Dentro de cada presupuesto provincial, en este caso correspondiente al ejercicio 2026, las provincias dedican una porción al funcionamiento del Poder Legislativo, el cual se reparte entre cada legislador que forma parte de las Cámaras.

Del total de los 24 estados subnacionales, cada uno aparta $1.835.300 millones al funcionamiento de sus legislaturas. Considerando que reúnen un total de 1.199 diputados y senadores, el gasto promedio asciende a $1.531 millones por legislador por año (cerca de $128 millones mensuales).

“Los recursos asignados a esta función resultan elevados tanto al compararlos con otras partidas dentro de los propios presupuestos provinciales como al contrastarlos con parámetros internacionales. Esta desproporción también se advierte cuando el nivel de gasto se relaciona con la cantidad y la calidad de los proyectos legislativos presentados y aprobados”, advirtió el informe de la Fundación Libertad, el cual mide y analiza estas métricas desde hace ocho años.

El caso más elevado es el de Tucumán. La provincia que gobierna Osvaldo Jaldo cuenta con 49 legisladores y destina $3.725 millones por cada uno.

Le sigue la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que, si bien tiene más legisladores (60), aparta $3.402 millones para el personal. En tercer lugar está Chaco, con 32 diputados y senadores y un costo de $3.057 millones por cada uno.

En el extremo opuesto se ubican San Luis y Santiago del Estero, que registran los menores costos, con erogaciones anuales de $176 millones y $206 millones por legislador, respectivamente.

Bajo estos números se puede afirmar que el costo de un legislador tucumano es más de 21 veces el registrado en San Luis, que cuenta con más legisladores (52).

En conjunto, el gasto destinado al Poder Legislativo representa el 1,15% del total de los presupuestos provinciales.

Tucumán (3,66%), Catamarca (2,64%) y Chaco (2,22%) son las tres provincias que destinan el mayor porcentaje. “Si bien pueden parecer poco significativos dentro de los presupuestos, cuando se realizan algunas comparaciones sobre otras erogaciones que realizan las provincias, se puede advertir la importancia relativa de los mismos”, explican desde la Fundación.

Participación del gasto en personal

La composición del Poder Legislativo no termina en los diputados y senadores, sino que cada diputado y senador cuenta con un grupo de secretarios, asesores y demás empleados permanentes y transitorios.

En ese sentido, casi el 85% del gasto legislativo está destinado al gasto en personal: para las provincias en las que fue posible obtener este dato, el porcentaje promedio se ubica en 84%, donde Río Negro (95%), Formosa (94,2%), Mendoza y Santa Cruz (94%) son las de mayor ratio. En el otro extremo están Santa Fe (64,6%), San Luis (72,9%) y CABA (73,2%).

Otro dato interesante es saber cuánto personal dispone cada legislador. En primer lugar aparece Corrientes, que tiene 72 empleados por legislador, seguido por Chaco (70) y Formosa (62).

Del otro lado, son tres los estados provinciales que destinan menos de diez empleados por legislador: San Luis (2), Santiago del Estero (5) y Córdoba (8).

“En el marco del proceso de reducción y ordenamiento del gasto público impulsado por la actual gestión, el Poder Legislativo no debería quedar al margen. Quienes integran las cámaras provinciales tienen la responsabilidad de promover y encabezar esta transformación, dando respuesta a una demanda de mayor austeridad y eficiencia ampliamente extendida en la sociedad”, se indicó. (con información de NA)

La titular del Senado compartió este miércoles sus compromisos en el país europeo a través de su cuenta de Instagram. "Me reuní en el Senado de España con el Grupo Parlamentario de Amistad Iberoamericano", expresó y precisó: "Asistí junto a los senadores nacionales Maximiliano Abad (UCR), Natalia Gadano (Moverse Santa Cruz), Martín Goerling (PRO) y Sandra Mendoza (Convicción Federal)".

"Allí nos recibió el presidente del Senado de España, Pedro Rollán", agregó y contó: "Tuvimos un encuentro para fortalecer los vínculos entre nuestros países, compartir experiencias y seguir trabajando por una Iberoamérica unida basada en el diálogo, la cooperación y el respeto institucional", afirmó.

La sesión inaugural será el jueves 1° de octubre a las 10 horas en el Hemiciclo del Congreso de los Diputados de España. Hablarán el presidente de la Cámara, Francina Armengol; el secretario general Iberoamericano, Andrés Allamand; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, y el titular del Senado español, Pedro Rollán. El cierre estará a cargo del rey Felipe VI.

Luego se llevarán a cabo distintas conferencias relacionadas con los principales desafíos de las democracias contemporáneas. La directora de la Fundación ELLIS Alicante, Nuria Oliver, se centrará en el impacto de la inteligencia artificial; el filósofo y ensayista Daniel Innerarity se enfocará en las amenazas a la democracia vinculadas con la fragmentación política, la polarización, la desinformación y los populismos.

Además, el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, analizará las amenazas híbridas y la desinformación en los conflictos armados; la catedrática Tània Verge i Mestre expondrá sobre las brechas de igualdad de género y el titular de la Asamblea de la República de Portugal, José Pedro Aguiar-Branco, hablará sobre el rol de la diplomacia parlamentaria frente a los desafíos geopolíticos actuales.

El viernes 2 de octubre la actividad seguirá en el Palacio del Congreso de los Diputados con una sesión plenaria. Allí se presentarán las conclusiones a las que se llegaron en las cuatro mesas de trabajo y se desarrollarán las intervenciones de los presidentes de los parlamentos y de los distintos jefes de delegación.

En el cierre se conocerán las conclusiones del encuentro, que conformarán el resultado del trabajo que los parlamentarios realizaron en ambas jornadas. (NA)

En un comunicado difundido este miércoles, la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la decisión argentina de recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés) constituye un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.

Además hizo saber que convocaron a la embajadora Mariana Plaza para entregar la nota. "Dejamos en claro a la Embajadora" que "los esfuerzos para obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo. Tal comportamiento plantea preguntas sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido", dijo Kumaran.

La reacción británica llega después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención del Mar, con el objetivo explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Ahí operan, en principio, la empresa israelí Navitas Petroleum, y la británica Rockhopper Exploration, que se preparan para estar extrayendo petróleo por primera vez en 2028.

Milei amenazó el lunes al Reino Unido con ir a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar si en dos semanas las empresas que operan en las islas no cesaban sus actividades, una medida que muchos académicos reclamaban desde hace tiempo, pero cuya eficacia, al igual que las sanciones, es debatible.

Ese lunes, mientras Milei y su equipo preparaban el viaje de inversiones a París de esta semana, unas 40 empresas de las Islas Malvinas y Chile desafiaban el esquema de sanciones contra las compañías que operen en el archipiélago. Las mismas fueron acogidas en un gran Showroom en Punta Arenas, el bastión político y económico de los isleños en el país trasandino que busca prepararse para el "boom petrolero" de sus amigas, a las que llaman Falklands, la toponimia británica.

De hecho, en el comunicado del lunes el Gobierno argentino también denunció de forma poco clara que una empresa aérea británica hizo vuelos sin permiso entre Punta Arenas y Mount Pleasant, la titánica base de las Islas Malvinas, que además de controlar el Atlántico Sur para Londres, hace de aeropuerto internacional del archipiélago. Hablaron de la empresa Thales UK Limited, que no habría sobrevolado el territorio argentino continental. Pero en otras situaciones, ni la Rosada ni Cancillería fueron claras a qué vuelos se referían.

Por su otra parte, las declaraciones de Kumaran y la protesta a la embajadora Plaza -quien curiosamente con la ex canciller Diana Mondino y después con Pablo Quirno exploraron una política de acercamiento a Londres por completo contraria a la dureza de Milei y su canciller ahora bajo la batuta comunicacional del asesor Santiago Caputo-tiene como tienen también su contexto.

Por un lado, Donald Trump presionó al gobierno de Andy Burnham -a quien elogió finalmente y mucho en el encuentro que mantuvieron en un apartado de las Naciones Unidas- con declaraciones ambiguas sobre Malvinas. El republicano dijo varias veces meses y semanas atrás que podría cambiar la neutralidad de Estados Unidos sobre el conflicto de soberanía por Malvinas, favoreciendo la Argentina. Buscaba que Londres aumente su gasto en Defensa, y lo ayude como aliado, algo que empezaron a debatir los británicos.

A su vez, después de la amenaza de Milei de recurrir a la CONVEMAR y al Tribunal Internacional del Mar, Navitas y Rockhopper -que volvió a ratificar en las últimas horas que avanzarán con su proyecto en Malvinas- se mostraron nerviosas.

Tanto es así que recurrieron a Ed Miliband, el canciller. Según informó el diario The Telegraph este miércoles, ambas petroleras le reclamaron al Ministerio de Asuntos Exteriores británicos (el Foreign Office).

“Estamos trabajando en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y mantenemos un contacto muy estrecho con el gobierno de las Islas Falkland”, declaró un portavoz, de las empresas a las que las autoridades de Malvinas le acaban de extender sus licencias para operar por siete años más

“Instamos al Ministerio de Asuntos Exteriores a que responda adecuadamente a las amenazas ilegítimas de Argentina contra las empresas y los particulares de las Islas Falkland y del Reino Unido, mientras continuamos desarrollando el proyecto y nos aseguramos de que siga su curso.”

Kumaran afirmó que los habitantes de las islas “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales “sin intimidación, coerción o interferencia” de terceros. (con información de Clarin)

La Libertad Avanza había convocado a una reunión informativa para avanzar con el análisis de la iniciativa impulsada por el Gobierno, pero el encuentro quedó atravesado por el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 154 del DNU 70/23 y la denominada Ley de Tierras.

La decisión del máximo tribunal modificó el escenario previsto por el oficialismo y, desde el comienzo, el plenario se convirtió en un intercambio de acusaciones entre legisladores de La Libertad Avanza y sectores de la oposición.

De todos modos, el oficialismo mantiene la intención de realizar otras dos reuniones informativas durante la próxima semana y llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el 21 de octubre.

La reunión terminó de manera abrupta cuando el presidente de la Comisión de Defensa, Carlos Zapata, decidió levantar el plenario luego de un fuerte intercambio entre Juan Grabois y la diputada libertaria Juliana Santillán.

El dirigente de Patria Grande calificó de “tonta” a Santillán, luego de que la legisladora le recriminara que estaba leyendo el discurso que pronunciaba ante el plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

Zapata le pidió a Grabois que se disculpara, pero ante su negativa advirtió que podía cortarle el micrófono. La respuesta del dirigente social fue: “Dejá de apagar el micrófono, facho de mierda”.

El episodio derivó en el levantamiento de la reunión, después de un encuentro que estuvo atravesado por constantes cruces entre oficialistas y opositores.

La tensión había comenzado durante la exposición de la diputada de izquierda Myriam Bregman, quien fue interrumpida por el diputado libertario santacruceño Jairo Guzmán. Grabois reaccionó en defensa de la legisladora y se acercó hasta el lugar donde se encontraba Guzmán.

En ese momento se produjeron forcejeos e insultos entre los legisladores, situación que se agravó cuando el diputado libertario Gerardo Huesen le gritó “cagón” a Grabois.

Ante el desorden, Zapata le reclamó al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que “ponga orden en su bloque”, mientras Grabois le pidió al titular de la comisión que evitara que Guzmán interrumpiera la exposición de Bregman.

Otro momento de tensión se produjo durante la exposición del libertario Federico Pelli, quien fue interrumpido en varias oportunidades por el diputado de Unión por la Patria y exministro de Defensa Agustín Rossi.

El Gobierno defendió el proyecto

En medio de los cruces, la secretaria Legal y Técnica, Paula Tadei, defendió el proyecto y sostuvo que busca “dotar a la República Argentina de un marco normativo integral, permanente, coordinado y eficiente para la defensa de la soberanía, la protección de los intereses vitales y los recursos estratégicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales frente a amenazas a nuestra soberanía”.

Tadei también recordó la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, que establece que la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y el ejercicio pleno de la soberanía constituyen “un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

En ese sentido, afirmó que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo constituye “una materialización concreta de ese mandato constitucional”.

A su turno, el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija, explicó los alcances de las modificaciones previstas sobre actividades vinculadas con recursos naturales.

Stampalija señaló que la Ley 26.659 estaba destinada específicamente a prohibir actividades relacionadas con hidrocarburos, mientras que el nuevo proyecto amplía su alcance a actividades vinculadas con recursos naturales renovables y no renovables. Según explicó, la iniciativa también reemplaza el régimen de inhabilitación administrativa por un esquema que contempla distintas sanciones, entre ellas multas y cancelaciones de inhabilitaciones.

Las críticas de la oposición

Desde Unión por la Patria, el diputado Eduardo Valdés cuestionó el proyecto y vinculó su tratamiento con la política exterior del Gobierno.

“Este proyecto de ley del Gobierno es una devolución de gentilezas a Scott Bessent y a Donald Trump por aquel apoyo a la campaña, cuando decían literalmente que ambicionaban las tierras raras y las riquezas de la Argentina”, sostuvo.

Valdés agregó que, a su entender, “quieren regalar el país al Escudo de las Américas” y vinculó el debate con el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras.

Por su parte, el diputado del MID, Eduardo Falcone, planteó reparos sobre el protocolo militar incluido en la iniciativa.

Falcone sostuvo que el proyecto contempla acciones de defensa que podrían llegar “hasta el derribo de un avión o hundimiento de un buque hostil” por decisión del Presidente o del ministro de Defensa.

El legislador cuestionó que, ante una eventual situación de ese tipo, el texto no contemple la participación del Congreso prevista por la Constitución Nacional y señaló que propuso un procedimiento complementario para cumplir con esa disposición.

Según Falcone, el oficialismo manifestó que revisará ese protocolo.

Tras el primer plenario, el oficialismo deberá definir cómo continúa el tratamiento de la iniciativa, mientras persisten las diferencias políticas en torno al proyecto y al impacto del fallo de la Corte Suprema sobre la legislación vinculada con las tierras rurales. (con información de NA)

"No es la primera vez que lo intentan, no va a ser la última, no se cansan, nosotros tampoco. Mañana nos vemos en San Juan", sostuvo el hijo de la ex presidenta Cristina Kirchner en un comunicado.

"Como cada vez que recorro el país, hoy me subí al auto modelo 2007 que uso habitualmente, para ir a San Juan a una serie de actividades con compañeras y compañeros. Todos estos años circulé en este auto sin ningún problema en la Ciudad de Buenos Aires y autopistas bonaerenses. Recientemente lo hice cuando fuimos a La Rioja y a Mar del Plata", comenzó señalando. 

En ese marco, detalló que "en un control de ruta en el ingreso a San Luis" lo demoraron porque la camioneta "tenía un supuesto pedido de captura del juez Ercolini de Comodoro Py".

"También me hicieron control de alcoholemia, lo que celebro y que, por supuesto, dio negativo. Como siempre hice, esperé a disposición de la policía provincial y de la justicia para que aclaren el entuerto. Después de casi dos horas de estar demorado en la ruta, junto a las personas que me acompañaban, nos avisaron que podíamos seguir viaje", comentó. (con información de NA)

"Van a tener que elegir entre un país grande o un país miserable", enfatizó Milei, que se conectó por zoom desde París, Francia, donde encabeza el Argentina week.

El mandatario nacional aseguró que cumplió sus "promesas de campaña a mitad del período" y pidió "paciencia" para ver el crecimiento del país.

"Lo primero que hay que tener es paciencia porque los procesos de crecimiento no son instantáneos, demandan mucho tiempo", explicó Milei, aunque aclaró que su "programa es seguir creciendo".

En la comunicación, Milei explicó su gobierno toma "medidas muy concretas para estimular el crecimiento económico", pero pidió entender también "las variables políticas".

"Enfrente tenés un grupo de personas que está dispuesto a romper todo", recalcó el Presidente, que también denominó a la oposición como "la máquina de impedir".

"Si quieren vivir en un país próspero, serán los mejores cuatro años de la historia, pero si deciden otra cosa, pagarán las consecuencias por elegir el camino de los últimos cien años", subrayó Milei, entrevistado por el periodista José Del Río, tras ser presentado por el presidente del evento, y CEO del Grupo Galicia, Fabián Kon.

El Presidente prometió que si en 2027 gana las elecciones, va a "redoblar el ritmo de las reformas, la inflación se va a pulverizar y la economía va a crecer mucho más".

"La Argentina podría converger en 35, 40 años, pero eso requiere trabajo sistemático, existen chances de acelerarlo y nosotros lo estamos haciendo, pese a los energúmenos que tenemos enfrente y no tienen problema en romper todo", aseguró. (NA)

Noticia en desarrollo

El diputado nacional y dirigente de La Cámpora se dirigía hacia San Juan, donde este jueves tiene prevista una agenda de reuniones con referentes del peronismo y militantes.

El vehículo, un Honda CR-V, figuraba en el oficio de pedido de la causa Hotesur, a nombre de Máximo Kirchner.

El pedido de secuestro data de febrero de 2019 y firmado por el juez federal Julián Ercolini. En ese documento se dispuso retener una serie de vehículos incluidos en un listado, pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

El procedimiento realizado en Justo Daract ocurrió un día después de que la Policía de San Luis secuestró una camioneta RAM 2500 Laramie 4×4 vinculada con la misma causa.

El operativo se llevó a cabo el martes sobre la ruta provincial Nº 1, en el puesto de control de Los Molles. El vehículo circulaba desde Cortaderas hacia Villa de Merlo.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la Policía de San Luis, la RAM figura a nombre de Cristina Kirchner y también contaba con un pedido de secuestro.

Durante el control, la fuerza constató que el actual propietario del vehículo es un hombre que reside en San Luis. El informe del procedimiento identificó al conductor como un vecino de Cortaderas, de 38 años.

Según la información oficial, la camioneta había ingresado a la provincia el domingo 27 de septiembre y fue detectada por las lectoras de patentes instaladas en el pórtico de Santa Rosa del Conlara, que forma parte del Anillo Digital Federal.

El avión presidencial ARG 01 arribó a la capital francesa alrededor de las 18.00 (13.00 de la Argentina). En el vuelo viajaron junto al Presidente su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; integrantes del gabinete nacional y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Otros funcionarios viajaron previamente y ya se encuentran en París. Entre ellos está el ministro de Salud, Mario Lugones, mientras que los gobernadores que participarán de la Argentina Week tienen previsto arribar durante la noche, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En coincidencia con la llegada del mandatario, el Parti Libertarien Français y el colectivo Les Mileistes Français convocaron para las 19, hora local, a una concentración de respaldo a Milei en las inmediaciones de la Embajada argentina, sobre Avenue Kléber, en el distrito 16 de París.

Los organizadores señalaron que buscan mostrar que las políticas de reducción del gasto público y liberalización económica impulsadas por el Gobierno argentino cuentan con simpatizantes en Francia.

También fue convocada una movilización opositora a Milei en París, aunque el lugar de la protesta todavía no estaba confirmado y podría realizarse en la zona de Trocadéro. La Assemblée de citoyens argentins en France (ACAF) llamó a manifestarse contra la visita del mandatario, mientras una petición para solicitar a la ciudad de París que declare al Presidente “persona non grata” reunió más de 3.500 firmas, según informó France 24.

La actividad central del viaje será la Argentina Week, que se extenderá hasta el viernes y tendrá como objetivo presentar oportunidades de inversión ante empresarios y dirigentes europeos. París alberga la segunda edición del encuentro, después de la realizada en Nueva York en marzo.

Milei estará acompañado durante las actividades por ministros, empresarios y una decena de gobernadores. Francia constituye uno de los principales focos de la gira: es el séptimo inversor extranjero en la Argentina y unas 250 filiales de compañías francesas emplean alrededor de 53.000 personas en el país, de acuerdo con datos difundidos por France 24.

El jueves, el Presidente tiene previsto participar de una actividad en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y posteriormente mantener un encuentro privado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. (NA)

El avión ARG01 con Milei a bordo, despegó este martes a las 22:10 desde Aeroparque y tiene previsto aterrizar en Gran Canaria para una escala técnica este miércoles a las 12:09 hora local (7:09 de Buenos Aires). 

Allí se estima que podría estar una hora y media o dos y luego partiría hacia París, por lo que serían tres horas más de vuelo.

Tal como confirmaron fuentes oficiales y la organización, el jefe de Estado se hará presente en la edición 62° del Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se desarrollará este miércoles y hasta el viernes inclusive en Mar del Plata, Buenos Aires.

La intención es que, desde París, el economista ofrezca un discurso este miércoles a las 18:30 sobre el panorama económico de la Argentina, en el cierre de la primera jornada del evento empresario, cuyo lema de esta edición es “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

En relación con la gira internacional del jefe de Estado, partía este martes por la noche a la capital francesa. 

El miércoles, Milei tendrá actividades por el Argentina Week, mientras que el jueves disertará en la sede oficial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); luego tendrá una reunión con empresarios y, por último, otra con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

No estará solo, ya que lo acompañará una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios. El objetivo es exponer ante ejecutivos globales las oportunidades de inversión en sectores estratégicos del país.

El evento, denominado Argentina Week, tendrá lugar entre el este miércoles y el 2 de octubre en la capital francesa y será el segundo del año, después del realizado en Nueva York durante marzo pasado.

El encuentro, organizado por la Embajada argentina en Francia, tendrá su jornada inaugural en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este escenario, Milei encabezará la apertura como orador principal, presentado por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

El programa inicial estará enfocado en la transformación macroeconómica del país y contará con las exposiciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

De parte del Gobierno, también formarán parte de la comitiva la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Juan Bautista Mahiques, de Justicia; Federico Sturzenegger, de Desregulación; Mario Lugones, de Salud; y el canciller Pablo Quirno.

La agenda priorizará áreas clave como energía, minería, agroindustria, tecnología, salud y comercio internacional. Durante las jornadas se abordarán proyectos de gas, Vaca Muerta y producción de urea, además de paneles sobre litio, cobre y minerales críticos.

Entre las figuras internacionales confirmadas están el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol; el CEO de ADNOC y ministro de Industria de Emiratos Árabes Unidos, Sultan Al Jaber; y el CEO de Eni, Claudio Descalzi, quienes integrarán el bloque dedicado a Argentina LNG junto al presidente de YPF, Horacio Marín.

Además de los integrantes del gabinete nacional, la representación argentina contará con gobernadores provinciales y directivos de compañías como Pan American Energy, Pampa Energía, Globant, Adecoagro, Cresud y Aeropuertos Argentina.

De esta manera, entre los empresarios que dirán presente estarán Marcos Bulgheroni de PAE, Martín Migoya de Globant, Marcelo Mindlin de Pampa Energía, Manuel Antelo de Grupo Antelo, Mariano Bosch de Adecoagro, Alejandro Elsztain de Cresud, Juan Pablo Bagó de Bagó y Martín Varsavsky de Inception Fertility.

Los gobernadores confirmados en la comitiva son Rolando Figueroa, de Neuquén; Leandro Zdero, de Chaco; Ignacio Torres, de Chubut; Gustavo Sáenz, de Salta; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. (NA)

La norma tiene entre sus ejes la limitación de la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones, busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.

Kicillof dijo en su cuenta de X: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”.

El gobernador bonaerense planteó que lo que el Gobierno “no pudo conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretende conseguirlo a través del Poder Judicial”: “Se proponen legalizar la entrega y el saqueo”.

Con duros cuestionamientos al Presidente, Kicillof dijo: “Termina de caerse la careta del supuesto Milei ‘malvinero’. Detrás de los discursos fingidos, el propósito es muy concreto: entregar recursos estratégicos y subordinar los intereses nacionales a intereses extranjeros”.

Por qué la Corte Suprema dejó sin efecto el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras

La Corte revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023 del Gobierno que derogaba la Ley de Tierras, al considerar que la entidad que promovió la demanda carecía de legitimación.

La decisión se basó en cuestiones vinculadas con la legitimación de la asociación y la inexistencia de un caso judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.

La causa se inició a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que cuestionó el artículo 154 del decreto, que derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

En primera instancia, el Juzgado Federal de La Plata N° 4 rechazó la demanda al considerar que la calidad invocada por la asociación no resultaba suficiente para reconocerle legitimación procesal.

Aunque la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo cuestionado y dispuso la reinscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Frente a esa resolución, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario. los jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron necesario analizar, antes que cualquier otra cuestión, si el CECIM estaba habilitado para promover la acción: “Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”. (TN)

Los trabajadores continuarán con la defensa de sus salarios adeudados y la posible ocupación temporaria en la planta de San Fernando, mientras que el caso fue elevado al Tribunal de Casación hasta que se resuelva de forma definitiva.

Este dictamen congeló de manera provisoria la orden de restitución del predio que se había solicitado hace días, luego de meses de permanencia de los trabajadores despedidos, sin embargo, el sindicato continuará con el apoyo del reclamo salarial, además de exigirle a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires que avance con el proyecto de ley para la ocupación temporaria de la fábrica.

Fate había pedido el desalojo luego de que los trabajadores despedidos permanecieran en la planta industrial desde el inicio del conflicto, el 18 de febrero de este año, cuando la firma anunció el cese definitivo de sus operaciones en la planta de San Fernando y el despido de 920 empleados.

Por su parte, la empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla, exigió la restitución del predio al considerar "ilegítima" la permanencia de los operarios en instalaciones privadas. (NA)

Rafael Valim, uno de los abogados de la expresidenta, confirmó que con esta adenda “se informa al Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre tres hechos sobrevenidos de especial relevancia para la comunicación de Cristina Kirchner"

En ese sentido señaló que "primero, denuncia actos de intimidación posteriores a que se hiciera pública la presentación ante el Comité. Segundo, aporta una nueva prueba surgida de documentación oficial de la causa Cuadernos, que contradice un fundamento central de la condena en la causa Vialidad. Tercero, denuncia más intimidación, en particular la difusión de imágenes del allanamiento del domicilio privado de CFK , en violación del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, detalló el abogado.

El equipo jurídico de la expresidenta, integrado por Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, sostiene que durante el proceso judicial se vulneraron derechos fundamentales. La presentación ante Naciones Unidas se suma a las distintas acciones impulsadas para intentar revertir las consecuencias de la sentencia.

En la presentación ante el Comité, se solicitó la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de la prisión domiciliaria y la recomposición de miembros de la Corte Suprema de la Nación, de la que dijeron que es “imposible que funcione con tres miembros”.

Los abogados aclararon, en conferencia de prensa, que las observaciones o dictámenes del Comité podrían “salir en cuestión de meses” en cuanto a las cautelares, pero que las resoluciones en cuanto a la decisión de fondo de la presentación “podrían tardar algunos años”. La próxima reunión del Comité de Derechos Humanos de la ONU está prevista para el período del 19 de octubre al 6 de noviembre.

Borrego explicó que una de las cautelares es “en relación a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, que tiene dos policías permanentemente en la puerta, lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona y tiene muy restringido el derecho de visita, hasta subir a la azotea a tomar aire”.

El abogado español calificó la condena a la expresidenta de “maniobra de distracción para evitar que se piense en la proscripción, para que no se presente a elecciones porque puede ganar y eso no gusta a algunos”. (TN)

Participó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a quien se analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos.

En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

En este mismo ámbito, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa, con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión tuvo lugar en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Francia para encabezar la Argentina Week y reunirse con su par Emmanuel Macron, y en medio de la preocupación por la situación económica, tras la suba del riesgo país a casi 630 puntos básicos, el máximo valor en los últimos seis meses.

Por lo pronto, como es habitual ya que se encontrará su hermana, el jefe de Estado no asistió a a la reunión y acudirá esta tarde a la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al golfista Adolfo Cambiaso, acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en el Palacio Libertad. (C5N)

La vía procesal elegida tiene dos pasos. El Estado presentó primero un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el magistrado mantenga la intimación. Es decir, el expediente todavía no fue elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

“Realizamos una presentación ante la Justicia ratificando que el Poder Ejecutivo Nacional ha cumplido con la medida cautelar, acompañando la documentación que acredita dicho cumplimiento”, expresan en Nación. Agregan que, sobre esa base, el Estado solicitó que se deje sin efecto cualquier aplicación de multas.

La presentación responde a la resolución que Cormick dictó el 22 de septiembre. El juez sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la cautelar que está firme e intimó al Ejecutivo a completarlo dentro de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada jornada de demora.

La defensa oficial cuestiona principalmente que el magistrado no haya precisado qué parte de la cautelar considera todavía incumplida. El escrito sostiene que el Ejecutivo ya había detallado el 21 de septiembre las medidas adoptadas y que la nueva resolución no identifica qué obligación adicional debería ejecutar.

La cautelar ordena aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El primero obliga a actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios, contempla negociaciones paritarias periódicas y establece un mecanismo de actualización. El segundo dispone una recomposición de los programas de becas estudiantiles.

En materia salarial, Nación afirma ante la Justicia que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 alcanzaron un acumulado del 226,8% para el período que toma como referencia. Con ese cálculo, el Ejecutivo sostiene que superó el 226,46% de variación del IPC que considera aplicable entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

El Gobierno agregó a su planteo las negociaciones realizadas este año. Señaló que en junio se otorgó una recomposición salarial y que en septiembre volvió a convocar a paritarias, donde propuso un aumento adicional del 3%. Los gremios universitarios rechazan el cálculo oficial y sostienen que todavía existe una recomposición pendiente.

La discusión también alcanza a las becas. Capital Humano presentó documentación sobre la actualización del programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495. Al mismo tiempo, el Estado mantiene una interpretación restrictiva sobre qué otros programas están comprendidos por la cautelar.

El escrito cuestiona además directamente las astreintes. La defensa del Estado argumenta que no corresponde imponer ese tipo de sanciones económicas contra el Estado Nacional y pide que Cormick revoque tanto la intimación como el apercibimiento de multas al considerar acreditado el cumplimiento.

El Gobierno también definió el punto que hasta la semana pasada mantenía bajo análisis: si Cormick rechaza la revocatoria y concede la apelación subsidiaria, pidió que sea con efecto suspensivo. La intención es que la intimación no siga ejecutándose mientras la Cámara analiza el planteo.

Eso no implica que la cautelar original haya vuelto a quedar en discusión. La medida que obliga a aplicar los artículos 5 y 6 fue dictada en diciembre de 2025, confirmada posteriormente por la Cámara y quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.

Lo que se discute ahora es otra cuestión: si el Gobierno ya cumplió efectivamente esa cautelar y si Cormick puede mantener la intimación y aplicar multas. La Casa Rosada sostiene que presentó las transferencias, resoluciones salariales, actas paritarias y documentación sobre becas que respaldan su posición.

En paralelo, el Ejecutivo busca mantener abierta una negociación con los rectores y los gremios durante la discusión del Presupuesto 2027. “No vamos a ceder. Queremos negociar y desestimar el fondo judicial, pero no vamos a entregar cualquier cosa”, expresan en Nación. La intención oficial es alcanzar un acuerdo sobre fondos y salarios que permita también modificar el escenario del litigio.

El próximo movimiento depende ahora del juez. Si acepta la revocatoria, puede dejar sin efecto la intimación. Si la rechaza, deberá resolver la apelación subsidiaria y definir si la concede con el efecto suspensivo solicitado por el Gobierno. Recién en ese segundo escenario el planteo quedará en condiciones de ser revisado por la Cámara. (con información de TN)

La decisión se basó en cuestiones vinculadas con la legitimación de la asociación y la inexistencia de un caso judicial en los términos establecidos por la Constitución Nacional.

La causa se originó a partir de una acción presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), donde cuestionó el artículo 154 del decreto, mediante el cual se derogó la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales.

En primera instancia, el Juzgado Federal de La Plata N° 4 rechazó la demanda al considerar que la calidad invocada por la asociación no resultaba suficiente para reconocerle legitimación procesal. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocó esa decisión, declaró la inconstitucionalidad del artículo cuestionado y dispuso la reinscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema.

Frente a esa resolución, el Estado Nacional interpuso un recurso extraordinario.

Al resolver el caso, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron necesario analizar, antes que cualquier otra cuestión, si el CECIM estaba habilitado para promover la acción.

“Frente a la clara ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no es posible tener por configurado un caso o controversia”, sostuvieron los jueces.

Según se explicó en el fallo, la soberanía invocada por la asociación es la soberanía territorial reconocida en la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, referida a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La Corte señaló que la soberanía territorial es el conjunto de competencias que, con independencia de cualquier otro poder o autoridad, corresponden al Estado para el ejercicio de sus funciones y que consiste en la facultad de gobernar un territorio determinado con exclusión de cualquier otro estado.

“Como es obvio, dichas competencias en modo alguno pueden ser consideradas un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la jurisprudencia citada”, concluyó la sentencia.

Qué es la Ley de Tierras

La Ley de Tierras en la Argentina, establecida mediante la Ley 26.737, regula la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros.

Se centra en limitar la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones.

Además, establece un Registro Nacional de Tierras Rurales y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones. La ley busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras. (con información de TN)

Los seis cazas con capacidad supersónica aterrizaron en Córdoba tras cruzar el Atlántico, en un viaje que incluyó paradas técnicas en Zaragoza, las Islas Canarias y luego Natal, al norte de Brasil. Con esta incorporación, la Fuerza Aérea ya incorporó 12 de los 24 F-16 que el Ejecutivo compró a Dinamarca por US$300 millones. De acuerdo a lo pautado, la docena restante debería arribar al país entre 2027 y 2028.

“La llegada de estos F-16 vuelve a demostrar el valor de una capacidad que muchas veces trabaja fuera del centro de la escena, pero que es estratégica para la defensa. En un país de las dimensiones de Argentina, permite sostener operaciones, ampliar el alcance de nuestras fuerzas, y hacer posible que otras capacidades lleguen donde deben estar”, enfatizó Presti.

Junto a él, presenciaron la llegada de los aviones en la base cordobesa de Río Cuarto el embajador norteamericano, Peter Lamelas, y las principales autoridades de las Fuerzas Armadas: el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare; el titular de la Fuerza Aérea, Gustavo Valverde; de la Armada, Juan Carlos Romay; y del Ejército, Oscar Zarich.

El programa, bautizado Peace Condor (Cóndor de la Paz), apunta a recuperar la capacidad de interceptación supersónica de la Fuerza Aérea, que avanza en simultáneo con el adiestramiento de los pilotos y técnicos que trabajarán con las nuevas unidades.

“Hoy, orgullosos, concretamos el cuarto hito, donde seis nuevos aviones F-16 se integran a las filas de la Fuerza Aérea argentina, para dar defensa y volar los cielos de la República Argentina -celebró Gustavo Valverde-. Esta es una carrera de largo aliento, pero estamos dando pasos firmes, concretos y con una visión clara de hacia dónde va la Fuerza Aérea Argentina”.

Por su parte, Presti destacó el valor estratégico de la incorporación, en sintonía con la orientación de una política de Defensa que busca ser “pacífica, práctica y efectiva”.

“Cuando miramos la Argentina que tenemos por delante, un país con enorme potencial energético, capacidad para producir alimentos para todo el mundo, con recursos estratégicos, infraestructuras críticas, espacio aéreo inmenso, con intereses permanentes en el Atlántico Sur y una proyección natural hacia la Antártida. Cuánto más crezca la Argentina, mayor será el valor de lo que tenemos que proteger”, remarcó.

El primer grupo de seis cazas había llegado en diciembre de 2025, y la Fuerza Aérea empezó a volar los F-16AM en Río Cuarto en marzo de este año.

Esta adquisición es una de las más visibles de un plan de reequipamiento más amplio que busca llevar adelante el Ejecutivo, que recientemente sumó la autorización para la compra de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk por US$38 millones.

En paralelo, el Ejército también avanzó en la compra de 235 blindados Stryker, mientras que la Armada espera los dos aviones de patrulla marítima P-3C Orion restantes entre octubre y junio de 2027. Además, el proyecto de Presupuesto 2027 autoriza al Ejecutivo a endeudarse hasta US$3.500 millones para sumar submarinos y fragatas.

En ese contexto, el Ministerio de Defensa también entregó este martes el primer lote de fusiles ARAD-5 y ARAD-7 destinados a las Fuerzas Armadas, incorporados luego de más de dos años de evaluación técnico-operacional con participación de las tres Fuerzas.

Los nuevos sistemas comenzarán a reemplazar progresivamente a los FAL y M-16 actualmente en servicio, incorporando “una plataforma más moderna, ergonómica y modular, preparada para integrar ópticas y accesorios y adaptarse a distintos escenarios de empleo”, según explicaron desde la cartera que conduce Carlos Presti. (con información de TN)

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que, hasta el momento, "nadie del Gobierno se comunicó con ellos" y que "no tienen expectativas" de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman.  

"La semana pasada, (el juez federal Diego Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada", manifestó la gremialista.

En la misma línea, afirmó que "no descarta que sea así", debido a que esa postura ya había sido anunciada en varios medios de comunicación; sin embargo, señaló que, en términos jurídicos, "no cabe lugar para ninguna apelación": "Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar", añadió Carboni.

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario. 

La medida que comenzará este miércoles fue votada por la CONADU y la CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, que se suma a los diversos planes de lucha que organizaron la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) con paros regionales, la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y con la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que permanecen con un esquema de paros por 24 horas en cada una de las sedes. 

El reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.

Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.  (NA)

Fuentes oficiales informaron que el funcionario se fracturó varias costillas, la clavícula y el omóplato. Está fuera de peligro y bajo atención médica, mientras el equipo que lo atiende sigue evaluando su evolución. Llevaba casco en el momento del accidente, y eso habría evitado consecuencias más graves.

Todavía no se sabe cuánto tiempo va a estar internado. Hasta la tarde de este martes, el Gobierno no había definido quién ocupará sus funciones mientras dure la recuperación.

El accidente ocurrió un día después de que se oficializara su designación. El decreto que lo nombró al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad salió en el Boletín Oficial el lunes 28 de septiembre. Di Liscia reemplazó a Alejandro Vilches, en medio de una reorganización del área, que dejó de depender de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y pasó a la órbita del Ministerio de Salud.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal. Antes ocupó cargos en el Gobierno porteño en las áreas de control de gestión e higiene urbana.

Entre los temas pendientes de la secretaría figuran la revisión de las pensiones por invalidez laboral, el refuerzo de las auditorías y el ordenamiento del sistema de prestaciones. Estos temas se discuten en el Congreso mientras el oficialismo analiza cambios en el esquema de prestaciones y en su financiamiento. (NA)

Milani estaba acusado de encubrimiento y falsedad ideológica de documento público. Según la acusación, redactó el acta de deserción que presentó la desaparición de Ledo como una fuga voluntaria. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán lo había absuelto y la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó esa decisión.

El fallo lleva las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Ignacio Pérez Curci, quien votó como conjuez. Los tres adhirieron al dictamen del procurador general interino. El conjuez Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas sumó un voto propio en el mismo sentido. El vicepresidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, votó en disidencia y consideró que el recurso de la fiscalía era inadmisible.

El caso Ledo

Según los hechos probados en el juicio, Milani, entonces subteniente, y Ledo integraban el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja, que en mayo de 1976 fue enviado a Monteros, Tucumán, en el marco del Operativo Independencia. El contingente estaba instalado en una escuela de comercio de esa localidad, con solo tres oficiales a cargo: el capitán Esteban Sanguinetti y los subtenientes Milani y Ernesto Molina.

La noche del 17 de junio de 1976, Ledo fue sacado de su cama por personal de la fuerza. Según la causa, fue visto por última vez en diciembre de ese año, como detenido, en el Arsenal Miguel de Azcuénaga, en San Miguel de Tucumán. El joven era estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Tucumán, había trabajado junto al obispo de La Rioja Enrique Angelelli y militaba en el PRT. El tribunal oral dio por probado que era “un objetivo a eliminar por su actividad política”.

Días después, Sanguinetti ordenó iniciar las actuaciones por deserción. En el acta, fechada el 29 de junio de 1976 y atribuida a Milani, se dejó asentado que el soldado “se fugó del vivac” llevándose su equipo de campaña. Sin embargo, en el juicio quedó acreditado que Ledo no se llevó ni su equipo militar ni sus anteojos, que usaba de manera permanente.

Por la desaparición de Ledo, Sanguinetti fue condenado a 14 años de prisión como partícipe secundario de privación ilegal de la libertad y homicidio agravado. Milani, en cambio, fue absuelto. Los jueces consideraron que no había certeza de que la firma del acta fuera suya, ya que en el expediente solo había una copia certificada y un informe técnico de la defensa descartaba que correspondiera a él. También sostuvieron que, aun si la hubiera firmado, labrar el acta era un “trámite burocrático” y una conducta “neutral”, sin indicios de que conociera el crimen.

La Corte cuestionó ambos argumentos. Sobre la firma, señaló que el tribunal rechazó el peritaje caligráfico que había pedido la fiscalía y, en cambio, tomó como válido el informe de la defensa, “producido sin control de las partes”. También remarcó que Milani había reconocido públicamente, en una nota periodística y en un cuestionario del CELS, haber firmado el expediente de deserción de Ledo, y que en el juicio admitió que el acta “la pudo haber hecho”.

En cuanto al rol de Milani, el voto de Rabbi-Baldi Cabanillas sostuvo que, si bien el entonces subteniente “pudo no haber sido garante de la vida del soldado Ledo”, sí lo era “de la verdad y de la fe pública”, porque le correspondía constatar lo sucedido y consignarlo con fidelidad. “La contradicción más patente del fallo reside en sostener, por un lado, que Ledo desapareció dejando todo su equipo —incluidos los anteojos—, y afirmar, por otro, que el acta de deserción solo presenta ‘defectos extrínsecos’”, señaló. Y agregó que lo escrito en el acta “o bien revela que quien la confeccionó no constató el hecho, en infracción a sus deberes reglamentarios, o bien que, habiéndolo constatado, asentó algo deliberadamente falso”.

En su disidencia, Rosenkrantz sostuvo que la fiscalía no demostró que el fallo fuera arbitrario y que se basó en “conjeturas”. Recordó que Milani tenía 21 años, ocupaba el cargo más bajo de oficial y había llegado a la unidad dos meses antes de la desaparición. “El horrible crimen contra Ledo ocurrió en el marco de la represión ilegal, pero no todo lo ocurrido entonces es el producto del obrar de todos los hombres de armas”, escribió. Además, advirtió que “no cabe suponer que, por el mero hecho de estar en un lugar donde se cometieron delitos, un oficial participó de ellos o los encubrió”.

Ahora, la causa vuelve a la instancia anterior para que se dicte una nueva sentencia sobre Milani. (con información de TN)

Milei llega mañana a Francia para una visita oficial de tres días, en la que se va a reunir con Emmanuel Macron y va a participar de la “Argentina Week”, un encuentro con empresarios europeos, donde habrá también gobernadores aliados a la Casa Rosada.

En la misma entrevista, realizada al medio Le Point, publicada hoy en una primera parte, el Presidente apuntó contra la oposición argentina, que cuestiona el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por considerar que entrega los recursos del país a las multinacionales.

“Es una estupidez sin nombre dicha por analfabetos económicos”, sostuvo. “No voy a perder el tiempo con brutos que pretenden que dos más dos es 257.894. ¿Se acuerdan de los hermanos Macana en Los Autos Locos, esos dos cavernícolas que se comunicaban golpeándose la cabeza con garrotes? Esa es la oposición en la Argentina. Denles un ábaco para hacer una suma y se van a equivocar”.

Para defender el RIGI, Milei destacó que la acción de YPF “había caído a 3 dólares” durante el gobierno kirchnerista y que hoy “supera los 50”. Además, aseguró que la balanza energética pasó de un déficit de US$5000 millones a un superávit de 10.000 millones, y que las exportaciones superarán este año los 100.000 millones y llegarán a entre 180.000 y 200.000 millones en 2031.

El mensaje a los inversores surgió cuando le preguntaron por qué las grandes compañías francesas deberían confiar en la Argentina, en un país donde todavía se recuerda la estatización de la filial local de Suez tras la crisis de 2001. “Porque protegemos el derecho de propiedad y la santidad de los contratos, y lo demostramos con hechos”, respondió. Fue entonces cuando amplió: “Los inversoresson bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos en la Argentina. Sus ganancias van a crear empleo y prosperidad para los argentinos”.

Sobre su relación con Macron, fue elogioso. “Tengo una excelente relación con él, lo considero un amigo”, afirmó. Recordó que el mandatario francés, junto con la primera ministra italiana Giorgia Meloni, tuvo “un rol determinante” para destrabar los votos europeos en el Fondo Monetario Internacional, lo que según Milei permitió sanear el balance del Banco Central y salir del cepo. “Tengo una deuda de gratitud inmensa con él”, dijo, y agregó que Francia es “uno de los mayores inversores en la Argentina”. Después cerró con una broma: “Es una relación madura entre dos países hermanos… aunque nosotros somos mucho mejores en fútbol”.

Consultado por sus diferencias con Macron, el Presidente prefirió no profundizar. “Él tiene posiciones comprensibles desde el punto de vista de la economía neoclásica. Yo vengo de la escuela austríaca, soy anarcocapitalista. Pero tengo los pies sobre la tierra”, explicó. También evitó adelantar una definición sobre la compra de submarinos, por la que compiten la francesa Naval Group, la alemana Thyssenkrupp y la surcoreana Hanwha. “Vamos a elegir la opción que mejor sirva a los intereses de los argentinos”, respondió.

El tono fue muy distinto cuando habló de la izquierda francesa. Ante una pregunta sobre la propuesta de Jean-Luc Mélenchon de aplicar una tasa del 90% a los ingresos de más de 400.000 euros anuales y sobre la llamada tasa Zucman, que grava los grandes patrimonios, Milei fue tajante: “Es un suicidio económico, lisa y llanamente. Si quieren apagarse como nación, abracen las ideas socialistas”. Y agregó: “Si odian a Francia, voten a la izquierda y a la extrema izquierda. Ese es el consejo de alguien cuyo país soportó esa locura durante casi un siglo”. Esa frase fue la elegida por Le Point para titular la entrevista.

También se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que resisten los productores agropecuarios franceses: “Pretender que el libre comercio empobrece es retroceder al pensamiento de las cavernas”.

En otro tramo, rechazó que lo definan como un presidente de ultraderecha. “La extrema derecha no existe. Es un invento de la extrema izquierda, que, avergonzada de sus propios desastres, trata de extrema derecha a cualquiera que se ubique a la derecha del centro”, afirmó. Sobre el debate migratorio en Europa, sostuvo: “Si los inmigrantes no se integran a la cultura del país que los recibe, no es inmigración. Es una invasión”.

Durante su estadía en París, Milei va a compartir una conferencia con el economista francés Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025. “Compartir un panel con un gigante así es como tirar paredes con Lionel Messi o Zinedine Zidane”, comentó.

La segunda parte de la entrevista se publica este miércoles con el título “La ONU es una guarida de burócratas pretenciosos”. (TN)