El debate por el aborto llegó al Concejo Deliberante de Coronel Dorrego

Redacción de La Nueva.

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   La mayoritaria decisión del Concejo Deliberante de Coronel Dorrego de aprobar una resolución para pedir que el Senado de la Nación apruebe la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), generó el rechazo de más de 600 vecinos del distrito que enviaron una nota al cuerpo para expresar su disconformidad por la ausencia de debate comunitario.
   La iniciativa había sido presentada por el bloque del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana. Los cuatro concejales de la oposición y seis de UCR–Cambiemos habían votado a favor de la iniciativa, mientras que la concejala del oficialismo Ana María Guido lo había hecho en contra, mientras que Romina Rozas (UCR–C) se abstuvo.
   Luego del aval del Concejo al aborto legal, un grupo de vecinos comenzó una campaña de firmas para cuestionar “la falta de representatividad manifiesta de la resolución”.

Un 8% de nuestros legisladores (uno entre 12) que expresó su voluntad de voto contraria a la misma; no es el porcentaje que represente el sentir propio de la población de votantes de nuestro distrito”.

   En el escrito, que luego fue enviado al CD, este grupo de vecinos manifestó que “un 8% de nuestros legisladores (uno entre 12) que expresó su voluntad de voto contraria a la misma; no es el porcentaje que represente el sentir propio de la población de votantes de nuestro distrito”.
   También destacaron su descuerdo con el proceso de elaboración de esta resolución:
“Ante un tema de tanta sensibilidad social no hubo una sola instancia de consulta a la comunidad, como sí se dio en el tratamiento a nivel nacional. Una problemática tan delicada no puede ser dirimida sin una situación mínima de diálogo con los representantes”, agregaron los vecinos.
   “Por estas razones, rechazamos esta resolución y manifestamos la falta de representatividad de la misma para nuestra conciencia social de cuidado integral de la embarazada y su hijo”, completaron.

“A favor de las dos vidas”

   Por su parte, Ana María Guido (Oriente), la única edil que votó en contra del proyecto de IVE, aclaró inicialmente que no argumentó su posición, porque así se había acordado en las comisiones internas del Concejo dorreguense.
   “Consideramos que ese era el ámbito para conversarlo con los concejales de nuestro bloque y de la oposición”, amplió.
   “El tema se trató con mucho respeto y tolerancia, pero tengo mis convicciones, que no son religiosas, porque se han manifestado de distintos credos; (incluso), hasta agnósticos nos han acompañado”, agregó.

   En relación con la nota enviada al CD por los vecinos, Guido admitió que “fue un muestreo” y destacó que “hubiese sido mejor un plebiscito”.
   “Como no es una competencia deportiva, acá ni ganamos ni perdemos, sino que sólo queríamos alzar la voz en nuestra lucha, y lo vamos a seguir aunque se apruebe esta propuesta, porque estamos en defensa de las dos vidas”, enfatizó.
   “Nadie desconoce que los concejales son los representantes en todas las cuestiones, pero esto se trata de la vida y no creo que 12 personas deban tomar la decisión sobre la vida de un inocente. Estoy convencida y en paz, sea cual fuere el resultado”, subrayó.
   “No hablo ahora porque esta temática surgió, sino que lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo, porque tengo experiencia de haber trabajado en un hospital como obstétrica durante 40 años”, aseveró.

Los argumentos de la resolución

   “En la Cámara Baja, durante el debate en comisiones, más de 700 oradores han dado argumentos a favor y en contra de la IVE”, dijo el médico Javier Cortez, presidente del bloque del Frente para la Victoria – Unidad Ciudadana.
   “La IVE es un hecho de la realidad que, actualmente, deja en la clandestinidad e ilegalidad a miles de mujeres en nuestro país, con riesgo de ir a la cárcel, afectando tanto a las franjas de la población más pudientes como a las de menores ingresos, pobres e indigentes”, agregó.
   “En el caso de estos últimos grupos, se les agrega el mayor riesgo de complicaciones y muerte, debido a que deben recurrir a métodos y lugares sin las seguridades que brindan los centros asistenciales adecuados, con profesionales capacitados, a los que sí acceden las mujeres con mayores recursos económicos”, subrayó.

La IVE es un hecho de la realidad que, actualmente, deja en la clandestinidad e ilegalidad a miles de mujeres en nuestro país, con riesgo de ir a la cárcel, afectando tanto a las franjas de la población más pudientes como a las de menores ingresos, pobres e indigentes”, dijo Javier Cortez.

   Luego, aclaró que el proyecto de ley que aprobó Diputados y debe analizar el Senado “no está a favor del aborto, sino que sostiene la necesidad y la forma de brindar un marco de asistencia adecuado a las mujeres que ya han decidido la IVE”.
   También mencionó que cada año se registran entre 350.000 y 450.000 interrupciones del embarazo en el país, según estimaciones citadas en el Congreso por el actual ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein.
   En 2016, agregó Cortez, cerca de 10.000 gestantes tuvieron que ser internadas por complicaciones secundarias a las prácticas mencionadas.
   “La realidad imperante debería eximir del debate a las consideraciones biológicas, políticas, religiosas y axiológicas, y más allá del respecto por todas las creencias, conocimientos, argumentaciones y convicciones, claramente se debate sobre una realidad innegable del área de la salud pública”, reflexionó. (Agencia Coronel Dorrego)