Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

Promoción de la salud en la Unidad Penitenciaria Nº 4 de Villa Floresta

Un grupo de internas culminó una capacitación que a lo largo de seis meses llevó a cabo la Universidad Nacional del Sur. Participaron un grupo de docentes y alumnos de los departamentos de Medicina y Enfermería.
Once mujeres de la Unidad Penitenciaria de Villa Floresta recibieron los diplomas del curso denominado “Promotoras de salud”.

Once mujeres de la Unidad Penitenciaria N° 4 de Villa Floresta recibieron los certificados correspondientes luego de finalizar el curso de “Promotoras de salud”, organizado por el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, en conjunto con la Secretaría General de Cultura y Extensión de esa casa, Región Sanitaria I y la propia Unidad Penal.

Las clases se extendieron de mayo a noviembre del corriente, con una duración de 40 horas. Este año se realizaron con internas, aunque en ediciones anteriores -se llevan a cabo desde 2012- participaron varones. Fueron once alumnas de un total de 23 que hay actualmente en el penal. Incluyeron temas como manipulación de alimentos, reanimación cardiopulmonar, prevención de enfermedades, proceso salud, enfermedad, atención, cuidado (PSEAC), primeros auxilios, salud sexual y procreación responsable, enfermedades de transmisión sexual, salud mental y discapacidad, entre otros.

Los capacitadores realizaron su tarea en el marco de uno de los Proyectos de Extensión Universitaria que se llevan a cabo en la UNS. Son docentes y alumnos de las carreras de Medicina y de Enfermería. La coordinación estuvo a cargo de la médica María Verónica Grunfeld. Los docentes y estudiantes que participaron de las actividades fueron los licenciados María Cecilia Arnaudo y Paul Majluf, y los estudiantes Iñaki Arró, Milagros Italiano, María Celeste Arena y Cristian Homar. También, Valentina D'Annuncio, María de los Milagros Troccoli, Daniel Farías y Tomás Norberto Fernández.

“El voluntariado es una oportunidad para el aprendizaje colectivo, un espacio donde el conocimiento alcanza a la comunidad para la construcción de un saber compartido, reflexivo y repensado en un contexto de características muy particulares”, explica Grunfeld.

“El estudiante voluntario desarrolla habilidades académicas, comunicativas, de trabajo en equipo e interpersonales compartiendo lo que sabe, y la persona privada de su libertad accede a otros conocimientos en salud. El curso es un encuentro saludable donde se dan vínculos e interacciones distintas de la vida diaria del penal. También puede estimular y canalizar vocaciones de las personas privadas de su libertad”, agrega.

Según destacan los fundamentos de esta iniciativa, “plantea una oportunidad enriquecedora para las personas privadas de su libertad: las mismas obtienen herramientas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad, convirtiéndose en actores proactivos, tanto en la cárcel como en el lugar donde viven, a la hora de re-insertarse socialmente”.

“La participación, el empoderamiento y trabajo intersectorial pueden ayudar a reorientar las políticas de salud y también de inclusión social del interno a la hora de quedar nuevamente en libertad”, destaca Grunfeld.

“Siempre decimos que vamos pensando en brindar algo, pero la verdad es que se trata una actividad donde nosotros también aprendemos mucho de espacios que a veces están invisibilizados, y de las vivencias de las personas que están ahí, que sirven para pensar algunas cosas que nos pasan como sociedad. Es muy enriquecedor como experiencia”, concluye.

Una persona privada de su libertad goza de los mismos derechos y garantías que hacen a la dignidad de las personas, que aquella que no lo está, independiente de las acciones que le provocaron esa privación.

La dignidad se encuentra garantizada por la Constitución Nacional, y por los Pactos y Convenciones de Derechos Humanos Internacionales (de rango constitucional), por lo que el Estado se ve obligado, en situación de garante, a promover los derechos de las personas en encierro, como el derecho a la vida, a la integridad física, a la dignidad, al acceso a la salud y a la educación.