Según fuentes bien informadas, el mandatario nacional realizaría en horas de la mañana una visita a algunas empresas del Puerto bahiense, y luego se desarrollaría una convocatoria en un hotel céntrico. De hecho, esto último fue confirmado por el concejal libertario Felipe Ferrández a través de sus redes sociales.

En principio, todo era secreto, con banners y flyers que circulaban por internet y proponían estar "atento" para recibir a Milei "como se merece" y saber en qué lugar y horario se podrá hacerlo. Finalmente, se confirmó que será a partir de las 16.30, en el Land Plaza. Allí se espera la mayor concentración de simpatizantes y votantes de La Libertad Avanza.

La presencia del Presidente en nuestra ciudad fue definida como "el comienzo de la campaña 2027". El libertario volverá a Bahía Blanca junto a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien podría convertirse en el candidato oficial a la gobernación bonaerense en las elecciones del año que viene. En principio, a ellos se sumarán otros nombres de peso de su gobierno, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito.

En horas de la mañana del viernes, está previsto que el Presidente visite la empresa Mega, recientemente adherida al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que anunció una inversión de 365 millones de dólares para ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural. También podría visitar otras firmas del Puerto bahiense.

Visitas

Esta será la tercera visita de Milei como presidente a Bahía Blanca: el mandatario llegó por primera vez a la ciudad el domingo 17 de diciembre de 2023, un día después del feroz temporal que causó la muerte de 13 personas y graves destrozos en la ciudad.

Milei, que había asumido apenas una semana atrás, viajó acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, y los entonces ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano). 

Aquella tarde se reunió en la sede comunal de Alsina 65 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para coordinar la asistencia y evaluar los daños dejados por el temporal en toda la ciudad.

“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo durante su breve estadía.

El segundo paso fue el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando viajó para supervisar los operativos de asistencia luego de la dramática inundación del viernes 7, que dejó 18 víctimas fatales, centenares de heridos, miles de evacuados y un grado de destrucción de casas, comercios e infraestructura pocas veces visto.

En aquella oportunidad, estuvo cerca de cuatro horas en compañía de su hermana Karina, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La comitiva oficial recorrió la zona del canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña montado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. (La Nueva., con información de TN)

Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse; suceden luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur.

Además, las acciones de las milicias suceden tras el anuncio del avance del impulso de la construcción de la Base Naval Integrada, una zona estratégica de la provincia austral que, el último viernes, fue recorrida por el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; y los jefes del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y de la Armada, Carlos Romay.

Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.

Los ejercicios de Estados Unidos en la región más austral de Argentina fueron aprobados por decretos de necesidad y urgencia por parte del Presidente, a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición en el Congreso.

Con libertad para actuar en el Mar Argentino, la presencia norteamericana se suma al armamento que la Fuerza Armada Argentina sumó durante gestiones de Joe Biden y Donald Trump: los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea, de origen estadounidense aunque comprados a Dinamarca (llegaron hasta ahora seis). Hay intención, además, de comprar vehículos blindados y los helicópteros Black Hawk para el Ejército. Más fusiles a Israel, el otro aliado. (con información de TN)

Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco del evento de la celebración del Día de la Exportación, donde previamente había hablado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, Sturzenegger lanzó una crítica contra la Cámara de la Construcción, a la cual acusó de "regalar plata" mediante los acuerdos salariales realizados con la UOCRA.

"Tenemos a la construcción que está por debajo de donde la recibimos. Habría que preguntarle a CAMARCO por qué firma convenios donde le regala plata a la UOCRA, siendo que el costo de la construcción está tan caro", sostuvo el ministro.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la construcción viene quedando rezagada por las políticas de carácter económico adoptadas por el Gobierno. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó una caída pronunciada del 4,5% en julio.

“En realidad no seguimos cayendo, no crecemos. Estamos estabilizados”, dijo el titular de la cámara, Gustavo Weiss. El empresario sostuvo que el sector perdió más de 120.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

En otra parte de su discurso, Sturzenegger defendió el crecimiento que registraron las empresas del sector energético.

"Hay una idea que se escucha, que es que están creciendo las empresas que no crean empleo. Dicen que la energía no crea empleo", planteó el funcionario, aludiendo a las críticas de quienes sostienen que el sector no genera puestos de trabajo. (con información de NA)

La respuesta se produjo después de que el gobierno británico difundiera una guía dirigida a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas. El documento sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofrece respaldo británico ante eventuales sanciones o reclamos argentinos.

El Ejecutivo rechazó ese argumento y ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite sancionar a empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería. La Casa Rosada busca instalar así que la ofensiva británica no modifica el esquema jurídico con el que pretende aumentar la presión sobre las compañías involucradas.

El Gobierno difundió además datos concretos sobre el alcance de las medidas ya iniciadas. La Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países vinculadas con actividades en las islas.

También aseguró que hay 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos. La intención oficial es ampliar ese esquema a medida que se identifiquen nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras.

Uno de los principales focos sigue puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería mencionó expresamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

El comunicado confirma además que el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. En esos encuentros, según la Cancillería, se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de actos vinculados con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

La Casa Rosada considera especialmente relevante el intento británico de atraer compañías internacionales. En el Gobierno entienden que el punto de presión más efectivo no pasa sólo por las empresas radicadas en las islas, sino también por contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores con activos o intereses en otros países.

La respuesta argentina invocó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.

El Ejecutivo sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios. Ese argumento será uno de los ejes jurídicos y diplomáticos de la ofensiva que Milei anunció durante la cadena nacional.

La Cancillería reiteró al mismo tiempo que la Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. (con información de TN)

Según las estimaciones oficiales, el Gobierno espera que la inflación alcance el 21,1% durante 2027 y que el dólar oficial cierre ese año en $1728. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía de 4%.

La información se dio a conocer durante la reunión de mesa política que se realizó en la Casa Rosada este martes. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027, donde incluyó además una suba del salario promedio del 25,4%.

Además, se esperan exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los US$15.000 millones.

Horas atrás, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el presupuesto contemplaba resultado fiscal positivo. “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, adelantó.

El dato de inflación será uno de los principales indicadores a seguir. El Gobierno calcula que los precios subirán 21,2% en 2027, una estimación que marca también el cálculo de los recursos y las partidas de gasto previstas para el próximo ejercicio.

En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar oficial de $1728 al cierre de diciembre de 2027. La proyección es una de las referencias para estimar tanto la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior como el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.

El escenario oficial también incluye una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4% para el año próximo.

El proyecto de Presupuesto establece las pautas para la administración de los recursos públicos durante 2027 y fija las estimaciones de ingresos y gastos del Estado nacional.

Además de las variables macroeconómicas, el documento incluye las previsiones de recaudación, el resultado fiscal, el gasto público y las distintas partidas destinadas a las áreas de la administración nacional.

La presentación del proyecto también permite conocer cuáles serán las prioridades de gasto de la administración de Milei y qué partidas tendrán mayores incrementos o reducciones.

La discusión se desarrollará en el Congreso y tendrá como uno de sus ejes principales las proyecciones oficiales: en particular, si los supuestos de inflación, dólar y crecimiento resultan consistentes con las expectativas del mercado y con las estimaciones de los analistas privados. (TN)

Según explicó Beraldi, un testigo de la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos con el detalle de todos los proveedores de la obra pública durante esos años. A partir de ese archivo, el equipo de la expresidenta encargó una auditoría económico-financiera al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, de la consultora Specs, con sede en San Pablo.

El informe pericial, fechado este 14 de septiembre en San Pablo, analizó la planilla “Analítico 2008-2015 Xls”, que forma parte del expediente 9608/2018 que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, y cruzó esos datos con la nómina de empresas del Grupo Austral, el listado de obras de la causa Vialidad y la evolución del tipo de cambio entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.

El resultado, según el documento, es que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió en ese período 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de US$2.200 millones. De esas 367 obras, solo 17 están vinculadas a la causa Vialidad —el 4,63% del total— y corresponden a cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, y la Sucesión de Adelmo Biancalani. A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, el 0,93% del total, por un monto de US$18,66 millones: el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 en el período analizado.

El informe también muestra que esa participación fue decreciendo año a año: representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, cayó al 0,18% en 2011 y fue del 0% entre 2012 y 2015. En el ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por la Fuente 14, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias: el primer lugar lo ocupa IECSA, con el 16,36% del monto total (US$360 millones), seguida por JCR (10,18%), Benito Roggio e Hijos (9,55%), José Cartellone Construcciones Civiles (9%) y Rovella Carranza (5,92%).

Con esos números, la defensa de Cristina Kirchner busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y el empresario Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder. Beraldi dijo que el hallazgo es “monumental” porque a la expresidenta “se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita” solo por haber firmado el decreto presidencial 54/2009, mientras que la evidencia económica muestra que la porción de fondos que recibió el entorno de Báez fue marginal frente al total de la obra pública nacional del período.

Beraldi dio la conferencia junto a los otros abogados de la expresidenta, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Buscan reforzar el reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.

La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Las claves de la presentación ante la ONU

Los abogados detallaron que la presentación incluyó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible” que funcione con tres miembros.

En la conferencia de prensa aclararon que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.

Borrego explicó que una de las cautelares se relaciona con la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire.

El abogado español calificó la condena a la expresidenta como “maniobra de distracción” para evitar que se piense en su proscripción, para que no se presente a elecciones y eso no quita a algunos.

Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo sobre la presentación que “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.

El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes”, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas. Aclaró que la presentación únicamente es “documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta. (con información de TN)

La decisión la anunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que "LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!" por lo que "no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS".

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el sindicalista sostuvo que "la salud (del mandatario) no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a LA CAPACIDAD PARA EJERCER SU CARGO".

Por lo tanto, consideró "inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir NUMEROSOS REQUISITOS y uno de ellos sea atravesar un EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado".

En ese sentido, marcó: "Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional".

A continuación, aclaró: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen GOLPISTAS O DESTITUYENTES, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer SI SE ENCUENTRA APTO PARA EJERCER TAN ALTA FUNCIÓN".

Y advirtió: "Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos".

Para concluir, insistió: "Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también EXAMEN PSICOFÍSICOS A TODOS LOS CARGOS ELECTIVOS a partir del año que viene"

Y cerró: "Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. NO NOS PUEDE VOLVER A PASAR".

ATE no es el único que hizo pública su preocupación por la salud del jefe de Estado. El pasado jueves 30 de julio la vicepresidenta, Victoria Villarruel, expresó en su cuenta de X: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior". (NA)

“Debemos comenzar por señalar que el Supremo Tribunal de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables. Sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto”, explicaron los jueces en el fallo.

A su vez, remarcaron que “este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación y tomar las decisiones que crea conveniente dentro de las facultades y alternativas que tiene a su alcance”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene infraestructura ni recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

En ese sentido, agregaron que “la resolución reseñada recibió los embates del apelante, quien básicamente sostuvo que la decisión de la Magistrada implica un avasallamiento de la labor propia de otro de los poderes del Estado, al suspender una ley que fue regularmente sancionada por el Congreso y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional”.

A su vez, el Fiscal General Departamental afirmó que la suspensión general de la Ley 27.801 “fue dispuesta sobre la base de una hipótesis acerca de las consecuencias futuras que podría producir su implementación, sin que se hayan acreditado, con elementos objetivos y actuales, las circunstancias que permitirían tener por configurada una afectación concreta de derechos fundamentales”.

Y señaló: “Una cosa es ejercer el control judicial de constitucionalidad frente a una afectación concreta y otra sustancialmente diferente es disponer la suspensión general y preventiva de una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sobre la base de consecuencias que, al momento del dictado de la resolución, no aparecen suficientemente acreditadas”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

Los argumentos del fallo de la jueza Pascual

Luego de que entrara en vigencia, la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, decidió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar se había dictado al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

 La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.

Además, sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos. (con información de TN)

La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.

El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.

La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.

Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.

Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.

El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.

Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.

El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.

El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.

La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)

El reporte advierte sobre un profundo desequilibrio en el mercado laboral argentino a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC y registros del SIPA, con mayor impacto en los jóvenes, las mujeres y los adultos mayores.

Sobre una población económicamente activa proyectada en 22,5 millones de personas, 5,7 millones son asalariados informales, 5,6 millones son cuentapropistas, de los cuales 3,4 millones no facturan, y 9,6 millones corresponden a asalariados registrados. De este último total, hay 6,6 millones del sector privado y 3 millones del ámbito estatal.

A través de un indicador propio que evalúa estabilidad, aportes, antigüedad y capital, el estudio determina que el 45,2% de los ocupados se encuentra en situación de desprotección laboral. En contraste, el sector privado protegido abarca al 39% de los ocupados y el empleo público representa el 15,7%.

El estudio destaca un quiebre en la dinámica del empleo desde el cambio de gobierno al señalar que en dos años se registran 626.000 nuevos puestos desprotegidos, acompañados por la pérdida de 56.000 empleos privados protegidos y 212.000 empleos públicos. Adicionalmente, los 350.000 nuevos ocupados volcados al mercado desde 2024 lo hicieron íntegramente en tareas desprotegidas.

Por otro lado, el relevamiento introduce el indicador de "desempleo blue", el cual mide la desocupación encubierta al identificar a las personas que buscan empleo, trabajan muy pocas horas en la semana y lo hacen dentro de una actividad precaria o desprotegida.

Mientras que la tasa de desempleo oficial se sitúa en el 7,8%, la adición del desempleo ampliado (7,7%) eleva el desempleo blue al 15,5% en el primer trimestre del año, alcanzando su valor más alto desde el cambio de gestión. Este indicador se incrementó 1,5 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024, reflejando a quienes realizan "changas" mientras buscan una ocupación formal.

En relación al rango etario, el trabajo expuso que los jóvenes de 18 a 26 años resultan el grupo más perjudicado. Al respecto, reveló que en dos años, la tasa de desprotección laboral en esta franja pasó del 53% al 61,6%.

Durante dicho período desaparecieron 160.000 puestos entre jóvenes, con un mayor impacto en los varones, quienes perdieron 126.000 empleos formales (30.000 públicos y 96.000 privados protegidos). Asimismo, el desempleo blue en este segmento alcanzó el 27,7%, más de 10 puntos porcentuales por encima del promedio general.

Por ramas de actividad, la pérdida de empleo protegido en la juventud muestra caídas marcadas. En comercio registró 88.525 puestos protegidos menos, lo que representa la caída del 43% del empleo de calidad que tenía la juventud en este rubro hace dos años. En la construcción, los jóvenes perdieron 9.896 puestos protegidos (-30%).

La desprotección laboral creció con mayor fuerza entre las mujeres, cuyo volumen en el sector privado desprotegido aumentó un 14,1% en dos años, frente a un incremento del 9,3% en varones. Esto se explica en parte por el recorte en el empleo público, donde de los 212.000 puestos destruidos, 132.000 correspondieron a mujeres.

Además, el deterioro salarial en sectores feminizados vinculados a la paritaria pública (salud y educación, cuyos salarios perdieron entre 9% provincial y 36% nacional) impulsó la brecha salarial horaria de género a un récord del 10% en contra de las mujeres.

Por otro lado, desde el IAG detallaron que la formación universitaria completa actúa como atenuante, ya que la tasa de desprotección para personas con título universitario es del 18% tanto para varones como para mujeres. En contraste, para quienes no completaron el secundario la desprotección llega al 66%, y para quienes tienen secundario completo se ubica en el 45%.

Entre las personas de 66 años o más, el reporte indicó que la masa de activos creció un 14% en los últimos dos años debido a los bajos ingresos de las jubilaciones. Al reinsertarse mediante tareas precarias de pocas horas, el desempleo blue en jubilados tocó un récord del 12,6%. (NA)

La medición de la consultora ExQuanti, elaborada en base a datos del INDEC, reveló que con el avance de los primeros seis meses del año la cantidad de personas afectadas por este flagelo alcanzaría 15,1 millones.

El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.

Al puntualizar en el impacto de la suba, la consultora remarcó que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024”.

Asimismo, advirtió que “la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”, trazando un panorama preocupante para el Gobierno, que asegura haber “sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos”.

En la misma línea, desde ExQuanti señalaron que “los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década” y alertaron: “La pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”.

En paralelo, el nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.

En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del Indec, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.

El índice oficial de pobreza del primer semestre será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre. Anteriormente, el organismo reveló que en 2025 el país terminó con 28,2% de pobres, lo que representa a 8,5 millones de personas.

La cifra significó un descenso en relación al primer semestre, donde el indicador se ubicó en 31,6%, siendo afectadas 9,5 millones de personas. Al final del 2023, la pobreza estaba en 41,7% alcanzando 12,3 millones de argentinos, por lo que en la gestión Milei salieron de dicha condición 3,8 millones de personas, según las estadísticas oficiales. (NA)

En ese contexto, el ingeniero hidráulico y civil Claudio Velazco elaboró una proyección sobre los niveles que podría alcanzar el Paraná ante un escenario de “Súper Niño” y comparó los resultados con la histórica crecida de 1983.

El estudio comprende 24 ciudades costeras y plantea, en algunos puntos, alturas entre 20 centímetros y 1,20 metros superiores a los registros tomados como referencia de aquella creciente. Además, estima que la onda de crecida podría recorrer el río en aproximadamente 18 días entre Puerto Iguazú y San Fernando.

Las cifras, sin embargo, no representan un pronóstico oficial ni significan que esas alturas necesariamente vayan a registrarse. Se trata de un escenario estimativo condicionado por numerosas variables meteorológicas e hidrológicas.

Entre ellas aparecen la cantidad y distribución de las precipitaciones sobre la cuenca, los aportes de los diferentes ríos tributarios y el manejo de las represas de Itaipú y Yacyretá.

Uno de los valores más significativos corresponde a Puerto Iguazú, donde la proyección alcanza los 17,60 metros, frente a los 16,40 metros tomados como referencia de 1983. La diferencia sería de 1,20 metros.

En Posadas, el escenario plantea 11,47 metros frente a 10,27 metros, mientras que para Corrientes se estiman 10,20 metros contra los 9 metros de la referencia histórica.

Estos son algunos de los niveles incluidos en la proyección:

• Puerto Iguazú: 17,60 m (1983: 16,40 m).
• Posadas: 11,47 m (1983: 10,27 m).
• Corrientes: 10,20 m (1983: 9,00 m).
• Barranqueras: 10,00 m (1983: 8,80 m).
• Paraná: 8,50 m (1983: 7,90 m).
• Santa Fe: 8,20 m (1983: 7,60 m).
• Rosario: 7,60 m (1983: 7,20 m).
• Tigre: 6,10 m (1983: 5,70 m).

El análisis aclara además que las alturas están referidas al cero del Instituto Nacional del Agua (INA) y no al del Servicio de Hidrografía Naval (SHN), una diferencia que debe considerarse al interpretar y comparar los registros.

Por qué el Litoral está bajo mayor vigilancia

El escenario coincide con las advertencias de especialistas sobre los posibles efectos de El Niño en la Argentina. La región del Litoral y buena parte de la cuenca del Plata se encuentran entre las áreas donde el fenómeno puede favorecer precipitaciones por encima de los valores habituales.

Las provincias que requieren mayor seguimiento incluyen a Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. En este contexto, también aumenta la atención sobre el comportamiento de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú.

El antecedente de 1982/83 adquiere especial relevancia porque aquel episodio de El Niño coincidió con una de las grandes crecidas del Paraná. Otro evento intenso, el de 1997/98, también estuvo asociado a importantes inundaciones en el Litoral.

No obstante, un El Niño muy fuerte no implica automáticamente que se produzcan inundaciones históricas. El fenómeno modifica las probabilidades de determinados patrones de lluvia, pero por sí solo no permite establecer cuánto lloverá sobre una cuenca ni qué altura alcanzará el río en una ciudad determinada.

Por ese motivo, las cifras proyectadas deben entenderse como un escenario posible para analizar riesgos y mejorar la preparación, y no como una predicción puntual para los próximos meses. La evolución de las precipitaciones, los tributarios y las condiciones de toda la cuenca será determinante para conocer el impacto real de El Niño 2026. (NA)

La reunión será encabezada por el presidente de la comisión, el senador fueguino de La Libertad Avanza, Agustín Coto, y tendrá como eje el proyecto impulsado por el Gobierno, aunque también se pondrán en discusión distintas iniciativas sobre Ficha Limpia presentadas por legisladores de los bloques aliados.

Entre ellas se encuentran las propuestas de los macristas Martín Goerling Lara y Edith Terenzi, la neuquina Julieta Corroza y los radicales mendocinos Rodolfo Suárez y Mariana Juri.

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques.

El problema está en los principales aliados del Gobierno: una decena de senadores radicales y los tres integrantes del PRO mantienen reparos frente a la eliminación o suspensión de las PASO.

"Dependerá de los acuerdos que haga o no la Casa Rosada. A nosotros, como bloque, nos excede", señaló un legislador oficialista a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la mesa política del oficialismo admitieron que todavía no está definido cómo se destrabará la discusión. "No sé cómo lo vamos a destrabar, pero estamos en eso", reconoció una fuente consultada por NA.

La misma fuente consideró que el proyecto "terminó siendo una herramienta de negociación por parte de los aliados para anticipar el cierre de alianzas electorales". 

La Casa Rosada negocia con los gobernadores

El Gobierno analizó distintas alternativas para conseguir respaldo a la reforma. Una de las opciones que estuvo sobre la mesa fue la implementación de un sistema de colectoras, aunque finalmente esa posibilidad quedó descartada.

Ahora, la principal apuesta oficial pasa por conseguir un acuerdo para suspender, aunque no eliminar, las PASO.

Hasta el momento, expresaron públicamente su respaldo a la eliminación de las primarias los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; Entre Ríos, Rogelio Frigerio; Neuquén, Rolando Figueroa; y Chaco, Leandro Zdero, quien ya consiguió suspenderlas en su provincia.

Todavía no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Jujuy, Carlos Sadir; y Santa Cruz, Claudio Vidal.

El peso parlamentario de esos gobernadores es dispar. Frigerio no tiene senadores propios, mientras que Figueroa, Jalil y Zdero cuentan con uno cada uno. Sáenz y Passalacqua, por su parte, tienen dos senadores que responden a sus respectivos espacios.

Bullrich busca acuerdos por otros puntos

Mientras la Casa Rosada concentra las negociaciones por las PASO, Patricia Bullrich buscará avanzar en el Senado con acuerdos sobre otros aspectos de la reforma electoral. Entre los puntos que generan discusión aparecen el financiamiento de los partidos políticos, la eliminación de los debates presidenciales y las restricciones para las fuerzas políticas.

La titular del Senado también deberá contener a los sectores de la UCR y el PRO que pretenden avanzar con una ley específica de Ficha Limpia. El proyecto ya había fracasado en 2024 en la Cámara alta, cuando dos senadores misioneros votaron en contra.

Los detalles del proyecto

- Se instrumenta la ley de Ficha Limpia con lo cual no podrá ser candidato a cargos electivos aquellos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

- Se eliminan las elecciones primarias (PASO) para las elecciones de candidatos electivos al Congreso Nacional y la Presidencia, y cada alianza o partido político deberá elegir su propio sistema de elecciones para definir sus postulaciones.

- Los candidatos a presidente para ser reconocidos deberán tener el aval del 0,1% del padrón electoral, mientras que para el Congreso será del 0,5% del padrón de cada distrito.

- Los partidos políticos para ser reconocidos a nivel nacional deberán estar reconocidos en 10 distritos y un mínimo de 0,1% de afiliados del padrón nacional.

- El financiamiento del Estado a las campañas se elimina y se aumenta del 2% al 35% el aporte privado que tendrá cada partido o alianza.

- Los partidos políticos tendrán un único aporte público anual destinado al Fondo Partidario Permanente.

- No habrá más publicidad gratuita en los medios de comunicación.

- Se elimina el debate obligatorio de candidatos presidenciales que se realizó en el 2019 y 2023.

- Se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar el tilde de boleta completa y hasta se permite incorporar las elecciones provinciales en caso de elecciones simultáneas. (Agencia Noticias Argentinas)

El citado acuerdo había sido firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y la decisión se oficializó después de que el Congreso completó su aprobación el pasado 26 de agosto.

“Apruébase el acuerdo de libre comercio entre el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la República de Singapur celebrado en la ciudad de Río de Janeiro -República Federativa del Brasil- el 7 de diciembre de 2023, que consta de diecinueve (19) Capítulos que, como ANEXO en los idiomas inglés, español y portugués, forma parte de la presente ley”, señaló el escrito.

En tanto, el tratado establece una zona de libre comercio para bienes y servicios, mientras que el marco normativo se alinea con las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), promoviendo la competencia leal y apoyando a micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, el mismo establece reglas para diferentes áreas de la relación económica entre las partes, entre las que se encuentran el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual, el comercio electrónico y las pequeñas y medianas empresas.

El tratado busca establecer mayor previsibilidad regulatoria y mejores condiciones para las inversiones, además de reducir y ordenar barreras vinculadas al intercambio comercial.

Por otro lado, se organizará un cronograma escalonado para la desgravación arancelaria, mientras que Mercosur implementará categorías que van desde la eliminación total de aranceles tras la entrada en vigor, hasta plazos de 15 años para sectores específicos.

El acuerdo también introduce medidas de facilitación para reducir costos administrativos, entre ellas, la entrada libre de aranceles para muestras de valor insignificante, la admisión temporal para equipos profesionales, bienes de ferias y materiales de transporte, con suspensión de tributos y la simplificación de los trámites para bienes destinados a reparación, permitiendo su reingreso siempre que mantengan su función original. (N/A)

La reducción en las partidas del Estado nacional se ejecutó desde el inicio de la gestión de gobierno en pos de sostener el superávit fiscal. La distribución del recorte presupuestario entre los años 2023 y 2026 mostró magnitudes diferenciadas según el rubro analizado en los primeros ocho meses del año.

En el extremo de mayor ajuste, el gasto que más bajó fue el integrado por las “Transferencias corrientes a Provincias" con una caída del 86,6%. En segundo lugar se ubicó la inversión en "Bienes de uso", componente que incluye a la obra pública, con una caída del 83,6%.

A estas partidas les siguieron las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios, con una baja del 62,1%, y "Otras transferencias al sector privado" (gasto que incluye los subsidios económicos, entre ellos a la energía y al transporte), que registraron "una baja del 59,3%".

Asimismo, los giros a universidades nacionales cayeron un 39,7%; las ayudas sociales y asignaciones familiares se redujeron un 30,6%, y los gastos en personal disminuyeron un 28,9%. En el extremo opuesto, las Jubilaciones y pensiones fueron el componente con la menor caída: bajaron un 8,2% respecto a igual periodo de 2023.

De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el impacto de cada rubro en la contracción total del gasto dependió de su peso inicial en la estructura presupuestaria.

Bajo este criterio de explicación sobre la baja acumulada, las transferencias a otras entidades del Sector Público Nacional concentran la mayor participación, con el 23,6% del total, lo que implica que "casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a Empresas Públicas y Fondos fiduciarios.

Le siguieron los subsidios al sector privado con el 14,9% del ajuste total, las ayudas sociales con el 14,4% y las transferencias a provincias con el 13,0%.

De sostenerse la pauta actual, el gasto de la APN cerrará 2026 en el 12,4% del PBI, completando "la mayor reducción respecto al año 2023, con 5,4 puntos porcentuales del PBI, acumulando una baja de 14 puntos porcentuales en tres años", según el informe. (con información de NA)

El encuentro inició a las 15 en el Salón Héroes de Malvinas, el mismo espacio donde el mandatario recibió a sus legisladores en ocasiones anteriores. Al igual que en las últimas ediciones, los asistentes llegaron con la expectativa de escuchar una charla conceptual sobre economía. Horas antes, durante la reunión de Gabinete, Milei había ratificado el rumbo ante sus ministros, a los cuales pidió “no dejarse psicopatear por el status quo”.

Tras cruzar las puertas de Balcarce 50, el grupo de senadores y diputados del oficialismo ingresaron en fila por el detector de metales, dejaron sus celulares en sobres de papel madera fuera del Salón y conversaron entre tazas de café y medialunas -de manteca y de grasa-, antes de acomodarse en el amplio espacio preparado para la exposición.

Allí, la primera en tomar la palabra fue Karina Milei, mientras los empleados de la Casa Rosada ubicaban un panel para tapar las ventanas de la sala y evitar que la prensa acreditada pudiera observar la inminente charla del mandatario. Durante su intervención, que se extendió por 20 minutos, la secretaria General de la Presidencia y líder del partido le pidió a su tropa legislativa que la dejen “construir política” y no confrontar con los potenciales aliados del Gobierno, tanto en las discusiones en el Congreso por venir como en la contienda electoral del próximo año.

“Nos pidió no confrontar con los gobernadores, algo que ya nos había dicho. Solo con el kirchnerismo, (Ricardo) Quintela, (Gildo) Insfrán”, reveló uno de los asistentes a este medio. “Una cosa es discutir cosas de gestión, otra es acusar a un gobernador de narcotraficante”, ejemplificó otro legislador en sus propias palabras.

Veinticinco minutos después, las puertas se abrieron para dar paso al Presidente, con su característica campera de cuero y carpeta en mano, que saludó a los empleados y funcionarios de menor jerarquía antes de ingresar y ser recibido por un aplauso de sus legisladores.

El discurso de Milei: la omisión al Presupuesto y el foco en el debate económico

Contrario a lo que se esperaba en la previa, el mandatario no hizo mención alguna durante su discurso de más de dos horas y media al envío del Presupuesto 2027 o a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “No se tocó la agenda legislativa”, ratificó un oyente.

En cambio, el Presidente dedicó su charla a destacar los resultados alcanzados por su gestión y “la importancia de sostener el rumbo económico”. Tal como explicaron fuentes oficiales, Milei pidió contrastar los datos duros de la economía “con las interpretaciones que circulan públicamente”. En ese sentido, sostuvo que “el país atraviesa un proceso sostenido de crecimiento, con la economía creciendo durante 27 meses consecutivos y con un crecimiento acumulado cercano al 10%”.

Otro de los focos de la exposición giró en torno a combatir la versión de que “no hay consumo” y volvió a ratificar, tal como lo hace en público, que esta medición "se encuentra en niveles históricos". “También remarcó que la economía argentina está creciendo durante todo el período a una velocidad cuatro veces superior a la registrada históricamente”, señaló una fuente oficial, que también compartió la estimación presidencial de que el país va a superar los 100 mil millones de dólares en exportaciones.

“Nos pidió salir a combatir microclimas que se instalan. Le pasó a Mauricio Macri. A nosotros nos pasó el año pasado y después nos sorprendió la elección de octubre. Eso no va a volver a pasar”, resumió una fuente del bloque oficialista. “La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable”, fue una de las frases que les repitió el Presidente.

Para dejar en claro cómo dar esa disputa discursiva, el Presidente también hizo referencia al libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, que les había regalado a sus legisladores en su última convocatoria en Balcarce 50. Algunos de los presentes incluso ingresaron por la puerta de Rosada sosteniendo el tomo, que cuenta con un prólogo de Milei.

“Henry Hazlitt señalaba que la diferencia entre el mal economista y el bueno es que el primero sólo mira los efectos sobre un mercado y en un período, mientras que el segundo considera además los efectos en el resto de los mercados, tanto en el presente como en el futuro”, es una de las citas que suele recuperar el Presidente de esa obra y que esta tarde repitió a sus legisladores.

Además del Presidente y sus legisladores, también asistieron al encuentro en Casa Rosada el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

También estuvo presente el cineasta oficial de Milei, Santiago Oría, quien entregó a los diputados y senadores una serie de tres tomos de su autoría titulados Memoria de las décadas perdidas, un racconto de la tragedia kirchnerista, Periodismo y república en la era Milei, y Manual de logros, dos años que cambiaron la Argentina.

En su última página, el último panfleto incluía un mensaje especial dedicado a la prensa: “Aclaración periodistas: este manual llegará, inevitablemente, a manos de ustedes. Lo leerán buscando el error, la omisión o el dato que puedan cuestionar. Bienvenidos. Todos los datos son oficiales, públicos y chequeables. Si lo que encontraron es una omisión, tienen razón: no alcanzaría un solo volumen para enumerar todos los logros de este gobierno. Si lo que encontraron es simplemente que no les gusta, ese ya es otro problema”.

Al finalizar la reunión, Karina Milei y los diputados del oficialismo se trasladaron al local partidario de La Libertad Avanza bonaerense en San Telmo inaugurado semanas atrás como principal sede partidaria para disputar la provincia de Buenos Aires en 2027. (con información de TN)

De esta forma, en los primeros ocho meses la disminución acumulada fue de 1,4%. Los dados corresponden al indicador de consumo que realiza la Universidad de Palermo.

El informe precisa que los productos de “consumo masivo” muestran una baja de 4,9% interanual y la acumulada es de 3,2%. Por su parte, el consumo de servicios recreativos y turismo cedió 5,7% contra agosto de 2025 y 14% desde enero.

En tanto, el de consumo durables subió 1% en el interanual, pero en el año sigue con una caída de 1,4%. Sobresalió el incremento en los patentamientos de motos, que desde diciembre crecen a tasas interanuales de dos dígitos. En el caso de agosto la suba fue de 34,7% interanual, y ya acumula en el año un alza de 42,1%.

El consumo de semidurables subió 3,3% interanual y en el año cae 1,4%. Como escenario general, el informe destaca la caída de la recaudación impositiva de 3,1% luego del alza de julio.

En la misma línea, los préstamos vinculados al consumo también registraron caídas en términos reales, e incluso profundizaron las bajas. Por ejemplo, las compras con tarjera de crédito se contrajeron 11,3% en agosto y los préstamos personales, 7,5% interanual. (con información de NA)

"Hace dos años nos ocultan qué hicieron con el patrimonio de todos los argentinos entregado en secreto. Queremos saber dónde están las reservas, en qué condiciones se entregaron y a qué riesgos expusieron al país", señalaron en un comunicado.

La iniciativa, impulsada en el marco del artículo 10 (inciso i) de la Carta Orgánica del BCRA, busca que el funcionario comparezca ante las comisiones correspondientes del Senado para brindar un informe detallado, verbal y documentado sobre el traslado de lingotes de oro al exterior realizado durante 2024.

Los legisladores exigen precisión sobre las fechas de los envíos, los destinos, las empresas de transporte involucradas, los lugares de depósito y la certificación de la calidad y cantidad de los lingotes enviados.

Asimismo, el proyecto requiere conocer las condiciones contractuales de las operaciones, incluyendo plazos, rendimientos proyectados año por año, eventuales beneficios para el país y la responsabilidad de seguridad atribuida a los depositarios.

Además, se le consulta a Bausili si la entidad o el Estado argentino fueron notificados formalmente sobre intenciones de acreedores extranjeros de trabar embargos cautelares o ejecutivos sobre el metal precioso custodiado fuera del país.

En materia administrativa y contable, los senadores cuestionan la falta de información en los estados contables de 2024 y 2025 respecto de las valuaciones, contrapartes y análisis de riesgos jurisdiccionales.

También exigen conocer si dicha omisión configura una violación a las Normas Contables Profesionales Argentinas e internacionales (NIIF), e interpela al titular del BCRA sobre el estado de las auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) respecto a estas operaciones.

Por último, el pedido de citación hace referencia a declaraciones recientes de Bausili en el Senado, en las que afirmó que el oro se encuentra depositado en el Banco de Pagos Internacionales (BIS) de Basilea, Suiza, y que las auditorías no registraron observaciones.

En ese marco, los parlamentarios solicitan ratificar o desmentir la veracidad de una nota de la AGN dirigida a la senadora nacional del bloque Justicialista Juliana Di Tullio, donde se señalaría que la auditoría 2025 aún no fue aprobada y que la trazabilidad del oro se encuentra demorada por falta de remisión de información por parte del propio Banco Central.

Firman el proyecto de ley los senadores Carlos Linares, Juliana Di Tullio, Martín Soria, Daniel Bensusán, Alicia Kirchner, Umberto Torpaccio, Ana Marks, Fernando Salino y María Florencia Lopez. (NA)

En el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, Kicillof afirmó: "Este programa viene a reforzar la presencia y el compromiso del Estado bonaerense con las políticas de género: la Provincia nunca se va a desentender de una problemática extremadamente grave, que preocupa y le duele a nuestra sociedad”. 

"Mientras el Gobierno nacional desmanteló sistemáticamente cada una de las políticas públicas con perspectiva de género, nosotros fortalecimos de forma integral las Comisarías de la Mujer, incorporamos tecnología, invertimos en herramientas de monitoreo y ampliamos la Línea 144”, remarcó el Gobernador y concluyó: “El Estado no puede mirar para otro lado: vamos a seguir invirtiendo y trabajando junto a cada uno de los intendentes e intendentas para dar respuestas y acompañamiento a quienes lo necesitan”.

Por su parte, Estela Díaz subrayó: “Ampliar los dispositivos y las políticas de abordaje es un compromiso que asumimos desde el primer día: los municipios necesitaban de esta herramienta porque son los primeros que reciben las denuncias”. “Con mucho esfuerzo, este programa demuestra que en la Provincia los recursos se utilizan para cuidar vidas”, añadió.

Esta política está orientada a acompañar a mujeres y personas LGBTIQ+ que se encuentran en situaciones de riesgo acreditado por violencia de género, brindándoles  herramientas para construir proyectos de vida con autonomía subjetiva y económica.

El programa contempla un apoyo económico directo durante seis meses a cada destinataria y un acompañamiento especializado para la salida de las violencias de género desde una perspectiva sociocomunitaria.

La asistencia incluye participación en grupos de ayuda, formación en oficios, terminalidad educativa, integración a cupos laborales, asesoramiento jurídico, abordajes en salud mental, asistencias habitacionales, integración a espacios de trabajo cooperativo, rondas de mujeres y ampliación de redes de cuidado.

Estuvieron presentes en la firma del convenio las intendentas de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez; de Avellaneda, Magdalena Sierra; de Lezama, Myriam Mongay; y sus pares de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Ayacucho, Emilio Cordonnier; de Bahía Blanca, Federico Susbielles; de Ensenada, Mario Secco; de Florencio Varela, Andrés Watson; de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de La Plata, Julio Alak; de Las Flores, Fabián Blanstein; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; de Punta Indio, David Angueira; de Salto, Ricardo Alessandro; de San Martín, Fernando Moreira; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Tapalqué, Javier Lupori (interino) y de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Participaron también el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; las subsecretarias de Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Mercedes Castilla; y de Políticas Contra las Violencias por Razones de Género, Laura Malacalza.

En conferencia de prensa, el funcionario explicó: "En total, cuando uno suma las deudas directas, los saldos de obras públicas y la deuda estimada por programas nacionales, la deuda del gobierno nacional con la Provincia asciende a $19,1 billones".

Y agregó que si se toma el monto de 28 billones de pesos, esa cifra equivale a poco más del 50% de un presupuesto anual de Buenos Aires.

En esa línea afirmó: "El desfinanciamiento generado por el gobierno de Javier Milei desde que llegó al poder asciende a 28,4 billones”  e indicó: “Esto es poco más que el 50% de un presupuesto anual de la provincia que asciende a 44 billones de pesos”.

Al desglosar la deuda, el número más importante alcanza los 10,1 billones de pesos y corresponde a 108 obras públicas que se encuentran paralizadas, según precisó el miembro de la gestión bonaerense.

Esa cifra también engloba demoras en: el programa Procrear; incumplimientos en acuerdos entre Nación y Provincia en programas como Casa Propia; retrasos en infraestructura carcelaria para 12 mil nuevas plazas; parálisis en convenios para hacer 30 obras en universidades y en 40 obras referidas a Cultura y Educación.

El segundo monto comprende deudas directas por 4,7 billones de pesos. Aquí el gobierno de Kicillof reclama: demoras en las transferencias de la Anses a la caja de provincia por 2,8 billones, compensaciones por consenso fiscal por 1,3 billones. Fondo de Incentivo Docente por 154 millones, fondo de Fortalecimiento Fiscal por 108 millones.

También Ley de Salud Sexual y Reproductiva por 90 mil millones de pesos y convenios incumplidos de asistencia financiera vigentes a 2023 por 76 mil millones. Por último, infraestructura portuaria por 21.177 millones.

El tercer punto contiene un monto de 4,3 billones y nuclea atrasos en Fondo de Fortalecimiento Fiscal, demoras en el Fonid, atrasos en la compra de alimentos para comedores y atrasos en Fondo de compensación de transporte automotor, y en programas para mujeres víctimas de violencia de género.

A esos números hay que agregarle: una disminución en los recursos de origen nacional que alcanza los 5,9 billones y una baja en la recaudación de los recursos correspondiente a Provincia relacionada a la recesión por 3,4 billones. (NA)