Los cambios en los topes de consumo eléctrico y los descuentos previstos en el modificado régimen de Zona Fría fueron instrumentados este martes por la Secretaría de Energía mediante las Resoluciones 299 y 300/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La decisión de actualizar los consumos base diferenciales del servicio eléctrico se fundamentó en presentaciones de diversas provincias y entidades de las zonas bioambientales “Cálido” y “Muy cálido”.

En la normativa, se detalló que en los planteos formulados se argumentó el fuerte impacto que las elevadas temperaturas persistentes tienen sobre el consumo eléctrico de los hogares debido a la demanda de acondicionamiento térmico.

Asimismo, el organismo consideró informes técnicos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) sobre el comportamiento de la demanda en períodos de alta temperatura.

La normativa precisa que se mantiene la delimitación de las zonas bioambientales actuales, por lo que la actualización atiende exclusivamente a los límites de consumo sin alterar la clasificación geográfica.

Esta medida formó parte de las negociaciones de la administración de Javier Milei con los gobernadores para sumar avales a la modificación del régimen de Zonas frías, en las cuales el Ejecutivo nacional se comprometió a ampliar el consumo subsidiado de luz en las provincias del norte del país.

Así, los hogares de las zonas muy cálidas pasan a contar con un bloque de 500 kWh por mes entre noviembre y abril, mientras que los de las zonas cálidas acceden a 300 kWh mensuales durante todo el año, con un refuerzo a 370 kWh en los meses de mayor demanda (diciembre, enero y febrero). Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La medida alcanza a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias del Norte Grande: Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. 

Esquema de bonificaciones para el gas

En paralelo, Energía reglamentó la aplicación de las bonificaciones tarifarias para el suministro de gas natural y gas propano indiluido por redes, en el marco de la Ley 27.828 y el Decreto N° 1.266/26. El esquema prevé dos niveles de beneficio:

• Bonificación General de Zona Fría: consiste en un descuento del 50% sobre el precio del gas natural y propano indiluido por redes. Aplica a los usuarios residenciales y al Servicio General P en la Región Patagónica, el Departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna.
   
• Bonificación Adicional por Zona Fría: se establece una rebaja adicional del 20% sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas o del propano correspondiente a los Consumos Base del SEF. Este beneficio es para los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) ubicados en las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI.

Para las entidades de bien público y los clubes de barrio y de pueblo, las bonificaciones se aplicarán sobre la totalidad del volumen consumido, sin límite de bloques de consumo.

La Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética estará a cargo del cruce de información del ReSEF para confeccionar el padrón de beneficiarios, que será remitido al Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), para notificar a las empresas distribuidoras y subdistribuidoras a que efectúen los descuentos directamente en las facturas finales. (con información de NA)

Después de varias semanas de negociaciones y postergaciones por falta de acuerdos, La Libertad Avanza aceptó cambios sustanciales al texto original para sumar el respaldo de sus aliados.

El Gobierno pretende llevar la iniciativa al recinto el jueves 12 de noviembre, en una semana atravesada por la visita del Papa y los feriados del lunes y martes. Sin embargo, también contempla el sábado 14 como alternativa, por si no consigue reunir el número necesario el jueves.

El despacho de mayoría reunió 60 firmas, con el acompañamiento del PRO, la UCR, Argentina Federal y parte de Provincias Unidas. En total, se presentaron cinco dictámenes: además del oficialista, Unión por la Patria y la izquierda presentaron sus propios textos, mientras que Provincias Unidas se dividió en tres propuestas diferentes.

La negociación modificó el alcance de las sanciones por la explotación no autorizada de recursos en el Atlántico Sur. El oficialismo limitó la responsabilidad a las operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de los proyectos. Quedaron eximidos los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión indirectos.

Otro de los puntos cuestionados fue el delito de "desinformación masiva", que pasó a definirse como una "campaña de injerencia extranjera". La nueva redacción exige maniobras clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas y excluye expresamente la actividad periodística y la investigación académica. 

Los cambios también alcanzaron al Consejo de Seguridad Nacional, que presidirá Javier Milei y tendrá atribuciones para coordinar decisiones estratégicas en materia de defensa y seguridad.

A pedido de aliados, se incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente y se habilitó la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado y gobernadores, según el tema en discusión.

Para sumar controles sobre el organismo, el oficialismo aceptó crear una comisión bicameral de seguimiento. El Ejecutivo deberá informarle dentro de las 48 horas sobre las medidas de seguridad adoptadas por el Consejo, entre otras decisiones excepcionales. (C5N)

La presentación se realizó en el marco del tratamiento del proyecto de ley de ingresos y egresos para 2027 y estuvo a cargo de Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, de la cartera que conduce Federico Sturzenegger.

Fariña sostuvo que “después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023. Tenemos menos ministerios, tenemos menos cargos, organismos y 81.000 empleados públicos menos”.

Agregó que “no solo estamos teniendo un Estado más chico, sino también estamos redefiniendo el rol del Estado y cuál es su funcionamiento”. En ese sentido, remarcó que “el ahorro es permanente”.

El funcionario detalló los recortes en la estructura superior. Pasaron de 18 ministerios en 2023 a los 8 actuales. Las autoridades superiores —ministros, secretarios y subsecretarios— se redujeron de 307 a 192, lo que representa una baja del 40 % y, según estimó, un ahorro anual de 15.000 millones de pesos en el Presupuesto.

En la administración central, los cargos bajaron de 2.476 a 1.994: unas 500 posiciones menos y la eliminación de otras tantas áreas. Ese recorte, precisó, implica 35.000 millones de pesos anuales de ahorro solo en salarios de funcionarios. Respecto de los organismos, pasaron de 117 a 91, un 22 % menos.

También informó que en el último año se aprobaron más de 140 normas de estructuras orientadas a mejorar el funcionamiento de cada organismo.

Sobre el empleo público, Fariña indicó que la dotación total del Estado nacional bajó un 16 % en estos tres años. En lo que va de 2026 la reducción fue de casi 20.000 personas, concentrada principalmente en el personal civil de la Administración pública nacional.

La exposición se enmarcó en la comparación con la gestión anterior y en la idea de que el ajuste no es coyuntural: se redefinieron funciones, se eliminaron áreas consideradas duplicadas o transferibles a provincias, municipios o el sector privado, y no se crearon nuevos puestos para reemplazar los suprimidos.

La audiencia formó parte de la recta final del debate del Presupuesto 2027 en la comisión. Mientras el oficialismo buscó poner en valor las reformas estructurales y el impacto presupuestario de la reducción del Estado, la oposición formuló preguntas sobre el alcance de los recortes y el tamaño del propio Ministerio de Desregulación. (TN)

Al arribar, fue recibido por 1.200 militantes que estuvieron varias horas aguardándolo.

El mandatario viajó junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

De la actividad participaron también el presidente del partido en Catamarca, el diputado provincial Federico Lencina, junto a legisladores, dirigentes y representantes partidarios del interior provincial.

Según se indicó, la visita permitió al Presidente mantener un contacto directo con quienes integran La Libertad Avanza en Catamarca, para conocer de primera mano el trabajo que desarrolla el espacio político en la provincia.

Este miércoles esa provincia, en tanto, Milei participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix, en el Salar del Hombre Muerto.

Durante el encuentro, denominado “Prevención del suicidio en jóvenes en la Provincia de Buenos Aires”, se expusieron datos sobre la magnitud de la problemática y se planteó la necesidad de reforzar las políticas públicas, la detección temprana y el acompañamiento de adolescentes y sus familias.

“Este no es un tema ajeno ni lejano. Está en las escuelas, en los clubes, en los barrios y en muchas familias que lo atraviesan en silencio”, afirmó Abad, quien estuvo acompañado por el decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge A. Biglieri, y los docentes e investigadores Martín Etchevers y Cristian Garay.

Según las cifras presentadas por los especialistas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Argentina. La tasa nacional se ubica en 11,8 cada 100.000 habitantes, mientras que en la provincia de Buenos Aires llega a 11,9, de acuerdo con datos del SNIC-SAT 2025.

Además, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron 22.249 eventos de conducta suicida al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, con las tasas más elevadas en la franja de 15 a 24 años.

“Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad. Lo que nos dicen los especialistas es que en la mayoría de los casos hubo señales, y que preguntar y escuchar no empuja a nadie: al contrario, abre una puerta”, sostuvo el senador.

Abad también vinculó el tema con la preocupación por la ludopatía adolescente y las apuestas online, y remarcó que la prevención debe abordarse más allá de las diferencias políticas. “No podemos seguir reaccionando cuando la tragedia ya ocurrió. Prevenir es llegar antes”, expresó.

Entre las propuestas planteadas, destacó la articulación entre salud, educación y comunidad; el aporte de las universidades públicas y la investigación científica para diseñar políticas basadas en evidencia, y la conformación de redes de acompañamiento que incluyan escuelas, centros de salud, municipios, clubes y familias.

En ese marco, subrayó el papel de las instituciones educativas en la detección temprana y la derivación de quienes necesitan ayuda. Los especialistas, por su parte, abordaron los factores de riesgo y protección, las intervenciones clínicas, el acompañamiento posterior a un suicidio en las comunidades educativas y la responsabilidad de los medios de comunicación.

Al cierre, Abad señaló que, a más de diez años de la sanción de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, el desafío es garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio, con recursos, equipos profesionales y protocolos de actuación.

La jornada contó con la presencia de los legisladores nacionales Mercedes Valenzuela y Karina Banfi; los legisladores provinciales Nerina Neumann y Diego Garciarena, y el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense, Emiliano Balbín.

También asistieron los intendentes Javier Andrés, de Adolfo Alsina; Pablo Barrena, de Lobería; Román Bouvier, de Rojas; José Castro, de San Miguel del Monte; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Esteban Reino, de Balcarce; Erica Revilla, de General Arenales, y Luciano Spinolo, de Tres Lomas.

Entre los dirigentes políticos presentes estuvieron Ariel Bordaisco, Sandra París, Walter Carusso y Mauricio D’Alessandro. Además, participó Paula Quatrocchi, decana electa de la Facultad de Psicología de la UBA.

Dónde pedir ayuda

Si vos o alguien cercano está atravesando un momento difícil, pedí ayuda. Hay servicios gratuitos y confidenciales disponibles:

-Línea Nacional de Salud Mental: 0800-999-0091, gratuita, las 24 horas.

-Centro de Asistencia al Suicida: 135, gratuita desde CABA y el Gran Buenos Aires; desde el resto del país, (011) 5275-1135.

-Ante una emergencia: llamá al 911.

Esta delimitación responde a los requerimientos del operativo coordinado con el Gobierno Nacional para la visita del Sumo Pontífice, que se alojará en la Nunciatura Apostólica, sobre Avenida Alvear al 1600; solo podrán ingresar frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos, según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.

Los únicos puntos de ingreso y egreso serán en Avenida Callao y Quintana, y en Libertador y Quintana y, para poder pasar, se deberá presentar el DNI con el domicilio que coincida con el lugar de acceso, y/o la placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad, disponible para frentistas, comerciantes y trabajadores que no puedan validar el ingreso con DNI actualizado.

La placa podrá retirarse presentando un servicio habilitado en el domicilio de ingreso (por ejemplo: ABL, expensas, servicio de agua, luz) en la Sede Comunal 2 (Vicente López 2050), desde el lunes 2 de noviembre hasta el viernes 6 inclusive, en el horario de 8 a 16hs. También se podrá retirar en la mesa ubicada en Rodríguez Peña y Av. Alvear, desde el lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20hs.

En el caso de comercios u oficinas, deberá entregarse documentación que respalde la actividad, como servicio, habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA; para los trabajadores, la validación podrá realizarse con recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral también en ARCA.

Los vecinos deberán retirar sus vehículos estacionados dentro del perímetro antes de las 12hs. del 7 de noviembre y podrán estacionar a 45° sobre Avenida Callao (mano derecha), entre Vicente López y Libertad; y en Av. del Libertador (sentido hacia Retiro) entre Libertad y Av. Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Durante la vigencia del operativo por la visita del Papa, no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios, por lo que se recomienda anticipar el abastecimiento de mercadería.

Por otra parte, la circulación para servicios y proveedores será fraccionada: sábado 7 durante todo el día; domingo 8 desde la mañana hasta la tarde; lunes 9 y martes 10 desde la mañana hasta el mediodía; y miércoles 11 desde el mediodía.

Finalmente, los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva de hospedaje y los servicios, como la recolección de basura y colectivos de transporte público, cambiarán sus recorridos y horarios. (NA)

El diputado de Fuerza Patria Juan Grabois arremetió contra el mandatario argentino. "Milei siempre antepone sus intereses personales y su posición ideológica por sobre el interés nacional", afirmó en su cuenta de la red social X y sostuvo que "esto daña gravemente la posición internacional de la Argentina.".

"No es la primera vez. Todos, con independencia de nuestra pertenencia política, debemos exigirle que reconozca el triunfo de Lula", cerró.

Myriam Bregman diputada del Frente de Izquierda hizo hincapié en que "las máximas autoridades del Gobierno deben aclarar si Bolsonaro, el amigo en fuga de Milei, pasó por la Argentina"

Y dejó en claro que "lo que nadie duda es que estos derechistas proclaman que 'el que las hace las paga' y hacen alarde de su mano dura, salvo cuando se trata de ellos mismos.".

"En ese caso, acuden a la protección de los Milei, los Trump y los integrantes de la internacional de ultraderecha", concluyó.

En la misma línea, el legislador porteño y presidente del Partido Obrero, Gabriel Solano advirtió: "Esperemos que el gobierno que dice haber echado a '30.000 terroristas' no sea cómplice del prófugo Bolsonaro" y agregó: "Debe investigarse si Milei no colaboró con Bolsonaro para que se fugue de Brasil. La internacional de ultraderecha es un aguantadero".

Por su parte, Leandro Santoro, legislador de la ciudad de Buenos Aires, planteó: "Si hoy no reconocen la victoria de Lula, no esperen que mañana reconozcan su propia derrota".

Por lo tanto, "la enseñanza es clara: No alcanza con ganarles una elección. Hay que aplastarlos electoralmente, derrotarlos politicamente y vencerlos culturalmente".

El diputado nacional Esteban Paulón dio un paso más y presentó un proyecto de ley mediante el cual le solicitó al "Poder Ejecutivo Nacional, que por intermedio de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara en relación con el eventual ingreso al territorio argentino del ciudadano brasileño Flávio Bolsonaro y su presunta salida del país en un vuelo privado con destino a los Estados Unidos". (NA)

Mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, aseguró que "valoran la respuesta oficial", sin embargo, señaló que esa explicación es "incompleta y evasiva" porque la salud de Milei "es un asunto de Estado”.

"Desde el sindicato creemos que no cumple con los requisitos legales mínimos. Debieran adjuntarse estudios complementarios o certificados firmados por los profesionales intervinientes. La salud del Presidente no es un asunto privado", explicó el gremialista.

En la misma línea, Aguiar aseguró esa respuesta "genera más rumores que certezas", después del pedido "básico y razonable" que solicitaron para conocer cuál es el estado psíquico y físico, luego de las imágenes que se difundieron en las presentaciones públicas que realizó el jefe de Estado en la provincia de Neuquén y en su gira por España: "Si la salud del Presidente está bien, que lo demuestren", añadió.

“Durante las últimas horas lo hemos visto inestable y con un aspecto preocupante en más de un acto oficial como los han sido el de Neuquén o los desarrollados en Madrid. Es preocupante la ausencia de frenos inhibitorios en sus discursos públicos. Las amenazas de quemar en la hoguera a periodistas muestra una notoria ausencia de capacidad para actuar racionalmente, requisito fundamental de quien ostenta la investidura presidencial”, remarcó Aguiar.

Luego de que ATE intimara al Gobierno Nacional para que dé precisiones sobre el estado de salud mental y psicofísico de Milei, la respuesta oficial también señaló que el Presidente “ostenta un cargo de elección popular", en referencia a las próximas elecciones en 2027, conforme a los requisitos previstos en la Constitución Nacional; sin embargo, el sindicato insiste en que "se den a conocer los documentos que acrediten su aptitud para el cargo".

“Cuando Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner o Mauricio Macri tuvieron afecciones, existieron partes médicos oficiales firmados por los equipos del Hospital Otamendi, del Austral o de la Fundación Favaloro con diagnóstico, tratamiento y pronóstico. No nos pueden responder con un papelito. Si el Presidente está bien, que empiece a ir a la Casa Rosada a cumplir con su función”, concluyó. (NA)

“Eso se verá en marzo, en marzo o en abril se discutirá”, afirmó el legislador, un dirigente estrechamente vinculado a la actual senadora de La Libertad Avanza y ex jefe de campaña de Bullrich en anteriores contiendas electorales.

Arenaza, quien dejó el PRO y paso a las filas de La Libertad Avanzo junto con Bullrich en mayo de 2025, aseguró sin embargo que la senadora no hará nada para perjudicar al Gobierno de Javier Milei.

En declaraciones radiales aseguró que Bullrich “conserva intacta” su aspiración presidencial, pero aclaró que esa aspiración no supone una decisión de competir en las próximas elecciones: “Ella ha dicho que ella no va a hacer nada para dañar este proceso”.

Ante la consulta sobre una eventual interna presidencial entre Milei y Bullrich, Arenaza evitó descartar esa alternativa, aunque supeditó cualquier decisión a la continuidad de las PASO y a un acuerdo político.

“Si hay consenso, si es lo que todos deciden, si es la estrategia de la mayoría, bueno, será así. La verdad que yo no puedo contestar eso hoy”, respondió.

El legislador sostuvo que los dirigentes del oficialismo deberán evaluar las herramientas electorales y las candidaturas más competitivas: “Se juntarán todos y verán cuál es el mejor camino”.

En otro tramo de la entrevista, Arenaza defendió los cuestionamientos públicos de la senadora al Presidente y rechazó que constituyan una crisis dentro del oficialismo. “Son diferentes, tanto Patricia como el Presidente, y expresan electorados diferentes”, sostuvo.

“Pensar que Patricia se va a quedar callada por cosas que ella siente que están mal es no conocer a Patricia”, afirmó y señaló que la ex ministra de Seguridad marcó diferencias en los distintos gobiernos de los que participó y que sus votantes esperan que mantenga esa conducta.

El legislador también consideró que el mandatario debería modificar algunas de sus expresiones públicas y aseguró que Bullrich ya conversó con él sobre ese asunto: “No es ninguna crisis, es expresar una opinión diferente nada más”.

Además, defendió la tarea parlamentaria de la senadora y vinculó su respaldo al Gobierno con el avance de las iniciativas del Ejecutivo. “Si ella le quisiera hacer daño al Gobierno, esas leyes no salen”, finalizó. (NA)

El vocero presidencial, Adrián Ravier, informó durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada que la Secretaría Nacional de Discapacidad resolvió dejar sin efecto los restablecimientos cautelares de esas prestaciones debido a que, según afirmó, no se registraron presentaciones ni antecedentes médicos o socioeconómicos suficientes para justificar su continuidad.

"Es importante aclarar que esta medida no implica determinar que los titulares no presenten una incapacidad laboral, sino que no se cuenta con la información necesaria para verificar que continúan cumpliendo con las condiciones exigidas por la normativa", explicó.

Ravier precisó que las personas alcanzadas por las suspensiones podrán presentar documentación médica y socioeconómica, justificar su ausencia en las auditorías o aportar otros antecedentes que permitan revisar su situación.

Los trámites podrán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) y de las oficinas territoriales de la Secretaría Nacional de Discapacidad, conforme al procedimiento que establezca el organismo.

El funcionario aseguró que el cruce de bases de datos oficiales permitió identificar beneficiarios de pensiones suspendidas que registran bienes patrimoniales potencialmente incompatibles con el carácter asistencial de las prestaciones.

Según los datos difundidos por el Gobierno, se encontraron 38 casos de titulares con dos o más vehículos a su nombre, otros 26 con dos o más inmuebles y 40 personas que registran al menos una propiedad de más de una hectárea.

"Incluso se detectó el caso de un beneficiario que figura como titular de un avión", destacó el vocero.

Ravier explicó que las pensiones no contributivas por invalidez laboral están destinadas a personas que no pueden trabajar y carecen de medios de subsistencia, por lo que su otorgamiento no depende exclusivamente de la existencia de una discapacidad o de la tenencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La existencia de bienes registrados a nombre de los beneficiarios fue presentada por el Ejecutivo como un indicio que requiere revisión, aunque no implica por sí misma la acreditación de una maniobra fraudulenta. (NA)

Ravier hizo estas declaraciones en conferencia de prensa en Casa Rosada, mientras la policía de Brasil investiga si el excandidato presidencial de la oposición habría entrado a la Argentina para viajar en un avión privado desde Puerto Iguazú a Estados Unidos.

Justamente el hijo del expresidente Jair Bolsonaro tiene prohibida la salida del país y le cancelaron sus pasaportes diplomáticos, por negarse a entregar documentación pedida por la Justicia, como parte investigaciones por diversas causas.

La aeronave apuntada es de la empresa Baires Fly y había llegado durante la madrugada al aeropuerto de Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires. La tripulación está integrada por dos comandantes y una azafata. Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) custodian el área en que se encuentra, en el aeropuerto en Misiones.

La empresa Baires Fly les pidió a Aduana y Migraciones a las 00:30 la partida con destino a Estados Unidos. Este medio pudo confirmar que la tripulación no llegó a presentar plan de vuelo ni el registro de pasajeros porque canceló la intención de partir desde Puerto Iguazú.

El sitio especializado en seguimiento de vuelos “Flight radar” tuvo bloqueada la información de ese vuelo. Mientras que la Policía Federal de Brasil investiga en los pasos fronterizos si Bolsonaro salió del país.

En declaraciones a Metrópoles, el coordinador general de la campaña presidencial del excandidato, el senador Rogério Marinho (PL-RN), negó que el dirigente haya salido del vecino país: “Eso no sucedió”.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que no hay registro de la entrada de Bolsonaro a la Argentina, luego de la fuerte repercusión mediática que generó la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Iguazú, sumado a las versiones de que, presuntamente, el legislador lo abordaría.

Desde el organismo indicaron que las autoridades hicieron “los controles correspondientes a la aeronave y tripulación”, que verificaron que la documentación de la aeronave de la empresa Baires Fly se encuentra en regla y que no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia del expresidente de Brasil.

La misma cuenta con el respaldo de distintos sectores al aumento de los cortes obligatorios, pero con fuertes diferencias por la apertura del mercado interno de biodiésel a las grandes empresas exportadoras.

Si la Cámara de Diputados aprueba el texto sin modificaciones, el proyecto quedará sancionado. Caso contrario, si introduce cambios, deberá regresar al Senado.

La iniciativa eleva gradualmente el corte obligatorio de biodiésel en el gasoil del 7,5 al 10 % y el de bioetanol en las naftas del 12 al 15 % en un plazo de doce meses.

El principal punto de conflicto es la incorporación progresiva de grandes empresas exportadoras al mercado interno de biodiésel, actualmente reservado en buena medida a productores no integrados y pymes.

Las mayores objeciones surgieron desde las pymes productoras de biodiésel. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) advirtió que la reforma podría reducir significativamente su participación en el mercado.

No obstante, el sector del bioetanol respaldó el proyecto. Representantes de la Cámara de Bioetanol de Maíz y del Centro Azucarero Argentino destacaron que la propuesta amplía los cortes, reemplaza cupos y fórmulas de precios y promueve mecanismos competitivos mediante licitaciones.

La discusión tiene además una dimensión ambiental, ya que el aumento de los cortes obligatorios permitiría reemplazar una mayor proporción de combustibles fósiles por biocombustibles y reducir emisiones del transporte.

El debate en Diputados deberá definir no solo cuánto aumentarán los cortes, sino también cómo se distribuirá el mercado entre las pymes regionales y las grandes empresas agroindustriales. (AIM)

Se trata de Juan Patricio Marchetto, quien presentó un recurso de 40 páginas con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, en el que cuestiona duramente la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano.

La presentación se produce después de que el magistrado dispusiera el viernes último el sobreseimiento de los once investigados, a pedido de Taiano, sin que ninguno de ellos hubiera sido citado a declaración indagatoria.

Marchetto, quien fue apartado de la causa como querellante y aguarda una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal sobre su situación procesal, presentó la apelación en carácter de "pretenso querellante", al considerar que tiene derecho a recurrir una decisión que podría cerrar definitivamente el expediente.

En el escrito, el inversor sostiene que Martínez de Giorgi incurrió en "contradicciones" y "confusiones" al fundamentar su resolución, realizó una "valoración fragmentaria" de las pruebas y recurrió a una "fundamentación aparente" para justificar los sobreseimientos.

Uno de los principales argumentos de la apelación es que el juez confundió la insuficiencia de pruebas con la inexistencia de delito, al concluir que los hechos investigados no encuadraban en ninguna figura penal cuando, según el recurrente, todavía quedaban medidas pendientes para esclarecer lo ocurrido.

Marchetto también cuestionó la actuación del fiscal Taiano, a quien le reprochó demoras en la producción de pruebas, la falta de citación de testigos y la decisión de solicitar el cierre de la investigación mientras continuaban pendientes diligencias que la propia Fiscalía había ordenado.

"Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado", sostuvo el damnificado en su presentación.

Entre las pruebas que considera relevantes, el apelante mencionó los registros de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante los minutos previos a la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025, mediante la cual el mandatario difundió el criptoactivo.

Según los registros telefónicos citados en el recurso, Novelli realizó tres llamadas al presidente y recibió otra del mandatario en los minutos anteriores a la publicación del mensaje en la red social X.

La apelación también destaca que, segundos antes de que Milei difundiera el código para adquirir $LIBRA, se registraron 87 operaciones realizadas desde 74 billeteras virtuales, por un volumen aproximado de 13,5 millones de dólares.

Para Marchetto, estos elementos debieron ser analizados de manera conjunta para determinar si existió alguna coordinación entre los organizadores del lanzamiento del criptoactivo, las operaciones financieras previas y la intervención del presidente en su difusión.

El recurso cuestiona además que no se hayan profundizado las investigaciones sobre el destino de los fondos y reclama completar las pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados con otros protagonistas del caso.

Otro de los puntos controvertidos es la situación procesal del propio apelante, quien fue excluido como querellante por decisión de Martínez de Giorgi, posteriormente confirmada por la Cámara Federal.

Esa exclusión todavía está bajo revisión de Casación, por lo que Marchetto invocó su condición de "pretenso querellante" para presentar el recurso antes de que los sobreseimientos queden firmes. 

La admisibilidad de la apelación dependerá de que se reconozca su legitimación para recurrir, una cuestión que todavía no está resuelta.

De prosperar su planteo, una instancia judicial superior podría revisar la decisión que benefició a Milei, su hermana y los otros nueve imputados en la investigación por el lanzamiento y colapso de $LIBRA. (NA)

La censura de la señal sucedió el último sábado cuando era emitido el decimoctavo capítulo perteneciente a la quinta temporada de la popular serie animada estadounidense.

En el episodio, el personaje Montgomery Burns busca un heredero y elige finalmente a Bart, a quien prácticamente secuestra para obligarlo a vivir en su lujosa mansión; a quien para intentar conquistarlo y llevarlo lejos de su familia, el multimillonario de Springfield contrata al payaso Krusty, quien aparece por sorpresa con una pizza y explica que en la televisión difunden un viejo capítulo para justificar su ausencia en vivo.

En la televisión se muestra un programa repetido en el que el payaso anuncia que “tomaron las Islas Malvinas”, en referencia al conflicto bélico de 1982.

“Niños, no se alarmen, pero tomaron las islas Malvinas, que quedan cerca de la costa de Argentina”, dijo Krusty.

La eliminación de este extracto sobre Malvinas despertó el enojo de los televidentes argentinos, adeptos a “Los Simpson”.

El corte del episodio se da en el contexto actual de tensión entre Argentina y Reino Unido por el anuncio de sanciones económicas, además de la intervención de Estados Unidos. (NA)

El impacto sobre la Argentina será principalmente comercial. Si Brasil crece menos de lo esperado, su demanda de productos argentinos podría perder fuerza y afectar a las empresas que dependen de ese mercado. En cambio, una economía brasileña más dinámica puede impulsar las ventas argentinas y favorecer a los sectores industriales con mayor exposición al comercio bilateral.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en septiembre de 2026 las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron los US$1.206 millones, equivalentes al 12% de las ventas totales del país. El monto representó un incremento de US$32 millones frente al mismo mes de 2025. En cambio, las importaciones desde el país vecino cayeron US$327 millones interanuales, principalmente por menores compras de vehículos automotores y bienes de capital. El intercambio comercial cerró septiembre con un déficit argentino de US$169 millones.

La composición del intercambio bilateral muestra por qué el desempeño brasileño tiene tanta importancia para la producción local. Entre los principales productos exportados en septiembre se destacaron los vehículos para transporte de mercancías, el trigo, los automóviles para pasajeros y los aceites crudos de petróleo. En conjunto, esos productos representaron el 41,3% de las ventas argentinas al mercado brasileño. En sentido inverso, entre las principales importaciones desde Brasil figuraron automóviles para pasajeros, tractores de carretera para semirremolques y aglomerados de hierro.

En este escenario, la evolución del real también será una variable relevante para la competitividad de las empresas argentinas. Una depreciación de la moneda brasileña frente al peso puede abaratar los productos de ese país en el mercado local y dificultar la competencia de los fabricantes argentinos. El efecto dependerá de la evolución de ambos tipos de cambio, de los costos de producción y de los precios de cada sector.

Para el fundador de la consultora ABECEB, Dante Sica, uno de los principales interrogantes que se abren tras las elecciones en Brasil pasa por la capacidad de Lula para recuperar el crecimiento en un contexto de preocupación por el déficit fiscal y mayores dificultades políticas. El presidente brasileño deberá gobernar con un Congreso más inclinado hacia la centroderecha, lo que podría limitar su margen de acción y obligarlo a buscar acuerdos para avanzar con su programa económico.

“Desde la Argentina hay dos miradas: una economía que traccione mas lenta afecta las exportaciones argentinas, al sector automotriz, industrias como alimentos, petroquímica, química. En segundo lugar, afecta también la dinámica del Mercosur porque no creo que haya cambios, pero la expectativa es de un menor dinamismo porque las relaciones no son buenas”, resumió.

Sobre este último aspecto, el exministro de Producción sostuvo que las diferencias entre los gobiernos de la Argentina y Brasil pueden dificultar las negociaciones que requieren mayor coordinación, en especial aquellas relacionadas con la apertura económica y el acceso a los mercados. Además, recordó que la Argentina y Paraguay impulsan una mayor apertura comercial dentro del bloque regional, una agenda que podría encontrar resistencias si no hay entendimientos políticos entre los principales socios.

A la vez, consideró que no hay motivos para esperar una ruptura comercial, aunque sí una relación con menos avances institucionales y mayores fricciones políticas. “No creo que haya un quiebre en la relación comercial, pero se pierde dinamismo. Hoy es un momento en el que nuestros productos son muy requeridos a nivel internacional. El desafío de los dos presidentes es poner mirada de mediano plazo”, señaló.

De todos modos, destacó que existen intereses económicos estructurales que exceden las diferencias entre los presidentes. Uno de ellos es la posibilidad de que Brasil compre gas argentino y avance en proyectos de infraestructura para transportar la producción de Vaca Muerta.

Sica también analizó las posibles consecuencias geopolíticas del resultado electoral brasileño y su impacto sobre la Argentina. En su evaluación, la continuidad de las diferencias entre Lula y el gobierno de Donald Trump podría reforzar el acercamiento de la administración de Javier Milei a Washington. “Esta victoria de Lula sigue privilegiando una relación más de la Argentina con Estados Unidos”, afirmó.

Incluso, planteó que la tensión entre Brasil y Estados Unidos podría abrir oportunidades para la economía local, de acuerdo a cómo evolucione la política comercial norteamericana. “Quizás esta victoria de Lula afianza la relación de la Argentina con Estados Unidos y desvíe inversiones hacia la Argentina”, señaló Sica.

En ese sentido, mencionó la posibilidad de que empresas brasileñas utilicen a la Argentina como plataforma para exportar a Estados Unidos, en caso de que se mantengan las diferencias comerciales entre Washington y Brasilia. “Si la relación con Estados Unidos se mantiene en los canales que vimos hasta ahora, en donde Estados Unidos penalizaba con aranceles extra a Brasil, eso puede generar que algunas empresas brasileñas triangulen exportaciones en la Argentina para ingresar a Estados Unidos”, explicó.

Elecciones en Brasil: qué puede pasar con el real y las variables financieras

La reacción de los mercados tras las elecciones brasileñas sumó otro factor de incertidumbre para la región. Los movimientos de los activos financieros y del tipo de cambio pueden modificar las condiciones de financiamiento y competitividad de las economías sudamericanas, aunque el impacto sobre la Argentina también dependerá de la evolución de sus propias variables económicas.

En el plano financiero, una mayor percepción de riesgo en Brasil podría trasladarse a los precios de los activos argentinos, aunque ese efecto no es automático y también depende de los factores propios de la economía local.

La evolución del real también puede modificar los flujos turísticos entre ambos países. Si la moneda brasileña se debilita frente al peso, los gastos en alojamiento, gastronomía, transporte y actividades turísticas en la Argentina. En sentido inverso, un real más débil frente al peso puede favorecer los viajes de los argentinos a Brasil, al abaratar los gastos en ese país. (con información de TN)

La medida fue informada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPA) tras las gestiones realizadas ante la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, como consecuencia de los acuerdos salariales alcanzados en la administración provincial.

Los nuevos topes máximos mensuales establecidos para noviembre y diciembre de 2026 se diferencian según el nivel educativo y el porcentaje de subvención estatal que percibe cada establecimiento.

Los establecimientos con 100% de aporte estatal tendrán en noviembre un tope de $39.210 para nivel inicial, mientras que para primario será de $43.230 y para secundario de $49.850 para escuelas técnicas, agrarias y de arte, y $56.490 para nivel superior.

En diciembre pasarán a $40.380, $44.520, $51.340 y $58.180, respectivamente.

Los establecimientos con 40% de aporte estatal marcarán un tope para noviembre de $177.340 para nivel inicial y primario, $230.450 para secundaria, $263.740 para escuelas técnicas, agrarias y de arte, y $225.100 para nivel superior.

Mientras que para diciembre se ubicarán en $182.660, $237.360, $271.650 y $231.850, respectivamente.

Desde AIEPA, su secretario ejecutivo, Martín Zurita, advirtió que los nuevos valores no permiten recuperar la totalidad de los mayores costos que afrontan las instituciones. Según las estimaciones de la entidad, los importes que quedan sin compensar equivalen aproximadamente al 25% de los ingresos de una cuota mensual.

Entre los principales puntos de conflicto señalados por las autoridades institucionales se encuentran el financiamiento con recursos propios y las demoras en las autorizaciones, que obligan a los colegios a cubrir los incrementos salariales por adelantado, ya que las subas en las cuotas se habilitan con posterioridad a su aplicación en paritarias.

Las instituciones no tienen la facultad de aplicar cargos retroactivos para recuperar los montos absorbidos durante los meses previos a la actualización arancelaria.

La entidad expresó profunda preocupación por los meses de enero y febrero de 2027, periodo en el cual los establecimientos deben afrontar compromisos salariales sin contar con ingresos por cuotas ni con la posibilidad de aplicar aumentos a cuenta en el arancel de diciembre, advirtiendo sobre un proceso de desfinanciación sostenida del sector.

Este lunes se comenzó con la lectura de la motivación del requerimiento. La Fiscalía liderada por Diego Velasco apuntó que se investiga una “compleja maniobra delictiva” a través de la cual los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner “montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado, con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa” y a la propia familia.

Para la parte acusatoria, para sostener dicha maniobra por más de 12 años “fue necesaria la intervención concatenada y previamente acordada de una gran cantidad de personas”, entre ellas sus propios hijos, funcionarios públicos y empresarios, quienes ocuparon roles tanto en las empresas Hotesur y Los Sauces como en los conglomerados societarios de los imputados.

Con respecto a los roles, los exmandatarios y Máximo Kirchner formaron en 2006 la firma Los Sauces, la cual se habría usado como “pantalla” para canalizar fondos a los empresarios imputados. El hijo de la pareja fue nombrado como presidente de la firma, mientras que el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña también tuvieron un rol en su conformación.

Máximo también tuvo actuaciones vendiendo propiedades a Austral Construcciones S.A., de Báez, “con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad”, firmó contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de Hotesur.

Otro familiar involucrado en el hecho es Romina Mercado, sobrina de los exmandatarios, quien para el fiscal “participó dentro de la asociación ilícita al incorporarse en los dos mecanismos de lavado de activos” asumiendo roles como directora y presidente de Hotesur y Los Sauces.

En cuanto a Báez, López y De Souza, apuntó que “aportaron a la organización criminal la ingeniería societaria y contable” para “hacerse de los fondos públicos” y de otros “beneficios que se le garantizaban desde la esfera pública”, como también de la maniobra para que parte de ese dinero retorne a la familia Kirchner.

“Cada una de las personas cuya participación ha podido acreditarse en la organización criminal, cumplió un rol trascendental en el desarrollo de los planes criminales a los que aquella se avocó”, agregó.

Cómo se financió la operación

Según las pruebas de la Fiscalía, la mayor parte de la facturación “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”. A lo largo del período investigado, la sociedad les facturó $25.968.042,30 en concepto de alquileres de propiedades y hoteles.

“Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa”.

En lo que respecta a Báez, apuntan que lo investigado en estas causas se encuentra ligado a los delitos juzgados en la causa Vialidad, ya que “ambas configuran distintos planes criminales de una misma asociación ilícita tendientes a sustraer —mediante la defraudación al Estado— y a apoderarse —a través de una maniobra de lavado de dinero— del trabajo de la comunidad”.

Por su parte, el Grupo Indalo tuvo un “crecimiento exponencial” durante los Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, gracias a “negocios que dependían del control o la autorización estatal” y del “otorgamiento de beneficios impositivos ilegítimos”. Luego, alquilaban inmuebles de Los Sauces en el edificio Madero Center “a valores mayores que los de mercado”.

Cómo estaba conformado el directorio de Los Sauces

La acusación mencionó que Néstor y Cristina Kirchner designaron y mantuvieron “un directorio espejado al órgano de gobierno compuesto con personas de su entorno íntimo familiar” para “garantizar el éxito” del lavado de dinero.

Máximo Kirchner fue nombrado como presidente de la empresa en 2006 y estuvo en el cargo hasta que fue reemplazado en 2015 por Mercado. Néstor fue director suplente hasta su fallecimiento en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó este rol hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner entró en reemplazo de su padre como vicepresidente.

El fiscal apuntó que la salida de Máximo y Cristina del directorio de Los Sauces coincidió con “los lazos denunciados” con Lázaro Báez y Cristóbal López y las referencias a la firma en la causa Hotesur, que se inició en 2014.

Con respecto al funcionamiento, acusaron que tanto el diputado como la sobrina de los exmandatarios aprobaban los movimientos de la inmobiliaria. “Llamativamente el arrendamiento de ninguna propiedad de la firma fue tratado, analizado ni aprobado por el órgano de administración”, sino que fueron entregados directamente a “empresarios amigos”.

Además, remarcaron que hubo “inconsistencias” en la confección y conservación de los libros societarios de la firma, ya que los registros contables tenían alteraciones “con la finalidad de enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.

Por otro lado, señalaron que Los Sauces no tuvo ni sede social ni empleados para su funcionamiento como inmobiliaria. Luego, registró a dos personas como trabajadores: Florencia Kirchner -quien fue sobreseída y no forma parte del juicio- y el jardinero personal de Cristina Kirchner.

La adquisición de inmuebles y el departamento de San José 111

Según la hipótesis del fiscal, la familia Kirchner incorporó terrenos, departamentos y hoteles a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas vinculadas con el Grupo Báez y el Grupo Indalo. Sin embargo, algunos inmuebles “no fueron destinados a alquiler”, sino que fueron adquiridos para “uso personal” de algunos imputados.

Entre ellos, menciona los departamento del complejo Madero Center, dos terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea en El Chaltén, un terreno vendido por Austral Construcciones -que según la fiscalía fue una compraventa simulada para ocultar una donación-, y una vivienda de Cristina Kirchner en Santa Cruz.

También menciona que la sociedad adquirió el departamento de San José 1111, en donde hoy la exmandataria cumple la prisión domiciliaria por su condena a 6 años en la causa Vialidad. El mismo fue comprado en 2015 por USD 370.000, pero se pagó con Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) y no con dinero en efectivo.

Tras varias horas se audiencia, el TOF N°5 dio por terminada la jornada de hoy. Pese a que se esperaba que el viernes haya una nueva sesión, la lectura de la acusación de la causa Los Sauces continuará el próximo lunes 2 de noviembre. Luego, se comenzará con la acusación de la causa Hotesur. (con información de NA)

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, afirmó Moyano al salir de la sede judicial, ubicada en el centro porteño.

Pese al levantamiento de la medida, la investigación judicial sigue en curso. Moyano está imputado en una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un expediente que también contempla hechos investigados en el marco de una denuncia por violencia de género.

La semana pasada, Arizaga se presentó ante la Justicia y solicitó que se levantara la restricción. En esa oportunidad, manifestó que quería retomar la relación con el exdiputado y negó haber sufrido violencia de género.

La causa que investiga a Facundo Moyano

El conflicto entre Moyano y Arizaga comenzó el 4 de agosto, cuando ella salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano. El sindicalista fue detenido y posteriormente quedó imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras ser excarcelado, se establecieron distintas pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con Arizaga.

En septiembre, además, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción vigente.

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado allí entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603. El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas. Sin embargo, el informe señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir mediante fuentes abiertas el supuesto encuentro.

A esto se sumó un peritaje sobre los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre, un elemento que la Fiscalía incorporó a la investigación para determinar si efectivamente se habían encontrado.

Ambos se mostraron juntos en España en las últimas semanas y eso aceleró los trámites en la Justicia. (TN)

El territorio provincial concentra las principales refinerías de la Argentina, entre ellas el Complejo Industrial La Plata de YPF, las instalaciones de Raízen-Shell en Dock Sud, Axion en
Campana y las ubicadas en Bahía Blanca.

Según los fundamentos de la iniciativa, las refinerías bonaerenses procesan más del 70% del total nacional, lo que refleja su importancia estratégica para el abastecimiento de combustibles, la generación de empleo y la actividad productiva.

En cuanto a las medidas propuestas, el proyecto establece que las refinerías, sus ductos, terminales de almacenamiento y sistemas de control sean considerados infraestructura crítica, debido a las consecuencias que podría generar cualquier interrupción de su funcionamiento sobre la economía y la seguridad de la población.

Para garantizar su protección, la iniciativa contempla la implementación de planes integrales de seguridad, protocolos de prevención, sistemas de vigilancia y ciberseguridad, evaluaciones periódicas de riesgos y mecanismos de respuesta ante emergencias.

Asimismo, prevé la coordinación de acciones entre las autoridades provinciales y nacionales, las fuerzas de seguridad y los municipios involucrados.

Por otra parte, la iniciativa prevé que las inversiones vinculadas a esta actividad puedan acceder a los beneficios del Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, establecido por la Ley 15.510, siempre que cumplan con los requisitos previstos.

La medida apunta a promover la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, fortalecer la producción y generar empleo calificado.

Escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios de sus ministros, el mandatario realizó un gesto popularizado por niños y adolescentes denominado "six seven" que implica mover las palmas hacia arriba, de forma alternativa. 

El saludo se dio en la previa a la reunión de equipo de este lunes tras el triunfo de tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil, quien se impuso por casi cuatro millones de votos por sobre el candidato de derecha, Flávio Bolsonaro. 

El mandatario llegó a las 9.15 a la sede gubernamental para recibir al príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta, Frey John Dunlap, antes del encuentro con sus funcionarios, que comenzó a las 10. 

Qué signfica el "six seven"

El “six seven” (también escrito 6-7 o 67) no tiene un significado fijo: funciona como muletilla, grito o chiste interno, y suele aparecer sin relación con el contexto.

Nació de Doot Doot (6 7), una canción del rapero estadounidense Skrilla, y despegó cuando usuarios de TikTok lo sumaron a videos con jugadas del basquetbolista LaMelo Ball, base de los Charlotte Hornets de la NBA, que mide 2,01 metros (6 pies y 7 pulgadas). El propio Skrilla dijo que el término nunca tuvo un sentido concreto.

Sin embargo, la moda terminó de masificarse con el video de un niño en un partido de básquet juvenil que hacía el movimiento alternado con las manos mientras gritaba los números.

Desde entonces se multiplicó en redes, escuelas, hasta cuentas oficiales de equipos de la NBA y ahora el balcón de la Casa Rosada. En Argentina, el gesto también se asoció a “farmear aura”, otra expresión viral de las redes que significa acumular carisma, presencia o seguridad como si fueran “puntos de estilo”.