Bahía Blanca | Jueves, 25 de abril

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“En el allanamiento encontramos muchas sentencias apócrifas”

El fiscal Rubén Álvarez, de la UFIJ Nº 18, brindó detalles del operativo realizado en el estudio jurídico de la abogada Karina Smiraglia, quien está sospechada de “inventar” resoluciones del juez Civil y Comercial Nº 5.

El titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 18, de delitos económicos y personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) allanaron el viernes el estudio jurídico de la abogada Karina Smiraglia, quien se encuentra sospechada de falsificar sentencias que el juez Civil y Comercial Nº 5 Federico Bostal nunca redactó, maniobra con la que habría estafado a más de media docena de personas.

El procedimiento, que se extendió por espacio de tres horas, se concretó en la planta alta del inmueble de Brown al 500, con una orden expedida por el Juzgado de Garantías 4, de la doctora Marisa Promé.

Los efectivos contaron con la colaboración de integrantes de la fiscalía interviniente y de un directivo del Colegio de Abogados.

“Logramos hallar documentos y materiales que tendrán validez para la causa. El dato a tener en cuenta es que, a la media hora de iniciada la tarea, la acusada se presentó en su estudio, por lo que fue requisada y se le secuestró su teléfono celular, su computadora personal y otros elementos digitales”, explicó el fiscal Rubén Álvarez.

Agregó que “la sospechosa se vio sorprendida por lo que estaba ocurriendo, aunque no dijo nada porque no está autorizada a hablar. Eso sí, firmó el acta y se fue antes de tiempo. La conclusión que nosotros sacamos es que logramos obtener pruebas de mucho interés”.

Y mencionó que “en el allanamiento encontramos muchas sentencias apócrifas, hay documentos originales y sentencias firmadas. Ahora tenemos que analizar y clasificar las pericias de los elementos secuestrados”.

“Con este hecho, si se comprueba, se ve perjudicado el sistema judicial, más allá del juez en cuestión. Además los delitos que podría haber cometido esta letrada (falsificación de documentos públicos y estafa) son detenibles; la pena es de seis años como máximo”, detalló el funcionario judicial.

“En las últimas horas se sumaron otros casos, por lo que ya le confirmamos a los damnificados que el lunes se podrán presentar en nuestra fiscalía”, acotó.

Como consecuencia del grave episodio, el doctor Bostal redactó una denuncia penal que elevó al Fiscal General Juan Pablo Fernández y también envió una copia al Colegio de Abogados de nuestra ciudad.

Los voceros judiciales indicaron también que la acusada se “veía poco” en los tribunales, “debe tener como veinte años en la profesión”.

Como se publicó en ediciones anteriores, el juez Bostal había manifestado que “eran variadas las fechas de las sentencias, siendo una de dos meses atrás, mientras que otra era del año pasado. Por otra parte, repetía el número de expediente; es decir que las hacía iguales dentro de un modelo”.