El 6 de marzo de 1994 se reportó la desaparición del soldado Omar Carrasco, de 20 años. Tres días antes se había incorporado al servicio militar en el Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala.

   El diario Río Negro publicó entonces que los padres buscaban a Omar con desesperación. La justicia federal de Zapala demoraba la investigación. Y la opinión pública comenzó a movilizarse y a ejercer presión.

   Un mes más tarde encontraron el cuerpo en el fondo del cuartel. No se había fugado como se decía: lo habían matado.

   En una investigación interna, el Ejército apuntó a los responsables de la compañía donde revistaba Carrasco. La Justicia también.

   Un año y medio después de que terminara un proceso controvertido y sospechado, recibieron condena el subteniente Ignacio Canevaro (15 años), el sargento Carlos Sánchez (tres años) y los soldados Cristian Suárez y Víctor Salazar (10 cada uno). Mientras que el sargento Jorge Peralta fue absuelto por el beneficio de la duda.

   Eso calmó en parte el clamor popular que exigía castigo a los culpables.

   De todas maneras, en las investigaciones que se siguieron por los encubrimientos del crimen se descubrieron innumerables pruebas que chocaban con las sentencias anteriores. Pero en vez de profundizar las pesquisas se dejó caer el caso en el olvido, hasta su prescripción.

Consecuencia: el fin del servicio militar

    Una semana después de la aparición del cadáver de Omar Carrasco, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación del servicio militar obligatorio, cosa que ocurrió el 31 de agosto de 1994 por un decreto del entonces presidente Carlos Menem. A partir de entonces se instaló el sistema de voluntariado rentado.