Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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Los incendios tan temidos

Llegan de manera regular. Con una precisión casi matemática y cíclica. Nos referimos a los incendios de los campos en la época del verano, cuando la sequía, las altas temperaturas y los vientos se conjugan para establecer el principio de incendios que se propagan con una velocidad pasmosa.

Por estas semanas, el fuego ha arrasado casi 100 mil hectáreas, en tierras pampeanas y bonaerenses, sin reconocer límites, amenazando a las zonas pobladas que ven con espanto cómo el calor se siente cada vez más fuerte y cerca, casi sin posibilidades de salvar sus bienes.

Decenas de dotaciones de bomberos realizan una tarea titánica, poniendo en juego todas sus herramientas y su valor humano.

Vale decir que esta circunstancia del fuego, previsible casi en un cien por ciento, termina por afectar severamente la economía regional, afectando el medio ambiente, exigiendo la disponibilidad de mano de obra y materiales y abriendo un espacio en el que la vida de mucha gente está en juego.

Lo condenable de esta circunstancia es que, en gran parte, estos incendios pueden ser combatidos antes de que sucedan, a partir de intervenciones mucho más económicas, que no implican peligro alguno y que de manera muy eficiente sirven como verdaderas barreras a la propagación de las llamas.

La obra que se debe realizar con antelación a la llegada del verano es la de los denominados piquetes antifuego, una intervención simple de realizar y que tiene como finalidad retrasar la acción de las llamas y, sobre todo, evitar que estas se propaguen, confinándolas a un sector bien delimitado.

Esa obra, de acuerdo a la normativa legal existente, es responsabilidad de los propietarios o arrendatarios de los campos. La realidad indica que son muy contados -con los dedos de una mano- los que cumplen con esta obligación, con lo cual, una vez que se desata un incendio en un campo, el mismo se extiende rápidamente sin encontrar esta barrera que limitaría su accionar.

se indica que mientras un kilómetro de un alambrado tiene un costo de 70 mil pesos por kilómetro, realizar un cortafuego de 12 metros de ancho insume apenas 600. A pesar de eso, el trabajo no se realiza. Porque además es evidente la falta de organismos del Estado que realicen el control respectivo. Resulta penoso, propio de una provincia que no cumple con sus propias leyes, que cada año se deba pagar semejante tributo a una dejadez que no admite excusas ni justificación.