Bahía Blanca | Jueves, 28 de marzo

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Apoyo a los clubes de barrio

Escribe Jaime Linares

En el actual contexto de aumentos tarifarios y la quita de subsidios particularmente en la luz, agua potable y gas por parte del Estado Nacional, hemos solicitado al Poder Ejecutivo, por medio de un proyecto de resolución, que reglamente la Ley 27.098 de “Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo” y la Ley 27.218 “Régimen tarifario para entidades de bien público”

Esto con el objetivo de aplicar a las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro una tarifa social básica para los servicios de electricidad, gas natural y agua.

La Ley para los Clubes de Barrio y de Pueblo fue sancionada en el 2014 y aún no entró en vigencia. Su objetivo es fomentar la generación de inclusión social e integración colectiva a través de la promoción, fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio y de pueblo mediante la ayuda económica y la aplicación de beneficios mediante una tarifa social básica de los servicios públicos.

Dicha tarifa se encuentra destinada a aquellas instituciones que tienen de entre 50 a 2000 socios. Las mismas cumplen un rol invaluable, desde lo deportivo, cultural, de educación, y como lugar de encuentro y sociabilidad, no sólo para niños, niñas y jóvenes, sino también para los adultos mayores, generado valores de pertenencia e identidad barrial muy importantes.

Nos hemos comunicado con la Secretaría de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación sobre el funcionamiento del Programa “Clubes Argentinos”, y constatamos que los correspondientes beneficios en las tarifas de los servicios públicos aún no se han hecho efectivos.

Actualmente, el Programa se encuentra en la etapa de confección del registro de clubes, mediante la aplicación de un censo nacional (http://clubesargentinos.deportes.gov.ar/).

Se debe acelerar el trabajo de creación de un Registro Nacional de Clubes, pero mientras se realiza ese relevamiento, el Gobierno debe aplicar, por excepción, este beneficio de una tarifa social especial a todos los clubes que estén inscriptos en los registros municipales, provinciales y nacionales y de esta manera, evitar que sigan enredados en un trámite burocrático.

Es urgente dar respuestas y en muchos casos casos, los requerimientos para la inscripción, harán muy difícil que puedan completarlos en plazos cortos.

Dada la situación económica, resulta fundamental establecer y poner en práctica mecanismos y herramientas que defiendan y fortalezcan las entidades de bien público, tales como las instituciones educativas, los clubes de barrio, bibliotecas populares y tantas otras de gran valor, que se dedican a la realización de actividades sociales que actúan como grandes articulares del tejido social de nuestro país.

Son construcciones colectivas de la sociedad para fines determinados, ante demandas sociales cada vez más necesarias.

Si bien ya se oficializó el anuncio del Presidente sobre la devolución del 40 % de la tarifa eléctrica para los clubes de barrio, consideramos que también es necesario aplicar esta medida para todas las entidades de bien público y que se aplique a todos los servicios básicos.

Asimismo, hemos solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y presentado un proyecto de ley, para la creación de un “Beneficio Universal de Consumo Eléctrico para Clubes de Barrio; de Pueblo y Entidades de Bien Público”, destinado a eximirlos del pago del consumo de energía eléctrica hasta un tope de 300 kWh/mes.

Proponemos que se exima a los beneficiarios del pago del consumo de energía eléctrica hasta un tope de 300 kWh/mes. Este se aplicará sobre el consumo de kWh por cargo variable, dejando exceptuado el costo fijo, el cargo fijo por obra, e impuestos y sin perjuicio de otros esquemas de ventajas tarifarias implementadas o a implementarse en el futuro, como la tarifa social.

Estas entidades de bien público están enfrentando una situación de angustia e incertidumbre por no contar con cuadros tarifario diferenciados hoy, luego del impacto notable de los aumentos, si bien hay manifestaciones e intenciones del gobierno de atenderlos.

Los aumentos tarifarios han puesto a estas entidades en una grave crisis presupuestaria, ya que muchas de ellas, no cuentan con los ingresos mínimos para afrontar esta realidad.

Este beneficio universal propuesto es un paso adelante para sobrellevar esta situación, con un aporte del Estado para el funcionamiento básico de todas ellas y en reconocimiento al trabajo comunitario de muchísimos actores anónimos, que en pequeñas entidades trabajan para una sociedad más integrada, solidaria y comprometida con las generaciones futuras.