El magistrado también autorizó la copia de los archivos solicitados por Adorni que surgieron del teléfono del contratista Matías Tabar, un testigo clave en el caso. Esta diligencia se llevará a cabo mañana.

El fiscal Gerado Pollicita había intimado al exfuncionario a explicar más de 20 puntos vinculados a su patrimonio y al de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, fecha de ingreso a la función pública, y el 27 de junio de 2026, día de su renuncia al cargo.

A través de su abogado, Adorni pidió una prórroga al argumentar que debía obtener las copias de los archivos utilizados para plantear esas inconsistencias. El plazo para presentar la documentación vencía hoy.

El requerimiento del fiscal Pollicita constituye una etapa previa a una eventual citación a declaración indagatoria: si las explicaciones que presente Adorni no resultan satisfactorias para la fiscalía, el magistrado podrá avanzar hacia esa instancia procesal.

La investigación apunta a reconstruir la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, junto con las entradas y salidas de dinero. También se revisaron gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias entre cuentas y operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos.

El requerimiento abarca un amplio abanico de operaciones. Entre ellas, la fiscalía solicitó a Adorni que explique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá justificar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep y para comprar el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad. Uno de los puntos específicos se refiere a los 245 mil dólares abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda.

Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar recibos y documentación respaldatoria. También se le pidió que explique los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.

El pedido incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble del barrio de Caballito, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, los fondos empleados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, y la eventual utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.

La fiscalía también requirió detalles de la operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que Adorni afirma haber iniciado su inversión en bitcoin. (con información de TN)

La información preliminar indicaba que se había producido una explosión. Sin embargo, con el paso de las horas trascendió que el hecho se habría originado por una fuerte descompresión en una planta separadora de gas.

A través de un comunicado oficial, YPF confirmó que se registró un incidente en el bloque Rincón del Mangrullo, operado por la compañía en la provincia del Neuquén. Ante la situación, la empresa indicó que desplegó de inmediato sus equipos de emergencia y activó los protocolos correspondientes.

“Lamentablemente, un empleado de la compañía falleció y otro está siendo trasladado por vía aérea para recibir atención médica de urgencia”, informaron los voceros de YPF.

Además, la petrolera confirmó que el incidente ya se encuentra controlado y aseguró que actualizará la situación a medida que disponga de información adicional.

Por el momento, no se conocieron detalles oficiales sobre las causas del hecho ni sobre las circunstancias en las que se produjo. Tampoco se confirmó si hubo otros trabajadores afectados. Sin embargo, trascendió que las víctimas serían supervisores de YPF en esa área, según informó LM Neuquén.

Por su parte, integrantes del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa aclararon que los operarios implicados “no son trabajadores de convenio”.

Pese a ello, indicaron que dispusieron “su equipo y cadena sanitaria para atender la situación”, a la vez que lamentaron el accidente y manifestaron su apoyo a la familia de la víctima. (TN)

"PARO NACIONAL de DOCENTES y NODOCENTES por 48 hs. los días jueves 27 y viernes 28 de agosto. El Plenario de CONADU HISTÓRICA lo acaba de RESOLVER POR UNANIMIDAD. PLAN DE LUCHA HASTA QUE MILEI CUMPLA LA LEY!", indicaron desde el gremio.

La nueva medida de fuerza, que ya cuenta con el respaldo de la CONADU y del FEDUBA, se dará en medio del delicado contexto económico que atraviesan las casas de altos estudios de todo el país.

La protesta reclama la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por el Congreso tras el veto del Poder Ejecutivo, y el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenaron al Gobierno girar fondos adeudados a las universidades públicas.

“Es la estupidez que dicen que no tiene nada que ver con la política del Gobierno y que son asuntos entre privados. El otro día, como hubo presión sobre el dólar, subió la tasa de interés. ¿Qué creen que va a pasar con la gente que está endeudada? Obviamente no va a poder pagar”, aseguró.

El mandatario bonaerense dijo que el problema de la morosidad y el endeudamiento “no es la gente, es Milei, con su política económica de desregulación, tasas altas, desempleo y salarios bajos”.

“Milei con todo desparpajo le echa la culpa a la gente: si fundiste tu comercio es culpa tuya que hiciste mal las cuentas o no te esforzás. Si 30.000 comercios cerraron no es problemas de cada comerciante”, señaló.

Kicillof sostuvo que la situación “no es problema de los 330.000 trabajadores que vienen perdiendo empleos formales, ni de los millones de endeudados”, es problema de una situación económica “que en muchos casos no le da salida” a la gente.

Expresó que “ante ese cinismo” se necesita “avanzar con la construcción de una alternativa para mostrar que hay otro camino”, al tiempo que cuestionó la “crueldad que es un factor de la ultraderecha, que se burla y que insulta a los que tienen algún problema”.

“A la gente no le alcanza la guita y se gastaron los ahorros para vivir con las cosas básicas, como alquiler, remedios y comida, y todo por las nubes, todo desregulado gracias a (Federico) Sturzenegger y compañía. A la gente no le alcanza y utiliza instrumentos de crédito”, subrayó.

Además, dijo que a partir de las desregulaciones “las fintech se han convertido en bancos sin regulación. Si vos hacés pagos, prestás plata y colocas ahorros sos un banco y no están sometidos a las regulaciones que tienen los bancos”, explicó.

“Este tema del endeudamiento de las familias el que tendría que estar regulándolo es Milei pero hace exactamente lo contrario, porque desde el DNU 70/23 vienen desregulando todo en favor de las empresas y para desgracia de las familias”, aseveró. (con información de NA)

En tres tratamientos crónicos de alto consumo, la levotiroxina cuesta US$ 19,3 por mes en la Argentina contra US$ 3,1 en el exterior; la atorvastatina, US$ 43,1 contra US$ 8; y la metformina, US$ 26,1 contra US$ 5,3.

Un informe reservado que circula entre funcionarios reveló que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o las concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), la unidad de medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el relevamiento oficial, las mayores diferencias se dan frente a la India, donde los remedios en Argentina resultan 6,7 veces más caros, seguidos por España, con 5,3 veces, y Francia, con 3,4 veces.

Frente a Estados Unidos, la brecha es de 1,8 veces y respecto de Brasil de 1,6 veces, según el informe.

En el caso de la levotiroxina, utilizada para el hipotiroidismo, la dosis diaria cuesta US$ 0,644 en la Argentina frente a una mediana internacional de US$ 0,103.

El valor local supera en 8,2 veces al de España, de US$ 0,08; 4,6 veces al de Estados Unidos, de US$ 0,14; y 26,2 veces al de India, de US$ 0,02.

Para la atorvastatina, indicada para el colesterol, el costo por dosis diaria en el país se ubica en US$ 1,437, más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267.

Los valores de referencia son de US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

En el caso de la metformina, usada para diabetes tipo 2, la dosis diaria en farmacias argentinas cotiza a US$ 0,871 frente a los US$ 0,175 de la mediana de los otros cinco países.

La referencia internacional marca US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.

El diagnóstico sirve de sustento para la estrategia del Gobierno orientada a desregular el mercado farmacéutico, promover la importación directa por parte de provincias e impulsar la prescripción por nombre genérico para abaratar los tratamientos de bolsillo.

Entre esas experiencias figura la compra a la India realizada por Mendoza, de acuerdo con la información oficial. (NA)

"Nos sorprende que desde la Izquierda quieran ayudar a las entidades financieras", remarcó el reemplazante de Manuel Adorni, y agregó que "Milei fue enfático en que esto se trata de acuerdos entre privados", destacó.

Ravier dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que el proyecto que impulsa parte de la oposición en el Congreso, en relación a quienes tomaron préstamos y se les dificulta pagarlos, que "hay que conocer los detalles" y que cree que en el bloque de La Libertad Avanza "no habría una posición de acompañar este proyecto", que considera que "va a contramano de las palabras de Milei".

El funcionario reconoció: “Claramente hay morosos que están en una situación difícil por no poder pagar los créditos que tomaron. Pero el problema en gran parte es de las entidades financieras, y las entidades financieras no bancarias, y de los bancos, que otorgaron créditos, en algunos casos con tasas de interés elevadas. Quizás, para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto dejo comprometidas a estas entidades financieras”.

Ravier aclaró: "Salvar esta situación desde el Gobierno, con dinero que pagan los contribuyentes, implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos".

Además chicaneó a la izquierda: "Nos sorprende. Desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de 'salvar, ayudar a los bancos', se esté promoviendo una medida que en todo caso capitalice a los bancos para que puedan recuperar un capital que prestaron a riesgo, y se cubrieron con altas tasas de interés".

El vocero presidencial destacó: "¿Cómo ayuda el Gobierno? Milei dice que los privados pueden negociar. Y mucho mejor si negociaran con este plan de estabilización, que permite que bajen las tasas de inflación, de interés. Las que a principio de año estaban en 50%, hoy están en el 25%. En este contexto el plazo de refinanciación es más sencillo, a plazos más largos, y tasas de interés más bajas. Esa es la ayuda que da el Gobierno, dejando relacionarse a los privados".

Ravier responsabilizó a parte de la oposición por la suba de las tasas de interés: "Las líneas de crédito aumentan en 2024, las moras aparecen en el 2025, con el ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre demanda de dinero, tipo de cambio. Las tasas, que se elevaron, situación que llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos". (TN)

La reacción de la Cancillería chilena se produjo luego de que Valverde afirmara el domingo, durante una entrevista en un programa de YouTube que "Magallanes, el sur, el Drake, todo eso es soberanía" y sostuvo que había que mantener presencia en la zona porque constituye "una llave bioceánica Atlántico-Pacífico".

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, quien se encuentra de visita oficial en Vietnam, afirmó que la soberanía de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes "es indiscutible" y señaló que se encuentra fundada en los tratados de límites de 1881 y de Paz y Amistad de 1984, suscriptos por ambos países.

"El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno", enfatizó el ministro, quien además hizo "un severo llamado a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y no confundir a sus ciudadanos".

Las declaraciones de Valverde provocaron críticas de parlamentarios chilenos, quienes reclamaron al Gobierno que adoptara una posición firme y exigieron el envío de una nota de protesta a la Argentina.

El ministro del Interior chileno, Claudio Alvarado, también cuestionó los dichos del jefe militar argentino y remarcó que "el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno".

"Nos llama la atención que se levanten cada cierto tiempo este tipo de declaraciones, porque aquí no hay nada que discutir respecto a la soberanía y respecto a quien corresponde", agregó el funcionario.

Por su parte, Valverde había destacado durante la entrevista que la relación militar entre Argentina y Chile es "excelente" y recordó que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile había participado el 10 de agosto de una ceremonia en la Argentina junto con cadetes de la Escuela de Aviación chilena.

Consultado sobre las diferencias históricas entre ambos países a raíz de la Guerra de Malvinas, el jefe de la Fuerza Aérea Argentina sostuvo que "son años, cosas que pasaron, pero eso ya está superado" y destacó la necesidad de que las Fuerzas Armadas de los países del hemisferio sur trabajen de manera coordinada, "cada uno en su espacio soberano".

El Estrecho de Magallanes se encuentra íntegramente bajo soberanía chilena de acuerdo con el Tratado de Límites de 1881, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984, firmado luego de la crisis bilateral de 1978 y con mediación de la Santa Sede, estableció el marco para resolver las diferencias territoriales entre ambos países.

La controversia se suma a otros episodios recientes que generaron tensión entre Argentina y Chile en torno a cuestiones territoriales y estratégicas en el extremo sur, aunque ambos gobiernos mantienen mecanismos de cooperación bilateral en materia de defensa y seguridad. (NA)

La provincia sostiene que la operación viola la normativa local que prohíbe la permanencia, el amarre y el abastecimiento de embarcaciones del Reino Unido en sus puertos, en el marco del reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

El buque, dedicado al transporte de crudo, se encuentra actualmente amarrado en el puerto de Ushuaia, una terminal que es propiedad de Tierra del Fuego pero que permanece intervenida por el Gobierno nacional desde enero, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que autorizó el amarre.

La situación generó un nuevo conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional, tanto por el manejo de la terminal portuaria como por las políticas vinculadas con la cuestión Malvinas.

A través de un comunicado, el Ejecutivo fueguino expresó su "repudio y rechazo enérgico" a la operación del petrolero británico y cuestionó que una embarcación de esa bandera haya podido ingresar y permanecer en el puerto de la capital provincial mientras el Reino Unido mantiene el control de las Islas Malvinas.

"Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial", sostuvo la gobernación.

En ese marco, la provincia reclamó al presidente Javier Milei que informe "de manera inmediata y pública" cuáles fueron los criterios políticos, estratégicos y administrativos utilizados para autorizar la operación del buque en Ushuaia.

Tierra del Fuego considera a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes como parte de su territorio provincial, de acuerdo con la legislación argentina.

Según los registros de la plataforma de seguimiento marítimo Marine Traffic, el VS Promise permaneció previamente en la terminal de Río Cullen, ubicada en el norte de Tierra del Fuego, donde habría cargado crudo antes de dirigirse hacia Ushuaia.

"Estuvo cargando crudo en la zona norte y no sé cuál es su destino final ni cuál de todas las petroleras que operan aquí lo contrató, pero lo vamos a averiguar", señaló el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, Andrés Dachary.

El funcionario recordó que en la provincia se encuentra vigente una normativa que impide la permanencia, el amarre y el abastecimiento en sus puertos de embarcaciones con bandera británica, una medida vinculada directamente con la posición argentina respecto de la soberanía de las Islas Malvinas.

El episodio ocurre además en medio de una disputa institucional por la administración del puerto de Ushuaia. Aunque la terminal pertenece a Tierra del Fuego, desde enero se encuentra intervenida por el Gobierno nacional mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Esa intervención, además, está siendo cuestionada judicialmente en una causa que todavía no tiene resolución definitiva.

Para la administración fueguina, el amarre del petrolero británico vuelve a poner en primer plano el conflicto por el control del puerto y las diferencias con la Casa Rosada respecto de la política sobre Malvinas. (NA)

“Sí, era cierto”, dijo al ser consultado sobre la información que aparece en los cuadernos de Oscar Centeno, exchofer de Baratta, que reveló las visitas del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal de Cristina Kirchner a las oficinas de la compañía.

Zabaleta, quien fue detenido e imputado en el marco de la causa y luego fue sobreseído, afirmó que entregó paquetes con dinero por instrucción de Luis Betnaza, entonces director de relaciones institucionales de Techint.

Según reveló, cada una de las entregas rondaba “entre los 600 y 700 mil pesos”. “La instrucción que me había dado Betnaza era que tenían que ser de cerca de un millón de dólares, y más o menos se cumplió. Se entregó en pesos”, agregó.

Confirmó además que las fechas que figuran en los cuadernos sobre los encuentros con Baratta eran correctas, y que todas las entregas de dinero las realizó él en una cochera en el subsuelo de la sede de la compañía porque el exfuncionario le dijo que “no quería ser visto por nadie”.

Dijo que Centeno “nunca estuvo cerca nuestro” ya que dejaba al exfuncionario a unos metros y él caminaba hasta su auto donde “le entregaba el paquete” y volvía con su entonces chofer. “Qué hacía después que se iba de mi oficina, desconozco”, sumó.

También dijo que en una comunicación que tuvo con quien fue mano derecha de De Vido, este “se enojó” porque la entrega de dinero iba a ser en pesos y no en dólares. “Me dijo: ‘Me tenés que dar dólares porque si no te voy a cortar el gas en la planta de Campana’”, comentó. (N/A)

El RIMI ofrece dos beneficios fiscales para aquellas micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades sin fines de lucro que inviertan (entre US$150.000 y US$30 millones) en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética.

“Es necesario implementar el aludido servicio Sistema de Gestión de Inversiones (SGI), destinado a reemplazar gradualmente los procedimientos vigentes para la gestión de inversiones productivas contempladas en los regímenes existentes, así como aquellas que correspondan a nuevas inversiones y/o beneficios e incentivos tributarios; incorporando en esta primera etapa el régimen de beneficios previsto en la Ley N° 27.802”, indica la resolución 5889, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Qué es el Sistema de Gestión de Inversiones que implementó ARCA
El Sistema de Gestión de Inversiones (SGI) permite registrar los proyectos de inversión de los contribuyentes, cargar documentación, solicitar los beneficios fiscales correspondientes y monitorear el estado de las inversiones declaradas. Para acceder, se debe ingresar a la página oficial de ARCA con Clave Fiscal.

A partir de este 25 de agosto, las empresas que estén evaluando o ya ejecutando inversiones productivas podrán:

• Verificar CUIT y confirmar que el domicilio fiscal esté actualizado y sin inconsistencias.
• Controlar el alta en Ganancias e IVA y verificar que el código de actividad CLAE esté actualizado.
• Confirmar la constitución del Domicilio Fiscal Electrónico.
• Relevar las inversiones realizadas desde el 6 de marzo de 2026 y reunir los comprobantes que las respalden.
• Clasificar cada inversión en bienes de capital, tecnología, infraestructura y eficiencia energética.
• Identificar la primera ventana de presolicitud de devolución de IVA —febrero, mayo, agosto o noviembre— en la que podrá presentarse la solicitud para recuperar el IVA correspondiente a las inversiones.

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Cómo solicitar la devolución del IVA y la amortización de Ganancias

El especialista Sebastián Domínguez explicó cómo solicitar los beneficios tributarios que ofrece el RIMI.

En el caso de la devolución del IVA, el procedimiento se realiza en distintas etapas. Primero, el contribuyente debe presentar una presolicitud a través del SGI, desde la opción “Presentación de presolicitud SIR”.

Esta instancia está habilitada cuatro veces al año, durante los primeros diez días de febrero, mayo, agosto y noviembre. Entre el 11 y el 15 de cada uno de esos meses, el sistema informa el cupo fiscal asignado, que puede consultarse en la opción “Consulta de Comprobantes con Suficiencia de Cupo Fiscal”.

Una vez asignado el cupo, el contribuyente deberá esperar tres períodos fiscales mensuales.

Para acceder a la amortización de Ganancias, el contribuyente debe seleccionarlo al momento de registrar el proyecto de inversión en el SGI e informar los datos antes del vencimiento de la declaración jurada del tributo. (TN)

La medida implementada este martes mediante la Resolución General 5890/2026, publicada en el Boletín Oficial, responde a “razones de administración tributaria” que buscan facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

La nueva extensión del plazo para presentar la declaración jurada no afecta la fecha del vencimiento del pago que tuvo lugar a finales de julio. De esta forma, se mantiene la disociación de las fechas de vencimiento que se había producido con la prórroga anterior.

La normativa determina que las obligaciones de las personas humanas y sucesiones indivisas (tanto del régimen general como del simplificado) podrán cumplirse excepcionalmente en las siguientes fechas:

Presentación de la declaración jurada de Ganancias 2025: se extendió el plazo hasta el 22 de septiembre de 2026.

Pago del saldo resultante: se mantiene sin cambios para el 27 de julio de 2026.
Por otro lado, la resolución volvió a aclarar que no hay prórroga para el Impuesto sobre los Bienes Personales. En este caso, tanto la presentación de las declaraciones juradas como el pago vencieron el 27 de julio de 2026.

Postergación del primer anticipo de Ganancias 2026

Asimismo, a través de la modificación del artículo 2 de la Resolución General 5.876, el organismo tributario prorrogó el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias para el período fiscal 2026.

De esta forma, la obligación para personas humanas y sucesiones indivisas, cuyo vencimiento original correspondía al mes de agosto, podrá cancelarse excepcionalmente hasta el 24 de septiembre de 2026, inclusive.(N/A)

El cierre será desde las 9 de este martes hasta las 16 del jueves, período en el que toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informaron fuentes del concesionario, Aeropuertos Argentina.

Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de los vuelos que habitualmente operan en Aeroparque, incluyendo servicios de cabotaje y regionales. La decisión fue coordinada con las aerolíneas y organismos públicos en los meses previos, y el anuncio oficial se realizó el 5 de junio, para permitir la reprogramación anticipada de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización de personal en ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias definieron esta franja temporal porque afecta una menor cantidad de operaciones en comparación con otros días de la semana y porque se ajusta mejor a las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto, reduciendo el riesgo de cancelaciones adicionales por factores climáticos.

En paralelo, se trabajó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para garantizar la capacidad de atención en Ezeiza, tanto en mostradores como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

En números, Ezeiza opera en un período similar alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante la intervención, recibirá unos 940 movimientos, lo que implica un incremento cercano al 80% respecto de su operación habitual.

Aeroparque, por su parte, realizará aproximadamente 180 movimientos en las horas previas al cierre -el 25, entre las 0 y las 9- y en el momento de reapertura -el 27, a partir de las 16-, cuando se retome progresivamente la actividad.

El mantenimiento preventivo de la pista se inscribe en un plan estratégico de obras que supera los US$85 millones y que apunta a modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia del pasajero.

La primera etapa del proyecto incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, lo que otorgó mayor capacidad operativa para aeronaves, la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de check‑in, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales para un mayor confort en el ingreso a la terminal.

La segunda etapa profundiza en la ampliación de las zonas de preembarque nacional y en la incorporación de tecnología orientada a reducir tiempos de espera. Se proyecta una disminución de hasta un 26% en el tiempo de check‑in y de un 33% en el PIR, gracias a sistemas más flexibles y automatizados, que permitirán gestiones más rápidas y eficientes para los distintos perfiles de pasajeros. A esto se suma la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.(N/A)

El reporte detalló que la proyección de ventas externas para el actual calendario es de US$103.740 millones, lo que implica un incremento de US$16.600 millones respecto al 2025. De esta manera, superará con holgura el pico histórico previo de US$88.846 millones alcanzado en el 2022.

La expansión se reparte equitativamente entre los cuatro grandes rubros del comercio exterior, con el sector agropecuario, la energía y la minería operando como los motores principales de la tracción de divisas.

Los motores exportadores

El sector primario aportará aproximadamente un tercio del incremento exportador total, encabezado por el maíz, cuyas ventas externas se expandirán más de un 50% gracias a una cosecha récord proyectada de 44 millones de toneladas, lo que inyectará US$3.000 millones adicionales. Por su parte, el trigo aportará un avance cercano al 40%, impulsado tanto por un mayor volumen físico de envíos como por una mejora en las cotizaciones internacionales.

Las manufacturas de origen agropecuario explicarán el 25% del crecimiento comercial total, impulsadas por el aceite de soja, cuyas exportaciones se incrementarán un 34% hasta alcanzar los US$8.500 millones, un avance que se sostiene casi principalmente por el alza de los precios internacionales de este subproducto.

El bloque energético aportará otro cuarto del salto exportador. El petróleo crudo, impulsado por las tensiones geopolíticas y el conflicto en Medio Oriente, pasará de generar US$6.700 millones a más de US$9.000 millones. Este crecimiento combina un alza del 6% en los volúmenes despachados junto con precios internacionales casi un 30% más altos.

En el segmento de manufacturas industriales, el litio crece en la economía nacional. Sus ventas externas darán un salto del 154%, pasando de US$842 millones a unos US$2.100 millones a medida que maduran y entran en fase de producción los proyectos mineros en el país. El oro también registrará un aumento en su aporte exportador, aunque en este caso se deberá exclusivamente al encarecimiento del metal en los mercados mundiales.

Con este panorama de ventas récord, el año comercial cerrará con un superávit en la balanza de pagos superior a los US$20.000 millones. Se trata de un saldo a favor que prácticamente duplica los US$11.320 millones registrados en 2025 y que consolida una racha ininterrumpida de 32 meses consecutivos con saldos comerciales positivos.

Sin embargo, los analistas de LCG señalan como alicientes al escenario actual la caída de las importaciones y el impacto en el mercado laboral. Por el lado de las compras al exterior, proyectan una caída en torno al 3% anual, arrastradas por la debilidad persistente en los niveles de consumo interno, la actividad industrial y la inversión.
  
En referencia al trabajo, desde la consultora indican que el verdadero desafío de mediano plazo para el país consiste en lograr que este auge exportador logre traducirse en una mayor generación de empleo local destinado a abastecer la demanda global. (N/A)

La variación de los precios se fue desacelerando desde abril pero en el mes pasado se quebró con esa tendencia al registrar un alza del 2,1%, lo que en el actual mes se revertiría, según los analistas privados.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del octavo mes del año se ubique en 1,8%, previendo una continuidad de cifras menores al 2% para lo que resta del año.

En este sentido, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, sostuvo recientemente que “seguimos viendo una reducción de la inflación” y planteó: “Pareciera que vamos a tener una tasa de inflación menor a la de julio, que tuvo factores transitorios, pero también probablemente menor a la de junio”.

El dato de junio pasado fue de 1,9%, siendo el más bajo desde agosto del 2025, cuando también se ubicó en esa cifra. La expectativa del Gobierno y las estimaciones de las consultoras coinciden en un guarismo menor en el actual mes, que se asemeje a los valores más bajos de la era Milei, registrados entre mayo y junio del año pasado (1,5% y 1,6% respectivamente).

La Fundación Libertad y Progreso calculó la proyección de inflación de agosto en 1,4% durante la tercera semana del mes, en la que el relevamiento arrojó “sorprendentemente” una deflación del 0,4%, según precisó su director, Agustín Etchebarne.

La consultora Eco Go, por su parte, proyecta un avance en los precios minoristas de 1,6% para el mes. Al explicar el dato, indicaron que “la desaceleración de la inflación en agosto responde principalmente al freno en los precios de los alimentos”.

En este sentido, el director asociado de la consultora, Sebastián Menescaldi, reveló en diálogo con Splendid 990 que “las tres semanas que medimos tuvimos muy baja inflación, algo que nos sorprendió” y remarcó que “estamos bajando la previsión”.

En la misma línea, las mediciones de Orlando Ferreres y C&T Asesores Económicos coinciden en una inflación del 1,5% en el octavo mes del año. La consultora Analytica, en tanto, prevé que el IPC alcance el 1,7%. (NA)

El exjefe de Gabinete pidió la suspensión del requerimiento, con el argumento de que todavía existen elementos de la causa a los que no tuvo acceso.

La posibilidad de postergar la presentación apunta a ganar tiempo antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego del análisis patrimonial y financiero realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI).

En paralelo, a través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni pidió acceder al teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá. El pedido está limitado al contenido relacionado con las obras realizadas en ese inmueble y con la relación que mantenían Adorni y Tabar.

El juez Ariel Lijo todavía no respondió ese planteo que le permitiría a la defensa contar con más elementos antes de responder el requerimiento.

La defensa de Adorni solicitó que se suspenda el requerimiento de justificación patrimonial hasta contar con acceso a esos elementos.

En la fiscalía consideran que uno de los puntos centrales de la presentación será determinar si Adorni puede aportar documentación que permita respaldar el origen de los US$ 200.000 que, según afirmó, había invertido en bitcoin. La operatoria con criptoactivos constituye uno de los aspectos incluidos expresamente en el requerimiento fiscal.

El pedido de explicaciones fue elaborado después de que la DAFI analizara de manera conjunta y pormenorizada la información reunida en el expediente. Ese trabajo incluyó el cotejo de las declaraciones juradas patrimoniales integrales, tanto públicas como reservadas, sus rectificaciones y los antecedentes bancarios, fiscales y patrimoniales incorporados a la investigación.

Según consta en el documento judicial, ese análisis permitió detectar “inconsistencias” en la evolución patrimonial de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti. El informe no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance, pero sí identificó incrementos, compras y desembolsos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encontraban hasta ese momento una explicación suficiente.

La investigación busca reconstruir la evolución del patrimonio de Adorni y Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. Para eso, la DAFI analizó la composición y evolución de bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas, además de las entradas y salidas de dinero.

También se revisaron gastos corrientes y extraordinarios, consumos, pagos en efectivo o en moneda extranjera, cancelaciones de pasivos, transferencias entre cuentas y operaciones que no representaran nuevas fuentes de fondos. El objetivo fue evitar duplicaciones y determinar qué movimientos implicaban efectivamente ingresos o aplicaciones de dinero.

El requerimiento de Pollicita abarca una amplia variedad de operaciones. Entre ellas, la fiscalía pidió que Adorni explique el origen de los dólares estadounidenses en efectivo declarados en sus declaraciones juradas y que acredite la existencia, fecha, entrega y aplicación de fondos de dos mutuos invocados con familiares, Silvia Pais y Norma Zuccolo.

También deberá justificar el origen del dinero utilizado para adquirir un Jeep y para comprar el lote 380 del country Indio Cuá, además de explicar el financiamiento de las obras realizadas en esa propiedad.

Uno de los puntos específicos está relacionado con los US$ 245.000 abonados a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. Adorni deberá individualizar el origen de cada suma y aportar recibos y documentación respaldatoria. También deberá explicar los fondos utilizados para pagarle a Tabar los muebles del departamento de Miró 550, operación que habría sido abonada en dólares y en efectivo.

El requerimiento incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en el inmueble de Miró 550, los ingresos no alcanzados o exentos del impuesto a las Ganancias, los fondos utilizados para viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, y la utilización de terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar.

La fiscalía también pidió detalles de la operatoria con criptoactivos y, en particular, el origen del capital con el que Adorni afirma haber iniciado su inversión en bitcoin.

Otro bloque de preguntas apunta a conciliar los gastos y movimientos financieros registrados en cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar. También deberá explicar una serie de comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de seis millones de pesos, cuyo pago no pudo ser conciliado con los movimientos financieros analizados.

El requerimiento alcanza además eventuales cancelaciones de deudas bancarias, honorarios notariales vinculados con operaciones inmobiliarias, consumos realizados por personas del entorno como usuarios adicionales de tarjetas, una facturación de más de cuatro millones de pesos emitida por una concesionaria a nombre de Angeletti y acreditaciones no salariales recibidas en la cuenta sueldo de Adorni.

Finalmente, la fiscalía pidió precisiones sobre el criterio utilizado para valuar las mejoras realizadas en Miró 550 y en el lote de Indio Cua, así como sobre el origen de los fondos destinados a esas obras. (Fuente: TN).

La definición marca una diferencia con el planteo de algunos mandatarios provinciales, que reclaman garantías jurídicas para evitar que el beneficio pueda ser discontinuado. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, sostuvo públicamente que el esquema debía tener continuidad en el tiempo y había dejado abierta la posibilidad de consolidarlo mediante una ley. En Nación, sin embargo, descartan por ahora ese camino.

El acuerdo alcanzado esta semana contempla ampliar el consumo eléctrico subsidiado durante los meses de mayores temperaturas. En las zonas consideradas muy cálidas, el bloque alcanzado por la ayuda pasaría de 300 a 550 kWh, mientras que en las zonas cálidas subiría de 150 a 300 kWh. La aplicación está prevista entre noviembre y abril.

La negociación fue encabezada por Luis Caputo y Diego Santilli junto con Raúl Jalil, Gustavo Sáenz, Leandro Zdero, Carlos Sadir y Juan Pablo Valdés, además de representantes técnicos de las diez provincias del Norte Grande. El comunicado oficial evitó vincular expresamente el entendimiento con el tratamiento de Zonas Frías, aunque ambas discusiones avanzaron en paralelo.

En la Casa Rosada consideran que el acuerdo mejora el escenario para aprobar la reforma de Zonas Frías en la Cámara Alta. En Balcarce 50 confían en volver a contar con los respaldos de los espacios vinculados con los gobernadores del Norte que acompañaron la iniciativa cuando se trató en Diputados y sostienen que el entendimiento energético permite atender uno de sus principales reclamos.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el 20 de mayo y busca volver a concentrar el beneficio automático por Zona Fría en las regiones históricamente alcanzadas: la Patagonia, Malargüe y la Puna. La reforma elimina ese descuento general para buena parte de las zonas incorporadas con la ampliación de 2021, entre ellas sectores de Buenos Aires -entre ellos el Sudoeste, donde en los últimos días las mínimas se ubicaron por debajo de 0ºC-, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y focaliza la asistencia en los hogares que acrediten condiciones de vulnerabilidad.

La modificación tiene además un impacto fiscal relevante para el Ejecutivo. Los cálculos difundidos durante el debate legislativo estimaron un ahorro de alrededor de $272.000 millones anuales por el recorte de Zonas Frías, aunque el nuevo beneficio eléctrico para las regiones cálidas implicará a su vez un gasto adicional. Las estimaciones oficiales conocidas durante la negociación en Diputados ubicaron ese costo entre US$71 millones y US$95 millones por año.

El Gobierno todavía no fija una fecha para llevar Zonas Frías al recinto del Senado. En Balcarce 50 aseguran que la conducción del trámite quedó en manos de Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, que deberá definir cuándo existen las condiciones políticas para avanzar con el proyecto.

La decisión responde también a que el mapa de respaldos en la Cámara Alta es más complejo que el que enfrentó el oficialismo en Diputados. Provincias como Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Neuquén tienen sectores actualmente beneficiados por el régimen y mantienen reparos sobre el recorte. El Gobierno necesita evitar que los votos que pueda sumar en el Norte sean compensados por pérdidas entre aliados de las zonas alcanzadas por la quita.

Bullrich viene administrando por ese motivo los tiempos de distintos proyectos que la Casa Rosada quiere sancionar antes de fin de año. La próxima sesión que prepara el oficialismo estará enfocada principalmente en pliegos judiciales y acuerdos internacionales, mientras otras iniciativas, como Hojarasca, fueron postergadas ante la falta de respaldos suficientes.

El manejo de la agenda del Senado se da además en medio de fuertes diferencias entre Bullrich y otros integrantes de la mesa política. La senadora mantiene tensiones con Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem por la estrategia parlamentaria, los tiempos de las negociaciones con los aliados y las modificaciones que el oficialismo termina aceptando para evitar derrotas en el recinto.

Esa superposición aparece con claridad en Zonas Frías. La negociación con los mandatarios provinciales se desarrolla desde la Jefatura de Gabinete, Economía y la conducción política de la Casa Rosada, pero la ejecución parlamentaria depende de Bullrich. Por eso, en Nación evitan comprometer una fecha mientras no esté cerrado el número definitivo para el recinto. (con información de TN)

La inversión de 16.200 millones de pesos permitirá, a través del programa  Provincia Leasing y de la línea Municipios 2026, que las comunas accedan a financiación para la compra de maquinarias, equipamiento de salud y seguridad, vehículos y bienes para obra pública y servicios urbanos.

Mediante este programa ya se asistió a 104 municipios desde el año 2020.

En esta ocasión firmaron los intendentes Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; Martín Randazzo, de General La Madrid, y Estefanía Bordoni, de Tornquist.

Por su parte, Kicillof afirmó que "el leasing del Banco Provincia es una herramienta fundamental para que los municipios puedan adquirir bienes de capital, maquinarias y equipamiento para brindar más salud y seguridad”.

“En momentos en los que la situación económica es tan compleja y las demandas crecen, nuestro desafío es dar continuidad y fortalecer esta línea estratégica para la gestión local -subrayó-. Mientras los bancos privados atraviesan tiempos de achicamiento, nuestra banca pública se consolida y multiplica su presencia en el territorio bonaerense”.

Asimismo, remarcó que “la crisis económica que generó el Gobierno nacional impacta de lleno tanto en las familias y las empresas, como en las cuentas del Estado provincial y los municipios: frente a ello, seguimos haciendo todos nuestros esfuerzos para acompañar a los distritos, las pymes y los pequeños y medianos productores de la provincia”.

Por su parte, Cuattromo sostuvo que “desde el Banco Provincia tenemos una decisión muy clara: trabajar en conjunto con los municipios y estar a disposición para acompañar sus necesidades”.

De la firma también participaron los intendentes de Almirante Brown, Balcarce, Bragado, Brandsen, General Alvear, General Villegas, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, San Cayetano, San Isidro, Suipacha, Cañuelas, Capitán Sarmiento y Carlos Tejedor. (Agencia La Plata)

Comprende los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la Red Federal de Concesiones, hasta ahora en manos de Corredores Viales.

De esta manera, el Gobierno concretó el pase a privados de los últimos 3.900 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Ninguna de ellas pasa por el Sudoeste Bonaerense.

La adjudicación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores, además de la prestación de servicios a los usuarios y la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que generen ingresos.

El esquema funcionará bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje y se enmarca en el proceso iniciado después de que la Ley 27.742 declarara a Corredores Viales sujeta a privatización.

La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó el viernes que las obras en esos corredores iniciarán a fines de septiembre.

Qué empresas se quedaron con los ocho corredores

El Ministerio de Economía adjudicó cada corredor a la propuesta ubicada en el primer lugar del orden de mérito.

El detalle quedó conformado de la siguiente manera:

• Tramo Centro: AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1399 sin IVA.
   
• Tramo Centro Norte: José Cartellone Construcciones Civiles S.A., por $2175 sin IVA.
   
• Tramo Mesopotámico: IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., por $3564,99 sin IVA.
   
• Tramo Noroeste: Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., con $2285 sin IVA.
   
• Tramo Litoral: JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., por $2876,04 sin IVA.
   
• Tramo Noreste: Carlos E. Enríquez S.A. y Hormi S.A., por $2950 sin IVA.
   
• Tramo Chaco-Santa Fe: José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una oferta de $3520 sin IVA.
   
• Tramo Cuyo: Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A., por $3090,2462 sin IVA.
   

En todos los casos, las concesiones fueron otorgadas por un plazo de 20 años.

Los montos consignados en la resolución corresponden a las tarifas ofertadas durante el proceso licitatorio y no implican necesariamente que esos sean los valores que comenzarán a pagar los automovilistas en las estaciones de peaje.

La Comisión Evaluadora determinó que las propuestas ganadoras cumplían con las condiciones previstas en los pliegos y resultaban económicamente las más convenientes para el interés público.

Las ofertas que quedaron afuera

Durante la licitación también hubo propuestas que fueron declaradas inadmisibles o directamente desestimadas.

La resolución declaró inadmisibles las ofertas de Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste.

Además, fueron rechazadas distintas propuestas presentadas por INMAC S.A., Tecnoedil S.A. Constructora y Rowing S.A.; CPC S.A.; JCR S.A. y Néstor Guerechet S.A.; Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L.; y José Cartellone Construcciones Civiles S.A., según los corredores para los que habían competido.

Por otra parte, el Ministerio de Economía dejó asentado que, una vez publicado el dictamen y cumplido el plazo correspondiente, no se presentaron impugnaciones contra la evaluación realizada. (con información de TN)

La postal de este comienzo de semana fue la cuarta en el esquema que encontró la Nación para fortalecer el lazo con las provincias que le pueden aportar votos en el Congreso sin necesidad de grandes erogaciones económicas: ya se firmó el traspaso de rutas con Santa Fe, San Juan y San Luis. A su vez, Córdoba, Neuquén y Corrientes negocian por su lado, mientras que Tucumán, con el gobernador Osvaldo Jaldo a la cabeza, lo rechazó.

Según el convenio firmado este lunes, Río Negro se hará cargo de la operación integral del servicio ferroviario del Tren del Valle, que conecta las ciudades de Neuquén y Plottier, con el compromiso de garantizar su continuidad y las inversiones necesarias para sostenerlo.

En el caso vial, el acuerdo fija un marco para que la provincia asuma la gestión de unos 508 kilómetros de las rutas 22 y 151, que incluye obras, conservación, mantenimiento, servicios al usuario y control operativo. La transferencia no será automática: se hará tramo por tramo, mediante convenios específicos. Río Negro financiará las intervenciones y definirá su plan de obras, mientras que Vialidad Nacional mantendrá la jurisdicción nacional y la supervisión técnica.

El convenio también prevé un mecanismo para resolver las obras y los contratos nacionales en curso, y deja abierta una eventual concesión con cobro de peajes, en el marco del Decreto 253/2026.

Por el Gobierno participaron también en la firma el secretario de Coordinación de Infraestructura, Fernando Herrmann; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy; el secretario de Transporte, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Ferroviario, Martín Ferreiro; el presidente de Trenes Argentinos Operaciones, Sebastián Giorgetti; y el gerente general de INVAP, Darío Giussi.

Por Río Negro estuvieron el ministro de Obras Públicas, Alejandro Echarren; la secretaria de Energía, Andrea Confini; el presidente de Vialidad Provincial, Raúl Grün; el presidente del Tren Patagónico, Roberto López; y el director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, Martín Camiña.

El acuerdo con Río Negro se suma a los que la Casa Rosada firmó en los últimos meses con otros gobernadores dialoguistas. El primero fue con Santa Fe: el 22 de julio, Maximiliano Pullaro firmó el traspaso de la Ruta Nacional A012, que conecta el Gran Rosario con puertos regionales, por un plazo de 20 años. Le siguió San Juan, el 10 de agosto, cuando Marcelo Orrego recibió la gestión de las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además del nudo vial de las rutas 40 y A014, también por dos décadas. San Luis había cerrado antes un convenio más acotado, por un tramo de 12 kilómetros de la ex ruta 7, con el gobernador Claudio Poggi.

Córdoba avanza en un pedido puntual: el gobernador Martín Llaryora reclama el traspaso completo de la Ruta Nacional 19, y desde la Jefatura de Gabinete se comprometieron a otorgarlo, aunque hasta el momento no se formalizó la firma.

Neuquén también está en tratativas: el gobernador Rolando Figueroa llevó el pedido de traspaso de rutas a Casa Rosada este mes, en paralelo a su participación en el acuerdo por la extensión del Tren del Valle. El mandatario lo reiteró este lunes en el evento Neuquén Day en Capital Federal: la RN 22, la ruta de los 7 lagos, el Paso Internacional Samoré y la ruta 242. “Las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente. Estamos poniéndonos de acuerdo”, dijo el mandatario en diálogo con la prensa.

Por su lado, Corrientes fue habilitada por el Decreto 253/2026, en abril, junto con otras ocho provincias, para concesionar tramos viales dentro de su territorio, y el gobernador Juan Pablo Valdés mantiene gestiones directas con el Ministerio de Economía, aunque aún no trascendió la firma de un convenio individual con Vialidad Nacional.

Tucumán es, por ahora, el caso más claro de rechazo. El gobernador Jaldo sostuvo que la transferencia de rutas nacionales a la provincia “no será posible” y advirtió que no permitirá que la Nación le desequilibre las finanzas provinciales, una postura que mantiene desde 2025 y que ratificó en julio de este año.

En paralelo al traspaso de gestión a las provincias, el Gobierno avanza con otro mecanismo amparado en el mismo decreto: la concesión de tramos de rutas nacionales a empresas privadas mediante peaje. Bajo ese esquema, Nación adjudicó por 20 años la explotación de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos y de las rutas 12 y 14 en Corrientes, entre otros tramos del país. (NA)

En la comparación interanual, sin embargo, el indicador se ubicó 2,8% por debajo de agosto de 2025.

Cuatro de los cinco componentes que integran el índice mostraron mejoras durante agosto. Los mayores incrementos se registraron en Preocupación por el interés general, que creció 12,8%, y Eficiencia, con una suba del 12,6%.

También avanzaron la Evaluación general del Gobierno (+7,6%) y Honestidad (+2,7%), mientras que la Capacidad para resolver problemas se mantuvo prácticamente estable, con una variación positiva del 0,3%.

Por segmentos, la mejora fue especialmente significativa entre los jóvenes de 18 a 29 años, donde el índice creció 66,3% y llegó a 2,80 puntos.

También aumentó 14% entre las personas de 30 a 49 años, mientras que entre los mayores de 50 años retrocedió 2,5%. El relevamiento fue realizado por Poliarquía Consultores entre el 4 y el 13 de agosto, sobre una muestra de 1.000 casos en 39 localidades de todo el país, con un intervalo de confianza del 95%.