El texto señala que ante la necesidad de mayores fondos para afrontar los gastos diarios, el 36,1% de los hogares recurrió a los ahorros para llegar a fin de mes. Este registro representa el valor más alto de los últimos diez años, con la única excepción de 2024.

De esta manera, 3.690.760 hogares, donde habitan unas 11,1 millones de personas, debieron recurrir a sus ahorros de manera forzada en el primer trimestre del año, lo que implica una suba del 18,1% en comparación con el primer trimestre de 2023 y un 0,84% frente a principios de 2025.

El reporte expuso que el endeudamiento se consolidó como la estrategia más requerida por los argentinos, afectando ya a 2,5 millones de hogares que toman deudas solo para subsistir el día a día, y lo catalogó en tres modalidades:

• Deuda informal: afecta de manera exclusiva a 1.051.890 hogares, mientras que si se contempla el porcentaje total de hogares que recurrieron a conocidos (incluyendo a quienes también se endeudaron con bancos) la cifra alcanza al 16,2% (1.655.833 familias). Este indicador informal creció un 17,3% frente al primer trimestre de 2023.
   
• Con entidades financieras: afecta exclusivamente a 901.860 hogares, elevándose al 14,8% de las familias (1.505.803 hogares) al analizar el total general de endeudamiento bancario. Este endeudamiento tuvo un alza del 55,9% respecto a 2023 y de un 15,6% frente al mismo período de 2025.
   
• Doble endeudamiento: un total de 603.943 hogares debió endeudarse de ambas maneras simultáneamente para cubrir sus gastos. Esta situación de vulnerabilidad extrema se disparó un 117,9% frente al primer trimestre de 2023, sumando 326.810 nuevos hogares a esta condición crítica en tres años.

El informe también destaca que el 9,8% de los hogares, es decir 999.291 familias, tuvo que vender pertenencias para poder llegar a fin de mes. Aunque es la estrategia menos utilizada en términos globales, es la segunda que más creció, registrando un aumento del 35,4% con respecto a principios de 2023. Esto representa un incremento de 261 mil hogares desprendiéndose de sus bienes en los últimos dos años.

Por otro lado, se indica que la brecha salarial de género se ha profundizado desde el cambio de gestión. La necesidad de recurrir a estrategias complementarias creció 6,4 puntos porcentuales (p.p.) en hogares con jefatura femenina, el doble del incremento registrado en hogares liderados por varones (3,2 p.p.).

En el caso de los adultos mayores y jubilados, el reporte remarcó que es uno de los grupos donde más avanza el problema debido a la caída del 30% en las jubilaciones mínimas desde el cambio de gestión y al aumento de prepagas y medicamentos.

Esto provocó que el 41% de los hogares con jefatura de 66 años o más deba aplicar estrategias de ingresos, lo que implica un aumento de 7,1 p.p. contra 2023, forzando a muchos de ellos a retornar al mercado laboral. En tanto, los hogares dirigidos por personas de entre 51 y 65 años marcaron el pico de vulnerabilidad con un 49,8% de despliegue de estrategias.

Entre los hogares de ingresos medios, el 51,9% no logra cubrir sus cuentas mensuales con sus sueldos. Para este sector, la principal salida es quemar ahorros (40,3%) y endeudarse con bancos (18,8%, el nivel más alto de todos los deciles). En contraste, en los sectores de bajos ingresos predomina el endeudamiento informal con conocidos (20,4%).

Al trazar el diagnóstico de este escenario, desde el IAG señalaron que el motivo principal es la pérdida del poder adquisitivo. Al respecto, precisaron que el salario real del sector privado registrado perdió en el primer trimestre un 5,4% de su poder de compra frente a 2023, el sector público provincial retrocedió un 14,8%, y los trabajadores del sector público nacional sufrieron un derrumbe del 38,2%.

Asimismo, el cambio en los precios relativos redujo el ingreso disponible debido al encarecimiento de los servicios públicos sobre los bienes. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el gasto promedio de una factura de luz, gas, agua y carga de transporte SUBE pasó de representar el 5,4% de un salario mediano registrado en 2023 a duplicar su peso, absorbiendo actualmente el 10,1% de los ingresos de los hogares. (con información de NA)

El consultor político se despegó de las acusaciones sobre supuestas gestiones realizadas desde su posición cercana al mandatario. "Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", afirmó desde el penal boliviano.

Cerimedo también rechazó cualquier intervención en operaciones económicas o acuerdos vinculados con el entorno presidencial y apuntó especialmente contra las versiones que involucran a María Elena Urquidi. "Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente a quien aprecio profundamente", aseguró.

Además, el asesor manifestó su respaldo personal hacia la primera dama y destacó que conoce su trayectoria. "Sé de su honorabilidad así como la de toda la familia", escribió, en una definición con la que buscó desmarcarla de las versiones que comenzaron a circular alrededor del caso y de las sospechas que alcanzaron al círculo presidencial.

El consultor también criticó la forma en que el episodio adquirió una dimensión política y vinculó esa situación con el escenario que atraviesa Bolivia. "Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político", expresó, antes de señalar a sectores enfrentados con el rumbo del actual Gobierno.

En ese sentido, Cerimedo apuntó directamente contra quienes, según su mirada, pretenden condicionar a la administración de Paz. "No quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo", escribió, en una referencia al período de predominio político encabezado por Evo Morales y sus sucesores dentro del Movimiento al Socialismo.

Cerimedo cerró su carta con una advertencia sobre la información que, según denunció, circuló en su contra y anticipó que dará su propia versión de los acontecimientos. "Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno", concluyó. (C5N)

Ambos permanecen detenidos en un departamento de Luque, en las afueras de Asunción, con más de 630 días de arresto desde que fueron interceptados con una suma millonaria sin declarar.

El juez Humberto Otazú resolvió que las circunstancias que justificaron el arresto domiciliario “no se han modificado”. El magistrado consideró inviable el planteo porque Kueider y Guinsel son ciudadanos extranjeros “sin arraigo suficiente dentro del país”.

La caución juratoria hubiera implicado un compromiso formal de someterse al proceso, presentarse cada vez que fueran requeridos y cumplir las medidas impuestas.

Días atrás, el exsenador por Entre Ríos apeló su condena en Paraguay. El Tribunal especializado en delitos económicos lo condenó a dos años de prisión y a Guinsel, su exsecretaria, a un año y diez meses. En ambos casos la pena quedó con la ejecución en suspenso, por lo que no fueron enviados a la cárcel.

El fallo condenatorio se conoció en julio y el ex legislador está detenido con tobillera electrónica en un departamento de Asunción.

El recurso de apelación ingresó al mismo juzgado el lunes pasado. Ahora, el Tribunal deberá girar el planteo de la defensa a la Fiscalía, que tendrá diez días para expedirse. Con esa respuesta, el expediente pasará al Tribunal de Apelación Especializado.

Los jueces que firmaron la condena en primera instancia —Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete Piris— consideraron que el control aduanero sobre el vehículo en el que viajaba la pareja, una Chevrolet Trailblazer, fue aleatorio.

Según el fallo, Kueider y Guinsel no respondieron cuando les preguntaron si llevaban divisas, y tampoco lo hicieron cuando, tras hallar el dinero en una mochila en el asiento trasero, les consultaron si lo habían declarado. El Tribunal remarcó además que la pareja ya había ingresado al país en otras cinco oportunidades y conocía el procedimiento reglamentario para declarar divisas.

“De estas pruebas valoradas, se desprende que Kueider y Guinsel ingresaron al país dinero en efectivo que supera los 10 mil dólares americanos sin la declaración”, consignó García al momento de la lectura del fallo.

La defensa había argumentado que el delito de contrabando no era aplicable porque el dinero no constituye mercadería en sentido restringido, pero el Tribunal avaló la postura de la Fiscalía y calificó el hecho como tentativa de contrabando, dado que la pareja fue interceptada antes de ingresar al territorio paraguayo. (con información de TN)

El escrito presentado ante el Juzgado Criminal Federal N° 11, sostiene que el 25 de agosto un cadete en moto le entregó a Piccirillo en el departamento donde cumple prisión domiciliaria en Banfield un sobre cerrado y sin remitente identificado.

Según detalló el abogado Gastón Francone, el exmarido de Jésica Cirio, por cuestiones de seguridad, no abrió el paquete y lo llamó de manera urgente. Al revisar el sobre, descubrieron que se trataba de un pendrive con un video de alta resolución que registra, “de forma directa y sin interrupciones”, el procedimiento policial que dio origen a esta causa.

En ese video, que ya fue entregado al juzgado, “se observa con nitidez cómo un efectivo policial abre la puerta trasera de un auto, se agacha portando una linterna en el sector exacto donde luego se simularía el hallazgo del estupefaciente y, al incorporarse, realiza un movimiento inequívoco para reacomodarse el chaleco, denotando la maniobra física de haber extraído un paquete oculto en su indumentaria para implantarlo debajo del asiento del conductor”, aseguró el abogado de Piccirillo.

“Esta maniobra es ejecutada mientras personal femenino se posiciona por delante para obstaculizar la visión y, fundamentalmente, de manera previa a la convocatoria de los testigos de actuación exigidos por ley”, añadió el abogado, al tiempo que agregó: “Esta prueba objetiva descarta la participación de Elías David Piccirillo en la siembra de elementos incriminantes”.

El pendrive fue entregado de manera personal por la defensa de Piccirillo en el juzgado de Lijo para “evitar toda alteración de eventuales rastros papiloscópicos o digitales”.

Este nuevo planteo se da cuando la causa está en la recta final de la instrucción. El pasado 21 de agosto, el fiscal Franco Picardi pidió que Piccirillo sea enviado a juicio oral por la investigación que lo tiene como acusado de haber armado el operativo policial contra Hauque.

Además, solicitó que se investigue la posible participación de Martín Migueles en los hechos y que se determine qué grado de responsabilidad pudo haber tenido en la maniobra denunciada. (TN)

La iniciativa fue planteada en negociaciones reservadas entre funcionarios del Gobierno y referentes de la conducción de la CGT y supone una flexibilización del esquema salarial que la administración de Javier Milei viene aplicando. La intención oficial es mantener el límite del 2% mensual como referencia para los aumentos porcentuales que se homologan en las paritarias, pero habilitar -como parte de esos acuerdos- el pago de sumas fijas o bonos para llevar los sueldos brutos de las categorías inferiores hasta un piso de $ 1.070.000, es decir unos $860.000 en blanco.

Si bien la propuesta está pensada para aliviar la situación en aquellas actividades con salarios más bajos, también tendrá impacto sobre los sueldos del resto de los trabajadores cuyos ingresos se acuerdan en paritarias. La medida apuntaría en forma directa a beneficiar a las categorías inferiores de sectores como textiles, peones rurales, operarios metalúrgicos y de la industria del calzado, ayudantes de la construcción y trabajadores de sectores de servicios como gastronómicos o maestranza, entre otros, cuyos sueldos brutos oscilan entre los $800.000 y $ 1.000.000, bastante por debajo de la línea de pobreza.

Además, la intención oficial de avanzar con el esquema de salario mínimo garantizado se inscribe en el marco de los insistentes reclamos al Gobierno para que disponga medidas destinadas a mejorar los ingresos y reactivar el consumo, y llega después de que el propio Milei rechazara la posibilidad de asistir a las familias endeudadas y atribuyera la situación a un problema "entre privados".

Aunque en el Gobierno insisten en negar que la propuesta pueda ser comparable con un “Plan Platita”, en referencia a las medidas instrumentadas por el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, ya que no implican transferencias del Estado ni un aumento del gasto público, y ratifican que no se aparta de los lineamientos centrales de su plan económico, la iniciativa revela una evidente necesidad política del oficialismo: evitar que el problema del bolsillo se convierta en un costo político que complique el plan de reelección de Milei en 2027.

Con su propuesta, el Gobierno insiste en que el tope de 2% siga funcionando como referencia para los aumentos mensuales que está dispuesto a homologar, pero habilita a los sindicatos a acordar bonos adicionales siempre con caracter de no remunerativo (no aportan a la seguridad social) para incrementar los ingresos de bolsillo de los trabajadores del sector privado formal.

Pese a que la medida atiende uno de sus principales reclamos, en la conducción de la CGT advirtieron que es "insuficiente". Remarcaron que su pretensión, tal como lo plantearon en las conversaciones informales con el Ejecutivo, es que el piso salarial garantizado se equipare con el valor de la canasta básica total, que en julio se ubicó en $1.564.000, y que irán a la carga con ese objetivo en las respectivas negociaciones por actividad. “Proponen un piso de referencia para ayudar ante el daño que está generando el propio modelo, pero no es suficiente”, dijo a este diario uno de los dirigentes de la cúpula cegetista que participa de las conversaciones.

Otro integrante de la primera línea de la central fue más duro: “Están proponiendo maquillar la realidad porque se dan cuenta que tienen que flexibilizar su postura, pero esto no alcanza, vamos a insistir con que ningún salario quede por debajo de la línea de pobreza”.

Inquietud

Más allá de la postura de la CGT, la inquietud oficial pasa ahora por la reacción del sector empresario frente al plan. En varias actividades con salarios por debajo de la línea de pobreza, las cámaras empresarias advierten que tienen dificultades para hacer frente al pago de los aumentos ya acordados por la caída de la actividad y el estancamiento de la economía, por lo que supondrá un problema mayor financiar subas adicionales a su personal como las que plantea ahora el Ejecutivo.

La cambio de timón del Gobierno respecto a la política salarial se da en un contexto en el que los propios datos oficiales confirman la caída del poder de compra de los ingresos de los trabajadores formales. Según el INDEC, en junio, los salarios de los trabajadores privados registrados aumentaron 1,9%, por debajo de la inflación de ese mes, que alcanzó el 2,1%. Pero el deterioro se amplifica en la evolución del último año cuando aumentaron 29,6%, mientras que los precios acumularon una suba cercana al 34%. En el primer semestre, la brecha fue todavía mayor: los salarios s subieron 14,5%, frente a una inflación del 19,3%, es decir, casi cinco puntos de diferencia. Desde el inicio de la gestión de Milei los salarios registrados acumulan una contracción real de 3,6%.

Además, la discusión sobre el plan de un piso salarial garantizado tiene lugar en paralelo a la negociación del salario mínimo, vital y móvil, cuyo nuevo monto se definirá este viernes en el marco del Consejo del Salario. Esa mesa, sin embargo, no será el ámbito en el que el Gobierno planteará el mecanismo del piso de los $1.070.000. Actualmente el salario mínimo se ubica en $376.600, muy por debajo de los umbrales de ingresos que determinan los umbrales de pobreza e indigencia. (con información de Clarín)

El foco de conflicto con el gobierno de José Antonio Kast concluyó luego del intercambio que mantuvieron este miércoles a las 19 Presti y su par chileno, Fernando Barros Tocornal, para aclarar las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde, sobre el Estrecho y la zona austral.

Según explicaron desde el Ministerio de Defensa de Chile, el ministro argentino atribuyó las expresiones de Valverde “a una confusión y desprolijidad”, y aseguró que este conoce la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia. Así, el Gobierno de Milei dejó en claro que “no está en discusión de que el Estrecho de Magallanes es chileno”.

A su vez, Presti comunicó que tanto el canciller Pablo Quirno como el propio jefe de la Fuerza Aérea se comunicarán con sus contrapartes chilenas para aclarar lo ocurrido.

“El ministro Barros agradeció el llamado, valoró la franqueza y agradeció la voluntad de superar oportunamente esta situación de parte de las autoridades del Gobierno trasandino, especialmente en momentos en que fuerzas de ambos países participan en ejercicios combinados en aguas nacionales. Al mismo tiempo, coincidió con el ministro Presti en dar por superado el incidente”, finalizó el comunicado.

La controversia se había desatado el domingo luego de que el líder de la Fuerza Aérea Argentina incluyera al Estrecho de Magallanes dentro de las áreas de custodia de nuestro país.

“Lo otro que tenemos muy importante, como dijeron ustedes, Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía. Hay que mantener ahí, hay que hacer presencia porque eso es una llave bioceánica, Atlántico-Pacífico, y como te digo, eso te puede alertar un montón de cosas”, había afirmado Valverde durante una entrevista con La Fábrica del Podcast.

Las declaraciones generaron un fuerte malestar en Chile, donde varios legisladores de diferentes fuerzas políticas se pronunciaron contra el Gobierno argentino. Por su parte, la Cancillería del país trasandino anunció que enviaría una nota de protesta y su canciller, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo que la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes es “indiscutible” y está fundada en los tratados de 1881 y 1984.

Desde el Gobierno de Javier Milei evitaron hacer comentarios respecto a los dichos de Valverde, y la cartera que conduce Pablo Quirno publicó un comunicado para aclarar el malentendido y preservar la relación bilateral.

“La posición argentina respecto del Estrecho de Magallanes es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, señala el texto, que aclara que ambos instrumentos “rigen plenamente” y son considerados definitivos por la Argentina.

El nuevo encuentro inició a las 17 en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem en representación del Gobierno.

Mientras que el jefe de bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el legislador nacional, y secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis, participan de parte del espacio liderado por Mauricio Macri.

El oficialismo apunta a aceitar las negociaciones parlamentarias, para asegurarse las mayorías que le permitan avanzar con sus reformas prioritarias en ambas cámaras, como sucedió con la reciente media sanción en Diputados a la reforma del Banco Central, entre otros proyectos. Mientras que desde el PRO, como adelantó TN, destacaron que la nueva reunión será para “seguir construyendo confianza” y conseguir una ampliación a su agenda en el Congreso.

Desde el bloque liderado por Ritondo impulsan iniciativas sobre la electromovilidad, siembra al lado de las rutas, vandalismo rural y vehículos de conducción autónoma, entre otros. Además hay diferencias sobre iniciativas clave, como la intención del oficialismo de eliminar las PASO para el 2027, ante las dudas de Ritondo y la negativa de su par en el Senado, Martín Goerling.

Las negociaciones entre ambos espacios pasan por dos claves, asegurarse respaldos en el Congreso del PRO durante los próximos meses y ordenar las condiciones electorales para una potencial alianza para 2027.

En el Gobierno quieren que un eventual entendimiento nacional con Macri tenga correlato en los principales distritos y, al mismo tiempo, que los acuerdos provinciales refuercen mayorías parlamentarias.

La prioridad inmediata será sostener la coordinación legislativa y empezar a fijar las bases de los acuerdos territoriales, con la suspensión de las PASO como uno de los puntos centrales de la negociación.

El Gobierno agiliza el diálogo con el PRO e intenta avanzar en los acuerdos electorales para 2027, por orden de la secretaria general de la Presidencia y jefa del oficialismo a nivel nacional, Karina Milei.

La hermana del Presidente no quiere postergar hasta febrero los principales acuerdos electorales y apuesta a lograr entendimientos políticos básicos, aunque inicialmente sean de palabra, para empezar el 2027 con buena parte del esquema de alianzas encaminado.

A la par de la necesidad de reforzar la territorialidad de los libertarios antes de cerrar los acuerdos. En el Ejecutivo reconocen que las recorridas de funcionarios y dirigentes por las provincias y la Ciudad forman parte de una estrategia de presión. “Tensamos para negociar. Hay que mostrar fuerza”, reconocen en Nación sobre el despliegue que el partido profundizó en las últimas semanas. (TN)

El Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó este jueves al Registro de la Propiedad Inmueble la medida que recae sobre el inmueble en el que reside la exmandataria, que fue embargado preventivamente tras un nuevo pedido del fiscal Diego Luciani.

En el fallo emitido el pasado 12 de agosto, el tribunal conformado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso dispuso avanzar sobre los bienes inscriptos a nombre de Los Sauces SA y Hotesur SA, cuyas acciones están en manos de Máximo y Florencia Kirchner.

Se incluyeron además inmuebles en el Complejo Madero Center, en la Ciudad de Buenos Aires; como también el Hotel La Aldea Del Chaltén y otros ubicados en El Calafate y Río Gallegos, en Santa Cruz.

Este nuevo pedido del fiscal busca preservar los bienes para alcanzar un decomiso por casi $685.000 millones. Este monto surge de la actualización del perjuicio económico juzgado en la causa.

La Justicia había condenado a Cristina Kirchner a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la adjudicación irregular de 51 licitaciones al Grupo Austral de Lázaro Báez entre 2003 y 2015, por obras en la provincia de Santa Cruz. (con información de NA)

El fallo de la Sala I firmado por los jueces Enrique Catani y Gabriela Vázquez, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, remarcó que el artículo 55 de la Ley 27.802 aprobada por el Congreso Nacional viola los artículos  14, 16 y 17 de la Constitución Nacional, como también el artículo 14 bis.

La sentencia fue emitida en relación al despido de un trabajador de un lavadero, y establece que el apartado de la reforma laboral “no supera el examen de constitucionalidad”.

Catani explicó que la norma “lesiona el derecho de propiedad privada del acreedor”, ya que “aún aplicando el piso mínimo contemplado en la propia disposición -el 67% por ciento del importe que resultaría de actualizar el capital conforme la variación del IPC con más una tasa del 3% anual- el régimen conduce necesariamente a la pérdida de una parte sustancial del valor del crédito”.

Por otro lado, remarcó que la ley coloca en “peor situación” a quienes “se vieron obligados a promover una demanda judicial para obtener la satisfacción de su derecho” con respecto a las indemnizaciones. “La distinción es irrazonable, porque no se funda ni en la naturaleza del crédito ni en la fecha de su devengamiento, sino exclusivamente en su judicialización”, agregó.

También explayó que el artículo 55 “somete a un régimen menos favorable a quienes recurrieron al Poder Judicial para obtener tutela”, pese a que la Constitución establece la “prohibición de imponer cargas o perjuicios por el solo hecho de ejercer legítimamente”.

El juez consideró también que en este caso no cabe invocar la “doctrina del esfuerzo compartido”, ya que “la Constitución no autoriza a distribuir la pérdida entre acreedor y deudor”.

De esta forma, el fallo sentó un precedente sobre el artículo 55. Sin embargo, Catani afirmó que esto no implica que se aplique el régimen anterior a la ley 27.802, sino que se establecen los parámetros establecidos en el artículo 54 de la misma.

Este dice: “Los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados por la variación que resulte del Índice de Precios al Consumidor (IPC)-Nivel General, elaborado por el INDEC, con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual sobre el capital actualizado, desde que cada suma sea debida y hasta el momento del efectivo pago”. (NA)

En una charla frente a alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria ORT, Milei presentó su próximo libro, Ética como política de Estado, y remarcó que no aceptará modificar el rumbo de su gestión y “ser más laxo” pese a la “cierta presión” que recibió en los últimos meses para hacerlo.

“Por más sucios que sean, eso no justifica que tengamos que jugar sucio. Por eso recientemente se filtró una frase mía que dice ‘al populismo no se le gana con más populismo, se le gana haciendo las cosas bien’”, sostuvo el mandatario.

Y agregó: “Eso, al margen que si uno hace un buen análisis económico terminaría mal, aún cuando terminara bien sería un contrasentido querer ganarle al populismo haciendo populismo. Sería una victoria pírrica”.

En ese sentido, Milei subrayó que su gestión no está dispuesta a negociar sus “valores éticos y morales” y prometió: “Vamos a seguir haciendo lo que está bien y lo que es justo. Y no vamos a ceder al canto de las sirenas”.

El mandatario enmarcó la necesidad de defender las políticas de su gestión frente a la “gente demagógica” que crea los denominados “mercados repugnantes” para hacer campañas negativas. “Lo padecí en 2023, cuando decían que yo iba a vender órganos, promover la venta de armas en los kioscos de los colegios para que los chicos se maten en el recreo. No pasó eso”, subrayó.

Así, sostuvo, el nuevo “mercado repugnante” impulsado por sus críticos es el de la morosidad. Y remarcó: “Es siempre lo mismo. Son argumentaciones para dividir a la sociedad en mercados que generan controversia y achicando el conjunto sobre los que pueden adherir a la posición del Gobierno”.

Sin embargo, Milei aseguró que él “confía en los argentinos” y que su Gobierno “seguirá haciendo lo que es correcto”. (TN)

La medida, que fue formalizada por un decreto del presidente Donald Trump, busca contener los precios internos de la carne vacuna en Estados Unidos, que vienen alcanzando récords históricos en los últimos meses.

El nuevo cupo arancelario adicional, denominado técnicamente "Otros países o áreas", podrá ser aprovechado exclusivamente por Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos, por lo cual los exportadores argentinos no podrán participar.

La exclusión de la Argentina, al igual que las de Uruguay, Australia y Nueva Zelanda, no responde a una sanción comercial, sino a que estos países ya disponen de contingentes específicos y libres de aranceles previamente acordados con los Estados Unidos.

En febrero pasado, la administración de Trump ya había acordado con el gobierno argentino una ampliación de su cupo arancelario particular, elevándolo de 20.000 a 80.000 toneladas anuales sin aranceles, un beneficio que ya venía impulsando un fuerte crecimiento en las ventas de los frigoríficos locales hacia el mercado norteamericano.

La decisión de Washington responde a una delicada situación estructural en su mercado interno. Actualmente, el stock ganadero estadounidense se encuentra en su nivel más bajo en los últimos 75 años. Además, el Departamento de Agricultura (USDA) proyecta una reducción del 4% en la producción nacional de carne vacuna para fines de diciembre, en comparación con el año anterior.

Esta escasez de oferta está impulsada por fuertes sequías e incendios forestales en las zonas productoras y por restricciones estrictas a la importación de ganado desde México, aplicadas con el fin de contener la propagación del gusano barrenador del Nuevo Mundo.

Contemplando que el país se mantiene como el mayor consumidor de carne vacuna del mundo por volumen y el segundo en términos per cápita, la Casa Blanca busca que este ingreso excepcional incremente la oferta un 10% y logre que la mercadería importada se comercialice con un descuento del 25% respecto de los precios habituales de importación.

La cuota temporal entrará en vigencia el 1 de septiembre y se extenderá por un plazo de 90 días, estructurada en tres tramos mensuales de 100.000 toneladas cada uno. El primer tramo irá del 1 al 30 de septiembre, el segundo del 1 al 30 de octubre y el tercero comenzará el 31 de octubre y durará hasta agotar el stock o hasta el 30 de noviembre. (NA)

La reapertura se concretará con una normalización progresiva, marcada por demoras, reprogramaciones y un intenso movimiento en la terminal porteña y el primer aterrizaje será del vuelo AR1733 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Paraná, mientras que el primer despegue previsto será el del vuelo AR1464, también de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago del Estero.

Durante el cierre, Ezeiza absorbió cerca del 80% de la operación doméstica, lo que generó cierta saturación en mostradores, algunas demoras en despacho de equipaje y un incremento del tráfico terrestre hacia el aeropuerto internacional, no obstante, las operaciones se desarrollaron normalmente sin ningún tipo de dificultad en cuanto a despegues y aterrizajes.

Empresas de transporte reportaron un aumento del 40% en la demanda de servicios hacia Ezeiza entre martes y jueves, mientras que taxis y remises debieron reforzar flotas para cubrir la demanda.

El operativo de reapertura incluyó inspecciones finales de pista, calibración de sistemas de aproximación y verificación de balizamiento. Técnicos de Aeropuertos Argentina y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) realizaron pruebas desde la madrugada para garantizar que la pista estuviera en condiciones óptimas. Las obras incluyeron tareas de fresado, repavimentación y mantenimiento preventivo, parte de un plan de inversión que supera los USD 85 millones.

Aerolíneas Argentinas informó que logró reubicar al 92% de los pasajeros afectados durante el cierre, mientras que JetSmart ofreció alternativas desde Ezeiza y, en algunos casos, desde aeropuertos regionales como Rosario y Córdoba.

Las obras realizadas permitirán mejorar la seguridad operacional y reducir futuros cierres prolongados. El plan de modernización incluye ampliación de la plataforma norte, mejoras en el hall de check-in, nuevas áreas de preembarque y optimización del Punto de Inspección y Registro (PIR). También se incorporarán tecnologías para agilizar procesos y reducir tiempos de espera.

La jornada de reapertura se desarrolló sin incidentes, aunque con demoras que se mantendrán hasta la noche. Las aerolíneas recomendaron a los pasajeros verificar el estado de su vuelo y considerar alternativas de transporte ante posibles congestiones en la zona aeroportuaria. (NA)

La iniciativa, que modifica la ley 27.799, amplía el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias: podrán adherirse todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, sin los límites de ingresos y patrimonio que regían hasta ahora. El plazo para ingresar a los beneficios, además, se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027.

Entre los cambios centrales, se redefine qué se considerará una "discrepancia significativa", es decir, el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración simplificada. El parámetro será una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

La norma mantiene, de todos modos, las facultades de fiscalización de ARCA sobre contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. A la vez, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal y utilizar medios autorizados por el BCRA o la CNV.

Otro de los cambios incorporados durante el tratamiento legislativo fue la reducción del 25 % en las multas por infracciones formales para las pequeñas y medianas empresas, uno de los puntos que terminó de delinear el texto aprobado en la Cámara baja.

La aprobación de la denominada Ley de Inocencia Fiscal representa uno de los avances legislativos que buscaba el Gobierno en la sesión de Diputados, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Tras obtener la aprobación en la Cámara baja, la iniciativa deberá continuar ahora su trámite parlamentario en el Senado. (NA)

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de "discrepancia significativa", que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs). (NA)

El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, considerado ex mano derecha del exministro Julio De Vido, deberá presentarse el 16 de septiembre en los tribunales de Comodoro Py.

La investigación comenzó en 2017 e investiga los años en que Baratta ocupó cargos públicos, entre 2003 y 2015. En 2021, cuando el expediente estaba a cargo de Ariel Lijo, ya había sido convocado a declarar, pero esa indagatoria no se concretó porque restaba completar la pericia. Ese estudio, realizado con posterioridad, fue ratificado en las últimas semanas por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

El núcleo de la imputación apunta a un incremento patrimonial que, según la investigación, no habría sido justificado con sus ingresos. Entre los bienes observados figuran departamentos y cocheras en la Ciudad de Buenos Aires, vehículos, un lote y una vivienda en el Country Mapuche, en Pilar.

El predio fue adquirido el 19 de septiembre de 2012 por 70.000 dólares en efectivo. La construcción, tasada en alrededor de 3.700.000 pesos, se pagó también en efectivo entre diciembre de 2012 y enero de 2015. La propiedad quedó a nombre de los padres del exfuncionario y se encuentra embargada.

La defensa sostiene que la casa del country pertenece a sus padres y que un departamento en Las Cañitas es de su exesposa, Cecilia Vanesa Raspanti, adquirido antes del matrimonio. (TN)

La iniciativa del oficialismo plantea cambios en el funcionamiento del organismo y busca limitar los mecanismos que permiten financiar al Estado con emisión de dinero. Además, establece nuevas reglas para la distribución de las ganancias de la entidad y refuerza la independencia de sus autoridades.

Uno de los principales cambios es que el Banco Central vuelve a tener un objetivo central: preservar el valor de la moneda.

La Carta Orgánica vigente desde 2012 establece cinco objetivos para la entidad: mantener la estabilidad monetaria y financiera, promover el empleo y contribuir al desarrollo económico con equidad social. El proyecto elimina ese esquema de objetivos múltiples y establece que la prioridad será cuidar el valor del peso.

La reforma parte de la idea de que tener varios objetivos puede llevar al Banco Central a tomar medidas que impliquen una mayor emisión de dinero, por ejemplo, para sostener el crédito, la actividad económica o el sistema financiero.

Se termina el financiamiento del Tesoro con emisión

Otro de los puntos centrales es la prohibición del financiamiento monetario al sector público.

El proyecto elimina los adelantos transitorios, un mecanismo que permite al Banco Central transferir fondos al Tesoro. Ese instrumento llegó a representar el equivalente al 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2012, aunque no fue utilizado por la actual administración.

Además, la iniciativa prohíbe que el BCRA compre títulos de deuda del Estado en el momento en que son emitidos. La restricción alcanza a los gobiernos nacional, provinciales, de la Ciudad de Buenos Aires y municipales.

De esta manera, el proyecto busca cerrar los distintos mecanismos por los que la emisión de dinero puede terminar financiando el déficit de las cuentas públicas.

También elimina una norma vigente desde 2006 que permitía utilizar reservas internacionales para pagar deuda del Tesoro con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros acreedores, a cambio de recibir Letras Intransferibles.

Qué cambia con las ganancias

La reforma también modifica la forma en que el BCRA puede transferir sus ganancias al Tesoro. Actualmente, una parte de las ganancias contables puede surgir simplemente por el aumento del valor en pesos de activos que el Banco Central tiene en moneda extranjera. Es decir, puede tratarse de una ganancia que todavía no se concretó mediante una operación.

El proyecto establece que esas diferencias de valor por el tipo de cambio o por la tenencia de oro no podrán ser distribuidas al Tesoro. En cambio, deberán quedar registradas como parte del capital del Banco Central o en una reserva especial.

Solo podrán transferirse al Estado las ganancias efectivamente realizadas y disponibles, y además deberán destinarse exclusivamente a cancelar deuda pública.

Cómo busca reforzar la independencia

Otro de los cambios está relacionado con la estabilidad de las autoridades del BCRA. El proyecto limita las situaciones por las que pueden ser removidos el presidente y los directores de la entidad.

La normativa actual contempla la posibilidad de destituirlos por una causa amplia como la “mala conducta”, con la intervención de una comisión del Congreso a través de un dictamen que no es vinculante.

La reforma reemplaza ese mecanismo por tres causales concretas: violación de incompatibilidades, incapacidad y falta grave y manifiesta. Además, para remover al presidente o a un director será necesario que ambas cámaras del Congreso aprueben la decisión con una mayoría de dos tercios de los votos.

El proyecto también elimina la participación del ministro de Economía, o de su representante, en las reuniones del directorio. Actualmente puede asistir y participar con voz, aunque sin voto.

Qué dice la reforma sobre las reservas internacionales

Por último, la iniciativa incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de las reservas internacionales del Banco Central.

También establece nuevas reglas sobre los activos externos en los que puede invertir la entidad y habilita de manera expresa el uso de las reservas como garantía en operaciones propias de la actividad del Banco Central.

A su vez, amplía las posibilidades de financiamiento del BCRA con organismos multilaterales, otros bancos centrales y bancos internacionales. (con información de TN)

La problemática ya alcanza a unas 6 millones de personas y este miércoles en la Cámara de Diputados el oficialismo logró bloquear un intento de la oposición para que ese traten distintos proyectos al respecto.

“No vas caso por caso. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu caso? Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarra todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la televisión para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar la deuda”, fue la explicación completa que dio el legislador, en la que apuntó contra los reclamos que, según dijo, mezclan situaciones distintas sin analizar caso por caso.

Benegas Lynch buscó marcar una diferencia entre los deudores que se financiaron para gastos de consumo y aquellos que, según su planteo, contrajeron deudas para afrontar necesidades básicas.

El diputado había comenzado su intervención señalando una supuesta estrategia de la oposición para afectar al Gobierno desde el Congreso, con leyes que generan déficit fiscal.

“El primer paso era romper, el segundo paso es seguir con el guión de llorar de las deudas de la gente que no puede y que poco menos se está muriendo de hambre y no puede pagar las cuentas”, señaló.

Más adelante, sostuvo que los pedidos de rescate terminan beneficiando al sistema financiero antes que a los propios deudores.

“Es exactamente lo contrario de lo que dicen defender. Están defendiendo a los bancos -agregó-. Quieren el bailout de los bancos, básicamente”.

En esa línea, apuntó contra quienes reclaman asistencia para los deudores pese a criticar públicamente al sistema financiero: “Son tipos que vienen con el discurso siempre contra el sistema financiero usurero y todo, y ahora están defendiendo eso porque quieren el bailout de los bancos”, amplió. (con información de TN)

La iniciativa recogió 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y ahora será girada al Senado para su aprobación definitiva.

El proyecto busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

A modo de pisar la emisión monetaria, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

“Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien”, celebró el presidente Javier Milei en su cuenta de X, poco después de conocerse el resultado de la votación.

De qué se trata

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Ahora la Cámara baja debate  los proyectos de Inocencia Fiscal II y del Tratado de cooperación en materia de Patentes, entre otras iniciativas, por lo que se espera una sesión maratónica, que podría extenderse durante buena parte de la madrugada. (NA)

Noticia en desarrollo

La reunión tuvo lugar en el Vaticano, desde donde afirmaron que, como parte de la recorrida en las visitas del Santo Padre, visitará una cárcel que podría ser la de Villa Devoto, y que el estadio de River Plate podría ser escenario de un evento multitudinario.

La Ciudad de Buenos Aires y, precisamente, la Nunciatura será la casa del papa durante su estadía en el país. 

Desde allí, León XIV se movilizará a los lugares que aún no están confirmados definitivamente. A la espera de la ratificación, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, no brindó precisiones, pero sí dijo que ya hay lugares establecidos donde estará.

Asimismo, en declaraciones radiales, Scheining dio a conocer también que León XIV va a estar en Buenos Aires el lunes nueve de noviembre, pasará por Córdoba el martes 10 y cerrará su gira en Luján el miércoles 11.

Además, se analiza la posibilidad de que mantenga encuentros con seminaristas, personas privadas de la libertad, religiosos y personas con discapacidad.

En este contexto, Scheining sostuvo: “El fino lo vamos a poner esta semana, pero el grueso es que va a estar el lunes en Buenos Aires, el martes en Córdoba y el miércoles en Luján, siempre haciendo base en la Nunciatura”. 

Lo propio dependerá del informe que realicen los representantes del Vaticano que ya están en Buenos Aires, prestos a recorrer cada lugar para cuidar los detalles del itinerario y la seguridad de la llegada de León XIV en la primavera argentina.

León XIV recibirá este jueves en Roma al presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y al secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro. 

Por último, “vamos a tener distintos encuentros, eso es lo que se está afinando”, afirmó el arzobispo de Mercedes-Luján, Scheining, sobre su encuentro con León XIV.

Detalló también que fue la primera vez que estuvo con el papa e indicó que “es un hombre muy agradable, muy, muy sereno, muy tranquilo, escucha, está atento. El diálogo fue muy fraterno. Charlamos de la Argentina, de la Iglesia y de su visita”. (NA)

Las indagatorias comenzarán el 2 de octubre y se extenderán hasta el 9 de diciembre, en el marco de la causa conocida como Vacunatorio VIP. Los beneficiarios están acusados de haber sido partícipes necesarios del delito de peculado, según el planteo realizado en el expediente.

La investigación está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien debe avanzar con esta nueva etapa de la causa. Se trata del segundo grupo de personas alcanzadas por la investigación judicial, después de que el primer tramo, centrado en los funcionarios que habrían facilitado el acceso irregular a las vacunas, fuera elevado a juicio oral.

El expediente analiza la aplicación de vacunas Sputnik V a personas que, según la acusación fiscal, no formaban parte de los grupos que tenían prioridad para recibirlas en aquel momento, cuando las dosis disponibles eran todavía escasas.

El fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo que quienes recibieron las vacunas no tuvieron un papel meramente pasivo, sino que su conducta habría sido necesaria para concretar el desvío de recursos públicos. La figura de peculado contempla el uso o disposición irregular de bienes públicos por parte de funcionarios que los tienen bajo su administración o custodia.

La investigación se concentra en tres episodios ocurridos entre fines de 2020 y febrero de 2021.

• El primero tuvo lugar el 18 de febrero de 2021, cuando diez dosis destinadas al Hospital Posadas fueron trasladadas hasta la sede del Ministerio de Salud. Allí, en las inmediaciones del despacho del entonces ministro de Salud, Ginés González García, se instaló un vacunatorio en el que fueron inmunizados, entre otros, el periodista Horacio Verbitsky, Taiana y Valdés.
  
  Según la investigación, varios de los beneficiarios fueron incorporados al sistema oficial bajo la categoría de “Personal Estratégico”, pese a que no cumplían con las condiciones establecidas para acceder a la vacuna.
   
• El segundo episodio ocurrió el 1 de febrero de 2021, cuando cinco dosis fueron llevadas hasta el domicilio de Duhalde, en Lomas de Zamora. Allí fueron vacunados el expresidente, su esposa “Chiche”, sus hijas María Eva y Juliana y su secretario privado, Carlos Alberto Mao, de acuerdo con la acusación fiscal.
  
  La fiscalía señaló que la vacunación a domicilio estaba prevista para personas que tuvieran dificultades físicas para trasladarse. En el caso investigado, sostuvo que esa circunstancia no fue constatada.
   
• El tercer hecho bajo análisis comprende la aplicación de 36 dosis en el Hospital Posadas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021. Entre las personas alcanzadas aparece Patricia Alsua, esposa de Zannini, además del exintendente de Tres de Febrero Hugo Curto y su esposa, Filomena Burgos.

Vacunatorio VIP: cómo empezó la causa

La causa por el Vacunatorio VIP se inició en febrero de 2021, luego de que se conociera que determinadas personas habían accedido a la vacuna contra el coronavirus por fuera de los mecanismos de prioridad establecidos durante la campaña de inmunización.

La investigación tomó especial repercusión después de que Verbitsky revelara públicamente que había conseguido vacunarse en el Ministerio de Salud. El episodio derivó en la salida de Ginés González García de la cartera sanitaria.

En una primera instancia, la jueza Capuchetti había archivado las actuaciones respecto de las personas vacunadas al considerar que no habían cometido un delito. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó esa decisión y ordenó profundizar la investigación sobre los beneficiarios de las dosis.

Mientras avanza esta segunda etapa, el primer tramo de la causa ya fue enviado a juicio oral. Allí serán juzgados los exfuncionarios Alejandro Costa, Alejandro Maceira y Marcelo Guille, acusados por los delitos de abuso de autoridad y peculado. (con información de TN)