Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) reveló que, actualizado a noviembre de 2025, el salario mínimo de Argentina es el más bajo de toda la región.

Con apenas 225 dólares, Argentina se ubica en el "furgón de cola", por debajo de países como Bolivia (395 dólares) o Paraguay (411 dólares). El ranking es liderado por Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares) y Chile (567 dólares).

El deterioro no es solo en la comparación regional, sino también en el poder de compra interno. Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA advirtió que el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 34% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

El desplome comenzó en diciembre de 2023 (-15%) y enero de 2024 (-17%). Como resultado, el salario mínimo real "alcanzó en septiembre de 2025 un nivel inferior al de 2001, previo al colapso de la convertibilidad".

Los salarios registrados también caen

La caída no afectó solo al salario mínimo. Según datos del INDEC, los trabajadores registrados también perdieron contra la inflación en septiembre.

Mientras la inflación de ese mes fue del 2,1%, los salarios del sector privado registrado avanzaron apenas 1,4% y los del sector público, 1,1%.

Los datos de Celag sobre la desigualdad general son alarmantes: dos tercios de la población tienen ingresos por debajo de la media y el 77% de los hogares tienen un ingreso per cápita inferior a 800 mil pesos (542 dólares). (con información de NA)

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes último por el fiscal Picardi, quien también convocó a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó el fiscal.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial. (con información de Noticias Argentinas)

Tras el encuentro realizado en la sede de Azopardo 802, el cotitular de la CGT Jorge Sola le hizo una fuerte advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo para atenuar la reforma laboral: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

“No sólo no nos han llamado, sino en el último discurso de (Luis) Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”, dijo el sindicalista, que consideró que “tiene que escuchar a los dos sectores que más entienden del tema, los que invierten y los que ponen el laburo”.

En la reunión, hablaron los diputados nacionales Sergio Palazzo (bancarios), Mario Manrique (SMATA), Vanesa Siley (SITRAJU), Hugo Yasky (CTA) y el diputado electo Hugo Antonio Moyano, quienes dieron su opinión acerca de cuál sería la mejor estrategia para intentar frenar el proyecto oficial o tratar de que sea modificado.

Por la CGT fueron recibidos por los cotitulares Sola, Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Maia Volcovinsky (judiciales), Pablo Flores (AFIP), José Minaberrigaray (empleados textiles) y Juan Moreira (ceramistas).

En la charla se hizo hincapié en que habrá que defender la postura del sindicalismo cuando el proyecto oficial llegue a la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que no podrá discutirse otra iniciativa debido a que en las sesiones extraordinarias del Congreso sólo se debaten las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo.

Por eso se coincidió en hacer una ronda de encuentros con los gobernadores, que, en general, no estarían dispuestos a tocar al poder sindical ni a los convenios, según se dijo en la reunión de la CGT, y buscarán “fortalecer los vínculos” con los distintos bloques legislativos para tratar de que apoyen la postura que tiene el gremialismo durante el tratamiento del proyecto.

En ese sentido, se confirmó que la semana que viene habrá una reunión de la CGT con la bancada que conduce el diputado Miguel Angel Pichetto, quien a mediados de 2024 logró recortar el capítulo laboral de la Ley Bases a partir de los reclamos efectuados por la central obrera. (con información de Infobae)

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. 

Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. 

También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. 

Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.

Lo que había adelantado el fiscal Diego Luciani

El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.

“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.

Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). (NA)

La comisión investigadora determinó que la promoción pública que el presidente Javier Milei realizó, en febrero de 2025, desde su cuenta oficial de X fue condición necesaria para que la "estafa", el "ardid" y el "engaño" a miles de inversores pudiera consumarse. 

El documento, de 204 páginas de extensión, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, contiene consideraciones sobre la responsabilidad política del presidente y de otros altos funcionarios, una descripción del entramado en el que participaron lobbystas intermediarios como Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.

El informe dio cuenta que Milei y estos mismos dos personajes ya habían sido sido parte de otras tres operatorias previas muy similares con criptomonedas.

En ese sentido, el informe señala que "la promoción del proyecto $LIBRA no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el Presidente de la Nación", al igual que había sucedido previamente con otras criptomonedas como Coin X y Vulcano.

Para los diputados opositores que participaron de la redacción del documento final, "las afirmaciones del Presidente de que no conocía los pormenores del proyecto y que simplemente difundió información pública carecen de sustento fáctico".

"Sin la promoción realizada por el Presidente Javier Milei en su cuenta oficial, el proyecto $LIBRA no habría alcanzado el volumen de compras registrado", sostuvieron, y además resaltaron que hasta la fecha el jefe de Estado no ha podido determinar cómo obtuvo el link con el número de contrato del token Libra que publicó, "pese a que dicha información no era de circulación pública".

Según denunciaron, el presidente no consultó a los organismos de control antes de promocionar el criptoactivo en sus redes sociales, de tal forma que "comprometió la investidura presidencial en un acto que no puede ser caracterizado como de naturaleza privada, evidenciando una conducta sostenida que desdibuja los límites entre lo público y lo privado".

El rol de Karina Milei

También involucraron a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por haber autorizado el ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos de los empresarios y lobbystas que participaron de "un hecho que se investiga como una presunta estafa de alcance internacional".

"Esta Comisión Investigadora entiende que este hecho plantea la necesidad de que el Congreso de la Nación, a partir de la responsabilidad política presidencial manifiesta evidenciada en este informe, evalúe si el Presidente de la Nación incurrió en mal desempeño en el ejercicio de sus funciones", señalaron en las consideraciones finales.

“En efecto, del análisis integral de la prueba reunida, esta Comisión observa un patrón sostenido de acciones y omisiones por parte del Presidente de la Nación que resulta incompatible con el ejercicio adecuado de sus deberes constitucionales”, dice el informe.

Y agrega que “la promoción pública de un token cripto no auditado, la inacción frente a advertencias formales, la omisión deliberada de activar mecanismos de control interno y el uso de instalaciones oficiales para facilitar encuentros con promotores del token constituyen conductas que exceden el marco de decisiones discrecionales y se proyectan sobre la responsabilidad institucional del Jefe de Estado”. (NA)

Según indicaron fuentes legislativas a Noticias Argentinas, el oficialismo consiguió dictamen de mayoría para dos de las propuestas de Kicillof, si bien sigue pendiente la negociación por la solicitud de financiamiento.

En caso de que el diálogo interno y con la oposición por el endeudamiento prospere en los días sucesivos, las tres iniciativas del mandatario provincial podrían tratarse el miércoles 26 en el recinto.

La Ley de Leyes y la Fiscal Impositiva fueron despachadas por los 8 diputados que el peronismo tiene en la comisión, pero la oposición logró dilatar el debate por el endeudamiento con un dictamen de minoría.

Esta última iniciativa necesita dos tercios para obtener luz verde en comisión y, por esta razón, el oficialismo decidió postergar la discusión para la semana próxima.

El debate por el Presupuesto bonaerense que el gobernador envió a la Legislatura anticipaba ciertas complejidades, sobre todo en el capítulo del endeudamiento, ya que ese proyecto tiene la llave para habilitar fondos para los municipios.

La solicitud de financiamiento había tomado estado parlamentario la semana pasada, junto con los otros dos proyectos que se están debatiendo en la Legislatura provincial.

La Ley de leyes, que fue presentada por el oficialismo como “de defensa” frente al ajuste del Gobierno de Javier Milei, reserva el 92,6% del gasto total a erogaciones corrientes y crea un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos para canalizar recursos provenientes de reclamos judiciales contra la Nación.

En tanto, el pedido de endeudamiento incluye la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, que se financiará con el 8% de un crédito por una cifra cercana a los 3.035 millones de dólares y se distribuirá a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD).

Si bien el kicillofismo busca aprobar esos proyectos, la oposición tiene sus requerimientos para apoyarlos, sin contar con que además el mandatario deberá conseguir el apoyo interno del camporismo.

Los requerimientos de los bloques opositores consisten en la negociación de los cargos que quedan pendientes en la Suprema Corte bonaerense, además de un fondo fijo para intendentes de “libre disponibilidad”.

El Poder Ejecutivo bonaerense eligió como negociadores en la Cámara baja al diputado electo e intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y al ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis, senador electo.

Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario llevará adelante las negociaciones en la Cámara alta. (NA)

"Acabo de tener una muy buena conversación con el Presidente de Argentina @JMilei  con quien coincidimos en las enormes oportunidades que tiene América Latina y la relación entre Chile y Argentina hacia un futuro con más libertad, seguridad y progreso económico", escribió Kast en su cuenta de X.

Por su parte, Milei retomó el mensaje de Kast y posteó: "LA LIBERTAD DE AMÉRICA AVANZA!".

Si bien la candidata del oficialismo chileno Jeannete Jara se impuso en las elecciones presidenciales por escaso margen, deberá enfrentarse con el republicano Kast en un balotaje.

La contienda está prevista para el próximo 14 de diciembre, cuando se conocerá quién es el sucesor del actual mandatario Gabriel Boric.

Con el 71,1% de las mesas escrutadas, la postulante oficialista alcanzaba el 26,6% de los votos, mientras que Kast llegaba al 24,19%. En tercer lugar se ubicó Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 19,2%, seguido por los postulantes Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, y Eduardo Artés. 

Matthei fue la primera en reconocer la derrota y adelantó su respaldo a Kast para la segunda vuelta electoral. “Vamos al comando de José Antonio Kast para felicitarlo”, sostuvo tras conocerse los primeros resultados oficiales.

Káiser también se expresó en ese sentido y confirmó su acompañamiento al republicano, que se perfila como favorita para quedarse con la victoria. (NA)

La resolución también alcanza al broker Héctor Martínez Sosa y a su esposa, María Cantero, quien fuera secretaria privada del ex mandatario.

Además, Casación procesó a Osvaldo Alfredo Tortora; Agustín Beraldi; Emanuel Raúl Andrés Calvo y Andrés Severino, todos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y, en el caso de Cantero, incumplimiento de los deberes de funcionario público.

También confirmó los procesamientos y prohibiciones de salida del país de Alberto Carlos Pagliano, Gustavo Carlos García Argibay, Carlos Alberto Soria, Fernando Arana y Mauro Damián Tanos por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación contra la administración pública. (NA)

La medida que simplifica el comercio exterior de los mencionados productos fue formalizada este martes mediante la Resolución General 5789/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El organismo dispuso incorporar al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA) las autorizaciones de importación y exportación de mercaderías armamentísticas, centralizando los trámites por el canal digital.

Hasta el momento, el cumplimiento del proceso establecido para obtener el aval comercial se realizaba de manera presencial ante distintas dependencias. Con el cambio normativo, la totalidad del trámite quedará digitalizada bajo un único canal oficial.

De esta manera, ARCA busca brindar mayo eficiencia a los trámites que regulan el tráfico internacional de este tipo de mercaderías, conforme lo establecido en el Código Aduanero y las disposiciones de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).

La incorporación a las armas, municiones y pólvora a la VUCEA fue producto de un trabajo conjunto entre la Unidad Ejecutora Especial Temporaria del régimen y las distintas áreas de ARCA, que desarrollaron los mecanismos informáticos necesarios para este intercambio de información.

En el texto oficial, se detalló que los operadores de comercio exterior deberán observar el “Manual de Usuario Externo” que estará disponible en el micrositio de la VUCE en el sitio web oficial de la Agencia.

La nueva reglamentación entrará en vigencia a los 10 días hábiles contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial, momento a partir del cual los trámites deberán canalizarse obligatoriamente por la Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino. (NA)

“Necesitamos que la gente pueda tener trabajo formal, la Argentina hace 15 años que no crea trabajo formal, y tenemos un problema muy serio en ese sentido”, afirmó el ministro en declaraciones radiales.

Sturzenegger aseguró que “en la relación de trabajo todo el mundo ‘caranchea’, todos muerden algo, empezando por el Estado, que cuando se contrata a un trabajador cobran unos impuestos impresionantes”.

“Los sindicatos también ‘caranchean’ con la cuota sindical y la solidaria; la industria del juicio con los abogados ‘caranchean’, los empresarios ‘caranchean’ con el tema de los aportes”, subrayó.

Para el funcionario, que se encuentra trabajando en aspectos de la reforma, lo que ocurre con el empleo formal “es como Jesús con los panes, hay que darles a todos, pero acá no hay milagros y entonces lo pagan el empresario y el trabajador”.

“Lo podemos sintetizar en un número muy impactante”, dijo, y explicó que “los salarios se fijan en las convenciones colectivas entre representantes empresarios y del sindicalismo. Y hay una comisión que se cobra por gestionar eso. Son unas 100 lucas ($100.000) por cada trabajador”.

Para el funcionario, se trata de un costo que “es un poco caro, porque le podríamos estar subiendo el salario 100 lucas por mes a cada trabajador”, insistió.

Agregó que respecto de las indemnizaciones “el problema lo tenemos con la ‘industria del juicio’ que genera un montón de Incertidumbre”, porque en los juicios “no se paga un mes por cada año trabajado, sino que los jueces te lo multiplican por dos o tres y eso es lo que tenemos que acotar”.

“El modelo de indemnización de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción) fue muy exitoso, porque generó un mecanismo que llevó la litigiosidad laboral a cero. Si la construcción lo pudo hacer, nosotros abrimos esa puerta a todos los empresarios”, enfatizó. (NA)

Quienes estuvieron presentes en este momento único vieron pasar a poca altura a un pedazo vivo de la memoria naval argentina. Después de meses de trabajos para mantenerlo operativo, el Turbo Traker 2-AS-23 volvió al aire para una serie de vuelos finales antes de su retiro. 

Ese sobrevuelo, potente y rasante, fue una última demostración de lo que la aeronave supo hacer durante décadas: vigilar el Atlántico Sur, recorrer miles de kilómetros de costa y controlar la superficie marítima en busca de buques y actividades sospechosas, una tarea clave para la defensa y el resguardo del Mar Argentino. 

Este Tracker, que pertenece a la Armada Argentina, inicialmente realizó operaciones desde los portaaviones ARA Independencia y ARA 25 de Mayo hasta que fueron dejados fuera de servicio y luego comenzó a operar sus misiones de patrulla marítima desde tierra firme. 

Esta misma aeronave fue protagonista de ejercicios combinados, despliegues desde portaaviones y misiones durante la Guerra de Malvinas. En esos años, los Tracker volaron más de 520 horas sin sufrir pérdidas, un dato que explica por qué la escuadrilla recibió la condecoración “Honor al Valor en Combate”.

Con el paso del tiempo, la flota de Turbo Traker se redujo, los repuestos se hicieron más difíciles de obtener y los sistemas fueron quedando obsoletos frente a nuevas tecnologías. Aún así, la Armada mantuvo al 2-AS-23 operativo, apoyándose en el histórico programa TATA, un proyecto conjunto con Israel que modernizó motores, aviónica y autonomía.

This is the world's last remaining Tracker anti-submarine warfare aircraft in military use! A S-2UP Turbo Tracker in service of the Argentine Navy's 2 Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina, 2 Escuadra Aeronaval at Bahia Blanca/Comdte Espora. Its latest depot maintenance or overhaul… pic.twitter.com/7kafn98kOs

— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 10, 2025

Esa decisión no solo respondió a una necesidad operativa: también tuvo que ver con un compromiso institucional para sostener la capacidad antisubmarina cuando ya ningún otro país de la región lo hacía. El Turbo Tracker fue durante años la única aeronave argentina capaz de operar específicamente en ese rol, algo clave para un país con miles de kilómetros de litoral marítimo.

El final del Turbo Traker 2-AS-23  tiene un impacto global ya que es considerado como uno de los aviones antisubmarinos más importantes de la posguerra y un símbolo de la Guerra Fría. 

Durante décadas estuvo presente en marinas de Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Australia y medio mundo. Todos ellos lo retiraron hace años. Argentina fue la única que continuó operándolo.

Ese detalle lo convierte en un avión único a nivel histórico, y su salida definitiva marca el final mundial de la familia S-2 en misiones antisubmarinas militares.

Con su baja, la Armada avanza en la incorporación de los P-3C/N Orion adquiridos a Noruega, aeronaves más modernas y con capacidad de largo alcance que permitirán sostener tareas de vigilancia del Atlántico Sur. Aun así, la salida del 2-AS-23 deja una sensación especial: no se despide solo un avión, sino una tradición completa dentro de la aviación naval.

Ficha técnica – Grumman S-2T Turbo Tracker

• Tipo: Avión antisubmarino (ASW) bimotor turbohélice, embarcado y de patrulla marítima. Argentina
• Operador: Armada Argentina, Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina
• Matrícula destacada: 2-AS-23 (número fábrica 0702), entre otros
• Dimensiones: Envergadura: 22,13 m, Longitud: 13,13 m, Altura: 5,06 m 
• Velocidad máxima: ~250 nudos (~463 km/h) 
• Motorización (versión S-2T): Motores turbohélice Garrett/Honeywell TPE-331-15AW (remotorización del original S-2A/S-2E) dentro del programa TATA argentino-israelí
• Estructura y capacidades destacadas: Tren de aterrizaje triciclo, ala alta con mecanismo de plegado adecuado para operar desde portaaviones. Diseñado para misiones de detección y ataque antisubmarino, patrulla marítima, vigilancia costera
• Historia operativa en Argentina: La Escuadrilla Aeronaval Antisubmarina fue creada en 1962. Las primeras versiones S-2A llegaron ese mismo año, luego S-2E en 1978, y la versión modernizada S-2T a partir de los años 90. En 2025 se planificó la baja definitiva del último S-2T en servicio, marcando el fin de una era. (NA)

Así lo resolvió, por unanimidad, el jurado de enjuiciamiento que evaluó su conducta a partir de su participación en la producción del documental Justicia Divina, proyecto audiovisual que pretendía contar las alternativas del juicio donde se intentaba develar si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, debate que, finalmente, fue declarado nulo y del que la cuestionada magistrada formaba parte.

En primera fila escucharon la sentencia la exmujer de Maradona, Verónica Ojeda, que estaba flanqueada por su esposo, el abogado Mario Baudry (uno de los denunciantes de Makintach) y el hijo menor del astro, Diego Fernando.

Makintach no estuvo presente para escuchar el veredicto. Sí estuvieron dos de sus abogados, Darío Saldaño y Juan Martín Cerolini.

La lectura de la parte resolutiva de la sentencia estuvo a cargo de Ulises Giménez, a cargo de la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios de la provincia de Buenos Aires.

La audiencia, donde se conoció el veredicto, comenzó con la palabra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaere, Hilda Kogan, quien tuvo como función presidir el jurado de enjuiciamiento.

El senador bonaerense y conjuez del jury, Sergio Vargas, expuso en la lectura del veredicto y fue contundente al expresar que "cuando se encienden las cámaras corre peligro que el ego de un juez apague la justicia".

"Cuando un juez hace de sus actos una búsqueda de atención mediática, con claros fines de fama o notoriedad, genera una sospecha fundada de que las decisiones o acciones del juez no están motivadas únicamente por la ley, sino por el deseo de ser la jueza del caso", sostuvo el legislador.

Makintach, de 48 años, no solo fue destituida, también fue inhabilitada "para ocupar en adelante otro cargo judicial". Además, se le impusieron las costas del proceso.

El jurado estuvo integrado por los legisladores bonaerenses Ariel Martínez Bordaisco, Sergio Vargas, Guillermo Castello, Abigail Gómez y Maite Milagros Alvado y por los abogados Fabián González, Pablo Grillo Ciocchini, Álvaro García Orsi, Mirta Daniela Greco y María Victoria Lorences. (La Nación)

El origen del fenómeno se ubica en la provincia de Chubut, donde en las últimas horas un fuerte temporal con ráfagas —algunos reportes indican que superaron los 140–150 km/h— levantó gran cantidad de tierra y la impulsó hacia el centro del país. 

Esa masa de partículas finas viajó con las corrientes de aire y llegó a Bahía Blanca y la región durante la madrugada, notándose principalmente cuando comenzó a salir el sol.

Este tipo de evento puede ocurrir cuando coinciden suelos secos, vientos muy fuertes y una circulación atmosférica que favorece el transporte de polvo a larga distancia. En la ciudad, el efecto se observa en un aire más denso, cielo opaco y visibilidad levemente reducida.

El material en suspensión puede generar irritación ocular y molestias respiratorias, especialmente en personas con asma, alergias u otras afecciones sensibles. Se recomienda mantener las ventanas cerradas, evitar ejercer actividad física al aire libre y, si es necesario permanecer afuera por mucho tiempo, usar protección (barbijo). También se solicita precaución al conducir, ya que la nube de polvo podría afectar la percepción de distancia y contraste.

En Chubut, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por viento intenso ayer lunes. Actualmente, según sus reportes, se encuentra bajo alerta amarilla junto a Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El encuentro, programado para el mediodía, reunirá a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli con la Superintendencia de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. Los magistrados buscan incrementar la frecuencia de las sesiones a tres por semana y priorizar la presencialidad para acelerar el proceso, ya que con el esquema actual podría durar más de tres años.

Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de lectura de los requerimientos de elevación a juicio y el TOF 7 optó por un formato virtual. Las sesiones se llevan a cabo los jueves, con indagatorias presenciales solo para quienes elijan declarar en persona. Sin embargo, la semana pasada, el presidente del tribunal anunció una ampliación y, partir del 25 de noviembre, se sumará una audiencia los días martes.

Casación aseguró que convocó a la reunión para ofrecer apoyo logístico, como el uso de la Sala AMIA en Comodoro Py para la realización de las audiencias. Sin embargo, el TOF defendió su postura y en la última audiencia los jueces subrayaron su autonomía en la organización del proceso, advirtiendo que cualquier injerencia externa podría interpretarse como una amenaza a la independencia judicial.

El próximo jueves se concretará la tercera audiencia, donde continuará la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio. El proceso prevé más de 600 testigos y casi 90 imputados, entre ellos Cristina Kirchner.

Los lugares propuestos para realizar el juicio de manera presencial

Tanto la Cámara de Casación Penal como miembros del Consejo de la Magistratura solicitaron realizar cambios con audiencias presenciales y un ritmo más acelerado, con el objetivo de agilizar el avance del caso.

La Justicia ya evalúa algunos lugares para mudar el juicio de manera presencial. Uno de los sitios podría ser la sala donde se realizó el juicio por la causa AMIA, ubicada en los tribunales de Comodoro Py. Por la cantidad de involucrados en el proceso, también se puso en consideración Costa Salgueroy Tecnópolis, teniendo en cuenta que dichos espacios pueden albergar a una gran cantidad de personas y son de fácil acceso en la Ciudad.

Además de Casación, Alberto Maques, miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación, envió una comunicación formal al tribunal donde solicitó la realización de jornadas completas y presenciales. En su misiva, el representante de los abogados enfatizó la importancia de evitar demoras innecesarias: “La justicia tardía no es justicia. Cada dilación erosiona la legitimidad del sistema y amplía la distancia entre el ciudadano y el Poder Judicial”, aseguró.

Si se aprueba el nuevo esquema, el tribunal deberá coordinar con el Consejo de la Magistratura los recursos técnicos y logísticos para trasladar el debate a Comodoro Py y sostener tres audiencias presenciales semanales hasta la sentencia.

La idea original del tribunal era mantener este esquema hasta la feria judicial de verano y revisar el ritmo del juicio luego del receso. Con las presiones recibidas, todo indica que luego de la reunión se anunciará una nueva modalidad. (con información de TN)

El informe será elevado al recinto antes del 20 de noviembre, conforme lo establecido en el proyecto de resolución que dio origen a la comisión investigadora. Está contenido un expediente dividido en diez cuerpos que incluye actas, testimonios, documentos de exchanges, fechas de transferencias, informes técnicos y dictámenes.

El entramado por supuesto tráfico de influencias y fraude no solamente incluye a Milei sino también a su hermana Karina Milei, y tuvo como actores insoslayables a los lobbystas e intermediarios locales Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían recibido dinero a través de exchanges de los creadores de la criptomoneda.

Entre estos últimos el nombre que más se repitió durante las pesquisas es el de Hayden Davis, quien trasfirió desde sus billeteras cientos de miles de dólares en fechas clave que coinciden con reuniones que Novelli mantuvo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, previo al retiro masivo de dinero en una sucursal bancaria.

La presentación del informe había sido anticipada por el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, en su cuenta de la red social X, para difundir la actividad que se desarrollará a las 16 en la Sala 1 del Anexo A.

“Últimas horas de trabajo intenso antes de presentar el informe el martes. Revisión, contraste y análisis de cada documento, testimonio e información que formó parte de la labor de la Comisión. Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa”, publicó el legislador de la Coalición Cívica.

La comisión se creó a raíz de la voluntad opositora de investigar la presunta estafa en la promoción de la criptomoneda $LIBRA, operatoria que generó pérdidas millonarias para miles de usuarios que fueron inducir a adquirir activos digitales a partir de un posteo de promoción en sus redes sociales del presidente Javier Milei.

Tras el escándalo, el Poder Ejecutivo y el oficialismo en general negaron la posibilidad de que hubiera una estafa tratándose de una "memecoin", tomaron distancia de las acusaciones, y buscaron obstruir la creación de la comisión al sostener que entorpecería la tarea de la Justicia.

Investigación

Desde su puesta en marcha, el trabajo de la comisión atravesó distintas instancias: después de un primer momento de parálisis que se extendió por meses, producto de la imposibilidad de elegir autoridades por el bloqueo sistemático del oficialismo, se pudo destrabar el nudo a raíz de un proyecto del propio Ferraro que consiguió normalizar el funcionamiento.

No obstante, la totalidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo citados por la oposición, entre ellos Karina Milei, los ministros Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona, y Roberto Silva, para que brindaran declaración indagatoria se rehusaron a concurrir, lo cual le quitó algo de brillo a la comisión investigadora.

Solamente puso la cara el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien negó todos los cargos, insistiendo en que “no existió coordinación, intervención o participación alguna del Estado Nacional, sus organismos, sus funcionarios o asesores con los proyectos vinculados” a "Viva La Libertad Project".

“Tampoco hubo una relación contractual, beneficio económico, contraprestación, compromiso, acuerdo o participación de ninguna índole vinculados al proyecto”, indicó, aunque dejó algunos flancos abiertos durante su interpelación del 30 de abril en la Cámara de Diputados.

Así como provocó malestar la falta de voluntad del Gobierno en aportar testimonios para desentrañar lo sucedido en $LIBRA, también hubo decepción con la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien les negó a los diputados el acceso al expediente judicial y tampoco autorizó llevar a los funcionarios del Ejecutivo a declarar por la fuerza pública.

Algunos de los testimonios más reveladores que fueron recabados por la comisión fueron el del empresario damnificado y querellante Martín Romeo, quien relató con lujo de detalles la forma en que se desarrolló la "estafa" en pocas horas, y el del programador Maximiliano Flirtman, quien aseguró que el tuit de Milei estaba orquestado y programado con anterioridad para engañar a los inversores.

También expusieron, entre otros, los periodistas Alejandro Bercovich e Irina Hauser; el abogado especialista en finanzas Nicolás Pechersky, el ingeniero en sistemas Fernando Molina, y el experto tecnológico Santiago Siri. (con información de NA)

Estos datos se desprenden del informe emitido por la secretaría de Finanzas, a cargo del designado secretario Alejandro Lew.

La caída de más de U$S 11.000 millones se dio en un mes marcado por la incertidumbre política y económica, producto de las elecciones legislativas del 26 del propio mes.

El stock de deuda en situación de “pago normal” se situó en U$S 439.688 millones, tras reducirse en U$S 11.187 millones (-2,62% contra septiembre).

Del total de la deuda bruta, el 76,3% corresponde a Títulos y Letras del Tesoro Nacional, mientras que el 22,3% se atribuye a obligaciones con Acreedores Externos Oficiales, donde se incluyen organismos internacionales.

El 0,6% son Adelantos Transitorios -préstamos del Banco Central que otorga al Tesoro para financiar al Estado- y el 0,8% restante corresponde a otros instrumentos.

Al considerar el tipo de moneda, el stock de deuda en moneda extranjera asciende a U$S 250.845 millones y representa el 57% del total de la deuda.

Dentro de ese porcentaje, el 75% pertenece a instrumentos emitidos en dólares y totaliza U$S 187.668 millones. En segundo lugar están los Derechos Especiales de Giro (DEG), el activo del FMI, por U$S 56.763 millones (23%), al tiempo que por último, hay un 2% en euros, equivalente a U$S 6.024 millones.

El 43% restante de la deuda de octubre se vincula a instrumentos y letras en pesos por un total de U$S 188.843 millones.

En esa medida, U$S 101.050 millones se sitúan en tasa ajustable (54%) y U$S 87.793 millones en no ajustable (46%).

Sobre el final, la secretaría de Finanzas detalló el pago de deuda pública de la administración central: fueron U$S 10.959 millones en octubre, de los cuales 96% se realizaron en moneda nacional y el 4% restante en moneda extranjera.

La mayor parte de esos pagos efectuados estuvieron destinados al pago de capital, por U$S 10.715 millones. (con información de NA)

El juez federal Ricardo Mihanovich, de Resistencia, decidió elevar la causa a juicio oral, tras el pedido del fiscal Patricio Sabadini. La investigación, que arrancó en 2023, apunta a que el matrimonio Sena y Acuña puso “en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud”.

Dichas maniobras, agregó el fiscal en su acusación, “se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados”.

La causa se originó tras el allanamiento en la vivienda de los Sena el 9 de junio de 2023, en el marco de la desaparición de Cecilia Strzyzowski. En esa oportunidad, las autoridades incautaron 6 millones de pesos en efectivo, lo que disparó las sospechas sobre el manejo de recursos.

En el centro de la acusación por lavado se encuentra la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, nombrada en honor al padre de Marcela y dedicada a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.

Según la fiscalía, esta entidad facturó exorbitantes cifras al gobierno de Jorge Capitanich: más de 50 millones de pesos en 2022 al ministerio de Infraestructura y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), y 186 millones en 2023 solo al IAFEP.

“Estas erogaciones fueron manipuladas en los libros contables para blanquear dinero ilícito, producto de desvíos en las cuentas del Estado provincial”, entendió el fiscal.

El dictamen de Sabadini aseguró también que “se observó numerosos tránsitos migratorios que denotan la realización de viajes internacionales efectuados por el matrimonio Sena-Acuña a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, lo que resulta indicativo de un despliegue de medios económicos de relevancia que no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos”.

Además, se constató que la familia tenía en su haber cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una utilitaria Ford, tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un tractor agrícola y una moto. También 66 hectáreas registradas a nombre de Emerenciano Sena, y cuatro inmuebles.

Culpables

El sábado pasado, un jurado de 12 ciudadanos emitió un veredicto unánime: César Sena, hijo del matrimonio, como autor material del homicidio; y Emerenciano y Marcela como partícipes necesarios. La pena: prisión perpetua por un delito agravado por el lazo familiar y el contexto de violencia de género. Además, tres personas más recibieron condenas por encubrimiento.

El caso sacudió a la provincia desde junio de 2023, cuando Cecilia fue vista con vida por última vez al ingresar a la casa de sus suegros. Su cuerpo nunca apareció. (con información de TN)

Se trata de la Flota Amarilla –Yakisa, Barracuda y Alborada– que se hundió en el Puerto Caleta Paula, como consecuencia del fuerte oleaje desatado por las ráfagas de viento, que llegaron hasta los 150 km/h.

No se reportaron personas heridas, pero la magnitud de las pérdidas materiales activó la coordinación de diversas agencias para controlar la emergencia y definir los pasos a seguir en el intento de recuperación de los barcos.

Prefectura Naval mantiene un operativo en la zona para evaluar daños y prevenir que otras embarcaciones corran la misma suerte. 

La severidad del evento meteorológico provocó afectaciones más allá del sector marítimo: tanto en Puerto Deseado como en la propia Caleta Olivia el suministro eléctrico debió ser restablecido  tras cortes originados por la caída de postes y cables, de acuerdo a la información difundida por el gobierno provincial.

El Servicio Meteorológico Nacional sostiene la alerta roja por ráfagas que alcanzan los 150 kilómetros por hora y que afectan especialmente a Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y las zonas rurales cercanas.

Las autoridades pidieron evitar la circulación, asegurar objetos sueltos y seguir la información oficial. Equipos de emergencias trabajan en puertos, rutas y áreas urbanas para contener daños y asistir a la población mientras el temporal se mantiene activo. (Infobae y C5N)

Según el parte policial, el accidente se produjo en el acceso Juan Domingo Perón, cuando la camioneta Ford Ranger blanca conducida por Horacio Zdero, de 57 años, atropelló a un hombre que caminaba por la zona.

La víctima, cuya identidad aún no fue confirmada oficialmente, murió en el acto a raíz de las graves lesiones que sufrió. Según informó el Noticiero 9 de Chaco, se trata de un ladrillero apodado “Pinta”, de unos 40 años.

Agentes de la División Tránsito y Patrulla Vial de Sáenz Peña le practicaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 0,00 g/l, según informaron fuentes policiales.

La fiscalía N° 3, a cargo de Marcelo Soto, tomó intervención inmediata y dispuso que Horacio Zdero fuera notificado de la imputación por “supuesto accidente de tránsito fatal”, y ordenó que continúe en libertad.

La investigación busca determinar las circunstancias exactas del hecho. En medios locales mencionaron que en las inmediaciones del lugar funcionaba un boliche, lo que podría aportar datos sobre el contexto del siniestro.

El gobernador Leandro Zdero utilizó este lunes la red social “X” para referirse públicamente al hecho: “Ante el accidente de tránsito en el que se ve involucrado mi hermano, acompaño con profundo dolor a la familia afectada en esta pérdida irreparable”, expresó.

“Lamento mucho lo ocurrido. Como corresponde con cualquier ciudadano, este hecho debe cumplir con los procedimientos legales de rigor, sin distinción alguna”, agregó.

La investigación continúa y se esperan novedades en las próximas horas sobre la identidad de la víctima y los avances judiciales en el caso.

El encuentro, que se desarrollará en la histórica sede porteña de Matheu 130, consistirá en una cita del “Consejo Nacional del PJ con sus diferentes secretarías e invitados especiales”, informó el principal espacio opositor en un comunicado.

El PJ -que todavía es presidido por la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde junio pasado- puso en marcha una serie de encuentros para definir una “estrategia común” ante los proyectos libertarios, que comenzarán en diciembre con el debate por el Presupuesto 2026.

En ese sentido, el miércoles se llevará a cabo una segunda reunión, en este caso con los senadores del bloque peronista al mando del formoseño José Mayans. (NA)