La medida se enmarca en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y por sus vínculos con el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la productora Imhouse, empresa que mantiene contratos con la TV Pública.

Según trascendió en tribunales federales, el magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir el llamado a indagatoria. En el entorno judicial consideran que una eventual citación implicaría que el expediente alcanzó un grado de avance significativo y que existirían elementos suficientes para sospechar de la posible comisión de delitos.

La causa se concentra principalmente en la relación entre Adorni y Grandio, a quien el funcionario definió públicamente como un amigo cercano. La Justicia investiga si el productor costeó el viaje que Adorni realizó junto a su familia a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, a bordo de un avión privado.

Aunque el funcionario aseguró reiteradamente que el traslado fue abonado con dinero propio, distintos documentos incorporados al expediente complicaron esa versión. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró ante la Justicia que el vuelo fue reservado y pagado por Grandio, quien además recibió la facturación correspondiente a través de su productora Imhouse.

La investigación judicial sostiene que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a Imhouse, mientras que el regreso fue posteriormente facturado por 3000 dólares a Grandio. “El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio”, afirmó Issin ante la Justicia, contradiciendo la explicación pública del funcionario nacional.

En paralelo, el juzgado ordenó una serie de cruces telefónicos entre los teléfonos de Grandio, Adorni y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse, con el objetivo de determinar si existieron comunicaciones coincidentes con la firma de contratos entre la productora y la TV Pública. También se analiza la geolocalización de los dispositivos para reconstruir posibles encuentros y vínculos operativos.

Los convenios bajo sospecha incluyen producciones televisivas, programas radiales y ciclos de streaming emitidos en medios estatales. Entre ellos aparecen La caja de Pandora, Giros en Línea Recta, Enredados, La Sala y Gritalo Mundial, este último conducido por Grandio.

La Justicia también investiga el patrimonio personal del jefe de Gabinete. Uno de los focos está puesto en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, cuya adquisición y posterior remodelación generaron sospechas sobre el origen de los fondos utilizados.

De acuerdo con la investigación, la vivienda habría sido escriturada en noviembre pasado por aproximadamente 120.000 dólares, a lo que se sumarían gastos por unos 245.000 dólares en remodelaciones integrales y mobiliario. Parte de esas obras, según consta en el expediente, habría sido realizada sin facturación formal.

Los investigadores judiciales sostienen que los ingresos declarados por Adorni no resultarían compatibles con el nivel de gastos detectados, especialmente considerando, además, la existencia de hipotecas comprometidas para financiar operaciones inmobiliarias.

Otro elemento bajo análisis es la presunta utilización de efectivos de la Gendarmería Nacional para custodiar el ingreso al country donde reside el funcionario. La hipótesis judicial es que, de comprobarse que los agentes fueron destinados a tareas de seguridad personal ajenas a funciones oficiales, podría configurarse el delito de peculado por utilización indebida de recursos públicos.

Mientras tanto, en Comodoro Py crece la expectativa sobre la definición de Ariel Lijo, quien deberá resolver si avanza formalmente con la indagatoria de uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei. (con información de NA)

Envalentonado por la buena semana económica que atravesó su gobierno, el jefe de Estado viralizó la cartografía fallida con el objetivo político de exhibir un presunto crecimiento generalizado en el país y achacarle al gobernador Axel Kicillof que la provincia de Buenos Aires era la única rezagada del mapa.

Sin embargo, el diseño presentó una catarata de errores técnicos y de representación territorial: las provincias lucieron desproporcionadas en sus dimensiones físicas; a Santa Fe se le suprimió el tradicional taco de la bota, y se excluyeron de la delimitación geográfica los territorios insulares del Atlántico Sur.

La controvertida ilustración que el Presidente presentó ante sus seguidores de la red social X se tituló "Mapa del crecimiento de Argentina" y consignó supuestos datos correspondientes a marzo de 2026 respecto de la variación interanual estimada de la actividad económica provincial.

A pesar de que el boceto atribuyó la autoría de la estadística a una teórica fuente en el Informe Económico Mensual de la IAE Business School, la propia institución educativa desmintió de manera oficial la veracidad del gráfico. A través de sus canales de comunicación, la entidad académica emitió un mensaje de aclaración pública para ratificar de forma tajante que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

La estrategia discursiva de los usuarios libertarios apuntó a demostrar que la reactivación alcanzaba a casi todo el mapa con la sola excepción del territorio bonaerense, el cual apareció pintado de color rojo con una marca de -0,2% junto a la aclaración entre paréntesis “conurbano”.

Uno de los principales impulsores del posteo fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, quien manifestó en sus redes: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”.

En el mismo mensaje, que recibió el posterior retuit de Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda agregó: "El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad; los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo."

El mandatario nacional también replicó cuestionamientos de cuentas de propaganda y reposteó una publicación del ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, quien señaló: “Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei”. 

En el plano diplomático, el embajador libertario ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, se sumó a las críticas contra el mandatario provincial utilizando el diseño erróneo y le enrostró: “Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete”.

La anomalía cartográfica fue advertida dentro de las filas del propio Gobierno por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien de manera crítica exclamó de forma pública: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”. (con información de NA)

A través de un video difundido este domingo desde su cuenta oficial de la red social X, el jefe comunal peronista apuntó contra la gestión central por la falta de mantenimiento en las calzadas nacionales y cuestionó de manera directa el destino de los fondos recaudados por las empresas que manejan los corredores viales del país. 

"Buen día, ustedes pensarán que estoy en el medio de un campo, que estoy revisando caminos rurales. No. Milei, estoy en la intersección de la ruta nacional 5, la ruta que va a La Pampa, al camino del desierto, la conexión con el sur", explicó el mandatario municipal en el inicio de las imágenes grabadas en el lugar de los hechos.

En el transcurso de su declaración, el dirigente kirchnerista profundizó sus críticas hacia los principales referentes del oficialismo y de sus aliados políticos, vinculando las deficiencias de infraestructura con posibles beneficios económicos para los funcionarios de la administración central. 

A modo de chicana, Zurro se preguntó: "¿Quién se queda con la platita de las concesionadas? ¿Quién se queda con el trabajo? ¿Quién se la queda Milei? ¿Adorni?". En el mismo sentido, extendió las sospechas hacia los sectores que respaldan el programa de privatizaciones de la Casa Rosada y agregó: "No creo porque ya con la cascada y todo lo que tiene, o quizás esto sea de Macri, de tu socio".

Finalmente, el mandatario de Pehuajó aprovechó la publicación para fijar su posicionamiento político de cara a la discusión sobre los modelos de gestión y la conducción del espacio opositor a nivel nacional.

En el tramo final del video difundido en sus redes sociales, el jefe comunal pidió explícitamente por "Cristina libre", se manifestó a favor de mantener "el Estado presente" en materia de servicios públicos e infraestructura, y concluyó de manera tajante con una fuerte diferenciación respecto de la anterior gestión del Frente de Todos al reclamar "no volver al tibio de Alberto Fernández". (con información de NA)

El Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, que estará a cargo de la tradicional misa por el 25 de Mayo, alertó sobre las descalificaciones ante las opiniones divergentes.

Fue en la previa de la tradicional ceremonia religiosa, que se hará el lunes en la Catedral Metropolitana, en la que estarán el presidente Javier Milei con su gabinete pero no la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada por el Gobierno, lo que evidencia la rotura de relaciones con la titular del Senado. La funcionaria es, desde hace tiempo, muy crítica de la gestión presidencial.

García Cuerva expresó en la misa de hoy en la Catedral Metropolitana: “Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste San Pablo con la diversidad, y por otro lado, nos insiste con la comunión".

El Arzobispo de Buenos Aires alertó: “Creo que justamente son palabras muy actuales en el contexto que vivimos. Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia. Qué difícil es poder respetar y hablar de diversidad en tiempos de rechazo de todo el que piensa distinto. Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario".

Aunque García Cuerva no hizo referencias directas se trata de un mensaje elíptico al Gobierno, luego de las múltiples descalificaciones del Presidente a la prensa y a dirigentes de la oposición, como el caso de la diputada nacional, Marcela Pagano, que denunció por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Las claves detrás de la decisión de Karina Milei de no invitar a Victoria Villarruel al Tedeum

• Desde la Presidencia del Senado, que encabeza Villarruel, confirmaron en un comunicado: “La invitación al Tedeum del 25 de Mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial. La Vicepresidenta de la Nación no ha sido invitada".
   
• La tensión en la cúpula del Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo para este 25 de Mayo. Por primera vez, la Vicepresidenta no integrará la comitiva oficial que acompañará al Presidente al Tedeum.
   
• Según informaron desde el Senado, la decisión de no incluirla en el esquema de la ceremonia y en las actividades posteriores fue una determinación directa de la secretaria general de la Presidencia, liderada por Karina Milei.
   
• La distancia entre Milei y Villarruel fue in crescendo a un punto sin retorno. La profundización del quiebre había quedado expuesta de manera pública en el Tedeum del año pasado.
   
• En el Tedeum de 2025, Milei ingresó a la Catedral, saludó con un abrazo a (el entonces diputado nacional de La Libertad Avanza) José Luis Espert, rechazó la mano del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y tampoco saludó a Villarruel. (con información de TN)

La cifra representa un promedio de 7,1 millones de pesos mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el funcionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a 3,5 millones de pesos.

Según los datos obtenidos de registros oficiales del Banco Central (BCRA) publicados por La Nación, la pareja acumuló consumos por un total de 176 millones de pesos en tarjetas de crédito desde que Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 hasta marzo de este año. 

Los pagos se realizaron mediante débitos bancarios automáticos en pesos desde cuentas del Banco Galicia y se mantuvieron siempre al día, bajo la calificación de "Situación 1, Normal", que implica cumplimiento total y ausencia de mora.

Esta dinámica de gastos incrementó las sospechas en la causa judicial que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la pesquisa, tras haberse levantado los secretos fiscal y bancario, no se centra en la deuda en sí misma, sino en determinar el origen de los fondos líquidos que ingresaban a las cuentas bancarias para sostener ese nivel de erogación, el cual superaba holgadamente los ingresos declarados.

El desglose de los resúmenes financieros muestra un cambio sustancial en el estilo de vida del matrimonio a partir de su llegada a la Casa Rosada. 

A estos plásticos se sumaron nuevos gastos fijos durante 2025, como el pago mensual de 700.000 pesos por expensas en el country Indio Cuá, mientras que otros costos familiares significativos —como las cuotas del colegio de sus hijos, estimadas en 800.000 pesos mensuales— se abonaban por fuera del sistema de tarjetas.

La evolución de los gastos también expuso un fuerte contraste entre los perfiles de la pareja. Mientras que los consumos indexados de Adorni se contrajeron un 28,1% en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron un 21% en el mismo período, concentrando la mayor parte del flujo de gastos familiares. 

El pico de consumo de la mujer se dio en septiembre de 2025, cuando alcanzó los 7,8 millones de pesos en un mes. Paralelamente, Angeletti modificó su estatus ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): dejó el régimen de monotributo, cuyo tope para la categoría más alta era de 82 millones de pesos anuales, y pasó a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

La Justicia estima que el universo total de erogaciones del matrimonio desde el inicio de la gestión de Javier Milei supera los 400.000 dólares. Esta estimación incluye 245.000 dólares abonados en efectivo a un contratista por refacciones en su vivienda de un barrio cerrado, 185.000 dólares en operaciones inmobiliarias y más de 34.000 dólares en viajes internacionales y de cabotaje.

Además, se detectaron compromisos futuros por unos 335.000 dólares vinculados a dos hipotecas privadas sobre departamentos y un acuerdo de palabra con un desarrollador inmobiliario, dado que la pareja no registra préstamos en el circuito bancario tradicional.

El salario bruto de Adorni se mantuvo congelado en 3,5 millones de pesos hasta fines de 2025. Luego de asumir formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado, sus ingresos en la función pública se elevaron a 7,6 millones de pesos en enero de este año, momento en el que también fue nombrado director titular de YPF, cargo al que posteriormente comunicó su renuncia a percibir honorarios. 

La investigación judicial avanza ahora sobre el cruce de datos para establecer si existe correspondencia entre el crecimiento patrimonial observado y las fuentes de ingresos declaradas por el entorno familiar. (NA)

La iniciativa ingresó este sábado al Senado. El texto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y el ministro de Salud Mario Lugones.

El texto oficial argumenta que la aplicación de la normativa vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evidenció severas "limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas" que justifican su eliminación total.

Los puntos principales y fundamentos del proyecto oficial:

- Derogación total: El proyecto consta de un articulado directo que establece la derogación de la Ley N° 27.642 en su totalidad, la cual entraría en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Esto incluye la quita de los octógonos negros de advertencia y las restricciones asociadas a publicidad, entornos escolares y uso de personajes infantiles en los envases.

- Críticas al sistema "binario" y confusión al consumidor: El Gobierno señala que el modelo de perfil de nutrientes actual aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin considerar las porciones reales consumidas ni la densidad nutricional. 

- Según el Ejecutivo, esto genera situaciones inconsistentes donde alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, provocando "interpretaciones simplificadas o poco precisas" y confusión en el comprador.

- Falta de incentivos para la industria: La Casa Rosada argumenta que la estructura binaria del sistema (contiene o no contiene la advertencia) no premia los esfuerzos de las empresas por realizar mejoras parciales o graduales en la composición nutricional de sus productos dentro de una misma categoría.

- Asimetrías en el Mercosur y perjuicios a PyMEs: El mensaje enviado al Parlamento advierte que la falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas dentro del Mercosur, obligando al sector a fabricar envases diferenciados. 

- Esta situación afecta especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, lo que podría incentivar la concentración del mercado.

- Rigidez normativa: Se cuestiona que numerosos aspectos metodológicos y técnicos hayan sido incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide que el sistema se adapte de forma ágil y dinámica a los nuevos consensos científicos internacionales o a las actualizaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).__IP__

- Garantía de la información tradicional: El Ejecutivo aclaró que la medida no elimina las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio continuará plenamente vigente bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03), complementado por las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

- Con este envío, el Gobierno solicitó al Congreso el "pronto tratamiento y sanción" de la norma para avanzar hacia un esquema que califica como "técnicamente más consistente, uniforme y adaptable". (Con información de NA)

Así lo expresó el organismo internacional en su staff report que publicó el viernes. En el mismo, explicó las causas por las que considera que el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) está desactualizado.

El FMI considera que la "prolongada demora" en la actualización del IPC "ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo".

Al mismo tiempo, advierte sobre el marco institucional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), al considerar que debe ser "modernizado".

"El personal técnico del Fondo está dispuesto a continuar brindando asistencia técnica para respaldar los esfuerzos de las autoridades orientados a corregir estas deficiencias y mejorar la calidad general de los datos", señala el documento oficial.

El organismo que dirige Kristalina Georgieva se refirió a la actualización que iba a ser anunciada a comienzos de 2026. En la misma, el INDEC iba a actualizar las canastas —puestas en los años 2004/05— a 2017/18, donde se contemplan otros servicios más recientes.

Sin embargo, la modernización quedó postergada luego de que Marco Lavagna dejara el cargo de director del organismo nacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, designó a Pedro Lines al frente del INDEC y, desde ese momento, quedó aplazada la nueva canasta para medir la inflación.

Frente a eso, el staff report del FMI indica que se publicará "una vez que el proceso de desinflación esté firmemente consolidado, con asistencia técnica del Fondo para continuar fortaleciendo los arreglos institucionales de las estadísticas oficiales en línea con las mejores prácticas internacionales".

En la misma línea, el Fondo advierte sobre otras estadísticas y mediciones: "Las cuentas nacionales también presentan limitaciones en términos de desagregación y precisión, en parte como reflejo de un año base obsoleto. Las estadísticas del sector externo también enfrentan restricciones, ya que los datos devengados por fuera del comercio de bienes solo están disponibles de manera trimestral y con un rezago de tres meses".

"Seguimos comprometidos con la producción y difusión oportuna de datos creíbles y de alta calidad", destacó el organismo.

Entre otros puntos que analizó sobre las políticas económicas del Gobierno, el FMI pidió liberar más el cepo y avanzar con las reformas tributaria y previsional. También destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado. (NA)

Según informaron fuentes oficiales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue la encargada de cursar las invitaciones a través del área de ceremonial.

De acuerdo al protocolo habitual, Presidencia es la responsable de enviar las participaciones y organizar el operativo de seguridad, pese a que el evento religioso se desarrolla en la Catedral Metropolitana.

Con esta decisión, el Gobierno evitará una nueva exposición pública conjunta entre Milei y Villarruel, en medio de una relación política deteriorada. También se descartan así las especulaciones sobre un eventual saludo entre ambos durante la ceremonia y las interpretaciones sobre los gestos de la vicepresidenta durante el encuentro.

El Tedeum del 25 de Mayo es uno de los actos institucionales tradicionales de la fecha patria y suele contar con la presencia del presidente y el vicepresidente. Habitualmente, el mandatario parte desde Casa Rosada junto a su comitiva y cruza caminando la Plaza de Mayo hasta la Catedral Metropolitana.

Villarruel había participado de las ediciones anteriores, aun cuando la tensión con Milei ya era evidente desde el inicio de la gestión y se profundizó con el paso de los meses.

Este año, la ausencia de una invitación formal dejará expuesta la ruptura política entre el presidente y su vice en uno de los actos más representativos del calendario institucional.

De todos modos, se espera la presencia de funcionarios nacionales, diputados, senadores de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO. Según indicaron fuentes del Senado, también fueron invitados legisladores de la Cámara alta y el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala.

El último episodio de tensión entre el Gobierno y Villarruel se produjo a comienzos de mayo, en medio de la polémica por denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito vinculadas al vocero presidencial, Manuel Adorni.

En ese contexto, la vicepresidenta publicó un mensaje irónico en su cuenta de X relacionado con las refacciones realizadas por Adorni en su vivienda. Sin mencionar destinatarios, escribió: "Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!", una frase que fue interpretada como una referencia indirecta a la controversia. (NA)

En las últimas horas, no se presentó ante la Justicia en dos oportunidades consecutivas, un hecho que motivó aclaraciones públicas sobre su paradero y su estado general.

El periodista Luis Gasulla reveló en la pantalla de LN+ que mantuvo una charla exclusiva con la testigo para conocer los motivos detrás de sus dos ausencias en los tribunales. Al respecto, el cronista buscó disipar especulaciones y fue tajante: "No estuvo desaparecida".

"Miriam Quiroga está en Córdoba desde hace muchos años, en un pueblito. Tiene serios problemas de salud", explicó Gasulla, al vincular de manera directa el cuadro clínico de la mujer con su imposibilidad de asistir a las dos citaciones judiciales previas.

A pesar de las justificaciones médicas presentadas, desde el entorno judicial recordaron que Quiroga se encuentra bajo la figura de testigo, por lo cual está obligada a declarar y no puede negarse a brindar su testimonio ante el tribunal que lleva adelante el juicio oral. La legislación argentina estipula la obligatoriedad de comparecer para toda persona que sea citada en calidad de testigo en una causa penal.

No obstante, las autoridades judiciales informaron que todavía no está fijada la nueva fecha para que se concrete su declaración testimonial, mientras se evalúan los pasos a seguir de acuerdo a la evolución de su estado de salud.

Según la información provista en la señal informativa, Quiroga habría sido blanco de presiones indirectas en el último tiempo. "Recibió un mensaje, le advertía que algo podía llegar a pasar, le dio a entender que se tenía que ir...", señaló Gasulla sobre los detalles de la conversación exclusiva.

El testimonio de Quiroga es considerado de alta relevancia para el avance de la investigación que analiza los circuitos de recaudación de fondos vinculados a la obra pública. Por el momento, resta definir bajo qué modalidad —presencial o a través de videoconferencia debido a su distancia y estado clínico— el tribunal reprogramará la citación que la testigo deberá responder de manera obligatoria. (NA)

Tras aprobar la segunda revisión del acuerdo por US$20.000 millones, el directorio del organismo validó la estrategia de ajuste aplicada por el Gobierno, destacó la desaceleración de la inflación y proyectó un escenario de crecimiento moderado, pero al mismo tiempo dejó en claro que el éxito del plan dependerá de reformas profundas aún pendientes.

El informe técnico difundido tras la revisión ratifica el diagnóstico central del Fondo: el programa económico logró avances significativos en tiempo récord, especialmente en materia fiscal. De hecho, el organismo calificó el ajuste inicial como “excepcionalmente grande en comparación internacional”, un reconocimiento que subraya la magnitud del recorte del gasto público implementado en los primeros meses de gestión. 

Este giro permitió recuperar uno de los pilares clave del esquema macroeconómico argentino: la credibilidad, condición indispensable para estabilizar expectativas en un país acostumbrado a ciclos recurrentes de crisis.

En línea con ese enfoque, el FMI también valoró la velocidad del proceso de desinflación, que —según su evaluación— avanzó más rápido que en experiencias previas de estabilización. 

La reducción de la inflación no respondió a un único factor, sino a una combinación de políticas: la corrección de precios relativos, la eliminación de controles, la liberalización de restricciones comerciales y financieras y un manejo más estricto del frente fiscal. Este conjunto de medidas permitió quebrar la inercia inflacionaria en un contexto que el propio organismo considera más robusto que episodios pasados.

A diferencia de otras crisis argentinas, el Fondo también destacó la decisión del Gobierno de respetar contratos y compromisos de deuda, así como el impulso al blanqueo de capitales lanzado en 2024 para fomentar la repatriación de activos. Estos elementos son interpretados como señales de previsibilidad institucional, un factor clave para atraer inversión y sostener la recuperación económica.

En términos de proyecciones, el organismo plantea un escenario moderadamente optimista para el corto plazo. Para 2026, estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3,5%, una inflación anual del 25%, una tasa de desempleo del 7,2% y un superávit fiscal primario equivalente al 1,4% del PBI. Se trata de cifras que reflejan una economía en proceso de estabilización, aunque aún lejos de consolidar un ciclo de crecimiento sostenido.

Sin embargo, detrás del respaldo técnico emerge una advertencia de fondo: la estabilización inicial no garantiza la sostenibilidad del modelo. El informe identifica tres áreas críticas que requieren atención inmediata: la acumulación de reservas, la consistencia del régimen cambiario y la necesidad de reformas estructurales, especialmente en el sistema tributario y previsional.

El frente externo aparece como uno de los principales puntos de vulnerabilidad. El FMI advierte que la acumulación de reservas y la recuperación de la demanda de pesos avanzan más lentamente que en otros programas de estabilización, un fenómeno que atribuye en parte a la incertidumbre política y financiera que atravesó el país durante 2025. 

En ese contexto, el organismo considera indispensable sostener la compra de divisas y consolidar un esquema de mayor flexibilidad cambiaria, en línea con las recientes modificaciones implementadas por el Banco Central.

Este punto no es menor: la historia económica argentina muestra que las crisis suelen estar asociadas a tensiones externas y falta de reservas. Por eso, el Fondo insiste en que la fortaleza del programa dependerá en gran medida de la capacidad del país para reconstruir su posición externa y reducir la vulnerabilidad frente a shocks financieros.

El segundo eje de preocupación es de carácter estructural. El informe es particularmente crítico con el sistema tributario argentino, al que define como “complejo, altamente distorsivo e inestable”, con efectos negativos sobre el crecimiento y la competitividad. Según el diagnóstico del organismo, la actual estructura impositiva presenta superposición de tributos entre Nación y provincias, baja eficiencia recaudatoria y una fuerte dependencia de impuestos considerados distorsivos, como Ingresos Brutos.

En este sentido, el FMI propone avanzar hacia una reforma integral que simplifique el sistema, amplíe la base del impuesto a las Ganancias, racionalice el IVA y reduzca el peso de las exenciones fiscales, al tiempo que elimine tributos que afectan la competitividad. La recomendación apunta a corregir un problema histórico de la economía argentina: la sobrecarga tributaria sobre el sector formal, que limita la inversión y favorece la informalidad.

El tercer frente es el sistema previsional, que el propio organismo considera fiscalmente insostenible en el largo plazo. Con un gasto elevado y múltiples regímenes superpuestos, la estructura jubilatoria representa una de las principales fuentes de presión sobre las cuentas públicas. En este punto, el Fondo insiste en la necesidad de una reforma que permita garantizar equilibrio financiero sin comprometer la cobertura social, un desafío político de alta complejidad. (NA)

Pero así también, la inmensa mayoría de los intendentes municipales atraviesan uno de los momentos financieros más delicados de los últimos años, fundamentalmente por la caída de los recursos tanto de “origen nacional como bonaerense” frente al deterioro social y sanitario.

Lentamente, como en cámara lenta, la crisis sanitaria en la Provincia se va convirtiendo en un nuevo frente de conflicto político con el Gobierno nacional.

Así como el Gobierno libertario continúa sin dar respuestas concretas mientras el deterioro del sistema sanitario se profundiza, en el espíritu gubernamental bonaerense sobrevolaba la búsqueda de un encuentro con actores municipales que pudiese derivar en un frente común capaz de presionar a Nación y visibilizar políticamente el impacto de un ajuste que pone a los hospitales municipales en situación límite.

Pero no todos los alcaldes comunales llegaron hasta La Plata sólo para escuchar diagnósticos ministeriales de la crisis sanitaria como único tema en discusión desde una tribuna ampliada en el Salón Dorado de calle 6, sino también buscar instalar sus propios reclamos vinculados a deudas, la caída de la coparticipación y el cuestionado funcionamiento de la obra social estatal IOMA, ante las múltiples quejas de afiliados por el recorte de prestaciones como vienen cuestionando desde el radicalismo y el PRO desde hace tiempo.

Si bien ante el complejo escenario, los intendentes respaldaron las críticas al Gobierno nacional por el impacto del ajuste económico sobre el sistema sanitario, lo cierto es que el abordaje del tema vuelve a generar fisuras en el peronismo K donde también le exigen respuestas a la gestión bonaerense planteando la necesidad de reasignar recursos con criterios de prioridad social ante una demanda territorial cada día más progresiva.

“Comida, balas y remedios no pueden faltar”, aseguran que se le escuchó decir a un cacique del oficialismo que atiende el mostrador de un poderoso municipio del Gran Buenos Aires. La metafórica afirmación estuvo acompañada de una oscura caracterización de la coyuntura económica social más el faltante de medicamentos e insumos hospitalarios lo que genera una} mayor demanda en los centros públicos de salud.

A la estructural crisis económica financiera y de inseguridad ciudadana, la tropa legislativa del cristinismo empuja sumarle las dificultades sanitarias y alimenticias buscando marcar la agenda del Ejecutivo provincial. “La propuesta apunta a priorizar el funcionamiento sanitario por encima de cualquier gasto que no sea urgente”, sugieren.

“Desde que asumió el Gobierno libertario no sólo interrumpió más de mil obras de infraestructura en territorio bonaerense, sino que además nos quiere someter a una asfixia económica cuando nos quitan recursos que les corresponden a los contribuyentes de la PBA”, se quejan ministros de Kicillof.

A ese escenario se suma otra inquietante preocupación: la posibilidad de que la administración bonaerense pierda capacidad de respuesta frente al deterioro económico y social. En distintos municipios ya advierten demoras en obras públicas, recortes en programas provinciales y una creciente dependencia de los recursos discrecionales que maneja la Gobernación.

Aunque en el entorno gubernamental de Kicillof sostienen que el feroz ajuste impulsado por Milei condiciona toda la gestión bonaerense, no pocos alcaldes municipales empiezan a reclamar mayor presencia territorial en momentos donde la demanda social se profundiza en el poblado Conurbano sino también en ciudades del interior.

“Ante eso le volvemos a decir al presidente Milei que tiene que cambiar el rumbo de la economía, porque si no la gente lo va a cambiar a él el año que viene en las elecciones”, le advirtió sin sutilezas el ministro de Gobierno kicillofista, Carlos Bianco, casi poniéndole “fecha de vencimiento” al Gobierno libertario para el 2027.

La tensión entre la gestión y su todavía tímida proyección presidencial amenaza con convertirse en uno de los principales desafíos políticos que deberá administrar el Gobernador con una castigada caja económica doméstica y una interna abierta en el universo del kirchnerismo peronista.

Naturalmente el contexto político partidario incluye la prematura carrera por la sucesión en la Gobernación durante el año que viene y por otro lado refleja que la tensión entre “La Cámpora” que responde a la expresidenta Cristina de Kirchner y algunos ministros de Kicillof, está menos oculta que nunca.

En rigor, la opinión pública está interesada y ocupada por “cuánto tiempo más llevará” superar la crisis económica y social agravada por el controvertido plan del Gobierno libertario que, por la “agenda política” vinculada con el incómodo desgaste político que atraviesa la Casa Rosada, especialmente tras la causa judicial que investiga la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las internas dentro del oficialismo violeta.

En ese contexto y para conmemorar el 25 de mayo, los libertarios ya programaron un “Cabildo Abierto por la Libertad”, con actos simultáneos frente a los Concejos Deliberantes de cada distrito bonaerense.

Por supuesto, tampoco despierta interés social los distintos capítulos de la interminable serie que tiene como argumento las diferencias políticas domésticas entre un par de ministros y referentes distritales del kicillofismo y contra el kirchnerismo duro vinculado con “La Cámpora”, y que contiene la marcha peronista como música de fondo.

El anuncio lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales. “En lo que queda de la jornada estaremos enviando al Congreso de la Nación los siguientes proyectos de ley: Ley de Ludopatía, super-RIGI, Ley de Lobby y Etiquetado Frontal”, publicó.

La confirmación llegó después de las reuniones que mantuvo el ministro coordinador para terminar de ordenar la tanda de iniciativas.

En la Casa Rosada venían trabajando en un paquete más amplio de proyectos, pero el primer envío quedó concentrado en cuatro textos. En Balcarce 50 explican que el objetivo es abrir una nueva etapa legislativa con iniciativas económicas, institucionales y regulatorias, mientras el resto de las reformas continúa en revisión técnica y política.

El super-RIGI es el proyecto central del paquete económico. La iniciativa apunta a ampliar los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones y a captar capitales para sectores estratégicos que el Ejecutivo considera de nueva generación.

En Nación lo vinculan con industrias como inteligencia artificial, data centers, autos eléctricos, infraestructura nuclear, defensa, cadena de valor del litio, refinamiento y laminado de cobre, uranio, fertilizantes, paneles solares y turbinas eólicas.

Luis Caputo ya había anticipado parte de la arquitectura del régimen. El ministro de Economía dijo que el esquema prevé una alícuota de Ganancias del 15%, contra el 25% del RIGI vigente, además de una amortización acelerada del 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero.

También adelantó exenciones de aranceles de importación para bienes vinculados a la producción y derechos de exportación en cero desde el inicio.

La ley de lobby apunta a regular la gestión de intereses ante el Estado. El objetivo es establecer reglas de transparencia sobre reuniones, audiencias y contactos entre funcionarios, legisladores, empresas, cámaras empresarias, organizaciones y otros actores que intervienen en la discusión de políticas públicas. En Balcarce 50 la presentan como una herramienta para ordenar la relación entre el sector privado y los organismos públicos.

El proyecto de etiquetado frontal abre una discusión sensible con la industria alimenticia y con sectores sanitarios. La ley vigente obliga a advertir en los envases sobre excesos de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

El Gobierno impulsa cambios con el argumento de reducir costos regulatorios y adaptar el esquema a criterios regionales, aunque la letra final marcará el alcance de la reforma.

La ley de ludopatía retoma el debate por las apuestas online, especialmente entre menores de edad. La preocupación oficial se concentra en el crecimiento de las plataformas digitales de juego, la publicidad en redes sociales y el acceso de adolescentes a sistemas de apuestas.

Con el envío de estos cuatro proyectos, el Ejecutivo busca sostener la iniciativa parlamentaria y ordenar el calendario de negociaciones con aliados, gobernadores y bloques dialoguistas.

El fallo de la Sala VIII del tribunal, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, se fundamentó en la falta de garantías de una “elección confiable, segura ni transparente”. Según los magistrados, la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante las tres jornadas en la localidad bonaerense de Campana "destruyó la objetividad de todo el proceso" y vulneró los principios de libertad y democracia sindical.

Las irregularidades en el foco de la Justicia

La causa se inició por una denuncia de la opositora Lista Naranja, encabezada por Ángel Derosso, que impugnó el proceso ante la Junta Electoral seccional (alineada con Furlán). La oposición reclamaba que las elecciones se realizaran en una sola jornada o con recuentos provisorios diarios. En su lugar, el oficialismo extendió la votación a tres días y mantuvo la custodia unilateral de las urnas en la sede sindical.

Entre los argumentos centrales de los camaristas para anular el proceso se destacan:

• Falta de control: La ausencia de escrutinios provisorios públicos diarios impidió corroborar la autenticidad de los sufragios.

• Custodia irregular: El tribunal calificó de "inaceptable e irrazonable" la propuesta del oficialismo de que los apoderados opositores pernoctaran en la sede del sindicato para cuidar las urnas.

• Falta de notificación: No se probó que la Junta Electoral responiera formalmente a las impugnaciones de la oposición antes del cierre de las urnas.

Impacto nacional e intervención

Al declararse la nulidad de lo ocurrido en Campana, la Justicia determinó un "efecto dominó" sobre la conducción nacional, dado que el resultado de esa seccional afectó directamente la conformación del Colegio Electoral que ungió a Furlán a nivel país el 18 de marzo. Al ser procesos inescindibles, la Cámara declaró la acefalía de la UOM y ordenó el cese inmediato de todo el secretariado nacional.

Para normalizar la institución bajo la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, la Justicia designó al Dr. Alberto Biglieri como interventor judicial. Biglieri tendrá las siguientes facultades:

1. Asumir la administración y el control interno del sindicato (tanto a nivel nacional como seccional).

2. Presentar informes trimestrales de gestión ante la Cámara.

3. Llamar a elecciones en un plazo máximo de 180 días bajo condiciones que aseguren la transparencia institucional.

El desafío previo de Furlán

La resolución judicial se da tras un fuerte contrapunto institucional. El pasado 17 de marzo, un día antes de la elección nacional, la misma Sala VIII había dictado una medida cautelar suspendiendo el Congreso del gremio.

Sin embargo, en un abierto desafío a los tribunales, Furlán llevó adelante la votación de todas formas y se proclamó ganador por un nuevo período de 4 años con el apoyo de 48 de las 53 seccionales. En aquel momento, desde el entorno del líder metalúrgico justificaron la desobediencia alegando ante Infobae que "no habían sido notificados de nada". Finalmente, la Justicia clausuró esa vía y dejó al histórico sindicato bajo administración judicial.

El presidente se refirió a la posibilidad de quitar los derechos de exportación (DEX) al sector agropecuario, tras haber anunciado una baja al trigo, la cebada y la soja.

Así lo indicó el jefe de Estado en su cuenta personal de X. La respuesta surge de un posteo del economista Fernando Marull, quien publicó un cuadro con el nivel de retenciones que mantuvo cada gobierno, desde Néstor Kirchner hasta la actual administración.

Agustín Etchebarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, comentó que «no tiene dudas» de que en un hipotético segundo mandato de Milei"van a ir a 0% de retenciones".

“Esa es la idea”, le respondió el Presidente.

Ayer, durante su exposición en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Milei anunció una baja de las retenciones en tres commodities del agro.

En el caso del trigo y la cebada, la alícuota de retenciones pasará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de este año”, mientras que para la soja regirá a partir de enero del año próximo, en base a los resultados que muestre la recaudación.

“Vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó. (NA)

El estudio encabezado por la doctora en Economía María María Ibáñez Martín y la licenciada Milena Poggiese toma diversas variables: cuadros tarifarios residenciales vigentes a diciembre de 2025, consumos promedio por distribuidora y salarios provinciales de trabajadores registrados. A partir de esos datos, estiman el peso relativo de la factura eléctrica sobre los ingresos de los hogares en distintas regiones del país.

Según este trabajo, las distribuidoras con mejor desempeño relativo se concentran mayormente en Patagonia, Comahue y AMBA: "Casos como Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén o Río Negro reflejan que, aun con monómicos relativamente elevados en algunos casos, los mayores niveles salariales provinciales compensan parcialmente el peso de la factura eléctrica sobre los ingresos".

Es decir, si bien en la región patagónica el precio de las tarifas es más alto, también son superiores los salarios promedio en comparación con provincias de Cuyo y el Norte.

"Las situaciones de mayor presión relativa sobre los hogares aparecen en provincias donde coinciden consumos elevados, salarios más bajos y/o estructuras tarifarias menos favorables. Catamarca, Misiones, Corrientes y algunas distribuidoras de Mendoza exhiben los peores indicadores de asequibilidad del ranking, superando en algunos casos el 6% o incluso el 7% del salario promedio provincial destinado únicamente al pago de la electricidad residencial", indica el estudio.

Las autoras señalan: "Los resultados muestran que las conclusiones cambian significativamente cuando el análisis incorpora salarios y patrones de consumo. Provincias frecuentemente asociadas a tarifas elevadas presentan, en algunos casos, mejores indicadores de asequibilidad debido a mayores niveles salariales, mientras que otras jurisdicciones con tarifas relativamente menores enfrentan mayores dificultades por menores ingresos o consumos estructuralmente elevados".

El informe también "evidencia la fuerte heterogeneidad territorial del sistema eléctrico argentino, identificando diferencias relevantes según región, densidad de usuarios, economías de escala y condiciones climáticas. Asimismo, advierte sobre las limitaciones de comparar tarifas utilizando únicamente precios del kWh o usuarios residenciales homogéneos".

A modo de conclusión, las investigadoras sostienen: "El análisis desarrollado en este informe muestra que las discusiones sobre tarifas eléctricas en Argentina requieren incorporar explícitamente la dimensión de asequibilidad (capacidad de adquirir, pagar o acceder a bienes, servicios sin comprometer necesidades básicas). Comparar tarifas exclusivamente a partir del precio del kWh o de facturas promedio descontextualizadas puede conducir a diagnósticos incompletos sobre el verdadero esfuerzo económico que enfrentan los hogares para acceder a la electricidad".

Y afirman: "La evidencia presentada refuerza la importancia de discutir la política tarifaria desde una perspectiva integral, entendiendo que la sostenibilidad económica del sistema eléctrico debe compatibilizarse con criterios de equidad territorial y capacidad de pago de los hogares".

En la representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Sandra Pettovello (Capital Humano) escoltados por el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Asimismo, la delegación religiosa estuvo integrada por monseñor Marcelo Colombo y monseñor Raúl Pizarro, actuales presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva.

El intercambio tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Palacio San Martín y tuvo como eje la agenda social, uno de los temas que abordará García Cuerva durante la oración que dará el próximo feriado patrio en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Según trascendió, darán asistencia el presidente Javier Milei, que se presentará en compañía de sus ministros y secretarios, pero también el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Al término, los representantes de la administración libertaria se trasladarán a las puertas del Cabildo de Mayo para entonar el himno que interpretará la Fanfarria Militar "Alto Perú". Luego regresarán a pie a Casa Rosada para la reunión de Gabinete que encabezará el mandatario.

Lo cierto es que en Balcarce 50 hay expectativas por el tono de la oración del lunes que estilan ser críticas. Es que la administración atraviesa momentos complejos a raíz de la feroz interna en redes y la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. (NA)

El informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política también permite estimar cuál es el gasto promedio en Bahía Blanca y toda la región para estos servicios. Por supuesto, se aclara que en determinadas provincias, el incremento en las tarifas fue más pronunciado, a lo que deben agregarse las particularidades de cada región,

Todo esto, se aclaró, produce diferencias significativas en los montos de las facturas en todo el país.

El texto recuerda que actualmente rige en todo el país la Resolución 109/26, que fija los precios estacionales de la energía desde el 1 de mayo, y que el ritmo de los aumentos tarifarios asociados al Valor Agregado de Distribución varía según la provincia. Además, algunas jurisdicciones continúan adaptando sus cuadros tarifarios, pasando del esquema de Segmentación anterior al nuevo sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

En Bahía Blanca y la región, los números son elocuentes. En las facturas de gas, teniendo en cuenta un consumo promedio para categoría R2 2º, en nuestra zona la boleta promedio es de 47.600 pesos sin subsidio, cuando el promedio nacional supera los 71 mil pesos. Con subsidio, el valor mensual cae a 31.228 pesos, mientras que la media del país apenas supera los 52 mil pesos.

En este marco, el IIEP recordó que en mayo se sancionaron nuevos cuadros tarifarios que identifican dos segmentos de usuarios: uno sin subsidios que paga el costo pleno de abastecimiento del gas y otro con subsidios que recibe una bonificación del 50% más un 25% adicional, hasta un umbral de consumo por región, sobre el costo de abastecimiento del gas. A su vez, la asignación de la carga del precio PIST entre categorías, zonas y subzonas implica que existan usuarios que paguen por encima o por debajo del Precio Anual Uniforme (PAU).

Por ello, con la actualización de los valores, entre los usuarios sin subsidio, las facturas de gas más elevadas en mayo se registraron en Tierra del Fuego, con boletas promedio de $209.502; Santa Cruz, con $200.941; Chubut Sur, con $128.359, y Neuquén, con $104.503. En el otro extremo, las tarifas más bajas correspondieron a Tucumán, con $36.979; el norte de la provincia de Buenos Aires, con $41.660; Salta, con $44.004, y La Puna, con $44.174.

Para los usuarios con subsidio, las mayores facturas también se concentraron en la Patagonia: Tierra del Fuego encabezó el ránking con $127.893, seguida por Santa Cruz, con $123.423; Chubut Sur, con $82.665, y Neuquén, con $82.564.

En contraste, los menores valores se observaron en Tucumán, con $30.148; Bahía Blanca, con $31.228; Salta, con $32.429, y el norte de la provincia de Buenos Aires, con $34.104.

El IIEP detalló también que “los datos indican que para los usuarios sin subsidio la composición promedio de la factura final es del 47% para el precio del gas, 31% para el VAD y 22% para los impuestos. Mientras que para los usuarios con subsidios estas proporciones son 27%, 51% y 22%, respectivamente”.

Facturas de electricidad

En lo que se refiere al costo de la electricidad, se tuvo en cuenta un consumo de 265 Kwh por mes. En Bahía Blanca y la zona (PBA EDES), sin subsidios, cada usuario debe abonar 97.210 pesos, con un valor nacional promedio de 82.688 pesos. Mientras que en los valores con subsidio, el valor cae a $64.883, con un promedio de 50.919.

A nivel país, entre los usuarios con subsidio, las tarifas eléctricas más altas del país en mayo se registraron en Neuquén, con una factura promedio de $88.924; Río Negro, con $84.549; Puerto Madryn, con $76.823, y Salta, con $69.343.

En contraste, las boletas más bajas para este segmento correspondieron a Formosa, con $25.321; La Rioja, con $27.191; el área de Edesur en el AMBA, con $28.281, y Edenor en el AMBA, con $28.569.

En tanto, entre los usuarios sin subsidio, Neuquén volvió a encabezar el ranking de mayores costos, con facturas promedio de $153.580, seguida por Río Negro, con $115.282; Puerto Madryn, con $109.618, y Santa Fe, con $101.213.

Del lado opuesto, las tarifas más bajas se observaron en Tierra del Fuego, con $49.727; Edenor en el AMBA, con $53.224; Edesur en el AMBA, con $54.705, y La Rioja, con $55.397. (con información de Infobae)

La ley vigente obliga a las empresas alimenticias a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías. El oficialismo busca reemplazarla por un nuevo esquema, aunque primero intentará derogar la normativa actual, orientada a promover una alimentación más saludable.

El objetivo es que la Argentina adopte un reglamento técnico regional unificado para armonizar el etiquetado nutricional frontal entre los países del Mercosur.

El proyecto lleva la firma de los diputados Daiana Fernández Molero (PRO), bloque aliado al oficialismo, y Alejandro Bongiovanni (La Libertad Avanza), aunque forma parte del paquete de medidas que prepara el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger.

Según sostienen los legisladores, la actual Ley de Etiquetado Frontal no cumplió sus objetivos. “A más de cuatro años de su implementación, ninguno de esos propósitos fue alcanzado de manera satisfactoria. Las razones no son circunstanciales, sino estructurales: responden a un diseño técnico deficiente que genera confusión en el consumidor, desincentiva la reformulación y obstaculiza el comercio y la inversión”, señalaron.

También cuestionaron el perfil nutricional adoptado al sancionarse la norma. Explicaron que la ley utiliza parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes —como gramos de azúcar, sodio o grasa por cada 100 gramos de producto—, sino su proporción sobre el total de calorías del alimento.

“A estos se los denomina umbrales móviles, y son el origen de las principales distorsiones de la ley”, argumentaron.

La industria alimenticia resistió desde un comienzo la sanción de la Ley de Etiquetado Frontal. En los fundamentos del proyecto, Fernández Molero y Bongiovanni sostuvieron que la norma “constituye un obstáculo al comercio y a la inversión”.

Los diputados remarcaron que, aunque cada país del Mercosur tiene actualmente su propio sistema de etiquetado frontal, el bloque trabaja para unificar estándares. Según argumentan, esto evitaría que las empresas deban desarrollar líneas de producción diferenciadas para exportar, con mayores costos operativos que finalmente impactan en el precio para el consumidor.

“La coexistencia de cuatro sistemas de etiquetado distintos obliga a adaptar envases, fórmulas y líneas de producción para cada mercado, con costos que recaen especialmente sobre las pymes exportadoras y, en última instancia, sobre los consumidores”, señalaron.

Y agregaron: “Los productores, exportadores y consumidores requieren un marco normativo estable. La derogación legislativa es el único instrumento que ofrece esa certeza”.

Comparación con otros países

El oficialismo destaca que Brasil, Chile y Uruguay utilizan perfiles nutricionales basados en umbrales fijos para el etiquetado frontal, definidos por cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto. Según sostienen, ese sistema resulta más claro para el consumidor porque se basa en valores concretos y no en su relación con las calorías totales.

En cambio, argumentan que el esquema argentino utiliza umbrales móviles, lo que limitaría tanto la capacidad de las empresas para reformular productos más saludables como la posibilidad de los consumidores de elegir mejores opciones.

Como ejemplo mencionan el caso de los edulcorantes: cualquier producto que los contenga y cumpla función endulzante debe llevar la advertencia “contiene edulcorantes”, independientemente de la cantidad presente. “Esto significa que un producto con 1 gramo recibe el mismo tratamiento que otro con 20 gramos”, sostienen.

Qué establece la actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable

La norma, sancionada en 2021, obliga a incluir octógonos negros de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados cuando superan límites establecidos para azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, exige leyendas precautorias para productos con edulcorantes o cafeína, indicando que no son recomendables para niños.

La ley también impone restricciones al marketing y la publicidad: los productos con al menos un sello no pueden incluir personajes infantiles, mascotas, animaciones ni avales de sociedades científicas o celebridades en sus envases. Tampoco pueden ser publicitados para niños ni ofrecerse en entornos escolares. (con información de TN)

Además, le reclamó al Senado que no convalide la media sanción.

"Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando: el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y, por tanto, las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país", advirtió.

"Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes", agregó.

Kicillof expresó que "hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales", por lo que aventuró que podrían iniciarse acciones legales ante la Justicia.

"Le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno", reclamó.

Al analizar las políticas tomadas en distintas partes del planeta por el aumento del precio del combustible y de la energía en general como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, Kicillof advirtió que el rumbo elegido por el presidente Javier Milei va a contramano del mundo.

"En todo el planeta tenemos gobiernos que, ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán, tomaron medidas. Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidad, y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías", lamentó.

El gobernador bonaerense señaló haber pensado "que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no".

Kicillof se hizo eco de las palabras del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien admitió que ya no hay margen para seguir generando superávit mediante la contracción del gasto público.

"Lo escuchaba al ministro Caputo decir que ya no se puede ajustar más. Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes", alertó.

"Hay problemas no solo de remedios y de acceso a cuestiones básicas, sino que estamos empezando a ver que —producto de la desocupación y de la caída de los salarios— la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos y, por supuesto, bonaerenses", finalizó. (con información de NA)

"Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5% a partir de junio 2026", comunicó en primer lugar el mandatario.

Luego, realizó un anuncio vinculado a la soja. "Sería injusto si nos olvidamos de la soja. A partir de enero del 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar entre un cuarto y medio punto por mes de manera continuada hasta el año 2028 si nosotros reelegimos", indicó.

También adelantó una baja de retenciones para la industria. "A partir de julio 2026 hasta junio 2027 a la industria automotriz, a la industria petroquímica, a maquinarias vamos a ir a cero", dijo y prometió que el Ministerio de Economía anunciará el cronograma completo en los próximos días.

"Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde. Que se achique el Estado, que se agrande el mercado, para que tengamos más libertad y por ende más prosperidad", afirmó.

Milei aseguró que durante su gestión se termina "el calvario de que el funcionamiento del país entero dependa del agro". Recordó a su vez que "durante décadas el campo fue el pagador de última instancia de la Argentina".

"Cuando había crisis subían las retenciones, cuando faltaban dólares, desdoblaban el tipo de cambio, cuando había inflación, precios máximos sobre su producción. Siempre el mismo sector financiando los rotos del resto", describió.

En la misma línea, Milei aseguró que se trabaja para que en la Argentina "el agro pueda ser libre" y prometió que "en la medida en que sean competitivos, se les va a sacar esa carga que les impusieron". "Vamos a liberar cada día a un sector que tanto hizo por el país y que tanto se lo ha castigado", adelantó. (con información de Clarín)