El enfoque clave del planteo es que condicionaba su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto.

Días atrás, el juez hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, pero el gobierno apeló hoy el fallo.

El magistrado consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial.

Por eso, ordenó al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”.

El caso pasará ahora a la Cámara Contencioso Administrativo Federal. (C5N)

A través de un comunicado oficial, el BCRA explicó que, el desempeño revelado hace unas horas “refleja el efecto combinado de la evolución del precio del metal y de las operaciones de cobertura financiera que la entidad aplica de manera habitual sobre el total de sus tenencias en este activo”.

“Las operaciones financieras con oro registradas en 2025 forman parte de la política de cobertura que el BCRA implementa sobre el 100% de su posición en oro. Dicha estrategia tiene como objetivo proteger las reservas internacionales frente a las pérdidas que podría ocasionar una caída significativa en el precio de uno de sus principales activos”, aseguró la comunicación de la entidad bancaria.

En ese sentido, el BCRA precisó que “como toda operación de cobertura, estos instrumentos conllevan un costo. En años en los que el oro muestra un desempeño favorable -tal como ocurrió en 2025-, los derivados financieros que actúan como seguro suelen registrar un resultado negativo”.

“Este comportamiento responde a la naturaleza misma de la cobertura: el activo subyacente presenta una ganancia, mientras que el instrumento de protección absorbe una pérdida. Por ello, la evaluación correcta de la estrategia exige considerar ambas partes de la operación en forma conjunta y su efecto neto, que en este caso resultó ampliamente positivo”, afirmó.

El BCRA precisó que, “las coberturas efectuadas en 2025 se inscriben en una práctica habitual que el BCRA lleva adelante desde 2007, es decir, hace casi veinte años". 

"De hecho, entre 2007 y 2011, los pagos realizados por coberturas de características similares representaron, en relación con el valor de mercado del oro en cartera, casi el doble de los pagos efectuados en 2025”, añadió.

En este contexto, durante el período 2007-2011, la institución bancaria planteó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no formuló observaciones sobre la estrategia de cobertura utilizada ni sobre los pagos asociados”.

Además, aclaró: “Tampoco se registraron observaciones por parte de los auditores externos del BCRA respecto de estas prácticas. Esta circunstancia confirma que las operaciones de cobertura sobre la posición en oro se ajustan a los estándares de auditoría y control aplicables”.

“La AGN como organismo de control externo del sector público nacional y en línea con el resto de los auditores, aprobó los estados contables del BCRA para el período 2025 que tuvieron un resultado récord en la historia del BCRA y el incremento patrimonial más alto en los últimos 20 años”, subrayó. (con información de NA)

Los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña declararon inadmisibles las presentaciones de los hijos de Cristina Kirchner. El inicio del remate, de todos modos, sigue sujeto a lo que resuelva la Corte Suprema.

La orden original sostiene que los condenados en Vialidad deben devolver al Estado un monto actualizado de 684.990.350.139,86 pesos por los daños ocasionados.

La apelación resaltó que Máximo y Florencia Kirchner no están condenados en Vialidad, por lo que solicitaron que se suspenda la orden de ejecución y que se avanzara con medidas cautelares hasta que la Corte se pronuncie al respecto. Los recursos apuntaban contra una resolución del Tribunal Oral Federal 2 del 14 de septiembre de 2026, que había rechazado planteos contra la ejecución dispuesta el 26 de agosto.

Casación consideró que esa decisión no era recurrible, ya que no constituía una sentencia definitiva ni era equiparable a ella, y tampoco impedía la continuación del trámite.

Para los jueces, Máximo y Florencia, además, no demostraron un perjuicio actual de imposible o tardía reparación posterior. El tribunal destacó que las cuestiones planteadas no habían sido resueltas de manera definitiva: su tratamiento fue diferido y puede retomarse en la oportunidad procesal correspondiente. Con ese criterio declaró inadmisibles los recursos y dejó habilitada la continuidad del trámite de ejecución del decomiso dispuesto en Vialidad.

Los bienes identificados por la Justicia

Uno de los activos más relevantes se encuentra en El Calafate, sobre la avenida 17 de Octubre al 800, en el departamento Lago Argentino. Se trata de un terreno de 6.001,64 metros cuadrados adquirido en 2007. En esa misma zona aparecen otros lotes de gran extensión incorporados ese mismo año, entre ellos uno de 44.106 y otro de 87.046 metros cuadrados respectivamente.

En el lista del decomiso, se encuentra también el complejo del hotel Los Sauces Casa Patagónica, uno de los bienes más emblemáticos. El establecimiento está emplazado sobre tres terrenos: uno propiedad de la firma Los Sauces SA, donde se levanta la “Casona”, y otros dos predios —identificados como 42-C 5-j y quinta 10A— que integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

La expansión en El Calafate incluyó además otros terrenos adquiridos en 2007 y 2008, algunos de los cuales fueron comprados a valores bajos y luego revalorizados con el desarrollo turístico. Entre ellos figura un lote de 16.189 metros cuadrados adquirido en 2008, en el que posteriormente se construyó el hotel Las Dunas.

En Río Gallegos, la lista incluye un conjunto de departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de los Kirchner. Uno de los casos más relevantes es el complejo ubicado en Mitre 535, compuesto por once unidades, que fue adquirido por Néstor Kirchner el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También se incluyen otras diez unidades sobre la misma calle —Mitre al 500— que forman parte del paquete de bienes luego cedidos a Máximo y Florencia Kirchner.

A esos inmuebles se suma una propiedad ubicada en 25 de Mayo 255, comprada el 6 de septiembre de 2010, y otra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490, incorporada al patrimonio el 22 de septiembre de 2006, ambas en la capital santacruceña.

El listado se completa con otros terrenos en El Calafate adquiridos a fines de 2007 y comienzos de 2008. Uno de ellos, comprado el 7 de diciembre de 2007, fue ampliado con la adquisición de otra parcela el 20 de febrero del año siguiente.

El fallo también alcanza bienes de empresas vinculadas a Báez —como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto— y de otros condenados, que podrán ser ejecutados si los activos principales no alcanzan para cubrir el monto fijado. (con información de TN)

Los dichos fueron efectuados por el presidente del organismo estatal, Juan Manuel Olmos, durante una auditoría referida al estado contable de la autoridad monetaria en 2025.

Como primera conclusión, Olmos indicó que el informe sobre la situación patrimonial del Central es "razonable". Sin embargo, al momento de referirse a la información relacionada con el oro, aparecieron distintas conclusiones.

"Erró en el cálculo"

En principio, la AGN afirmó que la tenencia del metal registró una ganancia patrimonial superior a los $8 billones, la cual se explicó solamente por la suba internacional del precio del oro. El titular remarcó que esas reservas fueron adquiridas durante las presidencias de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont.

Cabe resaltar que las ganancias y pérdidas arrojadas en el mismo balance se dieron por dos tipos de operaciones distintas. "Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente", aclaró Olmos.

Respecto a las pérdidas, explicó que provinieron de una operación que realizó el Central "con fines de cobertura", bajo la gestión de Santiago Bausili. 

Esa operación se basó en derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas; es decir, la entidad utilizó el oro "como bien de respaldo o subyacente", de acuerdo con la explicación del titular.

En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Es por eso que el organismo estatal argumentó que el BCRA realizó operaciones financieras "especulando con una determinada trayectoria" para el precio internacional del oro.

"Erró en el cálculo y arrojó una pérdida de US$ 1.023 millones, según surge de las registraciones contables", dijo Olmos y agregó que, desde que se auditan los estados contables del Central, "nunca se había registrado una pérdida de esta magnitud, ni tampoco la utilización de las reservas físicas de oro para transacciones de riesgo".

La polémica por el destino del oro

El presidente del organismo también se refirió a la polémica que se desató debido a los movimientos del traslado del oro hacia el exterior.

Olmos sostuvo que la AGN "se encuentra trabajando sobre otra auditoría relacionada con las reservas físicas y el traslado de las mismas", por lo que todavía no hay conclusiones acerca de qué fue lo que pasó.

"En ese informe se podrá saber por qué se tomó esa decisión, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el BCRA o para quién", concluyó.

La discusión escaló con el paso de los meses y llegó hasta la Justicia, distintos senadores apuntan contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el propio Santiago Bausili por los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos". (con información de NA)

Tanto el dirigente que fuera funcionario de Cristina Kirchner como su pareja se encontraban en buen estado de salud y fuera de peligro, según se informó.

El accidente ocurrió el miércoles, cuando un guanaco se cruzó repentinamente sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del paraje Monte León en el sur de la provincia, lo que impidió que el ex funcionario pudiera esquivarlo antes del impacto. 

El choque se produjo cuando la pareja se trasladaba, en una camioneta, hacia la localidad de El Chaltén: el vehículo sufrió daños severos, principalmente en toda la parte frontal, mientras que los dos ocupantes solo sufrieron golpes menores. 

Horas después del accidente, Puricelli y su esposa fueron trasladados a la localidad de Comandante Luis Piedra Buena, donde recibieron atención médica de forma preventiva y se constató que su evolución es favorable.

Este suceso volvió a poner en agenda el tema sobre la peligrosidad que representan los animales sueltos en las rutas no sólo de Santa Cruz, sino del sur del país. 

Puricelli es un político argentino de larga trayectoria dentro del Partido Justicialista (PJ): fue el primer gobernador de la provincia en el retorno de la democracia, entre 1983 y 1987; años más tarde, fue funcionario del Gobierno Nacional, durante los mandatos de Cristina Kirchner: presidió Fabricaciones Militares en 2006, fue ministro de Defensa desde 2010 hasta 2013 y  de Seguridad entre junio y diciembre de 2013. (NA)

En un comunicado que compartió en el marco de la protesta, la central obrera advirtió “un deterioro general de la calidad de vida de la población que pone en riesgo la paz y la convivencia”. Y acusó a la administración libertaria de que “en su fanatismo ideológico, todos los días confirma su insensibilidad, su falta de empatía y la clausura de toda posibilidad de diálogo institucional”.

La marcha se realizó bajo la consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también”, con una concentración sobre Diagonal Sur. La preocupación de la conducción cegetista está puesta especialmente en el impacto de la situación económica sobre la industria, la construcción y el comercio.

“Milei es un servil a sus mandantes, los poderes económicos”, cuestionó el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello. El dirigente vinculó la movilización con el deterioro del empleo. “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”, advirtió en AM750.

Según datos difundidos por la presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, desde noviembre de 2023 cerraron 3117 empresas solo en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

La central obrera difundió un comunicado con duras críticas al Gobierno, en el que denunció que el programa económico “está destruyendo el sistema productivo nacional”, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, y advirtió sobre el aumento de la desocupación, el deterioro de los ingresos y las condiciones laborales, la caída del consumo interno y la falta de financiamiento.

“El diagnóstico de situación es claro. Estamos ante un gobierno que lleva adelante un modelo político, económico y social monitoreado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en función de intereses que no son los nuestros”, cuestionó la conducción sindical.

La CGT alertó sobre “una situación social angustiante, creciente pobreza y marginalidad”, con hogares que atraviesan carencias alimentarias severas, endeudamiento familiar y dificultades para acceder a medicamentos. También cuestionó el desfinanciamiento de la salud, la educación, la investigación científica y la obra pública.

En defensa de la industria nacional, la central obrera planteó que el achicamiento de la actividad productiva no solo provoca quebrantos empresariales, sino que además perjudica la cadena de pagos y debilita las economías regionales. “No estamos proponiendo una economía cerrada, sino la necesidad de configurar una apertura comercial inteligente, en función de nuestros recursos y de nuestras posibilidades, pero con la certeza de que ningún país se desarrolla sin industria”, remarcó.

El comunicado también cuestionó la distribución de los beneficios del programa económico. “No hay dos velocidades en este programa económico vigente. Hay dos economías”, advirtió la CGT, que contrapuso una economía concentrada en los sectores que capturan la mayor parte de la renta con otra, la de las grandes mayorías, donde “la plata no alcanza” y las condiciones de los trabajadores son cada vez peores.

La central obrera profundizó sus críticas al Gobierno al señalar que “las argentinas y los argentinos no son su prioridad”. “Frente a estas propuestas del ‘sálvese quien pueda’, nosotros proponemos otra idea de sociedad, donde la dignidad del trabajo, como experiencia solidaria de intercambio y colaboración, siga siendo una construcción colectiva a favor del bien común y del desarrollo personal y familiar, en el marco de una comunidad integrada”, expresó la CGT, que cerró el documento con la consigna “No hay libertad sin justicia social”. (TN)

Rockhopper anunció en un comunicado la firma de un acuerdo para la adquisición, por US$44 millones, del 35 % en la firma SPV, propietaria de OSX-1, una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO). SPV es una empresa de reciente constitución cuyo único activo es la FPSO OSX-1, plataforma cuyo valor total es de US$125 millones.

El proyecto Sea Lion, en la que Navitas tiene una participación del 65%, apuesta a convertirse en 2028 en el primero en producir crudo en las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico sur que es eje de fuertes disputas de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido.

Sea Lion está a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas y es el primer yacimiento de petróleo descubierto en las aguas que rodean las islas, hallazgo anunciado por Rockhopper en mayo de 2010.

Navitas se sumó al proyecto a principios de 2020. En diciembre de 2025 ambas compañías anunciaron la decisión final de inversión, un paso clave porque eso implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras se completaron y que la iniciativa es considerada un negocio viable.

El proyecto prevé una inversión de US$1800 millones hasta la obtención del primer crudo, previsto para marzo de 2028, y de US$2100 millones para el resto de la explotación, con una duración proyectada de 30 años.

El desarrollo de Sea Lion será por fases, inicialmente por el Área de Desarrollo Norte (NDA). Luego seguirá el Área de Desarrollo Central (CDA), que usará la unidad OSX-1, una plataforma con la que las empresas socias esperan acelerar y aumentar el volumen de producción hasta alcanzar 180.000 barriles diarios a finales de 2030.

La Argentina, que reclama la soberanía sobre las Malvinas, ocupadas por Reino Unido desde 1833, demandó a las dos empresas y a sus accionistas, al argumentar que el gobierno isleño les otorgó los permisos de forma ilegal y unilateral.

En el caso de Sea Lion la Argentina inició un proceso inédito en el derecho internacional que, de tener el resultado esperado por el Gobierno nacional, se traducirá en un importante triunfo en la estrategia de aumentar la presión contra el Reino Unido, la administración isleña y las empresas privadas que buscan llevar adelante la exploración y explotación de hidrocarburos en las Malvinas.

La Argentina recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), medida que se concretará por medio de un procedimiento previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que ambos países ratificaron.

Sumado a sanciones contra 45 personas humanas y jurídicas de 11 países, entre petroleras, accionistas, fondos, proveedores y asesores, la mayoría vinculadas a Sea Lion y una denuncia contra cinco empresas vinculadas con la actividad petrolera en la Cuenca Malvinas Norte, entre otras medidas. (TN)

El trabajo de la Fundación Encuentro puntualizó que “es más profunda en el NEA y el NOA” y subrayó que “el salario registrado medido contra la inflación general no alcanza a explicar la baja”.

Adjudicó la situación al peso “del aumento de los gastos fijos, la pérdida de empleo formal y la informalidad”.

“Las ventas en supermercados de enero a julio de 2026, a precios constantes, se ubicaron 15,8% por debajo del mismo período de 2023 y 7,0% por debajo de 2025 en el total del país”, detalló el informe.

En qué región de la Argentina se concentran las bajas 

A su vez, precisó: “Las bajas más profundas se concentran en el NEA (32,8%) y el NOA (27,3%), mientras que la región Pampeana (11,2%) y la Patagonia (10,9%) muestran las caídas más moderadas”.

Entre provincias, la distancia va de Formosa, que vende 39,3% menos que en 2023, a Neuquén, con una baja de 3,1%.

El informe señala que, medido con el IPC general, el salario privado registrado quedó prácticamente en el nivel de noviembre de 2023 en todas las regiones, con variaciones que van de una caída de 2,1% a una suba de 3,7%.

Frente a los precios regulados (tarifas, combustibles, transporte, salud prepaga y educación), en cambio, su poder de compra cayó entre 27,5% y 38,3%. El trabajo marca que “como los gastos fijos se pagan primero, el ajuste recae sobre el consumo que puede postergarse”.

Como ejemplo utiliza el precio de la garrafa: “En el NEA, donde el 98% de los hogares urbanos no tiene conexión a la red de gas, la garrafa de 10 kg aumentó 412,5% entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, frente a 276,0% del IPC regional.

Con este salto, un salario privado registrado promedio de la región pasó de comprar 91 garrafas a comprar 69.

Por otra parte, señaló que el empleo asalariado privado registrado cayó en 22 de las 24 jurisdicciones entre noviembre de 2023 y abril de 2026. Solo crecieron Neuquén (7,1%) y Río Negro (2,8%), asociadas a Vaca Muerta.

Las mayores caídas porcentuales se registraron en Santa Cruz (16,4%), Tierra del Fuego (15,6%) y Catamarca (12,3%), mientras que Buenos Aires concentró la mayor pérdida en volumen, con 79 mil puestos.

Hacia adelante, el informe sostiene que la evolución del consumo dependerá más de la recomposición del ingreso disponible de los hogares que del crecimiento agregado de la actividad. (N/A)

La marcha tendrá como consigna “Las Malvinas son argentinas, la industria nacional también” y se concentrará sobre Diagonal Sur. La preocupación de la conducción cegetista está puesta especialmente en el impacto de la situación económica sobre la industria, la construcción y el comercio.

“Milei es un servil a sus mandantes, los poderes económicos”, cuestionó el cosecretario general de la CGT, Octavio Argüello. El dirigente vinculó la movilización con el deterioro del empleo. “Todos los días cierran empresas, hay muchos trabajadores que se quedan sin empleo”, advirtió en AM750.

Según datos difundidos por la presidenta del bloque peronista Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, Claudia Neira, desde noviembre de 2023 cerraron 3117 empresas solo en la Ciudad de Buenos Aires y se perdieron 104.090 empleos registrados.

Críticas a la CGT y al peronismo

Si bien es uno de los dirigentes gremiales más críticos con la CGT, Pablo Moyano confirmó que participará de la protesta, pero volvió a reclamar una presencia más activa en las calles tanto de la central obrera como del Partido Justicialista. “Hace rato venimos estando en la calle, y vamos a seguir estando. De parte del peronismo no lo estamos viendo y la CGT de vez en cuando moviliza”, afirmó en diálogo con Futurock.

El dirigente también anticipó que participará de la movilización universitaria prevista para la próxima semana, a la que también convocó la CGT. “Vamos a estar este jueves, el 15 de octubre, y en todas las convocatorias que sean en defensa de la soberanía nacional, de los derechos de los trabajadores y de los jubilados”, señaló.

La central obrera había resuelto la semana pasada avanzar con ambas movilizaciones antes que convocar inmediatamente a un quinto paro general contra Milei. La decisión permite sostener el plan de lucha sin cerrar una discusión que sigue atravesada por las diferencias entre los sectores que reclaman endurecer la protesta y una conducción que hasta ahora optó por sumar conflictos sectoriales y movilizaciones.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) también confirmó su participación. “Estaremos acompañando la movilización de la CGT hacia el ex Ministerio de Producción. En defensa del trabajo con derechos y la producción popular”, anunció la organización, que concentrará a las 13.30 en Belgrano y Bernardo de Yrigoyen.

El lanzamiento de la iniciativa será a las 16 hs en la sede del Ministerio de Seguridad, donde se repasarán detalles de esta iniciativa que se enmarca en una política para descomprimir y cerrar de manera paulatina la cárcel porteña, trasladando a los detenidos a complejos de alta seguridad fuera de los grandes centros urbanos.

El objetivo es garantizar la seguridad durante la mudanza de la población carcelaria, considerando el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de los internos para evitar fugas, motines o ataques externos.

El plan "Ley y Orden" se creó formalmente mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Del operativo conjunto participan la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval Argentina y el SPF.

Otras actividades de agenda del Gobierno

A las 18.30 de este jueves el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, participará de la ceremonia por el 85º aniversario de Fabricaciones Militares, en la sede de esta empresa.

El viernes, en tanto, Karina Milei mantendrá una reunión con la nueva embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef, en la sede diplomática del país de Medio Oriente, en el marco de las exportaciones de carne kosher a ese país. 

Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizará una visita oficial a Singapur, donde mantendrá una agenda de encuentros con autoridades y empresarios para promover inversiones y explorar nuevas oportunidades para la producción argentina en los mercados de Asia-Pacífico. 

La visita se da en el marco de la reciente aprobación del Acuerdo de Libre Comercio MERCOSUR-Singapur y de la solicitud de adhesión de Argentina al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). (NA)

A través de un comunicado oficial, la compañía anunció la firma de un contrato de compraventa a largo plazo con la multinacional francesa TotalEnergies, la cual adquirirá de forma anticipada la totalidad de la producción orientada a la exportación.

El acuerdo estratégico incluye además un derecho de preferencia en favor de la compañía sobre los volúmenes de producción remanentes.

El desarrollo estará a cargo de Santa Fe Bio, una alianza igualitaria entre YPF y Essential Energy. La iniciativa requerirá más de 400 millones de dólares para transformar el complejo de San Lorenzo en Santa Fe, inactivo desde 2017, y aprovechar su ubicación sobre la Hidrovía.

Se prevé una producción cercana a 170.000 toneladas anuales de combustible de aviación sostenible (SAF) y aceite vegetal hidrotratado (HVO).

El pacto con TotalEnergies minimiza también el riesgo financiero y facilita el acceso al project finance, además de posicionar al complejo para adherirse al RIGI.

El SAF disminuye hasta un 80 % las emisiones aéreas frente a los combustibles fósiles. Ante la alta demanda externa por normativas ambientales, el complejo podría exportar por un valor anual estimado entre 300 y 1000 millones de dólares.

Las obras se dividirán en dos etapas: una planta de pretratamiento con un 30 % de avance actual y la biorrefinería final, cuyo inicio operativo se proyecta para fines de 2029. (NA)

La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado.

El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertaron que "la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta nuevas inversiones y castiga el empleo local".

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global. (NA)

En una presentación dirigida al secretario de Transporte, Mariano Plencovich, el titular de la UTA, Roberto Carlos Fernández, sostuvo que la seguridad de las personas debe ser el objetivo principal del transporte público y pidió una intervención estatal activa para revertir las deficiencias detectadas.

El sindicato advirtió que la infraestructura vial atraviesa un proceso de deterioro que ya impacta en las principales rutas del país y señaló que la red vial nacional tiene aproximadamente 40.000 kilómetros por los que circulan micros de pasajeros, camiones y ambulancias.

Según la organización gremial, el financiamiento destinado a las rutas existe, pero “no llega a las rutas”, por lo que reclamó que se ejecute con celeridad para atender una situación que calificó de urgente.

En ese sentido, se señalaron deficiencias como abandono de rutas, calzadas con pozos profundos, banquinas deterioradas, falta de señalización luminosa y pérdida de referencias por el desgaste de las fajas pintadas.

También se advirtió por la inseguridad en terminales y paradores, la falta de espacios adecuados para el descanso de los conductores, sanitarios y duchas deficientes, y la ausencia de lugares apropiados en cabeceras intermedias.

El gremio agregó que el envejecimiento de la flota y la falta de renovación de unidades derivan en fallas mecánicas, mayor exposición a varadas y más riesgos para trabajadores y pasajeros.

En la nota, la UTA pidió al Estado que intervenga para generar medidas que permitan sostener la actividad y reducir la siniestralidad, que atribuyó muchas veces a factores prevenibles. (NA)

“Por la fuerza, nada”, escribió la ministra y citó al presidente Javier Milei.

El ministerio emitió un comunicado donde adelantó que denunciarán la toma. “Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público”.

“La evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones”, se lee en el texto publicado por el organismo que conduce Pettovello.

Ante estos hechos, agregó el comunicado, “el Ministerio realizara la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.

“Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”, concluyó el texto.

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica. (con información de TN)

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, recibió a un grupo de los estudiantes. Ese era uno de los principales pedidos de la protesta.

“Es una sentada pacífica. La Policía está presente, pero no avanzó. Acá nos vamos a quedar”, dijo al canal TN Malena Ghio, estudiante de Actuación en el Departamento de Artes Dramáticas. Consejera Superior de la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

La protesta comenzó con una sentada frente al Palacio Pizzurno y minutos después los estudiantes entraron a la sede de la cartera que encabeza Carlos Torrendell. Allí resolvieron mantener una permanencia pacífica.

“Lo único que queremos es que Carlos Torrendell tenga una reunión con nosotros; que nos diga qué día y a qué hora va a recibirnos”, explicó Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación. Consejera Directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Al respecto, dijo que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta y solo los dejan permanecer en el hall del edificio. “No nos vamos a ir hasta no tener respuesta del secretario”, advirtió.

“Nos cansamos de mendigar lo que nos corresponde. Ya marchamos, ya hicimos clases públicas, cortamos las calles, presentamos petitorios, el Congreso ya se posicionó y la Justicia ya sentenció”, afirmó Valentina Bär Larralde, presidenta del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además del financiamiento universitario, los estudiantes reclaman un aumento de las Becas Progresar, la aplicación efectiva del boleto educativo, políticas integrales de salud mental y mayores partidas presupuestarias para residencias y comedores universitarios.

La protesta se produce a una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. Los estudiantes anticiparon que durante los próximos días continuarán las movilizaciones y decidieron profundizar las medidas de fuerza.

“Tenemos enfrente a un gobierno que no está dispuesto a escuchar ni a la comunidad universitaria, ni al conjunto de la sociedad, ni siquiera a la Justicia, que ya falló en reiteradas veces a favor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, planteó Bär Larralde.

La Marcha Federal Universitaria confluirá con una movilización convocada frente al Congreso por la Ley de Tierras y por la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Mientras continúa la permanencia dentro del Palacio Pizzurno, los estudiantes convocaron a acompañar la protesta desde la puerta del edificio y mantienen el reclamo para que las autoridades educativas den una respuesta a las demandas presentadas.

La medida busca ordenar el uso de teléfonos, tablets y otras pantallas durante la jornada escolar. En la práctica, los alumnos deberán mantenerlos sin usar mientras estén en clase, salvo que el profesor considere necesario incorporarlos como herramienta pedagógica.

La iniciativa busca ampliar al nivel secundario una medida que ya es aplicada en el nivel primario. Para eso, toma como referencia la Ley N°15.534 que regula el uso de estos dispositivos en las escuelas primarias bonaerenses.

El texto aprobado incorpora además el concepto de “uso responsable” de las pantallas, que supone mantener los dispositivos sin utilizar durante la jornada educativa, excepto cuando sean necesarios para una actividad escolar. De esta manera, la Provincia fija un criterio común para todas las escuelas secundarias y deja de depender exclusivamente de la decisión de cada establecimiento.

El objetivo es que las pantallas no interfieran con el desarrollo habitual de las clases.

El Poder Ejecutivo provincial deberá definir qué organismo quedará a cargo de la implementación. Esa autoridad tendrá que elaborar protocolos, recomendaciones e instrucciones para que las escuelas puedan aplicar la nueva normativa. Antes de que eso ocurra, la ley deberá ser publicada en el Boletín Oficial y luego avanzar con su reglamentación.

El proyecto también contempla la posibilidad de que los municipios se adhieran a la iniciativa.

Durante el debate, uno de los argumentos que apareció fue el impacto que tiene el uso de los celulares entre adolescentes, especialmente en relación con las apuestas online.

Durante la discusión también se citaron datos sobre el acceso temprano a la tecnología: casi seis de cada diez chicos argentinos ya cuentan con un celular propio a los 8 años.

Con esta nueva normativa, la provincia extiende al secundario las restricciones que ya existen en el nivel primario y fija por primera vez un criterio común para el uso de celulares dentro de las aulas bonaerenses. (TN)

La imagen era una placa del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, y Milei la compartió desde la cuenta @institutocato. Abajo de la foto de Lula con un micrófono aparece una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización: “Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción”.

El posteo llega en plena campaña para el balotaje del 25 de octubre en Brasil. En la primera vuelta del domingo 4, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, sacó el 47,15% de los votos y Lula, que busca la reelección, el 45,02%. Como ninguno pasó el 50%, los dos competirán en una segunda vuelta.

No es la primera vez que Milei se refiere en esos términos contra Lula. El 25 de julio viajó a San Pablo y participó de un acto de campaña de Bolsonaro en el estadio Pacaembú, junto al gobernador paulista Tarcísio de Freitas.

En su discurso se refirió al presidente brasileño como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”. Cuando falló el sonido, bromeó: “Che, ¿los micrófonos estos quién los mandó a tocar? ¿El ladrón?”. También dijo que “hay que parar la basura socialista” y criticó la detención de Jair Bolsonaro: “Estoy hablando de ese mismo que mete presos a opositores”.

Ese discurso tuvo respuesta en Brasil, que llamó a consulta a su embajador en Buenos Aires. Días después, el Presidente repitió las acusaciones. En una entrevista televisiva dijo que Lula es “un ladrón” y “un corrupto”, y sostuvo que quedó libre “por una falla en el procedimiento” y no porque fuera inocente.

Lula fue condenado por corrupción en la causa Lava Jato y estuvo preso 580 días entre 2018 y 2019. En 2021, el Supremo Tribunal Federal anuló esas condenas porque consideró que el tribunal de Curitiba que lo juzgó no tenía competencia. Después también declaró parcial al exjuez Sergio Moro. Así, Lula recuperó sus derechos políticos y en 2022 volvió a ganar la presidencia.

La relación entre los dos presidentes está tensa desde que asumió Milei. El mandatario argentino se quejó varias veces de que Lula no lo felicitó cuando ganó las elecciones de 2023 y lo acusó de haber ayudado a su rival en la campaña.

La semana próxima Milei compartirá con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, un evento en Estados Unidos: está invitado a la Hispanic Heritage Gala, prevista para el 14 de octubre en Washington. Será 11 días antes de la segunda vuelta en el vecino país.

En el discurso previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, que se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre, Georgieva sostuvo que la combinación de estos factores puede determinar si la economía mundial logra dejar atrás las tasas de crecimiento moderadas de los últimos años.

“No podemos seguir postergando las medidas políticas necesarias; cuentan con las herramientas, así que tengan la sabiduría para utilizarlas”, planteó la titular del FMI.

Georgieva describió una economía mundial que avanza en dos direcciones al mismo tiempo: por un lado, un shock negativo provocado por los precios de la energía y, por otro, un impulso positivo de la demanda asociado a la inteligencia artificial.

El impacto, según explicó, es muy desigual entre países. Las economías afectadas por conflictos bélicos enfrentan los mayores golpes al crecimiento, mientras también quedan particularmente expuestos los países que dependen de las importaciones de energía y tienen poco margen fiscal o monetario para responder a las nuevas perturbaciones.

El boom de la inteligencia artificial

La IA ocupa un lugar central en el diagnóstico de Georgieva. La titular del FMI señaló que la tecnología se está convirtiendo rápidamente en un factor que determina la posición relativa de los países dentro de la economía mundial. Según sus estimaciones, la inversión mundial en inteligencia artificial en relación con el PBI podría alcanzar y eventualmente superar los niveles de inversión que en su momento demandaron grandes transformaciones como la construcción de los trenes, las redes eléctricas y las telecomunicaciones.

El fenómeno beneficia especialmente a las economías integradas en las cadenas de producción de la tecnología. Entre ellas aparecen Estados Unidos, China e India. Pero Georgieva también marcó que el crecimiento asociado a la IA puede ampliar las diferencias entre países y dijo que la IA también tiene un efecto adicional: aumenta la demanda de energía.

Energía cara, inflación y menor crecimiento
Ese es el segundo gran eje de la advertencia del FMI. El aumento de los costos de la energía impacta sobre los precios de los fertilizantes, los alimentos y los principales insumos industriales. El resultado es una combinación que complica a los bancos centrales: más inflación y menor crecimiento.

Georgieva señaló que, pese a que hasta ahora el shock energético fue significativo pero relativamente contenido, el precio del petróleo se mantiene alrededor de los US$100 por barril, mientras los problemas en la capacidad global de refinación presionan todavía más sobre el precio que pagan consumidores y empresas por los combustibles.

El problema también alcanza al gas natural, especialmente por las dificultades para transportar gas natural licuado mientras persistan las amenazas sobre la navegación a través del estrecho de Ormuz.

“El invierno se acerca”, afirmó Georgieva para advertir que las presiones sobre los precios podrían intensificarse durante los próximos meses, cuando aumenta la demanda energética en el hemisferio norte.

Incluso si los conflictos en Medio Oriente terminan, agregó, el problema de los precios elevados de la energía podría prolongarse. En ese sentido, los mercados de futuros anticipan precios del petróleo elevados hasta 2027.

La deuda pública, el tercer problema

El tercer gran desafío planteado por Georgieva es fiscal. La deuda pública mundial se acerca a los niveles más altos registrados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El problema se vuelve más complejo porque el aumento de las tasas de interés está encareciendo el costo de refinanciar esa deuda.

La titular del FMI rechazó la idea de confiar exclusivamente en un crecimiento económico futuro para solucionar el problema fiscal. Explicó que durante buena parte de los últimos 17 años las tasas de interés se mantuvieron por debajo del crecimiento de la economía, una relación que ahora es mucho menos favorable. Por eso, sostuvo que los gobiernos deben avanzar con planes creíbles de consolidación fiscal.

Para Georgieva, los gobiernos tienen tres tareas: explicar por qué es necesaria la consolidación fiscal, diseñar planes que reduzcan el impacto sobre el crecimiento y protejan a los sectores más vulnerables, y acompañar el proceso con reformas estructurales.

En ese sentido, pidió avanzar con medidas para mejorar la capacitación de los trabajadores, flexibilizar los mercados laborales, facilitar la creación y salida de empresas, ampliar el acceso al capital de riesgo y reforzar la seguridad energética. También reclamó reducir la burocracia y eliminar regulaciones obsoletas para liberar el potencial del sector privado. (TN)

La decisión se tomó después de que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto con el que el Gobierno había frenado esa norma y ordenó su aplicación inmediata. El encuentro del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de 60 universidades, está previsto para las 14.3

En un comunicado, los rectores anunciaron que la sesión en Plaza de Mayo busca “reiterar el reclamo por el cumplimiento pleno y efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada e insistida por el Congreso de la Nación y con fallo favorable de la justicia disponiendo su cumplimiento”.

La idea de los rectores se conoció luego de la Justicia que declaró inconstitucional el decreto del presidente Javier Milei que frenó la aplicación de la ley y ordenó su inmediata aplicación.

En concreto, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que supeditaba la ejecución de la ley a la definición de los recursos presupuestarios. La declaración de inconstitucionalidad alcanza la expresión “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N°24.629”.

Además, Cormick dispuso que el Poder Ejecutivo dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario”. Se trata de una sentencia de primera instancia.

El Gobierno había utilizado esa disposición para promulgar la norma, después de que el Congreso rechazara el veto presidencial, pero mantener suspendida su aplicación. Su argumento era que los legisladores debían establecer las fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

Los reclamos por los salarios y las becas universitarias

El nuevo fallo se suma a las resoluciones que Cormick había dictado para exigir el cumplimiento de la cautelar sobre salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles. Esa medida alcanza los artículos 5 y 6 de la ley.

El 30 de septiembre, el juez volvió a darle al Gobierno cinco días para cumplir con esas obligaciones, bajo apercibimiento de sanciones económicas. Si bien reconoció que el Ejecutivo había presentado documentación sobre paritarias y órdenes de pago, consideró que solo había acreditado un cumplimiento parcial.

La Casa Rosada había pedido que se revocara la intimación y se dejara sin efecto la posibilidad de aplicar multas. En su presentación, sostuvo que los aumentos salariales acumulados desde diciembre de 2023 llegaban al 226,8% y superaban la inflación del período que tomó como referencia. También informó nuevas negociaciones paritarias y una propuesta adicional del 3%.

Cormick cuestionó ese cálculo y señaló que no estaba acreditada la actualización conforme a las variables que exige la ley. Sobre las becas, también rechazó la interpretación oficial que limitaba el alcance de la obligación al programa Manuel Belgrano.

La cautelar había sido dictada en diciembre de 2025 y confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio, quedó firme tras el rechazo de un recurso extraordinario del Estado por parte de la Corte Suprema. Esa decisión se refería a la medida provisoria sobre salarios y becas, mientras seguía pendiente la discusión de fondo. (TN)

Así se informó en el Decreto 1150/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial en el cual se indicó además que a Sartoris se le aceptó la “renuncia al cargo de Subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano” a partir del 5 de octubre.

En tanto, en el Decreto 1152/2026 firmado por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, se indicó: “Desígnase, a partir del 7 de octubre de 2026, en el cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, al ingeniero Horacio Alberto Guevara, con rango y jerarquía de Secretario”.

Asimismo, señaló: “Acéptase, a partir del 6 de octubre de 2026, la renuncia presentada por el doctor Claudio Adrián Stilvelman al cargo de Superintendente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud". (NA)