El Laboratorio Forense del Ministerio Público Fiscal recibió el viernes los 26 aparatos incautados en diciembre de 2024. El trabajo, clave para la investigación por lavado de activos, demandará varias semanas.

Los dispositivos habían quedado a resguardo en el Juzgado de Garantías desde los allanamientos. Nueve se secuestraron el 5 de diciembre de 2024 en la residencia que Kueider y Guinsel ocupaban en el barrio San Vicente de Asunción.

Tras ese operativo les rescindieron el contrato de alquiler y debieron mudarse a Luque. Los 17 restantes se incautaron a Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat, imputados junto al exlegislador entrerriano y su pareja.

La Fiscalía sospecha que se usó dinero proveniente de ilícitos cometidos en la Argentina para adquirir seis departamentos y sus cocheras en un edificio de lujo en Asunción.

Las fiscales Luz Guerrero y Verónica Valdez buscan reconstruir las interacciones entre Kueider y el resto de los involucrados en esas operaciones inmobiliarias.

Benegas y Cousirat figuran como dueños de Golsur, la firma paraguaya con la que se concretaban las compras. La Justicia paraguaya entiende que ambos actuaron como testaferros: adquirieron la empresa meses antes de la detención del exsenador y, de inmediato, le otorgaron a Guinsel un poder plenipotenciario.

La mujer sostuvo que el dinero sin declarar con el que los interceptaron el 4 de diciembre de 2024 pertenecía a Golsur. Por ese episodio, Kueider y su pareja ya recibieron condenas de dos años en suspenso por tentativa de contrabando. (TN)

Así las cosas, el Gobierno parece dispuesto a retroceder de manera categórica con lo que insinuó en el envío del Presupuesto: el desmantelamiento total del sistema de protección social de la Discapacidad.

Entre otros puntos, el proyecto que La Libertad Avanza les hizo llegar a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas, de una veintena de artículos, mantiene el principio de nomenclador único; ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones; asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En el texto también se sostiene que "los gastos que demanden el cumplimiento de la presente ley serán afrontados con las partidas específicas", las que "deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior". 

"El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de ministros, realizará las asignaciones y readecuaciones presupuestarias que resulten necesarias durante el primer ejercicio de entrada en vigencia de la presente norma para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios en esta ley contemplados", se agrega.

Por otra parte, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo. 

En tanto, se incorporará una cláusula transitoria para que se cumpla efectivamente con el cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.

Lo que a priori se dejaría de lado en la redacción del dictamen del oficialismo es el análisis de costos de las prestaciones, y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad.

Para el oficialismo, este dictamen es "superador" porque le quita a la ley el carácter de "emergencia" que vuelve transitorio el régimen de discapacidad y lo convierte en una política permanente, sin fecha de caducidad.

Reunión

La propuesta fue presentada formalmente por la tarde en una reunión que se llevó adelante en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados.

Estuvieron presentes por La libertad Avanza Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Gisele Castelnuovo y Laura Rodriguez Machado; Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Oscar Zago (MID), Javier Sanchez Wrba (PRO), Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martinez (Producción y Trabajo), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad). 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó con la reunión ya avanzada y avaló el curso de las negociaciones, que terminarán de tomar cuerpo este miércoles desde las 12 hs en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

Todos los bloques que asistieron a la reunión, sumado a Independencia (Tucumán) y Por Santa Cruz, firmarán el dictamen, lo que alcanzaría de sobra para ser el de mayoría.

Unión por la Patria, junto a un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el próximo 31 de diciembre.

"Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada", confirmó el diputado nacional de Provincias Unidas Pablo Juliano.

Desde Unión por la Patria, un influyente diputado del bloque al que accedió la Agencia Noticias Argentinas señaló que confiar en el Gobierno es "un acto de fe" y que no están garantizadas las partidas en el Presupuesto.

"Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia", conjeturó el legislador opositor.

Si bien con este "plot twist" el Gobierno hace control de crisis y retoma la iniciativa en un tema tan sensible, en el que acumuló seis derrotas legislativas durante el año pasado, la situación amerita una lectura alternativa: que para evitar un nuevo revés tuvo que acogerse a la agenda de demandas que instaló con éxito la oposición.

Así lo anunció la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, luego de un encuentro en la sede de su cartera junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en la visita.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó la funcionaria.

Según detallaron desde el Gobierno, el feriado nacional se decidió en función de la santa misa frente al Monumento a los Españoles que dará León XIV en la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, Karina Milei anunció durante el encuentro que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el mismo domingo de la llegada del papa, serán invitados los 23 gobernadores al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos, junto con representantes del Poder Judicial y el cuerpo diplomático.

“La reunión fue un éxito y quiero destacar que el papa es para todos los argentinos. Nos hemos juntado todas las fuerzas, hemos llegado a una muy buena relación. Me parece algo muy productivo”, celebró tras la reunión la secretaria General de la Presidencia, y remarcó: “El papa no es de un color político”.

En paralelo, durante el encuentro los representantes del Gobierno, la Iglesia y las diferentes jurisdicciones se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación. También se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en el país.

“Cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos”, aclararon fuentes oficiales.

Tal como confirmaron esta semana las autoridades vaticanas: el Papa tendrá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la provincia de Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de su paso por Uruguay y antes de su viaje a Perú.

En ese contexto, la ministra de Seguridad adelantó este lunes en conferencia de prensa que el operativo por la llegada de León XIV será “el más grande de la historia argentina”, con tres jurisdicciones, tres aeropuertos y un aforo global estimado en siete millones de personas.

El Gobierno buscó además despegar la visita de la coyuntura política, en particular la parada del Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole —un hogar para personas con discapacidad— que coincide con el debate por los recortes al sector en el Presupuesto 2027.

“Celebramos esa visita, es parte del conocimiento de un tema clave en la Argentina. Las políticas las hablamos de manera permanente con actores, incluido la Iglesia”, aseguró el canciller Pablo Quirno. Junto al titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, y el nuncio apostólico Michael Wallace Banach, el funcionario remarcó también que no existen “diferencias fundamentales” entre el Ejecutivo y la Iglesia Católica, pese a las críticas que la CEA había dirigido al Gobierno por ese mismo ajuste presupuestario.

Desde la Conferencia Episcopal, Colombo había celebrado la confirmación de la gira papal como “un punto de llegada y de partida” para la relación entre la Iglesia y el Estado, y expresó su expectativa de que la visita sea “un encuentro de hermanos”.

La reunión de este martes en el Ministerio de Seguridad se enmarca en ese esquema de coordinación conjunta entre Nación, las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y los municipios que participarán del operativo, de cara a los cuatro eventos masivos y los once encuentros cerrados previstos en la agenda del Papa. (TN)

"Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo dos veces", recordó el líder de la Casa Blanca a tan solo unos metros de la mirada del jefe de Estado argentino.

Y expresó: "Estoy fascinado de estar aquí en la segunda reunión del Escudo de las Américas. El Escudo de las Américas es algo muy importante. Tal vez no lo sepan, pero es algo muy importante. Es muy importante, y esta es la alianza más grande y poderosa para la seguridad económica y nacional que jamás se haya convocado en el Hemisferio Occidental".

En ese punto destacó que "ha habido un gran cambio en sus países, un gran cambio hacia la derecha. Eso es algo bueno".

Recordó que "los líderes de antes permitieron durante mucho tiempo que muchas partes del Hemisferio Occidental se desestabilizaran gravemente por la violencia de los cárteles, la migración descontrolada y la injerencia extranjera".

"Y ustedes lo saben mejor que nadie, muchos de ustedes fueron elegidos por esa tercera razón. Estábamos aquí para detenerlo", subrayó ante todos los líderes mundiales allí presentes. (NA)

Desde Cancillería manifestaron que esta nota "de protesta" expresa el "enérgico rechazo" del Gobierno argentino ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto a la "pretendida extensión" de licencias de producción de hidrocarburos "offshore", así como de la "pretendida aprobación" para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

"La República Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al derecho internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina", indicaron a través de un comunicado.

Asimismo, la cartera comandada por Quirno recordó que la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía "vulnera flagrantemente" la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y el Reino Unido a "abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación" mientras se encuentre pendiente la resolución pacífica de la controversia.

De esta manera, el Gobierno nacional sostuvo que impondrá "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" que estén a su alcance para "defender" los derechos soberanos y asegurar que quienes pretenden explotar "de manera ilegal" los recursos naturales nacionales, "respondan ante la ley".

"Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes. La República Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con la resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU", concluyeron. (NA)

El magistrado determinó que la gestión de Javier Milei no acató lo precisado en la medida cautelar vigente que incluye la actualización de becas y salarios.

Por lo tanto, estableció un plazo máximo de cinco días para que el oficialismo cumpla la disposición que fija un aumento salarial al personal docente y no docente de las casas de altos estudios y una suba en el presupuesto destinado a las becas.

Cormick advirtió que si el oficialismo continua sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.

Hace unas semanas, el juez no había hecho lugar a la solicitud de la administración libertaria que pidió levantar la cautelar porque sostuvo que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.

Al mismo tiempo había intimado al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento al que se había llegado.

Hoy el magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.

Desde la política, el diputado Esteban Paulon recordó en su cuenta de la red social X: "Hace UN AÑO exigimos el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario. Denuncié en la justicia a Milei, Francos, Torrendel, Adorni, Álvarez y Santilli por incumplimiento de deberes de funcionario público" y marcó: "Siguen sin cumplir! Hoy la justicia pone un poco de racionalidad en este debate".

"Señores del gobierno, CUMPLAN LA LEY!", cerró.

En la misma línea, el presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, subrayó: "Otro paro más en la UNR. Otra semana en la que docentes y no docentes tienen que reclamar por salarios básicos y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario".

"Quieren desgastar la educación pública, lo nacional, lo que es de todos y todas. Pero vamos a seguir defendiendo una universidad que forma, investiga y abre oportunidades", aseveró.

Desde el ámbito educativo, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), resaltó: "Es una excelente noticia. Algo que habíamos solicitado desde el CIN en el marco de la causa ante el incumplimiento de la cautelar que está firme, y estábamos esperando resolución".

Por lo tanto, "esperamos que el Gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados. Vamos a seguir con mucha responsabilidad, como hasta ahora, y con mucha firmeza, hasta que la ley se cumpla integralmente, como corresponde". (NA)

Según explicaron desde el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones, Di Liscia “cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, con experiencia en conducción de organismos, administración de presupuestos de gran magnitud, gestión de operaciones complejas, y liderazgo de equipos multidisciplinarios”.

Entre 2017 y 2019, el flamante funcionario fue Presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la Provincia de Buenos Aires y previamente se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) September 22, 2026

“Su trayectoria se complementa con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado”, agregaron.

En ese contexto, desde el Ministerio de Salud enfatizaron que la principal responsabilidad de Di Liscia en su nuevo rol será “optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, fortalecer los procesos de gestión y control del organismo, y fundamentalmente garantizar la administración eficiente de los recursos”.

A su vez, el funcionario continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral, “identificando irregularidades y detectando aquellas que hayan sido otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan”.

La definición será tratada desde las 17 en una reunión ampliada que encabezarán Karina Milei y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, con representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y funcionarios de las distintas jurisdicciones involucradas en el recorrido papal.

En el Ejecutivo confirman que llevarán a la reunión diferentes opciones ya elaboradas, aunque prefieren discutir primero los esquemas con la Iglesia antes de hacerlos públicos. Entre las variantes bajo análisis aparecen combinaciones de feriados y asuetos según el día y el lugar en el que se encuentre León XIV.

Una de las posibilidades que viene siendo analizada contempla una medida de mayor alcance para el lunes 9 y esquemas más acotados para el martes 10 y el miércoles 11. La distribución definitiva todavía no está cerrada y dependerá también de las necesidades logísticas que planteen la Iglesia, Seguridad y las provincias.

La coordinación tendrá además una instancia diplomática esta semana. El jueves, el canciller Pablo Quirno tiene previsto reunirse en Nueva York con el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en paralelo a la agenda internacional de Javier Milei. El encuentro servirá para repasar la organización general de la visita mientras en Buenos Aires se terminan de discutir con la Iglesia las alternativas de feriados y asuetos.

La idea general del Gobierno es evitar un feriado nacional durante toda la visita y aplicar medidas según el impacto de cada jornada. El lunes 9 aparece como uno de los días más complejos: León XIV visitará por la mañana el Cottolengo Don Orione de Claypole, encabezará una misa en Palermo y tendrá por la tarde actividades en la UCA, el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10 concentrará la actividad principal en Córdoba, donde el Papa encabezará a las 10 una misa en la Escuela de Aviación Militar y tendrá luego un encuentro en la Catedral. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en Palermo.

El miércoles 11 comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires y continuará con la misa de cierre frente a la Basílica de Luján, prevista para las 10. La organización espera allí una de las mayores concentraciones de fieles de toda la gira.

Esa distribución territorial explica por qué el Gobierno analiza medidas diferentes según cada jurisdicción. Un feriado tiene un alcance laboral general mucho mayor, mientras que un asueto puede limitarse a la administración pública o a determinadas áreas. También se evalúan mecanismos que permitan restringir las medidas a los lugares directamente afectados. (TN)

La decisión fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, integrantes de la Sala II, que avalaron en líneas generales la investigación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos que había dictado el juez Sebastián Casanello.

A Spagnuolo se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo, además de haber sido señalado como jefe de una asociación ilícita.

Entre los otros procesados aparecen Daniel Garbellini, quien fue funcionario de la ANDIS, y el empresario Miguel Ángel Calvete. La Cámara consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del expediente, la hipótesis de una organización integrada por funcionarios y particulares que habría intervenido en contrataciones del organismo.

Según la investigación, el mecanismo habría incluido direccionamiento de compras hacia determinadas empresas, simulación de competencia entre proveedores y operaciones con sobreprecios. También se investigan presuntos pagos indebidos a funcionarios a cambio de facilitar y garantizar esas contrataciones.

La Justicia calculó en más de $30.337 millones el monto de las órdenes de compra involucradas en una parte de las maniobras investigadas. De acuerdo con el expediente, se habrían utilizado procedimientos especiales para beneficiar a un grupo reducido de proveedores y generar una competencia solo aparente.

En la resolución original, la Justicia describió a la ANDIS durante el período investigado como “el centro de operaciones” desde donde se habrían gestionado pagos millonarios y contrataciones por fuera de los mecanismos habituales de competencia y transparencia.

Los camaristas también rechazaron planteos de algunas defensas que pretendían cuestionar la validez de la investigación a partir del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, que fueron difundidos públicamente y dieron impulso al caso.

Esas grabaciones todavía son objeto de un peritaje de Gendarmería Nacional, que busca determinar su origen, autenticidad y establecer si sufrieron cortes, ediciones o algún tipo de manipulación. Spagnuolo intentó frenar esa medida en distintas oportunidades, pero el juez Ariel Lijo rechazó a comienzos de septiembre su último planteo.

La fiscalía sostiene, además, que la investigación cuenta con elementos de prueba independientes de los audios, entre ellos documentación vinculada con las compras, allanamientos y el análisis de dispositivos secuestrados.

Spagnuolo había sido designado al frente de la ANDIS en diciembre de 2023. Su salida del organismo se produjo en 2025, luego de que la difusión de las grabaciones atribuidas al exfuncionario colocara bajo sospecha el funcionamiento de la agencia y derivara en la apertura de la investigación judicial.

La mirada de los empresarios industriales y del comercio sobre el panorama actual y el venidero fue relevada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), mediante la habitual Encuesta de Tendencia de Negocios.

En el sector fabril, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) se ubicó en -20,2% en agosto pasado, reflejando la persistencia de una evaluación desfavorable sobre las condiciones actuales de negocio.

Al evaluar la situación actual al mes de agosto, un 52,9% de los industriales afirmó que la cartera de pedidos se encuentra por debajo de lo normal, mientras que un 25,3% consideró que la situación de su empresa es mala. Asimismo, el nivel de exportaciones resultó insatisfactorio para el 36,9% de los encuestados.

De cara al trimestre septiembre-noviembre de 2026, el panorama productivo muestra un predominio de estabilidad, aunque con un sesgo hacia la baja. En cuanto al volumen de producción, el trabajo reflejó que un 64,9% prevé que no habrá cambios, un 19,7% anticipa disminuciones y solo un 15,4% espera un incremento.

En relación a la demanda interna, detalló que un 62,4% de las firmas no prevé variaciones en los pedidos locales, frente a un 23,8% que calcula reducciones y un 13,8% que estima aumentos. Mientras que en exportaciones, un 64,7% anticipa estabilidad, un 18,2% proyecta subas y un 17,1% prevé bajas.

Por el lado del mercado laboral, el informe reveló que un 79,8% de las empresas planea mantener su dotación sin cambios, un 16,5% prevé reducciones en la plantilla de personal, y apenas un 3,7% prevé incorporar trabajadores. Asimismo, en lo que respecta a los precios promedio de venta para los próximos tres meses, un 62,4% estima que se mantendrán estables, un 30,5% prevé aumentos y un 7,1% anticipa bajas.

Por su parte, el sector del comercio de consumo masivo registró un Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de 0,0%, alcanzando un punto de neutralidad impulsado por las expectativas sobre el desempeño comercial futuro.

Pese a que la evaluación de la situación comercial actual resultó negativa para el 28,1% de las firmas, frente a un 7,9% que la calificó como buena y un 64,0% como normal, el trimestre septiembre-noviembre proyecta un leve alivio en el canal de ventas.

En ese sentido, la encuesta precisó que un 74,2% de los comerciantes sostiene que la situación se mantendrá igual, mientras que un 19,1% prevé una mejora y solo un 6,7% espera un empeoramiento. En cuanto a los pedidos a proveedores, detalló que un 73,0% mantendrá sus órdenes de compra, un 15,7% las reducirá y un 11,2% planea aumentarlas.

A pesar de las mejores perspectivas en ventas, la cautela domina las decisiones de contratación, ya que un 84,3% mantendrá su nómina de empleados, pero un 13,5% prevé achicar su plantilla y solo un 2,2% considera contratar personal.

A diferencia de la industria, la mayoría de los supermercados y mayoristas anticipa ajustes en las góndolas, con un 62,9% previendo que sus precios de venta aumentarán en los próximos tres meses, en tanto que un 34,8% proyecta que no variarán.

Al analizar los factores estructurales que frenan el crecimiento económico, ambos informes del INDEC coinciden en señalar a la falta de ventas como el obstáculo determinante.

En la industria manufacturera, la demanda interna insuficiente encabeza las limitaciones con el 53,6% de las respuestas, seguida de lejos por la competencia de productos importados (10,1%) y la incertidumbre económica (6,7%).

En el comercio mayorista y minorista, la debilidad de la demanda representa el 59,6% de los condicionantes, secundada por la presión del costo laboral (20,2%) y el costo de financiamiento (6,7%).

Asimismo, las condiciones de acceso al crédito registran balances desfavorables en ambos rubros, siendo calificado como "difícil" por el 31,4% de los industriales y por el 36,0% de los comerciantes. (NA)

La jueza, que según anunció esta mañana el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, será denunciada para hacerle juicio político, entró en el ojo de la tormenta al declarar inconstitucional un el artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad desde los 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo.

De Marinis es titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad y cuenta con una extensa trayectoria vinculada a la problemática de los menores en conflicto con la ley penal.

Ingresó a la Justicia en 2006, antes de recibirse de abogada, y pasó por distintos cargos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017 se desempeñó en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña. Tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura, juró como jueza el 19 de diciembre de 2023.

Pocos días después intervino en uno de los casos de violencia juvenil de mayor repercusión de los últimos años: el ataque contra Arturo López, el playero de un garaje de Monserrat que en 2021 recibió un golpe de un adolescente y quedó con graves secuelas.

El agresor había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión y De Marinis dispuso en diciembre de 2023 dejar sin efecto la prisión domiciliaria que cumplía, aunque mantuvo su control mediante una tobillera electrónica y la prohibición de abandonar el país, una decisión fuertemente cuestionada por la familia de la víctima.

La magistrada también hizo públicas sus posiciones sobre la Justicia juvenil. En abril pasado, durante una entrevista en streaming, recordó su experiencia como voluntaria en el Hogar de Cristo del barrio 1-11-14 y sostuvo que el proceso penal de un adolescente debe tener una finalidad socioeducativa.

En esa oportunidad también expresó reparos frente a la reforma del Régimen Penal Juvenil y advirtió que podía trasladar a los tribunales conflictos que hasta entonces se resolvían en otros ámbitos, incluidos episodios escolares.

Este lunes, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años investigado por un intento de robo. La jueza consideró que reducir la edad de punibilidad constituye una medida regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes. 

El fallo, según aclaró la propia De Marinis, no suspende la vigencia general de la ley, y solo es aplicable en el caso del menor que sobreseyó.

La resolución provocó la reacción de Jorge Macri, quien anunció que promoverá el juicio político de la magistrada y cuestionó públicamente su decisión.

El fallo de De Marinis se conoce pocos días después de una medida similar en la provincia de Buenos Aires, de la jueza Marta elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien suspendió preventivamente por 60 días la aplicación de esa misma ley.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló la medida por considerar que un juez de primera instancia no tiene la potestad de dejar sin efecto de manera colectiva y general una norma nacional en todo el territorio provincial, por lo que le ordenaron revisar su competencia con urgencia. (NA)

Pero lo llamativo de este viaje, fue que el primer mandatario no hizo el viaje de casi 11 horas entre el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto JFK en el avión presidencial ARG01, sino en un avión Glugstream 500, matrícula LV-VEG, perteneciente a la empresa Flyzar, con sede en el aeropuerto de San Fernando.

Para este viaje, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas de diversas fuentes, el Gobierno nacional habría solicitado varios presupuestos, debido a la imposibilidad de utilizar el avión presidencial, ya que se encuentra en Miami bajo un proceso de mantenimiento que le impide operar, por el momento.

Finalmente, optaron por la empresa Flyzar, propiedad de Gustavo Carmona, con un costo que ronda aproximadamente los 150 mil dólares más gastos.

El Gulfstream G500, un jet de gran tamaño y largo alcance desarrollado por Gulfstream Aerospace, de séptima generación que opera a una velocidad de crucero de alta velocidad y ofrece una autonomía de hasta 5.200 millas náuticas (9.630 kilómetros) con un techo de vuelo máximo de 51.000 pies (15.545 metros).

El diseño interior admite una capacidad de entre 14 y 19 pasajeros según la distribución seleccionada, con opciones para configurar hasta 8 camas distribuidas en hasta tres zonas independientes de estar. 

Sus dimensiones interiores alcanzan los 12,65 metros de largo de pasillo por 1,88 metros de altura, con un volumen aproximado de 1.715 pies cúbicos en una de las cabinas más silenciosas de la industria, la cual garantiza una renovación de aire 100% fresco cada dos minutos y una baja altitud de presurización para mitigar la fatiga en vuelos intercontinentales.

Carmona es un piloto y empresario aeronáutico conocido públicamente por facilitar y operar vuelos privados para figuras del espectáculo, el deporte y la política, con vínculos comerciales y de confianza con el poder político y el fútbol argentino.

Flyzar proveyó, entre otros servicios, el transporte de la Selección Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y estuvo a cargo de operar aviones de lujo —como un Gulfstream G400— utilizado por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia en numerosas oportunidades para concurrir a eventos vinculados con su actividad.

Algunas fuentes judiciales vinculan a Carmona con operaciones inmobiliarias en Puerto Madero, relacionadas con propiedades de lujo adquiridas por las firmas Servicios Neurus y Servicios Lindor, sociedades que la justicia vincula directamente con el entorno íntimo de Pablo Toviggino (tesorero y mano derecha de Tapia en la AFA).

Las fuentes indicaron que Milei, ya habría realizado alrededor de 17 viajes al exterior en este avión, o en uno similar, cuando el ARG01 no se encontraba operativo. (NA)

“Patricia Bullrich, en su función como senadora, es una persona fundamental para el Gobierno y está alineada con la idea de que Javier Milei tiene que ser reelecto”, expresó Ravier durante su habitual conferencia de prensa de los martes.

El funcionario insistió en que el oficialismo trabaja con la mira puesta en las elecciones presidenciales de 2027 y descartó especulaciones sobre una eventual continuidad del proyecto libertario sin Milei al frente.

“No cabe ninguna duda de que este Gobierno trabaja para la reelección del presidente Javier Milei”, enfatizó, y sostuvo que el mandatario es “clave” para el espacio.

Sobre lo que pueda ocurrir después de 2031, Ravier evitó hacer proyecciones, aunque afirmó que La Libertad Avanza cuenta con distintas figuras que eventualmente podrían darle continuidad al partido.

"Como vocero presidencial no hago especulaciones políticas futuras, la realidad es que Javier Milei es clave en este Gobierno, trabajamos para su reelección y después de 2031 se verá, hay muchas personas que son fundamentales en la Libertad avanza, somos muy optimistas de los que va a ocurrir en 2027 no solo a nivel nacional sino también provincial", señaló.

Discapacidad

En otro tramo de la conferencia, el vocero aseguró que las personas con discapacidad son una “prioridad” para el Gobierno, defendió las auditorías realizadas sobre el sistema de pensiones y aseguró que "nadie" va a perder su pensión durante el Gobierno de Javier Milei.

Ravier afirmó que durante administraciones anteriores existieron "irregularidades en la asignación de esos beneficios" y sostuvo que las revisiones tuvieron como objetivo garantizar que los recursos lleguen a quienes corresponden.

“Desde que Javier Milei es presidente ninguna persona con discapacidad se ha quedado sin el beneficio”, aseguró.

También buscó llevar tranquilidad a las familias al señalar que, mientras Milei permanezca en la Presidencia, los beneficiarios no perderán las prestaciones y sus valores “se van a actualizar por la inflación por lo menos”.

Consultado sobre la renuncia ayer de Alejandro Vilches, titular de la Agenciad Nacional de Discapacidad (ANDIS), Ravier indicó que dejó el cargo “por motivos personales” y señaló que su reemplazante será anunciado cuando se concrete la designación.

Cambios en la Quinta de Olivos

Ravier confirmó además una reorganización en la residencia presidencial de Olivos, donde la Casa Militar asumirá la responsabilidad integral de las funciones de seguridad.

El vocero leyó un comunicado y explicó que el traspaso de responsabilidades y bienes deberá completarse en "un plazo máximo de 60 días" y contempla la 2disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos".

En ese sentido vinculó esa decisión con la intención de elevar los estándares de seguridad y eficiencia, así como con los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina.

Ravier rechazó además versiones periodísticas sobre otras razones de los cambios y aseguró que “todo lo que se dijo es falso”.

Respecto de la renuncia de María Belén Agudiez, funcionaria cercana a la Secretaría General de la Presidencia, indicó que se produjo por “motivos personales” y añadió que si existe una causa judicial en trámite sobre la que el Gobierno "no hará más comentarios". (NA)

Entre sus planteos, el fiscal coordinador y la auxiliar le pidieron a la Cámara revisora el apartamiento de la magistrada de la causa y que ordene el sorteo para designar a otro juez en el expediente.

Plantearon que la impugnación “resulta admisible en la medida que ha sido interpuesta dentro del plazo legalmente establecido para ello, por quien tiene interés en hacerlo, mediante escrito fundado ante el tribunal que la motiva, y se encuentra dirigida a cuestionar un pronunciamiento que causa un perjuicio irreparable”.

Advirtieron que la resolución de la magistrada De Marinis “dicta el sobreseimiento del acusado, extinguiendo la acción a su respecto”, lo que produce “un evidente gravamen de imposible reparación ulterior, al finalizar el proceso penal iniciado contra el adolescente sobreseído en la decisión recurrida, que le impide a este Ministerio Público Fiscal ejercer sus facultades constitucionales”.

Cuestionaron que “la decisión de declarar la inconstitucionalidad de la norma y sobreseer al adolescente imputado causa un agravio a esta parte en su pretensión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de acuerdo con los intereses generales de la sociedad, velar por la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social”.

Alertaron que el fallo de la jueza “implica arrogarse facultades legislativas, reservadas al Congreso de la Nación, al no aplicar una ley vigente y violar así el principio de legalidad. Además y precisamente en virtud de lo anterior, la decisión afecta directamente el principio republicano de gobierno y la división de poderes, consagrados en el artículo 1 de la Constitución Nacional”.

• “La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional y su uso debe ser limitado, de última ratio, cuando no exista posibilidad de interpretar la norma conforme lo establecido en nuestra Constitución Nacional. La Sra. Jueza se ha apartado de un criterio constante y rector para el derecho”.
• “La Sra. Jueza intenta construir un argumento alrededor del derecho a la protección integral de los adolescentes por ser personas en desarrollo, sin explicar de qué manera, en el caso concreto, ese derecho a la protección integral está siendo violado por esta investigación penal preparatoria”.
• “La resolución otorga a las Observaciones del Comité de los Derechos del Niño una fuerza normativa que no tienen”.
• “La decisión recurrida aplica el principio de no regresividad sin identificar el derecho concreto que habría sido afectado”.
• “La decisión recurrida confunde la responsabilidad penal, el proceso y la proporcionalidad de la respuesta estatal; lo cual implica una invasión de la esfera de decisión de este Ministerio Público Fiscal”.
• “La decisión recurrida que declara la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley Nacional 27.801 se apoya en fundamentos aparentes y no constituye derivación razonada del derecho vigente y, en consecuencia, corresponde su descalificación como acto jurisdiccional válido en los términos de la doctrina sobre arbitrariedad de sentencia”. (TN)

La convocatoria se dará en medio de la preocupación de los industriales por la caída en las ventas, el empleo y los costos que afectan la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. En esta línea, los industriales reclamarán por medidas para mejorar el crédito, promover la construcción y revertir la competencia desleal.

La Junta Directiva de la UIA había analizado el 15 de septiembre la realidad de los distintos sectores productivos y presentó ante la Subsecretaría PyME un documento con propuestas para aliviar la situación de las empresas.

Entre los pedidos figuran la suspensión de embargos fiscales durante 180 días, la posibilidad de migrar entre planes de pago, una reducción de la tasa de financiación de ARCA para las pymes y el diferimiento de vencimientos de IVA por 180 días para actividades estacionales.

También planteó la eliminación de las cargas sociales, la postergación de las contribuciones patronales para las economías regionales y una mayor rapidez en la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales.

Los industriales también pusieron el foco en el aumento de las tarifas de la energía. Según la UIA, los usuarios categorizados como GUDI —Grandes Usuarios de la Distribuidora— recibieron facturas con subas de entre el 90% al 100% en el costo básico, lo que llevó a duplicar el valor respecto del mes anterior y casi triplicarlo frente a dos meses atrás.

Por eso, la entidad propone avanzar con un esquema de cuotas para afrontar las facturas y prorratear los vencimientos. En paralelo, destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para financiar los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista.

Sumado a esto, la entidad considera necesario reducir la carga tributaria que pesa sobre el crédito y eliminar los impuestos aplicados a las operaciones de refinanciación de pasivos. Según sus cálculos, la presión tributaria sobre la intermediación financiera —que incluye IVA, Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales— agrega en promedio más de 18% al costo financiero del crédito productivo.

Hace unos días, además, el presidente de la UIA, Martín Rappallini, participó de la 22° Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos, donde volvió a plantear la necesidad de recuperar la actividad y mejorar la competitividad.

“Tenemos que crecer para consolidar la estabilización, pero para crecer tenemos que trabajar fuertemente sobre la competitividad”, sostuvo Rappallini durante el encuentro realizado en Paraná.

Ahora, con la actividad industrial todavía bajo presión, la reunión de este martes será una nueva instancia de diálogo entre la central fabril y el equipo económico para avanzar sobre los reclamos que la UIA viene planteando para las empresas y, particularmente, para las pymes. (T/N)

Asimismo, el titular de la cartera económica ratificó que el rumbo sigue firme y destacó el apoyo de Estados Unidos durante la disertación que llevó a cabo en el piso 15 de la sede del banco estadounidense, sobre Park Avenue, ante unos 60 inversionistas financieros internacionales.

"Ahora tenemos cosas que mostrar", indicó el ministro, al tiempo que planteó que "las reformas irían más rápido" en caso de ganar las elecciones del próximo año, ya que podrían lograr mayoría en el Congreso.

“Hay mucho apoyo en general, antes se peleaban con Argentina porque hacíamos mal las cosas. Ahora es al revés”, precisó Caputo, quien este martes se unirá a las actividades del presidente Javier Milei, que llega a Nueva York para hablar ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, mantener algunas reuniones bilaterales y encuentros con inversionistas.

"Estados Unidos elige a la Argentina, porque quiere enviar un mensaje”, afirmó en referencia al respaldo del gobierno de Donald Trump.

Asimismo, indicó que ese apoyo es similar por parte del FMI y el Banco Mundial, ya que según el titular del Palacio de Hacienda respaldan a la Argentina porque buscan resaltar que implementan “las políticas que funcionan”.

En relación al nivel de reservas, señaló: "Ya hemos superado el escenario optimista. Habíamos apuntado a los 10.000 millones con el Fondo Monetario Internacional. Pensamos que podríamos llegar eventualmente a 17.000 millones".

"El populismo se combate con ortodoxia y no con más populismo. No vamos a cambiar nada en nuestra política”, señaló el ministro, por lo que descartó un plan "platita", como se indicaba para poder ganar la selecciones presidenciales en 2027.

Asimismo, añadió: "No se debería esperar ningún cambio en nuestro enfoque hacia el próximo año solo porque haya elecciones. Creemos que lo mejor que podemos hacer por nuestra gente es seguir comprometiéndonos a ser conservadores en cualquier nivel”.

Respecto al Presupuesto 2027, explicó: "Va a ser en realidad la primera vez en nuestra historia que tendremos cuatro años consecutivos de capital monetario de primera línea, y en este caso también superávit financiero”.

Y sobre la inflación sostuvo que la redujeron de manera drástica y agregó que seguirán "manteniendo una política monetaria estricta”.

Por último, afirmó que esperará a que “el riesgo país se sitúe en niveles significativamente más bajos”, al tiempo que vaticinó un triunfo del mandatario libertario en las elecciones del año que viene.

“No tengo ninguna duda que el presidente Milei ganará. Esto generará un mayor optimismo tanto entre la gente como en los mercados, y el riesgo país se reducirá considerablemente. Al mercado le conviene que sigamos amortizando deuda, tal como lo hemos estado haciendo hasta ahora”, concluyó. (N/A)

“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho. Está perfectamente documentado que echaron a la población e implantaron a una nueva, con nuevos habitantes -explicó el mandatario ante la consulta de un periodista de LCI-. No hay reivindicación de derechos de pueblos originarios o no hablan de autodeterminación porque la población original fue expulsada”.

Para el Presidente, hay un nuevo contexto internacional que pone a la Argentina en una mejor situación: “Con los problemas que tiene Inglaterra en lo político, en lo económico y en lo demográfico, debería reconsiderar devolvernos las Malvinas por la vía pacífica porque es territorio argentino”.

“Estamos trabajando en una política de Estado sobre las Malvinas a través de canales diplomáticos. Hemos conseguido una gran cantidad de apoyo. Pero no se puede tener éxito si no somos un país importante a nivel internacional. Por eso hemos decidido tener una alianza estratégica con Estados Unidos y con Israel”, explicó Milei.

En ese sentido, el Presidente consideró al país como “un socio estratégico de los Estados Unidos porque produce energía, alimentos, minerales y economía del conocimiento, todo lo que necesita la economía del futuro”.

“También se tiene que comprender que hay un valor estratégico en el paso del Atlántico Sur. El canal de Panamá está al borde de la saturación. Usted no puede dejar el control del Atlántico Sur a una potencia que está difusa su transición demográfica. Hemos hecho todos los avances diplomáticos correspondientes porque cuando Donald Trump lo pone en la mesa, es un buen negociador. Trump no va a apostar por temas que no conoce, si no conoce bien la situación”, consideró.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera hablamos de un conflicto bélico. Nosotros hablamos de recuperar las Malvinas por la vía diplomática. Digo las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

Sobre el final de la entrevista, Milei cuestionó la posición de Europa y advirtió sobre sus problemas económicos, pero sobre todo demográficos. “Los europeos tienen problemas demográficos mucho más complicados. A eso no le tienen miedo. Le tienen miedo a alguien que apoya el desarrollo. Eso es el resultado del wokismo”, indicó.

“Los socialdemócratas que asustan a la gente para poder controlar psicológicamente a la población. Es cierto que la gente siempre le tiene miedo al cambio. Europa le tienen miedo al desastre de su sistema de pensiones, de los seguros sociales. No le tienen miedo a los socialistas. Con sus buenos modales wokes, no le tienen miedo a las cosas que normalmente deberían asustarlos”, cerró. (con información de TN)

El funcionario aseguró que el fallo “es una locura” y adelantó que ya le dio la instrucción al ministro de Justicia, Gabino Tapia, de avanzar con el juicio político. “Y ahí veremos quien acompaña y quien no”, advirtió.

“Los jueces tienen que hacer cumplir la ley, no escribir leyes nuevas. Si quiere escribir nuevas leyes, que se presente como diputada o senadora. Ella no es filósofa, socióloga ni psicóloga”, añadió el funcionario.

“Para mi este tipo de fallos, son una línea que se traza en la arena. Estás del lado del bien o estás del lado del mal. En el mensaje de ‘no tenés consecuencias porque había un policía cerca’ no entiendo en que parte está actuando como adulta”, dijo Macri.

Al respecto, el jefe de Gobierno porteño añadió: “Es la primera vez que pido un juicio político. Vamos a apelar, esperamos tener éxito y es un gran momento para discutir que clase de jueces queremos. La decisión de la jueza es no cuidar a nadie”.

“Ella sigue operando con la vieja ley y decide no procesarlo. Entendamos el mensaje dramático que le está dando a este chico: no hay consecuencias en lo que haces. ¿Cuál es el mensaje a la sociedad? El delincuente es una victima. Yo no me voy a acostumbrar a eso", cerró el político.

Mas temprano, Macri escribió en su cuenta de X: “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político. La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”, escribió Macri en su cuenta de X.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó el funcionario.

El fallo

Este lunes, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años. Se trata de una causa caratulada como tentativa de robo.

El caso empezó a partir de la denuncia que un hombre que relató que caminaba por la calle cuando vio a cinco jóvenes “en actitud sospechosa”, de los cuales tres estaban en distintos puntos de la esquina.

El denunciante siguió caminando sin perderlos de vista cuando uno de ellos le gritó: “Dame todo. Dame el celular”. Así empezó a correr hasta que vio a un agente de la Policía de la Ciudad y le pidió ayuda.

“La violencia que exige la figura típica estaría dada por la intimidación de parte de cinco personas que intentan abordar a una persona sola. Pero el hecho no se habría consumado, porque esa persona de 47 años los evadió y luego intervino el personal policial”, destacó la jueza en su fallo.

En este sentido, De Marinis consideró que no pierde de vista que ”el robo de por sí es un hecho violento y el bien jurídico tutelado por este tipo penal es la propiedad privada y la integridad física del damnificado”.

“Ahora bien, las particulares circunstancias de este caso me permiten señalar que al no consumarse la conducta no se afectó la propiedad privada y lo cierto es que el damnificado únicamente ha padecido la situación estresante que quedó relatada en la denuncia”, sostuvo. (con información de TN)

La cifra surgió de un análisis realizado por la intervención del organismo y corresponde a diferencias entre las deudas informadas por dos áreas clave. Parte de esos compromisos no había atravesado los controles administrativos establecidos.

El trabajo examinó la gestión de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025 y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, empleados y declaraciones juradas.

La auditoría indicó que “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”.

Los auditores pidieron información sobre pagos y deudas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud. Esta última dependencia informó el monto de deuda más elevado.

El informe también advirtió sobre posibles imprecisiones en la información entregada por la Dnass. Desde esa dirección señalaron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores.

La Dnass se encuentra además bajo análisis del fiscal Franco Picardi en una causa que investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20%. Según la acusación fiscal citada por el medio, los procesos de compra habrían presentado sobreprecios y deficiencias en los procedimientos administrativos.

Cuestionamientos al mecanismo de pago

La auditoría también observó la utilización de la figura de legítimo abono para pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación.

Según el informe, hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios.

La auditoría no identificó cuáles fueron los pagos efectuados bajo legítimo abono, pero detalló que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025. (con información de NA)

El indicador de JP Morgan escaló en medio de la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Los bonos soberanos, además, mostraron caídas de hasta 1%.

Por su parte, las acciones argentinas en Wall Street operaron mixtas. Corporación América (3%); Telecom (2,6%) y Mercado Libre (1,8%) fueron los papeles que lideraron las subas; mientras que YPF (-3,3%) y Transportadora de Gas (-1,8%) registraron las mayores bajas del día.

A su turno, los dólares financieros también operaron a la baja: el CCL cerró en $1.576,45 y el MEP finalizó en $1.534,44. El Merval cayó 0,8% medido en pesos y 0,1% en dólares.

“El frente externo marcó el tono de la semana. La Fed subió la tasa y los rendimientos largos de Estados Unidos siguieron en máximos, un marco que castigó a la deuda hard dollar, llevó al riesgo país al nivel más alto en un mes y arrastró al Merval, que borró la ganancia que traía en septiembre”, explicó la consultora Cohen.

Sin embargo, señaló que en pesos la situación fue otra: “Con el tipo de cambio y las tasas otra vez estables, la curva extendió la mejora y los ajustables quedaron al frente”.

“Detrás de la calma cambiaria, igual, el mercado se sigue ajustando: el agro liquida a buen ritmo, pero el BCRA compra cada vez menos. Los datos de la semana fueron mixtos. La actividad confirmó una contracción en el 2Q26 y el mercado laboral volvió a deteriorarse, mientras que la balanza comercial nuevamente mostró un elevado superávit, el Gobierno sostuvo el superávit primario y la confianza del consumidor repuntó tras dos meses de caída”, plantearon desde la firma.

A su vez, marcaron que el Presupuesto 2027 ya está en el Congreso y “servirá para medir la capacidad de acuerdo del Gobierno”. “La semana que viene el foco vuelve al mercado de pesos: el canje del martes y el fixing del viernes definen cuánto del vencimiento de fin de mes termina pagando el Tesoro”, agregaron.

En tanto, los analistas de Rava destacaron que la misión técnica del FMI llegó hoy para la tercera revisión del acuerdo, aunque precisaron: “El superávit primario del primer semestre alcanzó 0,6% del PBI, por debajo de la meta de 0,7%. El Ministerio de Economía informó que el superávit primario previsto para 2026 será de 1,3% del PBI, por un total de $15,5 billones, mientras que el programa con el FMI establece un objetivo obligatorio de 1,4% del PBI, equivalente a $16,2 billones, con un desvío de unos $700.000 millones”.

“En los primeros ocho meses de 2026 se acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PBI y un superávit financiero de aproximadamente 0,2%; mientras que el Banco Central compró los US$10.000 millones comprometidos en la meta de reservas y el dólar oficial mayorista se encuentra en la zona de $1515-1520″, completaron. (con información de TN)