Conflicto de competenciaen una causa por drogas

Redacción de La Nueva.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación sería la última instancia para definir una cuestión de competencia planteada entre los fueros federal y provincial de Bahía Blanca, en el marco de la causa que se le sigue a Martín Alejandro Garcés (35) y a una docena de personas más, imputadas del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

El fiscal general federal, doctor Alejandro Cantaro, advirtió ayer sobre las consecuencias que se producirían si el juez federal Nº 1, doctor Santiago Ulpiano Martínez, y la jueza de Garantías Nº 3, doctora Susana Graciela Calcinelli, persisten en la falta de acuerdo respecto de quién tiene competencia en el caso.

“No sé por qué el juez Martínez se declaró incompetente, pero esto va a generar un problema. Hace un mes que los imputados están presos y no saben si los va a juzgar la justicia federal o la provincial”, expresó Cantaro a un cronista de este diario.

“El juez Martínez le devolvió la causa a la jueza de Garantías Nº 3, Susana Calcinelli --reveló--. Si ella llega a mantener su opinión, el conflicto entre un juez de Provincia y un juez federal, tiene que ser elevado a la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva”.

En tanto esta situación se soluciona, es el fuero ordinario el que debe continuar la instrucción de la causa.

“Como la doctora Calcinelli es la que previno, tiene que seguir la investigación ella. Hoy, la jueza de Garcés y la banda es Susana Calcinelli, aún cuando ella entienda que su criterio de incompetencia es válido y eleve la causa a la Corte de la Nación, para que resuelva quién tiene razón”, sostuvo.

Al parecer, de acuerdo con lo señalado por el fiscal federal, el doctor Martínez se declaró incompetente para entender en la causa, debido a que consideró que la organización que presuntamente dirigía Garcés desde la cárcel de Villa Floresta –-donde purga una extensa condena por tentativa de homicidio, entre otros delitos--, vendía drogas “al menudeo”.

“La ley 26.052 desfederalizó parcialmente los delitos de estupefacientes y determinó que algunos de ellos, que tienen que ver con tenencia de droga para su comercialización al menudeo, son de competencia provincial”, explicó Cantaro.

Sin embargo, el fiscal general dejó entrever su desacuerdo con la decisión del magistrado federal.

“El juez Martínez entiende que, independientemente de la cantidad de vendedores (de drogas) que pudieran existir, no deja de ser comercialización al menudeo. A mi juicio, la resolución se contradice con lo que él mismo ha resuelto en otras causas, como la de (Juan Ignacio) Suris”, afirmó.

“La verdad es que me impactó la resolución de Martínez –-agregó--, porque pensé que a Garcés lo íbamos a juzgar nosotros (en referencia a la justicia federal)”.

Otro caso

En tanto, al aludir a otro caso de drogas reciente, el doctor Cantaro señaló que se negaron a declarar ante el doctor Santiago Martínez, los cinco detenidos durante allanamientos realizados el jueves de la semana pasada en inmuebles de Bahía Blanca y de Mar del Plata, en una causa por comercialización de estupefacientes cuyo principal involucrado sería el marplatense Mauricio Larriaga, actualmente preso en Viedma (ver aparte).

Marcelo Coronado, Enrique Silva, Fernando Sandoval y Valeria Sanhueza, no accedieron a responder al interrogatorio judicial, respecto de los cargos que pesan sobre ellos, luego de que en los procedimientos en los barrios Pampa Central y Maldonado, se incautaran veinte kilogramos de marihuana.

Un día después del operativo, Sanhueza recuperó la libertad por falta de mérito, al considerar la justicia que no tendría relación con las maniobras investigadas.

En Mar del Plata, mientras tanto, fue detenida Mariana Loustaunau, a quien también se sindica como supuesta integrante del grupo.