A diez años de la llegada del primero, cada vez menos buques metaneros vienen al Puerto de Bahía Blanca

Redacción de La Nueva.

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La crisis energética que atravesaba la Argentina de 2008 hizo que el Gobierno nacional decidiera importar gas, en estado líquido, a través del puerto de Bahía Blanca para luego ser inyectado a la red nacional para su distribución. Hoy, diez años después y luego de un pico de importaciones alcanzado en 2013, la merma de las mismas es notoria y responde a diversos motivos.

La medida , que en su momento generó polémica por cuestiones económicas y políticas, también repercutió en las cuestiones ambientales, marcadas por reclamos vecinales y de diversas instituciones que, si bien encontraron un freno en la Justicia, nunca desaparecieron por el riesgo que operaciones tan sensibles como las realizadas en el muelle local de la compañía Mega conllevan.

Si bien luego se le sumó el de Escobar, el puerto bahiense fue el primero en recibir a los enormes buques llamados metaneros, cargados con gas natural licuado (GNL) que luego de ser regasificado en otro buque de igual tamaño pero diferentes características ingresa a la red nacional para contribuir en el abastecimiento de gas a hogares e industrias.

Fue entre el 17 y el 19 de junio de 2008 que el primer metanero, el Excelerate de bandera belga, trasvasó 58.671 toneladas al regasificador Excelsior -–también belga-- y se transformó en el primero de los más de 300 que llegaron al muelle de Cangrejales en estos diez años.

Cada año vienen menos

La crisis energética que se presentaba cada invierno en nuestro país llevó al Gobierno nacional a importar gas, paradójicamente en tiempos en que la Argentina, por compromisos contraídos, exportaba gas a Chile por vía terrestre. La cantidad de barcos y por ende de gas natural licuado importado creció prácticamente cada uno de los primeros años y alcanzó su pico máximo en 2013, con 45 buques, cuadruplicando en cuatro años los 11 del 2009, primer año completo de recepción del combustible.

Luego de un trienio parejo (2013-2015), con un promedio anual de 43 buques, con el cambio de Gobierno el presidente Mauricio Macri decidió que, “dado que las importaciones extra-zona son caras y tienen inconvenientes”, las importaciones que llegaban a través de metaneros de mercados de ultramar comenzarían a sustituirse de manera progresiva.

La medida se reflejó en números oficiales recogidos por el Consorcio de Gestión del Puerto, con una disminución del 38 % para los siguientes dos años (2016-2017), mientras que 2018 sigue por la misma senda, con apenas 6 buques en lo que va del año.

En cuanto a la procedencia de la carga durante estos diez años, el primer puesto de la extensa lista le corresponde a Trinidad y Tobago, que con 138 barcos representó el 46 %, seguido por los 40 buques provenientes de Nigeria y los 24 de Catar que completan el podio. El listado se completó –-de mayor a menor-- con España, Estados Unidos, Bélgica, Noruega, Egipto, Sudáfrica, Mauricio, Argelia, Portugal, Emiratos Árabes y Guinea Ecuatorial, entre otros.

El peligro y las quejas

Como cada proyecto de gran envergadura, la instalación de un buque regasificador de casi 300 metros de eslora a metros del Polo Petroquímico, con la riesgosa operatoria de trasvase de buque a buque que implica, provocó quejas, preocupaciones y hasta la intervención de la Justicia.

Los primeros meses de 2008 el asunto despertó el malestar de muchos vecinos de Ingeniero White, históricamente perjudicados medioambientalmente por su cercanía al Polo Petroquímico, así como de otras entidades ambientalistas, quienes llevaron la causa a la esfera de tribunales.

Luego de escuchar a ambas partes y evaluar los estudios de riesgo e impacto realizados siguiendo las normas internacionales, la Justicia consideró que el regasificador “representaba riesgos ínfimos o nulos, en circunstancias normales”, y que era “ tan de interés público preservar la salud de la población y la integridad del medioambiente como asegurar calor y energía eléctrica en el crudo invierno".

El principal temor de especialistas de la materia pertenecientes tanto al sector público como al privado siempre radicó en dos cuestiones: la cercanía del regasificador a la población y el hecho de que el trasvase se realice de barco a barco y no de barco a tierra, impedimento este último para conseguir los mejores precios del metano dado que muchas de las principales empresas del mundo solo proveen a quienes regasifiquen en tierra.

Mientras que la distancia mínima aconsejada entre el lugar de la operatoria y la población más cercana es de 10 kilómetros -–no es extraño ver en otros países que la misma se realice directamente en altamar--, en nuestro caso por ejemplo la planta de Profertil se encuentra a 400 metros; la de Unipar Indupa a 1.000; la de Dow a 1.500 y la refinería de Loma Paraguaya a 4.700 metros, mientras que entre las poblaciones más cercanas se destacan Ingeniero White (1.700 metros), el barrio 26 de Septiembre (2.000 metros) y Villa Rosas (4.200).

También, como punto de referencia, hay que destacar que la plaza Rivadavia está a 8 kilómetros de distancia, el barrio Palihue a 9,9, el parque de Mayo a 10 y el hospital Penna a 8 kilómetros, ninguno de los mencionados fuera de la zona de peligro.

Sin embargo, está a la vista que los encargados de tomar la decisión final, siempre consideraron que las medidas de seguridad tomadas ante cada ingreso y egreso de buques por el estuario local y ante cada conexión metanero-regasificador, son las suficientes.

Se duplica la necesidad de subsidios por la suba del dólar y del petróleo crudo

Motivado por la devaluación de la moneda local y el aumento del petróleo crudo en el mundo, la empresa estatal Integración Energética Argentina (Ieasa, ex Enarsa) estima que requerirá en todo 2018 transferencias corrientes por unos $29.000 millones, casi el doble de los $14.900 millones que el Tesoro Nacional le envió el año pasado. Según consignó el sitio www.cronista.com, esto generará a corto plazo un conflicto en el Gobierno, debido al fuerte ajuste en las cuentas públicas que deberá realizar en los próximos tres años para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con los números proporcionados por el presidente de la compañía, Hugo Balboa, Ieasa tiene 520 empleados, con un costo operativo cercano a los $450 millones anuales, que se va mayormente en salarios. Pero los subsidios que recibe por las compras de gas natural licuado (GNL) que hasta el mes que viene acumularán unos USD 710 millones, la operación de centrales termoeléctricas y del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) llevará al Estado a una difícil decisión. "Si había que aumentar las tarifas con el dólar a $20, ahora que está a $26 la situación es mucho peor", analizó Balboa.

Fuentes privadas del sector estiman que la devaluación del peso repercutirá en aumentos de entre un 20 % y un 40 % en el gas y la electricidad en los próximos meses, solo por el costo mayorista de la producción de gas y la generación eléctrica, sin contar el traslado de la inflación semestral en el segmento de la distribución. De otro modo, el Gobierno deberá desembolsar más dinero para subsidios, algo que luce imposible ante la delicada situación fiscal.

Por otro lado, Balboa estimó que este año importarán unos 58 cargamentos de GNL. Hasta ahora se comunicó la entrada de 40 buques a los puertos de Escobar y Bahía Blanca entre abril y julio; ya se compraron 10 más y se licitarán otros ocho. Por último, Balboa informó que este año se importarían unos 93 millones de metros cúbicos de gas de Chile, que lo compra a través del Océano Pacífico y lo regasifica. Eso debería acabarse en los próximos años, cuando el país pueda abastecerse con la producción de Vaca Muerta.