Bahía Blanca | Viernes, 29 de marzo

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¿La Justicia argentina es igual para todos?

Escribe Alejandro Olmedo Zumarán

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados, que permitiría juzgar a través de una Comisión Bicameral las posibles complicidades económicas durante la última dictadura militar, es otra muestra más de un ánimo de venganza que supera sin límites lo conocido hasta el momento.

Lo que queda expuesto es que no impera en estas acciones la búsqueda de justicia.

El presidente de la Unión Industrial Argentina, A. Kaufmann Brea, al respecto, manifestó: “Cualquier investigación sobre el particular que se realice a ciudadanos u organizaciones de la sociedad debe llevarse a cabo por las vías institucionales que corresponden”.

Además, no se puede someter a investigaciones retroactivas a quienes formalizaron negocios, como pueden ser exportaciones e importaciones, así como tantas otras operaciones comerciales, siempre hechas dentro del marco de la ley. Aunque en una dictadura no rija la Constitución, de adoptar tal comportamiento debiéramos juzgar a todo aquel que tuvo algún vínculo, cualquiera sea, con la dictadura, por ejemplo los intendentes, lo cual, además de disparatado resultaría inconstitucional.

Hay dudas sobre el verdadero significado del “delito de lesa humanidad”, que solo lo es cuando fue perpetrado por el Estado o quien represente al Estado, no obstante no sufrir tal calificación cuando, perpetrado contra la democracia, lo realizan organizaciones armadas irregulares y paramilitares financiadas por otros Estados como Cuba y Rusia donde gobernaban dictaduras salvajes que sistemáticamente aún hoy violan los derechos humanos. China es otro ejemplo donde rige una feroz dictadura, y este gobierno ha cerrado incomprensibles negociados y entregas de territorio secretas, a cambio de un aparente préstamo cuyas condiciones, hasta el día de hoy, no han sido reveladas.

Esta ley, además, permitiría juzgar a quienes se enriquecieron por medio de las leyes financieras establecidas por la dictadura, como por ejemplo la 1.050, que propició la perdida de lo más valioso que tiene un ser humano, que es su vivienda.

No podemos dejar de mencionar que, en pleno siglo XXI, existan torturas en cárceles, similares a las erpianas “cárceles del pueblo”, que se ensañan con ancianos que sufren enfermedades terminales y que, contando con edad para vivir bajo arresto domiciliario, se los mantiene en esas deplorables condiciones sin condena ni juicio. Algo impropio por parte de un Poder Ejecutivo que se presenta como ejemplar defensor de los Derechos Humanos.