De esta manera, el Estado argentino y la compañía tendrán hasta el 2 de diciembre para presentar sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense.

La decisión fue confirmada por fuentes de la Procuración del Tesoro, que explicaron que se trata de un mecanismo de uso habitual para contar con tiempo adicional para preparar la respuesta.

La resolución concede el tiempo adicional que habían solicitado tanto el Estado argentino como por la ex Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A..

El plazo original vencía el 2 de noviembre, pero los abogados de ambas partes pidieron una extensión de 30 días para preparar sus presentaciones, algo que fue concedido este jueves.

De todos modos, la prórroga no anticipa una definición sobre el fondo de la disputa ni implica que el máximo tribunal vaya a resolver inmediatamente después de recibir el escrito argentino. (TN)

Según se explicó, su salida del Gobierno fue por “razones personales”. “Cierto desgaste de la función pública; cumplió un ciclo”, señalaron desde Economía.

“Se va a seguir con su agenda, no es un cambio de gestión. Es una salida, se continúa su línea de trabajo”, remarcaron.

En la cartera que conduce Luis Caputo hicieron hincapié en que “ya se habían cumplido los objetivos”. Además, remarcaron que González “quería volver al sector privado”.

“Es una decisión que venía pensando hace varios meses y se dio en los mejores términos. Incluso va a ir a las rondas RIGI de las próximas semanas con Toto (por el ministro de Economía, Luis Caputo)”, manifestaron.

Al respecto, el propio Caputo lo despidió en sus redes sociales. “Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería.¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!“, expresó. (con información de TN)

El mandatario aseguró que apenas bajó del avión, luego de su viaje a España, fue recibido por el cuerpo de Granaderos y su hermana Karina.

"Después empecé a trabajar, se fue al mediodía y cada uno sigue trabajando por su lado -agregó-. No hay paz, se trabaja todo el tiempo".

En una entrevista con radio Mitre, el Presidente aseguró tener "la costumbre de trabajar arduamente desde Olivos porque me evita perder tiempo trasladándome".

Además, aseguró que "no hay lugar para festejos. Una cena podría ser si llegamos a comer en un horario razonable. Es una buena idea".

Además del recibimiento por parte de los granaderos, su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y los diputados de La Libertad Avanza, le cantaron el Feliz cumpleaños, lo cual quedó registrado en un video que circuló en las redes sociales.

Los saludos por redes también estuvieron presentes. La jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: "Feliz cumpleaños, presidente" junto a una foto de ambos agarrados de la mano y él hablándole al oído mientras ella lo escuchaba y sonreía.

La Libertad Avanza le dedicó un video con fotos desde su infancia hasta que llegó a la Presidencia con las siguientes palabras: "FELIZ CUMPLEAÑOS AL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA ARGENTINA!!! Gracias por tu trabajo incansable, tu convicción y tu lucha por hacer de la Argentina un país cada día más libre". (con información de NA)

“Hoy hay un ruido en el mercado de que va a haber volatilidad el año que viene. Olvídense de la volatilidad cambiaria y de tasas de interés del año que viene. El momento para invertir es ahora”, afirmó Furiase, quien buscó transmitir previsibilidad de cara a 2027.

El funcionario atribuyó el deterioro de los indicadores financieros locales al contexto internacional, al que definió como “hiperadverso”. Según explicó, la combinación de problemas de sostenibilidad de la deuda en las economías desarrolladas, tasas de interés elevadas y el aumento de los precios de los commodities genera presión sobre los mercados emergentes.

“Las tasas de EE.UU. son las más altas desde el año 2007 y las de Japón, las más altas desde 1980. Hay tasas de interés que se pusieron de punta y precios de commodities, energía y alimentos que meten presión inflacionaria”, señaló.

Sin embargo, consideró que la reacción de los bonos argentinos no se corresponde con el desempeño de otras variables de la economía. “El riesgo país no se condice con la estabilidad cambiaria y en las tasas de interés”, sostuvo, y remarcó que el peso argentino tuvo una de las mejores performances en medio de las turbulencias internacionales.

Para el secretario de Finanzas, la principal diferencia respecto de otros períodos electorales está en el equilibrio fiscal, el balance del Banco Central y la menor cantidad de pesos disponibles para presionar sobre el dólar.

“El año que viene va a ser el cuarto año con superávit primario y financiero. Este es el corazón de la estabilidad macroeconómica”, afirmó. También destacó que el ajuste fiscal se llevó adelante en un contexto de crecimiento y, según su evaluación, con medidas para cuidar a los sectores más vulnerables. En paralelo, señaló que el Gobierno redujo más de tres puntos porcentuales de impuestos.

Furiase también hizo hincapié en el saneamiento del balance del Banco Central (BCRA), al que consideró una condición necesaria para sostener la estabilidad monetaria y continuar con la baja de la inflación. “Las reservas netas pasaron de US$12.000 millones negativas a US$12.000 millones positivas”, indicó. A su entender, esa mejora explica parte de la fortaleza que mostró el peso pese al escenario externo adverso.

En ese marco, el funcionario sostuvo que la cantidad de pesos que podría volcarse al mercado cambiario durante el año electoral es reducida en términos históricos. “Hay poca munición para correr contra el dólar en el año electoral”, afirmó.

Además, remarcó que el Tesoro dispone de reservas en pesos para afrontar vencimientos y evitar que las necesidades de financiamiento generen presiones sobre las tasas de interés. Según detalló, cuenta con $9 billones en el BCRA y más de $10 billones en el resto del sistema financiero. “Eso es una munición muy importante que va a permitir comprarle los dólares al BCRA y pagar vencimientos de deuda o cancelar deuda en pesos y no convalidar volatilidad de tasas”, explicó.

El programa financiero de 2027 y las herramientas para afrontar vencimientos de deuda

Otro de los argumentos que presentó Furiase para descartar tensiones financieras fue que el programa de financiamiento en dólares para 2026 y 2027 está cerrado y no depende del regreso a los mercados internacionales.

En ese sentido, explicó que el Gobierno se reserva la posibilidad de colocar unos US$5000 millones en el mercado local para refinanciar vencimientos de capital de los Bonares previstos para el año próximo. También mencionó la posibilidad de utilizar un tramo del swap con China para refinanciar los compromisos de 2027.

Furiase enumeró, además, distintas herramientas con las que cuenta el Gobierno para afrontar eventuales tensiones: los acuerdos de intercambio de monedas con China y Estados Unidos, las operaciones en los mercados de futuros, las compras de divisas del BCRA y el superávit comercial.

En ese repaso, mencionó una “munición” superior a los US$125.000 millones al sumar distintas fuentes de respaldo financiero y cambiario. El cálculo, según explicó, incluye los recursos disponibles para el programa financiero, los instrumentos de cobertura y la capacidad de generación de dólares de la economía.

Durante su exposición, el secretario de Finanzas también rechazó las críticas de economistas que advierten sobre un atraso cambiario y plantean la necesidad de una devaluación. “No hay ningún indicador objetivo que hable de atraso cambiario. Superávit comercial récord, exportaciones récord y un Banco Central comprando dólares”, sostuvo.

En esa línea, afirmó que el BCRA ya compró US$15.000 millones y consideró que la evolución de las cuentas externas respalda la estrategia cambiaria del Gobierno. “Si lo dejáramos flotar libremente, el dólar va a la baja. Ese es un seguro que estamos comprando para el año que viene”, agregó.

Furiase también vinculó la mejora de las perspectivas comerciales con el escenario internacional y las exportaciones de energía y minería. Según las proyecciones que presentó, la balanza comercial de esos dos sectores registraría un superávit de US$24.000 millones este año y podría alcanzar los US$51.000 millones en 2030, incluso bajo supuestos que definió como conservadores.

El riesgo político y las expectativas para las elecciones de 2027

Pese a su diagnóstico favorable sobre las variables macroeconómicas, Furiase reconoció que el mercado todavía incorpora incertidumbre política en los precios de los bonos argentinos, especialmente para los años posteriores a las próximas elecciones presidenciales.

Según explicó, los títulos de deuda con vencimiento en 2027 ya reflejan un riesgo país de entre 200 y 250 puntos básicos, mientras que las primas de riesgo aumentan a partir de 2028 por las dudas sobre la continuidad del programa económico.

Para el funcionario, esa percepción terminará modificándose a medida que el mercado incorpore sus expectativas electorales. “Para nosotros, más temprano que tarde, el mercado va a descontar que Javier (Milei) va a ganar caminando el año que viene”, afirmó.

También defendió el desempeño del oficialismo y sostuvo que los resultados económicos y el respaldo político permitirán consolidar el programa. “Tenemos un espacio político que se fortaleció con las elecciones de medio término del año pasado. Tenemos un apoyo muy fuerte de los gobernadores”, señaló. (con información de TN)

Sin embargo, sostuvo que la administración de Donald Trump respeta el proceso legislativo del país. La definición se produjo durante una conferencia de prensa junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.

“Las leyes de la Nación Argentina son una cuestión para las autoridades de la Nación Argentina. Nosotros estamos obviamente viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, sostuvo el número dos de Marco Rubio. Landau evitó formular un pedido de modificación del proyecto y agregó: “Quiero destacar otra vez que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”.

La declaración se produjo después de que el Gobierno argentino reconociera contactos con Washington por las consecuencias que podrían tener las sanciones sobre compañías y grandes fondos de inversión estadounidenses. En la Casa Rosada descartan avanzar contra actores financieros de ese peso si una medida de esas características compromete la relación bilateral. El Ejecutivo sostiene que las observaciones estadounidenses no representan una exigencia formal para retirar la iniciativa y mantiene la decisión de impulsar su tratamiento en el Congreso.

La controversia se concentra en el alcance de las penalidades sobre empresas que participan directa o indirectamente de proyectos económicos en Malvinas, especialmente aquellos vinculados con la explotación hidrocarburífera. El texto presentado por el Gobierno busca reemplazar la Ley 26.659 y ampliar las herramientas para actuar sobre quienes financien, faciliten o desarrollen actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas, inhabilitaciones y restricciones comerciales, además de mecanismos para que las compañías abandonen las actividades alcanzadas por el régimen.

Quirno defendió la reforma y aseguró que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas necesarias para proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur. El canciller explicó que el nuevo proyecto contempla la posibilidad de desistir de inversiones realizadas bajo licencias que el país considera ilegítimas. “No va en contra de nadie en particular”, sostuvo. También planteó que las empresas deberán evaluar entre continuar con operaciones cuestionadas en las islas o desarrollar inversiones en el territorio continental argentino, donde el Gobierno considera que existe un potencial energético considerablemente mayor.

El funcionario remarcó que la causa Malvinas es innegociable para la Argentina y que el Gobierno continuará utilizando las vías diplomáticas y jurídicas disponibles. La iniciativa fue enviada al Congreso el 17 de septiembre, pero todavía enfrenta diferencias con los bloques aliados por los capítulos vinculados con seguridad nacional, defensa e inteligencia. El oficialismo postergó el tratamiento en comisiones mientras negocia modificaciones al Consejo de Seguridad Nacional y a otras disposiciones del proyecto.

Por otra parte, Landau aseguró que el pedido de Estados Unidos para disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas no implica una definición específica sobre el reclamo argentino por Malvinas. “No es ningún secreto que parte de nuestra agenda en la administración Trump es la reforma de instituciones multilaterales como las Naciones Unidas”, explicó. El funcionario cuestionó el funcionamiento de distintos comités y sostuvo que algunos han adoptado posiciones contrarias a los intereses estadounidenses. “Espero que la Argentina no confunda un proyecto de reforma para agilizar la operación de Naciones Unidas con un tema particular sustantivo”, agregó.

Quirno reconoció que el Comité de Descolonización constituye un foro relevante para el reclamo argentino, porque allí se debate anualmente la cuestión Malvinas, pero aclaró que la posición del país no depende exclusivamente de su existencia. El canciller sostuvo que las resoluciones que respaldan la reivindicación de soberanía forman parte del sistema de Naciones Unidas y que la Argentina continuará presentando sus planteos en los organismos internacionales. “En la eventualidad de que deje de existir, eso no tiene ningún tipo de mella sobre nuestro reclamo”, afirmó. También ratificó que el objetivo es conseguir que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la soberanía de las islas.

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El encuentro también incluyó anuncios de cooperación estadounidense en materia de seguridad y ciberseguridad. Quirno informó que Washington aprobó US$13 millones para programas contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un pacto para la protección de la infancia que contempla asistencia de hasta US$10 millones para combatir la trata de menores. El canciller anunció también un aporte no reembolsable de US$15 millones destinado a establecer un centro de operaciones de ciberseguridad, con una evaluación de la seguridad de la red troncal de Internet de ARSAT.

La agenda bilateral se completó con conversaciones sobre inversiones, minerales críticos, el acuerdo comercial y el programa de exención de visas. Los funcionarios repasaron los avances del Corredor Andes-Atlántico, que busca conectar las regiones mineras y energéticas argentinas con los puertos del Atlántico mediante financiamiento e infraestructura. Quirno confirmó que ambos países continúan negociando el ingreso de la Argentina al programa que permitiría viajar a Estados Unidos sin una visa tradicional, aunque no anunció una fecha de incorporación. También ratificó los preparativos para la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, prevista para noviembre. (con información de TN)

Los datos se desprenden de los informes relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sobre las ventas de los distintos comercios.

Supermercados

En agosto, las ventas en los supermercados cayeron 3,7% contra el mismo mes del último año, siendo la segunda peor caída en lo que va de 2026 (a la par con la de abril) y quedando por detrás de marzo (-5,1%).

En el acumulado del año la baja se expandió y cerró los primeros ocho meses del año con una contracción del 2,8%.

De esta manera, el rubro entabló su octavo mes consecutivo con un retroceso en las ventas. La última vez que cerró con un aumento había sido en diciembre último, cuando el indicador subió 0,5% interanual.

A su vez, contra julio mostraron un retroceso de 0,8%, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.616 millones, un incremento de 24,2% interanual, en donde la venta promedio por metro cuadrado (m²) fue de $787.964.

"Carnes" volvió a ser el grupo con el mayor aumento interanual, con el 38,5%, seguido por "Verdulería y frutería" (32,6%), "Artículos de limpieza y perfumería" (25,6%) y "Alimentos preparados y rotisería" (25,1%).

Respecto a los medios de pago, las tarjetas de crédito continúan abarcando el mayor porcentaje de las ventas totales: recaudaron $1.125 millones y representaron el 43% de los medios de pago.

• Tarjetas de débito: $625 millones, el 23,9% de las ventas totales.
• Efectivo: $443 millones, el 17% de las ventas totales.
• Otros medios de pago: $422 millones, el 16,1% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 15,8% interanual y alcanzó los $35.569 por compra.

Mayoristas

Las ventas en los autoservicios mayoristas cayeron 3,6% en la medición interanual y encadenaron el séptimo mes consecutivo a la baja desde enero de este año. El acumulado enero-agosto se contrajo un 2,9%.

Se trató de la tercera mayor caída del año, por detrás de abril (5%) y marzo (7,2%).

A su vez, perdieron contra julio (-1,2%) y el índice de la serie tendencia-ciclo registró una variación negativa de 0,4% respecto al mes anterior.

En este segmento, las ventas totales sumaron $395 millones (+23,7% interanual) con una venta promedio de $421.092 por m².

Los grupos de artículos con los aumentos más significativos fueron "Verdulería y frutería" (35,5%), "Lácteos" (30,2%), "Almacén" (29,8%) y "Carnes" (29,1%).

En los canales de venta, la opción de pagar con otros medios de pago que no sean los tradicionales (como pueden ser las transferencias o cobros con QR) recaudó la mayor parte de las ventas totales, con $129 millones y un porcentaje del 32,7%.

• Tarjeta de crédito: $106 millones, el 26,8% de las ventas totales.
• Efectivo: $98 millones, el 24,8% de las ventas totales.
• Tarjeta de débito: $62 millones, el 15,7% de las ventas totales.

El ticket promedio subió 29% interanual y alcanzó los $47.067 por compra.

Shoppings

Por último, los centros de compra fueron la excepción y subieron sus ventas 3,7% interanual. Fue la segunda mayor expansión de 2026, quedando por detrás del 11,9% registrado en mayo. Sin embargo, el acumulado del año cerró con una variación negativa de 1,2%.

Respecto a julio, también subieron 3,3%, mientras que el índice serie tendencia-ciclo se mantuvo estable sin variaciones.

Las ventas totales alcanzaron los $698 millones (+24,3% interanual) y la venta promedio por m² fue de $668.334.

De acuerdo al informe del INDEC, la región de la Patagonia anotó la mayor suba interanual en sus ventas (+32,2%), totalizando $36.579 millones.

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $205.435 millones (+31,6% interanual).
• Región Cuyo: $47.567 millones (+23,9% interanual).
• Región Norte: $34.601 millones (+21,9% interanual).
• Gran Buenos Aires: $229.711 millones (+20,4% interanual).
• Región Pampeana: $144.669 millones (+20,1% interanual).

En este marco, se apuntalará el plan nacional de transporte eléctrico y se llevarán adelante dos de las 16 obras estratégicas con las que se buscará refozar el sistema y evitar futuros cortes de luz masivos en los meses de mayor demanda.

Una de ellas es la Línea de Alta Tensión (LEAT) entre Bahía Blanca y Choele Choel, y entre esta localidad rionegrina y Puerto Madryn, en Chubut. La obra comprende la ampliación de las estaciones transformadoras en estas tres ciudades, además de la construcción de dos LEAT de 500Kv que las unan.

Este Proyecto de Interconexión Eléctrica en 500 kV en el Corredor Sur forma parte del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, impulsado por el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Energía.

La garantía cuenta con un plazo de 25 años y también incluye al proyecto AMBA I.

En ese sentido, se explica que se trata de dos obras clave para ampliar la capacidad de transmisión y fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Además, permitirá disminuir los riesgos para los inversores y movilizar capital privado hacia inversiones de largo plazo en infraestructura estratégica.

Según se indicó desde la Nación, las iniciativas beneficiarán en forma directa a 16 millones de usuarios, entre hogares y empresas, ya que, contribuirán a un suministro eléctrico más confiable y así evitar futuros cortes de luz masivos en los meses de mayor demanda.

"La aprobación de la garantía del BID consolida las condiciones de previsibilidad y reglas claras que el Gobierno nacional viene construyendo para atraer capital privado a la infraestructura eléctrica", destacó el comunicado.

Esto ocurre pocas semanas después de la conferencia La Reconstrucción del Sistema Argentino de Transmisión Eléctrica, en la que el oficialismo presentó la licitación de AMBA I ante inversores nacionales e internacionales, bancos, fondos de inversión, empresas y embajadores. 

Se trata, además, de la primera operación individual bajo una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP).

AMBA I es la primera de las 16 iniciativas estratégicas del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, que contempla inversiones por más de USD 6.600 millones y la incorporación de 5.610 km de líneas de 500 kV en todo el país. (La Nueva., con información de NA)

“Nosotros recibimos el riesgo país en 3000 puntos y hoy está en 650. Bueno, hay un mundo convulsionado”, respondió al ser consultado por el aumento del indicador en una entrevista con El Observador de España.

En su explicación, el primer mandatario afirmó que los activos argentinos reaccionan con mayor intensidad ante las condiciones adversas de los mercados, pero también podrían beneficiarse más frente a una recuperación: “Cuando las cosas se normalicen, a Argentina le va a ir mucho mejor”.

Las declaraciones de Milei se conocieron en medio de una nueva jornada de tensión financiera: el riesgo país volvió a superar este jueves los 700 puntos y el dólar oficial llegó a $1550, un nuevo máximo. Así, el indicador quedó por encima de los 650 puntos que el Presidente mencionó durante la entrevista al defender los resultados de su programa económico.

Milei vinculó las dificultades con el encarecimiento del petróleo y las tasas de interés internacionales. Según planteó, el salto del crudo de US$60 a US$110 generó una contracción de la oferta y una presión sobre los precios que llevó a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias.

“Lo que tenés hoy es un mundo que tiene más inflación, más tasa de interés y menos actividad”, sostuvo. En ese marco, admitió que el escenario externo afecta tanto al crecimiento como a la velocidad de la desinflación: “Argentina desaceleró el ritmo en que se estaba expandiendo y, al mismo tiempo, como consecuencia de que la economía se expande menos, el ritmo al que cae la tasa de inflación es menor”.

Milei sostuvo que el ordenamiento de las cuentas públicas permitió que la Argentina enfrentara esas dificultades en mejores condiciones. “En otro contexto como este, Argentina hubiera volado por los aires”, afirmó.

Para respaldar ese argumento, planteó un escenario hipotético en el que el país debiera financiar un déficit fiscal de US$35.000 millones, afrontar vencimientos de deuda y cubrir un saldo energético negativo. Según su cálculo, esas necesidades podrían haber obligado a buscar unos US$80.000 millones en el mercado internacional.

“Eso es una hiperinflación con una caída del PBI del 10%”, dijo sobre ese escenario. También destacó que, según los números que expuso, la balanza energética registra un saldo positivo de US$10.000 millones.

Además del contexto externo, el Presidente responsabilizó a la oposición por un shock político que, según sostuvo, afectó a los bonos, las tasas de interés y los ingresos.

En su repaso del año pasado, afirmó que la economía crecía al 8% en el primer trimestre y que la inflación mensual había llegado al 1,5% en mayo. “Ahí salieron a atacar al programa económico, nos metieron 40 leyes tratando de derribar el equilibrio fiscal y hubo siete intentos de juicio político”, aseguró.

Milei sostuvo que esa situación provocó una salida de activos argentinos, una caída del precio de los bonos y un aumento del riesgo país. Según su explicación, la suba de las tasas terminó por frenar la actividad y afectar la situación social.

“Eso golpeó claramente en los niveles de ingresos de los argentinos e impactó sobre la pobreza”, reconoció. Afirmó que esos efectos comenzaron a revertirse a partir de marzo, aunque luego se superpusieron con las dificultades internacionales.

Durante la entrevista, le preguntaron qué le diría a una persona que no consigue empleo o cuyo salario no alcanza para cubrir sus gastos. El Presidente respondió con una comparación entre la economía argentina y una familia que hipoteca su vivienda, gasta los recursos y luego debe afrontar la deuda sin ingresos.

A partir de ese ejemplo, responsabilizó al populismo y, en particular, al peronismo y al kirchnerismo por el deterioro del capital. Sostuvo que la recuperación de los salarios requiere más inversión, ahorro y productividad.

“Yo no le voy a mentir a la gente, yo le digo la verdad. Si querés que te engañen, buscá al mentiroso, yo voy a seguir diciéndote la verdad. Pero vamos por el buen camino”, afirmó.

También aseguró que la economía crece “cuatro veces más fuerte que el promedio de los últimos 100 años” y que bajan la inflación, la pobreza y la indigencia. Aunque defendió el rumbo, admitió que preferiría resultados más rápidos: “La dirección es la correcta. Ahora, me gustaría que fuera mucho más rápido”.

Al exponer su balance social, mencionó niveles de pobreza del 32%, indigencia del 7% y pobreza infantil del 42%. “Los números siguen siendo horribles, pero la película es la mejor película de la historia”, sostuvo.

Milei también llevó la discusión económica al terreno electoral y planteó que el año próximo los argentinos deberán elegir entre “volver al pasado” o respaldar “el modelo de la libertad”.

“El futuro de los argentinos está en manos de los argentinos y eso lo van a decidir el año que viene”, expresó. Sin embargo, al referirse a los plazos necesarios para resolver los problemas del país, advirtió: “Creer que podés arreglar todo en cuatro años o en ocho años es mentirle a la gente”. (TN)

El procesamiento alcanza además al contador del economista, Mariano Cosentino, como partícipe necesario del delito, y la empresa Varianza S.A., con embargos de $700 millones y de $500 millones, respectivamente.

Esta semana la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín no hizo lugar al reclamo presentado por la defensa para pedir la nulidad de las medidas de prueba impulsadas por el fiscal, Rodolfo Domínguez.

La defensa planteó que el fiscal se había excedido de sus atribuciones al ordenar medidas posteriores a su indagatoria; la validez de las declaraciones testimoniales sin aviso a la defensa; el pedido de informes patrimoniales de Espert, su pareja y terceros “ajenos al proceso”.

Además de la incorporación de informes de inteligencia “secretos” a los que la defensa no tuvo acceso; y los peritajes a celulares y otros dispositivos secuestrados sin la posibilidad de designar un perito de parte para la intervención.

Los camaristas, Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones, consideraron que “los actos procesales impugnados se han desenvuelto con arreglo a la normativa aplicable, sin que se vislumbren vicios que impliquen afectaciones a los derechos constitucionales en juego”. La Cámara además rechazó otro planteo de la defensa del exdiputado para recusar al fiscal por “pérdida de objetividad” y “exteriorización de un interés ajeno al proceso”.

Las claves de la causa por lavado de dinero en la que procesaron al exdiputado nacional libertario José Luis Espert

La investigación judicial se centra en los 200 mil dólares que Espert recibió en 2019 y que, según la acusación, habrían llegado a través de un contrato simulado de asesoramiento con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo, que fue reconocida como propiedad de Machado.

Según la hipótesis de la acusación, el contrato habría servido para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito y que los fondos fueron usados, entre otros destinos, para comprar vehículos de alta gama y constituir un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El dinero está vinculado a Machado, empresario que mantuvo una relación con el exdiputado nacional desde 2019 y que, entre otros apoyos, financió actividades de la campaña presidencial del economista mediante el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, además de la presentación de un libro y un vehículo blindado.

El empresario argentino está preso en Estados Unidos y se declaró culpable ante la justicia federal de ese país por conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestime la acusación de narcotráfico, y fue condenado por esos delitos. (TN)

La declaración fue aprobada por el cuerpo legislativo el 6 de octubre y comunicada al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

En el documento, el Senado destacó sus contribuciones a la arqueología galáctica y a la comprensión de la formación y evolución de la Vía Láctea. También señaló que su trayectoria constituye un testimonio de la excelencia del sistema universitario público bonaerense.

Helmi nació en Bahía Blanca y se graduó en la Universidad Nacional de La Plata. En 2026 recibió el Premio Kavli de Astrofísica, uno de los reconocimientos internacionales más importantes en esa disciplina, junto con los investigadores Vasily Belokurov y Rodrigo Ibata.

Sus investigaciones permitieron reconstruir parte de la historia de nuestra galaxia y comprender mejor cómo se formó y evolucionó la Vía Láctea.

La distinción del Senado bonaerense

En las imágenes difundidas, la científica aparece junto a los senadores bonaerenses Sergio Vargas y Silvana Ventura, representantes de la Sexta Sección Electoral e integrantes del bloque Unión y Libertad.

El reconocimiento destaca la trayectoria de Helmi y pone en valor sus contribuciones al conocimiento científico, así como la formación recibida en el sistema universitario público de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

 

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La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y se formalizó en el Boletín Oficial a través de la Resolución Conjunta 5/2026 entre el Ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva y el de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto comandado por Pablo Quirno.

En la citada Resolución se indicó que ambos ministerios resolvieron "declarar reunidos los requisitos establecidos en el artículo 25 inciso d) del Decreto N° 918/12 y sus modificatorios para la inscripción en el Registro Público de personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (RePET)" a las organizaciones criminales: "Cártel de Sinaloa, Ejército de Liberación Nacional, La Nueva Familia Michoacana y Los Tiguerones, en general e incluyendo sus facciones conocidas como 'Los Fénix' (también escrita 'Los Fenix') y 'Los Igualitos'".

A las mencionadas organizaciones se les suman las "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) que comprende al GAO-R FARC-EP y al Estado Mayor Central (EMC), así como sus denominaciones 'Estado Mayor Central de las FARC-EP', 'EMC FARC-EP' y 'GAO-R FARC-EP', incluidos sus bloques y frentes, como el 'Frente 18'".

https://t.co/orujAptAWI

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 22, 2026

En tanto, el Gobierno informó que la decisión fue coordinada entre Cancillería, Seguridad, Justicia y la SIDE en el marco de la lucha contra el crimen organizado transnacional y en el comunicado difundido el miércoles señaló que el Cártel de Sinaloa "es una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas, que ya ha sido designada como organización terrorista por múltiples países, incluido Estados Unidos, saldando una deuda de la República Argentina en su compromiso con la lucha contra el narcoterrorismo".

Con relación a La Nueva Familia Michoacana, expresó que "es una organización criminal mexicana que se especializa en el tráfico internacional de drogas y en la minería ilegal con una alarmante expansión regional", mientras que, en referencia a Los Tiguerones, dijo: "Es un cártel de origen ecuatoriano que se especializa en actividades de narcotráfico y sicariato. Este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, agrupación que también fue designada como organización terrorista en agosto de este año por la República Argentina".

Por su lado, respecto de las FARC-EP y el ELN, desde la Oficina de Prensa de la Presidencia, sostuvieron: "Son organizaciones insurgentes de extrema izquierda basadas en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada. Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos".

"Su capacidad operativa y su expansión regional con estructuras y redes susceptibles de proyectar sus actividades hacia nuestro país configuran un riesgo que trasciende la criminalidad estrictamente doméstica colombiana y compromete la seguridad nacional argentina", agregó el comunicado. (NA)

El proyecto obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. Como la Cámara baja incorporó modificaciones al texto que había aprobado el Senado el 6 de agosto, la iniciativa deberá regresar a la Cámara alta para su revisión.

Entre sus puntos principales, la iniciativa apunta a acelerar los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales. Para ello, establece que las acciones de desalojo tramiten mediante un juicio sumarísimo, un procedimiento más abreviado que el proceso ordinario.

En los casos de falta de pago de alquileres destinados a vivienda, el propietario deberá intimar previamente al inquilino para que regularice la deuda y otorgarle un plazo no inferior a 10 días corridos desde la recepción de la notificación. La intimación deberá especificar el lugar de pago.

Si el incumplimiento persiste, el locador podrá iniciar la acción de desalojo. El proyecto contempla un procedimiento de restitución del inmueble en un plazo de 10 días hábiles y habilita a solicitar la desocupación inmediata en los casos de falta de pago o vencimiento del contrato, bajo caución juratoria.

Esta última figura permite al solicitante asumir formalmente la responsabilidad por los daños que pudiera ocasionar una medida indebida, sin que deba constituir necesariamente una garantía patrimonial.

La iniciativa también establece controles judiciales para determinados desalojos. Cuando se invoquen causas como el cambio de destino, el deterioro del inmueble, la realización de obras nocivas o el uso abusivo o deshonesto, el juez deberá realizar un reconocimiento judicial dentro de las 72 horas de dictada la primera providencia, con asistencia del defensor oficial, para identificar a los ocupantes.

En caso de que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el magistrado deberá dar intervención a los organismos competentes para procurar una alternativa habitacional, sin que eso implique suspender el proceso judicial.

Además, el proyecto prevé una multa de hasta diez veces el monto mensual del alquiler si se demuestra que el propietario obtuvo la desocupación inmediata mediante el ocultamiento de hechos o documentos.

Expropiaciones: nuevas condiciones para el Estado

La reforma modifica la Ley de Expropiaciones y establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda disponer de bienes privados por razones de utilidad pública.

En ese contexto, la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva, identificar de forma específica y concreta el objetivo perseguido y superar criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. El propósito es limitar las decisiones que puedan afectar el derecho de propiedad sin una justificación suficiente.

En materia de indemnizaciones, el proyecto incorpora el lucro cesante entre los conceptos que pueden ser compensados. El texto contempla, en términos generales, un límite del 30% del valor del daño emergente, con la posibilidad de superar ese porcentaje si el expropiado acredita fehacientemente una afectación mayor.

El valor del bien deberá determinarse tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación. La indemnización se actualizará por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta el pago efectivo.

Otro de los puntos centrales es que el Estado no podrá transferir el dominio del bien sin haber abonado previamente la totalidad de la indemnización correspondiente.

La iniciativa también amplía los supuestos en los que puede promoverse una acción de expropiación irregular. Esto incluye situaciones en las que el Estado toma un bien sin pagar la indemnización o impone restricciones que afectan de manera sustancial y no transitoria el uso, el goce o la disposición de una propiedad, hasta producir efectos equivalentes a una expropiación.

Por último, establece nuevas condiciones para la ocupación temporánea anormal de bienes privados. La medida deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional y tendrá un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez ante circunstancias graves y de necesidad pública, siempre que no existan alternativas menos lesivas. También prohíbe reiterarla por la misma causa.

Ley de Tierras: vuelve el límite a la propiedad extranjera
La restitución de la Ley de Tierras Rurales fue uno de los puntos centrales de la negociación política que permitió avanzar con el proyecto en Diputados. Así, el texto aprobado dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el presidente Javier Milei había derogado esa legislación, y restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en 2011.

La norma fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en el territorio nacional, las provincias y los municipios. Su restitución revierte el cambio dispuesto por el Gobierno al comienzo de su gestión que había sido congelado por la Justicia y recupera las restricciones a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La incorporación de este capítulo fue impulsada durante el tratamiento en comisión por sectores aliados del oficialismo. La decisión representó una modificación respecto de la orientación original del Gobierno, que había promovido la eliminación de las restricciones a la compra de tierras rurales por extranjeros.

Modernización del Registro de la Propiedad Inmueble

La iniciativa también modifica la Ley 17.801, que regula el Registro de la Propiedad Inmueble, con el objetivo de adaptar el sistema registral a las herramientas tecnológicas actuales.

Entre los cambios previstos se encuentran la digitalización de los procedimientos, la posibilidad de presentar documentos en soporte electrónico y el uso de firma digital de acuerdo con la normativa vigente.

El proyecto también apunta a incorporar sistemas que garanticen la integridad, la inalterabilidad y la trazabilidad de la información registral, con el objetivo de mejorar la seguridad jurídica y la eficiencia administrativa.

Tras los cambios introducidos en Diputados, será el Senado el que deberá decidir si acepta la nueva redacción o insiste con el texto que había aprobado en agosto. (T/N)

De esta manera, se alcanzó la media sanción con 237 votos positivos, 9 negativos y cuatro abstenciones, y la iniciativa fue girada al Senado, donde se espera un tratamiento en el corto plazo.

El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", que el oficialismo acordó con el presidente del bloque de Argentina Federal, Oscar Herrera Ahuad, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Lo que se mantiene de la ley de emergencia es, por ejemplo, la compatibilidad entre el goce de una pensión contributiva por discapacidad (70 % del haber jubilatorio mínimo) para titulares del CUD y tener un empleo formal o monotributo, siempre y cuando los ingresos no superen los dos salarios mínimos vitales y móviles.

Además se mantiene el principio de nomenclador único, se ratifica la indexación automática periódica de los aranceles de las prestaciones por el índice de movilidad jubilatoria (atado al IPC), y se garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

En cuanto al financiamiento, se establece que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior en términos reales al ejercicio fiscal del año anterior.

Por otro lado, se crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo.

Y se incorporó a pedido de aliados una cláusula transitoria que exige un cronograma para el pago de las compensaciones atrasadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación del PEN.

Durante toda la jornada, los referentes de Unión por la Patria se juntaron durante horas con representantes de colectivos de discapacidad para discutir con ellos la posibilidad de confluir con el oficialismo en el dictamen de mayoría en lugar de seguir aferrándose a la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre del 2027. (NA)

En el noveno mes del año, las mayores subas mensuales de precios se concentraron en el NEA, especialmente en Chaco (+5,0%), Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%), mientras que en la otra punta del mapa los menores aumentos estuvieron en Río Negro (+1,0%), Neuquén (+1,0%) y Mendoza (+0,9%).

En la medición interanual, la dispersión regional del costo de vida reflejó discrepancias significativas entre las jurisdicciones, dado que el encarecimiento más fuerte se dio en Chubut (+34,9%), Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%), mientras que las menores subas estuvieron en La Rioja (+26,1%), San Luis (+24,9%) y Mendoza (+24,6%).

Al analizar el valor total en pesos para adquirir la canasta, el “changuito” más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.067.161), seguido por Chubut ($1.062.515) y Tierra del Fuego ($1.037.790), mientras que la compra más económica se dio en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551).

Asimismo, en la comparación nominal contra agosto, los mayores aumentos se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681), mientras que "las menores subas se dieron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827).

Según el informe, a partir de precios recopilados en línea, "una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones".

La medición aclara que "la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores".

Respecto al impacto sobre los ingresos familiares, el estudio señala que los mayores costos patagónicos coinciden con "salarios más elevados", aunque al tomar como referencia el sueldo de comercio al por menor, la compra de alimentos "llega a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios".

Al observar la dinámica interna de la canasta, el relevamiento destaca comportamientos dispares entre artículos de primera necesidad, donde se destaca nuevamente la suba de la cebolla, que aumentó entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias", con picos en "San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%).

Por su parte, "el arroz, que se había mantenido estable en agosto, subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 7%", mientras que "el aceite de girasol, que había liderado las subas en agosto, se mantuvo prácticamente sin cambios" en 17 jurisdicciones. (con información de NA)

La medida regirá solo para la primera jornada, donde se leerá la elevación a juicio y en la Sala AMIA de Comodoro Py solo estará presente en representación de Máximo y Cristina su abogado, Carlos Beraldi.

La decisión del TOF, integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti, responde a no dilatar el inicio del proceso, previsto para este viernes a las 10.

“La premura temporal derivada del fallo de la Cámara de Casación -circunstancia ajena a la organización previa del Tribunal- no debe traducirse en una nueva postergación del debate, debiendo asegurarse el normal desenvolvimiento del proceso”, sostuvieron los jueces al respecto.

El fallo de Casación, añadió el TOF “ha sido dictado cuando resta poco tiempo para el comienzo del debate. Ello supone una dificultad concreta para disponer, en tan breve plazo, la comparecencia personal de la totalidad de los imputados comprendidos en ambas causas”.

Para cumplir con la fecha fijada, profundizaron los magistrados al justificar su decisión, es que se decidió hacer lugar al pedido de la expresidenta y su hijo.

Todo ello para “adoptar las medidas necesarias para asegurar su normal desenvolvimiento, evitando dilaciones que puedan ser razonablemente superadas sin menoscabo de los derechos de las partes”.

Al respecto, los jueces aclararon que el juicio será plenamente presencial y que se habilitó excepcionalmente “la participación de los acusados por medios telemáticos únicamente durante la audiencia de lectura de los requerimientos de elevación a juicio, mientras sus defensores comparecen de manera presencial”. (TN)

Horas atrás, la jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la estatización de YPF en 2012. La resolución representa un nuevo paso favorable para el Estado argentino en uno de los litigios más importantes de su historia, aunque no significa que la disputa haya terminado definitivamente.

Ahora, según informaron especialistas en el caso, la Argentina pidió a la Corte Suprema de EE.UU. extender el plazo para presentar su oposición al recurso extraordinario de Burford.

El abogado Sebastián Soler indicó que la solicitud argentina no tiene nada de inusual, ya que Burford había pedido y obtenido una prórroga equivalente para presentar su escrito. “No tiene nada de raro. Burford pidió y consiguió una prórroga igual para el escrito de su recurso”, sostuvo.

En la misma línea, el analista Sebastián Maril sumó: “Anteriormente, los demandantes también solicitaron una postergación de su presentación original que finalmente fue presentada el 30 de Septiembre (publicada el 2 de Octubre). La Corte seguramente accederá al pedido del país. De esta manera, desaparecen las pocas posibilidades que existían de conocer una decisión de los nueve jueces antes que culmine el año”.

La nueva fecha modificaría los tiempos del proceso judicial. Si se concede la extensión, la Argentina tendrá hasta el 2 de diciembre para presentar su respuesta. Luego, la Corte deberá evaluar si acepta intervenir en el caso.

El pedido de prórroga no anticipa una definición sobre el fondo de la disputa ni implica que el máximo tribunal vaya a resolver inmediatamente después de recibir el escrito argentino.

La discusión por la expropiación de YPF

El litigio se originó en la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Burford Capital financia la demanda iniciada por Petersen Energía y Eton Park y adquirió los derechos para litigar en el caso.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo adverso para la Argentina y ordenó el pago de una indemnización millonaria por la forma en que se realizó la expropiación. El país apeló la sentencia y el expediente avanzó por distintas instancias judiciales.

Más adelante, la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la condena contra la Argentina y ahora Preska acató esa decisión. Entonces, dejó sin efecto formalmente su sentencia original, que obligaba al país a pagar US$16.100 millones a los demandantes.

Qué falta para que termine definitivamente el juicio por YPF

Aunque la resolución de Preska representa un avance importante para la Argentina, el litigio todavía tiene una instancia pendiente en la Justicia estadounidense.

Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos con el objetivo de revertir el fallo de la Cámara de Apelaciones y restablecer la condena original.

Por lo tanto, el futuro del expediente dependerá de la decisión de la Corte Suprema.

Si rechaza el pedido de revisión, quedará firme el fallo favorable a la Argentina. En cambio, si acepta analizar la presentación, podría abrirse una nueva etapa del litigio.

Por ahora, la condena de US$16.100 millones permanece anulada y la Justicia de primera instancia de Nueva York formalizó el cumplimiento de la decisión de la Cámara de Apelaciones. El Estado argentino consiguió así consolidar una victoria judicial, aunque todavía debe esperar la resolución del máximo tribunal estadounidense para dar por terminado el conflicto.

La decisión fue informada por la cartera que conduce Sandra Pettovello, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Según el comunicado oficial, la homologación “representa un paso concreto en la implementación de la reforma laboral y marca el inicio de una nueva etapa en la que trabajadores y empleadores cuentan con herramientas modernas para adaptarse a los desafíos de un mercado laboral dinámico”. El ministerio agregó que el objetivo es promover “más empleo, más producción y mayores oportunidades para el crecimiento del país”.

Entre los acuerdos más importantes están los que firmó la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del campo: la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y CAME, y también adhirió la Federación Agraria Argentina.

También se aprobaron acuerdos de la industria aceitera, de biocombustibles y algodonera, que negoció la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines. La lista sigue con los trabajadores de edificios, representados por FATERYH, y con la industria lechera, cuyo gremio es ATILRA.

Además, Trabajo homologó las negociaciones de la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación. También se formalizaron acuerdos de la industria de la indumentaria, la actividad cinematográfica y publicitaria, la industria de pastas, el sector del caucho y otras actividades.

Las homologaciones se hicieron en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N° 14.250. Según Capital Humano, la ley funciona como “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”.

En el cierre del comunicado, el ministerio dijo que mantiene “su compromiso con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”. Según la cartera, eso contribuye “a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social”. (con información de TN)

De acuerdo con el informe técnico presentado por el INDEC, el resultado del mes refleja un comportamiento dispar entre los distintos sectores de la economía, donde el empleo formal continúa liderando los reajustes paritarios frente a los sectores informales.

Con este resultado, los ingresos de los trabajadores acumularon un alza del 25,1% en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje muestra el impacto de las sucesivas negociaciones salariales concertadas desde enero, en un contexto macroeconómico enfocado en la estabilización y en los intentos de recomposición del poder adquisitivo de los hogares de manera gradual.

“Que el salario privado registrado haya pasado de una suba de 2,3% en julio a 2,8% en agosto muestra que las empresas necesitan trabajar con proyecciones de nómina que puedan ajustarse mes a mes. La mayor estabilidad no elimina las variaciones y el presupuesto tiene que contemplarlas”, sostuvo Luciana Mosquera, de TMF Group.

“Con un aumento acumulado de 20,4% en el privado registrado, la planificación salarial exige cada vez más precisión. El desafío para las empresas es definir dónde concentrar los ajustes, qué posiciones requieren revisión y qué perfiles presentan mayor riesgo de rotación”, agregó.

Por su parte, explicó que “la diferencia entre el 2,8% del privado registrado, el 2,3% del sector público y el 3% del privado no registrado confirma que el promedio general no alcanza para proyectar costos laborales. Cada empresa necesita mirar su convenio, su dotación y su estructura de compensaciones”.

En la comparación con el mismo mes del año anterior, el indicador presentó una variación interanual del 35,6%. Esta cifra marca una notable diferencia respecto a los parámetros de periodos previos, evidenciando un escenario de menor volatilidad nominal que modifica las expectativas de los analistas económicos y los gremios a la hora de proyectar los acuerdos para el último tramo del año.

Al desagregar los datos por sectores, el empleo registrado en el ámbito privado y el sector público sostuvieron el índice general con incrementos estables, explicados por la ejecución de cláusulas de revisión previamente pactadas. Por el contrario, el sector privado no registrado o informal volvió a mostrar el rezago más pronunciado, consolidándose como el segmento más vulnerable frente a las fluctuaciones macroeconómicas. (con información de NA)

En la medición contra el mismo mes del año pasado, la actividad económica retrocedió un 1,7%. También recortó el crecimiento acumulado en lo que va del año, que pasó del 1,7% en julio al 1,2% en agosto.

La medición tendencia-ciclo, que el Gobierno toma como referencia para analizar la marcha de la actividad, no mostró variaciones por quinto mes consecutivo. Pese a ello, el ministro Luis Caputo resaltó en su cuenta de X que ese indicador todavía se ubica un 6,6% por encima del nivel de diciembre de 2023.

De los 15 sectores relevados por el organismo, hubo cinco que mostraron mejoras interanuales durante el octavo mes del año. Se destacó la incidencia positiva en esa variación de “Explotación de minas y canteras”, “Electricidad, gas y agua” y “Hoteles y restaurantes”. La suma de estos sectores aportó 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, diez sectores de actividad tuvieron caídas en la comparación interanual. En ese grupo, los desempeños negativos de “Industria manufacturera” y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” fueron los que tuvieron mayor impacto en la comparación del frente al nivel de agosto de 2025. Entre ambos, le restaron 0,9 puntos a la variación interanual del indicador publicado este miércoles.

El desempeño mensual del EMAE en agosto estuvo por debajo de las expectativas de los analistas privados, que esperaban un rebote tras la caída registrada en julio (que había sido del 2,9% y ahora fue corregida al 2,8%). “Esperamos una recuperación parcial, de entre el 1% y el 1,5% mensual”, había anticipado la consultora Outlier en su reporte matutino.

Todos los sectores que crecieron y cayeron en agosto, según el INDEC

De los 15 sectores relevados por el EMAE, solamente cinco mostraron mejoras en el octavo mes del año:

• Explotación de minas y canteras: 11,1%.
   
• Electricidad, gas y agua: 4,3%.
   
• Hoteles y restaurantes: 3,1%.
   
• Servicios sociales y de salud: 0,6%.
   
• Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 0,4%.
•  

Por su parte, 10 sectores exhibieron variaciones negativas en la comparación con el nivel de hace un año:

• Pesca: -15,7%.
   
• Intermediación financiera: -3,8%.
   
• Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -3,5%.
   
• Industria manufacturera: -3,2%.
   
• Transporte y comunicaciones: -2,9%.
   
• Construcción: -2,5%.
   
• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,6%.
   
• Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: -1%.
   
• Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: -0,6%.
   
• Enseñanza: -0,3%.
   
• Finalmente, los impuestos netos de subsidios tuvieron una caída del 4,2% interanual en agosto. (con información de TN)

El proyecto fue impulsado por el Frente Renovador y promovido por el diputado provincial Carlos Puglelli, titular de la comisión. El despacho reúne cinco iniciativas presentadas por legisladores de distintos espacios y obtuvo el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper, entre otros.

El avance se produjo, sin embargo, con una particularidad política: dentro del oficialismo bonaerense, el proyecto no contó con el respaldo del sector que responde al gobernador Axel Kicillof, así como tampoco acompañó La Cámpora. El tema vuelve así a mostrar diferencias en el peronismo.

La iniciativa propone modificar la Ley 13.482 para incorporar dispositivos electrónicos que producen descargas mediante proyectiles y generan efectos temporales en el organismo, sin provocar la pérdida de conocimiento. El texto también prohíbe los dispositivos eléctricos de contacto directo cuyo objetivo o efecto principal sea causar dolor mediante descargas.

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El objetivo es incorporar una herramienta intermedia entre la persuasión verbal, las técnicas de reducción física y el uso de armas de fuego. De todos modos, la habilitación no supone un permiso irrestricto: el proyecto establece que estos dispositivos deberán utilizarse bajo criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad.

La utilización quedará limitada a situaciones en las que los medios no violentos resulten insuficientes y exista un peligro real, actual e inminente para la integridad física del policía, de terceras personas o de la persona involucrada en el procedimiento, con las excepciones previstas para situaciones de urgencia.

Capacitación obligatoria y controles para los efectivos

Otro de los puntos centrales es la formación que deberán recibir los policías antes de poder portar estos dispositivos. El proyecto contempla capacitación específica, obligatoria y continua, con evaluaciones técnicas y psicofísicas para el personal habilitado.

El programa incluirá el manejo de las armas, sus efectos y riesgos sobre el cuerpo humano, los protocolos de actuación, las técnicas de desescalada, los principios de uso gradual de la fuerza y los primeros auxilios.

Además, el texto prevé mecanismos de registro y trazabilidad de cada intervención, junto con la asignación individual de los dispositivos. La intención es que el uso de estas herramientas quede sujeto a controles y procedimientos definidos.

La discusión por las Taser lleva varios años en la provincia. Durante su gestión como ministro de Seguridad, Sergio Berni había impulsado la compra de estos dispositivos, aunque no llegaron a incorporarse de manera efectiva a la portación policial. En sentido contrario, sectores del peronismo también promovieron iniciativas para prohibir las armas de descarga eléctrica.

El proyecto del Frente Renovador forma parte de una agenda de seguridad que Sergio Massa busca impulsar a través de sus legisladores bonaerenses, con propuestas vinculadas a problemas concretos de gestión y con impacto en los municipios.

Con el dictamen aprobado, la iniciativa quedó en condiciones de avanzar en el trámite legislativo. El próximo paso será su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, donde deberá reunir los votos necesarios para convertirse en ley. (TN)