Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Dos condenados por estafas mediante la venta de terrenos

Rubén Carlos Ortega y Juan Domingo Müller recibieron una pena en suspenso, multa y 400 horas de tareas comunitarias. La maniobra se produjo en 2008 y les imputaron 18 hechos.
El juez Ares sentenció a los acusados por estafas reiteradas.

En 2008 al menos 18 personas creyeron estar más cerca del sueño de poder adquirir un terreno en nuestra ciudad.

Para ello entregaron dinero, cheques, vehículos y se comprometieron a saldar el valor en cuotas, aunque poco después descubrieron que los responsables de la supuesta inmobiliaria que los comercializaba no tenían derechos ni eran propietarios de esas tierras.

En trámite de juicio abreviado, el juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, condenó a Rubén Carlos Ortega (56) y Juan Domingo Müller (69) por estafas reiteradas.

Ambos fueron sentenciados a tres años de prisión en suspenso, una multa de 5 mil pesos, reglas de conducta por cuatro años y la imposición de 400 horas de tareas comunitarias en favor del Estado o entidades de bien público.

Previamente el fiscal Gustavo Zorzano y el abogado defensor Leonardo Gómez Talamoni, con la aceptación de los acusados, acordaron la calificación legal de los hechos y la sanción.

Por el caso una persona se encuentra prófuga, otra accedió al beneficio de suspensión de juicio a prueba y una última no pudo ser encontrada para someterla a proceso.

Ares consideró acreditado que entre mayo y noviembre de 2008, los imputados y otros tres individuos, simulando actuar como empleados, representantes o apoderados de la firma Master Wirvley defraudaron a las víctimas por un monto aproximado de 221.784 pesos, mediante la suscripción de contratos de compraventa de derechos y acciones sobre terrenos ubicados en nuestra ciudad.

Se determinó que, "mediante afirmaciones falsas, persuadieron a los adquirentes que los lotes que vendían pertenecían a la empresa -supuestamente dedicada a la realización de negocios inmobiliarios y de movimientos de suelos- y que suscribían los contratos actuando en representación de la firma o por ser los dueños de los terrenos".

Para ello montaron una oficina en Washington al 300, iniciaron trámites para la constitución de la empresa y abrieron una cuenta bancaria a nombre de la misma.

Además de publicar avisos clasificados, se hicieron de documentación relativa a los inmuebles, “que luego exhibieron y entregaron a las víctimas como prueba de sus supuestos derechos sobre los lotes”.

El fallo agrega que “hacían suscribir a los damnificados instrumentos que decían ser boletos de compraventa, siendo que del contenido de los mismos se desprendía que en verdad se trataba de una cesión de derechos y acciones sobre los terrenos e hicieron certificar las firmas de los contratos por ante escribanos públicos, a fin de darles la apariencia de seriedad e intervención notarial, a sabiendas que el contenido del instrumento resultaba ajeno a dicha gestión profesional”.