Los proyectos y las prioridades en la agenda legislativa de Macri

Eugenio Paillet

El presidente Mauricio Macri se reintegra hoy a sus actividades oficiales tras un descanso a pura familia y unos pocos amigos, que completó entre el pasado sábado y ayer por la tarde en la estancia La Paz de la cordobesa localidad de Ascochinga. Con las pilas recargadas, se dispone a cerrar entre otros temas con sus colaboradores el punteo y análisis de los proyectos que el gobierno enviará al Congreso para ser tratados en las sesiones ordinarias que se inaugurarán el próximo 1 de marzo.

La confirmación de ese paquete de iniciativas que el presidente hará desde ahora mismo y durante el resto de la semana, y que se completaría con una reunión de gabinete ampliado que se realizaría el próximo lunes, persigue atacar a su vez algunos de los más importantes frentes que debe zanjar el gobierno, tanto en el plano local como en el internacional. Y cumplir a la vez con algunas promesas formuladas durante la campaña electoral.

"Tenemos que arrancar el año parlamentario con todo, mostrar gestión y gestión", dijo ayer una fuente de la Jefatura de Gabinete, en referencia a dos de esos temas que Macri considera prioritarios: la aprobación de los proyectos de ley que tienen que ver con la necesidad de mantener calmado al frente sindical, y por el otro la posibilidad de normalizar el frente externo y en ese marco la solución del conflicto con los fondos buitre, que destrabaría de inmediato la llegada del crédito internacional y de nuevas inversiones.

Antes de avanzar en el punteo de los temas que irán al Congreso, vale señalar que el presidente analiza por estas horas los informes que le pidió a cada uno de sus ministros y secretarios, algunos de los cuales repasó durante su descanso en la estancia que fue propiedad de Julio Argentino Roca.

Con ese material prepara su primer mensaje a la Asamblea que pronunciará el 1 de marzo al mediodía, en lo que a la vez constituirá su primera cadena nacional desde que llegó al poder en diciembre pasado.

De los proyectos del área económica sobresale el que impulsará la derogación de la llamada "Ley Cerrojo" del kirchnerismo, que le impide al país mejorar la oferta a aquellos tenedores de bonos que no adhirieron a los canjes de 2005 y 2010.

También el proyecto con la autorización del Parlamento que requiere el Poder Ejecutivo para poder endeudarse en el exterior. Dicen fuentes de la Casa Rosada que el gobierno confía en que para ambas iniciativas contará con los apoyos necesarios en ambas cámaras, en especial después de la ruptura del bloque del Frente para la Victoria y el apoyo que se descuenta del Frente Renovador de Sergio Massa, como también del que ya comprometió Miguel Pichetto en el Senado.

El resto de los proyectos de ley que irán a tratamiento en ordinarias reconocen, en su mayoría, urgencias o compromisos internos del gobierno, en especial frente a los reclamos que han venido planteando los dirigentes sindicales, uno de cuyos capítulos se escribirá mañana con la reunión entre Macri y los secretarios generales de las tres CGT.

Figuran en ese paquete la propuesta para elevar el piso del Pago de Ganancias para los trabajadores registrados, la eximición del pago del IVA a los productos que integran la canasta básica alimentaria, y la universalización de la Asignación Universal por Hijo, tres de los proyectos que han reclamado por igual Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo.

También se enviarán al Congreso proyectos de variado tono que tienen que ver con la agenda local, aunque no necesariamente irán todas el primero de marzo: reforma de la Coparticipación Federal, ley de reforma al Consejo de la Magistratura, ley de Subrogancias, ley de Etica Pública, reforma a leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal, ley de decomiso de productos o bienes que provengan de actividades ilícitas y ley de Juicio Penal en Rebeldía.

Asimismo, figuran en el paquete que prepara el Ejecutivo los proyectos de ley para instrumentar un nuevo Código Procesal Penal, la utilización del sistema de voto único electrónico y la ley que instaura la figura del "arrepentido" para penalizar casos de corrupción estatal, que el macrismo hizo suya y que fue una de las promesas de Massa durante la campaña presidencial.