La oposición pretende llevar a ABSA hacia la Justicia
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Natalia Miguel
nmiguel@lanueva.com
En la sesión del próximo jueves, en el Concejo Deliberante, los bloques de la oposición pondrán en debate un proyecto de decreto para adoptar medidas judiciales contra la empresa Aguas Bonaerenses S.A.
La iniciativa corre por cuenta de las bancadas de la Integración Vecinalista Rosaleña (Sadi Gelós, Vanessa Rodríguez y Roberto Colantonio), Frente Renovador (Gabriel Maciel), Frente para la Victoria (Alicia Amiot y Luis Coca) y Bien Común (Daniel Medina).
El propósito es encontrar soluciones y respuestas tendientes a la mejora concreta del servicio de agua potable y desagües cloacales que se brinda en el distrito, amén de lograr la suspensión de los efectos del aumento dispuesto por el Decreto Provincial 409/16 hasta tanto se cumpla con la prestación en conformidad con los derechos de los usuarios.
En el pasado mes de enero, desde el ámbito legislativo se solicitó, por unanimidad, al intendente Mariano Uset que fuera él quien encabece estas acciones. Pero en los últimos siete meses no hubo respuestas al respecto.
Por tal motivo, los impulsores de esta propuesta decidieron que el CD resuelva el tema en la próxima sesión ordinaria y tome una postura clara en defensa de los vecinos ante la mala prestación de la citada empresa.
Se propone, en tal sentido, que sea ahora el propio cuerpo legislativo quien inicie acciones. Restaría conocer la postura oficialista que cuenta con la mayoría de los concejales en el cuerpo y que anteriormente apoyaron las solicitudes de consideración del tema por parte del Ejecutivo.
Entre los fundamentos de la presentación se toma como antecedente el hecho que el CD de Bahía Blanca presentó en enero anterior una denuncia penal contra Aguas Bonaerenses y el Organismo de Control de Agua de la provincia de Buenos Aires (Ocaba), luego de que un 90% de la población se quedara sin el suministro de agua potable, tras la rotura de un acueducto.
También se expresa que es innegable el daño ambiental por parte de la prestataria y la necesidad de dar cumplimiento al mandato constitucional que dispone el deber de las autoridades de proveer a la protección del derecho al medio ambiente sano por parte de los vecinos ante la situación generada por la empresa concesionaria. Se recordó, en este aspecto, que tiene mayoría accionaria del Estado provincial.
Al mismo tiempo, se hace mención al hecho de que el aumento vigente dispone incrementos que se extienden desde el 140 al 500%. Ante el volumen del aumento, los ediles también coincidieron en el mal estado de los medidores de agua y la demora en el recambio, por lo que hay dudas fundadas sobre la fidelidad de las mediciones del consumo domiciliario. Esto, dijeron, provoca una clara lesión al derecho a la información por parte de los usuarios.
La Nueva. dialogó con algunos de los ediles que presentaron la propuesta que se pondrá en debate sobre tablas esta semana en el recinto legislativo de Murature 530.