Cada vez que alguien quiere iniciar un negocio, sumar socios, atraer inversores o hacer crear una empresa, el derecho debería ayudar. Sin embargo, muchas veces ocurre lo contrario: los trámites se vuelven complejos y costosos, las reglas son rígidas y la burocracia termina ocupando el lugar de la creatividad y la iniciativa.

El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que actualmente se encuentra a consideración del Senado nacional, busca cambiar esa lógica.

La propuesta parte de una idea sencilla: las sociedades deben ser una herramienta al servicio de las personas y de los negocios, y no un obstáculo que complique lo que debería ser simple.

Por eso, el proyecto reemplaza un modelo pensado para otra época —más rígido, formalista y dependiente del papel y de controles excesivos— por un sistema moderno, flexible y adaptado a las necesidades actuales de empresarios, emprendedores e inversores.

La clave de la reforma es la libertad.

Si el proyecto se convierte en ley, los socios podrán organizar sus empresas de acuerdo con sus deseos y necesidades y atendiendo a las características del proyecto que desean desarrollar. No es lo mismo una empresa de familia, una startup tecnológica, un emprendimiento inmobiliario o una compañía con cientos de accionistas. La ley deja de imponer soluciones uniformes y permite que cada organización encuentre su propia forma de funcionar.

Esto no significa ausencia de reglas.

La libertad existe principalmente en las relaciones internas entre los socios. Pero cuando están en juego los derechos de terceros —trabajadores, consumidores, proveedores, acreedores o el propio Estado— continúan vigentes normas obligatorias, aunque mejoradas, que garantizan la responsabilidad por los perjuicios sufridos a quienes que, de alguna u otra forma, se vinculan con la empresa. El proyecto conserva y perfecciona los mecanismos que permiten responsabilizar a quienes utilicen la sociedad de manera abusiva o fraudulenta, protegiendo a quienes no lo hacen, con la limitación de su responsabilidad.

En otras palabras: más libertad para emprender no significa menos protección para terceros.

De hecho, el proyecto mantiene los principios esenciales del sistema de responsabilidad y los fortalece mediante reglas más claras y soluciones más precisas para prevenir abusos y corregir conductas indebidas.

La reforma tampoco implica una ruptura con la tradición jurídica argentina. Por el contrario, recoge décadas de doctrina, jurisprudencia y experiencia práctica, incorpora aportes de proyectos anteriores y toma en consideración soluciones que han demostrado ser exitosas en otros países.

El resultado es un sistema equilibrado que busca armonizar los intereses de todos los involucrados: socios, administradores, inversores, trabajadores, acreedores y terceros en general. Esta es la estructura que permite captar capitales, distribuir riesgos y financiar proyectos que ninguna persona hubiera podido desarrollar individualmente.

Pero la limitación de responsabilidad que hace posible ese crecimiento económico tiene un límite claro: nadie puede quedarse con las ganancias y trasladar injustamente las pérdidas a los demás.

Si la reforma se aprueba, Argentina contará con un marco legal más moderno, más simple y amigable para quienes quieran invertir, producir, innovar y generar empleo.

Las normas están propuestas. Solo resta que las personas puedan cambiar la forma de pensar las categorías jurídicas tradicionales y creer que existe otra forma de regular a las sociedades y de hacer negocios en argentina. La ley actual (la número 19.550, de 1972), que fue una muy buena ley y de avanzada para su época, ha quedado desactualizada e inerme frente a los nuevos escenarios y desafíos. Cumplió un ciclo que no admite más parches ni soluciones provisorias. Es hora de tener una ley acorde a estos tiempos y al nivel de las de los países más avanzados.

Nunca debemos olvidar que el Derecho encuentra su justificación en la mejora de la calidad de vida de las personas. En el caso de las sociedades debe lograr facilitar la cooperación, brindar seguridad jurídica, incentivar la inversión y apoyar el crecimiento económico, lo que redundará en mayores ingresos para el país y en la creación de nuevas fuentes de trabajo.

El Proyecto en estudio será una herramienta apta para lograrlo.

(*) El autor es Doctor en Derecho (UBA), Profesor Titular de Derecho de Sociedades de la Universidad Nacional del Sur y de otras universidades nacionales y extranjeras, fundador de la Cátedra de Empresas de Familia de la UNS y coautor del proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades.

La Casa Rosada descarta postergar el tratamiento del Presupuesto, que comenzará una vez que el Poder Ejecutivo remita el proyecto a la Cámara de Diputados el 15 de septiembre. La Ley de Administración Financiera establece que el texto debe ingresar antes de esa fecha y en Nación aseguran que la intención es iniciar inmediatamente después la negociación con los bloques.

El cronograma obliga al oficialismo a acelerar durante las próximas semanas buena parte de la agenda que todavía tiene pendiente en el Congreso. En Balcarce 50, mencionan Zonas Frías, Hojarasca, el Súper RIGI, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la reforma de la Ley General de Sociedades, entre otras iniciativas.

En el Ejecutivo aseguran que el Presupuesto no quedará supeditado a que toda esa agenda haya sido sancionada previamente. El objetivo es avanzar todo lo posible antes del 15 de septiembre y después concentrar una parte importante de la negociación política en la ley de gastos y recursos. En despachos oficiales se muestran más confiados que a fines de 2025 sobre la posibilidad de reunir una mayoría para aprobarlo.

Uno de los puntos más sensibles será el financiamiento universitario. En Nación anticipan nuevas tensiones con los gremios, los rectores y sectores estudiantiles, pero sostienen que es un frente que pretenden "resolver". El conflicto volvió a escalar durante agosto con paros y protestas por el cumplimiento de la Ley 27.795 y tiene además una instancia judicial abierta.

La disputa comenzó después de que el Congreso sancionara la Ley de Financiamiento Universitario y el Ejecutivo dictara el Decreto 759/2025, que condicionó su ejecución a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional inició entonces un amparo contra esa decisión.

La intervención de la Corte Suprema se produjo sobre la medida cautelar que alcanzó a los artículos 5 y 6 de la ley, vinculados principalmente con la actualización de salarios docentes y no docentes y con programas destinados a estudiantes. El 25 de junio, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario del Estado porque la cautelar no constituye una sentencia definitiva. De ese modo, no resolvió el fondo del amparo y devolvió el expediente para que continúe su trámite en las instancias inferiores.

Para el Gobierno, hay un elemento nuevo respecto del momento en que se dictó originalmente esa cautelar: el acuerdo que Nación, el CIN y los gremios firmaron el 10 de junio. El entendimiento dispuso una recomposición de la masa salarial del 24,33 %, un aumento del 20 % para gastos de funcionamiento, $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios y una suba del 50 % en las Becas Manuel Belgrano.

En despachos oficiales entienden que ese acuerdo absorbió una parte importante de la discusión que había dado origen a la cautelar, aunque permanecen diferencias por la recomposición pendiente de 2024 y aspectos del financiamiento estudiantil. La estrategia ahora apunta a continuar esa negociación y utilizar el Presupuesto 2027 para establecer las partidas y las reglas del próximo ejercicio, con la expectativa de que un entendimiento más amplio permita también desactivar progresivamente el frente judicial.

Los porcentajes y la fórmula que propondrá el Ejecutivo para 2027 todavía no están definidos. La intención es negociar durante las próximas semanas el nuevo esquema y vincularlo con la discusión por lo que resta del período anterior. En Nación sostienen que la prioridad es evitar que el próximo ejercicio vuelva a comenzar con una disputa sobre la ejecución de las partidas universitarias.

Discapacidad aparece como un segundo capítulo bajo evaluación, pero con menor grado de definición. La Ley 27.793 declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de una prórroga por un año, y fue reglamentada en febrero después de una sentencia judicial que ordenó su aplicación. La norma incluye pensiones no contributivas, prestaciones y medidas para los prestadores, por lo que cualquier modificación deberá contemplar además un régimen que ya se encuentra en ejecución.

El antecedente que pesa sobre ambas discusiones es la votación del Presupuesto 2026 en diciembre pasado. El oficialismo intentó entonces modificar el esquema de universidades y discapacidad dentro de la ley presupuestaria, pero no consiguió sostener ese tramo durante la votación en particular. En el propio Gobierno atribuyeron después el resultado a una combinación de exceso de confianza y falta de negociación previa.

En Balcarce 50 creen que las condiciones políticas serán diferentes esta vez, aunque reconocen que la sanción dependerá de cerrar previamente acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas. La estrategia oficial pasa por llegar a septiembre con una base de respaldos más estable y evitar una negociación artículo por artículo improvisada durante la sesión.

El conflicto universitario quedó además atravesado por las diferencias internas entre Santiago Caputo y los Menem. En ambos espacios existen reproches cruzados sobre la conducción de las negociaciones, el manejo de los votos y la forma en que se administró el frente judicial y político durante los últimos meses. En la mesa política buscan ahora evitar que esas disputas vuelvan a interferir en una negociación que consideran sensible para la aprobación del Presupuesto.

El Ejecutivo busca acelerar las reformas pendientes hasta mediados de septiembre, abrir inmediatamente después el debate presupuestario y utilizar esa negociación para modificar el financiamiento universitario de 2027. En Nación confían en alcanzar un acuerdo que permita sancionar el Presupuesto y bajar la conflictividad con las universidades, mientras mantienen bajo análisis qué cambios introducirán en Discapacidad y qué concesiones necesitarán realizar para sostener la mayoría en el Congreso. (TN)

La actividad oficial comenzará este lunes cuando Milei encabece, desde las 10, una reunión del Gabinete Nacional, la primera que realizará con sus ministros desde el 9 de julio, luego del Tedeum celebrado en la Catedral Metropolitana por el Día de la Independencia.

Durante la mañana, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participará de la apertura del NQN Day, un encuentro de negocios y atracción de inversiones organizado por el Gobierno de la Provincia del Neuquén, que tendrá lugar en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Por la tarde, Santilli firmará junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un convenio con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, para avanzar en el traspaso a esa provincia de ferrocarriles y rutas.

El martes 25, a las 11, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará su habitual conferencia de prensa y, dos horas más tarde, se reunirá la Mesa Política del Gobierno.

Por la tarde, Milei recibirá a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la antesala de una semana considerada clave para el Congreso y para el tratamiento de las iniciativas impulsadas por el oficialismo.

El miércoles 26 estará concentrado en la actividad parlamentaria. El Senado realizará una reunión de Labor Parlamentaria, mientras que Diputados sesionará para debatir la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el proyecto Inocencia Fiscal II.

En tanto, el jueves 27, Milei brindará un discurso ante alumnos de cuarto y quinto año del Colegio ORT, donde abordará como ejes la ética y la inteligencia artificial.

La agenda oficial se complementará durante la semana con actividades de distintos integrantes del gabinete en el interior del país.

Entre el 27 y el 29 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, viajará a Tierra del Fuego para participar en la inauguración de una nueva región de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participará en un acto institucional en Posadas, Misiones, con motivo de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en ese distrito.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, encabezará en la provincia de Salta el inicio de las actividades del Tren 25 de Mayo, en el municipio de Campo Quijano. (NA)

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio de la localidad de O’Brien, donde la policía aprehendió al concejal Germán Díaz, de 52 años. Durante el allanamiento, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 3 a solicitud de la UFI N° 7 del Departamento Judicial de Mercedes, las fuerzas de seguridad secuestraron restos de cocaína, elementos de corte y una balanza de precisión.

La intervención judicial se desencadenó luego de que vecinos de la zona expresaran su preocupación por la venta de drogas en la localidad durante un encuentro con autoridades locales, señalando al funcionario como el presunto responsable de las maniobras. Díaz permanecerá alojado en una dependencia policial hasta ser trasladado a sede judicial en Mercedes para prestar declaración indagatoria ante la fiscal María Laura Cordiviola.

Ante el hecho, el bloque de concejales de LLA de Bragado emitió un comunicado firmado por su presidenta, Daniela Monzón, y los integrantes de la bancada, en el que manifestaron su "enérgico repudio" a la comercialización de estupefacientes. Asimismo, señalaron que la investigación y la situación personal del edil deben ser resueltas de manera exclusiva en el ámbito judicial.

En tanto, los distintos sectores del Concejo Deliberante prevén realizar una reunión interbloque para definir los pasos a seguir y evaluar una eventual suspensión o sanción hacia el concejal imputado, de acuerdo a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. (con información de NA)

La medida se da en medio de una creciente disputa judicial y política por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue ratificada por el Congreso tras el veto presidencial y cuya implementación continúa siendo motivo de controversia.

El conflicto responde a que las casas de estudio no perciben las transferencias presupuestarias previstas por la legislación ratificada por el Poder Legislativo, a pesar de la existencia de fallos judiciales que ordenan el cumplimiento de la norma. 

Esta falta de envío de fondos impacta de manera directa tanto en los gastos de funcionamiento diario de las instituciones públicas como en las partidas destinadas a los sueldos del personal académico y los programas de becas estudiantiles.

En materia de ingresos, la conducción sindical denuncia que las actualizaciones salariales otorgadas durante los últimos meses se fijaron de forma unilateral, sin la reapertura de una paritaria formal, y quedaron marcadamente por debajo de la inflación acumulada. 

Las estimaciones de las entidades gremiales señalan que los trabajadores del sector sufrieron una pérdida cercana a un tercio de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023, por lo que requerirían un incremento superior al 50% sobre los haberes actuales para equiparar el nivel de compra de ese período. El retraso afecta especialmente a las dedicaciones simples y semi-exclusivas, al tiempo que complica a los cargos de dedicación exclusiva.

A su vez, las autoridades y representantes del sistema universitario advierten sobre la migración de docentes e investigadores altamente calificados con títulos de posgrado. La brecha de ingresos con el sector privado y con instituciones del exterior genera un drenaje de recursos humanos que afecta la calidad educativa y la producción científica y tecnológica nacional. 

En este escenario, la medida de fuerza coincide con un contexto de dilación en la aplicación efectiva de la ley, por lo que las organizaciones sindicales no descartan profundizar el plan de lucha si no obtienen respuestas concretas por parte del Poder Ejecutivo. (con información de NA)

A través de sus redes, la legisladora legisladora Victoria Tolosa Paz explicó que la iniciativa busca que desde el Gobierno se regule "el monto de la deuda, el plazo y la tasa, tres condiciones clave para no permitir el sobreendeudamiento de las madres en la República Argentina", en un contexto económico donde el uso de plataformas digitales se expandió de manera masiva para la gestión de ingresos y la solicitud de microcréditos de consumo diario. 

Al respecto, consideró que "el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las familias y garantizar que ningún negocio financiero esté por encima de sus derechos", marcando la postura de la bancada opositora respecto al rol del mercado financiero en los sectores de menores recursos. 

En ese marco, la dirigenta enfatizó la problemática social al señalar que "en la Argentina de Milei llegamos al colmo del sobreendeudamiento de las madres para poder comprar alimentos para sus hijos", situando el foco del debate legislativo en el impacto que el costo del financiamiento tiene sobre la canasta básica familiar. 

Por este motivo, la diputada remarcó que "presentamos un proyecto de ley para ponerle un límite a esta situación y establecer reglas claras frente al sobreendeudamiento", con el objetivo de fijar topes normativos y condiciones de transparencia que eviten que los sectores vulnerables queden atrapados en esquemas de morosidad o tasas excesivas al recurrir al crédito privado para cubrir necesidades esenciales. (con información de NA)

Mientras tanto, aquel verso borgeano acerca de que “no nos une el amor, sino el espanto”, bien podría definir el tono en el que se desarrollan las charlas iniciales entre la “Jefe” política de La Libertad Avanza, Karina Milei, y el expresidente Mauricio Macri, buscando una todavía lejana alianza electoral para 2027 con el objetivo común de impedir un regreso del “populismo”.

Del mismo modo poético podrían inscribirse las discretas reuniones en la cúpula del PJ para lograr una “unidad forzada” y así tratar de impedir una eventual continuidad de Javier Milei en la Casa Rosada.

Está claro que, en medio de de esos preparativos para la gran batalla electoral del año próximo,  el escenario de polarización permite presagiar que los principales operadores del peronismo  bonaerense buscarán evitar una sobrecargada agenda de sesiones legislativas en lo que queda del semestre. 

Al menos por ahora, el objetivo pasa por gambetear alguna deliberación caliente  que pueda desestabilizar el escenario de gobernabilidad de Axel Kicillof, además de permitirle a la vicegobernadora Verónica Magario lograr cierto equilibrio positivo con distintos protagonistas  legislativos.

Básicamente, la Gobernación también espera una época de sesiones light dentro de la siempre caldeada Legislatura. Muy distinto es el escenario cuando la dura interna del PJ bonaerense activa la irrupción de alguno de sus protagonistas mediáticos, expertos en soltar la lengua al mejor estilo de un lanzallamas verbal, casi siempre por redes sociales.

Experimentado en tropiezos internos, el senador Mario Ishii cuestionó a la dirigencia peronista y reclamó innovar estrategias después de la cumbre que reunió a los líderes partidarios. “No se puede seguir esperando resultados (electorales) distintos haciendo siempre lo mismo”, arremetió el dirigente del poncho, como una forma de alentar una renovación de los nombres que conducen la coalición.

Aseguran dentro la Legislatura que la propia Cristina Kirchner fue quien logró imponer al exintendente Ishii como vicepresidente 1º del Senado, un sillón que Kicillof pretendía conservar como propio por ser el segundo en la línea de sucesión después de Magario. Como se sabe, la convivencia es necesaria, siempre y cuando sea en beneficio de la conveniencia política. Da igual que sea en las ásperas trincheras del PJ como en las de La Libertad Avanza.

En esa coyuntura, el esquema legislativo mileísta buscará instalar una agenda propia durante los próximos meses. Se trata de un paquete de proyectos de alto impacto mediático que, aun sin contar con los votos necesarios para lograr la sanción favorable, buscará remarcar sus diferencias ante lo que consideran como “la política mediocre” que, según ellos, caracteriza al parlamento provincial.

Diputados del oficialismo, en tanto, vienen tanteando a los distintos actores del arco opositor para convocar a una sesión antes del arribo de la tormenta de Santa Rosa, prevista para fines de agosto. En lo que va del año, el cuerpo sancionó pocas leyes relevantes, como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas o la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica.

Entre las iniciativas que los libertarios pretenden impulsar aparece la supresión de la Cámara de Senadores para crear una Unicameral a partir de 2028, siempre y cuando el elenco violeta logre obtener las llaves de la Gobernación. También buscarán sostener su postura negativa al proyecto que elimina el límite a la reelección de intendentes.

Con eso apuntan a marcarle la cancha al oficialismo, conjuntamente con la decisión de reinstalar el debate público por la inseguridad, sin dejar de ventilar cualquier aparente “gasto militante” en la administración estatal, a diferencia del “superávit fiscal” logrado por la gestión Milei.

Por su parte, las segundas líneas de los bloques de Fuerza Patria intentarán acordar que los distintos sectores parlamentarios dejen de actuar como “libres pensadores” y comiencen a coordinar una estrategia común frente a los proyectos impulsados, según dicen, por el armado “amateur” de LLA.

“Si quieren embarrar el campo de juego no hay problema. Vamos a ver quién tiene más argumentos y experiencia en legislar con la cancha inclinada”, avisan los peronistas con mayoría de bancas en ambos recintos.

En medio de los nubarrones políticos, el Gobernador le pidió a su ministro sanitario, Nicolás Kreplak, que vaya a defender ante la Legislatura el proyecto para crear una empresa estatal de medicamentos que tiene como principal propósito investigar, comercializar, producir y abastecer de insumos esenciales a hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud, al tiempo que tendrá la potestad de marcar los precios de referencia en el mercado, lo que podría bajar considerablemente los costos de los fármacos.

La oposición parlamentaria espera para la embestida. Tiene una carpeta de preguntas vinculadas con la deuda que acumula la obra social estatal IOMA con los hospitales municipales y las prestadoras.

Los días grises de invierno, sumados al extenso apagón que dejó a miles de platenses a oscuras, entristecen aún más la fría actividad ministerial y parlamentaria. Y mientras tanto, Kicillof no retrocede y busca añadir kilómetros por las provincias en busca de establecer un armado federal que le permita meterse en la competencia presidencial del año que viene, al margen de cualquier foto de acercamiento protocolar con otros  referentes de la primera línea peronista.

La Libertad Avanza convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el miércoles 26 y busca sesionar el jueves 27 de agosto con una agenda que incluye la Ley Hojarasca y un paquete de designaciones impulsado por la Casa Rosada.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, encabeza las conversaciones con aliados para garantizar el quórum y avanzar con los pliegos, especialmente los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Ese tribunal interviene en expedientes sensibles para el Gobierno, como las investigaciones sobre la criptomoneda $LIBRA, las presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la causa por presunto enriquecimiento ilícito del vocero presidencial Manuel Adorni.

El presidente Javier Milei suele repetir en redes sociales la frase “Todo marcha de acuerdo con el plan”, y ese mensaje también se proyecta sobre la estrategia judicial del oficialismo desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Con su conducción, el Poder Ejecutivo aceleró el envío de pliegos al Senado para que sean analizados por la Comisión de Acuerdos, presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto.

El martes, la Comisión recibió a 13 postulantes para cubrir vacantes en juzgados federales de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la prioridad del oficialismo está puesta en la sesión del 27 de agosto, donde buscará aprobar una serie de designaciones que considera estratégicas para consolidar su influencia en el Poder Judicial.

Para lograr los votos necesarios, Bullrich mantiene conversaciones con sectores de la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, que reclaman ampliar el temario e incorporar proyectos propios. “Están bien los proyectos de Javier Milei, pero ¿qué pasa con los nuestros?”, plantearon desde los bloques aliados. La senadora tomó nota del reclamo y aceptó discutir una agenda más amplia, aunque la prioridad inmediata será la sesión del jueves.

En paralelo, el oficialismo avanzó con iniciativas impulsadas por las senadoras Flavia Royón y Sonia Rojas Decut, vinculadas al marco regulatorio y los presupuestos mínimos de protección ambiental del mercado voluntario de carbono. Ambos proyectos podrían obtener dictamen la próxima semana.

La ausencia del kirchnerismo en la reunión de comisión facilitó el avance del Gobierno en los pliegos más sensibles. La Cámara Federal porteña es un tribunal clave por su competencia en causas de corrupción, delitos económicos, lavado de dinero y crimen organizado. Su integración es considerada estratégica por la Casa Rosada, especialmente en expedientes que involucran o podrían afectar políticamente a los hermanos Javier y Karina Milei.

Los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola atravesaron sin sobresaltos sus presentaciones ante la Comisión de Acuerdos. Hubo pocas preguntas debido a que los senadores del bloque Justicialista, encabezado por José Mayans, no participaron de la audiencia. Con los dictámenes ya firmados por oficialistas y aliados, ambos candidatos quedaron encaminados para ser tratados en el recinto.

Bertuzzi llegó a la Cámara Federal en 2018 mediante un traslado dispuesto durante el gobierno de Mauricio Macri. Su continuidad quedó en discusión en 2020, cuando el Senado rechazó los traslados de Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. La Corte Suprema determinó luego que esos traslados no podían ser definitivos sin concurso, aunque permitió que ambos continuaran en sus cargos hasta completar el procedimiento constitucional. Ese proceso es el que ahora vuelve al Senado.

Por su parte, Yadarola destacó durante su exposición que ingresó al Poder Judicial a los 18 años y que trabajó durante dos décadas en investigaciones sobre delitos complejos y crimen organizado. Aseguró que buscará desempeñarse con “un lenguaje claro, llano y cercano” para brindar “previsibilidad y seguridad jurídica”.

Si la sesión del 27 de agosto se concreta, el Gobierno pondrá a consideración del pleno 60 nombramientos judiciales, que se sumarían a las 170 vacantes ya cubiertas desde la llegada de Milei a la Presidencia. Además, ingresarán otros 15 pliegos que deberán ser analizados por la Comisión de Acuerdos. (N/A)

“Es nuestra responsabilidad que la era de Milei se termine en 2027”, afirmó ante militantes, en un discurso en el que combinó críticas al oficialismo con un llamado a la autocrítica dentro del peronismo.

“No vamos a entusiasmar a nadie con odio y con insultos, no podemos convocar con faltas de respeto. Vamos a convencer con un proyecto nacional que rescate los sueños, con ideas que contengan, que abracen y sumen”, dijo.

Kicillof definió el encuentro como “fundacional” y planteó que el objetivo es empezar a construir “la Argentina que se viene”. “Vamos a demostrar que en la Argentina se puede volver a soñar”, sostuvo.

“Vengo a invitarlos a empezar una historia nueva, distinta, convocando lo mejor de nuestra tradición, de los 12 años de Néstor y Cristina y de nuestra doctrina. No queremos simplemente restaurar el pasado, sino construir entre todos un futuro distinto, un futuro mejor, un futuro para todos. Y eso no lo puede hacer un dirigente, lo tiene que construir una fuerza política que convoque al pueblo entero a luchar por sus derechos”, remarcó.

Durante su intervención, el gobernador analizó el respaldo que obtuvo Javier Milei entre los jóvenes en las últimas elecciones y evitó responsabilizar a ese electorado por el resultado.

“Había malestares y frustraciones, y muchos jóvenes votaron a Milei”, reconoció. Sin embargo, agregó que “no es bueno dedicarse a señalar y echar culpas”, porque, según dijo, ese sería “un error”.

Para Kicillof, el Presidente no surgió de manera espontánea, sino que representó una respuesta al descontento acumulado durante años. “Intentaron que canalizara el enojo de muchos, tal vez millones. Aparecía como lo nuevo, lo original, el que traía respuestas a problemas que no se habían resuelto durante mucho tiempo”, planteó.

La autocrítica por la última gestión peronista

El mandatario bonaerense también sostuvo que el peronismo debe revisar su propio desempeño para recuperar la confianza de quienes eligieron otra opción. “También nosotros tenemos que asumir lo que hicimos mal o no supimos hacer para que muchos pensaran que no había otra alternativa”, afirmó.

En ese sentido, pidió abrir una etapa de reflexión y aseguró que el espacio necesita reconstruir una propuesta capaz de volver a representar las expectativas de la sociedad.

Kicillof profundizó sus críticas a la gestión nacional y sostuvo que el oficialismo construye un relato que responsabiliza a los ciudadanos por las dificultades económicas. “La ultraderecha hoy intenta darle sentido al malestar. Milei te dice que es tu culpa si no conseguís trabajo o no te alcanza la plata”, afirmó.

Frente a ese diagnóstico, responsabilizó directamente al rumbo económico del Gobierno. “El problema no es la Argentina ni sos vos; es Milei y su política económica”, sostuvo.

El gobernador fue todavía más allá y calificó al Presidente como “la estafa electoral más grande de nuestra historia”, al sostener que muchos de quienes lo apoyaron “hoy se dan cuenta de que es una mentira, un fiasco”.

“La provincia de Buenos Aires nunca se arrodilló al proyecto de Milei”, afirmó, al ratificar su posicionamiento como uno de los principales referentes del peronismo frente a la Casa Rosada. (TN)

"No vivimos en Suiza, estábamos al borde de una hiperinflación e íbamos camino a convertirnos en Venezuela. Hay que ver dónde estamos haciendo una comparación. Me parece un espanto que tengamos 30% de pobres, pero arrancamos con 57%", precisó en declaraciones radiales.

En ese sentido, cargó contra los analistas políticos y los periodistas debido a la "deshonestidad intelectual" que tienen sobre su gestión. "¿Discutimos sensaciones con encuestitas fabricadas o miramos los datos que dice el crecimiento?", criticó y agregó que "dicen que la gente no llega a fin de mes pero antes llegaban a menos todavía".

"Cuando se mira el consumo, está en máximos históricos. Cuando se mira el Producto Interno Bruto (PIB), está en máximos históricos. Me niego a creer que los argentinos sean tan tontos para que se crean estas mentiras".

También habló sobre el tema de la morosidad en las personas y cuestionó a los gobiernos antecesores al de él, dado que hicieron que "Papá Estado salve todo, y así nos quedamos sin nada, sin salarios".

Aseguró que los números de irregularidad de las personas, familias y empresas "no representan un problema" y precisó que el inconveniente recae sobre familas del sector no bancario.

"Si va a hacer una operación que entraña más riesgo, ¿le pone mas o menos tasa? Eso es lo que pasa con los préstamos de estas características, que son de bajo costo y alta tasa de interés", explicó.

El mandatario continuó con las críticas hacia gobiernos anteriores, específicamente desde el de Cristina Kirchner hasta el de Alberto Fernández, y manifestó que durante ese período la economía "siempre cayó en términos per cápita".

"Cayó más del 10%, eso quiere decir que en los salarios reales esa gente nos estaba reventando. ¿Qué quiere? ¿Que haga magia? Magia no se puede hacer. Los que le prometieron magia los volvieron más pobres".

También confirmó que irá por la reelección presidencial en el 2027 y adelantó que realizará más reformas si los argentinos le dan esa posibilidad: "Yo ya tengo mi compromiso cumplido con los argentinos y si puedo voy a seguir reformando".

"Si los argentinos quieren seguir avanzando en el camino del crecimiento, la libertad y el bienestar me van a elegir a mi. Es futuro contra pasado, progreso contra decadencia. Nunca estuvo tan facil en enfrentar dos modelos".

En la misma línea habló sobre un posible acuerdo con el PRO: "Mi casa siempre está abierta a recibir a personas de bien. Las puertas para el presidente Macri siempre están abiertas".

Al momento de ser consultado sobre la "campaña anti-Argentina", el Jefe de Estado acusó a Brasil, México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de haberla confeccionado.

"Se usó toda una parafernalia para crear una 'campaña anti-Argentina' con los socios del socialismo del siglo XXI. Esa campaña estuvo impulsada básicamente por Brasil, que vive interfiriendo en los procesos electorales de toda la región", comenzó argumentando.

"México, que también es parte de ese movimiento siniestro; el Partido Demócrata de los Estados Unidos y básicamente el PSOE. Ellos fueron los motores propulsores de la 'campaña anti-Argentina', donde el foco final era atacar a nuestro gobierno, por ser un gobierno liberal que cumple las promesas que hizo y está dando resultado".

A su vez, Milei dijo que Fernando Cerimedo, exasesor del mandatario y que actualmente está bajo prisión preventiva en Bolivia por tentativa de femicidio a su pareja, "no forma parte del espacio" desde 2023, por lo que "es parte de todo el mismo entramado" y señaló que podría ser parte de una operación mediática que incluye a la diputada Marcela Pagano, su pareja Franco Bindi, el expresidente boliviano Evo Morales y el "castrochavismo".

Asimismo habló sobre el exdiputado libertario José Luis Espert, quien es investigado por presunto lavado de dinero relacionado con Federico "Fred" Machado, acusado y condenado por la Justicia de Estados Unidos.

El Presidente sostuvo que se trata de "operaciones" en contra del "profe Espert" y lo calificó como un "soldado de hierro desde la primera parte del Gobierno".

"Sería un motivo de gran felicidad que pueda limpiar su nombre de las mentiras a las que fue sometido desde la política, parte de la Justicia y algunos medios de comunicación, que hacen denuncias y después los dueños de medios extorsionan para conseguir dinero, favores o negocios. Nosotros vamos a seguir trabajando para ir depurando la Justicia”. (N/A)

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 17, Secretaría N° 34, en la ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo. 

En su argumentación técnica, la administración conducida por la familia Espiñeira presentó un balance financiero deteriorado que comprende $4745 millones en obligaciones bancarias con entidades como Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro, además de más de 2900 cheques rechazados por un saldo de $11.200 millones.

La debacle previa incluyó un frustrado Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados y afectó la operatoria de 150 productores tamberos que reclaman acreencias acumuladas por US$60 millones.

La iniciativa en la Justicia comercial busca esquivar la quiebra definitiva en un escenario donde las autoridades provinciales ya preveían el desenlace. Desde el Ministerio de Trabajo santafesino que lidera Roald Báscolo admitieron que “era sabido que podría ocurrir”, luego de haber tenido que articular asistencia alimentaria junto a la Municipalidad de Suardi para auxiliar a los operarios perjudicados por el cese de haberes. 

Ante la falta de respuestas directas por parte del directorio de la láctea, el delegado de Atilra en Lehmann, Domingo Possetto, expresó: “No sabemos qué puede ocurrir. Los trabajadores no quieren confrontar sino trabajar y cobrar, algo que hace mucho tiempo no pueden hacer”. 

Paralelamente, la cooperativa cordobesa Copalac acordó operar a fasón las instalaciones de Suardi para ingresar leche cruda y producir leche en polvo, otorgando ocupación provisoria a 30 dependientes. 

Sobre este pacto, la representación sindical de Atilra aclaró que “Copalac asumirá la responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de la seguridad social de los empleados que se incorporen a prestar tareas en el marco de este acuerdo”, interrumpiendo momentáneamente una etapa de parálisis para una marca que entre enero de 2020 y abril de 2025 supo exportar manufacturas por más de US$102 millones a mercados internacionales. (N/A)

Bisio había presentado un escrito ante el juez Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata y se abstuvo de responder preguntas.

La ex funcionaria recuperó la libertad junto a Gabriela Mantecón Fumado, la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), tras pagar una caución de $75 millones cada una.

El arresto de la ex titular de la ANMAT se concretó en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, al tiempo que Mantecón Fumado se presentó espontáneamente junto a su abogado en la dependencia policial.

El jueves 20 de agosto se cumplió un año del desmoronamiento del clan García Furfaro luego que las detenciones de Ariel, empresario asociado al kirchnerismo y dueño de los dos laboratorios, su madre e integrantes de las empresas.

La decisión del magistrado Kreplak respondió a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de “criminalidad compleja” que involucra a un “conglomerado empresarial organizado”.

El paso del tiempo empezó a dar respuestas. A más de un año del inicio de la investigación se logró constatar que los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuido en diversos hospitales de todo el país, estaban contaminados con las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

A su vez, se determinó la existencia de fallas críticas detectadas por la ANMAT y el INAME en las inspecciones, que no tuvieron seguimiento alguno, por lo que ambos laboratorios continuaron funcionando. El quiebre sucedió el 18 de diciembre de 2024 cuando se fabricaron los lotes que resultaron estar contaminados y que en enero de 2025 empezaron a distribuirse a nivel nacional.

Ubicado en el pabellón 6 de la unidad penitenciaria de Marcos Paz, el recluso mantiene una rutina particular que combina actividad física, lecturas y encuentros gastronómicos provistos con mercadería propia. (N/A)

El diplomático estadounidense remarcó que la presencia de compañías del gigante asiático en sectores estratégicos como la energía representa un riesgo para la seguridad y los intereses de la región.

“Las tecnologías de alto riesgo de empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera, Dahua y DJI están, en última instancia, sujetas a los designios del gobierno comunista chino. La legislación china obliga a estos proveedores a cooperar con los servicios de inteligencia de Beijing, lo que genera riesgos de espionaje, ataques informáticos e interrupciones de las redes. Instamos a los socios de Estados Unidos en las Américas a cambiar rápidamente a proveedores confiables para proteger a sus ciudadanos y su soberanía”, escribió Lamelas en la red social X.

La semana anterior, el embajador de EE.UU . en el país había advertido sobre el riesgo de contar con tecnología china en Vaca Muerta y sectores estratégicos.

En aquella oportunidad, cuestionó el uso de tecnología china en sectores estratégicos y advirtió que su presencia en la infraestructura vinculada con Vaca Muerta puede convertirse en un obstáculo para la llegada de inversiones extranjeras.

El planteo fue realizado durante el AmCham Energy Forum 2026, donde el diplomático vinculó de manera directa la seguridad de los datos con la seguridad nacional y sostuvo que las empresas internacionales necesitan operar sobre redes que consideren confiables.

“La seguridad energética de los datos es seguridad nacional de ambos países”, afirmó Lamelas durante su exposición. Según explicó, compañías estadounidenses y de otros mercados están interesadas en ingresar a la Argentina, pero requieren garantías sobre la protección de la información que circula por las redes tecnológicas utilizadas en sectores considerados críticos.

En ese contexto, el embajador apuntó directamente contra China y cuestionó las condiciones bajo las cuales, según sostuvo, operan sus empresas tecnológicas. “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial”, dijo. Y agregó: “Entiendan eso, cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de IA, todo está controlado por el Partido comunista chino”.

El diplomático vinculó esa situación con el desarrollo de Vaca Muerta y dejó una advertencia concreta para la Argentina: “¡Esto no vale! Y tampoco va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

Lamelas insistió en que no se trata solamente de una discusión comercial o sobre proveedores. Para el gobierno estadounidense, explicó, la seguridad de las redes y de la información forma parte de una cuestión de seguridad nacional. “Empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina, pero quieren garantías de que sus datos son protegidos y están las redes de confianza”, sostuvo. (TN)

Litvinoff rechazó los dichos del equipo económico del Gobierno sobre que el problema de fondo "es una cuestión entre privados" y explicó por qué debería haber una intervención del Estado.

"No es un buen argumento. Para que el Estado no intervenga tendrían que ser dos privados interactuando en igualdad de condiciones y conocimiento. Y sabemos que la gente no suele tener mucha cultura financiera ni invertir mucho tiempo en eso. Entonces terminan teniendo estas tasas de morosidad tan importantes que repercuten en el cotidiano de la gente", indicó en declaraciones radiales.

En ese sentido, el economista detalló en qué tres aspectos el Estado podría intervenir: la primera, de manera "preventiva"; la segunda, de una manera "totalmente de acuerdo a lo que está pasando en este momento"; y en tercer lugar "cambiando las reglas de juego".

La regulación de las aplicaciones financieras también fue un punto clave que nombró el director de estudinero.org, dado que en algunos casos las tasas escalan hasta un 29.000% anual y se vuelve "una verdadera locura" y califican como "usureras".

"Antes, para sacar un préstamo, tenías que presentar los papeles que te pedían, información en el banco, el recibo de sueldo, antigüedad, etcétera, y eso actuaba como un 'filtro' en donde a mucha gente no se lo otorgaban. Ahora te aparece un push-up en el celular o directamente te llega por mail que tenés un crédito aprobado por $500.000 o $1.000.000 sin ningún tipo de mecanismo previo", advirtió.

Sobre las altas tasas, Litvinoff argumentó el costo ante una necesidad de las billeteras de "cubrirse" ante el riesgo del no pago, "porque si hay un 30% de mora quiere decir que una de cada tres personas que le prestan tiene problema para devolverlo".

"La gente todavía piensa, por ejemplo, que la inflación te va a comer las cuotas, cuando estamos en una caída, estamos en una ralentización de la inflación que hace que ya no sea para nada así, esa ecuación ya no existe más. Todas estas cosas son las que producen, para mí, estas situaciones desiguales que tienen también su caso más extremo", sostuvo.

Sobre el final, el economista se refirió a las casi 6 millones de personas que tomaron un préstamo y se encuentran con niveles de mora mayores a 90 días. Con respecto a esa problemática, aclaró qué procedimientos deberían seguir esas personas para salir de la situación.

En principio, la persona que tomó ese préstamo debe "ordenar las deudas en términos del flujo de fondos de las cuotas". "Cuánto te está significando pagar la cuota cada mes", simplificó.

Luego, se debe "cortar totalmente el acceso al crédito, no seguir comprando en cuotas ni seguir pagando la hipoteca con la tarjeta de crédito".

"No queda otra que ordenar los números, las finanzas personales, de las deudas que tenemos. Muchas veces también conviene hablarlo con los familiares y explicar la situación, para cortar esa bola de nieve que se forma también con los intereses cuando todos se empiezan a gastar", concluyó. (N/A)

Esta cifra dio continuidad al intenso movimiento registrado el día anterior, cuando un total de 1.580 camiones cruzaron desde Chile hacia territorio argentino de manera fluida. 

Durante el viernes, el paso mantuvo habilitada de forma exclusiva la circulación para el transporte de cargas en el sentido Chile-Argentina, mientras que el turismo interno estuvo sujeto a cupos de estacionamiento, con la estricta prohibición de detenerse o estacionar sobre la calzada de la Ruta 7.

Las autoridades confirmaron que el Sistema Integrado Cristo Redentor estará habilitado para todo tipo de vehículos durante el sábado 22 y el domingo 23 de agosto. La circulación para ambas jornadas se regirá bajo el horario invernal establecido, el cual rige de 9 a 21 en el sentido de Argentina a Chile, y de 8 a 20 en el sentido chileno. 

La flexibilización del tránsito durante el fin de semana resulta una ventana clave para los viajeros, ya que se anticipa un marcado desmejore en las condiciones meteorológicas en el corto plazo. 

De acuerdo con los reportes oficiales, "a partir de la noche del lunes 24 de agosto y hasta el domingo 30 se esperan condiciones climáticas adversas y temporales en la alta montaña".

Actualmente, el frío extremo ya se hace sentir en la cordillera con temperaturas bajo cero en los principales puntos de control: Uspallata registra 0°C, Punta de Vacas -5°C, Puente del Inca -8°C y Las Cuevas -9°C. 

Asimismo, las autoridades recordaron que "el Paso Internacional Pehuenche permanece cerrado", por lo cual instaron a transportistas y particulares a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales antes de emprender viaje.

La resolución, refrendada por los magistrados Juan Fantini y Sebastián Russo mediante una medida cautelar dictada en febrero, ordenó reanudar temporalmente el pago de una de las dos prestaciones especiales que habían sido suspendidas de manera administrativa a finales de 2024.

Aquella decisión original del organismo previsional se había fundamentado en la ratificación de la condena penal dictada contra la exjefa de Estado dentro de la causa conocida como Vialidad, lo cual derivó en una demanda judicial por parte de la exmandataria para obtener la restauración del beneficio económico mientras el fuero discute el expediente principal.

Frente al requerimiento oficial de información pública interpuesto por este medio, la entidad estatal ratificó que "se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $16.090.877,01 e ingresando los descuentos legales vigentes", agregando que tales conceptos para obra social e impuesto a las ganancias "se procesan automáticamente con la liquidación mensual", informó el diario La Nación.

La asignación desembolsada corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner y ubica su cifra neta en torno a los $12 millones, habida cuenta de que la administración aplicó una quita del 20 % en el haber mensual en función de la resolución 343 del año 2025 para concretar "un recupero del 20 % del haber mensual por sumas percibidas indebidamente".

Asimismo, el organismo declinó liquidar el ítem por zona austral que la exfuncionaria percibía por su domicilio declarado en Santa Cruz y aclaró que la actualización del haber obedecerá a "una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo".

La medida cautelar concedida por la alzada de la Seguridad Social revirtió un fallo adverso de primera instancia firmado por la jueza Karina Alonso Candis, fundamentando la decisión en motivos alimentarios y sin abordar la pena a seis años de prisión dictada contra la beneficiaria, situación que según un dictamen del procurador Eduardo Casal debería suspender el cobro de fondos previsionales.

Ante el rechazo de la propia Cámara para elevar el tema mediante recurso extraordinario, la ANSES y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia para revocar la cautelar.

La erogación final se destrabó en julio luego de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la expresidenta, mientras el Estado procura recuperar acreencias por $660.052.338,87 correspondientes al período previo y se mantiene abierto otro expediente judicial iniciado por la exdiputada Graciela Ocaña sobre la incompatibilidad del cobro simultáneo de dos haberes encuadrados en la Ley 24.018. (NA)

Durante una disertación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la legisladora destacó las metas macroeconómicas alcanzadas por el Poder Ejecutivo, entre las que señaló el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y la preservación del valor de la moneda.

Sin embargo, reclamó que los resultados del programa económico se traduzcan con mayor celeridad en el consumo y en la actividad productiva. "¿Qué necesitamos? Que haya confianza para que la velocidad de estos cambios que se han hecho se vean en cada familia argentina, en cada pyme, en cada empresa grande, en la economía de todos los días", sostuvo.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, Bullrich contrapuso la coyuntura actual con las administraciones del kirchnerismo a las que atribuyó "emisión descontrolada, desabastecimiento y caos", pero volvió a señalar que la recuperación no impacta de manera uniforme.

"Hoy los índices son positivos, pero sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil. Nos debe ocupar que los resultados lleguen a cada familia, pyme y empresa", afirmó.

Las expresiones de la titular de la bancada oficialista en la Cámara alta se produjeron un día después de la presentación de Milei en el Consejo de las Américas, donde el mandatario aseguró que durante su gestión "no aumentó el desempleo" ni "cayeron los salarios", al tiempo que descartó modificaciones en la orientación de su programa y cuestionó los diagnósticos críticos sobre el consumo. (NA)

Mientras que en 2014 nacieron 777.012 bebés, en 2024 -una década después- fueron apenas 413.135. Es decir, se dio a luz unos 363.877 bebés menos. O, dicho de manera más gráfica: mientras que promediando la década pasada en Argentina cada día llegaban a este mundo 2.128 niños y niñas -88 cada hora, uno cada 45 segundos-, el último registro demuestra que ahora nacen 1.131 por día -47 cada hora, uno cada 80 segundos-.

Un dato revelador que tiene sus matices ya que, si bien se dio en toda la geografía del país, hay diferencias entre provincias. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tierra del Fuego la tasa de natalidad se ubicó en 6,9 nacimientos por cada mil habitantes (la más baja del país); mientras que en el otro extremo figuran las provincias de Misiones (12,3), Chaco (11,9), Santiago del Estero (10,8) y Formosa (10,7). Pero en todos los distritos nacieron muchos menos bebés que 10 años antes.

Este derrumbe en la tasa de natalidad ha hecho, incluso, que la cifra de nacimientos se acerque peligrosamente a la de defunciones, como no ocurrió nunca en la historia. En 2014, los nacimientos duplicaban el número de muertes en la Argentina: 777.012 contra 325.539. En cambio, en 2024 esa diferencia se redujo drásticamente: nacieron 413.135 personas y murieron 376.405, es decir, apenas una diferencia aproximada del 10% (36.730).

Es más, hay dos distritos (CABA y Provincia de Buenos Aires) donde las muertes superan a los nacimientos. Esa merma general a nivel país de la brecha que separa uno y otro extremo de la vida está exclusivamente relacionada con la caída en la tasa de nacimientos y no con un aumento de la tasa de mortalidad, ya que ésta se movió en forma proporcional a la evolución de la población general. Es más, las tasas de mortalidad infantil, neonatal y postnatal están en sus mínimos históricos.

Estos datos surgen del informe más completo que existe en Argentina, el de “Estadísticas Vitales”, que se elabora año a año de manera oficial en la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), del Ministerio de Salud de la Nación. La Agencia Noticias Argentinas consultó acerca de los detalles y desde la Dirección –conducida por Carlos Guevel- señalaron que ellos reciben esa información a través de los certificados de nacimientos en los Registros Civiles de todo el país y que son cotejados en cada jurisdicción.

“Los datos definitivos son enviados en formato electrónico y anualmente a este nivel nacional. El plazo máximo para el envío es el 30 de junio del año calendario siguiente al de inscripción”, se indicó. El sistema de procesamiento del caudal de información que reúne esas estadísticas e infinidad de otras informaciones vitales necesita mucho tiempo. Por eso, los resultados se publican dos años después. Ahora, en este 2026, se conoció la información de 2024.

Ante la consulta sobre cómo en la DEIS analizan estas variables, desde el organismo sostuvieron: “El marcado descenso de la natalidad desde el año 2015 a 2024 es un fenómeno demográfico relevante, que se ha dado en forma global en la región”. Incluso remitieron al informe del “Observatorio Demográfico, 2025. América Latina y el Caribe ante la baja fecundidad: tendencias y dinámicas emergentes” de CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, integrante de Naciones Unidas) que evidencia que son vectores que también se repiten en la región. Pero aclararon que la DEIS no cuenta con estudios que expliquen “los motivos de la caída”.

Sin embargo, subrayaron un dato relevante: “como consecuencia del marcado descenso de la fecundidad, se produce una caída del crecimiento vegetativo de la población (diferencia entre nacidos vivos y defunciones), que en el año 2024 alcanzó su mínimo”.

De mantenerse estas tendencias, en poco tiempo la población general del país podría decrecer (por primera vez en su historia) y sólo tendría la posibilidad de revertir ese saldo negativo con la inmigración, tal como ocurre en varios países de Europa.

Los expertos Rafael Rofman y Carola della Paolera, de CIPPEC, señalan –en una columna para Noticias Argentinas- que Argentina está enfrentando una “revolución demográfica” y que incluso se rompió la variable de que las mujeres del país tuvieran en promedio 2,4 hijos, algo que las diferenciaba hasta ahora del resto de América Latina donde eso venía en descenso hace tiempo.  

“Todo cambió en 2014. Ese año marcó el inicio de una ‘revolución silenciosa’. En sólo diez años, entre 2014 y 2024, la fecundidad en Argentina cayó un 48%, alcanzando un mínimo histórico de 1,23 hijos por mujer en 2024. Este fenómeno fue tan brusco que en una década bajó más que en los sesenta años previos combinados. Lo más impactante es que este descenso no fue uniforme entre las edades: fue liderado por las mujeres más jóvenes. La fecundidad de las adolescentes (menores de 20 años) se desplomó un 71% y la de las mujeres de 20 a 24 años un 52%, cambiando radicalmente el perfil reproductivo del país”. Los investigadores de CIPPEC agregan que “este cambio ha sido universal y transversal; y no se limitó a las grandes ciudades, sino que se registró en todas las provincias argentinas”.

Frente a este fenómeno tan impactante, Noticias Argentinas consultó distintas voces para que aporten sus miradas. Y recogió las opiniones de jefes de Obstetricia de distintos centros de salud (como Leonardo Mezzabotta y Silvia Pecchini), los citados Rafael Rofman y Carola della Paolera (investigadores de CIPPEC), Carolina Losada (senadora nacional), Lala Pasquinelli (escritora, abogada y activista feminista), Silvia Ons (psicoanalista y escritora) y Marcelo Colombo (presidente de la Conferencia Episcopal Argentina).

Si bien hay diferencias claras frente a la valoración de lo que está ocurriendo con la caída de la natalidad en la Argentina, hay coincidencias en relación a algunas de sus causales. En general, todos concuerdan en que en el país -como en gran parte del mundo occidental- hay una tendencia a tener menos hijos que viene acompañada por una postergación de la edad promedio de la maternidad; además de la mayor educación sexual y los recursos (e información) disponibles para evitar embarazos no deseados; los desafíos y dificultades socioeconómicas que significan traer un niño al mundo; los cambios en las relaciones intrafamiliares y sociales en general; las prioridades que se fijan hombres y sobre todo mujeres en cuanto a su desarrollo personal y profesional; y hasta la legalización o despenalización del aborto, entre muchos otros aspectos. Cada uno tiene su opinión al respecto. Y su valoración. Pero todos coinciden con que el fenómeno existe. Y que hay que detenerse para mirarlo y estudiarlo con atención.

Leonardo Mezzabotta, Jefe de Obstetricia del Sanatorio Los Arcos y presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires (SOGIBA) le dijo a Noticias Argentinas que, según su mirada, no se trata de una “caída” de la tasa de natalidad sino de una “baja”, ya que no alcanzó un piso.

“Las causas de esa baja son diversas. Por ejemplo, algunas se vinculan con el acceso que tienen las diferentes poblaciones (incluyendo las de menores recursos) a las políticas de salud reproductiva, como la anticoncepción. No solo a la anticoncepción en general, sino también la anticoncepción post evento, que ya está instalada en las maternidades. O sea, que las que las mujeres, cuando acaban de tener a su bebé en las diferentes maternidades, pueden egresar con un método anticonceptivo. Esto cubre, en algunos servicios, hasta más del 90% de los egresos. Pero también se relaciona, por supuesto, con el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”. Según el experto, “todas estas son herramientas que la sociedad tiene a mano para decidir cuándo tener chicos, si es que desea hacerlo”.

En ese marco, Mezzabotta argumenta que “la causa fundamental (de la baja de los nacimientos) está vinculada al hecho de que hoy los embarazos, en su gran mayoría, son producto de una decisión. Y esta capacidad de elección no estaba tan instalada, no sólo desde el punto de vista médico y de los elementos que había a mano, sino también desde el punto de vista cultural. Hoy ya es un hecho: las mujeres deciden cuándo ser madres, si quieren ser madres, y cuántos hijos tener”.

Por su parte, Silvia Pecchini, jefa de Unidad del Servicio de Obstetricia del Hospital Santojani, señaló a Noticias Argentinas que, de acuerdo a su mirada, las razones para la baja en la natalidad en el país “son múltiples, no hay una única causa, se mezclan diferentes índoles”.  Y explica: “Por ejemplo, la mujer posterga mucho la maternidad porque quiere sentirse realizada desde diferentes puntos de vista. Quiere tener un mejor estándar económico, acceder a mejoras en el ámbito laboral… Y se sabe que un embarazo y la crianza en los primeros años de vida de un niño imponen que la mujer tenga que ver su jornada laboral absolutamente reducida”.

Según la especialista en Ginecología y Obstetricia, eso posterga la maternidad, sumado a que “la mujer tiene otros objetivos aparte de ser mamá. Antes, prácticamente, era como un mandato a cumplir. Hoy en día, la mujer quiere sentirse realizada, no solamente como una trabajadora, sino como mujer. Se quiere realizar desde el punto de vista cultural, quiere viajar, conocer el mundo o lo que sea su deseo. También se da mucho tiempo para conocer a su pareja”.

Silvia Pecchini cuenta que incluso en el caso de que decida tener descendencia, hay muchas mujeres que eligen traer al mundo solo a un hijo, y es algo que suele ser consensuado con su pareja, sea hombre o mujer. Pero también hay muchas que optan por no tener hijos y “romper con el mandato social. La mujer es más libre de poder decidir si quiere maternar o no”.

Ambos médicos también subrayan el fenómeno de postergación de la maternidad incluso después de los 35 años. Y remarcan que eso puede traer algunas complicaciones y hasta hacer descender las chances de quedar embarazadas. También hay una tendencia muy instalada en mujeres jóvenes -con cierto poder adquisitivo- de congelar óvulos para ser usados en un futuro.

Según Pecchini, “el aspecto económico no es un tema menor. Sabemos que la economía es muy difícil hoy en día en la República Argentina, y que tener una persona más en la familia, un niño más, conlleva tener previsto una obra social, una casa con un ambiente más, los gastos de la educación, salud, el vivir diario, que imponen una sobrecarga económica a la pareja. Muchas veces, ambos necesitan trabajar”. Por eso concluye que “hay factores de índole económico, social, reproductivos, que inciden en que la mujer posponga la maternidad”.

En ese sentido, Rafael Rofman y Carola della Paolera (autores de “La Revolución Demográfica”), aportan a NA: “No hubo una causa única, sino una combinación de factores tecnológicos y culturales”. Y apuntan a una “transformación cultural profunda”, relacionada con la “mayor autonomía de las mujeres, la ampliación de derechos de los niños y cambios en los vínculos y/o mandatos sociales. Más particularmente, la evidencia indica que las parejas hoy posponen la edad de tenencia de hijos/as”. 

Además, suman el impacto en “el acceso a tecnología anticonceptiva de larga duración”, con un sistema público de salud que “comenzó la distribución masiva de implantes subdérmicos”, algo que “permitió a miles de jóvenes evitar efectivamente los embarazos no intencionales”, en particular entre adolescentes. Los investigadores de CIPPEC, en cambio, minimizan el peso de la economía argentina en la disminución de nacimientos (ya que atravesó distintos momentos), como también el efecto del aislamiento durante la pandemia y la legalización del aborto, elementos que llegaron ya cuando el declive de la tasa estaba en plena marcha.

Por su parte, Lala Pasquinelli, (escritora, abogada y activista feminista) señala que hay una tendencia en algunos sectores de cuestionar y hasta demonizar a la mujer por este fenómeno de baja de la natalidad y en eso ubica incluso al presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y otros funcionarios, “pese a que muchos de ellos son personas que decidieron no tener hijos”. La autora de “Maternidad: ¿deseo o mandato?” y “La estafa de la feminidad” plantea: “Hay otras preguntas ausentes en el debate público: ¿En qué condiciones se materna hoy? ¿En qué condiciones viven las infancias que ya existen?”. Enumera una serie de datos que desnudan cómo la desigualdad de derechos entre el hombre y la mujer sigue siendo clave. Y cómo eso afecta a la maternidad. Y a las infancias.

Pasquinelli introduce en el debate el rol de los hombres en esta baja de la natalidad: “La realidad es que hombres y mujeres presentan porcentajes similares de deseo de tener descendencia (entre 48% y 50%). Además, en todo el mundo se registra un incremento exponencial de vasectomías y una caída del 51% en la fertilidad masculina en los últimos 40 años debido a factores ambientales. La caída de la natalidad no es sólo un tema de las mujeres”.

La abogada agrega que es necesario “ver en estas decisiones una luz de esperanza para nuestra civilización; por primera vez hay generaciones en edad procreativa que se preguntan con responsabilidad, poniendo en el centro no sólo su deseo, sino también la nueva vida, preguntándose no sólo si ‘quieren’, sino si ‘pueden’ acompañar el desarrollo de una nueva vida con el tiempo, el afecto y los recursos necesarios en este estado del mundo y de las cosas”.

Una tendencia internacional

La realidad demuestra que el fenómeno de caída en la fecundidad que se da en Argentina se extiende en toda la región: América Latina y el Caribe experimenta una baja considerable en la materia hasta llegar a un promedio de 1,8 hijos por mujer, lejos del nivel de reemplazo poblacional que se ubicaría en 2,1. Esto genera no sólo un envejecimiento de la población, sino que impacta también en los sistemas educativos y presiona los sistemas de salud. Ni hablar de lo que ocurre con los sistemas previsionales que están cada vez más desfinanciados y a punto de estallar (si no estallaron ya).

En el caso argentino, la población de 3 a 5 años cayó un 31% en diez años, pasando de 2,3 millones a 1,6 millones de chicos. Eso llevó a que se den de baja muchos jardines maternales y de infantes –algo que podría llevar a que en poco tiempo haya vacantes para todos los aspirantes- y que, incluso, se cierren servicios de neonatología en clínicas privadas.

Leonardo Mezzabotta expresa: “Esto es un fenómeno global, universal, aunque todavía no alcanza al a aquellos países o regiones de muy bajos recursos (NdeR: como África o Asia). Es un fenómeno fundamentalmente occidental, del continente americano y europeo, pero que tiene la particularidad de que en la Argentina no corresponde a un sector social determinado”. En ese sentido, el presidente de SOGIBA, sostuvo que, si bien se registró tanto en subsector público, como en el privado y el de las obras sociales, “se notó en mayor medida en el ámbito público, donde hoy se dan entre el 40% y el 50% de los nacimientos que ocurrían hace 10 años. Pero no es una particularidad argentina. Es algo que está dando en todos los países de la región y del mundo”.

Al cierre de las maternidades en clínicas muy importantes -ya que no se vuelven sostenibles económicamente- se suma otra tendencia poco mencionada: frente a esta realidad insoslayable, cada vez hay menos estudiantes de aquellas disciplinas médicas vinculadas con los bebés, como la Obstetricia, y se eligen otras especialidades. En importantes centros de salud del país no hay residentes de esas orientaciones. Y muchos de los obstetras ya formados se están volcando a otros horizontes ante la falta de trabajo.

“Por supuesto que hay situaciones que nos alarman, porque los pocos partos que empiezan a aparecer son de embarazos en mujeres mayores a 35 años, de altísimo riesgo, que van de la mano de una mayor morbilidad y problemas”, dice la jefa de sector Obstetricia del Hospital Santojani. Y agrega Pecchini: “Es un hecho que empieza a llamar la atención, no solamente desde el punto de vista médico, sino que la pirámide de natalidad se va a invertir. Es decir, vamos a tener una población joven escasa y una población vieja en aumento”. Y  plantea una pregunta clave: “¿Cómo va a sobrevivir el sistema previsional? ¿Cómo se va a sostener a una población envejecida con todo lo que eso conlleva? Hay un fenómeno social, demográfico y económico que va de la mano con la tasa de disminución de natalidad”.

Leonardo Mezzabotta expresa: “Esto es un fenómeno global, universal, aunque todavía no alcanza a aquellos países o regiones de muy bajos recursos (NdeR: como África o Asia). Es un fenómeno fundamentalmente occidental, del continente americano y europeo, pero que tiene la particularidad de que en la Argentina no corresponde a un sector social determinado”. En ese sentido, el presidente de SOGIBA sostuvo que, si bien se registró tanto en subsector público, como en el privado y el de las obras sociales, “se notó en mayor medida en el ámbito público, donde hoy se dan entre el 40% y el 50% de los nacimientos que ocurrían hace 10 años. Pero no es una particularidad argentina. Es algo que está dando en todos los países de la región y del mundo”.

Según el médico, “la baja de la natalidad en sí misma no es una mala noticia, sino que es producto de un empoderamiento de la mujer en la toma de decisiones acerca de cuándo ser madre o si quieren serlo, además de cuántos hijos desea tener. Poder decidir y no dejarlo ligado al azar o a la cultura o al mandato, es una buena noticia. Hoy la sociedad cuenta con estas herramientas que en estos países son accesibles. Y esto siempre es una buena noticia. Tanto las personas como las instituciones tienen que adaptarse a estos cambios, reordenarse y brindar la atención que la actual situación merece”.

Mezzabotta cuenta que “el ejercicio de la Obstetricia se ha modificado, y es uno de los fenómenos que se vincula con la baja de natalidad. Hoy, nosotros, en la atención prenatal nos encontramos –lejos del modelo tradicional- con muchas mujeres que no vienen como antes con su acompañante masculino, ni con el clásico esquema familiar de pareja. Hoy hay situaciones completamente diversas: cantidad de mujeres que concurren solas, con muchos embarazos producto de la fertilización asistida”, sin que haya un padre presente.

Los expertos del CIPPEC Rafael Rofman y Carola della Paolera argumentan: “La demografía siempre gana, y en la Argentina de hoy, está dictando que el futuro ya no depende de cuántos somos, sino de cómo vivimos, cuán productivos somos y cuán educados seremos. El aula vacía en el jardín de infantes no es un problema de valores; es el grito de autonomía de una generación y, posiblemente, la última gran chance del país para dar el salto hacia el desarrollo”. (NA)

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,7%, como consecuencia de los incrementos de 29,6% en el sector privado registrado, 30,1% en el sector público y 59,5% en el sector privado no registrado.

El indicador acumula una suba de 18,5% con respecto a diciembre de 2025. 

El crecimiento mensual se debe a subas de 1,9% en el sector privado registrado, 3,4% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes y sostuvo: "¡Ups! De qué se van a dibujar los periodistas ensobrados, los econochantas y los políticos demagogos repetidores de relatos estúpidos?", escribió en X.

En lo que se refiere a los salarios registrados, la expansión fue de 1,9% por parte del sector privado y de 3,4% por parte del sector público. 

Dentro de él, el nacional aumentó 1,1% mientras que el provincial lo hizo con el 2%. 

Esta diferencia se explica por el aumento salarial otorgado al personal de las universidades nacionales, que se incluye en el sector público total pero no en los subsectores mencionados.

En cuanto al sector privado no registrado, según el INDEC, el avance fue del 4,4% mensual.

En términos interanuales, el índice de salarios mostró una suba de 35,7%, como consecuencia de los incrementos de 29,6% en el sector privado registrado, 30,1% en el sector público y 59,5% en el sector privado no registrado. (con información de NA)

"Había periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios del micrófono, dijeron que el discurso era ejeno a la realidad. Pero están los videos: anticipé lo que se iba a venir. Hoy vamos a hablar del riesgo país, ciclo económico y morosidad. Si los medios y la política no tuvieran una mirada en torno a los tres segundos, hubiesen entendido", dijo. 

“Dije lo que iba a hacer y lo hice”, aseguró el jefe de Estado al inicio de su discurso. Además, apuntó: “Acá no están a costumbrados a cumplir lo que prometen”.

El Presidente además precisó que su alocución estará dividida en tres bloques. Allí lo escuchan el titular de la Cámara baja, Martín Menem, la secretaria general de la presidencia Karina Milei y el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. 

“Hace 17 meses seguidos que crecemos”, señaló Milei. Y chicaneó: “Entiendo que me odien y hasta puedo tener argumentos adicionales para que lo hagan, pero los datos son los datos”.

En otro tramo de su alocución, el Presidente apuntó contra la gestión de Alberto Fernández, su antecesor. “El kiosco de los tests en la pandemia costó muchas vidas humanas”, denunció.

“Cag... en el análisis económico le costó la vida a 100 mil argentinos”, remarco Milei.

“Ni les voy a contar lo de saltarse filas en las vacunas”, añadió.

Milei llegó al aeropuerto de Rosario alrededor de las 19. Allí coincidió con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que mantiene buen vínculo institucional con la Casa Rosada y mantiene abierta la posibilidad a negociar una eventual alianza para el próximo año electoral.

Sin embargo, la visita del Presidente tiene más un tinte económico que político, ya que el mandatario viene de reafirmar el programa de su gestión en un evento organizado este jueves por el Council of the Americas.

“No aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios”, subrayó el Presidente en uno de los pasajes de su discurso, donde argumentó que el indicador de personas sin trabajo ronda el 7,8% y que solo el sector público perdió poder de compra ante la inflación.

“Si yo dije que voy a achicar el Estado, ¿qué tendría que pasar con los salarios públicos? Caer. ¿Alguno de ustedes está en contra de que caigan los salarios del sector público? Vamos, si son menos impuestos", remarcó ante un público empresarial.

En contraposición, sostuvo que el sector privado formal “está igual” que cuando asumió, y que el informal -que adjudicó al 50% de la economía del país- “le está ganando más de 40 por ciento”.

En el repaso de los números que suele destacar como balance de gestión, el mandatario afirmó haber sacado a más de 14 millones de personas de la pobreza y celebró la caída del 85% de la inflación, a la par que destacó el dato de 0,8% de la inflación mayorista en julio. “¿Falta? Sí, claro que falta un montón. La foto sigue siendo horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia argentina”, aseguró. (Fuente: TN).