Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Micaela, otra vez

   Micaela volvió a morir. Esta vez no fue Micaela Ortega, de doce años, sino Micaela García, de veintiuno. Pero a ambas las mató un mismo asesino: jueces que liberan a delincuentes que deben estar presos.

   En el caso de Micaela Ortega, su matador, Jonathan Luna, había recibido el beneficio de las salidas transitorias por parte de un juez de Ejecución Penal de Roca, Juan Pablo Chirinos. Luna se fugó apenas puso un pie en la calle y, al tiempo, se llevó la vida de la pequeña bahiense.

   En el caso de Micaela García, el asesino obtuvo su libertad por decisión también de un juez de Ejecución Penal que abrió las puertas de la cárcel para el violador reincidente y del infierno para la chica de Gualeguay. Ayer, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el propio presidente Macri pidieron la renuncia o la remoción de este lamentable juez, de nombre Carlos Rossi. Lo cierto es que, comparado con el daño que provocó la mortal decisión del magistrado, su simple alejamiento de la Justicia suena a indignantemente poco.