Un reclamo cuestionable

Redacción de La Nueva.

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Hace 131 años, Bolivia se rendía formalmente mediante un armisticio ante Chile, dando por culminados 5 años de la llamada Guerra del Pacífico (o del Salitre).Dos décadas más tarde, ya en tiempos de paz, refrendaría,junto al mismo vecino, el tratado de límites en el cual cedía a perpetuidad la región de Antofagasta a cambio de percibir compensaciones en materia ferroviaria y patrimonial. De esta forma se resolvían los viejos trajines limítrofes a los que el agreste desierto de Atacama y el dispar desarrollo económico habían arrastrado a las dos naciones andinas, hasta la conflagración bélica.

Pero el 24 de septiembre pasado, la Corte internacional de La Haya se manifestó competente para pronunciarse sobre el reclamo boliviano, que exige a Chile la cesión de un litoral soberano; Pronunciación polémica y antecedente peligroso que relativiza el valor supremo que revisten los tratados sinalagmáticos.

El conflicto limítrofe entre ambas naciones es de larga data y cuenta con tres tratados bilaterales y un conflicto armado.

Bolivia nació con mar gracias al Departamento de Antofagasta, pero desde sus orígenes la posesión boliviana fue,a duras penas, meramente de derecho. La población, mano de obra y capitales fueron siempre mayoritariamente chilenos.

Los tratados de 1866 y 1874 colocaban el límite norte chileno y sur boliviano en el paralelo 24, de manera que Bolivia afirmaba su propiedad de derecho sobre el litoral. El trance que cambiará el statu quo radicará en el decreto del presidente boliviano, Hilarión Daza, de aumentar 10 centavos extra por quintal de salitre exportado, medida que violaba el artículo IV del tratado de 1874, el cual prohibía el aumento de los derechos de exportación por los subsiguientes 25 años. Chile inició una fuerte protesta exigiendo el cumplimiento de los acuerdos diplomáticos, reclamo que cayó en saco roto. Haciendo oídos sordos sobre los compromisos, Daza ordenó el cobro del impuesto y, ante la negativa de la gerencia de las salitreras, ordenó su inmediato embargo y remate. El desconocimiento del tratado por parte del gobierno del altiplano empujó al presidente Aníbal Pinto a enviar 200 hombres con la misión de ocupar Antofagasta y evitar el remate de los capitales chilenos; tropas que serán recibidas con la algarabía popular de los lugareños, de abrumadora mayoría chilena. Como represalia, Daza declarará la guerra a Chile, exigiendo inmediatamente al Perú la aplicación de una alianza militar secreta, firmada años atrás, a la cual la nación inca honrará proclamando el estado de beligerancia contra el invasor meridional.

Lo que continuará será una larga pero aplastante victoria militar chilena en tierra y mar, derrotando a Bolivia en un lapso muy pequeño y llegando a ocupar la ciudad de Lima, hecho que decantó en la rendición peruana.

Esta situación excepcional concluirá con la firma bilateral del tratado de 1904, en el que Bolivia reconoce a perpetuidad el derecho soberano chileno sobre la región de Antofagasta, es decir el exlitoral boliviano. Chile, en contrapartida, se comprometía a aliviar las limitaciones a las que arrastra la mediterraneidad, construyendo un ferrocarril desde el puerto de Arica a La Paz, concesión de créditos, garantizar el libre tránsito hacia los puertos del pacífico y el pago de 300.000 libras en compensación.

En el escenario de la ciudad de Bogotá, en 1948, se firma el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (TASP) en el que las partes firmantes se obligan a darle competencia al Tribunal de La Haya sobre cualquier conflicto o diferencia entre Estados. Se excluyó de su competencia todo litigio ya resuelto por fuerza de las partes, previo a la adhesión del TASP.

De manera que, hasta aquí, ya contabilizamos dos situaciones que anulan el reclamo judicial boliviano: la primera es que la Corte Internacional, excluyó de su jurisdicción los litigios resueltos por voluntad de las partes previamente al nacimiento del ente y, el segundo y más relevante, es que, habiéndose firmado el tratado de 1904, ambas partes extinguieron el conflicto, reconociendo Bolivia para Chile, la región de Antofagasta.

Como si estos argumentos no fueran suficientes, la Corte Internacional de Justicia sorprendió con un insólito pronunciamiento, declarándose competente y por lo tanto reconociendo un conflicto, aunque en principio, ambas partes lo habían extinguido con el ya nombrado acuerdo de límites. Bolivia dijo no desconocer el tratado preexistente, pero argumentó “Derechos Expectaticios”, es decir, que la buena fe de algunas administraciones presidenciales chilenas para encontrar salida a los reclamos bolivianos, le generaban derechos a estos. Caso emblemático fue el Acuerdo de Charaña, en el que el Gral. Pinochet (Chile) y el Gral. Banzer Suárez (Bolivia) acordaron un canje territorial, intercambiando Chile una porción de su extremo norte litoral por otro boliviano de idéntica superficie; el convenio quedará frustrado por la negativa del Perú, antiguo dueño de la región afectada a cesión. Fundamental es entender que el tratado limítrofe de posguerra entre Santiago y Lima prescribía obligatoriamente la consulta vinculante a Perú ante cualquier modificación soberana por parte de Chile sobre los territorios perdidos en el conflicto.

Así las cosas, cuando dentro de dos años aproximadamente la Corte Internacional se pronuncie de fondo sobre la situación, se espera, remienden el error de haber reconocido un conflicto ya extinguido por voluntad de las partes hace más de un siglo y eche por tierra los argumentos de “derecho expectaticio” boliviano, que no llegaron a cumplirse por la imposibilidad de desconocer un tratado previo con el Perú y, más aún, el despropósito de favorecer al Estado plurinacional, perjudicando el sentimiento nacional manifiestamente chileno que existe entre los habitantes del territorio en disputa y el ostracismo al que se dejaría sometido el extremo norte trasandino.

Jerónimo Giordano es investigador del Centro de Estudios Libre.