Es ley el boleto gratuito para los estudiantes
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La Cámara de Diputados bonaerense convirtió ayer en ley el proyecto que crea el boleto educativo gratuito para estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto del sector estatal como privado.
La creación del Boleto Especial Educativo había sido aprobada el 10 de septiembre del año pasado por Diputados, pero como el 4 de junio último el Senado le impuso modificaciones tuvo que volver a la cámara de origen, donde fue finalmente convertida en ley.
La reforma aplicada al texto original por el Senado eliminó del beneficio a los docentes y no docentes de instituciones educativas públicas de gestión estatal y privada con aportes del Estado, de todos los niveles.
El Boleto Especial Educativo comprenderá servicios de transporte ferroviario, colectivos urbanos, suburbanos e interurbanos, como así también medios fluviales para aquellos alumnos de la zona del Delta.
Según el texto del proyecto, "podrá ser utilizado los días hábiles del año escolar" y la cantidad de viajes, que será determinada en la reglamentación, no podrá ser superior a 50 mensuales para los alumnos primarios y secundarios.
Para el caso de los terciarios y universitarios el total no será mayor a 45 por mes, mientras que los estudiantes de las universidades contarán con un máximo de hasta 4 viajes gratuitos por año en transporte de larga distancia.
El boleto educativo alcanzará también a residentes o practicantes, como así también a los alumnos que deban desarrollar una actividad curricular fuera del establecimiento educativo.
La norma estipula que el Ejecutivo deberá “destinar los fondos necesarios para garantizar la implementación de este beneficio”.
La erogación tendrá que ser incluida en el próximo proyecto de presupuesto, por lo que el Boleto Estudiantil recién comenzaría a funcionar a partir de 2016.
A su vez, contempla que las empresas de transporte deberán cubrir el seguro del usuario de este boleto, de igual forma que con el resto de los pasajeros, y se pedirá al organismo de aplicación para tomar los recaudos necesarios para evitar que el beneficio establecido no vaya en desmedro del servicio que se brinda al resto de los beneficiarios del transporte público.