% para docentes y no docentes.

El esquema preveía, tal como se acordó este miércoles, un aumento del 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y una nueva suba del 3% en octubre, calculada sobre los haberes de septiembre.

La actualización busca compensar el atraso acumulado durante 2025, cubrir la inflación registrada hasta mayo de este año y sumar una mejora adicional para recuperar parte del poder adquisitivo perdido.

Además, el acuerdo establecería que las paritarias universitarias se convoquen al menos cada tres meses, uno de los reclamos históricos de los sindicatos del sector.

La propuesta en discusión no se limitó solamente a los salarios. También incluyó una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas desde junio de 2026.

A eso se sumó, como solicitó el sector universitario, un refuerzo de $50.000 millones para hospitales universitarios y una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

Pese al avance de las negociaciones, el conflicto por el financiamiento universitario no quedará completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras el Gobierno sostiene que volverá a discutir el esquema de partidas durante el debate del Presupuesto 2027.

En la Casa Rosada buscaban cerrar el acuerdo con las universidades y los gremios para descomprimir el conflicto salarial que el sector reclamaba hace años.

Desde que inició el conflicto, el Ejecutivo sostuvo que la Ley de Financiamiento Universitario vigente incrementa el gasto público sin establecer una fuente específica de recursos para cubrirlo y, por ese motivo, considera que la discusión debe darse dentro del marco general del Presupuesto nacional.

Con esa lógica, el Gobierno prevé volver a impulsar cambios en el financiamiento de las universidades durante el debate del Presupuesto 2027.

La postura oficial se da, además, en un contexto de ajuste de las cuentas públicas: hace menos de un mes, la administración de Javier Milei aplicó una reestructuración presupuestaria cercana a los $2,5 billones que incluyó recortes en educación, universidades, obras públicas y otros programas, con el objetivo de sostener el equilibrio fiscal. (TN)

Más de 6.000 personas pierden la vida cada año en siniestros viales en Argentina. Según diversos estudios, más del 95% de estos hechos tienen como causa principal conductas humanas imprudentes o evitables. Por eso, especialistas coinciden en que la educación y la concientización vial son herramientas fundamentales para reducir la cantidad de víctimas.

En ese contexto, el Observatorio Vial de CECAITRA —la Cámara que nuclea empresas del sector vial con presencia en la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y distintas provincias argentinas— realizó un relevamiento para conocer la percepción de peatones y conductores sobre la importancia de la educación vial.

Ante la pregunta “¿Qué tan importante cree que es la concientización y la educación vial para evitar siniestros?”, el 69% respondió que es muy importante, mientras que otro 22% la consideró importante.

En conjunto, más de nueve de cada diez encuestados reconocieron el papel clave que cumple la educación en la construcción de un tránsito más seguro. En tanto, el 6% la calificó como poco importante y apenas el 3% consideró que no tiene importancia.

“Argentina mantiene altos índices de siniestralidad por múltiples factores, entre los cuales los aspectos culturales tienen un peso determinante. Esto involucra no solo a conductores, sino también a peatones, ciclistas y motociclistas”, explicó Facundo Jaime, vocero del Observatorio.

“El control y la sanción de las infracciones son herramientas eficaces para modificar conductas peligrosas, pero la educación y la concientización son indispensables para generar cambios sostenibles en el tiempo. Por eso desarrollamos campañas y actividades orientadas a promover una cultura vial más responsable”, agregó.

Las acciones impulsadas por CECAITRA incluyen la producción y distribución de material educativo, presentaciones en municipios, conferencias, actividades en escuelas primarias y secundarias y capacitaciones destinadas a agentes de tránsito, con especial foco en la prevención y el comportamiento seguro en la vía pública.

Entre las iniciativas más destacadas se encuentra el simulador de conducción, una experiencia que permite a jóvenes y adolescentes experimentar los efectos que provoca el consumo de alcohol al volante.

“Trabajamos especialmente con quienes serán los futuros conductores. El simulador genera un fuerte impacto porque les permite vivenciar, en un entorno seguro, las dificultades que produce conducir bajo los efectos del alcohol. Las devoluciones que recibimos muestran que comprenden de manera mucho más clara los riesgos que implica esta conducta”, señaló Jaime.

El relevamiento también indagó sobre la percepción del nivel de educación y concientización vial existente en cada comunidad. Frente a la consulta “¿Cómo evaluaría el nivel actual de educación y concientización vial que observa en su comunidad?”, el 49% respondió que es adecuado, aunque todavía existen aspectos por mejorar. Sin embargo, el 31% consideró que el nivel es deficiente debido al escaso respeto por las normas y la falta de información; el 12% sostuvo que es prácticamente inexistente, con un marcado desinterés por la temática; y solo el 8% afirmó percibir un nivel muy alto de educación vial y respeto por las reglas de tránsito.

“Que apenas la mitad de los encuestados perciba niveles adecuados de educación vial demuestra que aún queda mucho trabajo por hacer. Desde CECAITRA promovemos una movilidad basada en la responsabilidad, el respeto y la atención permanente. Un tránsito más seguro se construye sobre cuatro pilares fundamentales: control, sanción, educación y concientización. Ese es el camino que seguimos impulsando día a día”, concluyó. (NA)

Los días que precedieron a la condena judicial se vivieron en un clima de extrema tensión social e institucional en toda la Argentina, con el Partido Justicialista (que había elegido como titular a la ex jefa de Estado) en estado de alerta deliberativo y vigilias de emergencia, denunciando un intento de "proscripción" para sacarla del escenario electoral que se avecinaba.

El 9 de junio, la ex mandataria dio su último discurso presencial en la sede de Matheu 130, donde calificó su inminente detención domiciliaria como un "certificado de dignidad" ante la persecución del "Partido Judicial"

Hasta el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrentado a Máximo Kirchner, se acercó ese día para escucharla y transmitirle su solidaridad, pero fue recibido con provocaciones por la militancia camporista. 

La idea de resistir colectivamente el arresto fue desechada rápidamente y la propia Cristina Kirchner esperó la notificación del fallo confinada dentro de su departamento en San José 1111, en el barrio de Constitución, esquina que se convirtió hasta estos días en punto de peregrinación de la militancia. 

Desde el mismo día en que se conoció el fallo de la Corte Suprema (10 de diciembre), miles de simpatizantes se acercaron a la esquina de San José 1111 a montar guardias de apoyo y vigilias que duraron semanas, con consignas contra la "proscripción".

Mientras el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo celebraban el encierro de Cristina Kirchner, la ex mandataria tomaba contacto con la militancia a través del balcón de su vivienda, con efusivos saludos y hasta bailes que despertaban la euforia y el alivio de sus seguidores.

La aparición frecuente en el balcón generó disgusto entre quienes consideraban que una persona condenada no podía trivializar su condena o alterar la convivencia en el vecindario.

No obstante, la Justicia aclaró que Cristina Kirchner podía hacer uso del balcón con "buen juicio, prudencia y sentido común", por lo que se zanjó la polémica y no hubo inconvenientes para que siguiera manifestándose en ese sector de su vivienda.

Entre el 10 y el 12 de junio se realizaron cortes masivos por parte de sindicatos y movimientos sociales en accesos clave a la Capital Federal, escalando el conflicto social. 

Mientras la Corte Suprema definía las condiciones de detención y en el kirchnerismo se barajaba la opción de una inmensa movilización a los tribunales de Comodoro Py para acompañar a Cristina Kirchner para su notificación formal, la ex presidenta esperó dentro de su domicilio. 

El 17 de junio recibió la notificación del arresto de forma virtual y comenzó de inmediato a cumplir la pena de prisión.

El Tribunal Oral Federal 2 le había impuesto el uso de una tobillera electrónica y restricciones para recibir visitas, lo cual fue calificado por el kirchnerismo como un "trato degradante" y discriminatorio que ni siquiera se aplicaba a represores de la última dictadura militar.

Pese a la persistencia de los reclamos, los pedidos de revisión de las condiciones de detención fueron desestimados por la Justicia hasta el día de hoy, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El 18 de junio se realizó la primera movilización masiva hacia la Plaza de Mayo, que tuvo un inmenso acompañamiento social pese a que la CGT decidió no marchar de forma orgánica ni oficial. 

Desde su confinamiento en San José 1111, Cristina Kirchner empezó a recibir visitas de carácter político y personal de forma casi diaria, lo que generó reparos de parte de sus detractores, quienes consideraban que no correspondía que una persona inhabilitada realizara actividad política.

Cuando se difundió una reunión política con nueve economistas, la polémica cobró mayor magnitud y el TOF 2 le impuso limitaciones estrictas en el régimen de visitas, con un tope de tres personas en simultáneo y por un lapso no mayor a dos horas.

Desde entonces, Cristina Kirchner y su entorno político sostienen un reclamo público para la flexibilización de las condiciones de detención, que consideran “objetivamente injustas, desproporcionadas, restrictivas y arbitrarias”.

La campaña por "Cristina Libre" se adueñó del accionar militante del ala kirchnerista, que busca convertir esa causa en la principal demanda del campo opositor, aunque eso suponga entrar en tensión con otros sectores del peronismo como el que lidera Kicillof. (NA)