Caso Maldonado: una de cal y otra de arena para el Gobierno

Eugenio Paillet

   Hace apenas una semana el gobierno había recibido casi como una tragedia la mala noticia que le llegaba desde el sur, en medio de sus afanes por esclarecer el caso del desaparecido artesano Santiago Maldonado.

   El juez federal de Esquel, Diego Otranto, le cursaba nota oficial con el resultado de los análisis de ADN que se habían realizado en sangre hallada en el cuchillo del puestero de la estancia de la familia Benetton: dio negativo. No era sangre de Maldonado, y ahí mismo se caía la principal hipótesis que manejaba la ministra Patricia Bullrich, esperanzada en que ese incidente ocurrido el 21 de julio diera por tierra la versión, única por ahora, de la familia y el cristinismo sobre la responsabilidad directa de la Gendarmería.

   Ayer se recibió en cambio como el maná caído del cielo otra novedad que el Gobierno también esperaba con ansias y tensiones. Aunque sea bueno remarcar que por estas horas las eventuales responsabilidades de uno o más gendarmes en lo que le ocurrió a Maldonado sigan al tope de la agenda del presidente y de su mesa chica.

   Esta vez la buena noticia también con documentos oficiales del juzgado dice que no se hallaron rastros genéticos compatibles con los de la familia Maldonado entre las casi 80 muestras que el equipo de científicos de la Universidad de Buenos Aires tomó en media docena de transportes de la Gendarmería que se supone que estaban en el operativo sobre la ruta 40 aquel primero de agosto.

   La ministra Bullrich no tardó ni un segundo en salir a los medios a corroborar ese cambio de estado de ánimo, dentro de la alta preocupación que sigue generando el incierto destino del joven artesano y tatuador. "Esto de que no hay rastros de ADN de Santiago en los móviles de la Gendarmería despeja la hipótesis de la desaparición forzada y hasta el despropósito de que aquí hay un plan sistemático", dijo.

   La declaración de la ministra, que ha sido ratificada en su cargo y que desde hace una semana mantiene una o dos reuniones diarias con el presidente Mauricio Macri o con algún miembro de la mesa chica, como Marcos Peña, no es ociosa. O "no es al voleo", como dijo un funcionario vinculado al caso.

   Supone, y hasta donde se puede saber, reducir la desaparición del artesano a la imprudencia o hasta la malevolencia de uno o más gendarmes -son siete los que puntualmente están siendo investigados más allá de los casi cien sumarios internos que se realizaron hasta ahora- pero no a una acción coordinada y pensada desde los más altos mandos de la fuerza para hacer desaparecer a Maldonado. Que es lo que dicen Cristina Fernández, la familia, los organismos de DD HH aliados del cristinismo y hasta el inefable Diego Armando Maradona, que subió un audio a las redes en el que se lo escucha decir en tono amenazante: "Macri, soltá a Maldonado...."

   Aunque de a poco busca reducir la dilucidación del destino de Maldonado al cada vez más cerrado círculo de gendarmes que podrían haber participado en el hecho que motivó su desaparición, el Gobierno no se quedará en ese punto y por el contrario busca llevar el caso al más alto nivel internacional. Más precisamente al seno mismo de las Naciones Unidas.

   Marcos Peña se reunió hoy con el representante de la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, quien llegó a Buenos Aires para avanzar en las tratativas en pos de la conformación de un grupo de expertos independientes que supervise y colabore con la investigación sobre el paradero del artesano.

   El jefe de Gabinete elevará de ese modo al máximo nivel las conversaciones preliminares que iniciaron con el funcionario de la ONU el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, antes de su viaje a la Argentina.

   No es un gesto menor y por el contrario, dicen en despachos del Gobierno, se trata de una jugada de alto contenido político en medio de la andanada de acusaciones contra Macri que provienen desde el cristinismo y otros sectores de la oposición.

   Se trata de uno de los pedidos que habían sido formulados por la familia Maldonado en el marco de la reunión que sus abogados mantuvieron con ambos funcionarios y la ministra Bullrich el 29 de agosto pasado, en base al cual el Gobierno comenzó gestiones ante el organismo de las Naciones Unidas encargado de las temáticas referidas a los derechos humanos.