Báez, de 75 años, se encuentra alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple una condena de 15 años de prisión. En los últimos meses, su defensa había presentado distintos pedidos para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria, argumentando complicaciones vinculadas a su estado de salud.

De acuerdo con sus abogados, el empresario presenta antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, bronquitis y una afección intestinal que le habría provocado episodios de hemorragias digestivas. Según sostienen, estas patologías requieren controles médicos permanentes y se habrían agravado durante su permanencia en el penal.

Actualmente, Báez permanece internado en el Hospital de Ezeiza, mientras continúa bajo observación médica. Según indicaron sus allegados, su cuadro de salud habría experimentado un deterioro en los últimos días.

Oriundo de Santa Cruz, fue uno de los empresarios más vinculados al expresidente Néstor Kirchner y desarrolló gran parte de sus actividades en el sector de la obra pública de esa provincia. A lo largo de los años, también expandió sus negocios al rubro inmobiliario. (NA)

De acuerdo con el estudio, la erosión de la recaudación por la falta de cobro de aranceles, IVA e impuestos internos representa el principal efecto adverso para el Estado. El trabajo señaló que ese monto equivale a la construcción de 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

El informe indicó que las mayores pérdidas se registraron en el sector tabacalero, con U$S 1.100 millones; seguido por textiles, con U$S 370 millones; neumáticos, con U$S 240 millones, y celulares con U$S 190 millones. También destacó que la Argentina ocupa el puesto 120 entre 158 países en el índice de comercio ilícito sectorial elaborado por TRACIT.  

El documento advirtió que la expansión del comercio electrónico facilitó la incorporación de actores informales que utilizan marketplaces para comercializar mercadería ingresada de manera ilegal al país.  

En ese contexto, los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para convertir a las plataformas de venta online en “responsables solidarios” por los productos comercializados por sus usuarios. La iniciativa contempla la verificación de identidad y situación fiscal de los vendedores, controles sobre la documentación de importación y sanciones de hasta cinco veces el valor de la mercadería involucrada ante incumplimientos.  

El trabajo también alertó sobre los efectos del contrabando en los consumidores debido a la falta de garantías, facturación y controles sanitarios o de seguridad. En el segmento de telefonía móvil, AFARTE estimó que más de uno de cada tres celulares vendidos en 2025 no fue fabricado en el país ni importado legalmente, mientras que en indumentaria y calzado la participación del mercado informal alcanza el 40%.  

Asimismo, MAP calculó una pérdida de 10.000 empleos directos en sectores productivos, con especial incidencia en la industria textil, el calzado y los neumáticos. El informe sostuvo que la recuperación de esos puestos podría reducir la tasa de desocupación nacional del 7,6% al 7,5%.

Finalmente, el estudio remarcó que el contrabando genera competencia desleal, distorsiona los precios de referencia y desalienta la inversión y la innovación, además de exponer a los consumidores a productos sin controles de calidad y afectar la reputación de las marcas que operan formalmente. (con información de NA)

El dato del INDEC de la variación de precios del quinto mes del año se conocerá el próximo jueves 11 de junio.

Por otro lado, los especialistas consultados por el BCRA proyectaron que el dólar oficial alcanzará los $1.422 este mes. Los analistas también pronostican que el tipo de cambio cerrará 2026 en $1.658. Hacia julio llegaría a $1.447, es decir, $12,8 pesos menos que el cálculo anterior. La proyección de los analistas para agosto es de $1.476.

Para septiembre, estimaron que el dólar podría estar en $1.516 y para octubre, $1.553. Para noviembre, en tanto, proyectaron que estará a $1.597.

A cuánto llegará la inflación en 2026

Los analistas del REM estimaron que la inflación alcanzará los siguientes valores en los próximos meses:

• Mayo 2026: 2,3%
   
• Junio 2026: 2,1%
   
• Julio 2026: 2%
   
• Agosto 2026: 1,8%
   
• Septiembre 2026: 1,9%
   
• Octubre 2026: 1,8%
   
• Noviembre 2026: 1,7%.
   

Todas las proyecciones del REM para 2026

• Una inflación de 2,3% en mayo; de 2% en junio; 2% en julio; 1,8% en agosto; de 1,8% en septiembre; de 1,8% en octubre y de 1,7% en noviembre.
   
• Un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 0,3% en el primer trimestre del 2026 y 1,2% para el segundo.
   
• Un tipo de cambio nominal en $1422 por dólar para el promedio de junio.
   
• Un nivel de desempleo de 7,7% de la Población Económicamente Activa para el primer trimestre de 2026. Para el cuarto trimestre, los analistas repitieron su estimación y proyectaron una tasa de 7,4%.
   
• Para 2026, estimaron que el valor de las exportaciones (FOB) totalicen por un monto de US$98.547 millones e importaciones (CIF) en US$78.363 millones.
   
• Superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero (SPNF) en $16 billones para 2026.
   
• Una tasa TAMAR -en reemplazo de la Badlar- de bancos privados (promedio del rendimiento de los plazos fijos mayores al millón de pesos) para junio de 22,75% nominal anual. (con información de TN)

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud", explicó el riojano en su cuenta de la red social X

"Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado", agregó.

Al comienzo de su mensaje, menem se solidarizó con familiares y amigos del cantante, a quien definió como "uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional".

"Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", afirmó.  (NA)

La última aprobación vino con el proyecto de ampliación de la mina de litio Cauchari Olaroz, en la provincia de Jujuy.

El plan de ejecución se extiende a lo largo de 90 meses desde julio de 2026, con inicio de operaciones previsto para diciembre de 2028,. El proyecto se ubica en el departamento Susques, a 270 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.

El mismo buscará llevar su capacidad de producción de 40.000 a 85.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente, por una inversión comprometida de US$1.166 millones.

En la misma línea, este viernes el Ministerio de Economía amplió los listados de bienes de dos proyectos ya adheridos al RIGI: son el "Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa", para la producción de aceros largos en la provincia de Buenos Aires, y el "Proyecto Rincón", una mina de litio en el salar del mismo nombre en la provincia de Salta.

Así, el total de los proyectos aprobados asciende a los 18, y la inversión contempla los US$22.541 millones sumando a todos. Distintas estimaciones indican que el Gobierno posee 40 propuestas de proyectos para adherirse al RIGI.

El listado completo
Parque solar de YPF Luz: inversión de US$211 millones en Las Heras, Mendoza.
Vaca Muerta Oleoducto Sur: inversión de US$2.486 millones que conectará Allen con Punta Colorada, en Río Negro.
GNL PAE-Golar: inversión de US$6.878 millones en Río Negro.
Río Tinto: inversión de US$2.700 millones en Salta.
Sidersa: inversión de US$286 millones en la provincia de Buenos Aires.
Salar del Hombre Muerto: inversión de US$217 millones en Catamarca.
Parque eólico Olavarría: inversión de US$250 millones en la provincia de Buenos Aires.
Los Azules: inversión de US$2.672 millones en San Juan.
Terminal Timbúes: inversión de US$277 millones en Santa Fe.
Gualcamayo: inversión de US$655 millones en San Juan.
Veladero: inversión de US$380 millones en San Juan.
Diablillos: inversión de US$760 millones entre las provincias de Salta y Catamarca.
Fénix: inversión de US$530 millones en Catamarca.
Ampliación del Gasoducto Perito Moreno: inversión de US$550 millones en Neuquén.
Cauchari Olaroz: inversión de US$1.166 millones en Jujuy.
San Jorge: inversión de US$891 millones en Mendoza.
Gasoducto San Matías: inversión de US$1.300 millones en Río Negro.
Sal de Oro: inversión de US$28 millones entre Salta y Catamarca.

El Gobierno, a su vez, busca aprobar la iniciativa del "Súper RIGI" (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias) en el Congreso, para permitir las inversiones en sectores poco convencionales de la economía.

"El objetivo de este proyecto es poner a la Argentina en el tope de la lista y que sea una de las jurisdicciones preferidas para cuando estos proyectos estén en condiciones de realizarse", sostuvo el secretario de Energía y Minería, Daniel González. (NA)

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rubrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de "escándalo" luego de la aprobación del pliego de Michilli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. "Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos", lo justificó. 

"Es una facultad constitucional", insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones. 

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista que el oficialismo considera opositor. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo", planteó.

Asimismo, sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. "Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.

En la misma línea, sostuvo que la aprobación de los 74 pliegos configura una "deuda" con el sistema de justicia y habló de una vacancia del Poder Judicial del 37% que generó "una crisis institucional nunca antes vista". 

"Es una manera de ir saldado esa deuda y de cumplir los objetivos que nos pusimos cuando asumimos", reveló en declaraciones radiales, y sumó: "El día de ayer fue un día importante para la ciudadanía, la justicia y la institucionalidad porque van a tener jueces, fiscales y defensores por los acuerdos que salieron ayer". (NA)

Además, este viernes autorizó nuevas importaciones con beneficios fiscales a la empresa Sidersa para la construcción de una nueva planta siderúrgica en la provincia de Buenos Aires.

“Se recomienda incorporar siete nuevas posiciones arancelarias al listado de mercaderías oportunamente aprobado en el marco del proyecto único denominado ‘Proyecto Siderúrgico Argentino Sidersa’ adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)”, indicó la resolución 44, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

También aprobó la adhesión de la ampliación del proyecto de litio Cauchari Olaroz al RIGI, a través de la resolución 99. Este proyecto prevé una inversión de US$1241 millones.

Con estas incorporaciones, el mapa del RIGI se reparte entre Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Santa Fe. Allí se concentran proyectos que van desde infraestructura petrolera y gasífera hasta energía renovable, puertos y minería de litio, cobre, oro y plata.

Se estima que el Gobierno tiene en carpeta unas 40 propuestas para adherirse al RIGI, con tiempos de evaluación de unos 45 días. Se calcula que, hasta su finalización, en julio de 2027, se apruebe la gran mayoría de las propuestas en sectores estratégicos.

En paralelo, el Gobierno espera que el Congreso avale el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (“Súper RIGI”). La iniciativa está orientada a atraer inversiones de gran escala en sectores tecnológicos y actividades que actualmente “no cuenten con desarrollo en el país”. El piso mínimo de inversión llega a US$1000 millones.

Cuáles son todos los proyectos aprobados por el RIGI hasta ahora
Desde su reglamentación, en octubre de 2024, se habilitaron 18 proyectos con compromisos de inversión por US$22.541 millones.

El listado de proyectos del RIGI aprobados hasta el momento es el siguiente:

• Parque solar de YPF Luz: Con una inversión de US$211 millones, prevé la creación de un parque solar fotovoltaico Las Heras, Mendoza. Apunta a generar una capacidad instalada de 305 megavatios. En diciembre, recibió la habilitación de Cammesa y ya genera 100 MW de energía renovable. Es, además, el primer proyecto del RIGI inaugurado.
• Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS): Las petroleras YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron y Shell avanzan en la construcción de un oleoducto de 437 kilómetros de extensión que conectará Allen con Punta Colorada, en la provincia de Río Negro. La inversión totaliza en US$2486 millones y se espera que esté operativo hacia fines de 2026.
• GNL PAE-Golar: Southern Energy estima invertir US$6878 millones. Consiste en la licuefacción de gas natural en el golfo de San Matías, ubicado en Río Negro desde 2027.
• Río Tinto: La primera iniciativa en minería. El proyecto de Río Tinto contempla una inversión de US$2700 millones para la extracción y procesamiento de litio en el salar de Rincón en Salta.
• Sidersa: Comprende una inversión de US$286 millones para construir una nueva planta siderúrgica en San Nicolás, Buenos Aires. Permitirá abastecer al mercado con 360.000 toneladas anuales de insumos para la industria nacional y exportaciones.
• Salar del Hombre Muerto: Encabezada por la firma australiana Galan Lithium. Contempla una inversión de US$217 millones y exportará cloruro de litio desde el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, por US$180 millones anuales a partir de 2029.
• Parque eólico Olavarría: Con Acindar y PCR como principales accionistas, el proyecto consiste en la creación de un parque eólico en Olavarría que tendrá capacidad para generar 180Mw de energía renovable. La inversión superará los US$250 millones.
• Los Azules (San Juan): La canadiense McEwen Cooper contempla una inversión de US$2672 millones para avanzar en tareas de exploración y futura explotación de cobre.
• Puerto multipropósito en Timbúes (Santa Fe): La iniciativa prevé una inversión de US$277 millones para construir un complejo logístico capaz de almacenar fertilizantes, hierro, productos siderúrgicos, granos y combustibles.
• Gualcamayo (San Juan): Con desembolso de US$665 millones, Minas Argentinas busca extender la explotación de oro y plata mediante un esquema de mineralización diferente y con alto impacto en empleo directo.
• Veladero (San Juan): Se trata de la ampliación de la mina de oro y plata Veladero encabezada por la canadiense Barrick Mining. La inversión es por más de US$380 millones.
• Diablillos (Salta y Catamarca): Es una nueva mina de oro y plata de AbraSilver que requerirá una inversión de US$760 millones en Salta y Catamarca. Busca crear 1200 empleos directos.
• Fénix (Catamarca): Contempla una inversión de US$530 millones para ampliar la producción de litio en Catamarca por parte de la firma Río Tinto.
• Ampliación Gasoducto Perito Moreno: Se trata de una iniciativa de Transportadora Gas del Sur (TGS). Prevé desembolsar US$550 millones para reforzar la capacidad el de transporte de energía de 14 millones de metros cúbicos desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires.
• Proyecto de litio Cauchari-Olaroz. La iniciativa está encabezada por las firmas Ganfeng Lithium, America Lithium y JEMSE en el Salar Cauchari-Olaroz, en Jujuy. Contempla una inversión de US$1241 millones y prevé ampliar la producción de litio y alcanzar una capacidad de 40.000 toneladas anuales.
• Proyecto San Jorge (PSJ). Es un megaproyecto minero de cobre y oro ubicado en Uspallata, Mendoza. La iniciativa pertenece a la firma suiza, Zonda Metals GmbH y la nacional, Alberdi Energy con una inversión de US$891 millones.
• Gasoducto San Matías. Con una inversión de US$1300 millones, la obra busca transportar gas natural desde Vaca Muerta al golfo San Matias en Río Negro. Este gasoducto estará destinado unicamente a la exportación de GNL que forma parte del proyecto de GNL de Southern Energy.
• Sal de Oro. Es el último proyecto avalado por el Gobierno. Se trata de la segunda etapa el proyecto de litio Sal de Oro en Salta y Catamarca y estará encabezado por la firma coreana Posco. La inversión totaliza en US$208 millones para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio. (TN)

"Le pedimos tres puntos: un tema referido a las multas por incumplimiento de obligaciones formales, la suspensión de los embargos y una moratoria para todas las deudas de las pymes. Esto, dentro del marco de un anuncio que había hecho el ministro, diciendo que iba a mandar un proyecto para modificar la ley de inocencia fiscal, donde el tema de las multas está contenido. Y bueno, aprovechando esto, les sugerimos que incluya estos tres puntos, porque la situación es acuciante para todas las pymes, tanto en la parte del comercio como de la industria".

Femenia refirió a que la problemática es a nivel nacional, más allá de algunas particularidades provinciales, pero particularmente, ingresos brutos es el impuesto apuntado como el más problemático:

"Esto es a nivel país, porque no es una política municipal ni provincial, es una política nacional la que está afectando, más allá de que hay cuestiones que tienen que ver con las provincias y los municipios que también afectan por lo menos la rentabilidad de las pymes".

"Ingresos brutos es de la peor calidad, es el más regresivo y muy agravado por los regímenes de retención y percepción, que generan saldos a favor, que es realmente otra consecuencia nefasta de las normas que se aplican sobre este impuesto".

"Bueno, hay que tener en cuenta que entre el 80 y el 85% en promedio de la recaudación de las provincias se basa en este impuesto.  Lo que pasa es que llega un momento que está hasta fuera de toda norma, perjudicando realmente financiera y económicamente a las empresas". 

El vocero de la CAME indicó que hay un pedido de consenso fiscal para que se trate el tema de los ingresos brutos y las tasa municipales: "Necesitamos una reforma tributaria para realmente ir a un sistema más progresivo y no tan regresivo, que no afecte los márgenes brutos e ir a un reacomodamiento de la estructura del país porque, hay una cuestión estructural, que le pone mucho costo y realmente las rentabilidades o los márgenes brutos se han achicado un montón, para lo cual haría falta más escala para que el negocio sea viable y hoy no tenemos ni margen, ni escala", aseguró.

"Creemos que desde la lógica no hay que volver con viejas prácticas, yo creo que el sistema se va acomodando. Si hay una mejora en los impuestos  y se van frenando o realmente se van empezando a compensar el nivel de tarifas  y hay cambios estructurales que bajen los costos, indirectamente va a significar un mejoramiento del tipo de cambio sin devaluar. Si queremos devaluar para corregir la economía, nos vamos a meter en otro problema seguramente", finalizó Femenia.

Según la resolución 492/2026 publicada este viernes en el Boletín Oficial : “Apruébase el ‘Plan Invierno 2026´, como actualización del Plan aprobado por la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 305/24”.

“Establécese que las competencias atribuidas a la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil mediante los artículos 2º y 3º de la Resolución del entonces Ministerio de Seguridad Nº 305/24 serán ejercidas por la Agencia Federal de Emergencias”, añadió el documento.

En tanto, en un Anexo de la resolución se destacó el rol de coordinación ejercido por la AFE “para la atención de eventuales situaciones de crisis, mediante la utilización de mecanismos de ampliación o reducción en la asignación de recursos conforme la demanda de las jurisdicciones afectadas, resultando para ello fundamental contar con información provista por las Fuerzas Federales y por los organismos nacionales y provinciales vinculados a la materia”.

“Tomando como referencia el informe trimestral del SMN, el cual advierte condiciones meteorológicas por encima de los valores normales para el presente período estacional en la zona sur del país, resulta necesario fortalecer las instancias de seguimiento y coordinación a fin de atender los requerimientos que pudieran formular las jurisdicciones provinciales de Defensa/Protección Civil ante dicho escenario”, se señaló en el citado Anexo.

Asimismo, se añadió: “Ello, contemplando además antecedentes registrados en temporadas anteriores, durante las cuales se verificaron eventos adversos que afectaron a distintas poblaciones de la región y requirieron la asistencia del Estado Nacional”.

“En tal sentido, se conformó un grupo de trabajo integrado por las áreas de Defensa/Protección Civil jurisdiccionales, Vialidad Nacional, las Fuerzas Federales, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, la Secretaría de Energía, YPF, el Centro de Información para Emergencias en el Transporte (CIPET), el SMN, la Dirección Nacional de Prevención y Mitigación y la Dirección Nacional de Operaciones y Logística”, se indicó. (N/A)

La medida coloca a la actual operadora del sistema en posición de retener la concesión de la principal ruta fluvial de la Argentina, aunque todavía resta cumplir una última instancia administrativa antes de la adjudicación definitiva.

La decisión surge tras la evaluación de las tres etapas previstas en el proceso licitatorio y marca un punto de inflexión para una licitación seguida de cerca por exportadores, terminales portuarias, provincias, navieras y operadores logísticos.

Si no prosperan impugnaciones durante el plazo abierto por el dictamen, Jan de Nul continuará al frente de una vía estratégica por donde circula cerca del 80% del comercio exterior argentino.

La diferencia estuvo en la evaluación técnica

Según informó el Ministerio de Economía, la recomendación de adjudicación se basó en el sistema de evaluación establecido junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que participó como asesor técnico durante el proceso.

Los números finales muestran una diferencia significativa entre las dos compañías que llegaron a la instancia decisiva.

La propuesta económica, en cambio, terminó igualada. Ambas empresas obtuvieron el máximo puntaje previsto en el pliego al presentar el menor valor posible para el peaje, por lo que el resultado final quedó definido por la superior calificación técnica obtenida por la compañía belga.

La tercera participante, DTA Engenharia, había quedado fuera de competencia luego de que su oferta fuera declarada inadmisible por no cumplir con el requisito de presentar la garantía de mantenimiento de oferta.

Siete días para presentar impugnaciones

Pese al avance del proceso, la concesión todavía no fue adjudicada de manera definitiva.

Con la emisión del dictamen de preadjudicación se abrió una última instancia de siete días corridos para que los oferentes puedan presentar impugnaciones formales.

Una vez concluido ese plazo y resueltos los eventuales planteos, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación podrá avanzar hacia la adjudicación definitiva del contrato.

Desde el Gobierno señalaron que antes de emitir el dictamen se realizó una revisión integral de todas las actuaciones para verificar el cumplimiento de la documentación licitatoria, la normativa argentina vigente y las recomendaciones internacionales aplicadas al proceso.

Qué destacó el Gobierno

En el comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Economía sostuvo que durante el procedimiento no se registraron impugnaciones por parte de las empresas participantes contra los actos administrativos desarrollados hasta el momento.

Asimismo, indicó que la Justicia rechazó las denuncias que buscaron cuestionar o frenar la licitación.

La cartera económica también afirmó que la futura concesión permitirá una reducción cercana al 15% de los costos logísticos y facilitará la incorporación de nuevas tecnologías para la navegación.

La definición de la nueva concesión de la Hidrovía representa uno de los hitos más relevantes para el sistema portuario y exportador argentino de los últimos años.

Tras meses de evaluaciones, auditorías, presentaciones técnicas y disputas entre oferentes, la licitación ingresó ahora en su tramo final. Si no surgen objeciones que alteren el resultado, Jan de Nul quedará en condiciones de continuar operando la principal vía navegable del país. (con información de Argenports)

Lo hizo durante un acto junto al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, de cara al inicio de la temporada invernal.

Scioli planteó la necesidad de superar la estacionalidad a través de eventos deportivos y ratificó un cambio de paradigma en la administración de las reservas naturales que dependen de su área.

"El gran desafío es romper la estacionalidad y promover el turismo deportivo, donde Río Negro es protagonista. Compartimos el Mundial de Motocross. Hemos avanzado en una nueva etapa de los parques nacionales, readecuarlos a la realidad del turismo", sostuvo el funcionario nacional.

En ese sentido, subrayó: "antes era 'no toques el arbolito'. Ya lo dijo Perito Moreno: los parques son para el goce de la familia. Hay que abrir las inversiones, desregular", afirmó.

En sintonía con esta política de apertura, el secretario confirmó la planificación de actividades náuticas en la región andina. "Estamos coordinando para que ese espejo de agua, el hermoso Nahuel Huapi sea usado para disciplinas como regatas y velas. Esto es trabajo; el turismo es trabajo", aseveró el funcionario. (C5N)

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: en un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, proclamó el mandatario en sus redes tras compartir una publicación de su ministro de Justicia.

En ese posteo, Juan Bautista Mahiques subrayó que el Gobierno puso fin a “los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos”. Y remarcó: “Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”.

A su vez, el funcionario le agradeció al Presidente por “iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial” y destacó el “apoyo constante” de Karina Milei. También hizo mención a la labor de los senadores y a la celeridad de la Comisión de Acuerdos.

“Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”, enfatizó el funcionario.

A su vez, Mahiques destacó especialmente el rol del secretario de Justicia, Santiago Viola, para haber logrado avanzar con las postulaciones.

Silencio alrededor de la aprobación del pliego de María Verónica Michelli

Ni el Presidente ni su ministro hicieron mención al fracaso del oficialismo a la hora de retirar el pliego de María Verónica Michelli, aspirante al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata.

Pese a haber sido postulada en primera instancia por el Ejecutivo y haber recibido el aval correspondiente en la Comisión de Acuerdos, la Casa Rosada decidió a último momento dar marcha atrás tras descubrir que Michelli era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

El episodio derivó en un nuevo desmarque de la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien argumentó una objeción de conciencia para no acompañar la decisión del Gobierno.

“No se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos”, dijo la exministra de Seguridad antes de emitir su voto.

Y agregó: “Me voy a abstener de votar en contra de la jueza Michelli, esa es mi posición, no comprometo a mi bloque”.

Así, la votación por la postulación de Michelli salió con 44 a favor y 18 en contra. Ahora, el Presidente deberá decidir si firma el decreto de su nombramiento o no, una decisión que podría abrir una nueva polémica alrededor de la abogada. (con información de TN)

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, María Florencia López, 

En forma previa se votó por amplia mayoría los 73 pliegos, en los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, Ana Maria Cristina Juan, la esposa del juez federal Marcelo Martinez de Giorgi, entre otros.

La incorporación de ese dictamen fue adoptada tras la fuerte presión que realizó el peronismo luego de la polémica que se planteó cuando la Libertad Avanza quiso incluir los 73 pliegos en condiciones de ser tratados, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria.

Esta situación derivó en una fuerte polémica y un pedido de cuarto intermedio de Bullrich para poder ordenar la sesión donde se acordó incluir el pliego de Michelli, quien es candidata como vocal del Tribunal Oral de La Plata. (NA)

En una columna de opinión publicada en el periódico británico Financial Times, el mandatario hizo énfasis en la importancia de crear un marco legal sin regulación previa para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país.

Milei trazó un paralelismo entre el momento actual y el año 1602, cuando la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales introdujo la responsabilidad limitada, un invento que, según el mandatario, permitió desplegar el potencial del capitalismo y la Revolución Industrial.

En este sentido, de acuerdo a la visión del presidente, "así como la Revolución Industrial nos liberó de las limitaciones del esfuerzo físico, la IA nos liberará de las limitaciones del intelecto, impulsando la productividad más allá de nuestros sueños más ambiciosos".

De esta manera, sostuvo que "las empresas que utilizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, requieren el mismo marco legal que ha sustentado el capitalismo durante más de cuatro siglos: un marco propicio para el desarrollo y la experimentación".

Con esta premisa, compartió el plan gubernamental para avanzar en la creación de una nueva categoría empresarial: la "corporación no humana", entidades que podrán ser operadas íntegramente por agentes de IA o robots.

Al destacar la iniciativa oficial, Milei remarcó que su primer pilar es "el compromiso de mantener la IA sin regulación para que pueda desarrollarse libremente, sin la presión de una regulación prematura y mal entendida".

Los tres pilares de la propuesta

• Compromiso de no regulación: el gobierno se compromete a mantener la IA libre de una normativa "prematura y mal comprendida" que puedan asfixiar su desarrollo.
   
• Creación de sociedades no humanas: estas entidades podrán ejercer juicios independientes y contarán con responsabilidad limitada. Si bien los accionistas humanos pueden participar, no serán un requisito obligatorio para su formación.
   
• Competitividad fiscal y flexibilidad: se ofrecerá una tasa baja de impuestos corporativos y los accionistas tendrán la libertad de elegir la ley de gobierno corporativo que prefieran. Milei aclaró que, para evitar que el país sea un refugio de capitales ilícitos, será obligatorio revelar a los beneficiarios finales de estas empresas.
   

El jefe de Estado enmarcó esta propuesta dentro de los recientes cambios económicos de Argentina, destacando el superávit fiscal, el programa de desregulación y el ascenso de 20 posiciones en el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage.

En este contexto, Milei renovó la invitación a las empresas tecnológicas del mundo para que se instalen en el país, señalando que "estamos abiertos a los negocios" y remarcó que "inspirados por los comerciantes holandeses que convirtieron a Ámsterdam en la capital financiera del siglo XVII, pretendemos ofrecer el entorno legal y fiscal más atractivo para las empresas de IA que definirán el siglo XXI".

En este sentido, manifestó que el objetivo es que "Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación: el lugar donde la imaginación jurídica se puso al día con el momento tecnológico y el mundo cambió". (con información de NA)

En el testimonio que brindó ante el Tribunal Oral Federal N° 7 (TOF 7), el ex funcionario aportó precisiones técnicas sobre el funcionamiento de la obra pública, durante abril y mayo del año 2005. En ese periodo, el Banco Mundial, que financiaba obras clave para Vialidad, había manifestado su malestar con la ejecución de los fondos y anticipó una posible investigación.

A raíz de ese aviso, el Ministerio de Economía realizó una auditoría interna y encargó un informe que derivó en la intervención de la Comisión de Defensa de la Competencia; la investigación preliminar detectó sobrecostos y cartelización en obras viales. 

También recordó un discurso que dio en noviembre de ese mismo año, frente a la Cámara Argentina de la Construcción, donde confrontó directamente a los contratistas por estas sospechas.

Por otra parte, se refirió a su salida del Gabinete y aclaró que su desvinculación a finales de 2005 no fue debido a su renuncia, sino por una decisión del ex presidente Néstor Kirchner: "No renuncié, puse mi cargo a disposición a pedido del Presidente". 

Por último, y ante las preguntas del abogado defensor Carlos Beraldi, Lavagna negó que, desde el Ministerio de Economía, se hubieran diseñado partidas presupuestarias específicas, con el objetivo explícito de beneficiar a un contratista en particular.

Antes de finalizar su declaración, aseguró que "no tenía relación" con el Ministerio de Planificación Federal conducido, en ese entonces, por Julio De Vido y uno de los exfuncionarios más señalados en la estructura de recaudación investigada en esta causa.

La audiencia de este jueves finalmente se concretó, luego de haber sido reprogramada el pasado martes, después de que los tribunales sufrieran un corte general en la conexión de internet que afectó las inmediaciones de Comodoro Py. (NA)

Bullrich el miércoles dijo en la reunión de Labor Parlamentaria que el oficialismo quería debatir 50 pliegos pero hoy poco antes de iniciar la sesión se anunció que se tratarán los 73 dictámenes en condiciones de ser aprobados en la sesión que se realiza desde las 11.20.

"Bullrich nos somete a esta situación", aseguró Villarruel al ingresar a la Cámara alta, ya que en el inicio de la sesión no estuvo y la deliberación fue abierta por el presidente Provisional del Senado, Bartolome Abadala.

"Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces no estamos juntando caramelos en un kiosco", disparó.

Agregó que "nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol".

Al ser consultada por los periodistas sobre su audiencia con la candidata a jueza Verónica Michelli vetada por el Gobierno Nacional, Villarruel dijo que "me solicitó una reunión para conversar sobre su situación especial, yo no la conocía ni tampoco a su cuñado y fue lo que conversamos”. (NA)

Esta iniciativa es uno de los temas centrales junto al pago de los fondos buitres que La Libertad Avanza acordó hoy con los bloques dialoguistas incluir en la sesión que se realiza desde las 11. 

El temario establecido para la sesión de mañana contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que están en condiciones de ser tratado en el recinto de sesiones, mientras que la postulación rechazada por el Gobierno de Verónica Michelli, se debatirá en una próxima sesión junto con otros 23 candidatos a la justicia.

Y dos proyectos de creación de cámaras federales para Mar Del Plata y Tucumán impulsadas por el radical Maximiliano Abad y las tucumanas Beatriz Avila y Sandra Mendoza.

La lista de candidatos a jueces, defensores y fiscales que se aprobarán mañana recién se definirá antes de la sesión y lo difundirá el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, según informaron fuentes parlamentarias.

PROPIEDAD PRIVADA 

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina  los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés solo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente. 

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días. 

MANEJO DEL FUEGO

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural  por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Maximo Kirchner.

Fondos buitres

El Senado debatirá un proyecto que autoriza al Gobierno pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.

La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar  los  Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El Gobierno tiene tiene plazo hasta el 30 de junio para pagar esos acuerdos, por lo cual necesita tener aprobada esta ley antes de esa fecha. 

Se acuerda con Bainbridge un pago único en efectivo de 67 millones de dólares estadounidenses y de 104 millones con Attestor Value Master Fund LP.

Se acuerda la modalidad entrega contra pago. Los acreedores entregarán los bonos objeto del acuerdo a la Argentina, libres de todo gravamen, mediante acreditación en cuenta. 

La Argentina dispondrá la cancelación de los bonos una vez realizada dicha entrega y quedará facultada para presentar la documentación correspondiente ante organismos administrativos, judiciales o cualquiera ante el cual se tramiten litigios, para lograr la desestimación, el archivo y el desistimiento con efecto de cosa juzgada.

Se acuerda una suspensión de los litigios y de los bonos objeto de los mismos, o de cualquier participación en cualquier endeudamiento externo público de la República emitido con anterioridad al 1 de enero de 2002, así como no iniciar nuevas acciones respecto de los bonos. (N/A)

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluye la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

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“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer. (TN)

La medida —que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, definió como "el fin del monopolio de las plantas de VTV"— plantea que "los talleres que se encuentren inscriptos podrán realizar la revisión técnica de todo tipo de vehículos, ya sean de uso particular o comercial, de pasajeros o de carga". De esta forma, el sistema quedaría unificado bajo un mismo esquema en todo el país.

Horas después de la publicación en el Boletín Oficial, comenzaron a llegar los cuestionamientos. Uno de los primeros en alzar la voz fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien defendió la continuidad de la VTV en ese territorio, reparó en la falta de inversión nacional en infraestructura vial y destacó que "ya fueron dadas de baja más de 1000 páginas ilegales que ofrecían obleas apócrifas".

"Con rutas abandonadas, flexibilizar los controles es una irresponsabilidad. Escuchamos y vemos en redes sociales hablar del fin de un supuesto monopolio, pero poco se dice sobre cómo se va a garantizar que los controles sigan siendo rigurosos y confiables", señaló el funcionario de Axel Kicillof.

Las modificaciones al sistema de control vehicular propuestas desde el Ejecutivo plantean que "todo Taller de Revisión Técnica (TRT) debidamente calificado y equipado" podrá prestar el servicio. Además, sostiene que "los usuarios del servicio pactarán libremente el precio de las tareas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO)" con el taller en cuestión.

En ese punto, desde el gobierno provincial pusieron el foco en que la VTV es "una herramienta fundamental" para la prevención de accidentes viales y advirtieron sobre los riesgos de flexibilizar controles sin que haya mecanismos de control por parte de las autoridades.

"La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos", señaló Marinucci en oposición a la administración nacional.

En medio de la polémica, el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a criticar el planteo de la Provincia y apuntó: "Dice Kicillof que va a multar a los conductores bonaerenses? Si es así, creo que será al reves: serán los conductores los que lo multen a él en las elecciones del año que viene".

Y, señaló que "se intenta llevar la discusión hacia la seguridad vial porque no se puede defender el verdadero problema: el monopolio. La revisión técnica obligatoria sigue existiendo. Nadie la eliminó. La Ley Nacional de Tránsito sigue exigiendo que los vehículos sean inspeccionados. Lo que terminamos fue con el privilegio de que esa inspección sólo pudiera hacerse en los talleres que el poder político decide habilitar".

A modo de ejemplo, señaló que "los camiones hace décadas que realizan la RTO en talleres habilitados bajo jurisdicción nacional" por lo que ahora se dispuso "extender un modelo que ya existe y funciona, abriendo la posibilidad para que cualquier taller que cumpla los requisitos técnicos pueda inscribirse, habilitarse y emitir una revisión técnica con validez nacional".

Sturzenegger remarcó que "las provincias aceptan patentes emitidas por la Nación. Los camiones circulan con habilitaciones emitidas bajo normativa nacional. Pero cuando se trata de la VTV aparece una curiosa excepción: algunos sostienen que sólo son válidos los certificados emitidos por los talleres que ellos mismos seleccionan. Eso no es federalismo. Eso es protección de un negocio".

Con cautela y mientras evalúa qué hacer, la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Santa Fe aclaró que el gobierno de Maximiliano Pullaro analiza la adhesión parcial "para cuidar la economía y la calidad del servicio".

Funcionarios santafesino precisaron que "el sistema santafesino se mantiene sin alteraciones con los 28 espacios habilitados y tarifas controladas por el Estado".

El director de ese organismo, Carlos Torres, sostuvo en ese sentido que "la prioridad será mantener la calidad del control y cuidar a los ciudadanos". "No vamos a hacer nada que perjudique ni el bolsillo de los santafesinos ni la seguridad vial", destacó Torres en declaraciones a radio Dos de Rosario.

En el sur del país, las autoridades de gobierno de Santa Cruz dejaron en claro que "la aplicación efectiva de los cambios dependerá de la adhesión y reglamentación que realice la provincia, ya que cada jurisdicción conserva facultades para administrar, controlar y aplicar los sistemas de revisión técnica vehicular dentro de su territorio". (Clarín)

La nueva hoja de ruta apunta a un cambio de paradigma profundo: por primera vez en los 76 años de política nuclear en el país, el Gobierno instó al sector privado a invertir en la industria, tanto en lo que es la generación como la fabricación de insumos, como partes y combustibles. Busca que el Estado sea el regulador y el garante de las políticas y los privados -nacionales y extranjeros- sean los que asuman un rol protagónico en el desarrollo del sector a nivel nacional.

La Secretaría de Asuntos Nucleares, que comanda Federico Ramos Nápoli, ordenó el plan en cuatro grandes objetivos para aprovechar la capacidad tecnológica argentina en una etapa en la que el mundo vuelve a mirar al sector como alternativa de generación energética limpia y más económica que los combustibles fósiles, más luego del salto en los valores del petróleo y el gas por la guerra en Medio Oriente.

Los lineamientos oficiales llegaron en momentos de un creciente interés de empresas, entre nacionales y estadounidenses, por participar en el sector nuclear argentino.

Como muestra de ello, la Argentina y Estados Unidos participaron del cuarto taller regional FIRST sobre tecnologías de energía nuclear orientado a intercambiar experiencias regulatorias, de seguridad y desarrollo de capacidades para la expansión de esta fuente de energía en América Latina.

Aunque fuentes oficiales evitaron compartir cifras sobre estimaciones del negocio, ni de las exportaciones potenciales, se sabe de varios proyectos en marcha, entre ellos:

• La firma Nano Nuclear Energy se asoció en marzo con la estatal Dioxitek para producir combustible a partir de uranio en la planta de la provincia de Formosa.
   
• La firma estadounidense busca ingresar al RIGI con una inversión por más de US$230 millones para esa operatoria, orientada a la exportación del combustible nuclear.
   
• En tanto, Meitner Energy trabaja en conjunto con la estatal rionegrina Invap en el desarrollo del reactor ACR-300, también con potencial exportador.

Otro medio centenar de firmas expresó interés en el sector durante la Argentina Week que se desarrolló en marzo en Nueva York. Sobre todo en comprar o asociarse para el uso de las licencias nucleares de Impsa, la metalúrgica mendocina que fue la primera privatización de Javier Milei.

También siguen de cerca las novedades que surjan de la posible exploración para posterior explotación de uranio en zonas mineras de la Patagonia y Cuyo, que tomaron impulso tras la aprobación de la Ley de Glaciares.

Todo mientras se espera que el Gobierno lance la licitación para vender el 44% de las acciones de Nucleoeléctrica, la estatal que maneja las tres centrales de generación de energía nuclear que tiene el país (Atucha I y II en Zárate, y Embalse en Córdoba).

Las claves de la convocatoria a los privados para que inviertan en energía nuclear

En el plan estratégico, la Secrearía de Asuntos Nucleares, remarcó que la nueva política apunta a separar de manera clara la conducción política de la operatoria en el sector.

Sin abandonar la disciplina fiscal, la dependencia que conduce Ramos Nápoli enfatizó que en la política nuclear que encara la gestión Milei, el Estado “conduce y asume las funciones del marco regulatorio independiente, las garantías soberanas asociadas a compromisos internacionales, la responsabilidad última en materia de seguridad nuclear y radiológica, y la conducción del sistema de formación especializada”.

“El conjunto de actividades restantes admite, y en muchos casos requiere, articulación con actores privados cuya eficiencia operativa, capacidad de gestión comercial y disponibilidad de capital complementan las funciones estatales. La incorporación de capital privado, gestión privada y modalidades de asociación público-privada debe entenderse como herramienta para llevar la capacidad técnica instalada a escala industrial sostenible", remarcó el escrito.

En los principios expuestos en el Plan Nuclear, se enfatizó que “las experiencias internacionales más exitosas combinan rectoría pública estricta con eficiencia operativa privada, y no existe razón estructural por la cual Argentina deba renunciar a esa combinación".

En ese sentido, apunta a un esquema en el que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) aporta investigación, desarrollo y profesionales de calidad, mientras las empresas invierten en proyectos nacionales y asumen el riesgo.

Así, según la visión oficial, la experiencia y el conocimiento de la CNEA se combinan con el capital y la capacidad de gestión del sector privado, para potenciar cada eslabón de la cadena nuclear argentina.

“El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente. La capacidad de diseño, operación, fabricación y producción está consolidada y se reproduce dentro de los procesos institucionales del sector. Lo que el sector no ha logrado consolidar de manera equivalente es el marco institucional, comercial y de gestión que convierta esa capacidad técnica en industria a escala, en flujos de exportación sostenidos y en retorno verificable para el país que financió su construcción durante 75 años", se remarcó. (con información de TN)