“Nosotros estamos a favor de la eliminación y siempre vamos a ir por la de máxima”, sostuvo una importante fuente que participa de la redacción. 

El texto final aún no circuló entre los integrantes de la mesa política que, analizan, que hay “tiempos” para tratar cada tema. Además, aseguran que el borrador podría cerrarse en los próximos días y enviarse al Congreso la semana próxima. 

Con la administración libertaria convulsionada a raíz de la investigación abierta por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y por los movimientos en la causa $Libra, en el oficialismo hay quienes justifican la demora a la coyuntura actual. 

“Hay tiempos para todo. Quizás no es este el momento más oportuno para tratarlo”, planteó un integrante del reducido círculo designado por el presidente Javier Milei para discutir los espectos políticos de la gestión. 

Sin embargo, la reforma configura uno de los puntos centrales del temario previsto para el 2026 legislativo. Hasta entonces, y en debate, incluiría la modificación del régimen de partidos políticos, lo que obligará a revisar el sistema de financiamiento de cada espacio con el objetivo de concretar una distribución “más eficiente” de los fondos destinados a costear las actividades de campaña.

Otro de los puntos que generó debate interno fue el futuro de las PASO. Si bien desde el inicio el oficialismo se inclinó por eliminarlas, en varios despachos de Balcarce 50 aseguraron que la suspensión configuraba la acción más viable en función de los apoyos legislativos relevados hasta entonces. 

Pese a eso, persiste la intención de sostener la postura “de máxima” de incluir en la redacción del proyecto la necesidad de eliminarlas, aunque por lo bajo hay quienes aseguran que se terminará de definir en función de los respaldos legislativos.

“No está cerrado lo de la suspensión. Habrá que ver”, admitió un integrante de la mesa política. (NA)

El eje de un documento que emitió la cartera de Capital Humano fue sobre el programa Volver al Trabajo (VAT), una iniciativa que había sido creada como reformulación del explan Potenciar Trabajo y que, según informó el Ministerio, cumplió el plazo previsto de dos años. 

La última asignación mensual no remunerativa correspondiente a los beneficiarios fue liquidada durante abril.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que la conclusión del programa formaba parte del diseño original y que la decisión implica una reorientación de recursos hacia políticas consideradas de “mayor impacto social”. El VAT había sido implementado con el objetivo de facilitar la transición hacia el empleo formal y eliminar barreras de acceso al trabajo registrado, explicaron.

A diferencia del esquema anterior, el programa contemplaba la inscripción prioritaria de los beneficiarios en capacitaciones laborales impulsadas por la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral. Además, antes del pago de la última cuota, el Gobierno notificó a los participantes sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación, incluyendo vouchers para cursos de oficios y capacitación profesional.

En paralelo, el Ministerio destacó el fortalecimiento de otras prestaciones de la seguridad social con foco en sectores vulnerables. Según informó, la Tarjeta Alimentar registró un incremento del 137,5%, mientras que la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo aumentaron un 561%.

La cartera sostuvo que “la estrategia apunta a consolidar un esquema de asistencia directa, sin intermediarios, y a generar incentivos para la inserción en el empleo formal, en línea con la reconfiguración de las políticas sociales impulsada por el Ejecutivo”. (con información de NA)

El tribunal también ratificó la imposición de costas a los imputados que impulsaron el incidente.

La causa se originó a partir de una denuncia del órgano recaudador del Estado que sostuvo que la AFA habría retenido tributos y contribuciones al sistema de seguridad social sin depositarlos dentro del plazo legal. 

Según el requerimiento fiscal, los montos cuestionados corresponden a distintos períodos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con cifras que superan ampliamente los umbrales establecidos por la ley penal tributaria.

En ese marco, el juzgado interviniente ya había dictado el procesamiento de varios dirigentes, entre ellos Tapia, además de otros responsables vinculados a la conducción de la entidad.

La defensa argumentó que, al momento de los vencimientos, regían resoluciones del Ministerio de Economía que suspendían el inicio de ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, categoría en la que se encuadra la AFA. Sobre esa base, sostuvo que no existía obligación exigible y, por lo tanto, tampoco delito.

Sin embargo, los jueces rechazaron esa interpretación. Señalaron que la suspensión de las ejecuciones fiscales no modifica la obligación de pago ni altera los vencimientos de las obligaciones tributarias, por lo que no resulta suficiente para descartar la eventual comisión de un delito.

Además, el tribunal remarcó que la inexistencia del hecho ilícito no surge de manera evidente, condición necesaria para admitir una excepción de falta de acción. Por ese motivo, concluyó que la cuestión deberá analizarse en profundidad durante la investigación principal.

Con este fallo, la Cámara confirmó la continuidad del proceso penal y dejó abierta la evaluación de fondo sobre la responsabilidad de los imputados, en una causa que podría derivar en sanciones penales por apropiación indebida de tributos y aportes a la seguridad social. (Fuente: NA).

Como la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó plazos para que la empresa cumpla con las obligaciones salariales, el gremio sostuvo que el vencimiento para abonar los montos adeudados opera esta semana, mientras que la firma evalúa recurrir la medida.

En paralelo, el conflicto escaló más allá del plano judicial. La discusión alcanzó a la política bonaerense, con iniciativas legislativas en marcha y gestiones sindicales que buscan evitar el cierre definitivo de la planta.

La decisión de la Cámara del Trabajo ordenó a la empresa pagar los sueldos correspondientes a los trabajadores incluidos en el acuerdo firmado en mayo de 2025, además de garantizar el pago de las quincenas hasta julio de 2026. Ese entendimiento había contemplado beneficios para la compañía a cambio de preservar los puestos de trabajo durante ese período.

Desde el SUTNA señalaron en un comunicado que la empresa ya fue notificada del fallo y advirtieron que, en caso de incumplimiento, podría enfrentar embargos para hacer efectivos los pagos. También remarcaron que la planta se encuentra en condiciones de retomar la producción y que los trabajadores están disponibles para hacerlo.

Del lado empresario, la posición se sostiene en que, tras el cierre de la planta en febrero, no corresponde el pago de salarios. En ese marco, la compañía analiza presentar una apelación para revertir la resolución judicial.

Presión legislativa y disputa en la provincia

El conflicto se trasladó a la Legislatura bonaerense, donde el sindicato impulsa un proyecto de ocupación temporal de la empresa con el objetivo de sostener la producción y los puestos de trabajo. La iniciativa busca evitar la paralización de una actividad considerada estratégica para el transporte de cargas y pasajeros.

El gremio mantuvo reuniones con diputados y senadores provinciales y sumó respaldos de distintos sectores políticos y sindicales. La discusión se da en un contexto de tensiones dentro del oficialismo bonaerense, que complejizan la búsqueda de una salida.

La intervención de la provincia también se expresó en el plano administrativo. Tras una instancia de conciliación obligatoria dictada a nivel nacional, el Gobierno bonaerense extendió ese mecanismo y pasó a tener un rol central en las negociaciones.

Mientras se define el curso judicial, el SUTNA avanzó con medidas para visibilizar el conflicto. El sindicato convocó a una movilización a Plaza de Mayo para el martes 14 de abril junto a otras organizaciones gremiales, sociales y de jubilados. (con información de TN)

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas (que facilitaron la compra del departamento de Caballito en la calle Miró donde en la actualidad vive Adorni) y Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, que le otorgaron una hipoteca privada en un inmueble de la calle Asamblea, en el mismo barrio porteño.

Las dos primeras fueron citadas el jueves 9 y las otras dos mujeres, el lunes 13 de abril.

La Justicia investiga la compra que hizo el jefe de Gabinete de un departamento en Caballito por 230 mil dólares el 18 de noviembre de 2025. Algunos detalles de la operación llamaron la atención, como el valor que pagó cuando las cifras de mercado en esa zona están por encima de ese monto y el hecho de que dos jubiladas le prestaran el 87% del monto total de la adquisición.

Luego se conoció un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, que indicó que Adorni hipotecó el departamento en el que vivía previamente con su familia en Caballito, en la calle Asamblea, y recibió US$ 100 mil de Molina y Cancio.

Esta hipoteca fue formalizada el 15 de noviembre de 2025, el mismo día que Bettina Angeletti, la mujer de Adorni, compró una casa del country Indio Cua, en la ciudad bonaerense de Exaltación de la Cruz. (NA)

La medida de fuerza del pasado 31 de marzo, calificada por la federación que conduce Daniel Ricci como un "éxito" debido al alto nivel de acatamiento en las casas de altos estudios de todo el país, sirvió como termómetro para endurecer la postura del gremio.

Según los representantes de la FEDUN, la situación llegó a un punto crítico que pone en serio riesgo el inicio del segundo cuatrimestre y el funcionamiento administrativo básico de las instituciones.

El reclamo central de la federación apunta a la dramática pérdida del poder adquisitivo. Desde el gremio denunciaron que, desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, los salarios de los docentes universitarios sufrieron una caída del 48,7%.

Ante este escenario, la FEDUN exige la "urgente convocatoria a la paritaria nacional" para frenar el deterioro de los ingresos.

"No hay universidad de calidad sin salarios dignos", sentenciaron los secretarios generales al finalizar la reunión, ratificando el estado de alerta y movilización permanente.

Otro de los ejes de la protesta será la exigencia del cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de que la normativa cuenta con el aval de la Justicia, el sector docente advierte que el flujo de fondos está virtualmente paralizado, lo que asfixia a las universidades públicas, gratuitas y de calidad.

La jornada del miércoles no solo incluirá el paro de actividades, sino también movilizaciones y actos de visibilización en los diferentes campus y centros urbanos del país para concientizar a la sociedad sobre la gravedad del desfinanciamiento.

Solidaridad gremial y agenda ambiental

Además de las reivindicaciones sectoriales, el plenario de la FEDUN se pronunció sobre dos temas de relevancia institucional y nacional.

* Conflicto en el IUPA: El gremio expresó su respaldo absoluto a los trabajadores del SITRAIUPA, denunciando irregularidades y "fraude" en el proceso electoral del Instituto Universitario Patagónico de las Artes.

* Defensa de los glaciares: En una sorpresiva declaración política, la federación manifestó su rechazo total a las modificaciones de la Ley de Glaciares, alertando que dichas reformas implican consecuencias sociales y ambientales "irreparables" para el patrimonio natural de Argentina.

Con el paro del 8 de abril ya confirmado, la comunidad universitaria espera un gesto del Ministerio de Capital Humano para abrir una instancia de diálogo que evite la paralización total del sistema educativo superior. (Fuente: Mundo Gremial).

Hace tan solo seis días, la Justicia había confirmado la decisión del juez Diego Amarante que prohibía la salida del país del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, a raíz de la causa en la que fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

Tapia, fue procesado sin prisión preventiva por retención indebida de aportes por la Justicia que, asimismo, lo obligó a quedarse en su domicilio durante 72 horas, salvo excepciones que deberán ser comunicadas al Tribunal, por lo que deberá pedir un permiso especial para presenciar el amistoso del martes entre la Selección argentina y su par de Zambia.

En este contexto, y sin su presencia asegurada en la próxima Copa del Mundo debido a su prohibición para salir del país, la Justicia le notificó a Tapia y demás imputados “la obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento previo dicha cirscunstancia al Tribunal”.

Por ello, el presidente de la AFA debió presentar una solicitud en la Justicia para que le den un permiso con el cual pueda hacerse presente en el amistoso que la Selección argentina enfrentará a su par de Zambia, el martes en el estadio La Bombonera. (Fuente: NA).

Morales confirmó que adquirió la propiedad en 1996 por 200.000 dólares; según la investigación, el inmueble fue vendido el año pasado, por el mismo valor, a dos jubiladas, quienes luego se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, a través de un esquema de pago inicial y un crédito hipotecario otorgado por ellas mismas.

La declaración del exfutbolista de Huracán y Lanús se llevó a cabo de manera virtual desde la provincia de Corrientes, en la localidad de Bella Vista, donde actualmente reside. Morales no habría aportado datos sustanciales y sólo confirmó los detalles de la venta original que ya se conocían.

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa, que implemente nuevas medidas para profundizar la investigación; hasta el momento, la situación que presenta el jefe de Gabinete demuestra una incompatibilidad entre el sueldo que percibe como funcionario y los gastos que mantuvo desde su ingreso al Gobierno Nacional.

Por este motivo, la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos y si la secuencia de transacciones es coherente con el patrimonio declarado del funcionario. Paralelamente, la fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de varios viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno. (con información de NA)

Así lo expresó este martes el canciller Pablo Quirno, durante su exposición en el Atlantic Council, una organización norteamericana que promueve la cooperación de Estados Unidos con aliados.

“Nuestra alianza estratégica con Estados Unidos se basa se apoya en coincidencias políticas, valores y en una complementariedad económica cada vez más relevante”, enfatizó el ministro de Javier Milei.

La ratificación de la postura argentina llega en medio de la amenaza de Donald Trump de “destruir al país entero” de Irán si este no libera el estrecho de Ormuz, un canal clave para el mercado energético.

El ultimátum, pautado para las 20 (hora de Estados Unidos) fue contundente. Si el Gobierno de los ayatolás no cede, la Casa Blanca ordenará un ataque sobre las centrales eléctricas y los puentes del país islámico.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, advirtió el republicano este martes por la mañana en sus redes sociales.

Y sentenció: “Tenemos un plan, gracias al poder de nuestras Fuerzas Armadas, por el cual cada puente en Irán sería arrasado para las 12 de la noche de este martes, un plan en el que cada central eléctrica de Irán quedaría fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin posibilidad de volver a ser utilizada jamás. Me refiero a una demolición total para las 12 en punto; y esto ocurriría en el transcurso de cuatro horas, si así lo quisiéramos. No deseamos que eso suceda".

La ruptura del Gobierno con Irán

En plena escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, el Gobierno de Javier Milei ya había decidido enviar señales claras a sus principales aliados: Estados Unidos e Israel.

Como primera medida, el Ejecutivo declaró como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso cuerpo militar que responde directamente al líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, que hoy controla gran parte de los hilos del país.

Poco después, luego de la dura respuesta del país islámico, el Gobierno fue más allá y decidió declarar persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán, a quien instó a abandonar el país en un plazo de 48 horas. (con información de TN)

Si bien, semanas antes, ya se había montado un control extremo en varias sinagogas y en los tres edificios, se incrementaron desde este martes.

Desde el comienzo del conflicto bélico que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, las medidas de seguridad en las instituciones gubernamentales, religiosas y políticas vinculadas a dichos países aumentaron en Argentina, sin embargo, a partir de hoy se reforzaron significativamente.

Horas atrás, el presidente Donald Trump afirmó que, este martes por la noche, “morirá toda una civilización para no volver jamás", en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní con el objetivo de culminar con la guerra. 

Posiblemente, la amenaza del mandatario respecto a la “destrucción total” haga referencia a un probablede ataque la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes, o incluso que se lleve a cabo un bombardeo militar a una mayor escala.

En la misma línea, Trump pretende un "cambio de régimen total" en Irán porque hace “47 años” que el Gobierno islámico vive en un contexto de “extorsión, corrupción y muerte” y debe llegar a su fin.

Esta situación se agravó por la tensión respecto al bloqueo del Estrecho de Ormuz, una ruta clave para el petróleo mundial que provocó crisis en los mercados. (NA)

Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron ante la agencia Noticias Argentinas que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010, con intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”. 

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios. 

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria. 

Entre los impedimientos se detectó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención. “El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera. 

ENVIAREMOS AL CONGRESO UNA NUEVA LEY DE SALUD MENTAL

La ley vigente, impulsada por el kirchnerismo en 2010, generó dificultades en el acceso a tratamientos oportunos e internaciones, dejando un vacío que todavía no fue resuelto. Esa falla la padecieron muchas familias que… https://t.co/AARVs08QNt

— Mario Lugones (@Mariolugones_ar) April 7, 2026

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatras podrá indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron. 

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas. 

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR. (NA)

La medida fue formalizada a través de la Resolución 83/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, incorporando un nuevo apartado técnico a "Los Procedimientos" que rigen el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

A partir de ahora, empresas privadas podrán construir, operar y mantener nuevas líneas de energía bajo un modelo de concesión, recuperando la inversión mediante una tarifa específica por ampliación.

La normativa se dicta en el marco de la emergencia del Sector Energético Nacional, que fue prorrogada hasta julio de 2026. Ante la imposibilidad del Estado de financiar las obras de infraestructura necesarias, el Ejecutivo avanzó con esta modalidad, priorizando un listado de proyectos estratégicos que serán licitados bajo el nuevo esquema.

La norma, también estipuló que los pagos destinados a estas nuevas concesiones de transporte tendrán prioridad de cobro, buscando garantizar un flujo de fondos previsible para los inversores.

El nuevo reglamento asegura que los actuales concesionarios (como Transener o las distribuidoras troncales) mantengan sus derechos, pero abre la puerta a "transportistas independientes" que se hagan cargo de las nuevas expansiones.

Las obras no se financiarán con presupuesto público directo, sino que podrán ser solventadas mediante la aplicación de tarifas a los usuarios o agentes del mercado que se beneficien directamente de la mayor capacidad de transporte.

Con esta reglamentación, el Gobierno espera destrabar proyectos de alta tensión que son fundamentales para evacuar la energía generada por parques eólicos y solares, así como para mejorar la confiabilidad del suministro en las grandes ciudades durante los picos de demanda estival.

La Subsecretaría de Energía Eléctrica será la encargada de elaborar los pliegos de bases y condiciones para las próximas licitaciones, que se esperan para el segundo semestre de este año. (N/A)

En nuestra zona se advierte la manifestación en la ruta 3 entre Bahía Blanca y Punta Alta, en el sector cercano al acceso a puertos.

En este marco, los transportistas de granos reclaman una mejora en las tarifas que cobran por sus servicios para compensar los mayores gastos.

Las movilizaciones se iniciaron en Córdoba y se fueron extendiendo a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, entre otras.

"La elevación de costos no ha sido reflejada en la tarifa. Hace un año que hemos movido un 10% la tarifa cuando el costo de vida ha sido del 30%", dijo Aníbal Rueda, uno de los manifestantes.

"El contexto es muy complicado. A mí no me corresponde hablar por el acopiador u otro empresario pero al no mover el dólar hace dos años el cerealero está complicado, se achicó muchísimo el margen de ganancia", agregó en diálogo con LU2.

Vale aclarar que la ruta no se encuentra cortada sino que los camiones fueron ubicados en las banquinas. "La idea no es cortar", sostuvo Rueda. 

De todos modos, sí hay paralización de actividades cerealeras en el Puerto debido a este conflicto.

Móviles de la Policía y de Gendarmería se encuentran en el sector de la protesta, aunque hasta el momento no se reportaron incidentes.

Este lunes, la entidad que comanda Santiago Bausili compró US$30 millones y se hizo de US$4491 millones en lo que va del año. Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el Central adquirió dólares todos los días a excepción del 2 de enero.

“Marzo cerró con compras por US$1671 millones, equivalentes a un promedio diario de US$84 millones, por encima de los US$55 millones de enero y escasamente por debajo de los US$86 millones de febrero. Estimamos que las reservas netas se ubicaban al 30/03 en -US$3147 millones, aunque las compras por US$216 millones de los dos días hábiles posteriores, la recomposición de la posición de oro del BCRA por US$503 millones y pagos del Tesoro por apenas US$44 millones, las ubicarían en la zona de -US$2500 millones”, indicaron en PPI.

Sin embargo, el Central no logró retener todas esas divisas, principalmente por los pagos que se hicieron para cubrir vencimientos de deuda o por variaciones en las cotizaciones de distintos activos. A modo de ejemplo, si bien este lunes el organismo compró US$30 millones, las reservas brutas se ubicaron en US$44.248 millones, US$179 millones menos que el viernes.

La acumulación de reservas es una variable clave para el equipo económico, ya que es una de las metas troncales que observa el FMI para analizar la evolución del programa de la Argentina. Todavía se está discutiendo la segunda revisión del organismo que, en caso de aprobarse, destrabará un desembolso de US$1000 millones para el país.

Ya que el Gobierno incumplió con la meta de reservas acordada para el cierre de 2025, para este año anunció un plan que prevé sumar unos US$10.000 millones e incluso podría llegar a US$17.000 millones. Aunque el programa oficial tenía previsto que el BCRA se quedara con el 5% del volumen diario negociado, en gran parte de las ruedas pudo hacerse de divisas por una porción mayor.

Las compras se dan en un contexto en el que, a pesar de la volatilidad que se observa en las distintas variables financieras y cotizaciones, el dólar oficial en la Argentina se mantiene alejado de la zona de intervención que impuso el Banco Central. El dólar mayorista, que se toma como referencia para monitorear la evolución de las bandas cambiarias, cerró este lunes en $1393. Esto es, 19,5% por debajo del techo, que este 6 de abril se ubicó en $1664,71.

Hacia adelante, se aproxima un período de mayores liquidaciones por parte del agro a causa de la cosecha, por lo que se espera que la calma cambiaria siga y que el Banco Central continúe con las compras en el mercado de cambios.

“Abril será un mes determinante, ya que permitirá estimar una magnitud del ritmo de compras oficiales mientras dure la cosecha gruesa. Sumado a esto, es un mes de en el que el Tesoro enfrenta vencimientos por apenas US$316 millones, por lo que las compras se traducirán en acumulación de reservas netas. Con reservas netas en la zona de -US$2500 millones, no sería descabellado pensar que el BCRA se acerque a una posición de reservas cercana neutra hacia el final del mes. Mientras tanto, los mismos flujos de oferta deberían mantener el dólar oficial relativamente estable”, cerraron en PPI. (TN)

Si bien la presencia del ministro agrega exposición en un momento en el que el Gobierno está recibiendo muchos cuestionamientos por Manuel Adorni y por los préstamos a funcionarios del Banco Nación, el oficialismo necesita sostener el impulso de la norma que apunta a modificar regulaciones vigentes sobre tierras, expropiaciones y desalojos.

El bloque peronista mantiene con Sturzenegger una de las posturas más críticas de los funcionarios de la gestión libertaria, por lo que se espera un debate áspero durante el tratamiento en comisión.

Qué cambios plantea la ley

El proyecto propone revisar marcos regulatorios impulsados durante gobiernos anteriores, en especial los vinculados a restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y a la protección de zonas afectadas por incendios. También introduce modificaciones en los procesos de expropiación y en los mecanismos judiciales para desalojos.

Entre los ejes principales, redefine el cálculo de las indemnizaciones por expropiación, que se limitarán al valor objetivo de mercado y a los daños directos, excluyendo ganancias hipotéticas o valores afectivos. Además, prohíbe la transferencia de dominio sin pago íntegro y establece que toda ocupación temporaria anormal no podrá superar los 60 días.

También contempla ajustes en los esquemas de regularización dominial en barrios populares, con criterios más estrictos en relación con la ocupación de tierras. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es reforzar la seguridad jurídica sobre la propiedad privada.

La discusión reabre diferencias de fondo con sectores del kirchnerismo, en particular con el espacio referenciado en Máximo Kirchner, que impulsó parte de las normativas vigentes que ahora buscan modificarse.

Estrategia en el Senado y pliegos judiciales

El debate en comisión forma parte de una hoja de ruta más amplia acordada entre el oficialismo y bloques aliados, con la intención de avanzar hacia una sesión en el recinto el jueves, donde se buscará habilitar el tratamiento de cerca de 60 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo.

La convocatoria a esa sesión se definirá en una reunión de labor parlamentaria prevista para este martes a las 18:30, en la que participarán los jefes de bloque. El temario incluiría, además, designaciones diplomáticas y ascensos militares que ya cuentan con dictamen.

En paralelo, la agenda del Senado sumará este miércoles al mediodía un plenario de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde se retomará el debate de un proyecto para agravar las penas por falsas denuncias, impulsado por Carolina Losada. La iniciativa había perdido estado parlamentario tras el recambio legislativo y ahora busca volver al circuito de discusión. (TN)

El tribunal, que está compuesto por magistrados de altísimo rango del Poder Judicial, firmó un fallo como si se tratara de la justicia real: validó sus presentaciones y concluyó que no está alcanzado por ese régimen ni por su rol en la AFA ni por su cargo como presidente del CEAMSE.

Los magistrados se basaron para fallar en una reglamentación desactualizada -Nro 134/2018- de la Unidad de Información Financiera. Desde 2023, la normativa vigente es indiscutible en cuanto a la condición de Persona Políticamente Expuesta de Tapia por su rol en la empresa pública de residuos.

La decisión fue firmada en julio de 2025 por Diego G. Barroetaveña, Manuel Fernández y Mario E. Kohan, integrantes del Tribunal de Ética de la AFA.

Barroetaveña es presidente de al Cámara Nacional de Casación Penal -y actualmente no forma parte del tribunal de la AFA después de que la Corte lo obligara a renunciar-; Kohan se desempeña como juez de la Cámara de Casación bonaerense; y Fernández es abogado, hijo del camarista en lo contencioso administrativo Sergio Fernández y sobrino del operador judicial Javier Fernández. Todos integran el Tribunal de Ética de la AFA que intervino como si tuviesen jurisdicción sobre hechos por fuera del fútbol.

Dice el fallo: “El Sr. Claudio Fabián Tapia no se encuentra alcanzado por las disposiciones de la Resolución UIF N.° 134/2018″. El texto también recurre a la doctrina de los actos propios para reforzar su razonamiento. Señala que Tapia ya había ocupado un cargo en el CEAMSE en 2017 sin haber sido considerado PEP por ninguna.

La razón por la que ahora es intimado es porque la UIF pulió y actualizó el listado de Personas Políticamente Expuestas. “Nadie puede cambiar su conducta anterior en perjuicio de otro”, cita el documento en latín (“nemo potest mutare consilium suum ni fraudem alterius), en una de las varias referencias doctrinarias que incluye para sostener su conclusión.

Con ese marco, el Tribunal de Ética resolvió “tener por válidas y formalmente eficaces” las declaraciones juradas de Tapia y establecer que no reviste la condición de PEP. La decisión se adopta, según aclara el propio texto, “dentro de las competencias de este tribunal”. (con información de TN)

De confirmarse, se trataría de una maniobra inaceptable de injerencia externa y un intento de manipular el debate público bajo la fachada de producción de información profesional.

Este lunes, la Casa Rosada les negó el acceso a periodistas de los medios involucrados en la supuesta campaña rusa contra el presidente Javier Milei. El Gobierno busca, además, citar a los directivos de las empresas de medios y evalúa iniciar una denuncia penal.

ADEPA subrayó que el periodismo cumple un rol esencial en la vida democrática, basado en la búsqueda de la información, la verificación de los hechos y la responsabilidad editorial correspondiente.

“Este tipo de campañas ilegítimas no solo distorsiona el sentido de ese trabajo, sino que puede afectar la confianza pública en los medios. Por eso, también es prudente evitar generalizaciones que puedan derivar en cuestionamientos genéricos al ejercicio profesional del periodismo”, alertó la entidad.

En este contexto, la asociación exhortó a los medios a extremar los procesos de verificación y a profundizar, hasta el límite de sus posibilidades profesionales, la fiscalización del origen y la trazabilidad de la información publicada, como resguardo esencial de la calidad periodística y de la confianza pública.

“ADEPA insta a que se profundice la investigación de los hechos y a que se adopten, en los ámbitos correspondientes, las medidas necesarias para prevenir este tipo de prácticas”, expresaron en un comunicado.

Campaña de desprestigio a Milei

En las últimas horas, un consorcio internacional de periodistas difundió la información sobre una supuesta campaña de desinformación impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei.

Según la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos.

De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.

La maniobra tuvo como punto de partida abril de 2024 y se prolongó por al menos seis meses, en un contexto de alineamiento del Gobierno argentino con Ucrania en el conflicto bélico con Rusia. El objetivo, según el informe, era influir en la opinión pública local mediante la difusión de contenidos falsos o engañosos, en línea con intereses geopolíticos del Kremlin.

La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.

Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial. (con información de TN)

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno por pedido de los mandatarios provinciales aliados para impulsar millonarias inversiones mineras en las provincias del norte y de la zona de cuyo a través del régimen del RIGI, incluido en la Ley Bases sancionada en el 2024.

Impulsan la ley los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de San Juan, Marcelo Orrego; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, que tiene el mayor desarrollo minero.

Uno de los aspectos centrales de la ley sancionada por el Senado es que que se modifican los criterios de protección para permitir actividades económicas en zonas que antes estaban estrictamente resguardadas, especialmente en el ambiente periglacial.

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no, reduciendo la injerencia de la administración central.

De qué trata la ley

La Ley 26.639, sancionada el 30 de septiembre de 2010, establece los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial y dispuso la creación del Inventario Nacional de Glaciares, con la responsabilidad de identificar y registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares.

Los glaciares argentinos alimentan 39 cuencas hidrográficas y se distribuyen a lo largo de 3.500 kilómetros de la cordillera de los Andes, y el inventario identifica glaciares en unos 8400 kilómetros.

Uno de las críticas al inventario de los gobernadores es que está desactualizado, mientras que sus defensores dicen que atravesó muchos problemas económicos por falta de financiamiento.

Otro punto clave es que se busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales, con el fin de que se autorice el desarrollo de actividades económicas siempre y cuando estén aprobadas por evaluación de impacto ambiental.

Hasta ahora, la protección depende de estudios técnicos que demuestran si un área cumple una función hídrica relevante.

Si no se demuestra científicamente que el área aporta agua, podría quedar habilitada para su explotación. (con información de NA)

Se trata del inmueble de Asamblea 1100 en el que vivía antes con su familia. Recibió el dinero de parte de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio (15 mil dólares).

El departamento de Asamblea al 1100 tiene dos hipotecas. La primera, de 2014, fue por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, la vendedora original del inmueble, que también aparece como prestamista, tal como ocurrió en la operación del departamento de Caballito. Esta hipoteca quedó inscrita el 12 de marzo de 2014.

La segunda hipoteca, por 100.000 dólares, se firmó en noviembre de 2024, con Molina y Cancio como acreedoras.

Adorni informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que estas dos mujeres eran acreedoras suyas, aunque hasta ahora no se conocía el origen de la deuda. El funcionario declaró el 50% del monto total.

La compra del departamento de Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, figura en el Registro de la Propiedad como realizada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Actualmente, la propiedad está en venta, pero sigue a nombre del matrimonio.

La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.

Investigación judicial y más préstamos bajo la lupa

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, citó a declarar este miércoles a la escribana Nechevenko como testigo. Además, la fiscalía le pidió todos los documentos vinculados a las operaciones de bienes de Adorni y su esposa.

La semana pasada se supo que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. En esa operación, las anteriores dueñas, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado. (con información de TN)

Una jugada financiera marca el retorno de banderas argentinas a la compañía que concentra casi la mitad de los despachos del mercado local, en un movimiento que reconfigura el mapa corporativo del sector de la construcción.

Con un desembolso de USD 110 millones, el dueño de Pampa Energía se pone al frente de la tercera cementera de Brasil y líder del mercado argentino con una participación del 45% bajo el rol de presidente tanto de el conglomerado corporativo como de la marca que es tradición nacional.

En tanto, Sergio Faifman continuará como CEO de ambas compañías, con el objetivo de dar continuidad. A través de un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) esta tarde, se oficializó la inyección de capital con la participación del fondo Redwood Capital Management y los capitales chilenos de Moneda-Patria Investments.

“El cambio de accionistas es consecuencia del plan de reestructuración de deuda aprobado por la justicia de San Pablo, que permitió estabilizar la situación financiera de InterCement, holding que posee además la participación mayoritaria en Loma Negra”, se señaló en un comunicado.

La reestructuración financiera y el fin de la era Mover

Por otro lado, la estructuración de la operación resolvió uno de los frentes más complejos del grupo: su ingeniería financiera. El grupo brasileño tenía deudas superiores a los USD 2.000 millones y un proceso de recuperación judicial iniciado entre fines de 2024 y comienzos de 2025.

La deuda de InterCement quedó reestructurada con un cupón del 6,5%, un esquema que termina “dejando a InterCement con un perfil sostenible y sin vencimientos en los próximos cinco años. Además, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital fresco por 110 millones de dólares que permite reforzar el capital de trabajo y asegurar una transición ordenada”, según precisaron en la empresa.

La reestructuración del gigante cementero finalmente quedó detallada en los documentos oficiales tras la homologación de su plan de recuperación judicial. El gigante brasileño aprobó un aumento de capital superior a los 2.800 millones de reales que reconfiguró por completo su mapa de dueños al cancelar las acciones del grupo controlante Mover.

Como resultado de esta capitalización por parte de los acreedores, el vehículo inversor Latcem LLC se posicionó como el principal accionista de la corporación con el 38,7% de participación, secundado por los fondos Redwood y Moneda.

Si bien este recambio marca una nueva era en la cúpula de la empresa dueña de Loma Negra -líder absoluta en la Argentina con el 45% del mercado de la construcción-, la notificación enviada a la Comisión Nacional de Valores aclara que el control directo sobre la filial local permanece inalterado y que no existen acuerdos de gobierno corporativo firmados entre los nuevos socios.

Los gigantes de la construcción

Loma Negra es la principal productora de cemento de la Argentina y uno de los referentes históricos de la industria de la construcción del país. Fundada en 1926, cuenta con 100 años de trayectoria y una operación integrada que abarca cemento, cemento de albañilería, agregados, hormigón y cal.

Dispone de nueve plantas de cemento, una capacidad instalada de 10,2 millones de toneladas y una participación de mercado del 45%, lo que consolida su posición de liderazgo en el mercado argentino

InterCement es la tercera mayor productora de cemento de Brasil. Cuenta con 14 unidades industriales, de las cuales 10 están en operación, una capacidad instalada de 16,3 millones de toneladas y una participación de mercado del 13%, con ventas de 8,5 millones de toneladas en el último año. Sus operaciones están distribuidas en diez estados, con cobertura de distribución en todas las regiones de Brasil.

La compañía cuenta con una trayectoria de más de cinco décadas: inició sus actividades en 1974, en el interior del estado de São Paulo, y desde entonces ha consolidado una presencia relevante en el mercado local. A través de las marcas Cauê, Goiás y Zebu, atiende a clientes de distintos segmentos, desde el pequeño comercio hasta grandes proyectos de infraestructura. (Fuente: Perfil).