A través de un comunicado publicado esta mañana por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, la cartera planteó que "los resultados reflejan los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad, contemplando el recorrido de estudiantes desde 2013".

En ese sentido, sostuvo que "el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema".

El duro comunicado fue publicado a primera hora de este martes, luego de que ayer se conociera que la Argentina quedó en el puesto 72 de los 91 países medidos en la evaluación en Ciencias, que fue la principal área de esta edición.

Si en el país ya se venía hablando de una crisis educativa, los resultados de la última prueba PISA muestran que el deterioro se profundizó aún más. En los últimos tres años, los estudiantes argentinos empeoraron su desempeño en Ciencias, Matemática y Lectura.

Los aprendizajes que no se consolidan durante la primaria condicionan el desempeño en el nivel secundario. Fortalecer las bases es el primer paso para mejorar la educación.

Luego de conocerse los resultados de la evaluación PISA 2025, el Ministerio de Capital Humano reafirma el… pic.twitter.com/RPJfqvd1go

— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 8, 2026

Aunque el promedio de los países de la OCDE también cayó, el retroceso argentino fue considerablemente mayor. El 48,8 % de los estudiantes argentinos no alcanzó el nivel básico en el conjunto de las tres áreas evaluadas.

Esos adolescentes no logran interpretar información sencilla en un gráfico, comprender textos simples y calcular relaciones básicas de precio por unidad. Se trata de capacidades necesarias para desenvolverse en situaciones cotidianas y seguir aprendiendo, señalan los autores del informe que se dio a conocer este martes.

El Gobierno apuntó a correr el foco de la caída registrada en los últimos tres años —que toman la gestión educativa desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada— y planteó que la prueba reflejaría "el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013. En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno".

COMUNICADO OFICIAL.@JMilei pic.twitter.com/QckkYVRtBt

— Sandra Pettovello (@SPettovelloOK) September 8, 2026

También sostuvo la idea de que los resultados se inscribirían "en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000. La caída y el estancamiento se verifican en gran parte de América Latina y, en la Argentina, el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo".

Además, el ministerio de Sandra Pettovello adujo que el descenso en Lectura fue pronunciado a nivel mundial y señaló que la OCDE detectó un fenómeno global al que denominó "lectores apresurados", en relación a "estudiantes que responden de manera rápida e incorrecta" y que ese comportamiento se duplicó entre 2018 y 2025. (Clarín)

El trabajo de la ONG Argentinos por la Educación da cuenta de que el 76% no alcanzó los requerimientos mínimos de matemática.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mismo se hizo sobre los datos de la evaluación PISA en la que Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Estos reflejan que en las tres áreas los resultados empeoraron respecto de 2022.

La prueba PISA es una evaluación internacional, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se realiza desde el año 2000 de manera periódica. 

En la edición 2025 participaron más de 760.000 estudiantes de 91 países y economías, de los cuales 38 son países miembros de la OCDE y 53 sistemas educativos asociados que no forman parte de esta organización.

En cada edición se realizan evaluaciones sobre los conocimientos y habilidades considerados esenciales para participar de forma plena en las sociedades modernas. A su vez, la prueba no busca medir solo la reproducción de ciertos conocimientos, sino su aplicación a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida fuera de la escuela.

En el caso de Argentina, se seleccionó una muestra representativa de la población objetivo a nivel nacional, en la que participaron alrededor de 412 escuelas y 11.093 estudiantes de todo el país. En tal caso, Argentina obtuvo el puesto 75 entre los 91 sistemas educativos que participaron en Matemática, y el octavo lugar entre los 13 países de América Latina que formaron parte.

Argentina fue parte de la última edición, representando a América Latina junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En el informe se da a conocer que en la prueba 2025 Argentina obtuvo 389 puntos en Lectura, 367 en Matemática y 393 en Ciencias. En base a estos resultados, Argentina ocupa las posiciones 62°, 75° y 71°, respectivamente, dentro de los 91 países participantes de PISA. 

Y, al tomar la medición de los 13 países de América Latina que participaron en 2025, Argentina ocupa el octavo lugar en las tres áreas evaluadas.

En cuanto a los puntajes promedio de Argentina en 2025, estos muestran una baja respecto de lo que sucedió en el año 2022: 3,2% en Ciencias, 3% en Lectura y 2,9% en Matemática. Por su parte, los países de la OCDE también tienen caídas en sus puntajes, pero son del 0,6% en Ciencias, 3,2% en Lectura y 1,9% en Matemática.

Otro dato afirma que, en Argentina, el porcentaje de alumnos que no alcanza los aprendizajes mínimos es del 59% en la prueba de Lectura, 76% en la prueba de Matemática y 59% en la prueba de Ciencias. A su vez, en cuanto al puntaje promedio, en la comparativa regional Argentina quedó por debajo de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en todas las áreas evaluadas.

¿Desde cuándo Argentina forma parte de las pruebas PISA?

Tal como indica el informe, desde hace más de 20 años Argentina forma parte de las pruebas PISA y sus puntajes promedios obtenidos empeoraron en Lectura y Matemática, además de que no presentan grandes cambios en Ciencias.

En tal sentido, en Lectura pasó de 418 puntos en el año 2000 a 389 puntos en la de 2025. En la prueba de Matemática, comparable para Argentina desde 2006, el país pasó de 381 a 367 puntos, una diferencia estadísticamente significativa.

Por último, en Ciencias obtuvo 391 puntos en 2006 y 393 en 2025. (N/A)

El objetivo central es atacar uno de los principales límites que enfrentaron las entidades para sostener el crecimiento del crédito a largo plazo: el acceso a fondeo con plazos compatibles con préstamos hipotecarios de 15, 20 o 30 años. La expectativa del sector es que el mecanismo permita ampliar la cantidad de operaciones, aunque el efecto sobre el mercado inmobiliario no sería inmediato ni implicaría un salto en los precios.

Para esta primera etapa, cada banco podrá acceder hasta a $40.000 millones. Los recursos se canalizarán mediante depósitos a plazo y las entidades deberán utilizarlos para generar nuevos créditos hipotecarios para primera vivienda, con préstamos de hasta 150.000 UVA y una tasa máxima de UVA + 7,5%.

La licitación representa así un punto de partida para medir cuánto puede crecer realmente la demanda. La pregunta que aparece ahora en el mercado es qué ocurrirá una vez que los bancos reciban los fondos y comiencen a volcarlos al crédito.

Más crédito, pero con un efecto gradual

Para Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, si el programa funciona según las previsiones oficiales, el mercado podría sumar cerca de 20.000 operaciones hipotecarias adicionales en todo el país. Esa cifra permitiría compensar parte de la pérdida de créditos que se registra respecto del año pasado y, al mismo tiempo, agregaría nuevas compraventas a un mercado que ya mantiene un nivel elevado de actividad.

El perfil de los potenciales beneficiarios tampoco cambiaría de manera sustancial. El especialista ubica al nuevo universo de compradores en propiedades de entre US$100.000 y US$120.000, un segmento que ya concentra parte de la demanda actual. Se trata, en buena medida, de personas jóvenes que buscan acceder por primera vez a una vivienda propia.

El programa no modifica el mecanismo de ajuste de los préstamos. El capital continuará expresado en UVA, por lo que el saldo de deuda se actualizará según la evolución de esa unidad, mientras que el banco cobrará una tasa fija adicional. La diferencia estará principalmente en el fondeo que obtengan las entidades y en las condiciones que puedan ofrecer a partir de ese dinero.

Miguel Chej Muse, miembro del Colegio Inmobiliario porteño y socio del estudio Vela & Chej Muse Real Estate, considera que el nuevo esquema permite resolver un cuello de botella relevante para las entidades. Más fondos disponibles significan una mayor capacidad para prestar, aunque no todo el dinero que llegue desde el FGS necesariamente se traducirá en nuevas operaciones.

Advirtió que algunos bancos ya consiguieron recursos mediante obligaciones negociables u otras fuentes. En esos casos, una parte del dinero del FGS podría reemplazar fondeo existente en lugar de generar un volumen equivalente de nuevos créditos. Por eso, el impacto sobre la cantidad de préstamos será positivo, pero no necesariamente proporcional al monto total licitado.

Aun con ese límite, el efecto sobre la oferta puede resultar relevante. Los bancos que hoy tienen tasas superiores a 7,5% dispondrán de un incentivo para acercarse al máximo establecido por el programa y competir por captar clientes.

Qué cambia para quienes buscan comprar una casa

El nuevo programa mantiene el esquema UVA: el capital se ajusta por esa unidad y el banco cobra una tasa fija. La principal diferencia para el tomador estará en las condiciones que ofrezca cada entidad y, sobre todo, en la tasa.

No todos tendrán un beneficio directo. Algunos bancos ya ofrecen tasas inferiores al 7,5%, mientras que para quienes trabajan con UVA +7,5% el efecto será neutro. La competencia también puede darse en los seguros y el costo financiero total. En las entidades con tasas superiores, el nuevo fondeo podría permitir una mejora de la oferta.

Gómez Picasso aporta un ejemplo. Para una propiedad de US$100.000, con una financiación del 75%, un crédito del Banco Nación genera hoy una cuota cercana a $735.600, con una tasa de 7,02% de CFT TEA. El valor resulta similar al alquiler de una propiedad de esas características.

La comparación entre cuota y alquiler puede favorecer la decisión de compra, pero el acceso sigue condicionado por el ahorro previo, los ingresos y la relación cuota-ingreso. El ejemplo presentado por el Gobierno muestra el límite: para una propiedad de US$106.667, con 75% de financiación a 25 años y una tasa de UVA +7%, la cuota inicial sería de $865.098 y el grupo familiar debería acreditar ingresos netos de $3.460.391.

Más escrituras, sin salto de precios

El impacto más rápido podría verse en las compraventas. En la Ciudad de Buenos Aires, Chej Muse espera que las hipotecas lleguen a unas 2000 por mes, frente a un promedio cercano a 730 durante este año.

El especialista estima que la recuperación será gradual y que los primeros efectos aparecerán dentro de los 90 días que tienen los bancos para colocar los fondos. Gómez Picasso, por su parte, calcula que el programa completo podría sumar entre 2000 y 3000 escrituras mensuales a nivel nacional.

Más crédito implica nuevos compradores para un mercado que ya registra un buen nivel de operaciones. Sin embargo, Gómez Picasso no espera un salto de precios. La mayor presión podría concentrarse en las propiedades de menos de US$150.000, justamente el segmento al que apunta buena parte de la demanda.

Chej Muse también prevé una tendencia alcista, aunque con un incremento mínimo. La mayor disponibilidad de crédito no alcanzaría para provocar un cambio brusco en las cotizaciones.

El impacto sobre la construcción será limitado

La construcción aparece como uno de los sectores donde el efecto sería más indirecto. Gómez Picasso no espera que esta primera etapa genere un volumen significativo de obras nuevas. El mayor movimiento podría darse sobre el stock terminado, con desarrolladores que aceleren la venta de unidades disponibles.

Para que el crédito impulse nuevos proyectos se necesita una demanda más sostenida y condiciones que permitan financiar las obras. En cambio, el efecto sobre la capacidad de los bancos para prestar puede resultar más inmediato.

El FGS apunta a resolver un cuello de botella relevante: el fondeo de largo plazo. La clave estará en cuánto de los $2 billones previstos para el programa termina en nuevas hipotecas y cuánto simplemente cambia el origen del fondeo bancario. Para los clientes, la competencia entre entidades podría traducirse en mejores condiciones y mayor oferta.

La recuperación, de todos modos, será progresiva, así lo estiman en el sector inmobiliario. Primero llegarán los fondos a los bancos, luego las nuevas colocaciones y, finalmente, el impacto sobre las escrituras y las compraventas. La tasa máxima de UVA +7,5% puede mejorar el acceso de una parte de los compradores, pero no elimina las principales barreras: ingresos y ahorro previo.

“Va a ser gradual, pero tenemos fe en que el plan va a funcionar”, concluyó Chej Muse. (TN)

“Vamos a eliminar las PASO y ahorrar más de 200 millones de dólares para los argentinos”, había afirmado el entonces ministro del Interior, Diego Santilli, el 22 de abril pasado, cuando el Gobierno impulsaba la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Sin embargo, el estudio Políticas electorales en Argentina: informe ciudadano, de la Fundación Éforo, determinó que el Estado destinó $468.083 millones a los partidos políticos y a la política electoral durante las legislativas de 2025, a valores constantes de ese año. Esta cifra fue apenas un 3% inferior a los $482.561 millones destinados a las legislativas de 2021 cuando, a diferencia de 2025, se realizaron tanto las PASO como las elecciones generales.

La diferencia entre ambos procesos electorales fue de $14.478 millones, que equivalen a unos US$ 9,5 millones.

De esta manera, pese a que en 2025 hubo un solo despliegue electoral nacional en lugar de dos, el gasto se redujo apenas 3% en términos reales. El estudio detectó que uno de los principales factores que neutralizaron el ahorro fue el fuerte incremento de los costos logísticos.

El servicio prestado por el Correo Argentino demandó $225.113 millones durante las elecciones de 2025 y alcanzó así el valor más alto de toda la serie histórica analizada por la fundación. Ese concepto representó el 48% del gasto electoral total del año.

El costo fue incluso superior al registrado en años con tres jornadas electorales. En las presidenciales con balotaje de 2015 y 2023, por ejemplo, el gasto logístico había promediado $190.797 millones, mientras que en las legislativas con PASO de 2017 y 2021 el promedio fue de $183.687 millones.

La eliminación de las primarias sí produjo una reducción en otros rubros. Las transferencias destinadas, entre otros conceptos, a impresión de boletas, aportes extraordinarios de campaña y el operativo de seguridad cayeron $129.652 millones respecto de 2023. Ese ahorro, sin embargo, fue compensado en buena medida por el aumento de los gastos logísticos. 

Éforo también comparó las elecciones de 2025 con las legislativas de 2009, las últimas realizadas antes de la implementación de las PASO.

A precios constantes de 2025, aquellos comicios demandaron $296.967 millones, por lo que las legislativas del año pasado, aun sin primarias, resultaron un 58% más costosas en términos reales.

“Que el gasto de 2025 no haya retornado a los niveles previos a las PASO, ni se haya reducido a la mitad frente a 2021 sugiere una fuerte rigidez a la baja”, señaló el informe.

La vicepresidenta de Fundación Éforo, Carla Pitiot, planteó además la necesidad de contar con mayor información sobre la composición de las erogaciones electorales.

“Transparentar la composición de estos gastos es una condición necesaria para que la ciudadanía pueda evaluar tanto la eficiencia del sistema electoral como la equidad de la competencia política”, afirmó.

El informe fue elaborado a partir de información oficial de Presupuesto Abierto y el Presupuesto Nacional del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y datos del INDEC, y reconstruyó la evolución del gasto público electoral entre 2007 y 2026.

Los resultados adquieren relevancia en momentos en que el Gobierno busca avanzar en el Congreso con la eliminación definitiva de las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y utiliza el ahorro fiscal como uno de sus principales argumentos para impulsar la reforma. (con información de NA)

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos necesarios para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.

“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo Pascual, quien remarcó que no desconoce la problemática de los delitos cometidos por menores.

En ese sentido, explicó que su preocupación está vinculada con las condiciones de alojamiento y las herramientas disponibles para quienes ingresen al sistema.

“Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, señaló.

La jueza también rechazó las críticas que recibió por su resolución y aseguró que no se opone a que la edad de imputabilidad se reduzca a los 14 años. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, respondió ante los cuestionamientos.

La suspensión fue dispuesta luego de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

Para la magistrada, antes de ampliar el universo de adolescentes alcanzados por el régimen penal es necesario garantizar que existan establecimientos, personal especializado y recursos suficientes para aplicar las medidas previstas.

La decisión tiene carácter preventivo y se extenderá durante 60 días, período en el que la Justicia buscará que las autoridades bonaerenses informen cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará. (con información de NA)

Diego Santilli, Patricia Bullrich y Luis Petri coincidieron en responsabilizar al Gobernador por el impacto del fallo y plantearon que la medida favorece a quienes cometen delitos. “En la provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió Bullrich en X.

Santilli también criticó que el mandatario provincial no se haya pronunciado aún sobre el fallo. “Aturde el silencio de Kicillof ante la suspensión del nuevo Régimen Penal Juvenil. En la provincia, si un delincuente de 14 años te mata para robarte, queda impune”, sostuvo. El jefe de Gabinete cerró con una acusación que coincidió con el tono de Bullrich: “Una vez más, el gobernador del lado del delincuente, nunca de la víctima”.

Petri llevó la misma discusión al mismo análisis, pero también acusó a la magistrada de haber frenado una reforma que el oficialismo considera central para endurecer la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores. “El nuevo Régimen Penal Juvenil duró dos días en la provincia de Buenos Aires porque una jueza kirchnerista hoy ya decidió suspenderlo”, escribió Petri, que defendió la ley debatida por el Congreso. “Aprobamos esta ley para terminar con la impunidad de quienes delinquen siendo menores; no hay excusa para no aplicarla”, agregó.

El Gobierno endureció las críticas a Kicillof

La ofensiva del oficialismo combinó el rechazo al fallo que frenó la baja de imputabilidad a chicos de 14 años con cuestionamientos a la gestión bonaerense en materia de seguridad. Bullrich sostuvo que existe “una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias” y describió una situación en la que, según afirmó, los bonaerenses viven con miedo. “Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, afirmó.

Petri puso el foco en las víctimas y responsabilizó tanto a Kicillof como al Poder Judicial por la interrupción del nuevo régimen. “Las víctimas no pueden seguir pagando la improvisación y el abandono de Kicillof y la Justicia provincial. Hagan cumplir la ley”, reclamó.

La reforma tiene como antecedente el proyecto que Bullrich, cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad, y el entonces ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona enviaron al Congreso, aunque la iniciativa sufrió modificaciones clave durante el debate legislativo antes de convertirse en la Ley 27.801.

La norma entró en vigencia a nivel nacional el sábado pasado y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. El nuevo régimen redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y reemplazó el sistema que regía desde 1980.

El argumento de la jueza para frenar la aplicación

La jueza Marta Elba Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad y puso bajo análisis las condiciones del sistema para recibir a los jóvenes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por la reforma.

La magistrada sostuvo que debe determinarse si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez” y advirtió que la nueva legislación podría incrementar la cantidad de menores detenidos y la permanencia en los centros de alojamiento.

También convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, en la que funcionarios bonaerenses deberán explicar qué medidas adoptaron para implementar el nuevo régimen y qué acciones tienen previstas. Hasta entonces, la aplicación de la ley permanecerá suspendida en la provincia. (con información de TN)

El Ejecutivo sostuvo que las tres primeras “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido” para operar en el territorio, en violación de la Ley 26.659, y que la denuncia alcanza también a sus accionistas.

El comunicado agregó que que la acción se dirige, además, contra “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hubiesen intervenido en el hecho.

La Casa Rosada encuadró la medida como “una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, “por ser parte integrante del territorio nacional”.

En el mismo comunicado, el jefe de Estado instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, a priorizar en el proyecto de Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos de seguridad nacional.

El anuncio se produce pocos días después de la cadena nacional en la que el Presidente adelantó un paquete de medidas diplomáticas, administrativas y legislativas para frenar el avance de proyectos hidrocarburíferos en Malvinas, en particular el yacimiento Sea Lion.

En esa línea, el Ejecutivo ya había adelantado reformas a la Ley 26.659, sanciones a operadoras y proveedores, y el envío al Congreso de un proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional.

El comunicado cierra con el compromiso de seguir investigando y promoviendo “las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos” y presenta ambas medidas como parte de “una política integral” para defender el territorio, proteger recursos naturales y resguardar intereses estratégicos.

La semana pasada, el gobierno anunció una serie de medidas para reforzar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas y frenar el proyecto de explotación petrolífera offshore de Sea Lion.

Entre los anuncios centrales, el Presidente confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, el envío al Congreso de un Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan sin autorización argentina en las Islas, y un llamado a toda la dirigencia política, sin distinción de signo partidario, a sostener un frente común en torno a la causa.

Por fuera del reclamo histórico de la Argentina, el Presidente habló sobre una nueva amenaza a la soberanía nacional. “Hemos logrado determinar que el proyecto Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore en algún momento de los próximos meses”, advirtió Milei.

En ese escenario, sostuvo que, de no actuar con “firmeza y celeridad”, el Reino Unido “en pocos meses” tendrá “la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”. El Presidente aclaró que Sea Lion “es solo uno de los proyectos que están avanzando” en las Islas y que existen “otros proyectos y otras empresas” que también representan una amenaza para los intereses estratégicos del país.  (con información de TN)

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, señaló el funcionario israelí en su cuenta de X.

Ben Gvir sostuvo que “los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino. Los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí…

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) September 7, 2026

“Le hago un llamado al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, indicó Ben Gvir.

En una primera reacción a esta postura, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, dijo en X: “El ministro de Seguridad Nacional de Israel pidiéndole públicamente al primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu que el Estado de Israel reconozca que las Islas Malvinas son territorio argentino ocupado ilegítimamente por los británicos. Prepárense”. (NA)

Los dirigentes gremiales piensan avanzar en un esquema de paros continuos ante la falta de diálogo con la administración libertaria. 

Entre otros motivos, la disposición de la huelga obedece al fracaso de la paritaria del sector y al rechazo de la oferta salarial del 3% presentada por la gestión de Javier Milei. En concreto, es el reclamo medular ya que plantearon que la propuesta resulta insuficiente frente a un retraso salarial que estiman en un 32% solo de 2026. 

En este marco, la medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario —vigente desde hace más de 300 días— y de la medida cautelar que ordena al Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes, así como actualizar las becas estudiantiles.

"El Gobierno ofrece un 3% cuando el aumento salarial que resta otorgar para recuperar lo perdido ronda el 32%. Es una provocación y una muestra más de que no tiene voluntad de cumplir la Ley de Financiamiento Universitario", sostuvo Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN y uno de los referentes de la CGT.

Asimismo, Ricci ratificó la continuidad de las acciones gremiales para los próximos días: "Vamos a sostener y profundizar el plan de lucha. La semana próxima continuaremos con nuevas medidas de protesta y visibilización, hasta que el Gobierno cumpla la ley. No estamos defendiendo solamente nuestros salarios: estamos defendiendo la universidad pública, la ciencia, la tecnología y un modelo de país con desarrollo, soberanía y futuro".

Finalmente, el dirigente remarcó el respaldo de la sociedad argentina a los reclamos del sector universitario, al tiempo que advirtió que la situación afecta el normal funcionamiento de las casas de altos estudios, a investigadores y a la comunidad académica en general.

En el oficialismo, en tanto, responden que los sindicatos “juegan deliberadamente” para la oposición luego de realizar ofertas salariales que, consideraron, se encuentran encima del promedio de la inflación. 

Uno de los funcionarios al tanto de las conversaciones con los gremios de la educación superior expresó que sus referentes apuestan al desgaste del oficialismo. Y, paralelamente, a generar un escenario similar al de 2025, año en el que la oposición en el Congreso consiguió mayoría para sancionar la Ley de Financiamiento Universitario, uno de los ejes de la pelea. (NA)

La Ley 27.801 había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre y este lunes fue reglamentada por el Gobierno. La norma reemplazó el régimen penal juvenil vigente desde 1980, al bajar la edad mínima de imputabilidad de 16 a 14 años.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”. Pascual sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos.

La jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán presentarse funcionarios del Poder Ejecutivo provincial responsables de la implementación de la norma para explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos. El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses quedaron a cargo de garantizar el cumplimiento de la suspensión mientras dure la medida.

La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial en marzo de este año, establece un máximo de 15 años de privación de la libertad —incluso en casos de concurso de delitos—, prohíbe las penas perpetuas, permite el cumplimiento de dos tercios de la condena bajo detención y el resto bajo otras sanciones, e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé sanciones alternativas como prohibiciones de acercamiento, tareas comunitarias, reparación del daño y amonestación formal.

El fallo generó una rápida reacción política. La senadora libertaria y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a través de la red social X: “En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad. Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias. Qué terror vivir en una provincia que ignora a los argentinos de bien, donde el delincuente tiene vía libre y, si las hace, no las paga”, escribió. (TN)

Este ingreso al RIGI quedó autorizado mediante la Resolución 1468/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se calificó a la iniciativa como un "Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo" (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.

La iniciativa plantea la construcción, operación y gerenciamiento de una planta de urea granulada, que es un insumo clave para el sector agropecuario, y generará más de 4.800 puestos de trabajo durante la obra. Además, según la resolución, “el proyecto prevé exportaciones por más de US$800 millones anuales, generando un impacto positivo en la generación de divisas”. Según estimaciones de la compañía, el proyecto permitirá generar alrededor de US$ 1.000 millones anuales entre sustitución de importaciones y exportaciones. Brasil será el principal destino de las ventas externas, ya que ese país importa entre 7 y 8 millones de toneladas de urea por año.

De acuerdo al texto oficial, el complejo industrial se montará en el ámbito del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, específicamente en el Puerto de Ingeniero White, con una extensión aproximada de 80 hectáreas. También se destacó que “su ubicación resulta estratégica, en virtud de su proximidad al puerto de aguas profundas, lo que facilita las operaciones de exportación y de su conexión con los gasoductos que posibilitan el abastecimiento de gas proveniente de Vaca Muerta”.

Durante la etapa de construcción, el proyecto generará más de 3.500 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Una vez en operación, la planta empleará alrededor de 300 personas y producirá 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La infraestructura técnica constará de dos plantas gemelas de urea granulada, con capacidad de producción de 3.000 toneladas diarias cada una, junto con sus correspondientes unidades de granulación. El complejo se completará con una única planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día que producirá el dióxido de carbono y el amoníaco requeridos como materias primas para fabricar la urea.

La empresa informó que las plantas “serán construidas con tecnología de última generación, incorporando sistemas que optimizan el uso eficiente de la energía y minimizarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2), con un moderno sistema de antorchas y de seguridad, garantizando la protección de la comunidad, los empleados y el medio ambiente”.

Actualmente, las exportaciones de urea de origen nacional son cuasi nulas, lo que obliga a la Argentina a afrontar un déficit comercial estructural mediante la importación de aproximadamente 1,3 millones de toneladas por año de este fertilizante.

La ejecución del proyecto "Fertilizantes" no solo apunta a cubrir el consumo agrícola doméstico, sino a posicionar al país como un nuevo proveedor de largo plazo en los mercados globales de urea.

El plan prevé que los desembolsos se ejecuten en dos etapas entre 2026 y 2029. La primera irá desde el 17 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2027 centrada en las actividades iniciales de ingeniería y procura de equipos, con una inversión estimada en US$1.105 millones.

La segunda etapa se extenderá desde el 1 de enero de 2028 al 16 de diciembre de 2029, focalizada en el montaje de equipos, comisionado y puesta en marcha final, con un desembolso proyectado de US$1.588 millones.

Por otro lado, se estipuló que el monto inicial a invertir en los dos primeros años contados desde la notificación administrativa alcanzará un total de US$1.666 millones, repartidos en US$785 millones durante el primer año y US$881 millones durante el segundo.

La contratación para el desarrollo de la obra se estructuró bajo la modalidad de Contrato EPC "llave en mano" (Engineering, Procurement and Construction) y fue adjudicado al consorcio integrado por la firma internacional Tecnimont y la local SACDE S.A.

El proyecto será desarrollado por Tecnimont, perteneciente a la unidad E&C Solutions de MAIRE, y por SACDE. Tecnimont tendrá a su cargo las tareas de ingeniería y compras (procurement), mientras que SACDE ejecutará la construcción de la planta. La tecnología será provista por Nextchem, a través de su subsidiaria Stamicarbon, junto con KBR, compañías reconocidas a nivel mundial por el desarrollo de tecnologías para plantas de fertilizantes.

Tecnimont, por su parte, cuenta con experiencia en la construcción de más de 100 plantas de amoníaco y 75 plantas de urea en distintos países.

El Ministerio de Economía autorizó con carácter excepcional que la participación de SACDE S.A. sea computada para alcanzar el cupo obligatorio del 20% de participación de Proveedores Locales. (La Nueva., con información de NA)

Durante el encuentro también se resolvió que este martes el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, se sumen a la Mesa Política para “seguir ordenando los próximos pasos” vinculados a la estrategia para reforzar la soberanía sobre las islas.

En el Gabinete se analizó además el impacto mediático y general de las medidas anunciadas en la cadena nacional, entre ellas las sanciones a las empresas que operen en la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina, el envío de fondos para la construcción de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, cuyo tratamiento quedó encausado en la Cámara Baja.

La iniciativa, tal como explicó Milei, tiene tres objetivos. El primero apunta a endurecer las sanciones de la Ley 26.659 contra las empresas —y sus proveedores— que operen sin autorización en las islas, prohibiéndoles contratar en el país y habilitando, cuando corresponda, el juicio en ausencia. A su vez, plantea la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que articule a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía con una política de seguridad obligatoria para todo el Estado. Finalmente, busca darle a ese Consejo facultades para responder con herramientas económicas y diplomáticas ante amenazas de actores estatales o no estatales.

Los otros ejes de la reunión

El Presidente también aprovechó el encuentro de este lunes para actualizar las principales variables económicas y los indicadores de actividad.

En ese sentido, Milei volvió a ratificar el rumbo económico y sostuvo que no relajará la política monetaria “bajo ningún concepto”, al considerar que hacerlo sería un error y afectaría tanto la reputación construida como los resultados obtenidos hasta el momento.

A su vez, destacó el dato de las 17.155 desregulaciones impulsadas desde el área que conduce Federico Sturzenegger desde el inicio de la gestión. Con ese pie, el funcionario presentó ante sus pares los detalles de la nueva ley de Mercado de Capitales, que se encuentra en elaboración. Según explicaron fuentes de la cartera a este medio, la iniciativa ya está lista para ser enviada al Congreso cuando así lo disponga la conducción política del Ejecutivo.

El encuentro de este lunesoy vino a efectivizar una decisión tomada por Milei: convertir los encuentros con su equipo en una instancia fija de seguimiento político y de gestión. Según fuentes oficiales, la reunión de Gabinete “queda fija todos los lunes” a las 10, con el objetivo de darle mayor frecuencia al control de cada área de gobierno.

El Presidente ya había reunido a sus ministros el lunes 24 de agosto y repitió el encuentro el martes pasado, con los avances sobre la política nacional vinculada a Malvinas como uno de los temas centrales. De esa manera, el Gobierno suma un nuevo encuentro semanal paralelo al de la mesa política -celebrado todos los martes-, luego de varios meses donde el Gabinete solo acudía a Balcarce 50 en ocasiones puntuales y más esporádicas.

En esta edición, la reunión en el Salón Eva Perón volvió a contar con la participación de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; y los ministros Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Alejandra Monteoliva (Seguridad); Sandra Pettovello (Capital Humano); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia); y el canciller Pablo Quirno; además del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora nacional Patricia Bullrich. (con información de TN)

Esta medida busca generar recursos adicionales de entre $35.000 y $40.000 millones mensuales, que serán destinados al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) para financiar programas de salud, educación, desarrollo social y políticas de prevención y asistencia contra la ludopatía.

Este porcentaje se aplicará particularmente a todos aquellos juegos que generen premios instantáneos y apuestas sucesivas, sin embargo, y de acuerdo a lo informado, las apuestas deportivas quedan excluidas de este gravamen. 

Asimismo, dicha retención impactará en las siete plataformas legales que se encuentran habilitadas en el territorio bonaerense: Bet365, Betano, Betsson, BetWarrior, Bplay, Sportsbet y Stake. 

Por medio de la Resolución N° 1.149/2026, firmada el 1° de septiembre, el aporte reglamenta una herramienta ya prevista en la Ley Provincial 15.079 del año 2018: los apostadores son los sujetos alcanzados, mientras que las empresas operadoras actúan como agentes de retención, a través de declaraciones juradas semanales y pagos mensuales. 

Con respecto a este tema, y desde el Ejecutivo provincial, se hizo un punteo sobre los avances de la Mesa Interministerial orientados a proteger a la población vulnerable, en especial a los más jóvenes, que conforman una porción importante de personas afectadas por esta práctica. 

En principio se habilitó la identificación biométrica, que es un bloqueo del acceso de menores de edad a plataformas legales mediante reconocimiento facial y validación de identidad.

También se generaron acciones contra el juego clandestino, debido a que se realizaron más de 800 denuncias penales y se logró la eliminación de 537 sitios ilegales y el reporte ante Meta de más de 100 influencers que promocionaban plataformas no autorizadas. 

Por último, señalaron la "atención sanitaria", que es la ampliación de la red de asistencia en los 10 centros de prevención provinciales y hospitales especializados para menores de 18 años con conductas compulsivas. (NA)

Según se explicó, esto ocurrió a partir de que Vialidad Nacional dejara caer la causa civil y no continuara con el reclamo. Por ello, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal le dio lugar a la "caducidad de la instancia" y dio por terminado el juicio.

De esa manera, la Justicia calculó los honorarios que el Estado le debe pagar a los abogados, aunque Vialidad Nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema para intentar revertir la decisión.

El origen del reclamo es un juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández contra la expresidenta y otros involucrados en la causa. 

Tras dicha decisión, los abogados de los acusados y absueltos pidieron que se establezcan los honorarios correspondientes por su participación en el expediente. Sin embargo, la Cámara frenó el trámite de regulación el 14 de julio, a la espera de que la Corte Suprema resuelva si revierte la decisión o si se confirma que el Estado dejó caer el juicio.

En ese marco, el pasado 4 de agosto los abogados de la exmandataria, Luis Goldín y Fernando Muriel, se presentaron ante el máximo tribunal para destrabar el cobro de los honorarios y denunciaron "privación de justicia".

El mayor honorario corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, con unos 3.714 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente US$ 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su función como apoderado.

Cuánto cobrarán los abogados

Se disputan unos 13.614 millones de pesos para un total de 12 letrados, casi 10 millones de dólares, de los cuales el abogado que más debería cobrar es Miguel Ángel Arce Aggeo.

Así se distribuye dicho monto:

• Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604
   
• Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno
   
• Luis Goldín: US$ 359.354
   
• Fernando Muriel: US$ 216.410
   
• Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo, Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por defensa
   
• Oscar Luis Vignale: US$ 866.320. (con información de NA)

Abonados por ANSES, hay diferencias significativas entre los montos que reciben los beneficiarios, entre quienes se encuentran viudas de exmandatarios e incluso la hija de un expresidente.

El dato surge de un informe de Clarín que indica que el desembolso mensual asciende exactamente a $203.835.765,06, mientras que los montos individuales se ubican entre los $12 millones y los $26 millones brutos mensuales.

El monto mayor es el que percibe el expresidente Alberto Fernández, con más de $26 millones (el 30% lo destina al pago de la cuota alimentaria de su hijo Francisco). 

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se trata de un monto que equivale a 52 jubilaciones mínimas de unos $498.000 mensuales (haber mínimo más bono de $70 mil).

Por su parte, el exvicepresidente, gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli -y actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes- percibe el menor monto, con $12,5 millones mensuales.

La lista de 11 beneficiarios de jubilaciones y pensiones de privilegio

• Alberto Fernández: $26.092.447
• Mauricio Macri: $25.043.153,46
• Adolfo Rodríguez Saá: $23.999.253,02
• Zulema Yoma: $20.618.733,63
• Gabriela Michetti: $18.192.138,24
• Julio Cobos: $17.999.446,65
• Inés Pertiné: $17.561.990,73
• Beatriz Nelly Andrés (viuda del expresidente de facto Roberto Levingston): $16.214.248,39
• María Estela Martínez de Perón: $12.936.493,68
• Amalia Carmen Guido (hija del expresidente José María Guido): $12.691.238,04
• Daniel Scioli: $12.486.621,66

Esta lista no incluye a Cristina Kirchner, quien volvió a percibir por una medida cautelar la pensión de Néstor Kirchner, de $16 millones por mes. (NA)

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizada este miércoles por las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno busca convertir en una de las banderas de su gestión.

La propuesta establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

De esta manera, el Gobierno pretende restringir una herramienta que, según sostiene el oficialismo, fue utilizada durante años para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones principales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de que busca "cuidar el valor de la moneda".

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará impulsar esta semana es el de Inocencia Fiscal, que será tratado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En paralelo, el Senado buscará avanzar el miércoles a las 15 con el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General.

El oficialismo espera obtener dictamen luego de los cambios acordados durante las conversaciones mantenidas con ministros provinciales y senadores dialoguistas.

La estrategia parlamentaria del Gobierno apunta a avanzar con las iniciativas económicas durante septiembre y despejar el escenario legislativo antes de que Diputados concentre su actividad en el tratamiento del Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno buscará durante las próximas semanas consolidar una agenda legislativa que combine sus principales proyectos económicos con iniciativas acordadas con sectores aliados y bloques dialoguistas. (NA)

Así se informó en el Decreto 875/2026 publicado en el Boletín Oficial, en el cual se indica además que el Ministerio de Justicia fue designado como autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, a la vez que estableció mecanismos para el seguimiento de los jóvenes, la asistencia a las víctimas y la coordinación con las provincias.

“Por la Ley N° 27.801 se estableció el Régimen Penal Juvenil aplicable a las personas adolescentes desde 14 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad y se fijó como finalidad del régimen fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”, indicó.

Además, en el escrito se señaló: “Créase, en el ámbito del Ministerio de Justicia, el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil como dispositivo permanente de articulación interministerial para la implementación de la Ley N° 27.801”.

El mismo tendrá las siguientes funciones:

a) Coordinar la actuación de los Ministerios enumerados en el artículo 6° del presente decreto, en los temas que requieran intervención conjunta.
b) Elaborar lineamientos comunes en materia de prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes alcanzados por el régimen.
c) Promover el intercambio de información estadística y técnica entre las carteras integrantes.
d) Emitir recomendaciones no vinculantes a la Autoridad de Aplicación sobre los aspectos transversales del régimen.
e) Instrumentar la articulación interinstitucional necesaria para la ejecución de las penas previstas en el artículo 12 de la Ley N° 27.801, en los aspectos administrativos y operativos que resulten de competencia de los Ministerios que integran el Comité.

En tanto, se indicó que el Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil estará integrado por: “Un representante del Ministerio de Justicia, que ejercerá la coordinación, un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, un representante del Ministerio de Capital Humano y un representante del Ministerio de Salud”.

La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo y la misma estableció que entraría en vigencia 180 días después de su publicación, mientras que el decreto reglamentario dispone que comenzará a regir conjuntamente con ella.

También se señaló que en el ámbito del Ministerio de Justicia se crea la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil “como espacio permanente de articulación entre el orden nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”.

La misma tendrá las siguientes funciones:

a) Promover la armonización de criterios técnicos y procesales entre las jurisdicciones.
b) Intercambiar experiencias y buenas prácticas en la implementación del régimen.
c) Facilitar la suscripción de los convenios de colaboración y cooperación referidos en el artículo 17 del ANEXO I del presente decreto.
d) Elaborar recomendaciones no vinculantes en materia de implementación.

La Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil estará integrada por “un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación; los representantes que designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno por cada jurisdicción y los representantes que, en su caso, designen la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada una de ellas”. (NA)

En declaraciones televisivas, el titular de la diplomacia argentina detalló que la batería de decisiones fue fruto de "un trabajo de meses" y reveló que tras la comunicación oficial no cesó de "atender llamados de empresas". En ese contexto, manifestó la expectativa del Gobierno de recibir el acompañamiento de potencias y naciones aliadas: "Esperamos que los países amigos nos apoyen".

Quirno desestimó que la iniciativa responda a una estrategia para revertir eventuales caídas de imagen del mandatario, al asegurar que a Milei "le va perfectamente bien en las encuestas" y que "el apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario". En esa línea, resaltó el respaldo otorgado por entidades como el G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA), al sostener que la causa del Atlántico Sur "es un objetivo común a todos".

Respecto de la instrumentación legal del paquete soberano, el funcionario justificó que Cancillería sea la autoridad de aplicación debido a que se trata primordialmente de un asunto de política exterior. 

A su vez, confirmó que el Poder Ejecutivo ultima los detalles para enviar formalmente la iniciativa al ámbito parlamentario: "Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible".

"Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene el país de acá en adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre", concluyó Quirno, al tiempo que acusó a los bloques opositores de "intentar implantar malas noticias porque no tienen resultados". (NA)

La iniciativa llega en un contexto en el que la relación de los hogares argentinos con la vivienda cambió de manera significativa en las últimas dos décadas. A nivel nacional, la proporción de propietarios se redujo y aumentó el peso de los hogares inquilinos.

Hoy viven unas 30 millones de personas en los aglomerados urbanos del país y poco más de 5,5 millones son inquilinos. Entre 2007 y 2026, los hogares propietarios pasaron de representar el 67,4% al 64,1%, mientras que los inquilinos aumentaron del 13,8% al 18,4%. Eso significó un crecimiento relativo del 32,9% en la cantidad de hogares que alquilan.

El cambio del mapa de la vivienda es todavía más marcado en algunos grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, la proporción de hogares inquilinos pasó del 22,9% al 35% en el mismo período.

El grupo etario que tiene mayor proporción de inquilinos es el que integran las personas de entre 30 y 45 años. A nivel nacional, el 25,5% de ese conjunto no tiene vivienda propia y en la CABA el porcentaje llega al 48,3%.

Los datos surgen de un reporte elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de la plataforma VivienDATA, en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec.

Más inquilinos y menos propietarios: cómo cambió el acceso a la vivienda en los últimos 20 años

La pérdida de poder adquisitivo y las dificultades para acceder al crédito hipotecario aparecen entre los factores que explican el aumento de los inquilinos y la menor cantidad de hogares propietarios.

El informe de ACIJ compara el primer trimestre de 2007 con el mismo período de 2026 y muestra los cambios en diferentes aglomerados urbanos del país:

• CABA: la cantidad de hogares inquilinos pasó del 22,9% al 35% del total de la población. Los propietarios disminuyeron del 61,9% al 49,3%.
   
• Partidos del Gran Buenos Aires: El porcentaje de inquilinos subió del 10% al 15,8% y el de propietarios pasó 70,4% al 67,1%.
   
• Gran Rosario: Los hogares inquilinos aumentaron del 14% al 19,8% y los dueños cayeron del 70,7% al 63,9%.
   
• Gran Córdoba: Los inquilinos pasaron del 22,3% al 24,9% y los dueños disminuyeron desde el 58,4% al 50,1%.
   
• Ushuaia-Río Grande: Los hogares que alquilan aumentaron del 21,8% al 27%, mientras que los propietarios pasaron del 62,9% al 61,5%.

El impacto del crédito hipotecario

El programa de estabilización que puso en marcha el Gobierno de Javier Milei desde su llegada se basó en impulsar el crédito y las hipotecas formaron parte de ese plan desde el inicio.

Con la estabilización de la inflación, los préstamos UVA ganaron terreno en la última parte de 2024 y la primera de 2025, hasta que la incertidumbre electoral llevó a una suba de tasas y una consiguiente retracción de la oferta; los dos fenómenos que el equipo económico pretende mitigar con las últimas medidas.

Según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, se contabilizaron 13.953 escrituras con hipoteca durante todo 2025. En lo que va del 2026, se registraron 5111 operaciones con este tipo de préstamos.

Aunque no se pueda correlacionar uno a uno, es muy probable que el repunte del financiamiento esté detrás de la mejora reciente que se observa en los datos de hogares porteños propietarios: pasaron del 42,3% en el primer trimestre de 2024 al 49,5% en el mismo período de este año. En ese lapso, los inquilinos cayeron del 37,4% al 35%.

Alquilar y trabajar después de los 60 años

El análisis de la ACIJ también mostró una relación entre alquilar y trabajar o buscar trabajo. La tasa de actividad alcanza al 66,8% en los hogares inquilinos, frente al 52,9% entre los propietarios.

Dentro del grupo integrado por mayores de 60 años, la brecha es todavía mayor: el 43,8% de quienes alquilan trabaja o busca hacerlo, mientras que entre los propietarios la cifra alcanza al 26,5%. “Una hipótesis posible es que las personas inquilinas en edad jubilatoria deben sostener su participación en el mercado laboral para poder afrontar el pago del alquiler”, indicó el informe.

Finalmente, el reporte destaca que hubo un incremento en la población inquilina de más de 60 años. Si bien a nivel nacional ronda el 7%, para aglomerados como Gran Córdoba, Ushuaia-Río Grande y CABA ya supera el 10% y viene creciendo sostenidamente. Por ejemplo, en CABA la incidencia de personas mayores de 60 años en hogares inquilinos casi se duplicó entre 2007 y la actualidad, al pasar del 5,8% al 10,6%. (con información de TN)

El lunes 14, a las 15, el jefe de Estado volverá a abrir el Salón Héroes de Malvinas para recibir a sus 95 diputados nacionales y 21 senadores. La decisión ya fue comunicada a los respectivos grupos de WhatsApp, de los que también forma parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y desde donde partió la invitación.

El anuncio aclara que Javier Milei les dará una charla sobre el libro La economía en una lección, de Henry Hazlitt, para explicar su visión económica.

Ese mismo libro fue el que Milei les regaló personalmente a los diputados y senadores con quienes mantuvo un extenso encuentro el pasado 25 de agosto.

La presentación del Presupuesto

El encuentro en la Casa Rosada se dará 24 horas antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

No se descarta la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, para que les brinde un adelanto. De ser así, tendrán una atención especial los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras del Congreso: Bertie Benegas Lynch, por Diputados, y Agustín Monteverde, en el Senado.

Está confirmada la participación de Karina Milei, así como la del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de la senadora Patricia Bullrich, jefa de los senadores libertarios.

La agenda parlamentaria

Más allá de las expectativas que genera la llegada del Presupuesto 2027 a la cámara baja, la situación para el oficialismo en ambas cámaras legislativas está marcada por constantes negociaciones con la oposición dialoguista, que incrementó sus reclamos al Gobierno nacional.

La reunión servirá para ordenar la estrategia parlamentaria. No solo en la Cámara baja, donde la oposición más dura pidió una sesión especial para el próximo 9 de septiembre para tratar los proyectos por el constante endeudamiento de las familias y la prórroga de la ley que declaró la Emergencia en Discapacidad. La convocatoria, además, lleva la firma de varios bloques aliados al oficialismo, cuyos gobernadores mantienen reuniones periódicas con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Es el caso de los representantes de Catamarca, Salta y Misiones, cuyos mandatarios, Raúl Jalil, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, respectivamente, mantienen diálogo con los funcionarios nacionales.

A pesar de las posturas de la oposición, La Libertad Avanza abrió en Diputados las comisiones de Finanzas y de Discapacidad para el tratamiento de los diferentes proyectos, diagramando una hoja de ruta en cada una con la clara intención de firmar dictámenes para fin de mes.

El Senado y sus contratiempos

En la Cámara alta, la posición del oficialismo frente a los sectores dialoguistas también está en plena tensión. Se vio este miércoles en el plenario de comisiones que trató el proyecto de ley de super-RIGI, donde los aliados no solo presentaron nuevas modificaciones al texto ya sancionado por Diputados, sino que algunos se ausentaron del debate.

La situación dejó sin respuestas a la senadora Patricia Bullrich. “Si el super-RIGI está complicado, nos quedamos solo con el RIGI”, señaló la senadora porteña al observar los reclamos de los aliados, en referencia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que ya fue sancionado con la Ley Bases en 2024 y se encuentra en implementación.

Los senadores Carlos Espínola (Convicción Federal), Maximiliano Abad (UCR) y Martín Goerling Lara (PRO) fueron quienes encabezaron los reclamos.

En tanto, otro radical, Flavio Fama, y la tucumana Beatriz Ávila, que responde al mandatario Osvaldo Jaldo, no participaron del plenario encabezado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pese a estar en las instalaciones del Senado. Otra senadora cercana al oficialismo, Julieta Corroza, de La Neuquinidad, también faltó.

El adelanto del Presupuesto

En julio pasado, el Ministerio de Economía envió a Diputados un adelanto del proyecto de ley de Presupuesto 2027. Se trató de un documento con las firmas del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro Luis Caputo, que incluyó algunas estimaciones, aunque sin datos concretos como inflación o precio del dólar.

En el informe, en relación con los precios, el Ejecutivo adelantó para 2027 su expectativa de “una desaceleración significativa de la inflación”, que permitiría “fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares”.

Respecto de la recaudación, el documento proyectó “un leve incremento real anual” durante el trienio 2027-2029, impulsado principalmente por la mejora de la actividad económica y el “incremento de las exportaciones”.

Sobre la política tributaria, el Gobierno ratificó su intención de seguir bajando la carga impositiva, con el objetivo de “devolver recursos al sector privado” y mejorar la competitividad del sector exportador.

El informe también incluyó proyecciones para el mediano plazo: una baja de la tasa de desempleo, mejoras en los indicadores de pobreza e indigencia y avances en la distribución del ingreso, medidos a través del coeficiente de Gini. (con información de TN)