La ciudad.

Encrucijada que mata

El sistema carcelario suma presos, dramas y no avizora una salida

13/11/2017 | 07:00 | Las políticas criminales no encuentran el rumbo y las cárceles están al borde del colapso. Hace tiempo que "sobran" presos, la resocialización casi no existe y el costo son vidas inocentes.

Juan Pablo Gorbal / jgorbal@lanueva.com

   Pasará Abril Bogado y se moderarán los ánimos... hasta la próxima víctima. Sucedió con Micaela, la de Gualeguay, y con “nuestra” Micaela. O con Soledad Bargna, hace muchos años, en el barrio porteño de Caballito.

   Delincuentes que salen de prisión de manera anticipada -amparados por ciertos beneficios legales- y vuelven a delinquir con mayor ferocidad. La cárcel sí los cambió. Para mal.

   Como hoy, con cada caso que se cobra de manera absurda una vida -y más cuando es joven, como la de la menor platense-, la indignación arrasa a la sociedad.

   Surgen reacciones espasmódicas, marchas de silencio que solo sirven para visibilizar y canalizar el dolor y la necesidad de encontrar culpables. Alguien. Siempre se busca un nombre y apellido. Al menos hasta que pase la bronca. Hasta que llegue la próxima víctima.

   Esta vez es el turno del juez José Nicolás Villafañe, “apuntado” por otorgarle la libertad condicional a José Edgardo “Pepito” Echegaray, el ejecutor del disparo que terminó con la vida de la niña de 12 años en Ringuelet.

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   Muchos consideran al juez casi cómplice y merecedor de un jury de enjuiciamiento, por desoír algunos informes del Servicio Penitenciario Bonaerense -negativos para la reinserción de Echegaray- pese a no ser vinculantes de su decisión final y de contar con el respaldo de otros tres jueces de la Cámara de Apelaciones, un tribunal superior.

   Otros, que el legislador no fijó límites claros en la ley y habilitó una amplia calle entre las posturas más restrictivas y aquellas que se consideran “zaffaronianas”.

   En el medio de tantos dedos acusadores, se observa en el horizonte el gran problema de fondo: un sistema perverso, que desde hace muchos años se retroalimenta y suma víctimas, internas y externas.

   El servicio penitenciario -en particular el bonaerense- y todo su andamiaje conexo entre los poderes Ejecutivo y Judicial están cada vez más imposibilitados de generar un efecto resocializador en quien delinque. Por el contrario.

El “superávit” pasó de 1.000 a más de 3.400

   El número de presos no para de crecer en la provincia de Buenos Aires. En 1997 eran 11.500; en 2007, 23.300 y hoy, 42.000.

   Y la capacidad está desbordada. Hay plazas solo para casi 28.000, aunque entre ellas se cuentan cárceles como las de Villa Floresta o Sierra Chica, con más de 100 años de antigüedad, o la de Olmos, cuya demolición ya fue aconsejada hasta por la Organización Mundial de la Salud.

   En una reciente reunión con jueces y camaristas bonaerenses, el ministro de Justicia Gustavo Ferrari reveló un dato inquietante: el “superávit” de presos, que era de 1.000 por año -de por sí muy alto- pasó a más de 3.400 en 2017. Quiere decir que entraron en el sistema 3.400 personas más de las que salieron.

   La promesa de nuevas cárceles para descomprimir el colapso todavía está en veremos. Y posiblemente seguirá en veremos. No hay fondos para afrontar semejante erogación. Y además fue prioridad la depuración del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que aún hoy está intervenido.

   Desde el gobierno aseguran que levantar una estructura de máxima seguridad, con unas 1.200 plazas, tiene un costo sideral: hablan de más de 2 mil millones de pesos. Para comparar, sería el doble del presupuesto anual destinado al SPB.

   Recién a principios de 2018 el gobierno de Vidal tendría previsto avanzar con un proyecto público-privado para la construcción de 3 nuevos presidios y una ampliación global de 4.500 cupos, más allá de sumar en la actualidad nuevos espacios en los establecimientos de Campana y Lomas de Zamora.

   La última prisión que se levantó desde los cimientos es la de General Alvear, hace más de 17 años, cuando la cantidad de personas privadas de la libertad era apenas superior a las 15 mil.

El récord que también alcanzó Bahía Blanca

   Si en toda la provincia de Buenos Aires la cantidad de presos es récord absoluto, en el Departamento Judicial Bahía Blanca, también: hay casi 1.500 entre las cárceles de Villa Floresta y Saavedra, aunque muchos de los de la UP Nº 19 corresponden a otras jurisdicciones.

   El crecimiento es exponencial. Y preocupante, porque no guarda relación con la ampliación de las plazas ni de mejoras estructurales.

   Año a año, desde 2012 a 2016, el aumento de detenidos en nuestro distrito oscilaba, en promedio, entre el 10% y el 15%. Este año trepó al 50%, ya que a fines del año pasado los detenidos eran 964.

   La estadística de los últimos 5 años de la Procuración, siempre en el caso de Bahía, marca un alza en la cantidad de presos con condena firme (47% a 54%), mientras que ronda el 20% el número de quienes ya tienen al menos una pena en primera instancia (condena no firme). Quiere decir que solo entre 2 y 3 internos de cada 10 en esta jurisdicción están con prisión preventiva, cuando en el resto de la provincia esa media roza el 50%. Se cree que esta situación, en gran medida, se debe a la transformación de los juzgados y al mayor caudal de debates y alternativas del proceso, como el juicio abreviado.

   Aunque imperceptible, también existe un incremento progresivo de las prisiones domiciliarias, que en los últimos años pasaron de 7% al 7,5% en el caso de nuestra jurisdicción (a fines de 2016 había 964 presos y 73 con arresto domiciliario). Está por encima de la media provincial (5%). 

   La mayor reincidencia entre quienes están condenados en este departamento se da con los asaltos (32%), seguidos por la tenencia de armas (22%). Apenas el 11% de los homicidas recayó, aunque hay que tener en cuenta que este tipo de delitos prevé condenas más largas.

   Después de la intención de instalar, hace un año, una alcaidía en el predio del Hospital Penna (en los pabellones del ex Policlínico) -frustrada porque La Nueva. reveló que iba a ser en cercanías de establecimientos educativos, clubes y otras entidades sociales- el proyecto quedó virtualmente cajoneado, pese a que desde el gobierno provincial se había ordenado, en un principio, buscar un terreno alternativo.  

   Esa medida serviría para paliar la fuerte sobrepoblación penitenciaria, teniendo en cuenta que las detenciones en comisarías se redujeron, pese a que no se descarta una marcha atrás en este sentido a partir de la saturación del SPB.

“Nos sentimos como jamón del sandwich”

   Sumar espacios carcelarios no significa avanzar hacia una política criminal netamente punitiva -está más que claro que aumentar la cantidad de detenidos no se traduce en una baja de la criminalidad-, sino de cubrir una emergencia real y acuciante.

   “Para algunos, estamos en presencia de un 'polvorín', especialmente en el conurbano. Quienes piden a gritos 'más reja' posiblemente desconozcan esta realidad”, sostiene un juez bahiense.

   De hecho, reconoce que, pese al caso Abril y otros que dispararon la polémica, existe hoy una “política de endurecimiento” en cuanto a las salidas anticipadas. “Los jueces están largando a muy pocos; estos casos son excepcionales”, agrega.

   Otro magistrado de dilatada experiencia asegura: “Nos sentimos jamón del sandwich”.

   Es que el Ministerio de Justicia bonaerense puso en marcha en septiembre un sistema que permite monitorear en tiempo real a presos con libertades anticipadas (se sabe dónde están pero no qué están haciendo) y está adquiriendo cada vez más tobilleras electrónicas, también de primer nivel. Este año fueron 600 y para el año próximo se prevén 2.500. El fin es evidente: tratar de descomprimir las prisiones antes de que el sistema explote.

   “El poder político está propiciando una salida a una situación de caos, pero con un mensaje dual, confuso y peligroso: Por un lado, 'liberen porque las cárceles no dan más' y, por el otro, 'ojo a quiénes dejan libres'”, amplía el mismo funcionario judicial.

   No solo alude al terrible caso de la chica de La Plata, sino a otros, como el de un hombre que, la semana pasada en Berazategui, debía estar bajo arresto domiciliario, porque tenía una pulsera electrónica colocada, y mató a un ciclista cuando circulaba en una moto.

¿La puerta, al final, gira o no gira?

   Durante la reunión con Ferrari -que se dio el 26 de octubre, apenas 10 días antes del crimen de Abril-, algunos magistrados cuestionaron que, en medio de ese doble mensaje, desde algunos sectores dependientes del Ejecutivo (en alusión al Ministerio de Seguridad) insisten con las críticas a la Justicia por la supuesta “puerta giratoria”, mientras que, por otro lado, les piden a gritos descomprimir las cárceles.

   Lo dijo públicamente, hace algunas horas, el presidente de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, Pablo Poggetto: "nos pusieron en conocimiento del diagnóstico del Servicio Penitenciario Bonaerense, con capacidad para 28 mil detenidos y que hoy tiene 42 mil. Nos dicen 'señores, estamos colapsados, den más morigeraciones, más arrestos domiciliarios', pero una vez que pasa un hecho desgraciado, como el de La Plata, el poder político se pone de la vereda del reclamo y ajusticia al Poder Judicial".

   En el encuentro también le plantearon al ministro -de quien destacaron su espíritu dialoguista- la existencia de un problema legal para tratar de aliviar la carga penitenciaria, ya que la ley 13.943 modificó el Código Procesal Penal bonaerense y dejó casi al punto de la “excepcionalidad” el otorgamiento de la prisión domiciliaria en caso de procesados, con lo cual sería necesaria una reforma legislativa que nadie afrontaría hoy, teniendo en cuenta el humor social y el costo político que podría acarrear.

   Por último, le preguntaron quién va a defender a los jueces en caso de embestidas como las que hoy afronta Villafañe, teniendo en cuenta que la resocialización de los presos y la judicialización de la pena forman parte de leyes que instrumentó el Poder Legislativo y promulgó el Ejecutivo.

   “El problema de fondo es saber qué está produciendo la cárcel o por qué tenemos una sociedad que genera tantos presos”, opina otro magistrado, para quien es muy difícil resocializar en un país que tiene el 30% de pobres y con un sistema penitenciario limitado en muchos aspectos porque, por ejemplo, existen detenidos que no pueden acceder a un psicólogo o no pueden trabajar o estudiar por falta de cupo”.

Los informes criminológicos, en potencial

   En el eje de cada una de las polémicas liberaciones de detenidos que luego vuelven a delinquir, los informes del Departamento Técnico Criminológico del Servicio Penitenciario Bonaerense, según reconocen algunas fuentes judiciales, cambiaron cierta modalidad de redacción: dejaron de lado la certeza absoluta para emplear el término potencial.

   En vez de afirmar que "es viable" que determinada persona acceda a una libertad anticipada, dicen "podría ser viable". Esto, agregaron los voceros, cambió en los últimos meses y creen que tiene que ver con una manera de eludir cierta responsabilidad en el dictamen, en medio del creciente descontento social por la situación.

   Si bien es cierto que son evaluaciones de carácter no vinculante -queda siempre a criterio del juez si acepta o no dichas conclusiones, con la posibilidad de analizar otros elementos-, algunos magistrados piden pericias complementarias, que muchas veces implican una demora en las resoluciones.

   De todas maneras, los informes criminológicos carcelarios recuperaron cierto prestigio después de estar muchos años en el ojo de la tormenta, porque en otros tiempos se decía que algunos reclusos eran "beneficiados" sin merecerlo con el dictamen ya que, a modo de contraprestación, colaboraban con los guardiacárceles en el control de determinados pabellones en los cuales ellos tenían ascendencia.

Es tiempo de discutir y definir el rumbo

   En medio de tantas marchas y contramarchas, parches legales que surgen con cada impacto noticioso, sobrepoblación carcelaria, incremento de la violencia delictiva y, lo que es más importante, vidas inocentes en el camino, es tiempo de generar un debate profundo y sincero para definir el rumbo de la política criminal, no solo ya en el corto plazo, sino también a mediano y largo.

   Será necesario dejar de lado las acusaciones cruzadas y que los tres poderes definan, de manera responsable y organizada, estrategias claras para ponerle freno a una problemática que viene creciendo, con matices, aunque de manera ininterrumpida, en los últimos 20 años.

   Es importante que se sienten a la mesa de debate no solo referentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, legisladores y operadores judiciales, sino también expertos civiles en la materia y representantes del Patronato de Liberados y del Ministerio de Desarrollo Social, a fin de establecer políticas públicas tendientes a una reinserción más efectiva. De lo contrario, habrá que esperar hasta la próxima víctima para volver a poner el tema en el tapete. Y así sucesivamente.

Los beneficios excarcelatorios se limitaron en agosto

   La ley 27.375, que entró en vigencia durante los primeros días de agosto pasado -y modificó el Código Penal y la 24.660, ley marco de Ejecución Penal-, impide los beneficios excarcelatorios a todos aquellos condenados por delitos graves.

   Quiere decir que el autor del homicidio de Abril Bogado, en caso de ser condenado, tendrá que cumplir toda la pena entre las rejas, sin acceso a la libertad condicional.

   La normativa, aprobada por el Congreso de la Nación, modificó el artículo 14 del Código Penal, que también impide el beneficio para aquellos reincidentes.

   Los delitos alcanzados por la restricción -aún para aquellos delincuentes que los cometan sin tener antecedentes- son: homicidios calificados, homicidio en ocasión de robo, secuestro extorsivo seguido de muerte, privación de la libertad seguida de muerte, tortura seguida de muerte, robo con armas o en despoblado y en banda, delitos contra la integridad sexual, trata de personas, financiamiento del terrorismo, comercialización de estupefacientes y contrabando organizado.

   Después del caso de La Plata, el senador de Cambiemos, Juan Pablo Allan, por pedido de la gobernadora Vidal, presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para limitar las excarcelaciones, aunque la ley nacional votada a mitad de año ya otorga esa herramienta porque reformó el Código Penal, que rige para todo el país.

   “Sin dudas, la tragedia de Abril Bogado ha puesto sobre la mesa la necesidad de terminar con los márgenes de discrecionalidad de los magistrados, que toman decisiones sin reparar en las víctimas ni en la sociedad en general, que se ve afectada cuando liberan a alguien que no demostró superar su peligrosidad”, explica el senador.

   “Más allá del grado de ideología de cada magistrado, queremos que las condenas graves se cumplan en su totalidad en prisión, y con esta modificación a la ley estamos dando una herramienta concreta a la justicia para que así ocurra", agrega.

   La normativa también estipula que la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión en los casos que el condenado solicite algún beneficio.