“Retornando a la normalidad”, afirmó el jefe de Estado en su cuenta de X.

“A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, agregó Milei al conocer los números que difundió el INDEC este jueves.

El Presidente compartió un mensaje del ministro de Economía, Luis Caputo, quien hizo hincapié en que “la inflación de abril fue de 2,6%, la mas baja en 5 meses”. Además, señaló: “La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre”.

Caputo resaltó: “Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″.

Luego, el titular del Palacio de Hacienda detalló: “La Canasta Básica Alimentaria (CBA), relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.

"La idea es conformar la comisión que va a determinar cómo vamos a distribuir los fondos de la partida Hospitales Universitarios", sostuvo una importante fuente. 

En el Poder Ejecutivo mantiene la idea de insistir con una propuesta salarial que parece no encontrar resolución con el reclamo que mantiene el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que presentó una medida cautelar para efectivizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei. 

A raíz de los fallos judiciales que obligan a la administración libertaria a cumplir con la normativa, desde la mesa política diseñaron un proyecto que adapta el contenido de la misma y que establece una recuperación del 12% segmentado en tres trimestres en los que se aplicará un incremento del 4,1% del sueldo de diciembre de 2025 durante los meses de marzo, julio y septiembre. 

En Balcarce 50, sostienen que la propuesta, que incluye una actualización de automática del presupuesto destinado a gastos de funcionamiento, en caso de que la inflación superase el 14,3% anual proyectado; y un incremento del $80.072.460.000 del crédito presupuestario destinado a la asistencia financiera de hospitales universitarios, será la base que utilizarán para negociar. 

A contramano, las autoridades universitarias, que aún no recibieron la convocatoria formal de parte del Ministerio de Capital Humano, rechazan lo ofertado al sostener que la cifra es insuficiente y que esperan que el Gobierno reactive la negociación paritaria con los gremios. 

Las Casas de estudio reclaman una composición salarial calculada desde 2023 a la fecha, y la actualización de los gastos de funcionamiento y de las becas. "Hasta ahora no hay marco para iniciar el diálogo", responden.

Según esgrimen, esperan conversar cifras que se acerquen más a la oferta contemplada en la propuesta original. “Nosotros queremos que se cumpla la ley original. Aunque sea en cuotas. De los 50 puntos iniciales, que ofrezcan 12 nos parece una vergüenza”, se expidió un interlocutor.

En el marco de la movilización que tuvo lugar el pasado miércoles, el Ejecutivo instrumentó una reducción de $78.768 millones del presupuesto y que se suma al reclamo por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

En Casa Rosada hay quienes señalan al Ministerio de Economía como el principal responsable de la escalada del conflicto debido a que no habilita los fondos para hacer frente a los pedidos. 

Desde la UBA le atribuyen la demora en la resolución a la interna encarnada entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Una de las autoridades de la alta casa de estudios sostiene que el consultor alcanzó un acuerdo en enero que fue "congelado" por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menen, para evitar que el primero se "anote un triunfo". 

Desde la Cámara de Diputados rechazan el planteo y aseguran que el oficialismo no contaba con los apoyos legislativos. (NA)

Tras la polémica, el legislador libertario se comunicó con un servicio de remolque privado para que lleve su pick-up eléctrica, estacionada en las inmediaciones del Congreso, a Jujuy. Cerca del libertario indicaron que tuvieron que acarrearlo porque el vehículo tiene una autonomía de 500 kilómetros y no hay cargadores eléctricos en el camino.

El hecho encendió las alarmas sobre una posible infracción. Las dudas se centran en si el legislador había circulado por las calles porteñas con un vehículo sin identificar.

Ayer Quintar había causado un fuerte revuelo al estacionar su camioneta de diseño futurista en el playón de la Cámara de Diputados. En un contexto de ajuste y bajo el lema “No hay plata”, la imagen de la Cybertruck —cuyo valor en Argentina puede superar los US$100.000 debido a los costos de importación y aranceles— generó críticas inmediatas de la oposición.

“A mi nombre, con la mía”, se había defendido el diputado en sus redes sociales, acompañando el posteo con una foto del vehículo.

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, circular sin patente (o con la placa tapada o ilegible) es considerada una infracción “muy grave”. En la Ciudad de Buenos Aires, las multas por este tipo de faltas pueden alcanzar hasta las 1000 Unidades Fijas, lo que representa una cifra superior al millón de pesos, además de la retención preventiva del vehículo.

Tras la viralización de las imágenes donde se veía la parte trasera de la camioneta desnuda de identificaciones, se le habría sugerido al legislador que retirara la unidad.

Ahora, la controversia se traslada a los registros: se investiga si el vehículo entró al país bajo el régimen de importación definitiva y si ya cuenta con la documentación necesaria para circular.

Quién es Manuel Quintar

Quintar, de 44 años, es un abogado y empresario jujeño vinculado al sector de la salud. Se define como un “outsider” de la política, aunque tuvo un paso previo por el Partido Justicialista antes de sumarse a las filas de Javier Milei.

Desde su asunción en 2023, ha mantenido un perfil alto en redes sociales, defendiendo el libre mercado y la propiedad privada, aunque esta vez, su interpretación de la libertad terminó chocando con el Código de Tránsito. (con información de TN)

En tanto, el letrado Matías Ledesma representa a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y también ejerce la defensa de Diego Mellino, hijo de Orlando Mellino -el jubilado de 75 años involucrado en la investigación por la ruta del dinero vinculada al caso $LIBRA-.

La información que trascendió fue que Orlando Mellino recibió y giró a una cuenta desconocida más de un millón de dólares digitales tras una reunión entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La Justicia analiza movimientos financieros y transferencias relacionadas con el caso, mientras intenta reconstruir el recorrido de los fondos vinculados al empresario Hayden Davis.

La Nación sostuvo además que Ledesma también representa a integrantes de la familia Mellino en otro expediente judicial por presunto contrabando, lo que generó un nuevo foco de atención sobre las conexiones entre ambas causas.

La investigación sobre Adorni revisa gastos, préstamos, viajes y movimientos patrimoniales para determinar si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y su evolución económica. (NA)

En LAM, Karina Iavicoli y Ángel de Brito compartieron la primera información sobre el supuesto nuevo amor del expresidente y el origen de su romance: “Mauricio estaría saliendo con una excompañera de trabajo, una chica muy linda, que trabaja en Ceremonial y Protocolo y que no tenía un cargo muy alto". 

La panelista aseguró que, si bien el romance comenzó ahora, ellos "se conocían de antes”. 

Al parecer, Mauricio Macri estaría dispuesto a dar el siguiente paso en la relación y presentaría a Dolores a su círculo íntimo durante esta semana o la próxima: “Lo que me cuentan es que él ya había hablado con Juliana y con sus hijos, porque iba en serio”.

¿Quién es Dolores Teuly?

Según informaron algunos medios, Dolores -- Lolo -- Teuly es una empresaria que se desempeñó previamente como asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia durante el mandato de Mauricio Macri. Tiene alrededor de 46 años, madre de dos hijos, es rubia y de ojos claros.

Una información que resuena fuerte en los medios es que Macri estaría a punto de oficializar su vínculo con Teuly de manera pública durante esta semana o la próxima. (NA)

"Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", inició Tabar. 

Y siguió su relato, en diálogo con radio Rivadavia: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar". 

Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo".

"Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.

🔴 "ADORNI PAGABA PERSONALMENTE EN EFECTIVO Y NOS MANEJABAMOS EN DÓLARES"

Matías Tabar, contratista que realizó refacciones en la casa del country de Manuel Adorni, dialogó con Nelson Castro (@nelsonalcastro) sobre el costo total de la obras realizadas, cómo se realizaban los… pic.twitter.com/wpqYS6dXLU

— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 14, 2026

Tabar dijo que sabía a lo que se exponía al presentarse en la Justicia. La causa que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita. "Tampoco me quedaba mucha alternativa", se sinceró.

Sobre su vínculo con Adorni, Tabar afirmó que lo "adora" y que le gustaría retomar el diálogo con el funcionario nacional, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. 

"Lo adoro. A él, a su familia. Hoy en día me toca estar en este lugar, y entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar. Es una persona con la cual conviví casi un año y medio", agregó y sentenció: "Es una cagada tener que transitar todo esto". (NA)

En ese sentido, el Banco Central deberá requerir a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera de Francisco Adorni. También hay pedidos a ARCA, entre otras medidas que había solicitado el fiscal Guillermo Marijuán al impulsar el caso.

El juez, que subroga en estos días el Juzgado Federal 6, hizo lugar a las medidas requeridas por el fiscal Marijuán, quien impulsó formalmente la pesquisa a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. La investigación tiene "la hipótesis sobre el presunto incremento patrimonial no justificado de Francisco Jorge Adorni".

Según la denuncia, el funcionario "habría tenido lugar en el lapso de tiempo en que se viene desempeñando con funciones en el ámbito ejecutivo nacional", primero como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego, desde junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF).

El fiscal recordó que, de acuerdo con la denuncia, Francisco Adorni "no registraba antecedentes públicos de trayectoria en la función pública nacional ni patrimonio compatible con la incorporación de bienes registrables de alto valor en plazos breves".

En el escrito se detalló además que, al asumir funciones públicas, Adorni declaró ante la Oficina Anticorrupción el 50 % de una vivienda en City Bell valuada en $38.790.000 y el 50% de un vehículo Chery Tiggo modelo 2017 tasado en $5 millones. También consignó bienes y dinero por un total de $43.790.000 y "ninguna suma en concepto de deudas".

Sin embargo, el fiscal advirtió que en la declaración jurada anual correspondiente a 2025 el funcionario informó un patrimonio neto de $80.500.000.

Según se consignó, el incremento "se explicaría sustancialmente" por dos operaciones: la incorporación del 50 % de una Jeep Renegade 2020 valuada en $8 millones y, especialmente, la cancelación en apenas un año de un crédito hipotecario de aproximadamente $60 millones otorgado por el Banco Provincia.

En uno de los tramos del dictamen, el fiscal señaló que "incluso asumiendo una capacidad de ahorro extraordinaria del cien por ciento (100 %) del salario percibido, el flujo disponible en el período resultaría insuficiente para explicar la cancelación en un breve lapso de 12 meses de un pasivo hipotecario por aproximadamente 60.000.000 de pesos".

A pesar de mencionar la existencia de otra causa vinculada al patrimonio de Manuel Adorni, el fiscal aclaró que "aquellas menciones que a su respecto efectúa en la denuncia no serán objeto de esta investigación".

Para avanzar con la pesquisa, el juez accedió a las medidas sugeridas por el Ministerio Público, ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Francisco Adorni y requirió una extensa serie de informes a organismos públicos y entidades financieras.

Entre otras medidas, solicitó información a ARCA sobre declaraciones juradas, movimientos patrimoniales, cuentas bancarias, consumos con tarjetas, operaciones cambiarias, bienes registrables y eventuales movimientos vinculados a activos virtuales.

También pidió al Banco Central que requiera a bancos y entidades financieras el detalle de cuentas corrientes, cajas de ahorro, transferencias, depósitos en efectivo, tarjetas de crédito, plazos fijos, cajas de seguridad y operaciones de compra y venta de moneda extranjera.

El dictamen de Marijuan incluyó además un requerimiento específico al Banco Provincia para que remita "detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026", incluyendo fecha, monto, medio de pago y origen de los fondos utilizados.

La investigación también apunta a reconstruir posibles vínculos societarios, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros del funcionario. Para eso, se libraron pedidos a la UIF, IGJ, registros de propiedad inmueble, automotor, aeronaves y buques, compañías aseguradoras y empresas de envío de dinero.

Además, el fiscal requirió al Ministerio de Defensa el legajo completo de Francisco Adorni, las resoluciones de designación y el detalle de haberes percibidos desde 2023. A la Oficina Anticorrupción le pidió las declaraciones juradas patrimoniales públicas y sus anexos reservados. (Ámbito)

En primer lugar, se levantó la sesión impulsada por bloques opositores que buscaban avanzar con la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debido a que no se alcanzó el quórum necesario para iniciar el debate.

Tras la caída de la convocatoria, distintos sectores de la oposición avanzaron rápidamente en una nueva estrategia parlamentaria. Con el acompañamiento de Unión por la Patria, se pidió una nueva sesión especial para el próximo miércoles 20 de mayo a las 11 de la mañana.

En esta oportunidad, el temario sería más amplio e incluiría iniciativas impulsadas por el peronismo. Además de la interpelación al funcionario nacional, se buscará debatir modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, licencias por nacimiento, régimen de licencias parentales, la creación del plan Remediar y distintos pedidos de informes vinculados al PAMI.

Según trascendió, la convocatoria contaría con el respaldo de bloques como Provincias Unidas, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y Encuentro Federal, además de algunos monobloques encabezados por Marcela Pagano y Natalia de la Sota.

En paralelo, también se conoció que La Libertad Avanza en Diputados realizó su propia convocatoria para sesionar el mismo día.

En ese caso, el oficialismo propuso tratar la denominada "Ley de Hojarasca" y otros tratados parlamentarios. La presentación habría sido realizada por el presidente de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.

“No se verifica en las grabaciones realizadas información alguna que permita siquiera presumir algún riesgo concreto o real a la seguridad de la Nación o de los funcionarios del Poder Ejecutivo que allí se desempeñan”, asegura el fallo.

Para el magistrado, “al haberse acreditado que las grabaciones no generaron condiciones aptas para revelar secretos concernientes a la seguridad nacional o del normal funcionamiento de la Casa de Gobierno y/o a la actividad de sus funcionarios, como tampoco la existencia de información clasificada que haya sido efectivamente descubierta y publicada sin autorización, es que no se advierte la concurrencia de los elementos típicos exigidos por las normas invocadas".

Por lo tanto, profundizó Lijo, “los hechos investigados se encuentran fuera de la órbita del derecho penal”.

Lijo coincidió con el dictamen del fiscal Gerardo Pollicita donde afirmó que no se verifica en el caso la presencia de “noticias, documentos, informaciones u objetos de orden político, social, militar o económico que deban permanecer secretos” ni que la divulgación del material obtenido haya implicado secretos que hacen a la defensa del Estado Nacional.

En la sentencia, se destacó que las imágenes que salieron al aire “resultan, en su mayoría, ya conocidos por el público en general a través de múltiples fuentes de acceso libre, tal como señaló el Fiscal Federal: la propia página oficial de la Presidencia de la Nación, plataformas audiovisuales de acceso irrestricto, e inclusive herramientas de geolocalización digital".

“Incluso, al visualizar el contenido de las grabaciones, no se observa en ellas sistemas de seguridad o vigilancia, actividades del personal de custodia o imágenes de áreas reservadas ni de despachos privados”, agregó Lijo.

La causa se inició cuando el gobierno, a través de Casa Militar, denunció a los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Geuna por un informe donde mostraban imágenes de los pasillos de Casa Rosada y aseguró que se trataba de una maniobra de espionaje ilegal.

Sin embargo, las imágenes que se mostraron en el programa están disponibles en Google Street view, la aplicación que permite recorrer las calles de cualquier ciudad y edificios históricos.

“Para que se den una idea, cada una de las imágenes que grabamos son en áreas que se repiten por miles en redes cuando los alumnos van de visita guiada a la Rosada, y con sus celus, registran el recorrido. También aparecen en Google Street View”, explicó Geuna en su programa.

Cualquier usuario puede acceder a este servicio de Google y hacer una recorrida por los pasillos de la Casa de Gobierno. Se puede ver el Patio de las Palmeras, el Salón de Bustos, el despacho presidencial, el Salón Blanco, la galería del primer piso e incluso la escalera que lleva a la sala de periodistas. Las imágenes están disponibles desde 2016y se actualizan de manera periódica. (TN)

También se tratarán los proyectos sobre el pago a los fondos buitre y sobre la regularización de la tenencia de armas de fuego.

La convocatoria a la sesión para el jueves a las 16 fue acordada en la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó esta tarde, entre la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y los bloques del PRO, la UCR, Provincias Unidas, y otros bloques provinciales.

Con el ingreso de los nuevos pliegos se abrirá el tramite parlamentario en la Comisión de Acuerdos, que consiste en la publicación en las redes sociales del abogado postulado a un cargo en la justicia para avales e impugnaciones, y la citación a la Audiencia Pública donde los candidatos rinden examen ante los senadores.

FONDOS BUITRES

El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de mayo.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

ARMAS

El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo. (N/A)

“A partir de esta noche, YPF aumenta 1% los combustibles y extenderá el buffer hasta 45 días más", comunicó.

Este anuncio se da en la previa del vencimiento del anterior compromiso de estabilidad de precios que había sido dictado a principios de abril.

"Durante este periodo, desde YPF no trasladaremos a los consumidores el impacto de fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior", agregó Marín en su cuenta de X.

Además, explicó que el aumento del 1% fue tras un "análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda".

La decisión interna de YPF procura sostener firme el consumo de combustibles, en un mercado donde el negocio es vender grandes volúmenes. Según explicó la semana pasada Marín ante inversores, el congelamiento de los precios se determinó luego de observar que en la segunda mitad de marzo la demanda había caído 10% frente a las primeras dos semanas.

Además, le sirve al Gobierno para continuar intentando una baja en la inflación, que se había complicado con las subas de 23% en los combustibles que hubo durante marzo y que tuvieron efecto estadístico hasta abril inclusive -el dato oficial se conocerá este jueves-.

Con el congelamiento de precios de la nafta y el gasoil, que excluye a las actualizaciones oficiales de los impuestos y los biocombustibles, las refinadoras (YPF, Axion -de PAE-, Raízen -que opera la marca Shell- y Trafigura -que tiene la red de Puma Energy-) vienen perdiendo el equivalente en pesos a entre 100 y 150 millones de dólares por mes, dada la diferencia entre el valor internacional del petróleo y el de entrega en el mercado interno, que es de 95 dólares por barril.

Las refinadoras procesan unos 530.000 barriles por día y lo venden por debajo de su paridad. YPF estimó que en abril el precio doméstico de los combustibles neto de impuestos fue de 90,5 centavos de dólar por litro en promedio, frente a una paridad de importación de US$ 1,07 en promedio. Así, la nafta y el gasoil tendrían un atraso de 15%, números que comparten otras empresas del sector.

De esta forma, el mercado de los combustibles está funcionando ahora con una transferencia de recursos de las empresas a los consumidores, cuyo costo asumen mayoritariamente las refinadoras y, en menor medida, las productoras -Vista Energy, Chevron, Shell, Pluspetrol, Pampa Energía, Phoenix Global Resources y Tecpetrol-.

Esa transferencia de recursos es un "financiamiento" temporal, que se devolverá en los próximos meses: así como ahora que sube el petróleo no aumentan la nafta y el gasoil, cuando retroceda el petróleo, tampoco bajarán por un largo tiempo.

La apuesta de las petroleras es que se termine a la brevedad la guerra en Medio Oriente, con un acuerdo duradero entre Irán, Estados Unidos e Israel que descomprima al precio del crudo y lo lleve por debajo de los US$ 90 sostenidamente. (con información de Clarín)

La Secretaría de Energía financiará durante el invierno las compras de GNL -cuyo costo promedia cinco veces más que el gas local- que las distribuidoras le harán a Enarsa.

El esquema apunta a que amortiguar las tarifas de gas de los usuarios prioritarios (hogares, hospitales y escuelas) durante el invierno, cuando la demanda es muy alta, y su efecto en la inflación. Va en línea, además, con la decisión de bonificar el 75% del precio del gas durante mayo para quienes tienen asistencia estatal en el marco de los subsidios focalizados.

Así Energía financiará la compra de GNL que las distribuidoras hagan entre este mes y octubre. Representa entre 150 y 200 millones de dólares, según calculó la consultora Inviú.

La idea oficial es que gran parte del GNL importado lo compren las industrias y grandes usuarios (entre ellos las generadoras de electricidad) a precio internacional para evitar restricciones. Pero, si hay que cubrir los picos de demanda prioritaria, parte de los cargamentos se utilizarán para ese fin. En el sector energético dijeron a TN que “en noviembre se verá la diferencia (acumulada) y cómo se traslada al usuario final”.

El mecanismo que se utilizará es el de las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA’s), por el cual cada dos meses las distribuidoras trasladarán a los usuarios las variaciones en los costos. En mayo, ese factor incidió en que las tarifas de gas subieran 5,6%.

El costo del gas por barco quintuplica el de producción nacional

Por la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo y del gas se ubican en máximos de los últimos cuatro años. Por eso, el Gobierno desistió de privatizar la importación y comercialización del gas por barco que llega a Escobar para reforzar el sistema en los picos de consumo.

Así, Enarsa lanzó licitaciones para comprar una docena de buques de GNL para este mes y junio. Se estima que este año se requerirán entre 20 y 23 cargas. El primer barco llegó este lunes a Escobar, donde se regasifica e inyecta al sistema, mientras el segundo se espera para el 20 de mayo.

En ese marco, el Gobierno decidió evitar un salto brusco en las boletas de gas justo antes del pico de demanda invernal. Es que el valor del GNL importado se ubica en torno a US$20 por millón de BTU, contra US$3,80 para el gas local que reconoce el Precio Anual Único (PAU) establecido por Energía.

Cuánto gas se consume en la Argentina en invierno

En los últimos años, el consumo de hogares y otros sectores prioritarios promedió los 60 millones de metros cúbicos diarios desde mayo. Y los picos que pueden superar los 120/150 mm3 en los días más fríos del invierno.

Eso fue lo que sucedió en 2024, cuando hubo cortes a mediados de mayo y en julio, en medio de la escasez del producto -tanto nacional como importado-. En ese momento, se activó un comité de crisis para evitar cortes a hogares.

Para este año, el Gobierno confía en que los privados actuarán para satisfacer la demanda, dadas las medidas que se fueron aplicando y aun cuando todavía el país tiene que importar GNL para cubrir los picos de consumo invernales.

En ese contexto, el monitoreo se focaliza en que no falte gas en momentos en que con la llegada del frío se registró un salto en la demanda prioritaria que pasó de un promedio de 40/45mm3 diarios a casi 60 en apenas días.

Algunas distribuidoras habían cortado a fines de abril el servicio de manera temporal a estaciones de GNC e industrias con contratos interrumpibles.

Fuentes del sector consultadas por TN remarcaron que esas restricciones no tuvieron que ver con faltantes en la oferta de gas. Sino que se dieron más porque las previsiones de consumo se quedaron cortas: hubo un salto en la demanda prioritaria muy por encima de lo que tenían contratado las distribuidoras, lo que obligó a ajustes puntuales, aclararon. (con información de TN)

Conforme al escrito, García Furfaro es considerado "prima facie, coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de, al menos, 70 personas así como en las lesiones gravísimas de, al menos, dos  personas y graves de, al menos, 41 personas, en concurso ideal con el delito de lesiones leves de, al menos, una persona, también en calidad de coautor".

"Estas victimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025", remarcaron los allegados a la investigación.

En este sentido, se resolvió mantener la inhibición general de bienes y el embargo contra el acusado, al tiempo que también se extendió el procesamiento con prisión preventiva y las mismas medidas para Diego Hernán García, hermano de Ariel.

A su vez, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria por el mismo ilícito, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el juez federal Ernesto Kreplak determinó esas pautas para José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoría García y Wilson Daniel Pons.

"La causa comprende 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales, 44 víctimas no fatales, 42 querellantes además del Ministerio Público Fiscal. Asimismo, el expediente cuenta con más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que arroja un aproximado de 600 cuerpos, sin contar las históricas clínicas analizadas", se explicó.

Se estima que se distribuyeron en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo de la empresa HLB Pharma y de acuerdo a la información oficial, se lograron recuperar todos los lotes infectados.

Hasta ahora se registraron muertes en Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y Capital Federal, pero el temor en otras provincias no cesa.

Las pericias por parte del Cuerpo Médico Forense confirman por el momento que, de los casos analizados, la administración del opioide contaminado “fue clave en el desenlace fatal de 114 pacientes”. (con información de NA)

Entre otras solicitudes, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y otras medidas para conocer detalles sobre viajes y bienes.

A partir de la denuncia de la diputada Marcela Pagano, el fiscal abrió una investigación al hermano del jefe de ministros por presunto enriquecimiento ilícito. Busca investigar las declaraciones juradas de Francisco Adorni, funcionario del Ministerio de Defensa, sobre unas diferencias entre 2023 y 2024. Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses y que pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una de $80, ahí puso el foco la Justicia.

Estos son los aspectos que se están investigando pero, además, el fiscal pidió toda una batería de medidas de prueba.

Si bien se trata de una investigación distinta a la que pesa sobre Manuel Adorni, la Justicia también podrá pedir información sobre bienes heredados compartidos con el jefe de Gabinete.

De esta manera, son varios los integrantes de la familia del jefe de ministros investigados: el propio Manuel Adorni, su hermano Francisco Adorni y su esposa Bettina Angeletti.

Cómo sigue la investigación sobre Manuel Adorni

Esta mañana, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomó declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Tabar, que aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

En sus últimas apariciones públicas, Manuel Adorni negó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades. El presidente Javier Milei también lo defendió y rechazó cualquier posibilidad de alejarlo de su cargo. (con información de TN)

De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra de $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes".

En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.

En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que los dirigentes opositores están intentando proteger "sus cajas" políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de "bandera" o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.

Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del presidente En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas. 

En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo. Algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez, a lo largo de la jornada. (NA)

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$ 15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$ 120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

Rodríguez detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos abonados en efectivo y en dólares. El primero fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional. Ese contrato contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$ 5.600, más otros US$ 1.000 entregados como depósito al momento de la firma.

Según el testimonio, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1 de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$ 13.000. De acuerdo a lo declarado, entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$ 3.000 y en febrero otros US$ 2.000.

El propietario sostuvo además que luego hubo un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato firmado. Ese entendimiento habría cubierto el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2025. Siempre según su declaración, Adorni pagó US$ 2.400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía en el lote del country Indio Cuá.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. El empresario aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$ 245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

Según explicó Tabar en Comodoro Py, los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en distintos sectores de la propiedad: cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros espacios. También detalló que recibió los pagos en dos tramos: US$ 55.000 durante 2024 y otros US$ 190.000 en 2025.

El contratista aportó además su teléfono celular y datos de las personas que participaron de la obra, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas. En su declaración, también había mencionado que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del country por US$ 13.000, dato que ahora quedó reforzado con el testimonio del propietario del inmueble.

La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y el pago de las remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

En ese expediente ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Sin embargo, según consta en documentación oficial presentada en la causa, la propiedad todavía figura en registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades. (con información de TN)

La suba en el indicador que elabora JP Morgan se debe a un retroceso en el precio de los bonos argentinos en dólares que operan en el exterior. La baja en el precio genera un aumento de la tasa de retorno de esos títulos, que se refleja en el riesgo país.

El alza empezó este martes, cuando el índice sumó 15 puntos y llegó a 511 unidades. Pese a ello, muestra una tendencia positiva en los últimos dos meses. Desde los picos recientes de 637 puntos en marzo, cuando los inversores todavía digerían el impacto de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país recortó más de 130 unidades. En lo que va de mayo, en tanto, la baja acumulada es de 61 puntos.

El último impulso positivo al precio de los bonos argentinos vino luego de la mejora de la calificación crediticia por parte de Fitch, un cambio que se anunció a principios de la semana pasada. Desde el lunes pasado, el riesgo país cedió 53 unidades.

Las acciones argentinas en Wall Street también mostraban una tendencia negativa. Los peores desempeños se observaban en los papeles de Globant (-7,2%); Mercado Libre (-3,6%) y Cresud (-2,6%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial subía $5 y operaba a $1410 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Los financieros, en tanto, registraban leves subas de hasta 0,2%. El dólar MEP se negociaba a $1422,09 y el contado con liquidación a $1483,83.

La mirada de los inversores, en China

La baja de los bonos argentinos de este martes, con el consecuente rebote del riesgo país, se dio en un mal clima para el mercado internacional por las persistentes dificultades para destrabar el conflicto en Medio Oriente y la publicación del índice de inflación de Estados Unidos.

El indicador mostró una aceleración interanual que estuvo por encima de las expectativas y mostró que el componente núcleo que también supero a lo esperado. Esto último podría ser un señal de que empieza a haber efectos de segunda ronda del aumento de los combustibles.

El barril de petróleo operaba se acercaba a los US$110 en la previa al encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping.

Desde este miércoles, en tanto, los inversores seguirán atentamente la cumbre entre el mandatario estadounidense y su par chino.

“Antes de iniciar su viaje a China para la cumbre con Xi, Trump dijo que EE.UU . no necesitaba la ayuda del gigante asiático para terminar la guerra con Irán, apagando las expectativas que podían haberse generado por ese lado”, señaló el reporte matutino de Outlier. (TN)

Alejandro Álvarez sostuvo hoy que “vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”. Y agregó que la movilización “fue organizada por los partidos opositores”.

Las movilizaciones tuvieron lugar en distintas ciudades, incluida Bahía Blanca, con la presencia de las máximas autoridades de la Universidad del Sur y de la UTN, además del acompañamiento del intendente Federico Susbielles y parte de su gabinete.

Álvarez habló esta mañana con radio Mitre y señaló: “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar cuál es el origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.

“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente en la calle”, dijo Álvarez.

También se refirió a los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.

La ley de Financiamiento para aumentar los recursos que reciben las universidades fue aprobada en el Congreso en 2025 pero el Ejecutivo la dejó sin efecto. Más tarde ambas cámaras legislativas ratificaron la sanción de la ley buscando obligar al gobierno de Milei a cumplirla, sin embargo, no lo hace bajo el argumento de que viola las normas presupuestarias.  Actualmente el tema se encuentra en la Justicia.

Álvarez estuvo en Bahía Blanca a fines del año pasado y participó de distintas actividades con militantes y dirigentes locales de La Libertad Avanza. Entre ellos, el concejal Felipe Ferrández, tal como se ve en la foto que acompaña este artículo.

El monto total de la reducción asciende a $ 223.822 millones, tal como lo indica la Disposición 20/2026, que procesó y que detalló en un informe especial la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Los sectores afectados por esta decisión administrativa incluyen la provisión de energía eléctrica y gas, el sistema de transporte público de pasajeros y una serie de programas diseñados para el fomento de las economías regionales y la industria láctea. Asimismo, el recorte presupuestario alcanza a los créditos que estaban destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de empresas tecnológicas y de medios de comunicación dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa.

Según se desprende de la norma, la mayor incidencia del ajuste se concentra en el área de energía, la cual percibe una reducción de financiamiento estatal que asciende a los $ 136.231 millones de pesos.

Dentro del apartado energético, el informe precisa que "se reducen $ 110.000 millones de las reservas del Tesoro destinadas a subsidios energéticos".

A este monto se le adicionan $ 13.410 millones que correspondían al Plan Gas IV. Además, se registra una baja de $ 11.392 millones destinados al Fondo Fiduciario FFGAS para la compensación tarifaria zona fría, recurso utilizado para el costo del gas en regiones de baja temperatura.

El ajuste en esta área también contempla $ 1.366 millones de compensaciones a productoras de gas bajo la Resolución de la Secretaría de Energía 24/2025 y $ 63 millones del proyecto de energías renovables en mercados rurales, ejecutado por la Comisión Mixta Argentina-Paraguaya del Río Paraná (COMIP).

En lo que respecta al transporte público, la reducción de fondos es de $ 30.000 millones.

El documento oficial indica que en este sector "se disminuyen en $ 30.000 millones los créditos de las reservas del Tesoro para atender subsidios al transporte".

Esta baja afecta la disponibilidad de financiamiento directo desde el Tesoro Nacional para el sostenimiento de los servicios de movilidad en el territorio federal.

Un tercer bloque de recortes, agrupado bajo el concepto de otros subsidios, suma una quita de $ 57.591 millones.

En este segmento, "se recortan $ 50.000 millones las reservas del Tesoro para atender subsidios a empresas públicas". Adicionalmente, se dispuso una reducción de $ 2.980 millones destinados a atender gastos corrientes de ARSAT, la empresa nacional de soluciones satelitales.

Los medios de comunicación estatales también registran una merma de $ 1.618 millones para asistencia financiera a empresas públicas dependientes de la Secretaría de Comunicación y Prensa, mencionando específicamente a RTA SA, APE SA y Contenidos Artísticos e Informativos SA.

Finalmente, la medida gubernamental alcanza a sectores productivos regionales y a la gestión de recursos hídricos compartidos.

Se eliminan $ 1.705 millones destinados para el Impulso al Desarrollo de Economías Regionales" y $ 1.000 millones para la formulación de políticas y programas para el sector lácteo".

Por último, la disposición reduce en $ 289 millones de pesos los fondos que tenían como beneficiario a la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para tareas vinculadas al aprovechamiento de los recursos hídricos. (N/A)

En el informe se indicó que la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta.

En tanto, en relación con el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron.

Además, se informó que las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile.

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio.

Por su lado, el Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados. (N/A)