La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

El Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad. (NA)

"Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien -dijo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva-. Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas".

En la misma línea, recordó a dos efectivos en particular: el agente Matías Cevallos de la División Talleres y el cabo Rodolfo Armando Manfredi de la División Unidad de Despliegue Móvil, quienes perdieron la vida semanas atrás en el marco del Plan Bandera, un progama integral de seguridad lanzado desde el Ministerio de Seguridad Nacional y el Gobierno de Santa Fe, en contra del narcotráfico en la ciudad de Rosario.

"Sabemos que detrás de cada uniforme hay una familia que acompaña cada guardia, cada procedimiento, cada traslado, cada ausencia y cada riesgo. Por eso, honrar a nuestros caídos también significa honrar a quienes continúan llevando adelante ese legado. Es un reconocimiento que no debe limitarse a una fecha de calendario debe ser un compromiso permanente de toda la institución y del Estado con quiénes dieron todo por la seguridad de los argentinos", concluyó Monteoliva.

Además, Monteoliva manifestó que "hay fechas que marcan para siempre la identidad a una institución" y para la Policía este día es uno de ellos porque se conmemora a los "hombres y mujeres que asumieron el riesgo más alto que se puede exigir en la vocación de servicio y es entregar la propia vida para proteger a los demás".

Del acto también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Salud, Mario Lugones; de Defensa, Carlos Presti; y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del trágico atentado ocurrido en 1976, cuando una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

El funcionario explicó que la provisión de gas natural está asegurada siempre que no salga de servicio ningún yacimiento, ni se registren fallas en los sistemas de transporte o de distribución.

“La demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha. El sistema de gasoductos tiene la presión correcta. Los yacimientos están produciendo como tienen que producir y no hay cortes en la demanda prioritaria”, afirmó González en diálogo con radio Mitre.

En ese sentido, el secretario coordinación de Energía insistió que el sistema “está funcionando perfectamente bien” y que “hay producción y transporte suficiente para satisfacer toda la demanda prioritaria del país en todo el país”.

De acuerdo con datos del Enargas, este 2 de julio, la demanda de gas se ubicó en 165,8 m3 totales, con un consumo de hogares en torno a 92,1  m3.

Las declaraciones González llegan en medio de los reclamos de del sector industrial que alertaron por los cortes de suministro de gas. En las últimas semanas, se restringió el servicio a aquellas fábricas con contratos interrumpibles, lo que significa que pueden ser desconectadas del suministro de gas de forma temporal si hay una emergencia o si el sistema necesita priorizar el abastecimiento los hogares.

No obstante, el funcionario admitió que se registran interrupciones del suministro en las estaciones de GNC y a la industria y que continuarán los cortes en los próximos días para demanda interrumpible debido a los picos de demanda.

“Cuando hace mucho frío, ¿Qué es lo que sucede? Todos los clientes residenciales demandan más gas, entonces como esa es la demanda prioritaria, tenemos menos gas para generar energía eléctrica y menos gas para las industrias”, explicó González.

Por otra parte, el secretario expuso que algunas industrias no tienen cortes porque compraron Gas Natural Licuado (GNL). “El GNL es más caro, sobre todo después de la guerra, y cada industria hace su propia decisión económica, si tiene sentido comprar el GNL, si prefiere cortar unos días o pasarse en vez de GNL a gasoil”, señaló.

Las tarifas de gas subieron 3% en julio

El Gobierno aplicó un alza del 3,01% para las tarifas de gas natural en promedio a nivel nacional. En ese marco, extendió por tercer mes consecutivo, los descuentos adicionales para los hogares con subsidios. Así, las bonificaciones llegarán al 75%.

Al pasar de la segmentación de subsidios por ingreso al nuevo esquema focalizado, el Ejecutivo había establecido que para las tarifas de gas, habría una bonificación del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre).

“Las tarifas aumentan o se reducen automáticamente todos los meses en función de la inflación de los meses anteriores, que impacta en el cargo fijo, y del costo real de la energía”, explicó Daniel González. (TN)

En un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantienen Bullrich y Villarruel, la presidenta del Senado se opuso a abrir el Senado la próxima semana como quería la senadora porteña para tratar la postergada propuesta de propiedad privada, ley Hojarasca y pliegos judiciales.

De esta manera, Bullrich quería demostrar que tras la renuncia de Manuel Adorni se había activado la Cámara de Senadores.

Pero el objetivo se frustró ayer a la tarde cuando Villarruel convocó a Labor Parlamentaria para el miércoles de la próxima semana a las 12, previo al feriado, según consta en la resolución firmada por el secretario parlamentario, Agustin Gustinian.

De todos modos, no es la primera vez que hay una pelea entre Villarruel y Bullrich, ya que vienen manteniendo fuertes controversias, desde que la ex candidata a presidenta se pasó a las filas libertarias.

Bullrich reconoció ayer que no podrá cumplir con su meta de sesionar el próximo miércoles 8 ya que señalo que la Vicepresidenta "mandó labor parlamentaria para el 8, así que la sesión será recién una semana después”.

Uno de los motivos que también complicaban la sesión es que algunos legisladores como la tucumana Beatriz Avila, necesitaban estar en su provincia para la vigilia del 8 de Julio previo a los actos de celebración de la Fiesta de la Independencia.

De esta manera, la sesión se realizará entre el 15 y 16 de julio aunque la fecha final se terminará de acordar en la reunión de Labor Parlamentaria.

El temario

El proyecto central que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, según señalaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.

En la versión numero 12 del dictamen se mantuvo la prohibición que un Estado Argentina pueda comprar tierras ni tampoco lo podrá hacer una empresa privada con capital de algún país extranjero, y que en el caso de de zona de fronteriza se requerirá no solo el aval de las provincias y del Gobierno, sino del Congreso Nacional.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contiene reformas a la ley de tierras sobre desalojos, expropiaciones y la ley del manejo del fuego.

Esa medida, diseñada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tuvo sustanciales modificaciones, ya que se eliminó el capítulo sobre cambios en la ley de barrios populares y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.

La Libertad Avanza también quiere aprobar siete pliegos judiciales, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio.

En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.

Una de las normas que se busca eliminar es la ley 20.120 de la gestión de Lanusse que "obliga a los organizadores de reuniones públicas en lugares cerrados a dar previo aviso, y autoriza a la policía a ingresar a los mismos. Representa una violación flagrante de la libertad personal".

También se intenta eliminar la ley 20.983 de 1975 que obligaba a los medios de difusión radial y televisiva a destinar un mínimo de 60 minutos diarios a temas de interés turístico nacional. (NA)

Si bien la posibilidad fue analizada en los últimos días dentro del Gobierno, fuentes oficiales confirmaron que el mandatario mantendrá su agenda en la Argentina y priorizará los compromisos previstos para la semana próxima. En Casa Rosada explicaron que la decisión responde a cuestiones de cronograma.

Uno de los factores fue la modificación de la fecha de un encuentro que reúne a empresarios e inversores en Sun Valley, Estados Unidos, lo que alteró la planificación inicial.

A eso se suma la agenda local, que incluye la tradicional vigilia del 8 de julio en Tucumán por el Día de la Independencia y, al día siguiente, la participación del Presidente en el Te Deum que se realizará en la Catedral Metropolitana.

Pese a la suspensión del viaje, en el Gobierno aseguran que la relación con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad de la política exterior.

Incluso sostienen que la invitación para asistir a las celebraciones del 4 de julio existió, aunque remarcan que nunca se confirmó oficialmente la presencia del jefe de Estado argentino y que habrá otras oportunidades para concretar un nuevo encuentro entre ambos mandatarios.

La decisión se conoce apenas un día después de que Milei participara de la recepción organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con motivo del 250° aniversario de la independencia de ese país.

Allí compartió la actividad con integrantes de su Gabinete y con el embajador Peter Lamelas, quien ratificó la intención de profundizar el vínculo bilateral. En paralelo, el canciller Pablo Quirno podría viajar a Estados Unidos para participar de las actividades vinculadas al arribo de la Fragata Libertad a Nueva York, cuya escala coincidirá con los festejos del 4 de julio. (Ambito)

Tras su llegada a la Jefatura, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional. Se trata del puesto que concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Estado mantiene facultades especiales dentro de la empresa.

Al igual que sus antecesores en la coordinación de los ministerios, Nicolás Posse y Guillermo Francos, el exvocero presidencial había asumido en calidad de ad honorem y no percibía el sueldo por su lugar en el directorio.

Sin embargo, tras la confirmación de su salida del Gabinete, crecieron las especulaciones sobre la posibilidad de que mantuviera ese puesto y pasara a percibir los honorarios que había rechazado, con una remuneración mensual que ronda entre 80 millones y más de 100 millones  de pesos mensuales, según documentos oficiales presentados en abril de este año por el Directorio a la Asamblea de Accionistas.

El presidente desmintió esas versiones: “Manuel está fuera de YPF -dijo horas después de confirmada la renuncia de Adorni-. No hay discusión sobre eso”.

Ahora, el Gobierno deberá definir quién será su reemplazante en el directorio, un lugar que tradicionalmente es ocupado por el ministro coordinador, cargo que ahora ocupa Diego Santilli.

Cómo llegó Adorni a YPF

A fines de enero, el Gobierno formalizó cambios en la conducción de YPF. Fue entonces cuando Adorni se incorporó al directorio de la compañía en representación del Estado nacional, con la llamada Acción de Oro, que otorga poder de veto sobre decisiones estratégicas. El cargo lo ocupaba hasta ese momento Guillermo Francos, quien se mantiene dentro del board, pero con otra categoría.

La designación se concretó tras una reunión del directorio realizada en las oficinas de la empresa en Puerto Madero. Allí se aceptaron las renuncias de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo —ambos por motivos personales— y se avanzó con la nueva conformación de la cúpula directiva de la petrolera, controlada en un 51% por el Estado.

Adorni había asumido como director titular clase A, la única posición que concentra los derechos especiales vinculados a la Acción de Oro y que funciona como canal institucional de los intereses públicos dentro de la empresa. Al igual que otros funcionarios del Gabinete que integraron el directorio en el pasado, solo cobraba su salario como funcionario nacional.

Junto con el ingreso de Adorni, también se había sumado al directorio Martín Maquieyra, exdiputado del PRO, en el marco de los acuerdos políticos entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri.

Tras oficializarse los cambios, YPF informó la nueva composición de su Directorio tanto en la Argentina como ante la Bolsa de Nueva York, lo que deberá volver a hacer cuando el Gobierno defina quién reemplazará a Adorni. (con información de TN)

Di Nezio, de acuerdo a un comunicado de la cartera que conduce Carlos Presti, cuenta con una destacada trayectoria de más de dos décadas como meteorólogo y oceanógrafo físico en instituciones académicas y científicas de los Estados Unidos. 

Su especialización se centra en el modelado numérico, la predicción climática estacional y el análisis de fenómenos de alto impacto global y regional, tales como El Niño, La Niña, sequías persistentes y eventos meteorológicos extremos. Desde el ministerio destacaron que su incorporación representa "un salto cualitativo en las capacidades técnicas y científicas del organismo".

El texto oficial también subrayó el papel fundamental que cumple el SMN dentro del sistema de defensa nacional. “La provisión de información meteorológica precisa resulta un insumo clave para la planificación y ejecución de operaciones militares, así como para las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, que incluyen el auxilio a la comunidad ante catástrofes naturales y situaciones de emergencia”, destacó el oficialismo para justificar la designación.

Por otra parte, la medida responde a la decisión del presidente Javier Milei de optimizar los recursos públicos y fortalecer los organismos científico-técnicos del Estado. Bajo la nueva gestión, el SMN buscará profundizar una agenda enfocada en la incorporación de tecnología de vanguardia y la mejora de procesos internos.

El objetivo final, para el Gobierno, es desarrollar servicios de mayor precisión y utilidad no solo para el ámbito militar, sino también para sectores neurálgicos de la economía nacional, tales como la producción agropecuaria, la actividad minera, el sector energético y la navegación aérea y marítima.  (NA)

Según la investigación encabezada por el fiscal Gerardo Pollicita, durante los dos años y medio en los que ejerció funciones públicas Adorni registró, en promedio, gastos mensuales con tarjetas de crédito superiores a su salario, por un total de 139.110.716,60 pesos.

La causa también analiza las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante la Oficina Anticorrupción, luego de que el exfuncionario rectificara los montos declarados. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, su patrimonio pasó de los 61 millones de pesos informados para 2023 y los 107 millones correspondientes a 2024 a una base patrimonial de 622.646.891,98 pesos, mientras que para el cierre del ejercicio 2025 declaró un patrimonio de 944.575.052 pesos.

La principal explicación brindada por Adorni para justificar ese incremento patrimonial es una inversión de 200.000 dólares en bitcoins realizada junto a su esposa entre 2014 y 2018. Sin embargo, la Justicia busca determinar el origen de esos fondos y la documentación que respalde tanto la compra de las criptomonedas como la posterior venta de los activos.

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Clarín, el exfuncionario declaró poseer 513.000 dólares provenientes de la venta de esos activos, aunque la investigación sostiene que, por el momento, no se presentó documentación respaldatoria.

En cuanto a los consumos, el expediente detalla que durante 2024 el promedio mensual con tarjetas de crédito fue de 4.248.781 pesos, lo que representa un gasto anual de 50.985.375 pesos. En 2025 el promedio mensual ascendió a 5.704.969 pesos, con un total anual de 68.459.636 pesos. En los primeros cuatro meses de este año, los gastos promediaron 4.916.425 pesos mensuales, acumulando 19.665.702 pesos.

La investigación también incluye compras por 5.183.795 pesos realizadas, según la causa, con tarjetas de crédito pertenecientes a dos subordinados del entonces funcionario. Para la Fiscalía, esa maniobra habría buscado ocultar la verdadera titularidad de los gastos. Una de las personas involucradas declaró como testigo y afirmó que Adorni le reintegró el dinero en efectivo.

Pollicita aguarda ahora el informe final de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analiza la evolución patrimonial y financiera de Adorni y de su esposa. Con ese documento, el fiscal evaluará si solicita al exfuncionario una justificación formal de las inconsistencias detectadas y, de no resultar suficiente, podría pedir su indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. (Clarín)

Los últimos datos de patentamientos muestran que las marcas de origen chino ya representan casi uno de cada diez vehículos 0 km vendidos en el país, una participación impensada apenas unos años atrás.

Durante junio, las automotrices chinas patentaron 4.584 unidades sobre un total de 45.995 vehículos, lo que equivale al 9,97% del mercado argentino. El porcentaje incluso supera el 10% si se toman únicamente los automóviles y comerciales livianos, el segmento más grande de la industria.

Las cifras que explican el fenómeno

• 4.584 patentamientos de marcas chinas en junio.
• 9,97% del mercado total de vehículos.
• 10,6% del segmento de autos y comerciales livianos.
• Más de 20 marcas operando en el país.
• Más de 90 modelos y versiones disponibles.
• Más de 300 agencias y puntos de venta comercializan vehículos chinos.

Hay más de 130 mil autos sin vender en Argentina: el informe interno que preocupa a las concesionarias
El crecimiento se explica por una combinación de factores. Por un lado, la apertura de las importaciones permitió el desembarco de nuevas marcas y una mayor disponibilidad de unidades. Por otro, los consumidores comenzaron a mirar con menos prejuicios a los vehículos provenientes de China y a poner el foco en la relación entre equipamiento, tecnología y precio.

BYD se convirtió en la marca china más vendida de la Argentina, con 1.740 patentamientos en junio. Detrás aparecen Chery, con 694 unidades, y BAIC, con 689 vehículos registrados. También ganan participación firmas como Haval, MG, Changan, JAC, Jetour, Foton, DFSK, Dongfeng y GAC.

Una oferta que abarca todos los segmentos

A diferencia de los primeros años de desembarco, cuando la presencia china se concentraba en algunos SUV y utilitarios, hoy la oferta es mucho más amplia.

Las marcas asiáticas ya tienen presencia en prácticamente todos los segmentos del mercado: autos urbanos, SUV, pick ups, híbridos, híbridos enchufables, eléctricos y vehículos comerciales.

Entre los modelos más accesibles aparecen el JMEV Easy 3, desde US$18.900, y el JAC S2, desde US$20.900. También hay propuestas de mayor valor, como el BAIC BJ30, desde US$35.800, el Haval H6 Pro HEV, desde US$35.500, y el Tank 300, que supera los US$50.000.

El dominio chino en los autos eléctricos

El liderazgo de las marcas chinas es todavía más contundente en la movilidad eléctrica. BYD concentra cerca del 70% de las ventas de vehículos 100% eléctricos en la Argentina, impulsada por el éxito del Dolphin Mini, que se consolidó como el eléctrico más vendido del país.

El crecimiento de las automotrices chinas también se refleja en la red comercial. Actualmente, más de 300 concesionarias y puntos de venta ya comercializan estas marcas, una cifra que sigue creciendo a medida que nuevos fabricantes desembarcan en el país.

La expansión del gigante asiático ya modificó el mapa de los autos 0 km en la Argentina. Con más de 20 marcas, una oferta superior a los 90 modelos y una participación que ya ronda el 10% del mercado, los fabricantes chinos dejaron de ser una apuesta a futuro para convertirse en uno de los jugadores más dinámicos de la industria automotriz local. (NA)

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución 40/2026, el reconocimiento del beneficio dejará de aplicarse de forma automática sobre cualquier tarifa que decidan las jurisdicciones locales. En su lugar, se establecen "tarifas de referencia" que funcionarán como el tope máximo sobre el cual se calculará el descuento financiado por el Tesoro Nacional.

La normativa dispone que para las provincias y municipios, las tarifas de referencia serán aquellas que estaban vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados en mayo de 2026.

De esta manera, las tarifas de referencia establecidas precedentemente serán aplicables a partir de este miércoles 1 de julio y mantendrán su vigencia hasta tanto la Secretaría de Transporte proceda a su actualización.

El fundamento principal de esta decisión radica en la "marcada dispersión tarifaria" y la dinámica de aumentos frecuentes y heterogéneos que aplican los gobiernos provinciales y municipales. Al no ser la autoridad de aplicación en esos distritos, el Estado Nacional veía cómo sus erogaciones aumentaban de forma imprevista ante cada suba local.

Al resaltar el nuevo esquema implementado, el Ejecutivo sostuvo que “la incorporación de tarifas de referencia para la determinación del reconocimiento del atributo social permite establecer un parámetro objetivo, uniforme y verificable para el cálculo del beneficio, compatible con la finalidad social del régimen y con una adecuada administración de los recursos públicos comprometidos para su financiamiento”.

La decisión no modifica el universo de beneficiarios de jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Sin embargo, para gozar del beneficio, los usuarios deben contar con su tarjeta SUBE debidamente registrada.

Asimismo, la medida no altera las facultades de las provincias o municipios para fijar sus propios cuadros tarifarios. Si una jurisdicción decide establecer tarifas más altas o mantener esquemas de gratuidad superiores, podrá hacerlo, pero deberá regular su propia forma de implementación y asumir el financiamiento adicional correspondiente.

La implementación técnica de estos cambios estará a cargo de Nación Servicios S.A., que deberá adecuar los sistemas centrales de la red SUBE para procesar los nuevos mecanismos de cálculo. La medida ya se encuentra plenamente vigente desde este miércoles. (N/A)

El cónclave se producirá la tras la salida del jefe de Gabinete Manuel Adorni y el lugar seleccionado será el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El objetivo del encuentro en Balcarce 50, tal como dejaron trascender fuentes libertarias ante Agencia Noticias Argentinas, será ordenar la estrategia legislativa que estaba eclipsada por las causas judiciales que pesan sobre el ex vocero presidencial. En la agenda oficial figura la necesidad además de articular tareas entre los bloques y el Poder Ejecutivo con el arribo del nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, quien asumirá de manera formar su puesto este martes a las 17.30

El encuentro surgió de parte de la hermana del jefe de Estado, que activó sus contactos el domingo por la mañana. Y en las últimas horas se confirmó que el economista también será parte de la cita, luego de la suspensión de su viaje de este martes a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando convocó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo en la Casa Rosada.

En la misma dirección de este encuentro, el Gobierno creó, aseguran fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, un nuevo grupo de WhatsApp, en el que están, entre otros, Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y también la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A la reunión del miércoles 1 de julio, según trascendió, están convocados Santilli, ya con designación formal, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.

La perspectiva la adelantó el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su primera conferencia de prensa

“Los números de inflación han sido buenos”, sostuvo este martes y planteó que, para junio, “ya se está hablando de que va a romper el 2%, a ver si podemos romper esta inercia”.

El optimismo oficial se coincide con la mirada de buena parte de los analistas privados. Si bien las previsiones hablan de IPC entre 1,8% y 2,1% (es decir igual al mes previo), hay coincidencia en que factores que impactaron fuerte en la medición de marzo, cuando fue de 3,4%, ya no pesaron tanto en abril, mayo y aun menos en junio.

Entre ellos, combustibles -por la decisión de YPF y las otras petroleras de no trasladar el alza global del petróleo- y alimentos, con la carne vacuna en el centro de la escena y que en el sexto mes haría registrado la menor alza desde la anterior primavera.

A eso se suma que los servicios regulados tuvieron subas contenidas, tanto la luz, como el agua y el gas.

Qué estimaron las consultoras privadas sobre la inflación de junio

El relevamiento de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) para el Gran Buenos Aires arrojó una inflación de 2,1% en junio, igual que el mes anterior, con una variación interanual del 31,4%. Los rubros que más subieron fueron Educación (4,0%) y Alimentos y bebidas (3,1%), seguidos por Esparcimiento (2,8%) y Vivienda (2,3%). La inflación núcleo también se ubicó en 2,1% mensual.

Por su parte, la consultora C&T midió un incremento de 1,9% para GBA, el menor registro desde agosto de 2025. Salud subió 2,5% —impulsada por medicamentos y prepagas— y Alimentos y bebidas trepó 1,9%, con las verduras superando el 10% y la carne mostrando su menor aumento desde septiembre.

Según C&T, la inflación fue perdiendo impulso a lo largo del mes y cerró más cerca del 1,5%, lo que anticipa un julio más moderado, aunque el turismo de invierno podría presionar los precios.

Las mediciones semanales del final de junio también reflejaron una desaceleración. EconViews registró una suba de solo 0,2% en la canasta de alimentos y bebidas de supermercados durante la cuarta semana, con un acumulado de 1,1% en las últimas cuatro semanas.

En la misma línea, Analytica midió un alza de 0,1% en la última semana y un promedio de 1,4% en cuatro semanas, proyectando un IPC de junio de 1,8%.

Desde LCG, en tanto, relevaron que los alimentos y bebidas no tuvieron aumentos durante la cuarta semana de junio, por lo que el promedio de las últimas cuatro semanas terminó en 1,5%.

Con estos números, la inflación acumulada en el primer semestre de 2026 rondaría el 16%.

El dato oficial del INDEC se conocerá el martes 14 de julio y será clave para confirmar si la inflación finalmente perforó el umbral que el propio Ejecutivo se animó a anticipar.

“En experiencias internacionales como Israel, Perú y Chile, viniendo de niveles de inflación tan elevados, hay una abrupta baja de manera casi inmediata, pero después romper ese 2% mensual cuesta. Yo creo que esa batalla la vamos a ganar”, afirmó Ravier. (TN)

El dictamen planteó que la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó en febrero a la ANSES restituirle la pensión a CFK, desconoce los efectos de la condena firme por corrupción en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación absoluta prevista en el artículo 19 del Código Penal. Es decir, que la expresidenta debe ser despojada de cualquier beneficio, como la jubilación, pensión o retiro, civil o militar.

Esa decisión de la Cámara, según Casal, generó un conflicto institucional al invadir la competencia del juez de ejecución penal.

Con este dictamen, el funcionario avaló el recurso de queja presentado por el fiscal general de la Fiscalía General N°1 de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, para que la Corte Suprema intervenga y confirme el rechazo a restituirle la pensión.

Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.

Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.

En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.

Casal consideró que “resulta jurídicamente incompatible mantener el beneficio de asignación mensual vitalicia a quien ha cometido un delito en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado, castigado con pena de prisión por más de tres años”.

La batalla judicial por la pensión

La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.

La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.

Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema. (con información de TN)

La noticia fue difundida mediante sus redes sociales. Por esa vía, el gremio, cargó contra la gestión. No solo tomó la sede del organismo, sino que acusó al oficialismo de “vaciar el órgano para rematarlo”. Hubo críticas al titular de la CNEA, Martín Porro. 

El funcionario por el momento no dio respuesta al reclamo pero según el gremio “está atrincherado” en su puesto de trabajo. Al referirse a la cúpula que se encuentra al frente del organismo, además, sostuvieron que “están escondidos y evitan dar la cara ante los trabajadores”

“Este Gobierno comete una nueva canallada al pretender despedir a casi 100 trabajadores de la Comisión. Las desvinculaciones afectan a profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado con más de 10 años de antigüedad que sostienen áreas críticas del desarrollo nuclear argentino”, manifestó el colectivo sindical.

Ante este hecho, el gremio que conduce Rodolfo Aguiar informó que lleva adelante una permanencia “pacífica” en la sede central de la CNEA y exigió explicaciones a las autoridades acerca de las cesantías. 

“Se trata de un claro intento de desmantelamiento que permita la privatización del organismo. Argentina es uno de los 3 países del hemisferio sur que tienen energía eléctrica por vía nuclear y quieren desarmar todo ese proyecto soberano de nuestro país", afirmaron.

El Gobierno nacional brindó explicaciones a cerca de las recientes bajas en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), aclarando que no constituyen despidos sino la no renovación de 61 contratos de plazo fijo, suscritos en su totalidad durante 2023 bajo la administración de Adriana Serquis.

El Ejecutivo confirmó que 61 contratos no serán renovados. Corresponden en su mayoría a asistentes administrativos sin estudios terciarios, explicaron. De acuerdo con la información que proporcionó el Gobierno, el perfil del personal desvinculado contradice la versión sindical: 42 de los 61 contratos corresponden a trabajadores con nivel educativo primario o secundario, sin formación terciaria ni universitaria.

Según la información oficial, no hubo bajas entre ingenieros nucleares ni entre el plantel técnico-especializado que sostiene las operaciones del organismo.

El vocero presidencial Adrián Ravier había adelantado, horas antes de que comenzara la ocupación, que la estructura de la CNEA se redujo un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.  Esa cifra engloba el conjunto de ajustes en la dotación del organismo, dentro de un programa más amplio de reducción del empleo en la Administración Pública Nacional. (NA / Infobae)

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales, quien señaló que se otorgó el control de 1.871 kilómetros a las empresas que habían sido adjudicadas tras la apertura de sobres de las ofertas, realizada en febrero último.

De este modo, a partir del miércoles 1 de julio, las compañías asumirán la explotación, administración y mantenimiento de las rutas y autopistas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En el caso de la RN 3 hasta nuestra ciudad -aproximadamente hasta la zona de El Triángulo-, se trata de la firma Rutas Sur Atlántico, que también gestionará las rutas nacionales 205 y 226, además de las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

“Este nuevo modelo reemplaza esquemas concesionados que requerían aportes del Estado Nacional para su funcionamiento y promueve una gestión más eficiente de la infraestructura vial, orientada a brindar mejores condiciones de circulación para los usuarios", detalló el ministro.

En mayo, mediante la Resolución 706/2026 se adjudicó por 20 años el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur de la Ruta Nacional 3 al consorcio integrado por las firmas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA.

Lejos del viejo proyecto de generar una autovía, autopista o una doble trocha, el proyecto para la RN 3 comprende la implementación de una denominada ruta segura: en distintos tramos se ejecutarán sectores con una banquina extendida, nivelada y asfaltada que, se explicó en su momento, permitirá disminuir los riegos ante emergencias, accidentes o inclemencias climáticas.

El proyecto también incluye un viejo reclamo de los automovilistas que viajan desde y hacia Monte Hermoso: la construcción de una rotonda en el empalme con la denominada Ruta 3 Vieja.

También prevé la instalación de varias cabinas de cobro de peaje, que estarán ubicadas en Gorchs, en el kilómetro 145; en Azul, en el km 290; en Chillar, en el km 380; en Tres Arroyos, en el km 520, y en Coronel Dorrego, en el km 626.

Según la documentación presentada por Vialidad Nacional, la empresa adjudicataria también deberá ejecutar durante el primer año una serie de trabajos de puesta en valor de la ruta: entre ellas figuran bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación con hormigón, fresado de deformaciones, señalización vertical y horizontal, mantenimiento de banquinas, iluminación y corte de pasto.

El resto

En el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones, también se licitó el tramo Pampa, que quedará bajo el control de Corredor Vial 5.

Esta empresa gestionará las rutas nacionales 5 y 35, que atraviesan Buenos Aires y La Pampa.

Para la siguiente Etapa, se realizó la apertura de los sobres y todavía resta definir cuáles serán las empresas adjudicatarias.

Esta etapa contempla más de 3.900 kilómetros en ocho tramos entre Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. (La Nueva., con información de NA)

En noviembre de 2023 había unos 343 mil empleados en la esfera estatal y en mayo esa cantidad había caído a 273 mil y de ese total, unos 87 mil está en empresas y sociedades del Estado.

"Desde su asunción, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados", señaló el centro de estudios CEPA.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. 

La dotación de personal se redujo en 70 mil puestos de trabajo, lo que implica una caída del 22%.

Según el último reporte de CEPA, en términos porcentuales, la mayor parte del recorte recae en la administración centralizada; en segundo y tercer lugar, las empresas y sociedades y la administración descentralizada; y en cuarto y quinto lugar, corresponde a la administración desconcentrada y a otros entes respectivamente.

Desde diciembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido profundo, con un fuerte impacto en empresas y organismos estratégicos del Estado. El caso más significativo es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.449 despidos. 

Le siguen el del Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en un contexto donde el Gobierno ha expresado su voluntad de avanzar hacia su privatización.  En Aerolíneas Argentinas se contabilizan 1.993 despidos. En la Casa de la Moneda se contabilizaron 715 despidos, poniendo en riesgo la capacidad operativa de la empresa.

La Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística corrieron suertes similares al contar con 638 y 594 despidos correspondientes. Finalmente, en Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores. (con información de NA)

El estudio realizado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de esa casa de altos estudios, confirmó que cuatro personas en ese puesto en dos años y medio "es un récord desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994".

La gestión comenzó con Nicolás Posse que tomó el cargo desde diciembre de 2023 hasta su renuncia en mayo de 2024; lo sucedió Guillermo Francos hasta fines de octubre de 2025, seguido por Manuel Adorni, quien renunció el pasado 27 de junio y fue suplantado por el exministro del Interior Diego Santilli. 

"La figura del jefe de Gabinete perdió brillo, prestigio y peso real. Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un 'primus inter pares' o un 'súper ministro' de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del Presidente", asegura el informe.

Por otra parte, señala que el "desgaste" de ese rol "es el más alto de la historia democrática", que, actualmente, existe una "acumulación de récords negativos" y que con el caso de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, "se acentuó en la administración actual".

Finalmente, indica que "no parece una práctica sana" que la persona que cumpla ese puesto "ostente otros roles, más allá del asignado constitucionalmente, y no lo ejerza en exclusividad", como sucedía con Adorni que, también, era el director de YPF.

“Su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994”, concluyó Bermolen en el informe. (NA)

El tribunal consideró que el Presidente se excedió en sus atribuciones constitucionales al avanzar sobre facultades que le corresponden exclusivamente al Poder Legislativo.

La resolución de la Cámara se basó en dos ejes centrales que fulminan la legalidad del decreto. En concreto, habla de invasión en materia electoral. Porque los jueces recordaron que otorgar la ciudadanía está directamente ligado a la adquisición de los derechos políticos (como el voto).

La Constitución Nacional, en su artículo 99 inciso 3°, prohíbe de forma expresa y "bajo pena de nulidad absoluta e insanable" que el Poder Ejecutivo dicte DNUs que regulen la materia electoral.

A su vez, marca una falta de urgencia real: El tribunal desmontó los argumentos del Gobierno al señalar que no existían razones de "rigurosa excepcionalidad" que impidieran que este cambio de leyes se discutiera de manera ordinaria en el Congreso de la Nación.

"Los tribunales deben resguardar el principio de jerarquía normativa", explicaron los magistrados, argumentando que la Justicia tiene la obligación de hacer valer las leyes por encima de cualquier decreto que intente modificarlas sin cumplir con los requisitos de la Carta Magna.

Tras declarar la invalidez de la norma, la CNE ordenó revocar un fallo de primera instancia que le había negado la ciudadanía a un solicitante bajo el paraguas del polémico DNU.

Además, informó que se notificó formalmente al Ministerio de Seguridad de la Nación para que instruya a la Dirección Nacional de Migraciones a dar marcha atrás con la medida. Por último, la resolución fue enviada a todos los jueces federales con competencia electoral del país para unificar el criterio: a partir de ahora, el otorgamiento de la ciudadanía argentina vuelve a ser una facultad estrictamente judicial.

Justamente llamó la atención la presencia de Adorni, ministro coordinador saliente por la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, quien se paró al lado de Santilli y, una vez realizada la jura, se fundió en un triple abrazo junto al Presidente y al exministro del Interior.

Entre las sillas rojas desplegadas en el Salón Blanco de Casa Rosada destaca la presencia de dirigentes del PRO, como el jefe de bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y los presidentes de los bloques en la Legislatura, Matías Ranzini (Diputados), y Alejandro Rabinovich (Senadores). 

Luego del anuncio del pasado domingo, a cargo de Milei, varios gobernadores se mostraron optimistas por el enroque y optaron por aceptar la invitación de la Jefatura de Gabinete que estrena su cuarto funcionario desde diciembre de 2023.

Las invitaciones fueron cursadas a todos los que alguna vez mantuvieron encuentros con el funcionario, a excepción de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja).

En la sede gubernamental dieron el presente los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdez (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolo Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires) y Martín Llaryora (Córdoba). 

Según señalan fuentes del Ministerio de Defensa, del que depende el SMN, la salida del cargo de Mauad, de 72 años de edad y ex combatiente condecorado de la Guerra de Malvinas, se oficializaría mañana, miércoles 1 de julio, cuando sería anunciado su reemplazante.

El funcionario saliente asumió el cargo en enero de 2025 y renunció en agosto de ese año, unos ocho meses después, dejando acéfalo al organismo hasta febrero de 2026 cuando volvió a ser designado al frente del SMN para un período de cuatro años y en calidad de director 'Ad Honorem'.

El funcionario renunciante presentó su nota de dimisión el viernes último, en medio de recortes de gastos y de personal, y una importante reestructuración del organismo, que motivó medidas de fuerza y protestas de los trabajadores.

Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el SMN sufrió una reducción de personal que alcanzó a 121 empleados entre 2023 y 2025 y sumó otros 140 desvinculados hasta el 16 de abril pasado.

El SMN cumple funciones de alto impacto social: alerta temprana de fenómenos extremos, coordinación con organismos de defensa civil y producción de información meteorológica para sectores clave como el agro, la navegación o la aviación.

El plan prevé diseñado por el Ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger, prevé además la salida de 30 civiles en condiciones de jubilarse, 15 militares en retiro y 20 agentes en pase a disponibilidad, lo que dejaría la dotación civil en 590 personas.

El Centro Argentino de Meteorólogos reclamó, mediante una carta pública, que el Poder Ejecutivo designe un nuevo titular del SMN y “garantice la continuidad institucional del organismo y el fortalecimiento de los servicios meteorológicos que brinda a toda la sociedad”.

“El SMN ha atravesado reiterados cambios e incertidumbres en su conducción. Designaciones, renuncias y reestructuraciones sucesivas han generado un escenario de inestabilidad institucional incompatible con las responsabilidades estratégicas que el organismo tiene para el país”, agrega el escrito.

"La estabilidad institucional del Servicio Meteorológico Nacional no puede seguir postergándose. La reiteración de cambios en la conducción del organismo evidencia la ausencia de una política sostenida para una institución estratégica del Estado", expresa el texto del Centro Argentino de Meteorólogos. (NA)