Justicia Legítima: caso testigo

Redacción de La Nueva.

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La permanencia de Alejandra Gils Carbó al frente del Ministerio Público Fiscal no es un detalle menor. Un complejo entramado de subrogancias en la Justicia Federal hace de esta estructura un nudo gordiano casi inédito en la Argentina.

Las recientes denuncias del Juez Federal de Mar del Plata Alfredo López contra Justicia Legítima, la facción judicial kirchnerista, han puesto sobre el tapete esta cuestión mucho más delicada de lo que el propio Gobierno Nacional asume . La causa CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) en la ciudad balnearia podría ser un gran ejemplo de ello.

En el juicio en cuestión, se investigan ocho asesinatos perpetrados en 1975. Se acusa de estos crímenes a supuestos miembros de la agrupación mencionada, ligada a la ortodoxia peronista. El principal acusado es el ex Fiscal marplatense en aquellos años Gustavo Demarchi. La calificación, lesa humanidad.

Los hechos que hacen puntualmente al objeto procesal del Juicio son los cinco crímenes ocurridos la madrugada del 21 de marzo de 1975, en supuesta represalia por el asesinato del líder de la CNU local, el abogado Ernesto Piantoni, acribillado a balazos el día anterior mientras se dirigía a ver a su hija recién nacida a la Clínica. Tras su velatorio, se sucedieron los asesinatos de un militar retirado y sus dos hijos adolescentes, un primo de ellos, y un médico cirujano ajeno a la ciudad.

El mito que se construyó alrededor de esta cacería fue bautizado como el “5x1”. Y lo que siempre se afirmó es que fue una venganza de la derecha peronista, enmarcada en CNU, contra la “tendencia revolucionaria” del justicialismo. Pero lo que nadie jamás se quiso preguntar es qué tienen que ver un militar retirado, sus dos hijos de no más de 16 años y un cirujano que no era oriundo de Mar del Plata con la izquierda peronista. Tal vez nada. Como dice el Dr. Gustavo Demarchi: ““No hay una sola declaración testimonial que coloque a alguno de los imputados en los lugares de los hechos”.

Pero no se puede hablar sobre la causa CNU sin hacer mención al caso del Juez Pedro Hooft, acusado de partícipe necesario en la comisión de delitos de lesa humanidad, por omitir aparentemente la tramitación de habeas corpus a favor de un grupo de abogados secuestrados en 1977 en Mar del Plata. La defensa del magistrado, encabezada por su hijo Federico, viene sosteniendo que todo se trata de una causa armada, motorizada por el abogado local César Sivo, quien posee con el Juez Hooft una profunda enemistad.

El Dr. Sivo, representante de la agrupación H.I.J.O.S., fue defensor del Dr. Marcelo García Berro, ex Fiscal ante el Tribunal Oral Federal, quien fuera procesado por el Juez Hooft en la causa popularmente conocida como “El loco de la ruta”, donde se investigó la muerte de varias prostitutas y la desaparición de tres de ellas, ocurridas entre fines de los ´90 y principios de 2000.

Asimismo, en causas que tramitaban en el Juzgado de Hooft, se comprobaron diversas y graves irregularidades cometidas por el propio Sivo, que le costó el cargo de Secretario Penal de un Juzgado, viendo interrumpida su anhelada carrera judicial.

El Dr. Daniel Adler es Fiscal General Federal ante la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata desde el año 2006, promovido por el ex Presidente Néstor Kirchner. Pese a ello, en los pasillos judiciales marplatenses afirman que el kirchnerismo miraba a Adler con desconfianza. No lo catalogaban como un hombre del proyecto. Quizá por ello, en una clásica jugada kirchnerista, enviaron desde la Procuración, por entonces a cargo del Dr. Esteban Righi, a la Dra. Eugenia Montero como virtual “segunda” de Adler. Su cargo formal es el de Coordinadora de las causas de Derechos Humanos. A tal efecto, se crea la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los DDHH (desde 2013 llamada Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad), a cargo del Fiscal General ante la Cámara de Apelaciones de Resistencia, Dr. Jorge Auat.

Quizá el hecho más conocido del caso Hooft sea la grabación que le hiciera Federico al Fiscal Claudio Kishimoto en 2013, que por entonces procuraba la causa. Allí, Kishimoto afirma en una conversación relajada en la puerta de su casa que todo “era un gran verso”, y que estaba siendo muy presionado por Adler y Auat, muy cercanos a Gils Carbó. Recientemente, la Cámara de Casación Penal declaró la legalidad y validez como prueba de dicha grabación, ante una denuncia que hiciera en 2013 Federico Hooft contra Kishimoto, Adler, Auat, y Montero. La misma fue desestimada en primera y segunda instancia. Casación ahora ordenó investigarla.

Quien intervino en la denuncia original fue la Fiscal Laura Mazzaferri, quien depende jerárquicamente de los denunciados Daniel Adler y Jorge Auat. A su vez, también es integrante de Justicia Legítima, cuyo Presidente en Mar del Plata es el mismo Adler, elegido para el “cargo” el 18 de junio de 2015. Luciano Bianchi, quien desestimó en primera instancia la denuncia de Hooft a instancias de Mazzaferri, es Secretario de Juzgado contratado, es decir sin estabilidad en el cargo, con funciones en la Cámara Federal de Mar del Plata.

La causa CNU se encuentra en etapa de alegatos. Quien alega como representante de la querella es el Dr. César Sivo. A su lado, espera su turno la Fiscalía, corporizada en las figuras de Daniel Adler, Laura Mazzaferri y Eugenia Montero.

Casualmente o no, los mismos personajes contra los que apuntó el Juez Alfredo López.