Bajo el planteo de que "los descuentos deben llegar a aquellos que más los necesiten", desde la Casa Rosada se volvió a poner el ojo en los descuentos del 30% y del 50% que reciben los usuarios de gas que viven en zonas de bajas temperaturas del territorio nacional.

La idea del Ejecutivo es reemplazar el régimen por el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que alcanzaría a hogares con ingresos netos inferiores o iguales a tres canastas básicas totales, beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y hogares con al menos un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD). La iniciativa comenzará a tratarse este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación.

En contraposición a esta posición, desde el Instituto Consenso Federal se indicó que los descuentos por Zona Fría no constituyen privilegio alguno, "sino que significan un amortiguador frente a la necesidad de consumir casi el doble de gas en las zonas frías que en regiones de temperaturas más templadas".

"Contrariamente a lo que se plantea en algunos sectores, los descuentos por Zona Fría llegan a poco más del 20% de los hogares de la provincia de Buenos Aires; aproximadamente 1.240.000 viviendas", explica el titular del instituto, el exdiputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez, uno de los principales impulsores de estos descuentos y coautor de la Ley 27.637 de Zona Fría.

Además, recuerda que en las zonas de bajas temperaturas de nuestro país el consumo anual de gas por vivienda es un 94% mayor que en regiones que no son frías: 1.052 vs. 542 metros cúbicos por año.

"Es decir, no se trata de un privilegio, sino de una medida justa que ayuda a millones de familias a afrontar el mayor consumo que exige el clima frío para vivir con salud y dignidad —señala—. Con el descuento se amortigua el costo de calefaccionar hogares en regiones donde las bajas temperaturas obligan a consumir mucho más gas".

En ese sentido, carga contra la idea de que los descuentos por Zona Fría alientan el "uso excesivo" o, directamente, el "despilfarro" de gas.

"El consumo de gas en las nuevas zonas frías —entre las que se encuentran Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense— aumentó un 7% entre 2021 y 2024. Entonces, menos del 10% no puede ser catalogado de 'despilfarro'; al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable por parte de las familias", se explicó.

Superávit perdido

Rodríguez recuerda que en 2021, año en que fue sancionada la Ley 27.637, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas arrojó un superávit de 16.818 millones de pesos. En 2022 también tuvo excedentes ($7.697 millones), mientras que en 2023 registró un superávit de $39.213,3 millones.

“Sin embargo, desde que asumió Javier Milei y bajo la conducción económica de Luis ‘Toto’ Caputo, el fondo es deficitario -advirtió-. En 2024 registró un balance negativo de 54.810,8 millones de pesos, y en 2025 se informó un resultado de 31.823 millones de pesos, pero en la ejecución acumulada al cuarto trimestre de ese año se incluye una transferencia de la Administración Nacional por la suma $ 40.559,8 millones".

Esto, explica, significa que el Fondo tuvo un déficit real de 8.736,8 millones de pesos, a pesar de que Milei aumentó de 7% a 7,5% el cargo que se cobra en cada factura para financiar el Fondo de Descuentos”.

Los números, aclara, surgen de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Economía de la Nación.

Desde los ingresos

Días atrás, la titular de la Secretaría de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti, aseguró que la aplicación de un subsidio "se debe explicar a partir de los ingresos" de los beneficiarios y no del lugar del país donde residan.

"Estamos cambiando el esquema de subsidios. Creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita", sostuvo.

Así, explicó que la "Zona Fría subsidia a todos los usuarios en una zona con independencia del nivel de ingresos de los usuarios" y ratificó la alícuota del 7,5% para los que están registrados en el SEF y un adicional por Zona Fría.

"Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan", reiteró.

En diálogo con el programa Allica y Prieta, que se transmite por LU2 y La Nueva Play., el jefe comunal se mostró a favor del anuncio realizado días atrás por el gobierno nacional de concesión de esa carretera que conecta con la ruta provincial 78, de acceso a la localidad balnearia.

En rigor, el proyecto de La Libertad Avanza no prevé una autovía (es decir, doble vía de circulación para ambos sentidos) sino lo que se denomina "ruta segura", un ensanche de banquina que permite eventualmente el paso de un vehículo en caso de emergencia. Asimismo, la empresa que se haga cargo deberá optimizar la actual cinta asfáltica.

“Estoy a favor de la privatización y se debería hacer una autovía. Para eso, la ruta segura sería un buen primer paso. No podemos viajar más en un ida y vuelta con semejante tránsito por una sola vía”, afirmó Arranz.

El intendente minimizó el impacto del costo estimado del peaje que cobraría la empresa concesionaria, el cual se estima en torno a los 1.000 pesos más IVA a valores actuales. Señaló que la cifra resulta indiscutible frente a los constantes aumentos que viene registrando el valor de los combustibles y el beneficio que representará viajar con mayor seguridad.

Además, consideró que la infraestructura vial de la región se encuentra actualmente en uno de sus peores momentos debido al abandono de la obra pública por parte del gobierno de Javier Milei.

Para el mandatario montehermoseño, "la situación del corredor requiere una solución urgente tras años de falta de planificación y un deficiente mantenimiento que, en el último tiempo, impidió incluso el corte de pasto en las banquinas".

Frente al esquema de ruta segura proyectado, Arranz planteó que se trata de un puntapié inicial valioso, aunque el objetivo de fondo debe ser la transformación de la ruta en una autovía que resuelva de manera definitiva el intenso flujo de tránsito que se registra por esa carretera que une el centro con el sur del país.

Tras el temporal

Al mismo tiempo, Arranz brindó un panorama sobre los trabajos de reconstrucción que lleva adelante el municipio tras el violento temporal que azotó a la localidad costera.

"Alejandro Dichiara nos mandó algunos fondos y con eso estamos haciéndole frente a lo más urgente y esperando la conexión de Axel Kicillof y Diego Santilli, para trasladarles todo el destre que teníamos en el frente costero", sostuvo.

Hoy la reconstrucción costera integral demandará un movimiento de suelo incalculable, estimado inicialmente en unos 20.000 metros cúbicos de arena para recuperar el talud natural desaparecido.

Las tareas de recuperación obligarán al municipio a reformular parte de la infraestructura de la playa de cara a la próxima temporada de verano, adaptándose a la tendencia del mar de registrar sudestadas más altas y frecuentes.

"Teníamos un talud de arena que fue intervenido con el paso del tiempo y desapareció totalmente", explicó Arranz.

Además, comentó que entre las principales modificaciones, prevén reemplazar los antiguos mangrullos fijos de los guardavidas, destruidos por el oleaje, por unidades plásticas modulares que puedan ser desarmadas y retiradas al finalizar la temporada estival, al tiempo que se trabaja contrarreloj en la reconstrucción de las bajadas de madera para asegurar el acceso de los turistas a la playa.

Tras una postergación momentánea esta mañana, la medida se adoptó por la tarde, tras un imponderable que sufrió uno de los integrantes del Tribunal en lo Criminal Nº 2, con lo cual la audiencia tendrá que ser reprogramada. 

En el banquillo de los acusados deberá sentarse Rodrigo Oscar Boelter, quien a su vez fuera presidente del Consejo Escolar de Carmen de Patagones por Cambiemos, función de la que fue destituido en marzo de 2017.

Según la causa, investigada por la UFIJ N°10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el delito se habría cometido entre el 22 de enero de 2016 y el 21 de septiembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la escuela de nivel medio.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación, a nombre del acusado, para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se aseguró que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015, porque había asumido en el Consejo Escolar. 

Eran unos 50.000 pesos que, a valor de hoy, superarían los 5 millones de pesos.

Durante la investigación se lograron corroborar dichas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

No está claro cuando podría fijarse la nueva fecha del juicio, ya que para eso el tribunal tiene que acordar el calendario con la defensa y la fiscalía.

El fuerte temporal que afectó distintos sectores de la costa volvió a poner en alerta a quienes viven y trabajan junto al mar. 

“Gracias a Dios esta vez nos fue bien. La escuela está en pie”, expresó Farrer al describir el estado del lugar luego de la sudestada.

La situación fue muy distinta a la ocurrida tiempo atrás, cuando el mar había provocado importantes destrozos en el espacio y tuvieron que rehacer gran parte del proyecto. En esta oportunidad, aunque la estructura permaneció intacta, el paisaje cambió de manera significativa.

“La escuela estaba hecha a nivel del camino y el ingreso también. Ahora nos quedó una diferencia de casi dos metros para entrar pero no tuvimos daños”, explicó.

Farrer contó además que durante los peores momentos del temporal se encontraba en Buenos Aires con su esposo, quien también gestó el espacio y da clases en el lugar, y su hija Juana, y que fueron alumnos, familias y amigos quienes comenzaron a enviarle imágenes y mensajes sobre lo que estaba ocurriendo en la costa.

“Nos iban avisando y transmitiendo tranquilidad”, recordó.

También destacó la solidaridad que comenzó a generarse entre vecinos y comerciantes de la zona, especialmente con aquellas personas que sufrieron mayores pérdidas materiales.

“Hay gente que perdió todo. El mar se llevó muchas cosas”, lamentó.

La referente de este espacio consideró además que este tipo de episodios obliga a pensar nuevas formas de adaptación para quienes desarrollan actividades junto al mar.

“Los que trabajamos en la playa sabemos que estas cosas pueden pasar y que probablemente sigan pasando”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que el objetivo será seguir adelante, aunque en algunos casos sea necesario revisar ciertas decisiones vinculadas al uso del espacio costero.
"Hay que quitarle la connotación negativa al mar que sólo está recuperado lo que le venimos sacando durante todos estos años", añadió.

Es que la jueza de Garantías N° 4, Marisa Promé, aceptó la requisitoria del fiscal Marcelo Romero Jardín, quien llevó adelante la investigación y, en consecuencia, la causa pasará a la Receptoría General Departamental para su traslado a la Cámara Penal, a fin de sortear el tribunal en lo Criminal que resolverá  el caso.

Rojas está imputado de abuso sexual simple (5 hechos) y abuso sexual gravemente ultrajante (un caso), todo en concurso real de delitos. Las situaciones se habrían dado en la citada localidad serrana, de donde son oriundos el procesado, asesorado por Sebastián Cuevas, y las supuestas damnificadas, cuyas familias tienen como abogado a Valentín Fernández.

El acusado había logrado el beneficio del arresto domiciliario (tenía previsto vivir en la casa de un tío en Bahía Blanca y avanzar con su emprendimiento de lavadero de autos), pero la Cámara Penal frenó esa medida, con lo cual llegará al debate detenido en la cárcel de Saavedra.

El caso salió a la luz el año pasado, aunque los delitos -básicamente tocamientos, salvo un hecho más grave- se habrían registrado entre diciembre de 2021 y mediados de 2025, tanto en la vivienda de "Cayu" Rojas como en su vehículo y en perjuicio de niñas que tenían entre 8 y 12 años.

En su descargo, el exedil dijo que si hubo tocamientos no fueron en un marco de connotación sexual, sino como muestras de cariño, ya que eran menores que formaban parte de familias que él conocía.

Y en algunos de los casos aludió a un supuesto complot de tipo político en su contra.

La invitación llegó de manera oficial por parte del Museo Nacional de la Emigración Italiana (MEI) y del Comité Fair Play de Italia, organizadores de este torneo que se desarrollará durante la última semana de mayo de 2026 en la isla de Ischia.

El certamen está destinado a la categoría Sub12/Esordienti, integrada por jugadores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, y contará con la participación de seis equipos internacionales vinculados a comunidades italianas de distintos lugares del mundo.

Para la Asociación Civil Círculo Italiano de Villa Regina, aceptar esta propuesta representó una enorme alegría, pero también un gran desafío. Será la primera vez que un equipo del club dispute un torneo en Europa y, además, lo hará justamente en la tierra de origen de aquellos inmigrantes italianos que fundaron la institución hace casi 100 años.

La delegación reginense será, además, la única representante argentina en el torneo, un hecho que genera orgullo tanto dentro del club como en toda la comunidad.

La competencia se dividirá en dos grupos, con semifinales, final y encuentros definitorios que se disputarán en distintos campos deportivos de Ischia. Pero el viaje no tendrá solamente un componente deportivo. Los organizadores también prepararon actividades culturales y especiales para las delegaciones participantes.

Uno de los momentos más emotivos será el desfile de los equipos dentro del Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, en el marco del evento “La Notte dei Leoni”, una celebración que reunirá a las distintas instituciones invitadas.

La organización del torneo, encabezada por el Museo MEI, brinda hospedaje y comidas para las delegaciones participantes en Ischia —aunque esos servicios también deben abonarse—, mientras que todos los gastos de traslado internacional y logística quedan a cargo de cada club.

La delegación de Círculo Italiano estará integrada por 20 jugadores, tres integrantes del cuerpo técnico —incluido el director técnico— y dos dirigentes de la institución.

Desde el primer momento, el club comprendió que concretar el viaje requería un enorme esfuerzo económico. Por eso, junto a los padres de la categoría, la subcomisión de fútbol y la comisión directiva, comenzaron a organizar diferentes actividades para recaudar fondos.

Bingos, rifas, venta de pollos, bonos contribución y participación en fiestas de la ciudad vendiendo comidas fueron algunas de las iniciativas que permitieron avanzar con los costos de pasajes, hospedaje, documentación y trámites necesarios para viajar al exterior con menores de edad.

Con el correr de los meses, el grupo logró cumplir objetivos importantes y acercarse cada vez más a la meta. También resultó fundamental el acompañamiento del Gobierno de Río Negro, que realizó un aporte económico para colaborar con el viaje, teniendo en cuenta que Círculo Italiano será el único representante argentino en el certamen.

Sin embargo, más allá de lo deportivo, para el club esta experiencia tiene un significado mucho más profundo. Un pedacito de Círculo Italiano llegará por primera vez a la tierra de sus raíces, conectando a las nuevas generaciones con la historia de aquellos inmigrantes que soñaron y construyeron la institución.

Para muchos de los chicos, además, será una experiencia inolvidable. Algunos nunca salieron de Villa Regina, nunca viajaron en avión ni tuvieron contacto con otra cultura o idioma.

Hoy, aquello que parecía un sueño lejano se transformó en realidad. Y aunque el desafío será competir y representar de la mejor manera a Villa Regina, Río Negro y Argentina, el verdadero triunfo ya está en marcha: aprender, crecer y descubrir, a través del fútbol, una parte de su propia historia.

   El jefe comunal recibió en su despacho a Alberto Gelené, quien desde enero se encuentra a cargo de la Unidad de Coordinación de Cuencas Hídricas de la provincia, y le planteó la necesidad de volver a reclamar los metros cúbicos de agua que le corresponden a Buenos Aires para desarrollar proyectos “para consumo humano y con fines productivos”.

   Gelené se comprometió a llevar la solicitud al seno de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro, el organismo interprovincial que administra el uso, control y preservación de estos cursos de agua.

   “Venimos a acompañar al intendente Marino, quien nos ha presentado varios proyectos, los cuales cuentan con un importante avance en cuanto a las posibilidades de desarrollo, como el del acueducto a la Villa 7 de Marzo, entre otros”, indicó el funcionario provincial.

   “Dentro de mis funciones está el coordinar las cuencas hídricas, incluidas las interjurisdiccionales, y por ello con el comité de la AIC comenzaremos a dialogar para tratar de trabajar en el ordenamiento y administración del recurso agua y definir el cupo que le corresponde a Patagones, como integrante bonaerense de la cuenca, ya sea para fines productivos o para consumo humano”, añadió.

   Marino agradeció el respaldo del funcionario y de Ariel Zvenger, el representante de la Provincia de Buenos Aires ante la AIC, quien –dijo- “nos presentó el proyecto que nos permitirá avanzar en respuestas para la comunidad, en este caso de la Villa 7 de Marzo”.

   “Además –añadió- siento el orgullo de informar que esta es la primera vez que los integrantes de la cuenca se sientan a discutir lo que por derecho le pertenece y beneficia a Patagones”.

   De la reunión también tomaron parte, entre otros, el secretario técnico de la Autoridad de Cuencas, Horacio Collado, y el ex intendente Ricardo Curetti.

   Este último, así como Marino y quien lo precedió en el cargo, el ingeniero José Luis Zara, reclamaron durante sus respectivas gestiones en el Ejecutivo maragato la posibilidad de llevar adelante distintos proyectos con agua del río Negro.

   El reclamo parte de un hecho innegable: Buenos Aires forma parte de la cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro junto con las provincias de Neuquén y Río Negro; por este motivo, es su derecho natural recibir un cupo de agua para beneficio propio.

   Sin embargo, una y otra vez la iniciativa bonaerense ha encontrado trabas por parte de las otras provincias ribereñas.

   Es que la discusión por el cupo de agua del río Negro no es técnica, sino de índole política. No se limita solo a definir una cantidad de agua, sino que también determina quién accede al recurso, bajo qué condiciones, con qué prioridad y para qué modelo de desarrollo.

   Obtener el permiso de la AIC para extraer agua del río Negro le permitiría a Patagones -un distrito de características áridas y semiáridas- no solo planificar y ejecutar obras que abastezcan para siempre las necesidades de consumo de todas sus poblaciones, sino también proyectar un desarrollo sólido y sustentable de actividades productivas, como la ganadería, y del turismo.

La cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro es uno de los sistemas hidrográficos más importantes del país. Drena una superficie de 140.000 kilómetros cuadrados y cubre casi la totalidad del territorio de Neuquén y parte de las provincias de Río Negro y Buenos Aires.

   Hoy miles y miles de metros cúbicos de agua de excelente calidad del río Negro se vuelcan al mar mientras los habitantes de algunas localidades de Patagones, a pocos kilómetros de allí, sufren severas restricciones en el acceso al agua potable por carencia del líquido, sobre todo en la época estival.

   En este contexto, nada parece justificar los históricos desacuerdos interjurisdiccionales que han trabado el reclamo de Patagones y la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, hay un factor que siempre ha generado malestar y desconfianza en los otros integrantes de la cuenca: las pretensiones de Bahía Blanca.

   En octubre de 2022, cuando la Provincia decidió reinstalar en su agenda el tema, el gobernador Axel Kicillof citó al entonces intendente bahiense Héctor Gay para analizar distintos proyectos hídricos que pusieran fin, con recursos del río Negro, a la recurrente falta de agua que sufre no solo Bahía Blanca, sino también Coronel Rosales, Villarino y Patagones.

   Al término de esa reunión Gay habló con medios bahienses e hizo declaraciones que tuvieron un enorme impacto en las provincias patagónicas.

   "Hay un caudal del río que se va al mar, unos 650 metros cúbicos por segundo de agua de excelente calidad. Se ha llegado a un principio de acuerdo técnico y 150 metros cúbicos le corresponderían a Buenos Aires. Solo falta el acuerdo político, que se daría en noviembre (al mes siguiente)”, dijo el entonces jefe comunal.

   "El criterio será el siguiente: la prioridad va a ser el agua para consumo humano en Bahía Blanca y Punta Alta. Después, para el futuro desarrollo industrial. Y por último para riego, para la agricultura, en Villarino y Patagones", agregó Gay.

   "Entre Bahía Blanca y Coronel Rosales los estudios determinan que no se necesitarían más de 15 metros cúbicos por segundo", completó.

   La furia de los dirigentes neuquinos y rionegrinos, ante estas declaraciones de Gay, no se hicieron esperar.

   Elías Sapag, referente histórico de Neuquén en la AIC, fue uno de los primeros en alzar la voz contra esta iniciativa, como también la idea secundaria de hacer un trasvase de agua desde el río Negro al Colorado. En su provincia se consideró que la idea de un cupo de 150 metros cúbicos para Buenos Aires era “absurda”.

   El entonces superintendente del Departamento Provincial de Aguas de Río Negro, Fernando Curetti, incluso desmintió a Gay.

   “Nos enteramos por trascendidos periodísticos respecto de un supuesto acuerdo para avanzar sobre este tema, pero eso está muy lejos de la realidad. No hay acuerdo técnico”, disparó.

   “Se hizo un trabajo, se recopilaron antecedentes de cada jurisdicción y la utilización de uso de agua, se hizo una modelación de los impactos que podría tener el uso de agua, pero jamás se habló de cupo, ni de proyectos para riego, sobre todo para jurisdicciones tan alejadas de la cuenca”, añadió.

   Curetti remarcó que Buenos Aires solo ocupa “el 0,4 por ciento” de la superficie de la cuenca, dando a entender que el reclamo de 150 metros cúbicos sería excesivo.

El río Neuquén, con un módulo de 280 metros cúbicos por segundo (m3/s), drena un área de 30.000 Km2; el río Limay, con 650 m3/s, drena un área de 56.000 Km2. Ambos conforman el río Negro, que drena una cuenca de 116.000 Km2, con un módulo de 930 m3/s

   Otro de los que alzó la voz fue el senador nacional rionegrino Martín Doñate, quien fue sumamente tajante y duro.

   “Se lo dije a María Eugenia Vidal y se lo repito al compañero Axel Kicillof: no vamos a ceder ante esa vieja idea de la dictadura de robarnos aguas del río Negro para llevarla a Buenos Aires”, disparó en redes sociales.

   “Nos tienen hartos la corporación del puerto de Bahía Blanca y sus intereses”, completó.

   De allí en más, poco y nada se volvió a hablar del cupo del río Negro para la provincia de Buenos Aires.

   Patagones, sin embargo, no olvida que contar con ese recurso cambiaría sensiblemente su realidad; por eso, una vez más, vuelve a la carga.

En los últimos días, la jueza federal Nº 2, María Gabriela Marrón, condenó a la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Prefectura Naval Argentina (fuerza a la que pertenecía el padre del joven tirador) a pagar 5,4 millones a otra compañera de "Junior" y 3,3 millones a su madre, más intereses, por daño moral y psíquico. 

Pero más allá de la sentencia, es conmovedor saber de qué manera las consecuencias psicológicas perduran, a más de 20 años, en los jóvenes -hoy adultos- que, por fortuna, zafaron del imprevisto ataque que dejó tres alumnos fallecidos y cinco lesionados.

E.E.U., una de las jóvenes sobrevivientes, todavía tiene fortísimos escollos internos para reinsertarse en la vida social, pese a no ser una de las víctimas directas alcanzadas por las balas. 

Esa mañana, esa escuela, esos chicos

Ella compartía con "Junior" el 1° B del Polimodal Islas Malvinas, pero esa mañana, después de la entrada, dejó su carpeta y útiles en el aula (donde no había ningún adulto responsable a cargo) y se dirigió a la preceptoría, desde donde la horrorizaron los ruidos de los disparos y los gritos.

Cuando volvió sobre sus pasos encontró a compañeros huyendo, en medio de gritos desoladores, llanto y sangre. 
Todos corrían hacia la sala de video, cuando "Junior" realizó el último disparo, sin impactar a nadie más. Sin embargo, en el aula quedaron los signos de la barbarie.

Huellas indelebles

En medio de la entrevista con una psicóloga, en el marco de la demanda que acaba de ganar, la víctima confesó que al día de hoy le escapa a "las multitudes" y que, en general, prefiere no asistir a eventos.

Recién en los últimos años pudo concurrir a una fiesta del pueblo donde refirió "haberse sentido tranquila" al observar seguridad en el lugar y estar acompañada por su grupo familiar.

La paciente le dijo a la psicóloga que se siente "una complicación" para el resto de las personas, lo que la lleva a "evaluar" muchos aspectos antes de acercarse a una persona o un lugar. "Si no se siente cómoda o cree que no se sentirá a gusto con alguna situación prefiere no ir", explicó la profesional que entrevistó a la víctima. 

En la misma línea concluyó que es "muy desconfiada" a la hora de hacer nuevas amistades y fue "todo un desafío" volver a compartir un aula con gente que no conoce, incluso en la universidad, al punto que necesita sentarse en un banco cercano a la puerta de salida.

Al día de hoy le cuesta pasar por la puerta de la escuela Islas Malvinas, que queda de paso entre su vivienda y la de su madre, y prefiere tomar otra calle y recorrer más trayecto para evitar esa situación.

"No tengo pesadillas ni recuerdos que vengan de la nada, pero cuando llega un aniversario (del hecho) se me pone la piel de gallina, es algo inexplicable", sostuvo la víctima.

Desde aquella mañana tuvo que dormir con la luz prendida -mucho tiempo junto a su madre- y no logra acostumbrarse a los ruidos fuertes. 

"Me paralizan y me descolocan, incluso cuando hay partidos de fútbol y tiran cohetes", relató.

La jueza Marrón, luego de analizar todas las pruebas reunidas, y tal como resolvió en otros casos, entendió que tanto la Provincia de Buenos Aires -a cuya administración corresponde la escuela donde se registró la masacre- como la Prefectura Naval y el padre de "Junior" -integrante de esa fuerza de seguridad- deben responder por haber actuado con negligencia e imprudencia, sin evitar los hechos.

Más de 50 impactos

Terror. Según el Juzgado de Menores N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de la jueza Alicia Ramallo, los peritos determinaron que hubo 54 impactos de bala, sumando rebotes de los proyectiles disparados por Solich.

Presencia. Al momento de los disparos había en el aula 22 de los 27 alumnos del 1° B del Polimodal Islas Malvinas. 

Deceso. La jueza aceptó la demanda de parte de la joven y su madre, aunque rechazó el reclamo por daño moral de parte de su padre, hoy fallecido. La familia fue asesorada por los abogados Manuel Maza y Leandro Sferco.

Víctimas. "Junior" (como se lo conoce públicamente a partir de su segundo nombre, Juniors) mató a sus compañeros Federico Ponce, Evangelina Miranda y Sandra Núñez. Y en la misma acción hirió de gravedad a Pablo Saldías Kloster, Rodrigo Torres, Nicolás Leonardi, Cintia Casasola y Natalia Salomón.

El siniestro se produjo poco antes de las 22, en un inmueble situado en calle Querandíes al 100, propiedad de Carolina Piñarreta.

Los voceros señalaron que el fuego comenzó en un altillo y se habría desencadenado a raíz del recalentamiento o falla en el caño de una estufa a leña.

Mencionaron también que no se produjeron lesionados y que el trabajo de los servidores públicos evitó que el daño estructural fuera mayor. (Noticias Radio Reflejos).

   La decisión fue tomada por el intendente Hernán Arranz, quien dijo que la medida apunta a agilizar la adecuación de partidas presupuestarias para reparar los graves daños provocados a la infraestructura urbana por el temporal.

   "Los tiempos apremian", dijo el jefe comunal a La Nueva. tras su regreso de la capital bonaerense, donde le presentó un cuadro de situación al gobernador Axel Kicillof, además de pedirle el aporte de recursos extraordinarios.

   Arranz reconoció que aún no hay una estimación final del presupuesto que demandará la reconstrucción de todo lo que el oleaje destruyó, más allá de las especulaciones que se puedan hacer. 

   “Lo que sí tenemos en claro es que la prioridad absoluta la tiene la accesibilidad al sector costero; es decir, tenemos que llegar al verano próximo con las rampas de bajada a la playa terminadas, y para esto antes hay que recomponer el talud de arena que se llevó el mar, asegurarlo con material geotextil y tal vez reconstruir alguna base de hormigón”, añadió.

   La tarea no es sencilla. Según calculan en el municipio, son entre 60 y 75 pasarelas de madera que comienzan a la altura de la rambla y se extienden en dirección al mar, a lo largo de un frente costero de 1,7 kilómetros de largo.

   “Estamos hablando, desde el vamos, de mover muchos camiones con arena, colocar una gran cantidad de geotextil y luego hacer 3 a 3,5 kilómetros de rampas nuevas. Luego vendrá reconformar la rambla de madera y otros equipamientos”, indicó Arranz.

   Por estos días las maquinarias y operarios municipales están terminando de retirar los restos de las estructuras que el mar destruyó. La tarea incluye evaluar cada tabla hallada en buen estado, a fin de determinar si puede ser reciclada o no.

   “Creemos que vamos a poder recuperar muchas tablas, y en función de eso luego veremos qué compramos. Queremos arrancar cuanto antes con la reconstrucción. No podemos dejar que nos corra el paso del calendario turístico”, subrayó el jefe comunal.

   La misma premura –dijo- se la transmitió al gobernador Kicillof en la reunión que mantuvieron.

   “Fue un encuentro excelente. Durante 40 minutos el gobernador nos atendió en forma personalizada, se interiorizó de todo e instruyó a su equipo para que nos den una mano en todo lo que puedan. Yo fui directo: necesitamos recursos ya. Lo ideal sería desarrollar un proyecto integral, con obras a corto, mediano y largo plazo, pero la verdad es que tenemos una gran urgencia y no podemos perder tiempo porque se nos va a venir la temporada encima”, reconoció Arranz.

   “Ahora lo que precisamos es un ATP (Aporte del Tesoro Provincial) con el cual iniciar de inmediato el movimiento de suelos. Tenemos las máquinas, el personal y el proveedor de geotextil; sólo nos falta el dinero para comprar los insumos y arrancar. Esto es lo que le transmití al gobernador”, agregó.

   Según señaló, la misma inquietud le trasladó a Alejandro Dichiara, ex intendente de Monte Hermoso y actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, así como a la vicegobernadora Verónica Magario. Ambos le garantizaron ayuda.

   Arranz detalló que la ciclogénesis provocó la destrucción casi total de los 1.500 metros del frente costero que van desde la calle Favaloro hasta Pedro de Mendoza (donde se encuentra la rambla de madera), así como unos 600 metros del camino paralelo a la rambla entre Pedro de Mendoza y Luzuriaga.

   Además, el temporal socavó amplios taludes de arena, lo que provocó desplomes de estructuras de madera, roturas y movimientos en el mirador de cemento de la peatonal Dorrego, inestabilidad en los postes de alumbrado, descalce del pavimento articulado y la afectación grave de 12 puestos de guardavidas (9 destruidos y los restantes en precario estado).

   El temporal también provocó la destrucción casi total de dos paradores muy importantes, arrasó los puestos (o chiringuitos) ubicados entre las bajadas de Costa y Pedro de Mendoza, y dejó daños de consideración en otros 17 paradores y chiringuitos.

   El oleaje también causó socavamientos y daños a viviendas ubicadas en Villa Caballero y Villa Faro Recalada, algunas de las cuales ya habían sufrido los efectos del fuerte temporal de junio del año pasado.

   Asimismo, las olas provocaron la destrucción parcial del camino costero que conecta a la ciudad cabecera con el balneario Sauce Grande, lo que obligó a cortar el tránsito. 

   En cuanto a los paradores que arrasaron las olas, Arranz enfatizó que la primera medida fue suspender el cobro del canon por explotación del espacio de playa y de la tasa de seguridad e higiene a sus propietarios.

   “A la par, estamos tras un subsidio que les permita tener recursos para afrontar las tareas de remoción de los restos de las estructuras, más allá del aporte que hicimos desde el municipio con máquinas y volquetes”, dijo.

   Sobre la reconstrucción de los paradores y carpas destrozados, Arranz dijo que está disponible una línea de crédito del Banco Provincia.

   “En lo que respecta a nosotros, les vamos a pedir a los propietarios que respeten las nuevas medidas máximas de la superficie a ocupar. En otras palabras: no queremos grandes moles, por más que sean de madera, sino estructuras más chicas”, indicó.

   La ayuda del Banco Provincia consiste en la puesta en marcha de una línea de financiamiento especial.

   Los préstamos están orientados a familias, comercios y pymes que sufrieron daños, y contemplan condiciones preferenciales y períodos de gracia para acelerar la recuperación económica en las zonas afectadas.

   Los créditos se ofrecen a 48 meses, con un período de gracia de 12 meses para el pago de capital. Los fondos podrán destinarse a la reparación de daños ocasionados por fenómenos naturales, ya sea en viviendas, locales comerciales o infraestructura productiva.

   Las personas jurídicas (empresas) podrán acceder a hasta 40 millones de pesos con una tasa fija del 26% anual, mientras que las personas humanas cuentan con un tope de 10 millones de pesos, a una tasa fija del 28% anual. Para el segmento de microcréditos, el financiamiento alcanzará el equivalente a 50 salarios mínimos, con una tasa del 34% anual.

   La declaración de Monte Hermoso en estado de Emergencia Urbana también contempla –según explicó Arranz- la implementación del “Régimen Excepcional de Alivio y Solidaridad Fiscal, destinado a comerciantes y sectores de la economía perjudicados por el fenómeno meteorológico”.

   En tal sentido, el jefe comunal anticipó que se reducirán o incluso eliminarán tributos que se venían cobrando a los dueños de los comercios afectados, como el canon de explotación de los paradores playeros.

   Arranz también dispuso la creación de un Comité de Crisis “cuyos miembros serán determinados por el Poder Ejecutivo en su reglamentación, con el objetivo de coordinar acciones entre distintas áreas técnicas e instituciones para evaluar la magnitud de los daños ocasionados en el frente costero y sectores aledaños”.

   Ese comité de crisis estará formado no solo por funcionario del Ejecutivo, sino también por ediles del oficialismo y la oposición, así como especialistas en construcción en zonas costeras.

   “En esa misma línea –agregó- el decreto prevé el desarrollo de un proyecto a cargo de la secretaría de Gobierno para que las áreas técnicas pertinentes analicen y replanteen el diseño del frente costero frente a los eventos climáticos registrados en los últimos años”.

   Por último se anunció la creación de un Registro Único de Damnificados, a fin de concentrar la información disponible en una sola base de datos y optimizar la distribución de recursos y ayuda.

   "Este registro nos permitirá saber en detalle qué tipo de daño sufrió cada parador, chiringuito o complejo de carpas. No todos sufrieron el mismo nivel de afectación, por lo que demandan distinto tipo de ayuda", sostuvo Arranz.

   En diálogo con el programa Panorama, de LU2, el jefe comunal había señalado esta semana que solicitaría asistencia tanto al gobernador como al presidente Javier Milei.

   “Necesitamos ayuda de todos porque hay que reconstruir absolutamente todo. Vamos a pedir ayuda a Provincia y a Nación. Vamos a hacer el petitorio y vamos a ir a hablar con quienes haga falta”, señaló.

En los últimos tiempos, son varias las entidades vinculadas al campo que en el Sudoeste Bonaerense y en el resto de la provincia están acudiendo a los juzgados a plantear la falta o ausencia de una contraprestación acorde al pago de la tasa vial rural, quejas o planteos que anteriormente se realizaban mayormente en el ámbito de las entidades ruralistas.

Históricamente, sociedades rurales y asociaciones de productores ponían el grito en el cielo porque entendían que sus municipios no mantenían en buen estado los caminos rurales por los cuales acceder a los campos o sacar la producción, más allá del pago de las obligaciones correspondientes. Las quejas normalmente caían en saco roto y volvían a repetirse al poco tiempo.

Sin embargo, al plasmar sus cuestionamientos en el ámbito judicial, los chacareros han encontrado respuestas que podrían considerarse positivas, contrastando con las que en otras ocasiones les llegaban desde los ejecutivos o concejos deliberantes. Sin ir más lejos, semanas atrás fue la Justicia de Trenque Lauquen la que declaró nulo el cobro de la tasa para productores de Daireaux por falta de una contraprestación efectiva.

Es decir, si los caminos rurales se encuentran en mal estado, los productores no tienen por qué pagar. Esa fue la idea que quedó latente a partir de esa decisión judicial: existe una ilegitimidad en el cobro de la tasa vial ante la falta de prestación efectiva del servicio.

En el Sudoeste Bonaerense, las quejas se dan en todos los distritos, de una u otra manera, y todos tienen dos o tres puntos comunes: el valor de la tasa vial, el estado real de los caminos y la falta de respuesta por parte de los municipios ante reclamos puntuales. Esto se ve incluso en distritos en los cuales la producción agropecuaria no es una referencia de la actividad económica que en ellos se lleva a cabo.

Las quejas y reclamos se multiplican en toda la zona. Sin ir más lejos, en enero Adolfo Alsina duplicó los montos que se abonan por tasa vial, lo que provocó la indignación del sector rural; en las cercanías de Bahía Blanca, sobre la ruta nacional 35, en el distrito de Tornquist, el estado de los caminos provoca serias quejas de los chacareros, mientras que en Coronel Rosales los productores directamente amenazan con concurrir a la Justicia.

En este último caso, en una carta enviada al municipio, los productores lamentan la falta de trabajo en los caminos rurales y reclaman información oficial al respecto, aclarando que podrían concurrir al Tribunal de Cuentas bonaerense o bien realizar acciones judiciales pertinentes ante el fuero Contencioso Administrativo bahiense "frente al eventual incumplimiento de deberes legales en la administración de recursos de afectación específica".

No todo se circunscribe a la tasa vial: en el sur de Villarino se han elevado pedidos de informes para conocer el destino de lo recaudado por tasas como marcas y señales o de marcación y remarcación de hacienda. A través de una carta enviada al municipio, desde la Asociación de Productores de Villarino Sur (Aprovis) se demandó conocer qué hace la comuna con el dinero reunido en esos conceptos y qué contraprestaciones ofrece.

En la misiva, a la que accedió La Nueva., se indica que la "solicitud no solo responde a una necesidad de acceso a la información pública, sino también a la necesidad de comprender la naturaleza jurídica de los conceptos abonados por los productores, en particular en lo relativo a la existencia de una efectiva contraprestación estatal".

"Las tasas municipales encuentran su fundamento en la prestación concreta, efectiva e individualizable de un servicio, motivo por el cual la inexistencia de dicha contraprestación podría suscitar cuestionamientos respecto de su encuadre jurídico", se explica.

Desde CARBAP y Coninagro

La situación llegó incluso a las entidades gremiales, con reclamos por parte de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), y también fuertes definiciones por parte del titular de Coninagro, Lucas Magnano.

Días atrás, la primera de estas instituciones se había mostrado satisfecha ante distintos fallos judiciales relacionados con el cobro de tasas municipales vinculadas a los caminos rurales, en distritos como Daireaux, Azul y Carlos Casares, por ejemplo.

"Estos pronunciamientos consolidan principios básicos que CARBAP viene sosteniendo desde hace años: una tasa solo puede ser exigida cuando existe una contraprestación concreta, medible y verificable —se indicó a través de un comunicado—. Cuando ello no ocurre, el tributo se transforma en un impuesto encubierto, violando garantías constitucionales esenciales".

El texto también reconoce una problemática que se repite en toda la provincia, al considerar que los productores abonan tasas viales sin un mantenimiento adecuado de los caminos rurales.

"La presión fiscal no puede sostenerse al margen de la legalidad ni desligada de la prestación efectiva de servicios —se indicó—. El campo no rehúye sus obligaciones, sino que exige reglas claras, transparencia en el uso de los recursos y una correspondencia real entre lo que se paga y lo que se recibe".

Además, CARBAP solicitó que las comunas garanticen que cada tasa tenga sustento en servicios reales.

"La judicialización de estos conflictos, lejos de ser el camino ideal, es la consecuencia de la falta de respuestas concretas", se explicó.

Por su parte, el máximo referente de Coninagro a nivel nacional, Lucas Magnano, advirtió —en una recorrida por nuestra región— sobre la falta de obras para la mejora de los caminos rurales y las altas tasas viales que cobran las comunas.

"Esto perjudica al productor y el reclamo no es un capricho de los productores; es una realidad. Muy pocas veces se tiene consideración de parte de quienes tienen que realizar las obras y no las hacen; los caminos siempre quedan lejos de los primeros puestos de prioridad. Los caminos tienen que estar a la altura de las tasas que se cobran".

En ese sentido, manifestó que durante la recorrida realizada por distintas cooperativas del Sudoeste Bonaerense, los chacareros habían planteado situaciones similares: caminos en mal estado, la imposibilidad de trasladar lo cosechado y tasas viales que se aumentan constantemente.

El evento cuenta con la organización de la Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Sierra de la Ventana, Villa La Arcadia y Saldungaray (Camcotisas).

Hoy y mañana, los locales de comida de estas localidades que adhieran a la propuesta ofrecerán —como plato especial dentro de su carta— una opción culinaria especial: la Milanesa Serrana. Desde la organización se aclaró que podrá ser una variedad clásica o una versión propia o creativa.

Además, este domingo, en la avenida General San Martín, se llevará a cabo la elaboración del Sándwich de Milanesa Serrana Gigante, con la colaboración de todos los comercios adheridos a la propuesta. Según se destacó desde la organización, cada local adherido presentará 2 metros de sándwich, que posteriormente será vendido al público presente.

En ese mismo lugar, el domingo de cierre también habrá espectáculos musicales, paseo de artesanos y varias actividades más. Lo recaudado con la venta del sándwich gigante se destinará a la Escuela Primaria Nº 6 de Sierra de la Ventana.

Desde Camcotisas se indicó que el evento busca generar movimiento, atraer turistas y que cada local gastronómico pueda trabajar bien, como una manera de fortalecer el sector.

Para ello, cada local deberá definir su propuesta de milanesa —ya sea su nombre, ingredientes y estilo—, tenerla disponible durante el festival, sumarse con el armado del sándwich gigante el domingo y, por supuesto, acompañar con la difusión a través de sus redes.

"Cada restaurante hará su propia versión de milanesa especial para ese fin de semana, que deberá ofrecer a sus comensales. La especialidad será de su elección, y podrá ser de carne, vegetales, pescado o lo que quiera; el precio también lo decidirá el mismo local. Por supuesto, no puede haber dos milanesas iguales", señaló a La Nueva. Maximiliano Brunengo, titular de Camcotisas.

Al respecto, recordó que el año pasado fue tal el apoyo que recibió la propuesta que algunos restaurantes llegaron a vender 120 milanesas serranas durante la celebración. Como ocurrirá nuevamente en esta oportunidad, cada uno promocionará su preparación especial.

"El sándwich gigante de milanesa será el común para todos, pero las que haga cada restaurante serán especiales. Desde la entidad haremos una carta general con todas las milanesas que hay en todos los restaurantes y después la gente elegirá", explicó.

Conmemoración

El evento se desarrolló por primera vez el año pasado, en conmemoración del Día de la Milanesa, que se recuerda cada 3 de mayo. Si bien —se sabe— la milanesa no es un invento argentino, sus innumerables formas de preparación y presentación la constituyen en un plato con fuerte raigambre nacional; incluso, la famosa milanesa napolitana sí nació en nuestro país.

En la provincia de Buenos Aires, el único antecedente que existe —más allá de la primera edición del festival en Sierra de la Ventana— es un evento similar llevado a cabo en Escobar, aunque en esa ocasión el organizador y único participante era un restaurante de esa localidad.

El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario con 82 firmas -respaldado por sus aliados-, mientras que la oposición peronista tuvo el dictamen de minoría con 31 apoyos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía. También hubo un proyecto de Provincias Unidas que contó con cuatro firmas.

Según explicó Tettamanti, "la razón del subsidio se debe explicar a partir de los ingresos": reducirían a los usuarios pero conservarían a aquellos de bajo recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Se trata de la segunda iniciativa similar, dado que el oficialismo lo había intentado con el proyecto de Presupuesto 2026. La última modificación del régimen de zona fría había sido aprobada en 2021, lo que amplió el alcance de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Córdoba, La Rioja, Salta, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires, entre las que se encuentra el Sudoeste Bonaerense. En ese momento, el régimen pasó de cubrir unos 950.000 usuarios a alcanzar cerca de 4 millones de hogares.

La medida se suma a lo definido en la Disposición 20/2026 publicada esta semana que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), redujo unos $110.000 millones correspondientes a partidas del Tesoro para los subsidios a la energía.

En su intervención en el plenario de Diputados, Tettamanti sostuvo que "estamos cambiando el esquema de subsidios, creemos que los recursos son escasos y que la forma justa de utilizarlos es destinarlos exclusivamente a la gente que más lo necesita".

Así explicó que la "Zona Fría subsidia a todos los usuarios en una zona con independencia del nivel de ingresos de los usuarios" y ratificó la alícuota del 7,5% a los que están registrados en el SEF y un adicional por Zona Fría. "Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan", reiteró.

A su turno, el diputado pampeano Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) "este enfoque que plantea el Gobierno nacional para que la Zona Fría corresponda por nivel de ingresos y no por la zona climática es totalmente contradictorio" con el diseño del régimen en su inicio. Dentro del proyecto peronista, se incluyó una prórroga por 10 años del régimen de promoción de energías renovables, una propuesta de régimen de calor para las provincias del norte, un Plan Federal de Infraestructura Energética y un mecanismo de recomposición de CAMMESA con distribuidoras municipales y provinciales, excluyendo a las de jurisdicción federal (Edenor y Edesur). (con información de Ambito)

La iniciativa forma parte de una política sostenida de apoyo a los distritos. El objetivo es sumar tecnología, capacitación y herramientas para mejorar la fiscalización en rutas, accesos y zonas urbanas.

“Alcohol Cero no es solamente una ley, es una política pública que vino a cambiar una cultura vial en la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Marinucci.

En ese sentido, el ministro destacó el alcance del programa en el territorio bonaerense. “Ya son 120 los municipios que cuentan con alcoholímetros entregados por la Provincia. Eso significa más controles, más presencia del Estado y más conciencia vial en cada distrito bonaerense”, afirmó.

Los equipos entregados por la cartera provincial están homologados por el INTI y se utilizan en operativos de prevención y control vial.

Según informó el Ministerio, la estrategia incluye controles de documentación, fiscalización del uso del cinturón de seguridad y campañas de concientización en distintos puntos de la Provincia.

Además, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial viene incorporando cámaras digitales de última generación y puestos de monitoreo vial en rutas y corredores estratégicos.

Estas herramientas buscan fortalecer la prevención, detectar maniobras peligrosas y mejorar la fiscalización en tiempo real.

La tecnología permite registrar infracciones vinculadas al uso del celular al volante, la falta de cinturón de seguridad y otras conductas de riesgo. Además, complementa el trabajo presencial de los agentes de seguridad vial.

Marinucci remarcó que la ley tuvo impacto en la conducta de los conductores. “La Ley de Alcohol Cero cambió la cultura vial en la Provincia de Buenos Aires. Hoy hay más controles, más conciencia y una sociedad que entiende que manejar alcoholizado pone en riesgo vidas”, expresó.

La Provincia desarrolla de manera permanente operativos de seguridad vial junto a municipios y organismos provinciales y nacionales.

Las acciones se realizan en rutas turísticas, corredores estratégicos y grandes centros urbanos. Además, se refuerzan en períodos de mayor circulación.

Con la entrega de alcoholímetros y la incorporación de nueva tecnología, el Gobierno bonaerense busca consolidar una red de prevención para reducir riesgos y garantizar una circulación más segura para las y los bonaerenses.

La causa, que avanzó con estricto hermetismo, sumó en las últimas horas el dictado de prisiones preventivas y nuevas detenciones de personas clave en la estructura criminal.

El caso comenzó a ramificarse a partir de dos procedimientos clave realizados por el personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal tresarroyense, bajo la conducción del comisario Cristian Tedini. El primero de ellos fue la aprehensión de Dante Vandone.

El segundo hecho, de extrema gravedad, ocurrió el pasado 25 de marzo cuando la policía interceptó a tres menores de 13, 14 y 15 años. Los adolescentes tenían en su poder medio kilo de cocaína, un revólver calibre 32 con la numeración limada y una pistola 9 mm que presentaba un pedido de secuestro activo, ya que había sido sustraída previamente a un efectivo policial.

A raíz de este episodio, tomó intervención la Marina Vizzolini, titular de la Fiscalía de Menores de Tres Arroyos, logrando reunir los indicios necesarios para avanzar hacia los presuntos responsables mayores de edad.

Al entrecruzar datos, la Fiscalía N° 13 (de mayores) y la Fiscalía N° 4 (de menores) detectaron una red de comercialización de estupefacientes integrada por residentes locales. Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Garantías ordenó ocho órdenes de registro domiciliario y secuestro que se ejecutaron la noche del 11 de abril.

Debido la magnitud del operativo, se desplegó una fuerza conjunta liderada por la comisaría Primera, que contó con el apoyo del Cuerpo de Caballería, la subdelegación de Investigaciones (DDI), el grupo de Drogas Ilícitas, Comando de Prevención Rural, el Destacamento de Seguridad Vial y la secretaría de Seguridad Municipal.

Los procedimientos, supervisados por la Instructora Judicial Natalia Dello Russo (Fiscalía N° 13), se extendieron hasta el amanecer y culminaron con seis mayores aprehendidos, el arresto de una persona que registraba un pedido de captura activo, y el secuestro de dosis de cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

La investigación no se detuvo tras los allanamientos. El análisis pericial de los teléfonos incautados y las tareas de campo llevadas a cabo por el Gabinete Táctico Operativo de la comisaría Primera aportaron pruebas contundentes.

En consecuencia, el Juzgado de Garantías dictó la Prisión Preventiva para cuatro de los principales investigados, quienes ya fueron trasladados y alojados en la Unidad Penal del Servicio Penitenciario Bonaerense en Villa Floresta. Se trata de Juan José Caro (45), Ignacio Oscar Damboreana (19), Dante Vandone (33) y Naiquén Duvansel (26).

Asimismo, en las últimas horas la Justicia ordenó la inmediata detención de otros dos implicados en la red: Oscar Alberto Damboreana (53) y Quimey Nahuel Duvansel (25), medidas que ya fueron efectivizadas por el personal policial.

El Concejo Deliberante de Guaminí aprobó por unanimidad un proyecto para exigir el restablecimiento de la atención presencial de PAMI en Casbas, tras el cierre definitivo de la oficina local. La iniciativa también solicita que, mientras no se normalice el servicio, se realicen operativos periódicos para asistir a los afiliados de la localidad.

La propuesta fue impulsada por el concejal Ignacio Sarasibar, del bloque Fuerza Patria, quien explicó que la dependencia dejó de funcionar en 2024 luego del despido del trabajador encargado de la atención. Más tarde se implementó un sistema itinerante con personal proveniente de Coronel Suárez y Chivilcoy, aunque esa modalidad también fue discontinuada.

"Hoy la oficina de PAMI de Casbas se encuentra totalmente cerrada. Los afiliados tienen que trasladarse mínimamente desde Casbas a Guaminí, estamos hablando de unos 40 kilómetros de distancia", señaló Sarasibar en diálogo con LU2.

En la actualidad, quienes necesitan realizar trámites deben dirigirse hasta allí, donde un solo administrativo atiende la demanda de distintas localidades del distrito, entre ellas Casbas, Garré y Bonifacio. Según indicaron desde el cuerpo legislativo, la situación afecta a más de 2500 afiliados.

El edil advirtió que la falta de atención cara a cara impacta especialmente en jubilados y pensionados, un sector que suele requerir acompañamiento para resolver gestiones vinculadas a la salud y la cobertura médica.

"La cuestión de fondo tiene que ver con que sectores tan vulnerables como los jubilados y pensionados pierden la atención presencial", expresó. En ese sentido, sostuvo que muchos afiliados necesitan “a una persona de carne y hueso que pueda ayudarlos a hacer trámites”.

Además, cuestionó la falta de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos impulsados desde el distrito. "Hasta la fecha seguimos sin ningún tipo de respuesta. Estamos frente a un gobierno al que no le importan las localidades del interior y que castiga a este segmento con jubilaciones cada vez más bajas y programas de medicamentos totalmente desarticulados", afirmó.

En la misma línea, sostuvo que no tiene expectativas de que la actual gestión nacional pueda mejorar la atención ni las condiciones de bienestar de los jubilados.

Por último, aseguró que continuarán impulsando gestiones para recuperar el servicio en la localidad. "Desde nuestro pequeñísimo lugar vamos a hacer todo lo posible para garantizar la atención", concluyó Sarasibar.

Sin motor, ni ruedas, ni cachas, ni luces, recibió apenas el cuadro del vehículo de parte de la Policía, 20 días después del delito.

"Desde el día 1 que todo se hizo mal, y no meto a todos en la misma bolsa pero la mayoría están con un oficio por un sueldo, cero responsabilidad con el ciudadano" declaró Vanesa Ferreyra, la vecina damnificada, sobre el robo de la moto que pertenecía a su hijo Alejo.

"Hoy como mamá decir que me duele el alma es poco al ver lo que me devolvieron de la moto de mi hijo. No tuvimos la suerte que tienen otros de recuperar sus cosas enteras" agregó , acompañando el texto con la foto de la moto recuperada, visiblemente desmantelada.

"¿Por qué se manejó todo con tanta demora? No puedo entender que una orden de allanamiento tarde 48 horas en pedirse. ¿O tenés que tener plata para que al rato encuentren todo? Solo le pido a Dios que los que estuvieron metidos para entorpecer el procedimiento paguen por lo que hicieron, que se hagan cargo. No voy a parar hasta tener una respuesta", afirmó.

Vanesa había denunciado que el hecho sucedió el 26 de abril, en horas de la noche. Sin embargo lamentó que hayan pasado varios días hasta que se otorguen las órdenes de allanamiento.

"Esa noche, hasta las 23, la moto estaba. Vieron que el portón estaba abierto, como estaba tan feo y había mucho viento supusieron que era por eso, fueron y lo cerraron. Pero al otro día a la mañana mi hijo se levanta a trabajar y le faltaba la moto", explicó.

En las cámaras de seguridad se pudo ver a los dos delincuentes que robaron la moto en el barrio Roca. Hasta ahora no se informó sobre ninguna detención por el delito (agencia Coronel Pringles).

Se trata de Rodrigo Oscar Boelter, quien a su vez fuera presidente del Consejo Escolar de Carmen de Patagones por Cambiemos, función de la que fue destituido en marzo de 2017.

Según la causa, investigada por la UFIJ N°10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el delito se habría cometido entre el 22 de enero de 2016 y el 21 de septiembre del mismo año, cuando el acusado se desempeñaba como responsable de la escuela de nivel medio.

En el marco del Plan Mejora Institucional de Nivel Secundario, financiado por el Ministerio de Educación de la Nación y articulado con la Provincia de Buenos Aires, se acreditaban sumas de dinero en una Tarjeta Ticket Nación, a nombre del acusado, para realizar distintas obras.

En la denuncia, realizada por un grupo de consejeros escolares de Patagones, se aseguró que Boelter realizó una serie de extracciones cuando ya no ejercía ese cargo, ya que se encontraba en uso de licencia desde el 10 de diciembre de 2015, porque había asumido en el Consejo Escolar. 

Eran unos 50.000 pesos que, a valor de hoy, superarían los 5 millones de pesos.

Durante la investigación se lograron corroborar dichas afirmaciones y se recolectó material probatorio que permitió elevar la causa a juicio para su análisis en debate oral.

El exdirector educativo llega a juicio imputado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El dato más relevante que se desprende del estudio es que el 28 % del precio final corresponde, en el caso del primer trimestre del corriente año, con exclusividad a impuestos. La referencia no es menor a poco que se establece una comparación: para el año 2024 fue del 22,3 % y para 2025 llegó hasta el 25,4 %.

Ahora bien. Para entender cómo se llega al precio que paga el consumidor al final del eslabón de la comercialización, hay que sumar a los dos restantes ítems que componen la totalidad del costo. Por un lado están los referidos a los operativos de la cadena, que representan el 51 % y, por otro, a los márgenes de ganancia de los distintos actores involucrados (que llegan al 21 %).

En términos generales, si se analiza el proceso desde los corrales hasta la mesa, la cadena productiva y comercial en su conjunto explica el 72 % del precio al consumidor. Es decir, se deja el citado 28 % restante en manos del Estado a través de diversos tributos.

De ese mismo porcentaje actual que se va al fisco, que son impuestos directos que paga la cadena, se aprecia que el 75 % corresponde a tributos nacionales; el 19 % a provinciales y el 6 % a municipales.

Puntualmente dentro de la composición impositiva, el IVA es el impuesto de mayor peso, al representar al 37,3 % del total. Salvedad: esta proporción es inferior a la registrada en la cadena de la leche (66 %) y cercana a la observada en la cadena del pan (44 %).

Se trata de diferencias que, en primer término, se presentan en razón de que la carne y el pan tienen un IVA reducido del 10,5 % y la leche afronta una alícuota del 21 %. En segundo lugar, el Impuesto a las Ganancias que aporta el 27,2 % (seguido por el Impuesto a los Ingresos Brutos, con un 14,9 %).

En el análisis sobre la composición del precio de la carne bovina se consideró —también desde la FADA— que el precio de venta de cada eslabón es tomado como costo de entrada para el siguiente. Dado que el objetivo es reflejar la realidad promedio de la producción primaria, industrial y comercial de la cadena cárnica, es importante señalar que no existe un único mercado de ganado, carne o subproductos.

Se concluye que la cadena presenta diversidad en tecnologías y escalas de producción, lo que genera diferencias en los márgenes netos de acuerdo con la eficiencia de cada eslabón y las particularidades regionales. Estas variaciones explican la existencia de múltiples estructuras de precios dentro del sector.

Para facilitar la interpretación, los precios a la salida de cada eslabón se expresan de dos maneras. Veamos:

—Precio de venta directo (tal como se comercializa el producto).

—Precio equivalente por kilo al mostrador (aplicando los rendimientos correspondientes para reflejar el valor final que paga el consumidor).

En otro aporte colateral, el análisis permite desgranar cuánto aporta cada etapa de la cadena al valor final de la carne (aquel 72 %) en relación a los cuatro ítems decisorios. Veamos:

—Etapa de cría: es el eslabón de mayor peso, representando el 35 % del precio.

—Feedlot: el engorde a corral aporta un 16 % a la composición del valor.

—Industria frigorífica: el sector representa solamente el 1 % del precio final.

—Comercialización (en lo referido a las carnicerías): se trata del último tramo de la cadena, donde el producto que llega al público explica el 20 % del valor.

Estas cifras ponen de manifiesto que, más allá de las variaciones en los costos productivos y la eficiencia de los establecimientos, la presión fiscal sigue siendo (cada vez más) un componente determinante en la formación de precios del sector cárnico en el país.

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 El hecho se produjo poco antes de las 21, cuando los sujetos irrumpieron en el domicilio y sorprendieron a Carlos Porfiglio.

Trascendió que los individuos tiraron al piso a la víctima, lo que le provocó un corte y sangrado en la frente.

Posteriormente le cubrieron la cabeza y lo golpearon, exigiéndole la entrega de plata presuntamente proveniente de la venta de un vehículo.

Los voceros mencionaron que el dato que manejaban los ladrones no era correcto, por lo que luego de revisar la propiedad terminaron escapando con algo de efectivo y documentación. (La Voz del Pueblo)