En el noveno mes del año, las mayores subas mensuales de precios se concentraron en el NEA, especialmente en Chaco (+5,0%), Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%), mientras que en la otra punta del mapa los menores aumentos estuvieron en Río Negro (+1,0%), Neuquén (+1,0%) y Mendoza (+0,9%).

En la medición interanual, la dispersión regional del costo de vida reflejó discrepancias significativas entre las jurisdicciones, dado que el encarecimiento más fuerte se dio en Chubut (+34,9%), Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%), mientras que las menores subas estuvieron en La Rioja (+26,1%), San Luis (+24,9%) y Mendoza (+24,6%).

Al analizar el valor total en pesos para adquirir la canasta, el “changuito” más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.067.161), seguido por Chubut ($1.062.515) y Tierra del Fuego ($1.037.790), mientras que la compra más económica se dio en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551).

Asimismo, en la comparación nominal contra agosto, los mayores aumentos se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681), mientras que "las menores subas se dieron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827).

Según el informe, a partir de precios recopilados en línea, "una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones".

La medición aclara que "la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores".

Respecto al impacto sobre los ingresos familiares, el estudio señala que los mayores costos patagónicos coinciden con "salarios más elevados", aunque al tomar como referencia el sueldo de comercio al por menor, la compra de alimentos "llega a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios".

Al observar la dinámica interna de la canasta, el relevamiento destaca comportamientos dispares entre artículos de primera necesidad, donde se destaca nuevamente la suba de la cebolla, que aumentó entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias", con picos en "San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%).

Por su parte, "el arroz, que se había mantenido estable en agosto, subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 7%", mientras que "el aceite de girasol, que había liderado las subas en agosto, se mantuvo prácticamente sin cambios" en 17 jurisdicciones. (con información de NA)

La medida regirá solo para la primera jornada, donde se leerá la elevación a juicio y en la Sala AMIA de Comodoro Py solo estará presente en representación de Máximo y Cristina su abogado, Carlos Beraldi.

La decisión del TOF, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, responde a no dilatar el inicio del proceso, previsto para este viernes a las 10.

“La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, sostuvieron los jueces al respecto.

El fallo de Casación, añadió el TOF “ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Para cumplir con la fecha fijada, profundizaron los magistrados al justificar su decisión, es que se decidió hacer lugar al pedido de la expresidenta y su hijo.

Todo ello para “adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes”.

Al respecto, los jueces aclararon que el juicio será plenamente presencial y que se habilitó excepcionalmente “la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”. (TN)

Horas atrás, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012. La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más importantes de su historia, aunque no significa que la disputa haya terminado definitivamente.

Ahora, según informaron especialistas en el caso, la Argentina pidió a la Corte Suprema de EE.UU. extender el plazo para presentar su oposición al recurso extraordinario de Burford.

El abogado Sebastián Soler indicó que la solicitud argentina no tiene nada de inusual, ya que Burford había pedido y obtenido una prórroga equivalente para presentar su escrito. “No tiene nada de raro. Burford pidió y consiguió una prórroga igual para el escrito de su recurso”, sostuvo.

En la misma línea, el analista Sebastián Maril sumó: “Anteriormente, los demandantes también solicitaron una postergación de su presentación original que finalmente fue presentada el 30 de Septiembre (publicada el 2 de Octubre). La Corte seguramente accederá al pedido del país. De esta manera, desaparecen las pocas posibilidades que existían de conocer una decisión de los nueve jueces antes que culmine el año”.

La nueva fecha modificaría los tiempos del proceso judicial. Si se concede la extensión, la Argentina tendrá hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta. Luego, la Corte deberá evaluar si acepta intervenir en el caso.

El pedido de prórroga no anticipa una definición sobre el fondo de la disputa ni implica que el máximo tribunal vaya a resolver inmediatamente después de recibir el escrito argentino.

La discusión por la expropiación de YPF

El litigio se originó en la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Burford Capital financia la demanda iniciada por Petersen Energía y Eton Park y adquirió los derechos para litigar en el caso.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo adverso para la Argentina y ordenó el pago de una indemnización millonaria por la forma en que se realizó la expropiación. El país apeló la sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales.

Más adelante, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena contra la Argentina y ahora Preska acató esa decisión. Entonces, dejó sin efecto formalmente su sentencia original, que obligaba al país a pagar US$16.100 millones a los demandantes.

Qué falta para que termine definitivamente el juicio por YPF

Aunque la resolución de Preska representa un avance importante para la Argentina, el litigio todavía tiene una instancia pendiente en la Justicia estadounidense.

Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y restablecer la condena original.

Por lo tanto, el futuro del expediente dependerá de la decisión de la Corte Suprema.

Si rechaza el pedido de revisión, quedará firme el fallo favorable a la Argentina. En cambio, si acepta analizar la presentación, podría abrirse una nueva etapa del litigio.

Por ahora, la condena de US$16.100 millones permanece anulada y la Justicia de primera instancia de Nueva York formalizó el cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones. El Estado argentino consiguió así consolidar una victoria judicial, aunque todavía debe esperar la resolución del máximo tribunal estadounidense para dar por terminado el conflicto.

La decisión fue informada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, la homologación “representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”. El ministerio agregó que el objetivo es promover “más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país”.

Entre los acuerdos más importantes están los que firmó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y CAME, y también adhirió la Federación Agraria Argentina.

También se aprobaron acuerdos de la industria aceitera, de biocombustibles y algodonera, que negoció la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La lista sigue con los trabajadores de edificios, representados por FATERYH, y con la industria lechera, cuyo gremio es ATILRA.

Además, Trabajo homologó las negociaciones de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación. También se formalizaron acuerdos de la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas, el sector del caucho y otras actividades.

Las homologaciones se hicieron en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Según Capital Humano, la ley funciona como “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”.

En el cierre del comunicado, el ministerio dijo que mantiene “su compromiso con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”. Según la cartera, eso contribuye “a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social”. (con información de TN)

De acuerdo con el informe técnico presentado por el INDEC, el resultado del mes refleja un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía, donde el empleo formal continúa liderando los reajustes paritarios frente a los sectores informales.

Con este resultado, los ingresos de los trabajadores acumularon un alza del 25,1% en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje muestra el impacto de las sucesivas negociaciones salariales concertadas desde enero, en un contexto macroeconómico enfocado en la estabilización y en los intentos de recomposición del poder adquisitivo de los hogares de manera gradual.

“Que el salario privado registrado haya pasado de una suba de 2,3% en julio a 2,8% en agosto muestra que las empresas necesitan trabajar con proyecciones de nómina que puedan ajustarse mes a mes. La mayor estabilidad no elimina las variaciones y el presupuesto tiene que contemplarlas”, sostuvo Luciana Mosquera, de TMF Group.

“Con un aumento acumulado de 20,4% en el privado registrado, la planificación salarial exige cada vez más precisión. El desafío para las empresas es definir dónde concentrar los ajustes, qué posiciones requieren revisión y qué perfiles presentan mayor riesgo de rotación”, agregó.

Por su parte, explicó que “la diferencia entre el 2,8% del privado registrado, el 2,3% del sector público y el 3% del privado no registrado confirma que el promedio general no alcanza para proyectar costos laborales. Cada empresa necesita mirar su convenio, su dotación y su estructura de compensaciones”.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador presentó una variación interanual del 35,6%. Esta cifra marca una notable diferencia respecto a los parámetros de periodos previos, evidenciando un escenario de menor volatilidad nominal que modifica las expectativas de los analistas económicos y los gremios a la hora de proyectar los acuerdos para el último tramo del año.

Al desagregar los datos por sectores, el empleo registrado en el ámbito privado y el sector público sostuvieron el índice general con incrementos estables, explicados por la ejecución de cláusulas de revisión previamente pactadas. Por el contrario, el sector privado no registrado o informal volvió a mostrar el rezago más pronunciado, consolidándose como el segmento más vulnerable frente a las fluctuaciones macroeconómicas. (con información de NA)

En la medición contra el mismo mes del año pasado, la actividad económica retrocedió un 1,7%. También recortó el crecimiento acumulado en lo que va del año, que pasó del 1,7% en julio al 1,2% en agosto.

La medición tendencia-ciclo, que el Gobierno toma como referencia para analizar la marcha de la actividad, no mostró variaciones por quinto mes consecutivo. Pese a ello, el ministro Luis Caputo resaltó en su cuenta de X que ese indicador todavía se ubica un 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023.

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo cinco que mostraron mejoras interanuales durante el octavo mes del año. Se destacó la incidencia positiva en esa variación de “Explotación de minas y canteras”, “Electricidad, gas y agua” y “Hoteles y restaurantes”. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad tuvieron caídas en la comparación interanual. En ese grupo, los desempeños negativos de “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” fueron los que tuvieron mayor impacto en la comparación del frente al nivel de agosto de 2025. Entre ambos, le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del indicador publicado este miércoles.

El desempeño mensual del EMAE en agosto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas privados, que esperaban un rebote tras la caída registrada en julio (que había sido del 2,9% y ahora fue corregida al 2,8%). “Esperamos una recuperación parcial, de entre el 1% y el 1,5% mensual”, había anticipado la consultora Outlier en su reporte matutino.

Todos los sectores que crecieron y cayeron en agosto, según el INDEC

De los 15 sectores relevados por el EMAE, solamente cinco mostraron mejoras en el octavo mes del año:

• Explotación de minas y canteras: 11,1%.
   
• Electricidad, gas y agua: 4,3%.
   
• Hoteles y restaurantes: 3,1%.
   
• Servicios sociales y de salud: 0,6%.
   
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
•  

Por su parte, 10 sectores exhibieron variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año:

• Pesca: -15,7%.
   
• Intermediación financiera: -3,8%.
   
• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,5%.
   
• Industria manufacturera: -3,2%.
   
• Transporte y comunicaciones: -2,9%.
   
• Construcción: -2,5%.
   
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.
   
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1%.
   
• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,6%.
   
• Enseñanza: -0,3%.
   
• Finalmente, los impuestos netos de subsidios tuvieron una caída del 4,2% interanual en agosto. (con información de TN)

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

Leé también: El PRO condiciona un acuerdo electoral con Milei a una mayor articulación legislativa: “No puede ser solo para acompañar”

El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)

Más temprano, el cuerpo aprobó en general por 124 contra 119 votos y seis abstenciones el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que reincorpora las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

La iniciativa fue aprobada con el voto de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, MiD, Producción y Trabajo, y un sector de Provincias Unidas, y de Argentina Federal.

La iniciativa fue rechazada, en tanto, por Unión por la Patria, la izquierda, y legisladores provinciales, mientras que se abstuvieron diputados cordobeses y uno del PRO, Álvaro González

El proyecto también encarece las expropiaciones del Estado y facilita los desalojos.Ahora la iniciativa deberá ser ratificada en el Senado, cámara de origen del proyecto.

Pasada la medianoche, seguía el debate con el foco puesto en los proyectos sobre medicamentos y vandalismo.

Noticia en desarrollo

“Como en su momento estuve preparada, sigo preparada, eso no quiere decir que vaya a ser candidata”, sostuvo Bullrich durante una entrevista concedida a la señal de noticias TN.

Sin embargo, pese a recalca que no es candidata, la ex ministra de Seguridad dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia y aseguró: “En algún momento la vida me dará la oportunidad de ser candidata a presidenta”.

Pese a aclarar que “en este momento” no es candidata, evitó renunciar definitivamente a sus aspiraciones políticas: “Yo no quiero decir que no voy a ser candidata”.

Bullrich señaló que el presidente Javier Milei tiene prioridad para encabezar la fórmula del oficialismo en las elecciones de 2027 y consideró que su reelección sería una demostración de que el proyecto de Gobierno funciona.

En otro tramo de la entrevista, la senadora formuló observaciones sobre la marcha de la economía y reconoció que la situación todavía no responde a las expectativas de los argentinos.

“Estamos lejos de nuestro ideal, de lo que queremos para la economía de los argentinos”, afirmó.

Bullrich planteó la necesidad de acelerar la recuperación de la actividad económica y sostuvo que, cuando resta aproximadamente un año para las elecciones presidenciales, el Gobierno debe impulsar los sectores productivos que todavía no lograron despegar.

En ese sentido, mencionó que algunas actividades comenzaron a desarrollarse con mayor rapidez a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mientras que otras siguen enfrentando dificultades.

La legisladora reveló además que le transmite propuestas económicas al Presidente, aunque aclaró que no integra el equipo responsable de esa área. “Yo planteo las cosas y me escuchan, pero yo no soy parte del equipo económico”, explicó.

En el plano político, Bullrich reclamó acelerar las negociaciones para construir un acuerdo entre el oficialismo, los gobernadores aliados y sectores del peronismo no kirchnerista.

“Hay que hacer un acuerdo lo más rápido posible”, sostuvo, y advirtió que “la unanimidad en un Gobierno te aísla”. (NA)

Según argumentó el Gobierno, esta política busca reorganizar las dotaciones estatales y establece de manera estricta que todo cargo vacante resultante del retiro quedará eliminado sin posibilidad de generar nuevos reemplazos.

El plan segmenta a los empleados en tres grupos diferenciados según su edad y años de aportes previsionales, previendo esquemas de compensación económica que van desde cobros mensuales con cobertura social hasta gratificaciones únicas de hasta veinte sueldos.

Con una ventana de adhesión fijada para noviembre de 2026, la iniciativa impone además condiciones y restricciones rigurosas, entre ellas la incompatibilidad absoluta para volver a prestar funciones en el sector público nacional durante un plazo de ocho años.

1) Alcance y personal comprendido

El régimen rige para agentes de planta permanente bajo la Ley 25.164 y personal con contrato por tiempo indeterminado regido por la Ley 20.744 de la Administración Pública Nacional centralizada. Quedan expresamente excluidos los miembros de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Secretaría de Inteligencia de Estado, Servicio Exterior de la Nación, personal de orquestas y coros, y cargos docentes o civiles en el exterior.

2) Eliminación definitiva de cargos

Cada jurisdicción debe suprimir los cargos presupuestarios de los agentes que adhieran al plan una vez producido el cese del vínculo laboral. Además, la reducción resultante de la dotación no podrá ser utilizada como fundamento para contrataciones o incorporaciones posteriores.

3) Plazo de adhesión y eventual prórroga

El período para solicitar la incorporación al retiro se desarrollará entre el 1° de noviembre y el 30 de noviembre de 2026 inclusive. Por su parte, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública queda facultada para prorrogar la convocatoria por única vez y por un máximo de 30 días corridos.

4) Segmentación de los trabajadores en tres grupos

Los aspirantes se clasifican según su situación al 31 de octubre de 2026: el Grupo 1 abarca mujeres desde 58 años y hombres desde 63 sin aportes suficientes para jubilarse; el Grupo 2 comprende mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 años con al menos 30 años de aportes; y el Grupo 3 incluye mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años inclusive.

5) Esquemas de compensación económica

El Grupo 1 puede optar por un haber mensual equivalente al 60% del salario bruto habitual con pago patronal de aportes por un tope de 36 meses, o cobrar una gratificación única sujeta a topes. Los Grupos 2 y 3 perciben una gratificación única equivalente a un haber bruto por año de servicio o fracción mayor a tres meses, con montos adicionales de cuatro o cinco sueldos según la antigüedad.

6) Modalidad y tramos de pago

En los casos de gratificación única extraordinaria, si la suma total no supera los 20 millones de pesos se abonará en un solo desembolso. En caso de superar esa cifra, el pago se liquidará en cuotas mensuales y consecutivas de 20 millones de pesos cada una, hasta un tope de tres cuotas cancelatorias.

7) Criterios de cómputo para la antigüedad

Solo se reconocerán los servicios comprobados en planta permanente nacional o bajo contratos por tiempo indeterminado. Se excluyen explícitamente los períodos cumplidos como becario, personal transitorio, contratos bajo el artículo 9° de la Ley 25.164, locaciones sin dependencia y etapas previamente indemnizadas por otros retiros.

8) Incompatibilidad y veda de reingreso al Estado

Quien cobre el retiro voluntario no podrá volver a trabajar ni desempeñarse bajo ninguna figura contractual ni relación de dependencia dentro del Sector Público Nacional durante un plazo de ocho años. Esta restricción incluye designaciones políticas, asesorías de gabinete y programas con crédito externo, con la única excepción de la docencia en Universidades Nacionales.

9) Causales de exclusión e impedimentos legales

No pueden adherirse agentes con sumarios por faltas graves o perjuicio fiscal, procesados por delitos contra la administración, trabajadores en disponibilidad, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o reúnan ya los requisitos previsionales ordinarios, ni quienes mantengan juicios laborales vigentes contra el Estado sin homologar su desistimiento.

10) Facultad de rechazo y silencio administrativo

La solicitud no genera un derecho adquirido. Las autoridades superiores ministeriales pueden denegar las peticiones para asegurar la continuidad de los servicios y disponen de 40 días corridos para expedirse; si transcurre ese plazo sin una resolución expresa, rige el silencio administrativo en sentido negativo y el agente permanece en sus funciones. (La Gaceta)

Este miércoles, a través de un edicto publicado en el Boletín Oficial, se modificó el estatuto de la compañía mediante asambleas y se fijó un capital de $6,69 billones.

La medida forma parte del proceso para avanzar con la venta parcial de la empresa, autorizada por la Ley Bases de julio de 2024, y la implementación de un programa de propiedad participada.

El paquete accionario de la empresa está distribuido entre el Ministerio de Economía, que posee el 79%; la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con el 20%; y Energía Argentina (Enarsa), que tiene el 1% restante.

Nucleoeléctrica es la encargada de operar las tres centrales nucleares que tiene el país: Atucha I -fuera de servicio desde septiembre de 2024 para extender su vida útil-, Atucha II y Embalse. Entre todas suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan el 7% de la energía eléctrica del país.

El Gobierno anunció el plan de privatización en septiembre de 2025. En ese momento, la Secretaría de Energía explicó que la incorporación de capital privado permitirá obtener los fondos necesarios para financiar proyectos estratégicos, entre ellos la extensión de la vida útil de la central nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

Según Energía, la incorporación de inversión privada es clave para ampliar el acceso a capitales, diversificar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones de manera eficiente y competitiva.

Cómo será el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina

El plan del Gobierno contempla vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica en bloque, mediante una licitación pública nacional e internacional.

Además, se organizará un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario, que permitirá incorporar a los trabajadores de la empresa como accionistas.

En tanto, el 51% restante quedará en manos del Estado. Así lo había adelantado el Gobierno a mediados de 2025 en cumplimiento con la Ley Bases. (N/A)

Milei planteó: “Las Malvinas son argentinas, por derecho, por historia, y por geografía. Las había comprado España, y cuando nos quedamos con el territorio pasaron a ser nuestras. La población originaria era argentina y fue expulsada por los ingleses. Son argentinas, no está bajo ningún tipo de discusión”.

El Presidente descartó acciones bélicas en el archipiélago: “Nosotros no creemos en las soluciones bélicas. Es un reclamo de tipo diplomático. Confiamos en seguir haciendo nuestro reclamo y que por la vía diplomática vamos a recuperar las Malvinas. Seguiremos negociando hasta que nos devuelvan las islas, porque nosotros somos los legítimos dueños”.

Además, advirtió: “Consideramos que los riesgos geopolíticos, demográficos, que está experimentando Gran Bretaña, representan un riesgo para la región, el control del Atlántico Sur. Aquellos que quieran hacer negocios en Malvinas a alto riesgo, no les vamos a permitir hacer negocios a bajo riesgo dentro del continente, no podrán hacer negocios en Vaca Muerta, es muy simple”.

Javier Milei redobló las críticas contra Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”

Durante su exposición en el Nueva Economía Fórum, Milei agradeció a España por haber recibido a los argentinos que abandonaron el país durante las sucesivas crisis económicas, y volvió a cuestionar a su par de España, Pedro Sánchez, al que tildó de “impresentable dictador”. Más tarde mantendrá una serie de reuniones con referentes de la derecha local, entre ellas Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y autoridades de Vox.

“España supo acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y la falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo, y que ustedes padecen con el impresentable dictador de Pedro Sánchez”, afirmó el mandatario.

“Desde nuestro gobierno estamos generando las condiciones para que todos los argentinos decidan regresar a su hogar. Estudios recientes muestran que, mientras que en el gobierno de la condenada, la ‘Reina de la Tobillera’, la corrupta Cristina Kirchner, cerca del 45% de los jóvenes se querían ir del país; con Mauricio Macri trepó al 55%; con Alberto Fernández superaba el 70%; y hoy el número de jóvenes que se quieren ir de la Argentina cayó al 25% y sigue en caída. Estamos reconstruyendo los cimientos de la Argentina para que nuestros jóvenes se quieran quedar en el país”, dijo el Presidente, y llamó a “sacar a los socialistas a patadas” porque España “es la cuna del liberalismo”.

Javier Milei acusó al socialismo de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales

Milei además redobló las críticas contra el socialismo, al que acusó de fomentar la “invasión” en Ceuta con fines electorales: “Los socialistas prefieren reinar en el infierno a servir en el cielo y son capaces de transformar cualquier cielo en un infierno con tal de conseguirlo. Por eso fomentan la invasión que vemos en Ceuta. Cada inmigrante es un voto y si el precio es la destrucción total del país, está más que dispuesto a pagarlo”.

En su intervención, el Presidente dijo que la entrada masiva de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma española del norte de África en julio pasado, muchas de ellas provenientes de Marruecos, “no fue un accidente” ni “una casualidad”, “y las consecuencias ya se están viviendo como no podía ser de otra manera”. “Las calles se volvieron más inseguras, sobre todo para las mujeres que ya no pueden siquiera salir a caminar solas por las noches por muchos barrios de las principales ciudades”, advirtió.

La legisladora realizó envió este mensaje a través de “X”, y trazó así los ejes prioritarios sobre los que, a su criterio, debe encaminarse el Gobierno Nacional para consolidar el rumbo del país.

Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 21, 2026

“Acuerdo político y una economía más holgada para la gente. Esa es la clave para este año. Si hacemos lo que hay que hacer, la Argentina va a seguir avanzando”, precisó la funcionaria a través de su cuenta de la red social ex Twitter.

En tanto, el mensaje de Bullrich se da un día después de que el presidente Javier Milei criticara la idea de que “los argentinos no llegan a fin de mes”, preguntándose “¿cómo van a comer y beber?”, el lunes en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén, donde rechazó los planteos sobre las dificultades de una parte de la población para llegar a fin de mes. (N/A)

La pérdida salarial también se refleja en los recursos destinados al conjunto de los trabajadores. Según las proyecciones del estudio, entre 2024 y 2026 las universidades habrán destinado $4,48 billones menos al pago de salarios que si se hubiera mantenido el nivel real de 2023. De ese total, $1,47 billones corresponden a 2024, otros $1,61 billones a 2025 y $1,39 billones a 2026. De esta manera, la masa salarial universitaria acumularía una contracción real del 20,4% en tres años.

La actualización de los ingresos de los docentes y no docentes y la recomposición de los recursos universitarios siguen pendientes, pese a las mejoras registradas durante los últimos meses y a la Ley de Financiamiento Universitario ratificada dos veces por el Congreso, que el Gobierno nacional judicializó.

Los datos se conocen tras la quinta marcha universitaria del jueves pasado que, aunque fue multitudinaria, no logró modificar la posición del Gobierno. Desde la Casa Rosada descartaron abrir una mesa de negociación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y aseguraron que la movilización “no cambió nada”. El Ejecutivo pretende discutir el financiamiento de las universidades en el Congreso, en el marco del tratamiento del Presupuesto 2027.

En septiembre, los salarios universitarios aumentaron un 3% nominal, frente a una inflación del 1,9%, lo que permitió una recuperación del 1% en términos reales. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar el deterioro acumulado, de acuerdo con el estudio. Desde junio, los ingresos perdieron un 2,7% de poder adquisitivo.

El informe muestra que, desde noviembre de 2023, los salarios del sector aumentaron un 236,6%, mientras que la inflación acumulada llegó al 344,4%. Esa diferencia explica por qué los trabajadores universitarios necesitarían una recomposición del 32% para recuperar el poder de compra que tenían al comienzo de la gestión de Javier Milei.

Cuánto dinero necesitan las universidades para recuperar su presupuesto

El deterioro de los salarios se produce en paralelo con una reducción del financiamiento universitario. Aunque el informe proyecta una recuperación presupuestaria real del 2,9% durante 2026, los recursos disponibles seguirían un 21,9% por debajo de los registrados en 2023.

La caída también se observa en la participación del financiamiento universitario dentro de la economía. En 2023 representaba el 0,712% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que para 2026 se proyecta una participación del 0,535%, de acuerdo con las estimaciones de FEDUN y CIICTI.

Para recuperar esa proporción, el Gobierno debería ampliar en $1,58 billones el crédito presupuestario vigente de este año, monto que el informe también identifica como necesario para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

La discusión presupuestaria se trasladará ahora al Congreso, donde el proyecto oficial para 2027 contempla alrededor de $7,3 billones para las universidades, frente a los más de $11 billones que reclama el CIN. Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos.

La falta de acuerdo también genera preocupación entre las autoridades universitarias, que advirtieron sobre el riesgo de que el conflicto se profundice durante 2027. “La universidad es una olla a presión”, señalaron desde el sector. Alertaron que las actuales condiciones salariales y presupuestarias podrían derivar en nuevas medidas de fuerza si no aparecen respuestas antes de fin de año.

El ajuste se extiende al conjunto del presupuesto educativo. Según las proyecciones del informe de FEDUN y CIICTI, los recursos de la Secretaría de Educación acumularán una caída real del 47,4% entre 2023 y 2026, con una reducción adicional del 5,6% durante este año.

La situación también afecta al sistema científico y tecnológico, cuyo financiamiento perdería un 42,8% real en tres años. En tanto, los salarios del CONICET acumulan una caída del 40,3% de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, superior al deterioro registrado entre los trabajadores universitarios. (con información de TN)

A través de un comunicado en X, el funcionario rechazó las críticas generadas a partir del posicionamiento del Gobierno en la ONU y aseguró que “muchas de esas opiniones parten del desconocimiento” y de no saber lo que se votó.

Según explicó, el 15 de octubre la Cuarta Comisión del organismo supranacional, que discute los asuntos de descolonización que trate la ONU, consideró 23 proyectos de resolución y decisión. En ese debate, Argentina votó a favor de 21 y se abstuvo en 2.

“Este dato desmiente también la idea de que las abstenciones respondieron a un supuesto alineamiento con los Estados Unidos. Estados Unidos votó en contra de todos los proyectos; la Argentina acompañó 21″, remarcó el funcionario. A su vez, sostuvo que el Gobierno analizó cada propuesta individualmente y desde dos perspectivas: “Nuestro histórico apoyo al proceso de descolonización de las Naciones Unidas y la defensa de nuestra posición en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

Sobre las dos abstenciones, Quirno explicó que la primera no representa ninguna novedad, ya que refería a cómo los organismos especializados y las instituciones vinculadas a la ONU aplican la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales. “La Argentina se abstiene en ese texto desde 2006″, aclaró.

Sin embargo, la discusión giró alrededor de la segunda iniciativa, el proyecto para “Abordar las formas contemporáneas de colonialismo”. Allí, el canciller dijo que, a diferencia de las resoluciones tradicionales, esta incorpora elementos novedosos y extiende el concepto a cuestiones que exceden el marco en el que la ONU desarrolló la descolonización.

En ese sentido, los equipos técnicos de la Cancillería analizaron el texto y encontraron que varias de sus disposiciones “van más allá de la resolución 1514 (XV), uno de los pilares jurídicos del proceso”. Agregó que incluye conceptos con tratamiento propio en otros ámbitos de la organización.

Por eso, afirmó, la abstención “no significó apartarse” de la descolonización, sino “preservar su especificidad y su mandato histórico, evitando incorporar elementos que puedan desdibujarlo o alterar su alcance”. Además, señaló que la votación mostró posiciones diferentes entre los Estados, incluso en América Latina y el Caribe.

Las críticas que generó la posición del Gobierno en la ONU y su efecto sobre Malvinas

La abstención argentina en la ONU fue cuestionada por la provincia de Buenos Aires, quien a través del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, acusó al Ejecutivo de “debilitar el reclamo por Malvinas”. En sus redes, el funcionario de Axel Kicillof acusó que la Cancillería no acompañó la medida para “no enojar a Trump”, cuya gestión rechazaba la iniciativa.

El texto en cuestión fue impulsado por Rusia y entre sus principales puntos propone reconocer que el colonialismo persiste en formas contemporáneas, como medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales contrarias al derecho internacional.

La discusión tuvo lugar en medio de la escalada diplomática con el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, donde la Argentina propuso un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago. Esta semana, la Argentina llevó el caso ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

En ese contexto, Quirno remarcó que no corresponde presentar esta votación “como si la Argentina hubiera abandonado su compromiso con la descolonización o con la Cuestión de las Islas Malvinas”, y pidió “no politizar” el tema.

“Podemos discutir decisiones concretas y tener diferencias, pero hagámoslo con información y responsabilidad. La defensa de nuestros legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es una política de Estado. Debe seguir siendo un punto de encuentro de todos los argentinos, por encima de cualquier diferencia partidaria”, finalizó. (con información de TN)

En su presentación, Torrendell defendió el presupuesto para las universidades y destacó que la "autonomía no está en discusión". A su criterio, lo que exige el Gobierno es "gestión seria y responsable".

En tal sentido, se refirió a la postura de la administración libertaria: "Para el Gobierno, la educación constituye un pilar irreemplazable para el desarrollo del capital humano, el progreso social y el ejercicio genuino de la libertad. La educación exige abordarla con la verdad histórica, con rigor técnico, con datos transparentes y auditables, y sobre todo con un profundo compromiso ético hacia los ciudadanos que sostienen el Estado con su esfuerzo diario".

"Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba por sí solo un mejor sistema educativo. La evidencia desmintió de forma contundente este postulado. Asistimos a un proceso en el cual los recursos se multiplicaban en las partidas presupuestarias mientras el aprendizaje efectivo, sobre todo de los sectores sociales menos favorecidos, se deterioraba en las aulas", enfatizó.

En tanto, el secretario de Educación hizo alusión al financiamiento: "Hoy orientamos los recursos hacia políticas que produzcan resultados concretos y verificables, que fortalezcan la autonomía de sus destinatarios y les permitan convertirse en protagonistas de su propio desarrollo y del crecimiento económico y social de nuestro país".

También mencionó la situación de los alumnos. "Dejamos de medir la educación por cuánto se gasta y empezamos a medirla por cuánto aprenden los chicos, o sea, por cuántos recursos se dirigen efectivamente a esa meta. Quienes verdaderamente estamos preocupados por la educación hacemos todo el esfuerzo profesional posible para convertir el gasto en inversión destinada a los aprendizajes", expresó.

Por otro lado, remarcó el rol de los rectores: "La defensa de la universidad pública exige rigurosidad y una insustituible transparencia institucional, cuya garantía constituye un deber compartido. Las autoridades universitarias tienen la obligación de asegurarla ante sus estudiantes y a la sociedad argentina, y el Estado tiene la obligación de relevar información, auditar y asegurar la rendición de cuentas. La autonomía no está en discusión, lo que exigimos es gestión responsable y transparencia".

"Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta", señaló.

La exposición de los funcionarios se realizó en medio de la tensión que hay con las autoridades de las universidades nacionales, que reclaman la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario y que se destinen $11 billones a esas casas de estudio, mientras el Gobierno propone destinar $7,3 billones.

Por lo pronto, el presupuesto global para el área de Educación alcanzará los $9,8 billones, con reducciones en las becas Progresar, infraestructura y programas como Educación Sexual Integral (ESI), aunque destinará $773.000 millones al Plan Nacional de Alfabetización y mantendrá el reparto automático de fondos a las provincias. (C5N)

De esta manera, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, por mayoría, revocaron el desdoblamiento dictado por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF). Alejandro Slokar votó en disidencia.

En su fallo, Casación recordó que ya durante la instrucción “la tramitación conjunta de ambas resultaba ser la solución más conveniente a los efectos de garantizar los principios de celeridad, economía procesal y, en definitiva, una mejor y más pronta administración de justicia".

En esa línea, los magistrados agregaron que la decisión de separar las causas va en contra de “la posibilidad de que la pretensión punitiva en los términos en que fue promovida por los acusadores obtenga una respuesta jurisdiccional dentro de un plazo razonable”.

De esta manera, los jueces hicieron lugar al recurso presentado por el fiscal Mario Villar y de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en el caso, para que ambos expedientes sean juzgados en un solo juicio.

Las investigaciones tienen como eje el patrimonio de la familia Kirchner y el supuesto mecanismo de alquiler de propiedades y hoteles a empresarios que, según la acusación, habrían realizado esos pagos como contraprestación por negocios obtenidos durante los gobiernos kirchneristas.

En Hotesur, la investigación está vinculada a los hoteles de la familia y tiene entre los principales acusados a Lázaro Báez. En Los Sauces, el expediente se centra en propiedades de la familia Kirchner y señala a Cristóbal López y Fabián De Sousa entre los empresarios involucrados.

Cristina Kirchner está acusada en ambos expedientes por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Máximo Kirchner también figura entre los principales imputados.

Para la expresidenta, el debate por Los Sauces y Hotesur representa además una nueva instancia judicial. Cristina Kirchner ya fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad y actualmente cumple prisión domiciliaria. Además, enfrenta el juicio por el caso Cuadernos.

Para Máximo Kirchner, en cambio, será el primer juicio oral que deberá afrontar.

Cómo será el juicio

El TOF dispuso que el juicio sea exclusivamente presencial, con tres audiencias semanales, y reservó fechas adicionales —incluidos algunos sábados de octubre y semanas de feria judicial de enero de 2027— para el caso de que resulten necesarias.

Las audiencias se realizarán en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, la misma en la que se desarrolla el juicio de los Cuadernos.

El cronograma prevé sesiones los lunes, viernes y sábados. Las reglas del debate establecen una diferencia según el tipo de audiencia. Los acusados deberán estar presentes en la sala cuando declaren en indagatoria.

En las audiencias con testigos, en cambio, podrán ser representados por sus abogados. Quienes vivan fuera de la Capital Federal podrán pedir conectarse a distancia, pero esa posibilidad se resolverá de manera individual en cada caso. (con información de TN)

Los fondos apuntan a impulsar proyectos vinculados con el petróleo, el gas y las obras necesarias para ampliar la capacidad de producción y transporte de energía.

El financiamiento podría darse a través de EximBank -que ya anunció una inversión de US$7000 millones para el Corredor Andes-Atlántico-, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Departamento de Estado, entre otras instituciones.

Además de los proyectos económicos, el embajador ratificó el apoyo de Estados Unidos al Ejecutivo. “Trabajamos para respaldar el gobierno del presidente Javier Milei”, afirmó.

El financiamiento de Estados Unidos para infraestructura

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) entre la Argentina y Estados Unidos, un paso que permitirá remitir el entendimiento al Congreso Nacional para su aprobación.

Quirno también vinculó el acuerdo comercial con los instrumentos de financiamiento y cooperación económica entre ambos países. En particular, mencionó los US$7000 millones de EximBank, el banco de exportaciones e importaciones estadounidense, destinados al desarrollo de infraestructura estratégica en la Argentina.

A ese monto se suman los instrumentos de financiamiento lanzados por la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés).

Según el canciller, ambas iniciativas contribuirán a materializar el proyecto del Corredor Andes-Atlántico y el acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre. El objetivo es impulsar inversiones en infraestructura para facilitar que las economías regionales argentinas puedan llevar sus productos a los mercados internacionales.

“Con el Presidente Javier Milei abrimos mercados, impulsamos exportaciones, atraemos inversiones y generamos más oportunidades para los argentinos”, afirmó Quirno. (con información de TN)

En este marco, se dio por concluidos la totalidad de los trabajos de recuperación ejecutados por la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. sobre el Tramo Pampa, que contempla las rutas nacionales 5 y 35 (atravesando Buenos Aires y La Pampa).

En particular, 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa ya fueron restaurados. Los trabajos estuvieron orientados principalmente a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial, e incluyeron tareas de bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, así como el perfilado y calce de banquinas en distintos puntos de la traza.

Los trabajos estaban previstos para completarse dentro del plazo de un año a partir de la concesión. Sin embargo, se completaron en tiempo récord de apenas tres meses. 

"El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo.

A su vez, se suman a los más de 360 kilómetros reparados en las rutas del Mercosur, RN 12 y 14, en el Tramo Oriental, y a los 59 kilómetros de la RN 174 y el Puente Rosario – Victoria, en el Tramo Conexión.

Cómo están conformadas las tres etapas de la RFC

Etapa I

• Tramo Oriental: rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 (que atraviesan la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes).
   
• Tramo Conexión: puente Rosario–Victoria (RN 174), que atraviesa Entre Ríos y Santa Fe.

Etapa II

• Tramo Pampa: rutas nacionales 5 y 35 (que atraviesan Buenos Aires y La Pampa).
   
• Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur: rutas nacionales 3, 205 y 226, así como las autopistas Ezeiza - Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.
  
   

Etapa III

• Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34 (que atraviesan Santa Fe y Córdoba).
   
• Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18 (Entre Ríos).
   
• Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34 (que atraviesa Santa Fe y Santiago del Estero).
   
• Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
   
• Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16 (que atraviesan Corrientes y Chaco).
   
• Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105 (que atraviesan Corrientes y Misiones).
   
• Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11 (que atraviesa Santa Fe y Chaco).
   
• Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7 (Mendoza). (con información de NA)

A través de un comunicado la Cancillería brasileña dejó en claro que resulta "inaceptable" hablar de un posible fraude en el balotaje, que se celebrará el domingo 25 de octubre y que definirá al próximo mandatario de Brasil.

Las autoridades brasileñas hicieron hincapié en que el futuro político de un país deben decidirlo sus ciudadanos "sin ningún tipo de injerencia externa".

En ese sentido, consideraron que los dichos del jefe de Estado argentino tenían como destinatario al Poder Judicial de Brasil y el sistema de votación, es por eso que sostuvieron que se trata de "un nuevo e inaceptable intento de injerencia extranjera en el proceso democrático brasileño".

A continuación, aseveró que el sistema democrático brasileño es "demostrablemente seguro" y agregó que jamás registró fallas, y que además fue validado por observadores internacionales en la primera vuelta electoral.

Qué dijo Milei

Mediante su cuenta de la red social X, Milei volvió a apuntar contra Lula y advirtió: "Que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección". Además lo definió como "zurdo ladrón" y "progre machirulo".

No es la primera vez que el libertario arremete contra el jefe de Estado brasileño. A principios de octubre, compartió un posteo realizado por la cuenta del Instituto Cato, un centro de estudios liberal con sede en Estados Unidos, en el que aparecía una foto de Lula con un micrófono y abajo una frase de Ian Vásquez, vicepresidente de Estudios Internacionales de esa organización, que decía: "Lo que ha hecho que la gente rechace a Lula y su partido es, en gran medida, la corrupción". (Fuente: NA).