Una Justicia inoperante

Redacción de La Nueva.

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La contundente respuesta que al flagelo de la corrupción viene dando el Poder Judicial de la República hermana de Brasil abochorna, a su vez, la actuación de la Justicia argentina, que en esa materia ha elegido hace años el camino de la impunidad más absoluta; salvo muy honrosas excepciones, casi mínimas.

El Poder Judicial de Brasil luce por estos tiempos muy respetado, y no es para menos. Sus miembros hacen honor al mandato constitucional y las injerencias de la política tienen un valladar infranqueable.

Lo normal nos resulta muy llamativo a los argentinos. En Brasil, a diferencia de aquí, están investigando al partido que gobierna con todas las herramientas que les brinda el marco legal, y además están apresando a los corruptos en tiempo y forma.

Y por si eso fuera poco, la propia presidenta Dilma Rousseff, recién elegida, al borde del juicio político con la imagen en caída estrepitosa, porque nadie cree que estando durante tantos años en la cúspide del poder brasileño haya podido desconocer tamaño desfalco al Estado nacional.

Los casos que han merecido una actuación destacada por parte del Poder Judicial “verde amarello” han sido denominados “Mensalao”, donde se descubrió la trama de sobornos a legisladores nacionales del partido gobernante, y “Petrolao”, en plena ebullición, mediante el cual una red de corrupción habría desfalcado en 4.000 millones de dólares a la compañía estatal brasileña de petróleo.

En Brasil, a pesar del peso político y la ubicación de muchos funcionarios en lo alto del organigrama, miembros del partido gobernante y niveles jerárquicos de empresas cómplices de la corrupción han terminado presos, encarcelados; y comprometidos con medidas judiciales los dineros que habían sumado ilícitamente a su patrimonio.

En la Argentina, en cambio, y como es sabido, las soterradas relaciones de ciertos segmentos del Poder Judicial que investigan al poder político, la existencia de “operadores” y oscuros negociadores, los aprietes de un lado y del otro, los pases de factura, esbozan un anormal funcionamiento de las instituciones del Estado, con las consabidas impunidades de cada día.

En ese sentido, a modo de ejemplo, más allá de las burdas intromisiones ya conocidas, desde el Ejecutivo se pretende imponer un nuevo miembro en la Corte Suprema, con cuyos antecedentes el elegido apenas podría sortear una postulación para secretario de primera instancia.

Si uno compara el nivel de actos corruptos que existen en la Argentina desde los últimos 25 años y hace un recuento de los funcionarios condenados llegará a la conclusión que el Poder Judicial argentino no existe.

Sería interesante, en este sentido, conocer fehacientemente cuánto del dinero expoliado al Estado durante todos estos años de corrupción se ha podido recuperar.

A pesar de que la matriz corrupta de los gobiernos menemistas y kirchneristas ha sido y es monumental, el Poder Judicial ha reaccionado con tibieza condenando por hechos menores, y con un inusual sesgo de género, ya que las escasas condenas han recaído sobre las ex funcionarias María Julia Alsogaray y Felisa Miceli.

Por un lado, a doña Miceli la salvó de la cárcel un fallo recientemente dictado en disidencia por jueces cercanos al gobierno, que no hace más que denigrar el papel de la Justicia.

La hija de Alvaro Alsogaray, por su parte, todavía sigue peregrinando por los tribunales, a pesar de que han pasado largos años de su participación en cargos públicos, lo cual habla pésimamente de la Justicia argentina, que aparentemente pretende impartir castigos casi veinte años después.

El simplón caso de la renegociación de la deuda de la provincia de Formosa con la Nación, otro ejemplo de latrocinio desvergonzado, que tuvo como intermediaria trucha a la firma “Old Fund” y la participación estelar del actual Vicepresidente Amado Boudou, todavía está dando vueltas obviamente en busca de la consabida prescripción, como ocurre en casi todas las causas que involucran a los funcionarios corruptos.

¿A quién le importa si lo terminan condenado dentro de veinte años sin recuperar nada?

La anormalidad gobierna nuestro país desde hace tiempo. Ninguna institución funciona y/o cumple con el rol ordinario asignado por las leyes.

La Cámara Nacional Electoral. en un papel tristísimo, se cansa de “suplicar” a los candidatos y partidos políticos, elección tras elección, que sean más prolijos con los fondos de campaña, cuando debería imponer su autoridad.

Pobres estos jueces. No les dan ni cinco de bolilla. Y ahí la corrupción está a la vista de todos y todas. Es infernal el dinero de la corrupción que financia la actividad electoral.

En cambio, en otro país latinoamericano como Guatemala, donde parece que la campaña electoral se adelantó inusitadamente, el Tribunal Electoral no anduvo con vueltas y tomó una medida extrema. Se le quitó la personería jurídica a once partidos políticos. En esa lista figura el poderoso partido de gobierno, el partido Patriota.

La independencia del Poder Judicial para investigar al poder es fundamental para el devenir de una república; que no existe en nuestro caso donde no por casualidad el poder político nacional y muchos feudos provinciales pelean duramente por tener un férreo control de la voluntad de fiscales y jueces que aceptan ese inmoral vasallaje.

Sin Poder Judicial independiente ni Justicia jamás habrá república ni democracia.

Solamente habrá un país bananero, donde la corrupción reina.

Miguel A. R. Donadío fue candidato a intendente de Bahía Blanca.