“Nosotros recibimos el riesgo país en 3000 puntos y hoy está en 650. Bueno, hay un mundo convulsionado”, respondió al ser consultado por el aumento del indicador en una entrevista con El Observador de España.

En su explicación, el primer mandatario afirmó que los activos argentinos reaccionan con mayor intensidad ante las condiciones adversas de los mercados, pero también podrían beneficiarse más frente a una recuperación: “Cuando las cosas se normalicen, a Argentina le va a ir mucho mejor”.

Las declaraciones de Milei se conocieron en medio de una nueva jornada de tensión financiera: el riesgo país volvió a superar este jueves los 700 puntos y el dólar oficial llegó a $1550, un nuevo máximo. Así, el indicador quedó por encima de los 650 puntos que el Presidente mencionó durante la entrevista al defender los resultados de su programa económico.

Milei vinculó las dificultades con el encarecimiento del petróleo y las tasas de interés internacionales. Según planteó, el salto del crudo de US$60 a US$110 generó una contracción de la oferta y una presión sobre los precios que llevó a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias.

“Lo que tenés hoy es un mundo que tiene más inflación, más tasa de interés y menos actividad”, sostuvo. En ese marco, admitió que el escenario externo afecta tanto al crecimiento como a la velocidad de la desinflación: “Argentina desaceleró el ritmo en que se estaba expandiendo y, al mismo tiempo, como consecuencia de que la economía se expande menos, el ritmo al que cae la tasa de inflación es menor”.

Milei sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió que la Argentina enfrentara esas dificultades en mejores condiciones. “En otro contexto como este, Argentina hubiera volado por los aires”, afirmó.

Para respaldar ese argumento, planteó un escenario hipotético en el que el país debiera financiar un déficit fiscal de US$35.000 millones, afrontar vencimientos de deuda y cubrir un saldo energético negativo. Según su cálculo, esas necesidades podrían haber obligado a buscar unos US$80.000 millones en el mercado internacional.

“Eso es una hiperinflación con una caída del PBI del 10%”, dijo sobre ese escenario. También destacó que, según los números que expuso, la balanza energética registra un saldo positivo de US$10.000 millones.

Además del contexto externo, el Presidente responsabilizó a la oposición por un shock político que, según sostuvo, afectó a los bonos, las tasas de interés y los ingresos.

En su repaso del año pasado, afirmó que la economía crecía al 8% en el primer trimestre y que la inflación mensual había llegado al 1,5% en mayo. “Ahí salieron a atacar al programa económico, nos metieron 40 leyes tratando de derribar el equilibrio fiscal y hubo siete intentos de juicio político”, aseguró.

Milei sostuvo que esa situación provocó una salida de activos argentinos, una caída del precio de los bonos y un aumento del riesgo país. Según su explicación, la suba de las tasas terminó por frenar la actividad y afectar la situación social.

“Eso golpeó claramente en los niveles de ingresos de los argentinos e impactó sobre la pobreza”, reconoció. Afirmó que esos efectos comenzaron a revertirse a partir de marzo, aunque luego se superpusieron con las dificultades internacionales.

Durante la entrevista, le preguntaron qué le diría a una persona que no consigue empleo o cuyo salario no alcanza para cubrir sus gastos. El Presidente respondió con una comparación entre la economía argentina y una familia que hipoteca su vivienda, gasta los recursos y luego debe afrontar la deuda sin ingresos.

A partir de ese ejemplo, responsabilizó al populismo y, en particular, al peronismo y al kirchnerismo por el deterioro del capital. Sostuvo que la recuperación de los salarios requiere más inversión, ahorro y productividad.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad. Pero vamos por el buen camino”, afirmó.

También aseguró que la economía crece “cuatro veces más fuerte que el promedio de los últimos 100 años” y que bajan la inflación, la pobreza y la indigencia. Aunque defendió el rumbo, admitió que preferiría resultados más rápidos: “La dirección es la correcta. Ahora, me gustaría que fuera mucho más rápido”.

Al exponer su balance social, mencionó niveles de pobreza del 32%, indigencia del 7% y pobreza infantil del 42%. “Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, sostuvo.

Milei también llevó la discusión económica al terreno electoral y planteó que el año próximo los argentinos deberán elegir entre “volver al pasado” o respaldar “el modelo de la libertad”.

“El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos y eso lo van a decidir el año que viene”, expresó. Sin embargo, al referirse a los plazos necesarios para resolver los problemas del país, advirtió: “Creer que podés arreglar todo en cuatro años o en ocho años es mentirle a la gente”. (TN)

El procesamiento alcanza además al contador del economista, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito, y la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y de $500 millones, respectivamente.

Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal, Rodolfo Domínguez.

La defensa planteó que el fiscal se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.

Además de la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.

Los camaristas, Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones, consideraron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”. La Cámara además rechazó otro planteo de la defensa del exdiputado para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

Las claves de la causa por lavado de dinero en la que procesaron al exdiputado nacional libertario José Luis Espert

La investigación judicial se centra en los 200 mil dólares que Espert recibió en 2019 y que, según la acusación, habrían llegado a través de un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, que fue reconocida como propiedad de Machado.

Según la hipótesis de la acusación, el contrato habría servido para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito y que los fondos fueron usados, entre otros destinos, para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El dinero está vinculado a Machado, empresario que mantuvo una relación con el exdiputado nacional desde 2019 y que, entre otros apoyos, financió actividades de la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de la presentación de un libro y un vehículo blindado.

El empresario argentino está preso en Estados Unidos y se declaró culpable ante la justicia federal de ese país por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación de narcotráfico, y fue condenado por esos delitos. (TN)

La declaración fue aprobada por el cuerpo legislativo el 6 de octubre y comunicada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el documento, el Senado destacó sus contribuciones a la arqueología galáctica y a la comprensión de la formación y evolución de la Vía Láctea. También señaló que su trayectoria constituye un testimonio de la excelencia del sistema universitario público bonaerense.

Helmi nació en Bahía Blanca y se graduó en la Universidad Nacional de La Plata. En 2026 recibió el Premio Kavli de Astrofísica, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en esa disciplina, junto con los investigadores Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata.

Sus investigaciones permitieron reconstruir parte de la historia de nuestra galaxia y comprender mejor cómo se formó y evolucionó la Vía Láctea.

La distinción del Senado bonaerense

En las imágenes difundidas, la científica aparece junto a los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Silvana Ventura, representantes de la Sexta Sección Electoral e integrantes del bloque Unión y Libertad.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Helmi y pone en valor sus contribuciones al conocimiento científico, así como la formación recibida en el sistema universitario público de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

 

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La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026 entre el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comandado por Pablo Quirno.

En la citada Resolución se indicó que ambos ministerios resolvieron "declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N° 918/12 y sus modificatorios para la inscripción en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET)" a las organizaciones criminales: "Cártel de Sinaloa, Ejército de Liberación Nacional, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones, en general e incluyendo sus facciones conocidas como 'Los Fénix' (también escrita 'Los Fenix') y 'Los Igualitos'".

A las mencionadas organizaciones se les suman las "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) que comprende al GAO-R FARC-EP y al Estado Mayor Central (EMC), así como sus denominaciones 'Estado Mayor Central de las FARC-EP', 'EMC FARC-EP' y 'GAO-R FARC-EP', incluidos sus bloques y frentes, como el 'Frente 18'".

https://t.co/orujAptAWI

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

En tanto, el Gobierno informó que la decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional y en el comunicado difundido el miércoles señaló que el Cártel de Sinaloa "es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo".

Con relación a La Nueva Familia Michoacana, expresó que "es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y en la minería ilegal con una alarmante expansión regional", mientras que, en referencia a Los Tiguerones, dijo: "Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina".

Por su lado, respecto de las FARC-EP y el ELN, desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, sostuvieron: "Son organizaciones insurgentes de extrema izquierda basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada. Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos".

"Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", agregó el comunicado. (NA)

El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.

Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.

En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.

Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.

Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.

La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.

En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.

Además, el proyecto prevé una multa de hasta diez veces el monto mensual del alquiler si se demuestra que el propietario obtuvo la desocupación inmediata mediante el ocultamiento de hechos o documentos.

Expropiaciones: nuevas condiciones para el Estado

La reforma modifica la Ley de Expropiaciones y establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública.

En ese contexto, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El propósito es limitar las decisiones que puedan afectar el derecho de propiedad sin una justificación suficiente.

En materia de indemnizaciones, el proyecto incorpora el lucro cesante entre los conceptos que pueden ser compensados. El texto contempla, en términos generales, un límite del 30% del valor del daño emergente, con la posibilidad de superar ese porcentaje si el expropiado acredita fehacientemente una afectación mayor.

El valor del bien deberá determinarse tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación. La indemnización se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta el pago efectivo.

Otro de los puntos centrales es que el Estado no podrá transferir el dominio del bien sin haber abonado previamente la totalidad de la indemnización correspondiente.

La iniciativa también amplía los supuestos en los que puede promoverse una acción de expropiación irregular. Esto incluye situaciones en las que el Estado toma un bien sin pagar la indemnización o impone restricciones que afectan de manera sustancial y no transitoria el uso, el goce o la disposición de una propiedad, hasta producir efectos equivalentes a una expropiación.

Por último, establece nuevas condiciones para la ocupación temporánea anormal de bienes privados. La medida deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez ante circunstancias graves y de necesidad pública, siempre que no existan alternativas menos lesivas. También prohíbe reiterarla por la misma causa.

Ley de Tierras: vuelve el límite a la propiedad extranjera
La restitución de la Ley de Tierras Rurales fue uno de los puntos centrales de la negociación política que permitió avanzar con el proyecto en Diputados. Así, el texto aprobado dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había derogado esa legislación, y restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.

La norma fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios. Su restitución revierte el cambio dispuesto por el Gobierno al comienzo de su gestión que había sido congelado por la Justicia y recupera las restricciones a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La incorporación de este capítulo fue impulsada durante el tratamiento en comisión por sectores aliados del oficialismo. La decisión representó una modificación respecto de la orientación original del Gobierno, que había promovido la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble

La iniciativa también modifica la Ley 17.801, que regula el Registro de la Propiedad Inmueble, con el objetivo de adaptar el sistema registral a las herramientas tecnológicas actuales.

Entre los cambios previstos se encuentran la digitalización de los procedimientos, la posibilidad de presentar documentos en soporte electrónico y el uso de firma digital de acuerdo con la normativa vigente.

El proyecto también apunta a incorporar sistemas que garanticen la integridad, la inalterabilidad y la trazabilidad de la información registral, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

Tras los cambios introducidos en Diputados, será el Senado el que deberá decidir si acepta la nueva redacción o insiste con el texto que había aprobado en agosto. (T/N)

De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.

El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70 % del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027. (NA)

En el noveno mes del año, las mayores subas mensuales de precios se concentraron en el NEA, especialmente en Chaco (+5,0%), Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%), mientras que en la otra punta del mapa los menores aumentos estuvieron en Río Negro (+1,0%), Neuquén (+1,0%) y Mendoza (+0,9%).

En la medición interanual, la dispersión regional del costo de vida reflejó discrepancias significativas entre las jurisdicciones, dado que el encarecimiento más fuerte se dio en Chubut (+34,9%), Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%), mientras que las menores subas estuvieron en La Rioja (+26,1%), San Luis (+24,9%) y Mendoza (+24,6%).

Al analizar el valor total en pesos para adquirir la canasta, el “changuito” más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.067.161), seguido por Chubut ($1.062.515) y Tierra del Fuego ($1.037.790), mientras que la compra más económica se dio en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551).

Asimismo, en la comparación nominal contra agosto, los mayores aumentos se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681), mientras que "las menores subas se dieron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827).

Según el informe, a partir de precios recopilados en línea, "una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones".

La medición aclara que "la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores".

Respecto al impacto sobre los ingresos familiares, el estudio señala que los mayores costos patagónicos coinciden con "salarios más elevados", aunque al tomar como referencia el sueldo de comercio al por menor, la compra de alimentos "llega a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios".

Al observar la dinámica interna de la canasta, el relevamiento destaca comportamientos dispares entre artículos de primera necesidad, donde se destaca nuevamente la suba de la cebolla, que aumentó entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias", con picos en "San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%).

Por su parte, "el arroz, que se había mantenido estable en agosto, subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 7%", mientras que "el aceite de girasol, que había liderado las subas en agosto, se mantuvo prácticamente sin cambios" en 17 jurisdicciones. (con información de NA)

La medida regirá solo para la primera jornada, donde se leerá la elevación a juicio y en la Sala AMIA de Comodoro Py solo estará presente en representación de Máximo y Cristina su abogado, Carlos Beraldi.

La decisión del TOF, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, responde a no dilatar el inicio del proceso, previsto para este viernes a las 10.

“La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, sostuvieron los jueces al respecto.

El fallo de Casación, añadió el TOF “ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Para cumplir con la fecha fijada, profundizaron los magistrados al justificar su decisión, es que se decidió hacer lugar al pedido de la expresidenta y su hijo.

Todo ello para “adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes”.

Al respecto, los jueces aclararon que el juicio será plenamente presencial y que se habilitó excepcionalmente “la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”. (TN)

Horas atrás, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012. La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más importantes de su historia, aunque no significa que la disputa haya terminado definitivamente.

Ahora, según informaron especialistas en el caso, la Argentina pidió a la Corte Suprema de EE.UU. extender el plazo para presentar su oposición al recurso extraordinario de Burford.

El abogado Sebastián Soler indicó que la solicitud argentina no tiene nada de inusual, ya que Burford había pedido y obtenido una prórroga equivalente para presentar su escrito. “No tiene nada de raro. Burford pidió y consiguió una prórroga igual para el escrito de su recurso”, sostuvo.

En la misma línea, el analista Sebastián Maril sumó: “Anteriormente, los demandantes también solicitaron una postergación de su presentación original que finalmente fue presentada el 30 de Septiembre (publicada el 2 de Octubre). La Corte seguramente accederá al pedido del país. De esta manera, desaparecen las pocas posibilidades que existían de conocer una decisión de los nueve jueces antes que culmine el año”.

La nueva fecha modificaría los tiempos del proceso judicial. Si se concede la extensión, la Argentina tendrá hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta. Luego, la Corte deberá evaluar si acepta intervenir en el caso.

El pedido de prórroga no anticipa una definición sobre el fondo de la disputa ni implica que el máximo tribunal vaya a resolver inmediatamente después de recibir el escrito argentino.

La discusión por la expropiación de YPF

El litigio se originó en la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Burford Capital financia la demanda iniciada por Petersen Energía y Eton Park y adquirió los derechos para litigar en el caso.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo adverso para la Argentina y ordenó el pago de una indemnización millonaria por la forma en que se realizó la expropiación. El país apeló la sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales.

Más adelante, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena contra la Argentina y ahora Preska acató esa decisión. Entonces, dejó sin efecto formalmente su sentencia original, que obligaba al país a pagar US$16.100 millones a los demandantes.

Qué falta para que termine definitivamente el juicio por YPF

Aunque la resolución de Preska representa un avance importante para la Argentina, el litigio todavía tiene una instancia pendiente en la Justicia estadounidense.

Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y restablecer la condena original.

Por lo tanto, el futuro del expediente dependerá de la decisión de la Corte Suprema.

Si rechaza el pedido de revisión, quedará firme el fallo favorable a la Argentina. En cambio, si acepta analizar la presentación, podría abrirse una nueva etapa del litigio.

Por ahora, la condena de US$16.100 millones permanece anulada y la Justicia de primera instancia de Nueva York formalizó el cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones. El Estado argentino consiguió así consolidar una victoria judicial, aunque todavía debe esperar la resolución del máximo tribunal estadounidense para dar por terminado el conflicto.

La decisión fue informada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, la homologación “representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”. El ministerio agregó que el objetivo es promover “más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país”.

Entre los acuerdos más importantes están los que firmó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y CAME, y también adhirió la Federación Agraria Argentina.

También se aprobaron acuerdos de la industria aceitera, de biocombustibles y algodonera, que negoció la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La lista sigue con los trabajadores de edificios, representados por FATERYH, y con la industria lechera, cuyo gremio es ATILRA.

Además, Trabajo homologó las negociaciones de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación. También se formalizaron acuerdos de la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas, el sector del caucho y otras actividades.

Las homologaciones se hicieron en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Según Capital Humano, la ley funciona como “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”.

En el cierre del comunicado, el ministerio dijo que mantiene “su compromiso con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”. Según la cartera, eso contribuye “a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social”. (con información de TN)

De acuerdo con el informe técnico presentado por el INDEC, el resultado del mes refleja un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía, donde el empleo formal continúa liderando los reajustes paritarios frente a los sectores informales.

Con este resultado, los ingresos de los trabajadores acumularon un alza del 25,1% en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje muestra el impacto de las sucesivas negociaciones salariales concertadas desde enero, en un contexto macroeconómico enfocado en la estabilización y en los intentos de recomposición del poder adquisitivo de los hogares de manera gradual.

“Que el salario privado registrado haya pasado de una suba de 2,3% en julio a 2,8% en agosto muestra que las empresas necesitan trabajar con proyecciones de nómina que puedan ajustarse mes a mes. La mayor estabilidad no elimina las variaciones y el presupuesto tiene que contemplarlas”, sostuvo Luciana Mosquera, de TMF Group.

“Con un aumento acumulado de 20,4% en el privado registrado, la planificación salarial exige cada vez más precisión. El desafío para las empresas es definir dónde concentrar los ajustes, qué posiciones requieren revisión y qué perfiles presentan mayor riesgo de rotación”, agregó.

Por su parte, explicó que “la diferencia entre el 2,8% del privado registrado, el 2,3% del sector público y el 3% del privado no registrado confirma que el promedio general no alcanza para proyectar costos laborales. Cada empresa necesita mirar su convenio, su dotación y su estructura de compensaciones”.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador presentó una variación interanual del 35,6%. Esta cifra marca una notable diferencia respecto a los parámetros de periodos previos, evidenciando un escenario de menor volatilidad nominal que modifica las expectativas de los analistas económicos y los gremios a la hora de proyectar los acuerdos para el último tramo del año.

Al desagregar los datos por sectores, el empleo registrado en el ámbito privado y el sector público sostuvieron el índice general con incrementos estables, explicados por la ejecución de cláusulas de revisión previamente pactadas. Por el contrario, el sector privado no registrado o informal volvió a mostrar el rezago más pronunciado, consolidándose como el segmento más vulnerable frente a las fluctuaciones macroeconómicas. (con información de NA)

En la medición contra el mismo mes del año pasado, la actividad económica retrocedió un 1,7%. También recortó el crecimiento acumulado en lo que va del año, que pasó del 1,7% en julio al 1,2% en agosto.

La medición tendencia-ciclo, que el Gobierno toma como referencia para analizar la marcha de la actividad, no mostró variaciones por quinto mes consecutivo. Pese a ello, el ministro Luis Caputo resaltó en su cuenta de X que ese indicador todavía se ubica un 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023.

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo cinco que mostraron mejoras interanuales durante el octavo mes del año. Se destacó la incidencia positiva en esa variación de “Explotación de minas y canteras”, “Electricidad, gas y agua” y “Hoteles y restaurantes”. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad tuvieron caídas en la comparación interanual. En ese grupo, los desempeños negativos de “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” fueron los que tuvieron mayor impacto en la comparación del frente al nivel de agosto de 2025. Entre ambos, le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del indicador publicado este miércoles.

El desempeño mensual del EMAE en agosto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas privados, que esperaban un rebote tras la caída registrada en julio (que había sido del 2,9% y ahora fue corregida al 2,8%). “Esperamos una recuperación parcial, de entre el 1% y el 1,5% mensual”, había anticipado la consultora Outlier en su reporte matutino.

Todos los sectores que crecieron y cayeron en agosto, según el INDEC

De los 15 sectores relevados por el EMAE, solamente cinco mostraron mejoras en el octavo mes del año:

• Explotación de minas y canteras: 11,1%.
   
• Electricidad, gas y agua: 4,3%.
   
• Hoteles y restaurantes: 3,1%.
   
• Servicios sociales y de salud: 0,6%.
   
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
•  

Por su parte, 10 sectores exhibieron variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año:

• Pesca: -15,7%.
   
• Intermediación financiera: -3,8%.
   
• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,5%.
   
• Industria manufacturera: -3,2%.
   
• Transporte y comunicaciones: -2,9%.
   
• Construcción: -2,5%.
   
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.
   
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1%.
   
• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,6%.
   
• Enseñanza: -0,3%.
   
• Finalmente, los impuestos netos de subsidios tuvieron una caída del 4,2% interanual en agosto. (con información de TN)

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

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El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)

Más temprano, el cuerpo aprobó en general por 124 contra 119 votos y seis abstenciones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorpora las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

La iniciativa fue aprobada con el voto de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, MiD, Producción y Trabajo, y un sector de Provincias Unidas, y de Argentina Federal.

La iniciativa fue rechazada, en tanto, por Unión por la Patria, la izquierda, y legisladores provinciales, mientras que se abstuvieron diputados cordobeses y uno del PRO, Álvaro González

El proyecto también encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.Ahora la iniciativa deberá ser ratificada en el Senado, cámara de origen del proyecto.

Pasada la medianoche, seguía el debate con el foco puesto en los proyectos sobre medicamentos y vandalismo.

Noticia en desarrollo

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo Bullrich durante una entrevista concedida a la señal de noticias TN.

Sin embargo, pese a recalca que no es candidata, la ex ministra de Seguridad dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia y aseguró: “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”.

Pese a aclarar que “en este momento” no es candidata, evitó renunciar definitivamente a sus aspiraciones políticas: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.

Bullrich señaló que el presidente Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en las elecciones de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de Gobierno funciona.

En otro tramo de la entrevista, la senadora formuló observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó.

Bullrich planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, cuando resta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, el Gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.

En ese sentido, mencionó que algunas actividades comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que otras siguen enfrentando dificultades.

La legisladora reveló además que le transmite propuestas económicas al Presidente, aunque aclaró que no integra el equipo responsable de esa área. “Yo planteo las cosas y me escuchan, pero yo no soy parte del equipo económico”, explicó.

En el plano político, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista.

“Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, sostuvo, y advirtió que “la unanimidad en un Gobierno te aísla”. (NA)

Según argumentó el Gobierno, esta política busca reorganizar las dotaciones estatales y establece de manera estricta que todo cargo vacante resultante del retiro quedará eliminado sin posibilidad de generar nuevos reemplazos.

El plan segmenta a los empleados en tres grupos diferenciados según su edad y años de aportes previsionales, previendo esquemas de compensación económica que van desde cobros mensuales con cobertura social hasta gratificaciones únicas de hasta veinte sueldos.

Con una ventana de adhesión fijada para noviembre de 2026, la iniciativa impone además condiciones y restricciones rigurosas, entre ellas la incompatibilidad absoluta para volver a prestar funciones en el sector público nacional durante un plazo de ocho años.

1) Alcance y personal comprendido

El régimen rige para agentes de planta permanente bajo la Ley 25.164 y personal con contrato por tiempo indeterminado regido por la Ley 20.744 de la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan expresamente excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Inteligencia de Estado, Servicio Exterior de la Nación, personal de orquestas y coros, y cargos docentes o civiles en el exterior.

2) Eliminación definitiva de cargos

Cada jurisdicción debe suprimir los cargos presupuestarios de los agentes que adhieran al plan una vez producido el cese del vínculo laboral. Además, la reducción resultante de la dotación no podrá ser utilizada como fundamento para contrataciones o incorporaciones posteriores.

3) Plazo de adhesión y eventual prórroga

El período para solicitar la incorporación al retiro se desarrollará entre el 1° de noviembre y el 30 de noviembre de 2026 inclusive. Por su parte, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública queda facultada para prorrogar la convocatoria por única vez y por un máximo de 30 días corridos.

4) Segmentación de los trabajadores en tres grupos

Los aspirantes se clasifican según su situación al 31 de octubre de 2026: el Grupo 1 abarca mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse; el Grupo 2 comprende mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes; y el Grupo 3 incluye mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años inclusive.

5) Esquemas de compensación económica

El Grupo 1 puede optar por un haber mensual equivalente al 60% del salario bruto habitual con pago patronal de aportes por un tope de 36 meses, o cobrar una gratificación única sujeta a topes. Los Grupos 2 y 3 perciben una gratificación única equivalente a un haber bruto por año de servicio o fracción mayor a tres meses, con montos adicionales de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

6) Modalidad y tramos de pago

En los casos de gratificación única extraordinaria, si la suma total no supera los 20 millones de pesos se abonará en un solo desembolso. En caso de superar esa cifra, el pago se liquidará en cuotas mensuales y consecutivas de 20 millones de pesos cada una, hasta un tope de tres cuotas cancelatorias.

7) Criterios de cómputo para la antigüedad

Solo se reconocerán los servicios comprobados en planta permanente nacional o bajo contratos por tiempo indeterminado. Se excluyen explícitamente los períodos cumplidos como becario, personal transitorio, contratos bajo el artículo 9° de la Ley 25.164, locaciones sin dependencia y etapas previamente indemnizadas por otros retiros.

8) Incompatibilidad y veda de reingreso al Estado

Quien cobre el retiro voluntario no podrá volver a trabajar ni desempeñarse bajo ninguna figura contractual ni relación de dependencia dentro del Sector Público Nacional durante un plazo de ocho años. Esta restricción incluye designaciones políticas, asesorías de gabinete y programas con crédito externo, con la única excepción de la docencia en Universidades Nacionales.

9) Causales de exclusión e impedimentos legales

No pueden adherirse agentes con sumarios por faltas graves o perjuicio fiscal, procesados por delitos contra la administración, trabajadores en disponibilidad, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o reúnan ya los requisitos previsionales ordinarios, ni quienes mantengan juicios laborales vigentes contra el Estado sin homologar su desistimiento.

10) Facultad de rechazo y silencio administrativo

La solicitud no genera un derecho adquirido. Las autoridades superiores ministeriales pueden denegar las peticiones para asegurar la continuidad de los servicios y disponen de 40 días corridos para expedirse; si transcurre ese plazo sin una resolución expresa, rige el silencio administrativo en sentido negativo y el agente permanece en sus funciones. (La Gaceta)

Este miércoles, a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, se modificó el estatuto de la compañía mediante asambleas y se fijó un capital de $6,69 billones.

La medida forma parte del proceso para avanzar con la venta parcial de la empresa, autorizada por la Ley Bases de julio de 2024, y la implementación de un programa de propiedad participada.

El paquete accionario de la empresa está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), que tiene el 1% restante.

Nucleoeléctrica es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I -fuera de servicio desde septiembre de 2024 para extender su vida útil-, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país.

El Gobierno anunció el plan de privatización en septiembre de 2025. En ese momento, la Secretaría de Energía explicó que la incorporación de capital privado permitirá obtener los fondos necesarios para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

Según Energía, la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva.

Cómo será el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

El plan del Gobierno contempla vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional.

Además, se organizará un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, que permitirá incorporar a los trabajadores de la empresa como accionistas.

En tanto, el 51% restante quedará en manos del Estado. Así lo había adelantado el Gobierno a mediados de 2025 en cumplimiento con la Ley Bases. (N/A)

Milei planteó: “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía. Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión”.

El Presidente descartó acciones bélicas en el archipiélago: “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático. Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas. Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”.

Además, advirtió: “Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur. Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”.

Javier Milei redobló las críticas contra Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”

Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei agradeció a España por haber recibido a los argentinos que abandonaron el país durante las sucesivas crisis económicas, y volvió a cuestionar a su par de España, Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”. Más tarde mantendrá una serie de reuniones con referentes de la derecha local, entre ellas Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y autoridades de Vox.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario.

“Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar. Estudios recientes muestran que, mientras que en el gobierno de la condenada, la ‘Reina de la Tobillera’, la corrupta Cristina Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país; con Mauricio Macri trepó al 55%; con Alberto Fernández superaba el 70%; y hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída. Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, dijo el Presidente, y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” porque España “es la cuna del liberalismo”.

Javier Milei acusó al socialismo de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales

Milei además redobló las críticas contra el socialismo, al que acusó de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales: “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”.

En su intervención, el Presidente dijo que la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma española del norte de África en julio pasado, muchas de ellas provenientes de Marruecos, “no fue un accidente” ni “una casualidad”, “y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, advirtió.

La legisladora realizó envió este mensaje a través de “X”, y trazó así los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el Gobierno Nacional para consolidar el rumbo del país.

Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2026

“Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”, precisó la funcionaria a través de su cuenta de la red social ex Twitter.

En tanto, el mensaje de Bullrich se da un día después de que el presidente Javier Milei criticara la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”, el lunes en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde rechazó los planteos sobre las dificultades de una parte de la población para llegar a fin de mes. (N/A)

La pérdida salarial también se refleja en los recursos destinados al conjunto de los trabajadores. Según las proyecciones del estudio, entre 2024 y 2026 las universidades habrán destinado $4,48 billones menos al pago de salarios que si se hubiera mantenido el nivel real de 2023. De ese total, $1,47 billones corresponden a 2024, otros $1,61 billones a 2025 y $1,39 billones a 2026. De esta manera, la masa salarial universitaria acumularía una contracción real del 20,4% en tres años.

La actualización de los ingresos de los docentes y no docentes y la recomposición de los recursos universitarios siguen pendientes, pese a las mejoras registradas durante los últimos meses y a la Ley de Financiamiento Universitario ratificada dos veces por el Congreso, que el Gobierno nacional judicializó.

Los datos se conocen tras la quinta marcha universitaria del jueves pasado que, aunque fue multitudinaria, no logró modificar la posición del Gobierno. Desde la Casa Rosada descartaron abrir una mesa de negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y aseguraron que la movilización “no cambió nada”. El Ejecutivo pretende discutir el financiamiento de las universidades en el Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027.

En septiembre, los salarios universitarios aumentaron un 3% nominal, frente a una inflación del 1,9%, lo que permitió una recuperación del 1% en términos reales. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar el deterioro acumulado, de acuerdo con el estudio. Desde junio, los ingresos perdieron un 2,7% de poder adquisitivo.

El informe muestra que, desde noviembre de 2023, los salarios del sector aumentaron un 236,6%, mientras que la inflación acumulada llegó al 344,4%. Esa diferencia explica por qué los trabajadores universitarios necesitarían una recomposición del 32% para recuperar el poder de compra que tenían al comienzo de la gestión de Javier Milei.

Cuánto dinero necesitan las universidades para recuperar su presupuesto

El deterioro de los salarios se produce en paralelo con una reducción del financiamiento universitario. Aunque el informe proyecta una recuperación presupuestaria real del 2,9% durante 2026, los recursos disponibles seguirían un 21,9% por debajo de los registrados en 2023.

La caída también se observa en la participación del financiamiento universitario dentro de la economía. En 2023 representaba el 0,712% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que para 2026 se proyecta una participación del 0,535%, de acuerdo con las estimaciones de FEDUN y CIICTI.

Para recuperar esa proporción, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente de este año, monto que el informe también identifica como necesario para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión presupuestaria se trasladará ahora al Congreso, donde el proyecto oficial para 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades, frente a los más de $11 billones que reclama el CIN. Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos.

La falta de acuerdo también genera preocupación entre las autoridades universitarias, que advirtieron sobre el riesgo de que el conflicto se profundice durante 2027. “La universidad es una olla a presión”, señalaron desde el sector. Alertaron que las actuales condiciones salariales y presupuestarias podrían derivar en nuevas medidas de fuerza si no aparecen respuestas antes de fin de año.

El ajuste se extiende al conjunto del presupuesto educativo. Según las proyecciones del informe de FEDUN y CIICTI, los recursos de la Secretaría de Educación acumularán una caída real del 47,4% entre 2023 y 2026, con una reducción adicional del 5,6% durante este año.

La situación también afecta al sistema científico y tecnológico, cuyo financiamiento perdería un 42,8% real en tres años. En tanto, los salarios del CONICET acumulan una caída del 40,3% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, superior al deterioro registrado entre los trabajadores universitarios. (con información de TN)