La iniciativa se debatirá la próxima semana junto con la reforma del Banco Central y Mercado Voluntario de Carbono, según señalaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa afectará a mas de un millón de usuarios ya que se elimina el subsidio establecido en 2021 para ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Noticia en desarrollo (NA)

"Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula", afirmó Milei durante una extensa entrevista con el canal de streaming Neura.

El mandatario explicó que la decisión de avanzar con el endurecimiento de las sanciones contra empresas y directivos que realicen actividades de explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina fue tomada en una reunión de Gabinete el lunes previo a la cadena nacional del 3 de septiembre, en la que anunció las nuevas medidas.

"Ni siquiera chequean datos, no saben cómo se decidió hacer la cadena", cuestionó Milei, quien sostuvo que la definición de avanzar con esa política se produjo antes de que se conocieran públicamente los detalles de la iniciativa.

Según explicó, el factor que aceleró la decisión fueron declaraciones realizadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto, cuando manifestó que estaba revisando la posición de su Gobierno respecto de la cuestión Malvinas.

"La cadena es disparada por el comentario de Donald Trump acerca de que estaba revisando la posición frente a Malvinas. Todos hechos exógenos", enfatizó el Presidente.

En ese sentido, Milei rechazó que la política sobre las islas haya sido diseñada con fines electorales y sostuvo que se trata de una estrategia que el Gobierno viene desarrollando desde hace varios años.

"Hay que ser muy estúpido, muy imbécil, si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años. Y que hubo un disparador externo", afirmó.

De todos modos, el mandatario reconoció que el Gobierno aprovechó la situación generada a partir de los dichos de Trump para avanzar con su estrategia sobre las empresas que desarrollan actividades vinculadas con los hidrocarburos en las islas.

"No tiene una intencionalidad política electoral", insistió Milei, y explicó que el objetivo es "meter presión" sobre las compañías para que deban optar entre continuar con proyectos en Malvinas o participar de desarrollos energéticos en territorio argentino.

"¿Cómo es que metemos presión? Lo hacemos desde lo que desarrollamos en la energía, petróleo y gas, y los minerales", señaló.

En ese marco, el Presidente puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta y las condiciones generadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramientas para atraer inversiones hacia el país.

"A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta", sostuvo.

Milei planteó así que la estrategia oficial combina el reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas con los incentivos económicos destinados a fortalecer el desarrollo energético argentino."Si se le suma la geopolítica, entonces se abrió la ventana y nosotros la aprovechamos, pero no tenía ninguna intencionalidad política", concluyó. (NA)

La operación aparece en la planilla anexa al Artículo 42 del proyecto enviado al Congreso. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público y se incluyen US$2.300 millones específicamente para la compra de las tres unidades.

El documento también establece cuál sería su destino: la Base Naval Mar del Plata, históricamente vinculada con la Fuerza de Submarinos y desde donde operaba el ARA San Juan, desaparecido en noviembre de 2017 durante una misión en el Atlántico Sur.

La eventual incorporación tendría así un fuerte peso simbólico y operativo. Desde la pérdida del ARA San Juan, la Armada no logró recomponer plenamente una capacidad que durante décadas constituyó una pieza relevante de su estructura naval.

Sin embargo, la inclusión de los submarinos en el Presupuesto 2027 no significa que la compra esté cerrada. Tampoco implica que los US$2.300 millones estén disponibles como una partida presupuestaria para ejecutar inmediatamente la operación.

ARA San Juan: la abogada querellante aseguró que “tres años en suspenso por 44 vidas resulta ofensivo”

El Artículo 42 autoriza al Gobierno a tomar deuda y negociar el financiamiento, con un plazo mínimo de amortización de tres años. Para que el proceso pueda avanzar, primero deberá mantenerse esa habilitación durante el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Tres submarinos y dos fragatas: el plan de la Armada

La apuesta naval incluida en el proyecto es todavía mayor. Además de los US$2.300 millones para los tres submarinos, se autoriza financiamiento por otros US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, destinadas a la Base Naval Puerto Belgrano.

Entre ambos proyectos, las operaciones de crédito autorizadas alcanzarían los US$3.500 millones. Al tipo de cambio de $1.847,60 por dólar proyectado por el propio Presupuesto para diciembre de 2027, la cifra equivale a aproximadamente $6,47 billones.

La magnitud contrasta con el gasto previsto para el área. El proyecto asigna $3.778.590,5 millones a la función Defensa, un 24,4% más que en 2026. Con una inflación oficial proyectada del 18%, el incremento real rondaría el 5,4%.

Los submarinos y las fragatas, de todos modos, no aparecen entre los proyectos de inversión con crédito presupuestario asignado para 2027. Es decir, la iniciativa habilita el endeudamiento necesario para negociar las adquisiciones, pero no constituye por sí misma una orden de compra.

La Base Naval Mar del Plata quedaría nuevamente en el centro de la actividad submarina argentina si finalmente prospera el proyecto. La elección aparece expresamente consignada en la documentación presupuestaria como destino de las tres futuras unidades.

La iniciativa se inscribe además en el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino (ARMA), lanzado en mayo de 2026 para canalizar recursos hacia la modernización de las capacidades militares.

El Presupuesto también contempla inversiones ya en ejecución. Para la Armada figura una partida de $37.616 millones destinada a la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano.

El futuro de la operación dependerá ahora del Congreso. El tratamiento parlamentario determinará si las autorizaciones de crédito para los submarinos y las fragatas permanecen en la ley finalmente sancionada y, posteriormente, el Ejecutivo deberá conseguir el financiamiento para concretarlas. (NA)

El enfrentamiento ocurrió el último viernes al mediodía en el salón comedor de un parador turístico de esa localidad del sur neuquino, y comenzó por un pedido de Díaz para utilizar un camión de la Comisión de Fomento con el objetivo de trasladar fardos de pasto.

Según relató Infante, le solicitó al exintendente que presentara una nota formal para justificar el gasto que implicaría el traslado y ese requerimiento habría desencadenado la discusión.

“Su primera reacción fue de mucha agresión. Me dijo: ‘hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido’”, afirmó Infante en declaraciones al medio local LM Neuquén. El actual jefe comunal aseguró que el enfrentamiento se extendió durante unos 20 minutos y que, después de los insultos y empujones, intentó sacar a Díaz del lugar.

“Forcejeamos. Ahí es donde él saca de la cintura un cuchillo, un arma blanca de unos veinte a veinticinco centímetros. Y sigue gritando que me iba a matar. Si estiraba el brazo, me apuñalaba”, denunció Infante.

En la reunión también se encontraban la coordinadora regional de la zona Sur, Eliana Rivera, y Raquel Fantini, pareja de Infante, quien según el intendente se interpuso entre ambos durante el momento de mayor tensión.

Tras el episodio intervinieron efectivos del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Infante presentó una denuncia y Díaz fue interceptado y demorado cuando se dirigía hacia el destacamento policial.

El intendente denunció además que posteriormente un hijo del exjefe comunal se presentó en su oficina y lo amenazó, motivo por el cual realizó una segunda presentación policial. Infante atribuyó el conflicto a diferencias políticas y administrativas vinculadas con el manejo de la Comisión de Fomento.

La esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, dio una versión diferente de lo ocurrido: reconoció que durante el enfrentamiento hubo empujones y golpes de puño, pero negó que el exintendente haya utilizado un cuchillo y sostuvo que fue Infante quien inició la agresión al tomar a Díaz del pecho. El exjefe comunal no realizó declaraciones públicas sobre el episodio.

La investigación quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad y tomar los testimonios de las cuatro personas que presenciaron el enfrentamiento para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades penales. (NA)

La decisión estuvo a cargo de la jueza Mariel Borruto, que hizo lugar a la demanda cautelar para suspender perforaciones, instalaciones submarinas y el inicio de la explotación por parte de las empresas pesqueras.

“Como tutela cautelar, las actoras solicitan que se ordene la suspensión del inicio y/o continuidad de las obras; se impidan determinados actos financieros destinados a posibilitar su ejecución; se comunique la existencia del proceso a autoridades regulatorias y mercados de valores; y se requiera a las demandadas la individualización de las entidades financieras, aseguradoras y demás sujetos vinculados con el financiamiento del emprendimiento”, señaló el fallo al que tuvo acceso TN.

Según explicó la magistrada, la decisión “reviste naturaleza cautelar y, por consiguiente, no importa pronunciamiento definitivo sobre la responsabilidad de las demandadas ni sobre la totalidad de las cuestiones que integran el objeto de la acción principal”.

La medida también intima a las compañías mencionadas a presentar, en el plazo de 10 días desde la notificación, una declaración jurada con documentos que permitan conocer el estado actual de Sea Lion.

Deberán informar el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación; la cantidad, ubicación y situación de los pozos; las unidades flotantes y los equipos de perforación contratados; y los principales contratistas y subcontratistas involucrados.

También tendrán que precisar cómo es la estructura societaria utilizada para el proyecto; las entidades financieras y fondos que lo financiaron; los desembolsos hechos, comprometidos o pendientes; las aseguradoras y reaseguradoras vinculadas; los estudios ambientales, análisis de riesgo, modelizaciones de derrames y planes de contingencia.

A su vez, la orden exige que detallen las obras e instalaciones terrestres y portuarias ejecutadas o proyectadas en apoyo del emprendimiento y toda ampliación proyectada o incorporación de pozos vinculada con el emprendimiento.

“Las actoras solicitan también que se prohíba a las demandadas celebrar nuevos contratos de financiación, recibir desembolsos, efectuar pagos y transferencias, realizar aportes de capital, préstamos entre sociedades vinculadas, constituir garantías, afectar activos y realizar otros actos financieros destinados al proyecto”, agregó la jueza.

Por su parte, la jueza solicitó a la Cancillería que informe -en un plazo de 10 días- si las empresas pesqueras involucradas en el proyecto “cuentan o contaron con habilitación, permiso, autorización o consentimiento de autoridad competente de la República Argentina para desarrollar actividades de exploración, explotación o cualquier otra actividad hidrocarburífera en las Islas Malvinas y/o en los espacios marítimos circundantes que integran la Plataforma Continental Argentina”.

Además, le pidió a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, dependiente de la Subsecretaría de Ambiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que detalle si existe en sus registros algún aviso del proyecto presentado o procedimiento de evaluación de impacto ambiental iniciado respecto de Sea Lion y de sus eventuales ampliaciones, por parte de alguna de las pesqueras o firmas vinculadas.

Asimismo, deberá remitir “si se ha dictado a su respecto declaración de impacto ambiental, certificado de aptitud ambiental o acto administrativo equivalente. Y en caso negativo, que comunique al Juzgado el eventual inicio de tal procedimiento si ello ocurriere con posterioridad”. (TN)

Se trata de las 20 medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita el pasado viernes, entre ellas el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero para determinar si tuvo un incremento desmedido en su situación patrimonial.

La investigación se inició tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. La Justicia busca determinar si Tapia tuvo un incremento “injustificado” entre 2016 y 2025, debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.

Según el denunciante, las presentaciones que realizó sobre su patrimonio serían “falsas”, ya que tuvo una suba del 1.000% en ocho años que no tendría correlación con los ingresos que tuvo durante el mismo período. También lo acusan de tener bienes “no declarados”.

Tras haberse sorteado la causa, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero y acceder a todas las declaraciones juradas del mandamás de la AFA durante el período investigado.

También pidió informes a Conmebol sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad y los montos que recibió; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.

Entre las medidas, también se busca información sobre sus bienes, e investiga si realizó envíos de dinero o recibió dinero del exterior y si hizo operaciones con criptoactivos. (NA)

También tendrá lugar en la discusión el Presupuesto 2027 que el presidente Javier Milei envió ayer a la Cámara de Diputados y comenzará a debatirse en la primera semana de octubre.

Santilli recibirá hoy a las 15 horas en Casa Rosada a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Mañana en horas tempranas, junto con el ministro de Economía Luis Caputo, se reunirá con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir. El mismo jueves, pasado el mediodía, Santilli recibirá a Leandro Zdero (Chaco) y por la tarde hará lo propio con Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Para avanzar con la reforma electoral, que tiene entre sus principales iniciativas la eliminación de las PASO o al menos su suspensión en 2027, La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y le faltan 16 aliados para lograr la mayoría de 37.

Por el momento, legisladores que acompañaron al gobierno en votaciones anteriores no definieron su postura y Milei confía en las negociaciones de Santilli para obtener los respaldos necesarios.

Respecto del Presupuesto, siempre se requiere acordar con mandatarios provinciales porque es el momento donde cada uno puede realizar sus planteos para pedir fondos y obras para sus jurisdicciones.

En términos generales, el proyecto contempla un crecimiento del PBI del 4% anual, una inflación del 18% interanual y un dólar de 1.847,6 pesos para diciembre de 2027

“Somos dos naciones occidentales unidas por la libertad y los valores democráticos. Los argentinos que viajan de buena fe, cumplen las reglas y vienen por turismo o negocios deberían poder ingresar a Estados Unidos sin visa”, sostuvo Lamelas.

En su posteo, recalcó que 687.444 argentinos viajaron a Estados Unidos en 2024, mientras que se estima que unos 290.000 viven en EE.UU. Entre los principales destinos figuran Miami, Orlando, Nueva York y Washington D.C.

“Una visa es un privilegio”, recalcó el diplomático y afirmó que “cada caso se decide conforme a la ley, protegiendo la seguridad nacional y los intereses de política exterior de Estados Unidos”.

Lamelas también afirmó que trabaja para traer más inversiones estadounidenses a la Argentina. “Pero la confianza no se declama: se construye. Y cuando hablamos de infraestructura crítica, la respuesta es clara: tecnología confiable”, sostuvo.

El Visa Waiver, una promesa de Peter Lamelas

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener visa waiver para la Argentina. Es una promesa”, afirmó Lamelas durante una entrevista con TN en agosto.

Sin embargo, advirtió que para ello “hay algunos criterios que tienen que lograrse para poder entrar al programa”.

Entre ellos, “tener sistemas de datos que puedan transmitir información hacia los Estados Unidos inmediatamente sobre sospechosos que ingresan al país”, detalló Lamelas.

La Argentina fue incluida dentro del Visa Waiver Program durante los años 90, mientras transcurría el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, la Casa Blanca decidió retirar el beneficio tras la crisis del 2001.

“Quiero lograr que el pueblo argentino vuelva a tener eso”, expresó el diplomático y recordó que “los chilenos tienen eso y los argentinos lo tuvieron antes”.

“Más inversión. Más confianza. Más seguridad. Más libertad. Argentina y Estados Unidos, juntos”, concluyó Lamelas, un médico republicano cercano a Donald Trump. (TN)

"Hay que quitarle al resto de la Provincia el peso del Conurbano". El ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, viene avanzando en una propuesta para modificar la provincia de Buenos Aires federalizando los 27 distritos que integran el AMBA.

Según afirmó en diálogo con el programa Allica y Prieta, que se emite de lunes a viernes de 13.30 a 15 en LU2, se trata de un proyecto que beneficia a todas las partes.

En el marco de las distintas propuestas para reestructurar a la denominada "provincia inviable" (debido a su tamaño, diversidad y baja disponibilidad de recursos), De la Torre sostuvo que su iniciativa no requiere reformas de las constituciones nacional ni bonaerense sino sólo dos leyes, una de la Legislatura y otra del Parlamento, lo cual simplifica su concreción.

La idea es que los distritos del AMBA elijan intendente y cobren sus propias tasas para brindarse servicios básicos de ABL, salud y seguridad, mientras que el resto de los servicios de infraestructura los dará el Estado nacional, "lo cual ya sucede porque las prestadoras de luz, agua y gas de esos municipios dependen de Nación, así como el 80% de las líneas de transporte colectivo y trenes también pertenecen a esa jurisdicción".

A su vez, los habitantes de esas comunas dejarán de tributar Ingresos Brutos mientras que el resto de los impuestos los absorberán las administraciones locales para aplicación directa en sus territorios.

En cuanto al resto de la provincia, indicó, una de las ventajas es que se va a "sacar el costo Conurbano". Según su planteo, regiones como el sudoeste bonaerense aportan más de lo que reciben y buena parte de los recursos que generan van al AMBA por tratarse de la zona más poblada. Al separarse ese área metropolitana, los fondos que se generen en la Sexta Sección también quedarán más a mano para su utilización directa.

En cuanto a la coparticipación federal, la nueva Buenos Aires sin el Conurbano perdería 4 puntos en forma inicial para luego llegar a 7, aunque De la Torre señaló que también perderá al 70% de sus actuales habitantes, con lo cual la relación de coparticipación per capita mejoraría sensiblemente.

El exsenador bonaerense dijo que la pandemia expuso con claridad la existencia de "dos provincias", ya que las regulaciones por la cuarentena se dividían entre AMBA y resto del territorio.

"Mucho de esto que yo planteo ya funciona así. Si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.

De la Torre contó que trabaja con sus equipos técnicos para seguir puliendo la idea, con el objetivo de evitar fisuras.

Finalmente, remarcó: "Esta idea la comenté hace un mes en el programa de Carlos Pagni y rápidamente observamos dos efectos. Uno, que generó interés; el otro, que hasta el momento nadie se opuso".

La iniciativa fue enviada por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, que estuvo a cargo de delinear cómo se distribuirán los fondos en la administración pública para el año venidero, que estará marcado por las elecciones presidenciales, donde el oficialismo buscará la reelección.

El proyecto estima que los gastos totales consolidados alcanzarán los $216 billones el año que viene, lo que representa un incremento del 25,3%. Los recursos totales consolidados provenientes de impuestos y contribuciones a la seguridad social ascenderían a $219,3 billones en 2027, con un aumento proyectado del 26,2%.

Las principales proyecciones del Gobierno

Crecimiento económico: el programa oficial proyecta una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 3% para 2026 y del 4% para 2027.

Inflación: el Gobierno estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) continuará en descenso, ubicándose en el 29% para diciembre de 2026 y cayendo al 18% en diciembre de 2027. Asimismo, calcula una inflación promedio del 21,1% a lo largo de 2027.

Dólar: el esquema contempla un dólar nominal a $1.600 para diciembre de 2026 y a $1.847,6 para diciembre de 2027, junto a una cotización promedio estimada de $1.728 para el año próximo.

Comercio exterior: se proyecta un saldo comercial de bienes de US$16.951 millones este año, con exportaciones de US$124.801 millones e importaciones de US$107.850 millones. 
En 2027 se planea un superávit comercial de US$15.560 millones con exportaciones por US$133.984 millones e importaciones por US$118.424 millones. Al sumar el intercambio de servicios, el superávit proyectado supera los US$15.000 millones.

Cuentas públicas: el Gobierno proyecta mantener un superávit primario del 1,3% del PBI tanto en 2026 ($15.537.381,1 millones) como en 2027 ($18.439.871,9 millones). Por su parte, el resultado financiero arrojaría un superávit del 0,2% del PBI en ambos ejercicios, lo que permitiría encadenar cuatro años seguidos de superávit sin encontrarse la Argentina en default.

Salarios: se prevé un incremento nominal del salario medio del 25,4% para 2027, por lo que si se cumple la meta de inflación significará una recuperación real. (N/A)

La misma consistía en adulterar los recibos de haberes e incluía los viáticos del personal que viajaba al exterior, en los que se liquidaban gastos falsos.

Sin embargo, al menos siete integrantes de la fuerza no quisieron involucrarse y denunciaron el plan ante sus superiores, por lo que el jefe del servicio contable de la institución se presentó en los tribunales de Comodoro Py.

La red, que operaba desde 2022 dentro de la fuerza, solía girar suplementos de sueldo al personal, y quienes aceptaban debían devolver la mitad al departamento contable, algunos de cuyos integrantes se repartían esa diferencia. Además, se realizaban pagos a personas que ya se habían desvinculado.

El Ministerio de Defensa, por su parte, confirmó a través de un comunicado que "se inició una actuación administrativa que permitió determinar inconsistencias en las acreditaciones de sueldos", y añadió que "constatadas las irregularidades, se radicó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Federal Número 2, a fin de que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades, garantizando el debido proceso y el esclarecimiento de la situación".

"La correcta administración de los recursos públicos constituye un compromiso indeclinable para el Ministerio de Defensa, del cual depende la Armada. Existe tolerancia cero frente a cualquier irregularidad en su manejo y se adoptarán todas las medidas que correspondan para garantizar el cumplimiento de la ley", concluye la nota. (N/A)

Según fuentes bien informadas, el mandatario nacional realizaría en horas de la mañana una visita a algunas empresas del Puerto bahiense, y luego se desarrollaría una convocatoria en un hotel céntrico. De hecho, esto último fue confirmado por el concejal libertario Felipe Ferrández a través de sus redes sociales.

En principio, todo era secreto, con banners y flyers que circulaban por internet y proponían estar "atento" para recibir a Milei "como se merece" y saber en qué lugar y horario se podrá hacerlo. Finalmente, se confirmó que será a partir de las 16.30, en el Land Plaza. Allí se espera la mayor concentración de simpatizantes y votantes de La Libertad Avanza.

La presencia del Presidente en nuestra ciudad fue definida como "el comienzo de la campaña 2027". El libertario volverá a Bahía Blanca junto a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien podría convertirse en el candidato oficial a la gobernación bonaerense en las elecciones del año que viene. En principio, a ellos se sumarán otros nombres de peso de su gobierno, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y Sebastián Pareja, diputado nacional y principal armador de Karina Milei en el distrito.

En horas de la mañana del viernes, está previsto que el Presidente visite la empresa Mega, recientemente adherida al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que anunció una inversión de 365 millones de dólares para ampliar su planta de procesamiento de líquidos de gas natural. También podría visitar otras firmas del Puerto bahiense.

Visitas

Esta será la tercera visita de Milei como presidente a Bahía Blanca: el mandatario llegó por primera vez a la ciudad el domingo 17 de diciembre de 2023, un día después del feroz temporal que causó la muerte de 13 personas y graves destrozos en la ciudad.

Milei, que había asumido apenas una semana atrás, viajó acompañado por su hermana y secretaria general Karina Milei, y los entonces ministros Guillermo Francos (Interior), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano). 

Aquella tarde se reunió en la sede comunal de Alsina 65 con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente Federico Susbielles para coordinar la asistencia y evaluar los daños dejados por el temporal en toda la ciudad.

“Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes”, dijo durante su breve estadía.

El segundo paso fue el miércoles 12 de marzo de 2025, cuando viajó para supervisar los operativos de asistencia luego de la dramática inundación del viernes 7, que dejó 18 víctimas fatales, centenares de heridos, miles de evacuados y un grado de destrucción de casas, comercios e infraestructura pocas veces visto.

En aquella oportunidad, estuvo cerca de cuatro horas en compañía de su hermana Karina, Guillermo Francos (jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (ministra de Seguridad).

La comitiva oficial recorrió la zona del canal Maldonado, la Planta Potabilizadora Patagonia y el hospital de campaña montado en el Bahía Blanca Plaza Shopping. (La Nueva., con información de TN)

Las maniobras militares que desarrollan ambos países en la Patagonia se difundieron en las redes sociales y no tardaron en viralizarse; suceden luego del anuncio del gobierno de Milei de fortalecer la presencia militar nacional en el Atlántico Sur.

Además, las acciones de las milicias suceden tras el anuncio del avance del impulso de la construcción de la Base Naval Integrada, una zona estratégica de la provincia austral que, el último viernes, fue recorrida por el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; y los jefes del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y de la Armada, Carlos Romay.

Una de las críticas al despliegue de las fuerzas estadounidenses vino por parte del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó: “La presencia de personal militar de una potencia extranjera en Tierra del Fuego es preocupante. ¿Tienen aprobación del Congreso como exige nuestra Constitución Nacional? El Poder Ejecutivo Nacional debe informar con precisión la situación denunciada por el medio Agenda Malvinas”.

Los ejercicios de Estados Unidos en la región más austral de Argentina fueron aprobados por decretos de necesidad y urgencia por parte del Presidente, a sabiendas de que la cooperación entre ambos países sería reprobada por la oposición en el Congreso.

Con libertad para actuar en el Mar Argentino, la presencia norteamericana se suma al armamento que la Fuerza Armada Argentina sumó durante gestiones de Joe Biden y Donald Trump: los 24 aviones F-16 para la Fuerza Aérea, de origen estadounidense aunque comprados a Dinamarca (llegaron hasta ahora seis). Hay intención, además, de comprar vehículos blindados y los helicópteros Black Hawk para el Ejército. Más fusiles a Israel, el otro aliado. (con información de TN)

Las declaraciones del funcionario se dieron en el marco del evento de la celebración del Día de la Exportación, donde previamente había hablado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Allí, Sturzenegger lanzó una crítica contra la Cámara de la Construcción, a la cual acusó de "regalar plata" mediante los acuerdos salariales realizados con la UOCRA.

"Tenemos a la construcción que está por debajo de donde la recibimos. Habría que preguntarle a CAMARCO por qué firma convenios donde le regala plata a la UOCRA, siendo que el costo de la construcción está tan caro", sostuvo el ministro.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que la construcción viene quedando rezagada por las políticas de carácter económico adoptadas por el Gobierno. El último dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) arrojó una caída pronunciada del 4,5% en julio.

“En realidad no seguimos cayendo, no crecemos. Estamos estabilizados”, dijo el titular de la cámara, Gustavo Weiss. El empresario sostuvo que el sector perdió más de 120.000 puestos de trabajo en los últimos tres años.

En otra parte de su discurso, Sturzenegger defendió el crecimiento que registraron las empresas del sector energético.

"Hay una idea que se escucha, que es que están creciendo las empresas que no crean empleo. Dicen que la energía no crea empleo", planteó el funcionario, aludiendo a las críticas de quienes sostienen que el sector no genera puestos de trabajo. (con información de NA)

La respuesta se produjo después de que el gobierno británico difundiera una guía dirigida a empresas, proveedores e inversores vinculados con las islas. El documento sostiene que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofrece respaldo británico ante eventuales sanciones o reclamos argentinos.

El Ejecutivo rechazó ese argumento y ratificó la aplicación de las leyes 26.659 y 26.915, vinculadas con las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. Según el comunicado oficial, ese marco fue reforzado por el Decreto 868/2026 y permite sancionar a empresas, inversores y proveedores que intervengan directa o indirectamente en actividades no autorizadas.

“Ninguna guía gubernamental extranjera ni decisión comercial privada puede situarse por encima del derecho nacional argentino y del derecho internacional”, expresó la Cancillería. La Casa Rosada busca instalar así que la ofensiva británica no modifica el esquema jurídico con el que pretende aumentar la presión sobre las compañías involucradas.

El Gobierno difundió además datos concretos sobre el alcance de las medidas ya iniciadas. La Cancillería informó que envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países vinculadas con actividades en las islas.

También aseguró que hay 60 procedimientos administrativos en curso y que la Sindicatura General de la Nación realizó tres denuncias penales que alcanzan a 10 empresas y a sus directivos. La intención oficial es ampliar ese esquema a medida que se identifiquen nuevos actores dentro de las cadenas comerciales y financieras.

Uno de los principales focos sigue puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero previsto en la Cuenca Malvinas Norte. La Cancillería mencionó expresamente a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum y volvió a cuestionar las licencias otorgadas para avanzar con la explotación de hidrocarburos.

El comunicado confirma además que el Gobierno convocó a los embajadores del Reino Unido, Irlanda del Norte e Israel para transmitirles formalmente sus objeciones. En esos encuentros, según la Cancillería, se cuestionó el avance de Sea Lion y el conjunto de actos vinculados con licencias, incentivos y contratación de proveedores.

La Casa Rosada considera especialmente relevante el intento británico de atraer compañías internacionales. En el Gobierno entienden que el punto de presión más efectivo no pasa sólo por las empresas radicadas en las islas, sino también por contratistas, financistas, aseguradoras, proveedores e inversores con activos o intereses en otros países.

La respuesta argentina invocó además la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa de soberanía.

El Ejecutivo sostiene que las actividades hidrocarburíferas impulsadas desde las islas generan “efectos futuros potencialmente irreversibles” y comprometen recursos naturales que la Argentina considera propios. Ese argumento será uno de los ejes jurídicos y diplomáticos de la ofensiva que Milei anunció durante la cadena nacional.

La Cancillería reiteró al mismo tiempo que la Argentina mantiene su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido para discutir la soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. (con información de TN)

Según las estimaciones oficiales, el Gobierno espera que la inflación alcance el 21,1% durante 2027 y que el dólar oficial cierre ese año en $1728. Además, la administración proyecta un crecimiento de la economía de 4%.

La información se dio a conocer durante la reunión de mesa política que se realizó en la Casa Rosada este martes. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027, donde incluyó además una suba del salario promedio del 25,4%.

Además, se esperan exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los US$15.000 millones.

Horas atrás, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el presupuesto contemplaba resultado fiscal positivo. “Vamos a estar presentando por cuarto año consecutivo superávit financiero fiscal; va a ser la primera vez en nuestra historia que, no estando en default, Argentina tiene cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera. Es un dato para remarcar”, adelantó.

El dato de inflación será uno de los principales indicadores a seguir. El Gobierno calcula que los precios subirán 21,2% en 2027, una estimación que marca también el cálculo de los recursos y las partidas de gasto previstas para el próximo ejercicio.

En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar oficial de $1728 al cierre de diciembre de 2027. La proyección es una de las referencias para estimar tanto la evolución de los ingresos vinculados al comercio exterior como el impacto de las obligaciones del Estado denominadas en moneda extranjera.

El escenario oficial también incluye una previsión de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 4% para el año próximo.

El proyecto de Presupuesto establece las pautas para la administración de los recursos públicos durante 2027 y fija las estimaciones de ingresos y gastos del Estado nacional.

Además de las variables macroeconómicas, el documento incluye las previsiones de recaudación, el resultado fiscal, el gasto público y las distintas partidas destinadas a las áreas de la administración nacional.

La presentación del proyecto también permite conocer cuáles serán las prioridades de gasto de la administración de Milei y qué partidas tendrán mayores incrementos o reducciones.

La discusión se desarrollará en el Congreso y tendrá como uno de sus ejes principales las proyecciones oficiales: en particular, si los supuestos de inflación, dólar y crecimiento resultan consistentes con las expectativas del mercado y con las estimaciones de los analistas privados. (TN)

Según explicó Beraldi, un testigo de la causa Cuadernos, donde se investiga la trama de corrupción en el kirchnerismo, aportó bajo juramento una base de datos con el detalle de todos los proveedores de la obra pública durante esos años. A partir de ese archivo, el equipo de la expresidenta encargó una auditoría económico-financiera al economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, junto con André Paiva Ramos y el contador Roberto Yassuo Shiroma, de la consultora Specs, con sede en San Pablo.

El informe pericial, fechado este 14 de septiembre en San Pablo, analizó la planilla “Analítico 2008-2015 Xls”, que forma parte del expediente 9608/2018 que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, y cruzó esos datos con la nómina de empresas del Grupo Austral, el listado de obras de la causa Vialidad y la evolución del tipo de cambio entre el 29 de enero de 2009 y el 10 de diciembre de 2015.

El resultado, según el documento, es que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió en ese período 367 obras, ejecutadas por 114 constructoras, con 3.855 certificados pagados por un total de US$2.200 millones. De esas 367 obras, solo 17 están vinculadas a la causa Vialidad —el 4,63% del total— y corresponden a cuatro empresas del Grupo Austral: Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla, y la Sucesión de Adelmo Biancalani. A esas 17 obras se les pagaron 36 certificados, el 0,93% del total, por un monto de US$18,66 millones: el 0,85% de todo lo desembolsado por la Fuente 14 en el período analizado.

El informe también muestra que esa participación fue decreciendo año a año: representó el 1,63% de los pagos en 2009 y el 3,26% en 2010, cayó al 0,18% en 2011 y fue del 0% entre 2012 y 2015. En el ranking de las 15 constructoras que concentraron el 75% del total financiado por la Fuente 14, ninguna empresa del Grupo Austral aparece entre las principales beneficiarias: el primer lugar lo ocupa IECSA, con el 16,36% del monto total (US$360 millones), seguida por JCR (10,18%), Benito Roggio e Hijos (9,55%), José Cartellone Construcciones Civiles (9%) y Rovella Carranza (5,92%).

Con esos números, la defensa de Cristina Kirchner busca cuestionar el peso que se le dio en la sentencia a la relación entre la expresidenta y el empresario Báez, al que la Justicia consideró beneficiario central de una asociación ilícita montada desde el poder. Beraldi dijo que el hallazgo es “monumental” porque a la expresidenta “se la juzgó como jefa de una supuesta asociación ilícita” solo por haber firmado el decreto presidencial 54/2009, mientras que la evidencia económica muestra que la porción de fondos que recibió el entorno de Báez fue marginal frente al total de la obra pública nacional del período.

Beraldi dio la conferencia junto a los otros abogados de la expresidenta, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego. Buscan reforzar el reclamo ante el organismo multilateral por la condena en la causa Vialidad, por corrupción en el ejercicio de la obra pública en Santa Cruz.

La presentación busca que a Cristina Kirchner se le suspenda su inhabilitación para ejercer cargos públicos y revise su prisión domiciliaria. En su departamento de Constitución, la expresidenta cumple una condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Las claves de la presentación ante la ONU

Los abogados detallaron que la presentación incluyó tres medidas cautelares: la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible” que funcione con tres miembros.

En la conferencia de prensa aclararon que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.

Borrego explicó que una de las cautelares se relaciona con la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire.

El abogado español calificó la condena a la expresidenta como “maniobra de distracción” para evitar que se piense en su proscripción, para que no se presente a elecciones y eso no quita a algunos.

Mientras que Valim, que defendió al actual presidente de Brasil Lula da Silva en la causa Lava Jato, dijo sobre la presentación que “no es un acto de agresión a la Argentina ni a su sistema judicial”: “Estamos planteando que se respeten los derechos de una ciudadana argentina”.

El abogado brasileño dijo que en caso que el comité haga lugar a los planteos presentados, esas eventuales decisiones “son vinculantes”, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas. Aclaró que la presentación únicamente es “documental” y que “no se permiten declaraciones”, consultado sobre la posibilidad de un descargo de la expresidenta. (con información de TN)

La decisión la anunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien aseguró que "LOS DESEQUILIBRIOS DEL PRESIDENTE SON MUY EVIDENTES!!!" por lo que "no hace falta ser un profesional de la medicina para saber que Javier Milei PADECE ALGÚN TIPO DE PSICOSIS".

A través de una publicación en su cuenta de la red social X, el sindicalista sostuvo que "la salud (del mandatario) no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a LA CAPACIDAD PARA EJERCER SU CARGO".

Por lo tanto, consideró "inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir NUMEROSOS REQUISITOS y uno de ellos sea atravesar un EXAMEN MÉDICO PREOCUPACIONAL, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado".

En ese sentido, marcó: "Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA. Además es muy peligroso porque en el caso de Milei, es quien encabeza la administración pública nacional".

A continuación, aclaró: "Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen GOLPISTAS O DESTITUYENTES, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer SI SE ENCUENTRA APTO PARA EJERCER TAN ALTA FUNCIÓN".

Y advirtió: "Porque si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos".

Para concluir, insistió: "Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también EXAMEN PSICOFÍSICOS A TODOS LOS CARGOS ELECTIVOS a partir del año que viene"

Y cerró: "Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. NO NOS PUEDE VOLVER A PASAR".

ATE no es el único que hizo pública su preocupación por la salud del jefe de Estado. El pasado jueves 30 de julio la vicepresidenta, Victoria Villarruel, expresó en su cuenta de X: "Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior". (NA)

“Debemos comenzar por señalar que el Supremo Tribunal de la Nación ha sostenido en reiteradas oportunidades que las leyes que han sido sancionadas de acuerdo a los mecanismos correspondientes, gozan de la presunción de legitimidad, que es lo que las hace operables. Sólo será procedente, eventualmente, su neutralización a través de una declaración de inconstitucionalidad, en un caso concreto”, explicaron los jueces en el fallo.

A su vez, remarcaron que “este Tribunal no minimiza la situación de los jóvenes que hoy se encuentran privados de la libertad en el marco de un proceso judicial en la Provincia de Buenos Aires, pero considera que ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación y tomar las decisiones que crea conveniente dentro de las facultades y alternativas que tiene a su alcance”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene infraestructura ni recursos para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

En ese sentido, agregaron que “la resolución reseñada recibió los embates del apelante, quien básicamente sostuvo que la decisión de la Magistrada implica un avasallamiento de la labor propia de otro de los poderes del Estado, al suspender una ley que fue regularmente sancionada por el Congreso y promulgada por el poder Ejecutivo Nacional”.

A su vez, el Fiscal General Departamental afirmó que la suspensión general de la Ley 27.801 “fue dispuesta sobre la base de una hipótesis acerca de las consecuencias futuras que podría producir su implementación, sin que se hayan acreditado, con elementos objetivos y actuales, las circunstancias que permitirían tener por configurada una afectación concreta de derechos fundamentales”.

Y señaló: “Una cosa es ejercer el control judicial de constitucionalidad frente a una afectación concreta y otra sustancialmente diferente es disponer la suspensión general y preventiva de una ley nacional respecto de todas las personas comprendidas en su ámbito de aplicación, sobre la base de consecuencias que, al momento del dictado de la resolución, no aparecen suficientemente acreditadas”.

“Queda claro entonces que un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar -aún cuando lo haga de manera provisoria y por un plazo determinado-, sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, apuntó el tribunal.

Los argumentos del fallo de la jueza Pascual

Luego de que entrara en vigencia, la jueza Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, decidió suspender por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

La medida cautelar se había dictado al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de la libertad.

Al responder las críticas de su decisión, la magistrada aseguró: “Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Con esta ley no vamos a crear más seguridad”.

 La jueza Marta Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

Pascual aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad, sino con aplicarla sin las condiciones necesarias. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes”, destacó.

En los fundamentos del fallo, la magistrada cuestionó si la Provincia cuenta con “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.

Además, sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”, tanto por los nuevos ingresos como por una mayor permanencia en los centros de detención, y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia” dentro de los propios establecimientos. (con información de TN)

La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.

El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.

La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.

Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.

Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.

El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.

Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.

El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.

El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.

La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)