Bahía Blanca | Martes, 19 de marzo

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Cataluña, bajo presión

Escriben Daniel Bosque y Alvaro Villalobos

El gobierno español advirtió este viernes que la crisis catalana puede dañar el crecimiento económico en 2018, aumentando así la presión sobre el presidente regional Carles Puigdemont, al que la facción más dura del separatismo está metiendo prisa para que la independencia entre en vigor.

“Vamos a tener una tasa de crecimiento inferior, que estamos acabando de estimar durante este fin de semana, inferior a la que habíamos proyectado inicialmente” para el 2018, que era del 2,6%, afirmó el ministro de Economía, Luis de Guindos, en Washington, aunque sin especificar en cuánto podría recortarse.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró por igual su preocupación.

“Si se prolonga la incertidumbre, eso podría tener un peso sobre el crecimiento, y obviamente queremos evitarlo”, dijo el director del FMI para Europa, Poul Thomsen. La víspera, la agencia calificadora Standard and Poors había advertido ya del riesgo de “recesión” en Cataluña.

En un discurso el martes ante el Parlamento regional, el presidente Carles Puigdemont dejó en suspenso la declaración de independencia de Cataluña, para propiciar una mediación internacional en su pulso con Madrid.

Su maniobra ha chocado con la posición del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que se opone de plano a cualquier tipo de mediación, y que el miércoles envió un requerimiento al dirigente catalán para que clarifique si declaró o no la secesión.

Puigdemont tiene hasta el lunes para contestar. Si no lo hace o asegura haber proclamado la República, deberá rectificar antes del jueves 19 de octubre, o de lo contrario el ejecutivo central aplicará el artículo 155 de la Constitución, que permite arrebatar competencias al gobierno regional e incluso suspenderlo.

Desde el ultimátum, Puigdemont se encuentra entre dos fuegos: el de los empresarios, que prevén una “catástrofe” económica en caso de secesión, y el del ala dura del independentismo.

El partido de extrema izquierda CUP, aliado clave del gobierno separatista catalán, le instó este viernes a levantar la suspensión de la declaración de independencia de Cataluña, ante la amenaza de Madrid de arrebatarle competencias.

“Sólo a través de la proclamación de la República seremos capaces de respetar lo que la mayoría expresó en las urnas” en el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, señaló este partido en una carta al presidente regional.

Según el Poder Ejecutivo regional, en la consulta del 1 de octubre un 90 por ciento de los votantes apostaron por el sí a la independencia, y aunque solo participó un 43 por ciento del censo, el presidente se comprometió a aplicar el resultado.

En los últimos días, y ante la incertidumbre reinante, numerosas empresas de relumbrón sacaron su sede social de Cataluña, como los bancos CaixaBank y Sabadell, Gas Natural, la gestora de autopistas Abertis o la editorial Planeta.

Según el Colegio de Registradores de España, 540 empresas han solicitado marcharse de Cataluña desde el 2 de octubre y hasta el pasado 11, último día de datos disponibles.

La última voz de alarma vino del Mobile World Congress, la gran cita mundial de la telefonía móvil que cada año se reúne en Barcelona.

Respondiendo a rumores de la prensa sobre una eventual postergación, los organizadores confirmaron que en 2018 la cita tendrá lugar en las fechas previstas, del 26 de febrero al 1 de marzo.

No obstante, matizaron en un comunicado que “siguen vigilando los acontecimientos en España y Cataluña, y evaluando todo impacto potencial” en Barcelona.

El impacto también se sentía igualmente en el turismo, en una región que acoge a uno de cada cuatro visitantes que van a España, tercer destino turístico mundial.

Los touroperadores están constatando una disponibilidad mucho mayor en los hoteles de Barcelona, casi repletos hasta el 1 de octubre, y en algunos establecimientos los precios de las habitaciones cayeron a la mitad en cuestión de una semana.

Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19 por ciento del Producto Bruto Interno español, está dividida casi a partes iguales sobre la independencia.

Aun así, una amplia mayoría de la población defiende celebrar un referéndum de autodeterminación pactado con el gobierno de Madrid.