El escrito pide la investigación y detención de los responsables. Según el último balance, hubo 12 detenidos y al menos cuatro heridos. Además, el Gobierno porteño estimó en $468 millones el costo de los daños causados en la zona del Congreso.

La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal por Germán Pugnaloni y Lisandro Franco, abogados de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad Nacional.

En el escrito plantean que los hechos podrían constituir los delitos de atentado al orden constitucional y democrático, atentado a la autoridad agravada, resistencia a la autoridad y daño agravado, todos ellos agravados por el fin de obligar a las autoridades públicas a abstenerse de cumplir con sus funciones (artículos 41 quinquies, 184, 226, 238 y 239 del Código Penal).

Según la denuncia, durante la manifestación de organizaciones sociales, sindicales y políticas en las inmediaciones del Senado, un grupo de manifestantes arrojó piedras, escombros y otros objetos contundentes contra los efectivos de las fuerzas federales de seguridad apostados en el lugar, y que se rompieron baldosas y bancos públicos para usarlos como proyectiles. También se registraron daños en estructuras edilicias y en vehículos policiales.

El Ministerio de Seguridad Nacional solicitó al juzgado que ordene preservar los registros fílmicos de los hechos, que se libre oficio al Gobierno porteño y al Congreso para que informen la totalidad de los daños y el perjuicio económico, y adelantó que se encuentra evaluando aportar elementos de prueba adicionales para la investigación.

El balance de daños, heridos y detenidos

Tras los incidentes, que se extendieron por más de tres horas entre manifestantes y fuerzas de seguridad, quedaron 12 personas detenidas por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

Entre los heridos se contabilizaron al menos cuatro efectivos de las fuerzas de seguridad: un gendarme fue trasladado al Hospital Churruca tras recibir un golpe en la cabeza con un proyectil, y un prefecto fue asistido en el lugar. También resultó herido un fotoperiodista que cubría la protesta.

Un informe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires detalló que los trabajos de reparación tras los incidentes demandarán una inversión de $468 millones.

“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños”, señaló el reporte oficial.

El desglose de los costos estimados dado por la Ciudad fue de:

-Cestos y contenedores incendiados o vandalizados, más el servicio adicional de limpieza: $130 millones.
-Equipamiento urbano: $38 millones.
-Césped: $270 millones.
-Plantas: $30 millones.

Desde el Gobierno porteño también informaron que se registraron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial. (Fuente: TN).

“San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo esperanzado que, a pesar de las dificultades no pierde la fe sigue acercándose a pedir pan, paz y trabajo. Un pueblo cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”, aseveró.

Asimismo, en la misa a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, añadió: “Un pueblo que sabe que la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

“Un pueblo que sigue creyendo que el trabajo es un derecho que es dignidad por eso el papa León XIV dice que la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad, desarrollando sus capacidades y ofreciendo su esfuerzo personal”, indicó.

En tanto, agregó: “Aquí está tu pueblo que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”.

García Cuerva bendijo a los fieles

El arzobispo dijo demás que el pueblo argentino “sigue creyendo que el trabajo es dignidad” durante la bendición que brindó a los fieles que se encontraban en el santuario de San Cayetano en el barrio de Liniers, a la vez que dijo que le pidió al santo que ayude a los ciudadanos “a no bajar los brazos”.

“Este pueblo argentino sigue creyendo que el trabajo es dignidad, sigue creyendo que el trabajo nos reconstruye como personas, el trabajo nos hace protagonistas de nuestra propia vida”, expresó y añadió: “Le pedimos a San Cayetano hoy como pueblo que nos dé más y mejor trabajo y le pedimos que nos ayude seguir adelante y a no bajar los brazos”.

“Un signo de esperanza es verlos a todos ustedes trabajadores que de manera dedicada comprometida están aquí con sus herramientas, con el fruto de su trabajo con sus manos con su corazón queriendo reconstruir seguramente la vida de su familia y la de nuestro país. Cuando decimos que recibimos la bendición es como cuando nuestros pibes en el barrio dicen 'bien ahí', Dios hoy está diciendo ‘Bien ahí’”, dijo.

Además, continuó: “Bien ahí porque siguen creyendo en el trabajo, apostando por un futuro mejor, bien ahí porque traen las herramientas el fruto de su trabajo el esfuerzo, bien ahí dice Dios y por eso hacemos esta bendición”. (N/A)

"Fue lamentable la represión policial. Es un acto político que hacen, pegarle a la gente, reprimir a gente pacífica", dijo Kicillof en su llegada a Liniers para la peregrinación de San Cayetano. 

Sobre el proyecto que logró media sanción en la Cámara alta, Kicillof indicó que el Gobierno fue "cambiando" la ley y "quedó un 10%". 

"Es un Gobierno que no escucha y quiere anotarse triunfos. Hay que defender la soberanía, no pueden estar rematando el país. Este modelo nos lleva a un callejón, sin salida, es un desastre”, sumó. 

Con respecto a la movilización religiosa, Kicillof dijo: "No venimos a tener ningún protagonismo, es un día de fe, la idea no es partidizar, vengo a acompañar a un pueblo que está sufriendo”.

Milei, dejá de pegarle a la Argentina.

El día de ayer dejó en evidencia, una vez más, la verdadera naturaleza del gobierno de Javier Milei, pero también la de la sociedad argentina.

Milei quiso avanzar con una ley para facilitar la extranjerización de nuestras tierras. Una…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) August 7, 2026

El Gobernador de la Provincia también se manifestó en redes sociales donde criticó fuertemente el tratamiento de la Ley de propiedad privada y ratificó lo expresado sobre la represión a los manifestantes.

"Frente a ese nuevo intento de entrega se produjo una reacción popular nacida del sentimiento más profundo y compartido de nuestro pueblo: el amor por la Patria, el orgullo de ser argentinos", indicó en su posteo en la red social X.

Con respecto al accionar de las fuerzas de seguridad, refirió: "Cuál fue su reacción frente a una sociedad que le puso límites? La de siempre: autoritarismo, violencia y represión. Las dolorosas imágenes de ayer, con una movilización pacífica reprimida de esa manera, no tienen nada que ver con la democracia. Es inaceptable querer extranjerizar nuestra tierra. Y es igualmente inaceptable responder con palos y violencia a quienes salen a defenderla", finalizó.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 46/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, como parte de los puntos acordados para descomprimir el grave conflicto que paralizó la actividad fluvial y marítima del país en los últimos días.

La normativa operacionaliza técnicamente el descuento acordado. La quita del 20 % se aplicará directamente sobre el resultante de los cálculos del Régimen de Tarifas Máximas que regía desde el año 2018.

Tanto la Cámara de Actividades de Practicaje y Pilotaje como la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante expresaron formalmente su conformidad con el recorte arancelario en el marco del acuerdo general.

La rebaja tarifaria entra en vigencia inmediatamente y tendrá validez de forma provisoria, estrictamente mientras dure la suspensión temporal de la reforma del practicaje dispuesta por el Ejecutivo nacional.

La tensión en el sector portuario se originó a partir de la desregulación del reglamento del practicaje vigente desde 1991, a través del Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. Allí se eliminaban regulaciones consideradas obsoletas, con el argumento de remover barreras y facilitar la incorporación de nuevos prestadores.

Sin embargo, la entrada en vigencia de esta reforma regulatoria fue rechazada de plano por los prestadores del servicio, quienes iniciaron medidas de fuerza que pusieron en jaque el normal funcionamiento del transporte fluvial y el comercio exterior.

Ante el riesgo de una paralización mayor, el Gobierno suspendió de manera temporal los efectos de la reforma y restituyó el marco regulatorio anterior para garantizar la continuidad del servicio esencial de practicaje, mediante el Decreto 716/2026.

Así surgió de una negociación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional, donde las partes pactaron reanudar el servicio de forma regular a cambio de suspender la desregulación, crear una mesa intersectorial permanente para consensuar un nuevo reglamento y aplicar una baja inmediata del 20 % en los aranceles de practicaje. (NA)

La iniciativa busca acelerar los procesos judiciales, ampliar quiénes pueden iniciar una demanda y establecer nuevas condiciones para propietarios y ocupantes.

El proyecto todavía debe ser aprobado por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Uno de los principales cambios es que las acciones de desalojo deberán tramitarse mediante un juicio sumarísimo, es decir, un procedimiento judicial más breve que el proceso tradicional.

Además, la iniciativa amplía las personas habilitadas para iniciar una acción. Ya no serían únicamente los propietarios quienes podrían reclamar el desalojo: también podrían hacerlo quienes acrediten un derecho o un interés legítimo afectado por la ocupación del inmueble, independientemente de cuál sea su vínculo jurídico con la propiedad.

El proyecto incorpora nuevas reglas para los casos de desalojo por falta de pago de alquileres cuando el inmueble tiene destino habitacional.

Antes de iniciar una demanda, el propietario deberá realizar una intimación fehaciente al inquilino para que pague la deuda, otorgándole un plazo de al menos 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá indicar también el lugar donde debe efectuarse el pago.

La notificación podrá enviarse al domicilio que el inquilino haya declarado en el contrato, ya sea físico o electrónico. Según el proyecto, será considerada válida incluso si el locatario se niega a recibirla o si no puede concretarse por motivos que le sean imputables.

Una vez vencido ese plazo, o cuando el contrato haya terminado por cualquier otra causa, el inquilino deberá devolver el inmueble. Si no lo hace, el propietario podrá iniciar el desalojo mediante el procedimiento judicial más breve previsto por la ley.

El texto también establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves ni condicionar su recepción, aunque podrá reservarse el derecho a reclamar las obligaciones pendientes.

Si el locador se niega o guarda silencio ante el pedido de entrega de las llaves, el inquilino podrá realizar una consignación judicial. En ese caso, los gastos y costas quedarán a cargo del propietario.

Además, si el inquilino realiza la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación al propietario, dejará de adeudar alquileres y obligaciones accesorias desde el momento en que notificó fehacientemente su intención de entregar las llaves, bajo las condiciones previstas por el proyecto.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que un juez ordene la entrega inmediata del inmueble cuando se trate de una ocupación precaria o una intrusión y el derecho invocado por quien reclama resulte verosímil.

Para acceder a esta medida, el proyecto establece como requisito una caución juratoria, es decir, un compromiso formal de responder por eventuales daños si posteriormente se determina que la medida no correspondía.

En los casos en que se alegue un cambio de destino del inmueble, deterioro, realización de obras nocivas o un uso abusivo o deshonesto, el juez deberá disponer un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas.

Durante esa actuación deberán identificarse los ocupantes, incluyendo nombre, nacionalidad y documento, con intervención del Defensor Oficial.

El proyecto también contempla situaciones en las que el desalojo pueda afectar a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.

Cuando se encuentren personas en esas condiciones, deberán intervenir los organismos de protección correspondientes y el Ministerio Público Tutelar.

En estos casos, el juez podrá otorgar un plazo de hasta 10 días para garantizar una alternativa habitacional transitoria.

La iniciativa establece, además, que la caución juratoria para obtener una entrega inmediata solo podrá utilizarse cuando el derecho del demandante sea inequívoco y no existan terceros de buena fe. El magistrado también podrá exigir una fianza para cubrir eventuales daños.

El proyecto modifica también el procedimiento para notificar una demanda de desalojo.

Cuando no exista un domicilio especial, la notificación podrá realizarse directamente en el inmueble que se pretende desalojar o en el domicilio electrónico constituido.

El oficial notificador podrá identificar el inmueble por distintos medios, incluso mediante fotografías, y solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando sea necesario.

También deberá identificar a las personas que se encuentren en el lugar y preguntar cuál es su relación con el demandado, dejando constancia de esa información.

La notificación deberá hacerse saber a todos los presentes, incluso a quienes no hayan sido mencionados inicialmente en la demanda. El proyecto establece que la sentencia de desalojo tendrá efectos sobre todos los ocupantes, estén presentes o ausentes durante el procedimiento.

Para cumplir con su tarea, el notificador podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar domicilios y exigir la presentación de documentos de identidad. El incumplimiento de estas reglas será considerado una falta grave.

En los casos de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, el proyecto permite que el demandante solicite la desocupación inmediata bajo caución juratoria, siempre que se hayan cumplido las condiciones y los plazos establecidos.

Sin embargo, si posteriormente se determina que el actor ocultó información relevante para obtener esa medida, podrá recibir una multa de hasta diez veces el último alquiler, que será destinada a la contraparte.

La iniciativa también establece nuevas reglas para el denominado mandamiento de lanzamiento. El oficial de justicia podrá solicitar el uso de la fuerza pública, allanar domicilios y designar un depositario para los bienes muebles que se encuentren en el inmueble.

El proyecto aprobado por el Senado es una media sanción. Para convertirse en ley deberá ser tratado y aprobado por la Cámara de Diputados.

De obtener la sanción definitiva, las nuevas reglas modificarán el procedimiento de desalojo y sumarán disposiciones específicas para los casos de falta de pago de alquileres, ocupaciones precarias e intrusiones, además de establecer mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad. (Infobae)

La presentación advierte, además, sobre la posibilidad de que el mismo mecanismo administrativo haya sido trasladado posteriormente al Programa de Atención Médica Integral (PAMI). La presentación llegó al Gobierno, que desmiente de manera tajante el tema.

La denuncia fue formulada por el periodista e investigador Fernando Miguez, en su carácter de presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quien solicitó ante el fuero correspondiente ser aceptado como parte querellante en las actuaciones.

El escrito apunta contra María Florencia Zicavo (exjefa de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y actual síndica general del PAMI), Juan Cruz Montero (exsubsecretario de Gestión Administrativa y actual coordinador ejecutivo del PAMI), el abogado Danilo Sergio Montevidoni, Emilio Zicavo y demás personas que pudieran resultar identificadas en el curso de la instrucción.

Entre la nómina de posibles delitos objeto de investigación, el denunciante encuadró las conductas en negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito e inconsistencias en las declaraciones juradas patrimoniales.

La presentación aclara expresamente que los hechos expuestos constituyen hipótesis para ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal y el juzgado interviniente, sin implicar afirmaciones categóricas de culpabilidad.

El eje central de la presentación judicial hace foco en la operatoria utilizada para desvincular al personal contratado a través del ente cooperador ACARA. De acuerdo con el texto de la acusación, si bien la reglamentación publicada disponía que las extinciones de la relación laboral debían efectivizarse mediante escritura pública ante escribano, en la práctica se habrían llevado a cabo homologaciones masivas ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO).

Esta modalidad, según sostiene el escrito, habría generado la facturación y percepción de honorarios profesionales no contemplados en la resolución oficial. Asimismo, a partir de testimonios incorporados a la denuncia, se señala que una importante cantidad de trabajadores habría sido representada por un mismo letrado patrocinante al cual no habrían seleccionado de manera libre y directa.

El documento expone además presuntos vínculos societarios y relaciones profesionales cruzadas entre algunos de los imputados. A su vez, cuestiona la falta de respuesta oficial frente a reiterados pedidos de acceso a la información pública sobre el detalle y los montos del plan de desvinculaciones, al tiempo que menciona la existencia de una sentencia judicial previa que ordenó al Ministerio la entrega de dicha documentación.

Por otra parte, el denunciante requirió que se analicen supuestas inconsistencias patrimoniales y el uso no justificado de un vehículo registrado a nombre de una firma contratista del Estado Nacional.

Un punto clave del escrito es el pedido para determinar si la migración de exfuncionarios del Ministerio de Justicia hacia la conducción del PAMI conllevó el posterior traslado o replica de este modelo de gestión administrativa y desvinculación de personal dentro del organismo de salud pública.

Fuentes libertarias desmienten de manera rotunda la denuncia y afirmaron que todo proceso de retiro voluntario se llevó a cabo sin inconvenientes.

Como parte del impulso procesal, la denuncia requiere una amplia batería de medidas probatorias que incluyen requerimientos de documentación a ministerios y organismos descentralizados, citaciones a declaración testimonial y la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), junto con la revisión de registros societarios y patrimoniales. (N/A)

La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego. 

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola  y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

El debate

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada". 

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las restricciones impuestas por la normativa actual.

Eb el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans,  afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa. 

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo". 

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", del cual dijo que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó en el discurso de cierre del oficialismo. 

"Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia", apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler" y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".

A través de un comunicado publicado en X bajo la firma del “futuro presidente de Brasil”, Bolsonaro repudió “con vehemencia” la decisión de Lula de bajar el nivel de la representación diplomática con la Argentina, a la que definió como “nación hermana, nuestro mayor socio comercial en América del Sur y amiga histórica del pueblo brasileño”.

En su descargo, el legislador del Partido Liberal sostuvo que la ruptura con Buenos Aires “no es un hecho inevitable”, sino “el resultado directo de una política exterior ideologizada y confrontativa” que, según su acusación, generó tensiones con tres países de la región en pocos meses: Estados Unidos, Paraguay y ahora la Argentina. En esa línea, afirmó: “Ningún gobierno de la historia reciente logró aislar tanto a Brasil en tan poco tiempo”.

El senador también cuestionó el uso político del discurso oficial sobre la “defensa de la dignidad nacional”, al que calificó de instrumento de propaganda, y fue más allá: “La soberanía y el prestigio de Brasil no se protegen con bravatas electoralistas ni rupturas diplomáticas. Se protegen con una economía fuerte, capacidad de negociación y una política exterior comprometida con los intereses permanentes de la Nación”. Además remarcó que la escalada fue unilateral, dado que el Gobierno argentino ya había señalado que no tomaría represalias frente a la decisión de Brasilia.

El mensaje de Bolsonaro, el principal rival de Lula en los próximos comicios de octubre, vinculó la crisis con la Argentina al desgaste regional de la izquierda y fue tajante: “El proyecto del Foro de San Pablo está colapsando en América Latina. Los regímenes que apadrinó (...) trajeron miseria, éxodo y violencia a sus pueblos, y ahora caen uno a uno”.

A su vez, el hijo del expresidente brasileño también apuntó contra el costo económico de la crisis y aseguró que sus consecuencias no las pagará el Gobierno que la generó: “Lo pagarán el productor rural, el industrial, el exportador y el trabajador brasileño, que dependen de estas relaciones para producir, vender y emplear, y que no participaron de las decisiones políticas que provocaron esta crisis”.

Un mensaje directo a Javier Milei

Bolsonaro cerró su comunicado con una promesa de campaña: “A partir de 2027, volveremos a tratar a nuestros vecinos como socios, no como adversarios ideológicos, y reconstruiremos los puentes con la Argentina, Paraguay, Estados Unidos y todas las naciones libres del continente”. Y dedicó las últimas líneas a Milei, a quien llamó “mi estimado amigo”: “Esta crisis no es entre nuestras naciones, es obra de un gobierno en su etapa final. Habrá paz y prosperidad para nuestros pueblos”.

El Presidente argentino no tardó en reaccionar y reposteó el comunicado de Bolsonaro en su cuenta de X, acompañado por las banderas de la Argentina y Brasil, un gesto que profundiza el acercamiento entre el mandatario libertario y la oposición brasileña.

La tensión bilateral escaló el martes, cuando Brasil resolvió no reenviar a su embajador, Julio Bitelli, a Buenos Aires y bajó el nivel de la relación diplomática a encargado de negocios tras las reiteradas descalificaciones de Milei contra Lula, a quien llegó a calificar de “corrupto” y “ladrón”. (con información de NA)

De acuerdo a fuentes oficiales, el encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno ecuatoriano, donde las delegaciones de ambos países concretaron la rúbrica de un abanico de instrumentos multilaterales y sectoriales. Por parte de la República Argentina, el encargado de suscribir los convenios fue el canciller Pablo Quirno.

Entre los documentos firmados destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, rubricado junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre los dos países.

Asimismo, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, Roberto Kury, la representación argentina avanzó en la firma de cuatro convenios clave: Acuerdo de Servicios Aéreos, para potenciar la conectividad y el turismo; tratado de Extradición, destinado a consolidar la cooperación en materia de justicia; acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear; y la declaración Conjunta sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), enfocada en la protección y soberanía de los recursos marinos.

En materia de seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, con el objetivo de fortalecer la respuesta conjunta ante amenazas digitales y proteger infraestructuras críticas.

Tras la ceremonia de pactos, ambos Jefes de Estado encabezaron la foto oficial junto a los miembros de sus respectivos gabinetes. Posteriormente, Milei y Noboa presenciaron el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, en un acto donde la banda militar entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

No fue la única actividad del mandatario argentino, porque una hora más tarde se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador.

Participaron: el presidente de ADEFA y de Peugeot Citroen Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodriguez Canedo; el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de ACARA, Sebastián Beato; el presidente y CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica, Carlos Galmarini; y el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales en VW Group Argentina, Patricio Sesti. (NA)

El encuentro, realizado en el Hotel Emperador, reunió a funcionarios nacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y referentes de la comunidad, en una jornada marcada por el reconocimiento a una etapa de estrecho acercamiento entre ambas naciones.

Durante el acto se presentó además el libro Geopolítica del Encuentro, editado por Fabián Autuori, una publicación que busca dejar testimonio del crecimiento de los vínculos entre Argentina e Israel y analizar distintos aspectos de la relación bilateral.

El presidente de la CCAI, Mario Montoto, destacó el trabajo compartido con Sela y repasó algunos de los principales avances registrados durante su gestión. Entre ellos mencionó el memorándum binacional para la lucha contra el terrorismo, los acuerdos impulsados por los gobiernos de Javier Milei y Benjamín Netanyahu, el crecimiento del intercambio comercial, el aumento de las exportaciones de carne argentina hacia Israel, los futuros vuelos directos entre ambos países y la participación de la empresa israelí Mekorot en proyectos vinculados al manejo del agua.

“Lo que construimos juntos trasciende los cargos y los mandatos, porque está hecho de convicción y de afecto”, expresó Montoto al despedir al diplomático.

Una misión marcada por el 7 de octubre

El canciller argentino Pablo Quirno, presente en el homenaje, destacó el rol de Sela durante un período atravesado por uno de los momentos más difíciles para Israel. “La misión de Eyal Sela quedó atravesada por la jornada más dolorosa que vivió Israel en generaciones: el 7 de octubre de 2023, el terrorismo de Hamas irrumpió en hogares, asesinó, secuestró y quebró para siempre la vida de miles de familias”, afirmó.

Y agregó: “Allí, en estos contextos, se reconoce la estatura de un diplomático”.

Al recordar su paso por la Argentina, Sela señaló que vivió en el país el impacto del ataque y los conflictos posteriores, pero también destacó las muestras de respaldo recibidas desde distintos sectores de la sociedad argentina.

“Aquí viví el 7 de octubre y todas las guerras de este tiempo, fue el peor pogrom moderno desde el Holocausto. Al mismo tiempo fue el mejor de los tiempos, porque muchos de ustedes, instituciones, organizaciones, empresarios salieron en cantidad a la calle a decir no al terrorismo”, sostuvo.

El embajador también valoró el respaldo del presidente Javier Milei hacia Israel y aseguró que la relación bilateral atraviesa “un momento óptimo”. Al cerrar su discurso, luego de repasar los distintos destinos de su carrera diplomática, resumió su experiencia en el país con una frase: “Para mí, Argentina es la cima”.

Un cierre con símbolos de amistad

Como reconocimiento a su labor, la CCAI entregó a Sela un facón argentino elaborado por un orfebre local, con las banderas de Argentina e Israel grabadas en la hoja.

Además, la entidad otorgó al canciller Pablo Quirno un certificado simbólico por la plantación de un árbol en el Bosque KKL Nova, en Mendoza, un espacio de memoria dedicado a las víctimas del Festival Nova del 7 de octubre.

También participó del encuentro Dorón Pe’er, agregado de Diplomacia Pública y vocero de la Embajada de Israel, quien finalizó su misión en la Argentina luego de cuatro años y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los puentes entre ambos pueblos.

La Cámara Alta había reanudado el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

De acuerdo con el poroteo realizado por el oficialismo, La Libertad Avanza contaba con 38 votos para aprobar en general el proyecto y para sancionar los capítulos referidos a los desalojos exprés de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, el nuevo régimen de expropiaciones y la regularización de escrituras de viviendas únicas en barrios vulnerables.

Ese respaldo se conforma con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Sin embargo, el escenario cambia para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano rechazaban esta propuesta, mientras persistían dudas sobre el voto de Beatriz Ávila y de los dos representantes misioneros.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados. (NA)

El operativo de seguridad, a cargo de fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes, restringe la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Está previsto que la concentración en Plaza Congreso tenga un pico de afluencia estimado a las 17.

La marcha se realiza bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. La protesta se inició en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero se mantuvo igual para este jueves.

A la convocatoria se plegaron en los últimos días la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales de la UTEP. Además en la plaza hay un sinfin de banderas gremiales, peronistas y de izquierda.

La protesta es federal porque además de la manifestación en CABA hay convocatorias confirmadas en ciudades de todo el país, como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.

Noticia en desarrollo

Según el texto, el Ejecutivo giró los fondos correspondientes a las universidades y el personal docente y no docente ya está percibiendo el aumento acordado.

El comunicado recuerda que el 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes que estableció un incremento salarial del 24,33%, dividido en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. En ese mismo acuerdo, las partes pactaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre.

Con ese argumento, Capital Humano sostiene que la negociación salarial sigue vigente y que, por lo tanto, la medida de fuerza “resulta prematura”.

El paro fue convocado por las federaciones y gremios que integran el sistema universitario nacional bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, y se extenderá entre el 11 y el 15 de agosto según distintas convocatorias sindicales. Los reclamos gremiales van más allá de lo salarial: apuntan al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas, y a la falta de ejecución de fondos para los hospitales universitarios. (con información de TN)

Según informó el canal de noticias TN, las actividades por ahora confidenciales del Sumo Pontífice, que visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, incluirían fuertes gestos en sintonía con la primera encíclica publicada por el Papa en mayo último, Magnifica Humanitas, con el subtítulo “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”.

En el documento, el Papa advierte contra las ideologías que miden el valor del ser humano solo por productividad o eficiencia. Denuncia la explotación silenciosa detrás de la economía digital y defiende la primacía del trabajo humano por encima del capital y los algoritmos. También critica la concentración de datos, infraestructura y algoritmos en pocas manos y dice que un orden justo debe proteger a los más frágiles y evitar la brecha de exclusión.

En Magnifica Humanitas, León XIV plantea un Estado presente, capaz de orientar la economía hacia el bien común. Reivindica la dignidad inalienable de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión y promueve la cultura de la negociación y el diálogo fraterno.

León XIV llegará al país como parte de una gira que incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, confirmó la noticia mundial el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, como publicó el sitio Vatican News.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre.

Después del paso por la Argentina, el 11 de noviembre llegará a Perú, su país de nacimiento, para recorrer Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. El Arzobispado de Lima pidió a los fieles aguardar la agenda formal para la visita del Sumo Pontífice entre el 11 y 17 de noviembre. Todos los detalles se reservan en secreto hasta dentro de un mes.

El director de Comunicaciones, Juan José Dioses, señaló: “Pido guardar calma porque siguen las conversaciones para que en un mes se anuncie oficialmente el libro de la visita con el itinerario de todas las actividades”.

La posible agenda de León XIV en la Argentina

Uno de los detalles que trascendieron esta mañana junto con la confirmación de la visita fue la posibilidad de una misa en el Monumental. “Descartado. Fue un pedido del Gobierno, pero River está descartado”, señaló una fuente cercana a la organización.

Sin embargo, horas más tarde, este medio pudo saber que los organizadores dieron marcha atrás en la decisión y el Papa le hablará a los fieles en la cancha millonaria.

En Uruguay, donde residen 900 mil católicos, León XIV sí oficiará una misa en el Estadio Centenario, con capacidad para 60 mil personas.

Todos los detalles de la organización que concentra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, están guardados bajo llaves, pero trascendió que el Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione forman parte del posible itinerario del Papa en la Argentina.

El cronograma sería el siguiente:

Domingo 8 de noviembre

• Casa Rosada: recepción oficial de Javier Milei al Papa. Cancillería (Palacio San Martín). Cumbre con gobernadores y líderes religiosos.
• Catedral Metropolitana: encuentro con el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y los obispos de la Conferencia Episcopal. Recibe monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

Lunes 9 de noviembre

• Misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles.
• Visita al Teatro Colón y a la UCA.
• Recorrida por el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

Martes 10 de noviembre

• Visita a Córdoba

Miércoles 11 de noviembre

• A las 11, misa de despedida en la Basílica de Luján.

En Buenos Aires, León XIV dormirá en la Nunciatura Apostólica, la misión diplomática de la Santa Sede ante la Argentina, en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en Recoleta.

Será la primera visita de un Papa en 40 años. Juan Pablo II había estado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El argentino Francisco no visitó el país en los 12 años de papado. (TN)

La iniciativa incluye cambios en la ley del Manejo de Fuego, limita las expropiaciones y reforma la ley para regularizar

La Cámara alta reanudará el debate a las 14 que se había suspendido el pasado 16 de julio debido a las diferencias que había sobre el ahora eliminado capítulo sobre extranjerización de tierras.

Sin los artículos que flexibilizaban la venta de tierras a extranjeros ni de los barrios populares, el Senado debatirá una versión acotada del dictamen de mayoría, que tiene como eje central agilizar el desalojo de las viviendas intrusadas.

De esta manera, el oficialismo afrontará podrá salvar el proyecto que como todas las iniciativas que diseña el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone reformar leyes de diferentes temáticas.

Cómo quedarían los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos en que se trate de inmuebles usurpados o tenedores precarios, donde el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si "el derecho invocado fuese verosímil y previa caución juratoria".

El juez podrá intimar dentro de las 72 horas la devolución del inmueble si así lo pide el propietario, que deberá mostrar con prueba documental que es el dueño de este terreno, vivienda o campo.

Los inquilinos que adeudan el pago de sus contratos deberán recibir de parte del propietario una carta documento y otorgar un plazo de al menos 10 días corridos para ponerse al día, que se contarán desde que reciben la respectiva notificación.

La notificación se deberá realizar en el domicilio denunciado en el contrato o también por correo electrónico y deberá precisar el lugar exacto del pago. Si se mantiene el incumplimiento del inquilino, el propietario puede iniciar la acción de desalojo que se efectuará en un plazo de 10 días hábiles.

Otro punto es que el propietario no puede negarse a recibir las llaves ni poner condiciones para aceptarlas, aunque puede dejar asentado por escrito que quedan deudas pendientes por reclamar después. 

En el caso de que haya menores o adultos en situación de desamparado, el juez deberá darles intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, sin perjuicio de la continuidad del proceso.

Las expropiaciones 

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida.

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a treinta días.

No se realizará la transferencia sin el pago de la indemnización, aunque el Estado podrá pedir la posesión de ese bien.

Otro punto es que el juez podrá pedir un dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación cuando hay diferencias sobre el valor que debe pagar el Estado.

Ley de manejo de fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actual norma, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Digitalización y regularización de escrituras

Se podrá presentar documentos digitales en los Registros de la Propiedad de todo el país, aunque en algunas jurisdicciones ya se permiten.

El proyecto modifica la ley "Pierri" de regularización dominial para que puedan acceder a la escritura de esa vivienda única para las familias que tengan una posesión pública durante los 10 años anteriores para poder acceder a ese beneficio. (N/A)

Personalidades de la cultura nacional se reunieron en el Teatro Picadero y, según el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, llamaron “a toda la población a sumarse a las calles desde este jueves al mediodía para evitar un verdadero remate de nuestra soberanía”.

“Lo vemos con Malvinas. Se nos hincha el pecho para gritar que son nuestras, mientras empresas extranjeras avanzan en la exploración de hidrocarburos en la zona, sin jurisdicción para hacerlo. Quieren eliminar de un plumazo todo límite a la venta de nuestros bienes, entregando las tierras de frontera, las playas, los ríos y nuestras fuentes de agua dulce”, continúa el escrito.

Durante la reunión, se presentaron escritoras, cantantes como Wos, legisladores y parte del colectivo de Actrices Argentinas, representadas por Laura Azcurra, Celina Font, Valentina Bassi y Mirta Busnelli.

Por su parte, figuras del espectáculo se expresaron a través de distintas plataformas, así como el intérprete de Cumbia RKT y 420 Elián "L-Gante" Valenzuela pidió: "Llamado importante a toda la gente del pueblo argentino. Presten atención a los planes y las nuevas leyes que están queriendo imponer para nuestro país. No se dejen engañar y no apoyen el negociamiento (sic) de nuestras tierras".

La actriz Juana Molina, que señaló: “Lo que va a pasar el 6 de agosto es algo importantísimo. Me viene la idea esta de que muchas veces la gente se preocupa más por quién dice las cosas en lugar de escuchar lo que dicen, porque hasta el más idiota puede decir una genialidad y el más brillante puede decir una estupidez”.

“No se trata de que estés o no de acuerdo con un gobierno u otro. No importa quién gestionó la idea, sino que no se haga. Tenemos que unirnos todos para ir a protestar contra algo inadmisible, absurdo y que no tiene retorno. Nos va a perjudicar a todos a nivel global. Tratemos de dejar las diferencias a un lado y reunirnos todos en el Congreso”, cerró la intérprete.

Mientras que el cantante Dillom se mostró en un recital cuando desplegaba una bandera con la leyenda “La patria no se vende 06/08”; su par Catriel compartió un video en redes sociales: “Guarda que quieren vender la Patagonia, no te vas a dar cuenta y vas a quedar a pata en agonía. Cuando los gringos paguen la primera cuota (...)”.

En línea, la artista Lali Espósito también se pronunció a través de sus redes sociales: “Nos encontramos el jueves, en la plaza, en el Congreso para defender nuestra tierra, el agua y los recursos estratégicos. Es muy importante que todos estemos ahí”.

Por su parte, el influencer Martín Cirio inició su discurso con el contexto de la unión nacional que generó la “Campaña anti-Argentina” y comparó: “Todos alentaban ‘argentinos, argentinos y argentinos’. Vamos a ver el 6 de agosto que se va a debatir la ley de tierras que busca vender toda la Argentina, con los recursos naturales que un montón de países protegen, países que tanto admiran, como Estados Unidos y demás que resguardan -sus tierras- y acá se va a rifar el país”.

“Ahora es momento de ser argentinos. Mucha bandera de ‘Las Malvinas son argentinas’ y demás, así como bardear a Rosalía para que se quede fuera de nuestro país. Buenísimo, ahora, el 6 de agosto es un día muy importante. Espero que no se apruebe esa ley. Habrá una marcha en el Congreso y nos vemos ahí”.

Así como la cantante Nicky Nicole repostó un compilado de datos bajo el lema de “Argentina no se vende” que apuntaba: “Sin Ley de Tierras, la Argentina puede dejar de ser nuestra. 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras: equivalen al territorio de Santa Fe, Grecia, Inglaterra y 11 Islas Malvinas”; Tini Stoessel publicó una fotografía de una bandera nacional, bajo la misma premisa.

La actriz Dolores Fonzi se pronunció anteriormente: “Es importante. Es ahora. Es por vos y por los que vienen. Quieren vender todo. Nos vemos en la calle para frenar la embestida. ¡Basta! Convoquemos”. (N/A)

En el Decreto 714/2026 se informó: “Desígnase, a partir del 1° de julio de 2026 y por el término de cuatro años, al doctor Pedro Nicolás Di Nezio en el cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional”.

Di Nezio estará en el citado organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, “con rango y jerarquía de Subsecretario”.

En el mismo Decreto se señaló previamente: “Acéptase, a partir del 1° de julio de 2026, la renuncia presentada por el licenciado Antonio José Mauad al cargo de Director del Servicio Meteorológico Nacional, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa”.

El recambio en la conducción del SMN se produce pocos meses después de una serie de desvinculaciones de personal en el organismo. El 15 de abril, informó que el Gobierno avanzaba con la salida de 140 trabajadores como parte de un “plan de modernización” analizado por los ministerios de Defensa y de Desregulación y Transformación del Estado.

Según fuentes de la institución consultadas entonces, se trataba mayormente de empleados con contratos temporarios y la medida podía ser la primera de dos tandas de despidos hasta alcanzar a 240 trabajadores, sobre una planta total de 972. Además, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el organismo ya había perdido más de 200 empleados.

Directivos y especialistas consultados por este medio también habían advertido que los recortes alcanzarían a observadores meteorológicos de distintas estaciones del país y podían afectar la calidad de los pronósticos. Estos técnicos recopilan los datos utilizados para elaborar previsiones meteorológicas y sistemas de alerta temprana ante fenómenos extremos. “Menos datos implican pronósticos menos precisos”, había explicado una meteoróloga desvinculada. (NA y La Nación)

“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, expresan en Nación. La evaluación abarca en principio los organismos alcanzados por la reforma que el Ejecutivo impulsó mediante decretos delegados en 2025 y que luego quedó sin efecto por el rechazo del Congreso, pero en la Casa Rosada adelantan que también hay otras dependencias bajo análisis.

En Balcarce 50 sostienen que la nueva revisión integral apunta a profundizar la reorganización de la administración pública antes de 2027. El proyecto bajo análisis busca dar respaldo legislativo a parte de las transformaciones sobre organismos que el Ejecutivo había impulsado por decreto y que luego quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso. Además, el oficialismo asegura que analiza incorporar nuevas modificaciones sobre otras estructuras del Estado.

El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas, y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer las estructuras anteriores.

La diferencia respecto del proyecto que comenzó a redactar el Ministerio de Desregulación a principios de año es que la nueva revisión no parte de una nómina cerrada. Los equipos de Federico Sturzenegger cruzan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de definir qué organismos integrarán la propuesta. En Nación sostienen que la intención es que el paquete no sea una copia exacta de los decretos rechazados.

El plan incluye además continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración. El último informe oficial de Desregulación sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, y calcula un ahorro acumulado de US$2814 millones.

El documento muestra que la baja fue mayor en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. La APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%, mientras que dentro de la administración nacional la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas. Los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%, frente a una reducción del 15% en las plantas permanente y transitoria.

El informe del Indec publicado el último jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la Administración Pública Nacional y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solo durante junio la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.

La meta política que se había fijado el oficialismo para 2026 era reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si ese objetivo se cumplirá de manera uniforme, pero sostienen que continuará funcionando como referencia para los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La instrucción genera resistencias dentro de la propia administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas y reclaman que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.

La profundización del ajuste también está vinculada con la situación fiscal. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%, en parte por la postergación de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.

La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8% por las alícuotas más bajas y una elevada base de comparación. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.

En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo por el crecimiento del pago de intereses. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital, al tiempo que se avanza con reformas tributarias, previsionales y fiscales.

En la Casa Rosada aseguran además que la revisión no se limita a la reforma de organismos que quedó trunca tras la caída de los decretos delegados. En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja sobre un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos, lo que en el oficialismo consideran parte del mismo proceso de reorganización del Estado. (con información de TN)

Según expresaron en un comunicado conjunto, la medida de fuerza responde a tres incumplimientos que atribuyen al Ejecutivo: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, el desacato a una medida cautelar que ordena actualizar los salarios del sector y el incumplimiento de un acuerdo sobre las partidas destinadas a los hospitales universitarios.

Desde las organizaciones gremiales sostuvieron que el conflicto se arrastra desde hace más de dos años y medio y que la situación económica de las universidades continúa deteriorándose.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace casi 300 días y que, según los gremios, todavía no fue ejecutada por el Poder Ejecutivo.

A ese planteo se suma una medida cautelar que, de acuerdo con los sindicatos, fue ratificada por la Corte Suprema y obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes tomando como referencia los valores de noviembre de 2023. Los representantes del sector afirman que esa resolución judicial tampoco fue cumplida.

El tercer reclamo está vinculado a los fondos destinados a los hospitales universitarios. Según denunciaron, el Gobierno tampoco respetó un acuerdo previamente firmado para garantizar esas partidas de funcionamiento.

Al analizar el contexto de la protestas, fuentes universitarias sostuvieron que el Gobierno "se enfrenta a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que votó la Ley de Financiamiento Universitario y a la Justicia al desobedecer la cautelar" sobre la actualización salarial.

La jornada de protesta del 12 de agosto se realizará bajo la consigna "En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro", con adhesión de gremios y federaciones universitarias de distintas provincias del país. (La Voz)

“Me parece que son declaraciones desafortunadas las que tuvo, compuso una fórmula de Gobierno y si no está de acuerdo que se corra”, manifestó el canciller en declaraciones televisivas.

“Lo que tiene que hacer es acompañar. Estoy pidiendo que dé un paso al costado si piensa esa situación porque no es procedente hablar del Presidente de esa manera”, agregó por A24 el jefe de la diplomacia, para quien “es sabido que desde el principio ha tratado de generar desestabilización”.

Según Quirno, Villarruel tuvo reuniones a poco de asumida, en diciembre de 2023, en las que aseguró a diversos sectores que “si pasaba algo”, ella estaba lista para hacerse cargo de la presidencia en lugar de Milei y que eso resquebrajó la relación del binomio ganador del balotaje.

Con sus palabras, Quirno se sumó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que había pedido la dimisión de Villarruel, y a la senadora Patricia Bullrich, que la cuestionó en duros términos. Santilli se quejó por un tuit de la vice en el que cuestionaba el equilibrio mental de Milei y le pidió que se fuera. “Conspira contra el orden republicano de la Patria”, llegó a decir el ministro coordinador.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, fue la respuesta de Villarruel.

Bullrich no pidió por su salida, pero realizó fuertes afirmaciones contra la vice por la decisión de la titular de la Cámara alta de habilitar el voto on line de Anabel Fernández Sagasti (por embarazo avanzado) en la sesión de este jueves en el Senado en la controvertida ley que permite la venta de tierra a extranjeros.

La otrora ministra de Seguridad opinó que es “un mamarracho jurídico”. Y otra que alzó su voz en contra de la iniciativa fue la diputada Silvana Giudici: “La que decía que no podía intervenir en las decisiones del pleno cuando los senadores se aumentaron desproporcionadamente las dietas, hoy mete una resolución antirreglamentaria para permitir el voto remoto de una senadora embarazada”, dijo la antigua diputada de la UCR y el PRO. (Página 12)