“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, señaló el funcionario israelí en su cuenta de X.

Ben Gvir sostuvo que “los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 7, 2026

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, indicó Ben Gvir.

En una primera reacción a esta postura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, dijo en X: “El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”. (NA)

Los dirigentes gremiales piensan avanzar en un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración libertaria. 

Entre otros motivos, la disposición de la huelga obedece al fracaso de la paritaria del sector y al rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei. En concreto, es el reclamo medular ya que plantearon que la propuesta resulta insuficiente frente a un retraso salarial que estiman en un 32% solo de 2026. 

En este marco, la medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —vigente desde hace más de 300 días— y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como actualizar las becas estudiantiles.

"El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN y uno de los referentes de la CGT.

Asimismo, Ricci ratificó la continuidad de las acciones gremiales para los próximos días: "Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley. No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro".

Finalmente, el dirigente remarcó el respaldo de la sociedad argentina a los reclamos del sector universitario, al tiempo que advirtió que la situación afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general.

En el oficialismo, en tanto, responden que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición luego de realizar ofertas salariales que, consideraron, se encuentran encima del promedio de la inflación. 

Uno de los funcionarios al tanto de las conversaciones con los gremios de la educación superior expresó que sus referentes apuestan al desgaste del oficialismo. Y, paralelamente, a generar un escenario similar al de 2025, año en el que la oposición en el Congreso consiguió mayoría para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los ejes de la pelea. (NA)

La Ley 27.801 había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. La norma reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980, al bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.

La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos. El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.

El fallo generó una rápida reacción política. La senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a través de la red social X: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió. (TN)

Este ingreso al RIGI quedó autorizado mediante la Resolución 1468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa como un "Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.

La iniciativa plantea la construcción, operación y gerenciamiento de una planta de urea granulada, que es un insumo clave para el sector agropecuario, y generará más de 4.800 puestos de trabajo durante la obra. Además, según la resolución, “el proyecto prevé exportaciones por más de US$800 millones anuales, generando un impacto positivo en la generación de divisas”. Según estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal destino de las ventas externas, ya que ese país importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

De acuerdo al texto oficial, el complejo industrial se montará en el ámbito del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, específicamente en el Puerto de Ingeniero White, con una extensión aproximada de 80 hectáreas. También se destacó que “su ubicación resulta estratégica, en virtud de su proximidad al puerto de aguas profundas, lo que facilita las operaciones de exportación y de su conexión con los gasoductos que posibilitan el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta”.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La infraestructura técnica constará de dos plantas gemelas de urea granulada, con capacidad de producción de 3.000 toneladas diarias cada una, junto con sus correspondientes unidades de granulación. El complejo se completará con una única planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día que producirá el dióxido de carbono y el amoníaco requeridos como materias primas para fabricar la urea.

La empresa informó que las plantas “serán construidas con tecnología de última generación, incorporando sistemas que optimizan el uso eficiente de la energía y minimizarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2), con un moderno sistema de antorchas y de seguridad, garantizando la protección de la comunidad, los empleados y el medio ambiente”.

Actualmente, las exportaciones de urea de origen nacional son cuasi nulas, lo que obliga a la Argentina a afrontar un déficit comercial estructural mediante la importación de aproximadamente 1,3 millones de toneladas por año de este fertilizante.

La ejecución del proyecto "Fertilizantes" no solo apunta a cubrir el consumo agrícola doméstico, sino a posicionar al país como un nuevo proveedor de largo plazo en los mercados globales de urea.

El plan prevé que los desembolsos se ejecuten en dos etapas entre 2026 y 2029. La primera irá desde el 17 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027 centrada en las actividades iniciales de ingeniería y procura de equipos, con una inversión estimada en US$1.105 millones.

La segunda etapa se extenderá desde el 1 de enero de 2028 al 16 de diciembre de 2029, focalizada en el montaje de equipos, comisionado y puesta en marcha final, con un desembolso proyectado de US$1.588 millones.

Por otro lado, se estipuló que el monto inicial a invertir en los dos primeros años contados desde la notificación administrativa alcanzará un total de US$1.666 millones, repartidos en US$785 millones durante el primer año y US$881 millones durante el segundo.

La contratación para el desarrollo de la obra se estructuró bajo la modalidad de Contrato EPC "llave en mano" (Engineering, Procurement and Construction) y fue adjudicado al consorcio integrado por la firma internacional Tecnimont y la local SACDE S.A.

El proyecto será desarrollado por Tecnimont, perteneciente a la unidad E&C Solutions de MAIRE, y por SACDE. Tecnimont tendrá a su cargo las tareas de ingeniería y compras (procurement), mientras que SACDE ejecutará la construcción de la planta. La tecnología será provista por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, junto con KBR, compañías reconocidas a nivel mundial por el desarrollo de tecnologías para plantas de fertilizantes.

Tecnimont, por su parte, cuenta con experiencia en la construcción de más de 100 plantas de amoníaco y 75 plantas de urea en distintos países.

El Ministerio de Economía autorizó con carácter excepcional que la participación de SACDE S.A. sea computada para alcanzar el cupo obligatorio del 20% de participación de Proveedores Locales. (La Nueva., con información de NA)

Durante el encuentro también se resolvió que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen a la Mesa Política para “seguir ordenando los próximos pasos” vinculados a la estrategia para reforzar la soberanía sobre las islas.

En el Gabinete se analizó además el impacto mediático y general de las medidas anunciadas en la cadena nacional, entre ellas las sanciones a las empresas que operen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó encausado en la Cámara Baja.

La iniciativa, tal como explicó Milei, tiene tres objetivos. El primero apunta a endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, prohibiéndoles contratar en el país y habilitando, cuando corresponda, el juicio en ausencia. A su vez, plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con una política de seguridad obligatoria para todo el Estado. Finalmente, busca darle a ese Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas de actores estatales o no estatales.

Los otros ejes de la reunión

El Presidente también aprovechó el encuentro de este lunes para actualizar las principales variables económicas y los indicadores de actividad.

En ese sentido, Milei volvió a ratificar el rumbo económico y sostuvo que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría tanto la reputación construida como los resultados obtenidos hasta el momento.

A su vez, destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el inicio de la gestión. Con ese pie, el funcionario presentó ante sus pares los detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales, que se encuentra en elaboración. Según explicaron fuentes de la cartera a este medio, la iniciativa ya está lista para ser enviada al Congreso cuando así lo disponga la conducción política del Ejecutivo.

El encuentro de este lunesoy vino a efectivizar una decisión tomada por Milei: convertir los encuentros con su equipo en una instancia fija de seguimiento político y de gestión. Según fuentes oficiales, la reunión de Gabinete “queda fija todos los lunes” a las 10, con el objetivo de darle mayor frecuencia al control de cada área de gobierno.

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, con los avances sobre la política nacional vinculada a Malvinas como uno de los temas centrales. De esa manera, el Gobierno suma un nuevo encuentro semanal paralelo al de la mesa política -celebrado todos los martes-, luego de varios meses donde el Gabinete solo acudía a Balcarce 50 en ocasiones puntuales y más esporádicas.

En esta edición, la reunión en el Salón Eva Perón volvió a contar con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia); y el canciller Pablo Quirno; además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich. (con información de TN)

Esta medida busca generar recursos adicionales de entre $35.000 y $40.000 millones mensuales, que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) para financiar programas de salud, educación, desarrollo social y políticas de prevención y asistencia contra la ludopatía.

Este porcentaje se aplicará particularmente a todos aquellos juegos que generen premios instantáneos y apuestas sucesivas, sin embargo, y de acuerdo a lo informado, las apuestas deportivas quedan excluidas de este gravamen. 

Asimismo, dicha retención impactará en las siete plataformas legales que se encuentran habilitadas en el territorio bonaerense: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportsbet y Stake. 

Por medio de la Resolución N° 1.149/2026, firmada el 1° de septiembre, el aporte reglamenta una herramienta ya prevista en la Ley Provincial 15.079 del año 2018: los apostadores son los sujetos alcanzados, mientras que las empresas operadoras actúan como agentes de retención, a través de declaraciones juradas semanales y pagos mensuales. 

Con respecto a este tema, y desde el Ejecutivo provincial, se hizo un punteo sobre los avances de la Mesa Interministerial orientados a proteger a la población vulnerable, en especial a los más jóvenes, que conforman una porción importante de personas afectadas por esta práctica. 

En principio se habilitó la identificación biométrica, que es un bloqueo del acceso de menores de edad a plataformas legales mediante reconocimiento facial y validación de identidad.

También se generaron acciones contra el juego clandestino, debido a que se realizaron más de 800 denuncias penales y se logró la eliminación de 537 sitios ilegales y el reporte ante Meta de más de 100 influencers que promocionaban plataformas no autorizadas. 

Por último, señalaron la "atención sanitaria", que es la ampliación de la red de asistencia en los 10 centros de prevención provinciales y hospitales especializados para menores de 18 años con conductas compulsivas. (NA)

Según se explicó, esto ocurrió a partir de que Vialidad Nacional dejara caer la causa civil y no continuara con el reclamo. Por ello, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la "caducidad de la instancia" y dio por terminado el juicio.

De esa manera, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados, aunque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

El origen del reclamo es un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa. 

Tras dicha decisión, los abogados de los acusados y absueltos pidieron que se establezcan los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. Sin embargo, la Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio.

En ese marco, el pasado 4 de agosto los abogados de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios y denunciaron "privación de justicia".

El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3.714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente US$ 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Cuánto cobrarán los abogados

Se disputan unos 13.614 millones de pesos para un total de 12 letrados, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo.

Así se distribuye dicho monto:

• Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604
   
• Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno
   
• Luis Goldín: US$ 359.354
   
• Fernando Muriel: US$ 216.410
   
• Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa
   
• Oscar Luis Vignale: US$ 866.320. (con información de NA)

Abonados por ANSES, hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.

El dato surge de un informe de Clarín que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $12 millones y los $26 millones brutos mensuales.

El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $26 millones (el 30% lo destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco). 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un monto que equivale a 52 jubilaciones mínimas de unos $498.000 mensuales (haber mínimo más bono de $70 mil).

Por su parte, el exvicepresidente, gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli -y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes- percibe el menor monto, con $12,5 millones mensuales.

La lista de 11 beneficiarios de jubilaciones y pensiones de privilegio

• Alberto Fernández: $26.092.447
• Mauricio Macri: $25.043.153,46
• Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
• Zulema Yoma: $20.618.733,63
• Gabriela Michetti: $18.192.138,24
• Julio Cobos: $17.999.446,65
• Inés Pertiné: $17.561.990,73
• Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39
• María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
• Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04
• Daniel Scioli: $12.486.621,66

Esta lista no incluye a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir por una medida cautelar la pensión de Néstor Kirchner, de $16 millones por mes. (NA)

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizada este miércoles por las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno busca convertir en una de las banderas de su gestión.

La propuesta establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

De esta manera, el Gobierno pretende restringir una herramienta que, según sostiene el oficialismo, fue utilizada durante años para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones principales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de que busca "cuidar el valor de la moneda".

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará impulsar esta semana es el de Inocencia Fiscal, que será tratado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En paralelo, el Senado buscará avanzar el miércoles a las 15 con el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General.

El oficialismo espera obtener dictamen luego de los cambios acordados durante las conversaciones mantenidas con ministros provinciales y senadores dialoguistas.

La estrategia parlamentaria del Gobierno apunta a avanzar con las iniciativas económicas durante septiembre y despejar el escenario legislativo antes de que Diputados concentre su actividad en el tratamiento del Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno buscará durante las próximas semanas consolidar una agenda legislativa que combine sus principales proyectos económicos con iniciativas acordadas con sectores aliados y bloques dialoguistas. (NA)

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”.

El mismo tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar la actuación de los Ministerios enumerados en el artículo 6° del presente decreto, en los temas que requieran intervención conjunta.
b) Elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen.
c) Promover el intercambio de información estadística y técnica entre las carteras integrantes.
d) Emitir recomendaciones no vinculantes a la Autoridad de Aplicación sobre los aspectos transversales del régimen.
e) Instrumentar la articulación interinstitucional necesaria para la ejecución de las penas previstas en el artículo 12 de la Ley N° 27.801, en los aspectos administrativos y operativos que resulten de competencia de los Ministerios que integran el Comité.

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”.

La misma tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la armonización de criterios técnicos y procesales entre las jurisdicciones.
b) Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la implementación del régimen.
c) Facilitar la suscripción de los convenios de colaboración y cooperación referidos en el artículo 17 del ANEXO I del presente decreto.
d) Elaborar recomendaciones no vinculantes en materia de implementación.

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”. (NA)

En declaraciones televisivas, el titular de la diplomacia argentina detalló que la batería de decisiones fue fruto de "un trabajo de meses" y reveló que tras la comunicación oficial no cesó de "atender llamados de empresas". En ese contexto, manifestó la expectativa del Gobierno de recibir el acompañamiento de potencias y naciones aliadas: "Esperamos que los países amigos nos apoyen".

Quirno desestimó que la iniciativa responda a una estrategia para revertir eventuales caídas de imagen del mandatario, al asegurar que a Milei "le va perfectamente bien en las encuestas" y que "el apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario". En esa línea, resaltó el respaldo otorgado por entidades como el G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA), al sostener que la causa del Atlántico Sur "es un objetivo común a todos".

Respecto de la instrumentación legal del paquete soberano, el funcionario justificó que Cancillería sea la autoridad de aplicación debido a que se trata primordialmente de un asunto de política exterior. 

A su vez, confirmó que el Poder Ejecutivo ultima los detalles para enviar formalmente la iniciativa al ámbito parlamentario: "Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible".

"Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene el país de acá en adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre", concluyó Quirno, al tiempo que acusó a los bloques opositores de "intentar implantar malas noticias porque no tienen resultados". (NA)

La iniciativa llega en un contexto en el que la relación de los hogares argentinos con la vivienda cambió de manera significativa en las últimas dos décadas. A nivel nacional, la proporción de propietarios se redujo y aumentó el peso de los hogares inquilinos.

Hoy viven unas 30 millones de personas en los aglomerados urbanos del país y poco más de 5,5 millones son inquilinos. Entre 2007 y 2026, los hogares propietarios pasaron de representar el 67,4% al 64,1%, mientras que los inquilinos aumentaron del 13,8% al 18,4%. Eso significó un crecimiento relativo del 32,9% en la cantidad de hogares que alquilan.

El cambio del mapa de la vivienda es todavía más marcado en algunos grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, la proporción de hogares inquilinos pasó del 22,9% al 35% en el mismo período.

El grupo etario que tiene mayor proporción de inquilinos es el que integran las personas de entre 30 y 45 años. A nivel nacional, el 25,5% de ese conjunto no tiene vivienda propia y en la CABA el porcentaje llega al 48,3%.

Los datos surgen de un reporte elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de la plataforma VivienDATA, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec.

Más inquilinos y menos propietarios: cómo cambió el acceso a la vivienda en los últimos 20 años

La pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al crédito hipotecario aparecen entre los factores que explican el aumento de los inquilinos y la menor cantidad de hogares propietarios.

El informe de ACIJ compara el primer trimestre de 2007 con el mismo período de 2026 y muestra los cambios en diferentes aglomerados urbanos del país:

• CABA: la cantidad de hogares inquilinos pasó del 22,9% al 35% del total de la población. Los propietarios disminuyeron del 61,9% al 49,3%.
   
• Partidos del Gran Buenos Aires: El porcentaje de inquilinos subió del 10% al 15,8% y el de propietarios pasó 70,4% al 67,1%.
   
• Gran Rosario: Los hogares inquilinos aumentaron del 14% al 19,8% y los dueños cayeron del 70,7% al 63,9%.
   
• Gran Córdoba: Los inquilinos pasaron del 22,3% al 24,9% y los dueños disminuyeron desde el 58,4% al 50,1%.
   
• Ushuaia-Río Grande: Los hogares que alquilan aumentaron del 21,8% al 27%, mientras que los propietarios pasaron del 62,9% al 61,5%.

El impacto del crédito hipotecario

El programa de estabilización que puso en marcha el Gobierno de Javier Milei desde su llegada se basó en impulsar el crédito y las hipotecas formaron parte de ese plan desde el inicio.

Con la estabilización de la inflación, los préstamos UVA ganaron terreno en la última parte de 2024 y la primera de 2025, hasta que la incertidumbre electoral llevó a una suba de tasas y una consiguiente retracción de la oferta; los dos fenómenos que el equipo económico pretende mitigar con las últimas medidas.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se contabilizaron 13.953 escrituras con hipoteca durante todo 2025. En lo que va del 2026, se registraron 5111 operaciones con este tipo de préstamos.

Aunque no se pueda correlacionar uno a uno, es muy probable que el repunte del financiamiento esté detrás de la mejora reciente que se observa en los datos de hogares porteños propietarios: pasaron del 42,3% en el primer trimestre de 2024 al 49,5% en el mismo período de este año. En ese lapso, los inquilinos cayeron del 37,4% al 35%.

Alquilar y trabajar después de los 60 años

El análisis de la ACIJ también mostró una relación entre alquilar y trabajar o buscar trabajo. La tasa de actividad alcanza al 66,8% en los hogares inquilinos, frente al 52,9% entre los propietarios.

Dentro del grupo integrado por mayores de 60 años, la brecha es todavía mayor: el 43,8% de quienes alquilan trabaja o busca hacerlo, mientras que entre los propietarios la cifra alcanza al 26,5%. “Una hipótesis posible es que las personas inquilinas en edad jubilatoria deben sostener su participación en el mercado laboral para poder afrontar el pago del alquiler”, indicó el informe.

Finalmente, el reporte destaca que hubo un incremento en la población inquilina de más de 60 años. Si bien a nivel nacional ronda el 7%, para aglomerados como Gran Córdoba, Ushuaia-Río Grande y CABA ya supera el 10% y viene creciendo sostenidamente. Por ejemplo, en CABA la incidencia de personas mayores de 60 años en hogares inquilinos casi se duplicó entre 2007 y la actualidad, al pasar del 5,8% al 10,6%. (con información de TN)

El lunes 14, a las 15, el jefe de Estado volverá a abrir el Salón Héroes de Malvinas para recibir a sus 95 diputados nacionales y 21 senadores. La decisión ya fue comunicada a los respectivos grupos de WhatsApp, de los que también forma parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y desde donde partió la invitación.

El anuncio aclara que Javier Milei les dará una charla sobre el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, para explicar su visión económica.

Ese mismo libro fue el que Milei les regaló personalmente a los diputados y senadores con quienes mantuvo un extenso encuentro el pasado 25 de agosto.

La presentación del Presupuesto

El encuentro en la Casa Rosada se dará 24 horas antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

No se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que les brinde un adelanto. De ser así, tendrán una atención especial los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras del Congreso: Bertie Benegas Lynch, por Diputados, y Agustín Monteverde, en el Senado.

Está confirmada la participación de Karina Milei, así como la del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la senadora Patricia Bullrich, jefa de los senadores libertarios.

La agenda parlamentaria

Más allá de las expectativas que genera la llegada del Presupuesto 2027 a la cámara baja, la situación para el oficialismo en ambas cámaras legislativas está marcada por constantes negociaciones con la oposición dialoguista, que incrementó sus reclamos al Gobierno nacional.

La reunión servirá para ordenar la estrategia parlamentaria. No solo en la Cámara baja, donde la oposición más dura pidió una sesión especial para el próximo 9 de septiembre para tratar los proyectos por el constante endeudamiento de las familias y la prórroga de la ley que declaró la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria, además, lleva la firma de varios bloques aliados al oficialismo, cuyos gobernadores mantienen reuniones periódicas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Es el caso de los representantes de Catamarca, Salta y Misiones, cuyos mandatarios, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, respectivamente, mantienen diálogo con los funcionarios nacionales.

A pesar de las posturas de la oposición, La Libertad Avanza abrió en Diputados las comisiones de Finanzas y de Discapacidad para el tratamiento de los diferentes proyectos, diagramando una hoja de ruta en cada una con la clara intención de firmar dictámenes para fin de mes.

El Senado y sus contratiempos

En la Cámara alta, la posición del oficialismo frente a los sectores dialoguistas también está en plena tensión. Se vio este miércoles en el plenario de comisiones que trató el proyecto de ley de super-RIGI, donde los aliados no solo presentaron nuevas modificaciones al texto ya sancionado por Diputados, sino que algunos se ausentaron del debate.

La situación dejó sin respuestas a la senadora Patricia Bullrich. “Si el super-RIGI está complicado, nos quedamos solo con el RIGI”, señaló la senadora porteña al observar los reclamos de los aliados, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que ya fue sancionado con la Ley Bases en 2024 y se encuentra en implementación.

Los senadores Carlos Espínola (Convicción Federal), Maximiliano Abad (UCR) y Martín Goerling Lara (PRO) fueron quienes encabezaron los reclamos.

En tanto, otro radical, Flavio Fama, y la tucumana Beatriz Ávila, que responde al mandatario Osvaldo Jaldo, no participaron del plenario encabezado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pese a estar en las instalaciones del Senado. Otra senadora cercana al oficialismo, Julieta Corroza, de La Neuquinidad, también faltó.

El adelanto del Presupuesto

En julio pasado, el Ministerio de Economía envió a Diputados un adelanto del proyecto de ley de Presupuesto 2027. Se trató de un documento con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro Luis Caputo, que incluyó algunas estimaciones, aunque sin datos concretos como inflación o precio del dólar.

En el informe, en relación con los precios, el Ejecutivo adelantó para 2027 su expectativa de “una desaceleración significativa de la inflación”, que permitiría “fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares”.

Respecto de la recaudación, el documento proyectó “un leve incremento real anual” durante el trienio 2027-2029, impulsado principalmente por la mejora de la actividad económica y el “incremento de las exportaciones”.

Sobre la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de seguir bajando la carga impositiva, con el objetivo de “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad del sector exportador.

El informe también incluyó proyecciones para el mediano plazo: una baja de la tasa de desempleo, mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia y avances en la distribución del ingreso, medidos a través del coeficiente de Gini. (con información de TN)

Según planteó el legislador, la compañía posee el 15% de Southern Energy, iniciativa aprobada por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025 para desarrollar actividades vinculadas a la producción y exportación de gas desde Río Negro.

Ferraro sostuvo que Harbour Energy es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo el nombre de Premier Oil PLC, denominación que fue modificada en 2021. 

Según su presentación, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 por una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración en la plataforma continental argentina sin autorización, en cercanías de las Islas Malvinas. 

La denuncia se conoció luego de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

En paralelo, el proyecto autorizado para Southern Energy prevé un importante operativo logístico en el sur argentino. 

El esquema contempla la llegada mensual de buques encargados de trasladar alrededor de 3.500 tubos que serán utilizados para la instalación de cañerías, mientras continúa pendiente una resolución judicial sobre la denuncia presentada. (con información de NA)

“No dijo eso Donald Trump, es lo que quiere Milei que nosotros digamos que dijo”, afirmó Fernández al ser consultado por la posición del expresidente estadounidense respecto de la soberanía del archipiélago.

En ese contexto, Fernández también se refirió a las versiones sobre un eventual refuerzo de la presencia británica en las islas y apuntó contra la política de Defensa de la actual administración. 

“No, que no se preocupe por eso, porque la Argentina está absolutamente desarmada”, sostuvo el exmandatario, antes de cuestionar la adquisición de aviones de combate realizada durante la gestión de Milei.

El expresidente hizo especial énfasis en la compra de los 24 aviones F-16 a Dinamarca y Estados Unidos, y puso en duda las condiciones de la operación. Según Fernández, se trata de aeronaves antiguas que llegaron al país sin parte de la tecnología utilizada por la OTAN. 

En ese sentido, reclamó que la adquisición sea investigada y calificó la operación como un “desfalco”, una acusación que deberá ser analizada en función de la documentación y los organismos correspondientes.

Por último, Fernández volvió a cargar contra Milei y cuestionó su desempeño al frente del Poder Ejecutivo. “Tenemos que preocuparnos nosotros por tener un presidente tan diletante, tan absurdo, tan ridículo”, expresó. 

Sus declaraciones se produjeron en medio del debate por la cuestión Malvinas y de las discusiones sobre el equipamiento de las Fuerzas Armadas argentinas.

La medida no estará limitada a Vaca Muerta ni a la controversia puntual por la presencia de Huawei en Neuquén. En Nación aseguran que el esquema alcanzará a toda la infraestructura que el Estado defina como crítica e incluirá condiciones para proveedores, estándares de ciberseguridad y mecanismos de protección frente a riesgos externos.

El capítulo forma parte de la decisión del Ejecutivo de trasladar su alineamiento con Washington a herramientas concretas de seguridad nacional. En Balcarce 50 sostienen que la intención es profundizar la cooperación tecnológica, militar, energética y de inteligencia y acelerar durante los próximos meses los efectos de la relación política que Milei mantiene con Trump.

La agenda ya tiene movimientos en marcha. En las próximas semanas se espera la llegada a Buenos Aires de funcionarios estadounidenses para mantener reuniones vinculadas específicamente con cuestiones tecnológicas, según anticipan en la Casa Rosada. Los contactos se concentrarán en seguridad de redes, infraestructura sensible, cadenas de suministro y criterios para evaluar proveedores.

Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, también se encuentra en la Argentina con una agenda de reuniones que se mantiene reservada. La funcionaria había estado el jueves con Milei, Karina Milei y Pablo Quirno en Santiago de Chile y su gira oficial por ambos países se extiende hasta este fin de semana. En el Gobierno evitan detallar públicamente sus interlocutores y las actividades previstas en Buenos Aires.

La incorporación de infraestructura crítica al proyecto retoma una discusión que la Casa Rosada había comenzado antes de los anuncios por Malvinas. El Ejecutivo ya analizaba crear requisitos nacionales para los proveedores de redes y centros de datos después de las advertencias estadounidenses por la utilización de equipamiento chino en infraestructura vinculada con Vaca Muerta.

Hasta ahora, esa evaluación contemplaba identificar instalaciones específicas como críticas y establecer condiciones de “proveedor confiable” para quienes suministren tecnología. El nuevo proyecto permitirá darle una dimensión más amplia: la intención oficial es construir un marco transversal para sectores cuya interrupción o vulneración pueda afectar la seguridad, la defensa, la economía o servicios esenciales.

La legislación argentina ya reconoce como áreas críticas la energía, las tecnologías de la información y las comunicaciones, el transporte, las finanzas, el sector nuclear, el espacio, la salud y otras actividades esenciales. El problema que identifican en el Gobierno es que esa clasificación general todavía no cuenta con un régimen integral que establezca qué activos concretos quedan alcanzados y qué exigencias deben cumplir sus operadores y proveedores.

El antecedente estadounidense tiene un peso directo en la discusión. Washington utiliza mecanismos para identificar equipos y servicios tecnológicos que considera riesgosos para su seguridad nacional y aplica restricciones sobre compañías como Huawei y ZTE en determinadas redes, instalaciones públicas y sistemas críticos. La Casa Rosada analiza adaptar parte de esa lógica al marco argentino, sin replicarlo necesariamente de manera textual.

El proyecto estará estructurado alrededor del Consejo de Seguridad Nacional que Milei anunció durante la cadena por Malvinas. El organismo articulará Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía y definirá una política obligatoria para las distintas áreas del Estado. Tendrá además un marco específico para infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.

El Presidente también pedirá al Congreso facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales o privados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional. En ese esquema, la evaluación de proveedores dejará de ser exclusivamente una cuestión técnica o comercial y pasará a formar parte del planeamiento estratégico del Ejecutivo.

Washington y Beijing

La iniciativa llega en medio de una escalada entre Washington y Beijing por la tecnología utilizada en la Argentina. Estados Unidos cuestionó públicamente la participación de Huawei y otras compañías chinas en redes sensibles y reclamó avanzar hacia proveedores considerados seguros. China rechazó esos planteos y acusó a la administración Trump de intentar bloquear comercialmente a sus empresas.

La discusión se concentró inicialmente en la relación entre la cooperativa neuquina CALF y Huawei, pero el Gobierno busca evitar que la futura regulación dependa de contratos particulares o de la jurisdicción de una provincia. En Nación sostienen que el instrumento deberá permitir establecer estándares nacionales para cualquier infraestructura que sea considerada estratégica.

El giro se conecta además con la agenda económica y comercial que Milei busca acelerar con Estados Unidos. Las conversaciones bilaterales ya incluyen seguridad de cadenas de suministro, telecomunicaciones, energía, minerales críticos e infraestructura, y la Casa Rosada pretende avanzar en paralelo con los capítulos pendientes del acuerdo comercial firmado en febrero.

El proyecto por Malvinas se convertirá así en un vehículo para una reforma de seguridad nacional mucho más amplia. Además de endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en las islas, el Gobierno buscará regular la infraestructura crítica, fijar requisitos para proveedores y reforzar la ciberseguridad. En Balcarce 50 lo consideran parte de una misma estrategia: fortalecer las capacidades argentinas y profundizar, al mismo tiempo, la convergencia con Estados Unidos en la competencia tecnológica global. (con información de TN)

Por eso, el gobernador Axel Kicillof decidió en los últimos días confrontar una vez más con la Casa Rosada, en este caso por la paralización de las obras hidráulicas proyectadas y por las delicadas consecuencias que podría generar la falta de infraestructura frente a un escenario climático adverso, como el que se espera con el fenómeno de “El Niño”.

Al margen de esa estrategia política, un evidente precalentamiento con la vista puesta en los comicios de 2027, el gobernador también busca aprovechar las debilidades de la política económica de un Milei, que sigue sin poder sacar un conejo de la galera. 

Claro que en la PBA también se percibe una atmósfera social no menos demandante en cuanto a ciertas asignaturas pendientes, como la estructural crisis de inseguridad o la frágil cobertura a los afiliados de la obra social IOMA en no pocos hospitales municipales, entre otros reclamos postergados.

En rigor, el peronismo no puede limitar su estrategia a esperar un eventual fracaso económico del elenco libertario ni tampoco conformarse con una unidad partidaria construida sobre pactos coyunturales. 

A lo mejor puede existir una disputa entre candidatos presidenciales con el sistema de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, pero no necesariamente tiene que ser en todos los niveles.

La sucesión bonaerense, por caso, puede ser parte de un acuerdo que, con máxima cautela, ya fue charlado en algunas reuniones privadas, que más temprano que tarde podrían salir a la luz. Incluso, algunos movimientos políticos subterráneos que parecen ser sorpresivos ya se gestaron en negociaciones previas.

El fuego amigo para debilitar electoralmente a Kicillof proviene casi siempre desde el kirchnerismo duro. Días atrás, incluso, se instaló la predilección para que Cristina Kirchner sea la candidata del espacio de cara al año próximo, siempre y cuando algún fallo le permita revisar su situación legal y sea habilitada para volver a competir en las urnas.

El apoderado de potenciar esa táctica sobre la que viene trabajando La Cámpora desde hace meses es el propio Máximo Kirchner, desde una juntada callejera en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria.

Todo ese apartado volvió a dejar en evidencia la grieta interna que atraviesa al peronismo. No obstante, detrás de la artillería verbal que se van tirando mutuamente, algunos referentes territoriales del peronismo se muestran bastante más optimistas. 

Creen, por experiencia, que la coalición gobernante se va a ir ordenando hasta alcanzar un nuevo formato de unidad, donde el massismo puede ocupar un rol clave como mediador.

El Frente Renovador, se sabe, pretende ocupar un lugar en la fórmula bonaerense y ya avisó que tiene aspirantes competitivos para aportar tanto en el conurbano como en el interior provincial -donde el poroteo partidario, como en una partida de naipes, sigue intacto- para enfrentar al jefe de Gabinete nacional, Diego Santilli, quien aparece por ahora como una opción casi indiscutible para postularse a la gobernación en representación de La Libertad Avanza.

Sin embargo, más allá de los reposicionamientos electorales, la pelea de fondo es otra. El permanente escenario de fricciones internas entre referentes del kicillofismo y representantes de La Cámpora agrava sin dudas el funcionamiento del engranajae de gestión gubernamental y legislativa.

En medio de un escenario provincial tenso por múltiples complicaciones financieras, el oficialismo sigue tensando la cuerda con opiniones mediáticas poco felices que naturalmente terminan impactando y dificultando cualquier acción institucional a mediano y largo plazo.

"Este es un año de construcción política” es la tímida respuesta que ensayan portavoces gubernamentales desde calle 6, en aparente rechazo a precoces lanzamientos de candidaturas. 
Como se sabe, una división que quiebre los límites del sello peronista puede terminar siendo extremadamente funcional a los intereses de Milei por conseguir su reelección el año que viene y también mejora las expectativas violetas en tierras bonaerenses.

En ese contexto y por razones de conveniencia política, Kicillof procura no quedar expuesto ante el vértigo que naturalmente provocan asuntos de alto impacto legislativo que pueden sumarle algún que otro disgusto durante el transcurso de septiembre. 

Está claro que si bien necesita que avancen algunos de los proyectos del Ejecutivo que son considerados prioritarios, como el retorno de las reelecciones indefinidas de intendentes, la creación de la industria de producción de medicamentos con participación estatal, y la integración del sistema de salud provincial, también sabe que el tratamiento de esas y otras iniciativas pueden caer en manos de feroces negociaciones entre las distintas terminales internas del peronismo y de una oposición siempre agazapada.

A modo de ejemplo, ya se descuenta que la estrategia legislativa de los libertarios pasará nuevamente por cuestionar a Kicillof por cómo maneja los fondos públicos bonaerenses.

Entre sus argumentos, subrayarán que se trata de un contexto atravesado por dificultades y carencias   de toda clase por falta de ajuste financiero, poniendo la lupa sobre las prestaciones y servicios estatales, por lo que buscarán impedir cualquier posibilidad de mayor crecimiento del gasto público.

En el encuentro, tras la puesta en común de las consultas de base de los gremios que representan a trabajadores docentes y no docentes, los sindicatos definieron la realización de un nuevo paro total en universidades de todo el país el próximo martes 8 de septiembre y la organización de la 5ta Marcha Federal Universitaria, la primera semana de octubre.

"Con la certeza de que la necesidad salarial y presupuestaria no pueden esperar y que no vamos a mirar pasivamente cómo desmantelan el sistema universitario nacional, llamamos a construir una V Marcha Federal Universitaria a realizarse la primera semana de octubre", precisaron desde la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

Asimismo, detallaron el cronograma de medidas de fuerza para los próximos días, que se llevará a cabo durante el mes de septiembre:

- Paro nacional en las universidades el día martes 8 de septiembre.

- Jornada nacional de clases públicas "La universidad en la calle" el martes 15 de septiembre.

"Por la Ley de Financiamiento Universitario, por paritarias para recuperar lo perdido por inflación, por actualización de las Becas Progresar y Belgrano, y por un presupuesto universitario que no asfixie a nuestras universidades", remarcaron entre los reclamos. (Con información de DIB)

En un comunicado, el gremio “manifiesta su profunda preocupación” ante el vencimiento, el martes 1º de septiembre, del régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales, establecido por el Decreto 514/2021.

Prórroga
“El 18 de agosto pasado, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, remitió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando de manera urgente la prórroga de dicha compatibilidad. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”, lamentaron.

El texto señala que “esta situación pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias de esas trabajadoras y trabajadores que dependen de la posibilidad de combinar el empleo formal estacional con la protección social”.

Mecanismo “fundamental”
Desde la UATRE afirmaron que “la experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar. Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”.

El sindicato rural denunció así “la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general”. Y aseguró que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.

Amenaza
“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, sostuvo Voytenco en su nota a Capital Humano.

“El gremio reitera el pedido de una solución inmediata que garantice la continuidad de este instrumento de política laboral y productiva”, cerró el comunicado de UATRE. (Con información de DIB)

Los pronunciamientos de las tres empresas fueron celebrados por YPF, que destacó la continuidad de su actividad en la Argentina.

Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Backer Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante.

Gracias por el apoyo. pic.twitter.com/HkksBLBPij

— ypfoficial (@YPFoficial) September 5, 2026

SLB informó, en atención a lo establecido por el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”.

La compañía reafirmó además “su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

Declaración de Baker Hughes, la 3ra empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas🇦🇷🇦🇷🇦🇷

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— Pablo Quirno (@pabloquirno) September 5, 2026

Por su parte, Halliburton Argentina afirmó que “respeta la soberanía de la República Argentina” y remarcó que no participa en el Proyecto Sea Lion “en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”.

Declaración de Halliburton, la 2da empresa de servicios petroleros más grande del mundo sobre las Islas Malvinas🇦🇷🇦🇷🇦🇷

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— Pablo Quirno (@pabloquirno) September 5, 2026

La firma agregó que desarrolla sus operaciones “en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

En tanto, Baker Hughes Argentina comunicó que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”.

La empresa también reafirmó su compromiso con la normativa vigente en la Argentina y señaló que contribuye al desarrollo de la industria energética del país desde hace más de 70 años.

Tras los pronunciamientos, YPF celebró la posición de las compañías: “Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante”.

“Gracias por el apoyo”, concluyó la petrolera. (N/A)