Cataluña: Puigdemont no cede y el gobierno español prepara una intervención "quirúrgica"

Redacción de La Nueva.

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   El presidente catalán, Carles Puigdemont, afronta mañana el plazo final que le dio el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, para desistir de la independencia, pero aunque ambos reafirman su disposición al diálogo, sus puntos de partida son tan distintos que todo apunta a que no habrá marcha atrás en el plan secesionista y se desatará una inédita intervención en la comunidad autónoma de Cataluña.

   Puigdemont insiste en que su oferta de diálogo es sincera, aunque quiere hablar únicamente del derecho de autodeterminación de Cataluña que, argumenta, apoyan una mayoría de catalanes que a su juicio se expresaron de forma abrumadora a favor de independizarse de España en el referéndum del 1 de octubre, celebrado bajo prohibición de la Justicia española y represión policial ordenada por el Estado español.

   Para el gobierno de España, en cambio, el diálogo solo es posible en el marco de la Constitución española, que proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto y, por lo tanto, no reconoce el derecho de autodeterminación para ninguna de sus comunidades con aspiraciones nacionales.

   El marco constitucional, acordado en la transición posterior a la dictadura franquista, es el único escenario posible de diálogo para Rajoy, quien cree que fuera de la ley lo que hay es "imposición", en este caso de la minoría independentista que llevó adelante un referéndum ilegal, tal como dictaminó el martes el Tribunal Constitucional.

   Desde esa posición, el líder conservador desconoce el mandato que dice tener Puigdemont para negociar, cuando se refiere a los los 2,8 millones de catalanes, menos del 40 % del electorado, que votaron en la consulta del 1 de octubre.

   Del otro lado, los independentistas remarcan que el referéndum unilateral era el único camino para canalizar las aspiraciones del pueblo catalán ante la negativa del gobierno español a negociar una consulta pactada, posición que consideran "antidemocrática".

   Si Puigdemont no dice nada sobre la declaración de independencia y convoca elecciones, se entenderá que no hubo una declaración unilateral. Pero cualquier otro camino llevará a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, a través de medidas que deberán ser aprobadas por el Senado, y que, según el Ejecutivo central tienen como objetivo "restaurar el orden constitucional y estatutario".

   "Lo aplicaremos de manera inteligente, con un bisturí, con el objetivo de extraer el 'tumor', sin caer en la trampa de los independentistas, que afirman que se suspenderá el autogobierno", explicó la fuente del Ejecutivo español.

   El gobierno tiene sobre la mesa varias opciones, que en última instancia derivarán en una convocatoria de elecciones regionales, una competencia que es exclusiva del presidente catalán, quien no sería apartado de su cargo, pero tampoco tendría poderes.

   Una de las posibilidades es que se suspenda toda la autonomía y se nombre una autoridad gubernamental transitoria para dirigir toda la administración, en cuyo caso los ministerios españoles enviarían delegados a Cataluña para dirigir a los 180.000 funcionarios del gobierno regional, que deberán responder a la nueva autoridad.

   La otra opción es intervenir solo donde "se incumple la legalidad", con lo que el desafío es determinar los puntos más conflictivos y aplicar allí la suspensión. Los Mossos d' Escuadra (policía catalana), son el primer objetivo.

   "El problema está en la cúspide", remarcó la fuente del gobierno central, quien apuntó que el Senado tramitará las medidas excepcionales en el plazo que sea necesario en busca del máximo consenso, lo que le daría tiempo a Puigdemont —unos cinco días— para convocar él mismo las elecciones para dar salida al conflicto evitando un mal mayor. (Télam)