Gobernadores peronistas: no todo está perdido

Eugenio Paillet

   Lo que parecía un completo imposible hasta hace un puñado de días, cuando oficialismo y oposición se debatieron fiero por la ley de congelamiento de tarifas en el Congreso, hoy es algo más que una firme posibilidad: el presidente Mauricio Macri convocaría en las próximas horas o días a los gobernadores peronistas a una cumbre, probablemente antes de que arranque la participación de la Selección argentina en el Mundial de Rusia, el 16 de junio próximo.

   Como era de esperarse detrás de la iniciativa, que reconocieron como una gestión en marcha esta mañana en despachos de la Casa Rosada, está el necesario visto bueno del presidente y por ahora la pilotea el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

    Se sostiene en fuentes gubernamentales que de este nuevo intento de acercamiento con los mandatarios peronistas tras la guerra en el Congreso por la ley de tarifas se habló en la mesa de Coordinación del gobierno que además de Macri y Frigerio integran también el jefe de Gabinete Marcos Peña, antes de su viaje a Cuba y Europa,  y el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.

   El propio Frigerio dio claras señales esta mañana cuando en declaraciones a los periodistas anticipó el deseo del gobierno de mantener el diálogo con  los gobernadores de signo peronista para coordinar el apoyo que el oficialismo necesitará en el Congreso y en el esfuerzo por enderezar la situación económica en el que está empeñado Macri, dentro del cual figura la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como pata central de la estrategia.

   "No queremos que cogobiernen, sino que nos ayuden con el apoyo que necesitamos desde la oposición para aprobar  las medidas que nos permitirán recuperar la confianza de la gente y sacar el país adelante", dijo el titular de la cartera política.

   Frigerio, y su viceministro y dirigente del peronismo no kirchnerista, Sebastián García de Luca, son los que ahora mismo trajinan celulares y llevan adelante esa gestión para convocar a los gobernadores a una cumbre con Macri. Que hasta podría realizarse en la residencia de Olivos, en una suerte de estrategia comunicacional para reponer en la escena aquella famosa primera foto de Macri con los gobernadores en la quinta presidencial al día siguiente de asumir la presidencia, el 10 de diciembre de 2015.

   La convocatoria a esta cubre cuya fecha y lugar podrían ser precisados oficialmente en las próximas horas, hay que decirlo, no ha estado exenta de tironeos internos dentro del propio gobierno. Un dato se ajusta a la realidad: Frigerio y Monzó aparecen como los mas "dialoguistas", mientras que en la Jefatura de Gabinete en un primer momento se mostraron reacios. Aunque la necesidad en este caso y más que nunca frente al panorama de caída en las encuestas de imagen y pérdida de confianza de los inversores, tiene cara de hereje.

   "No hay que creerles más, acá vienen a decir una cosa y después hacen todo lo contrario, ninguno maneja a sus senadores, salvo (Juan Manuel) Urtubey", se despacharon en medio de esos forcejeos. En tanto que la hasta no hace mucho temible dupla de vicejefes de Gabinete, Quintana-Lopetegui, ha perdido influencias, aseguran las fuentes consultadas.

   El gobierno, dicen los impulsores de la cumbre a la que también serian convocados los gobernadores propios, tiene necesidades varias en materia de búsqueda de apoyos que saltan a la vista, empezando por la discusión que se anticipa como una nueva guerra entre oficialismo y oposición que es el tratamiento del proyecto de Presupuesto para 2019.

   También otro duro paquete de medidas para ajustar el gasto público y reducir el déficit fiscal que Macri anunciaría en las próximas semanas. La decisión de recuperar el diálogo con los gobernadores cobró fuerza luego que desde el bloque de Cambiemos en el Senado advirtieran a la Casa Rosada que el cristinismo prepara otra jugada, nacida de la lapicera de Máximo Kirchner y Axel Kicillof que cuenta con el completo aval de Cristina Fernández.

   Se trataría de un proyecto de ley que impulsará la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de hacer aprobar por el Congreso el previsto acuerdo con el FMI. Un paso que la Casa Rosada no está dispuesta a consentir, asegura en despachos del ministerio del Interior.