Despenalización del aborto: los hospitales bahienses se preparan

Redacción de La Nueva.

contenidos@lanueva.com

Por Cecilia Corradetti / Ccorradetti@lanueva.com

   Más allá de cuestiones estrictamente éticas, la eventual puesta en marcha de la ley de despenalización del aborto no implicará para los hospitales de la ciudad cambios sustanciales en sus mecanismos vigentes.

   Así lo han dejado entrever a “La Nueva.” los doctores Edgardo Boiza, jefe de sala de Ginecología del Penna; Claudio Pastori, secretario de Salud municipal y Carlos Deguer, titular de la Asociación Médica de Bahía Blanca, entidad que tiene a cargo los sanatorios Privado del Sur y “Dr. Felipe Glasman”.

   En el Penna, para la interrupción del embarazo durante el primer trimestre se utiliza una medicación denominada Misoprostol, cuyos efectos están comprobados, así como también la práctica denominada Aspiración Manual Endouterina (AMEU), que requiere sedación y suministro de analgésicos.

   La atención posterior a la interrupción del embarazo, un tema de gran significancia para las mujeres, según Boiza, también se lleva a cabo en el servicio de Ginecología.

   Desde secretaría de Salud, en tanto, se llevó a cabo recientemente un borrador que establece cómo se trabajaría en caso de implementarse la ley, al tiempo que se efectuó también una actualización de la base de datos para la objeción de conciencia.

   “Es decir, el personal del Hospital Municipal debe aclarar si está o no de acuerdo con estas prácticas”, dijo Pastori.

   Para el titular de Salud, aún resta tiempo para definir cómo actuar, teniendo en cuenta la votación en el Senado, aunque, llegado el momento, las unidades sanitarias serán espacios de asesoramiento y consejería, además del suministro de medicación, mientras que la evacuación uterina seguirá su curso en los hospitales.

   Se trata de un mecanismo similar al que rige hoy, por ejemplo, en casos de abortos legales.

   Deguer, por su parte, sostuvo que no necesariamente se requiere una preparación especial y que, en principio, la citada medicación seguirá siendo esencial para estos casos.

   “Creo que la cuestión principal es ética. Dentro de los servicios habrá que ver la postura de los profesionales”, sostuvo, para especular con que posiblemente se pueda dar en un principio un incremento en la cantidad de interrupciones de embarazos, para que luego la cifra se estabilice.

“No habrá más abortos de los que hoy hay”

    En el Penna, centro de referencia en maternidad pública, con alrededor de 2.800 partos anuales, durante 2017 se atendieron 420 mujeres con diagnóstico de aborto.

   De esa cifra, 17 fueron interrumpidos en el marco de la ley actual, es decir que se trataba de embarazos que implicaban un riesgo de muerte para la madre o bien que se produjeron por abusos.

   El jefe de Ginecología sostuvo que para el sistema de salud los costos que acarrea la atención de una mujer que ingresó con complicaciones tras haberse sometido a un aborto precario (entre ellos la propia muerte u otras secuelas, tratamientos, terapia intensiva, etc.) es sustancialmente mayor comparado con realizarlo en lugares seguros y con control, ya sea por medicamentos o AMEU.

   “Hace años que esto se practica y seguirá siendo así. La mujer lo decide. Lo hará a través de la medicación o como sea, pero quien está decidida lo hará igual”, sostuvo.

   “La idea siempre es que no aborte, aunque si así lo decidiera es importante crear los instrumentos para que no sufra dificultades”, amplió.

   “Debemos dedicarnos no sólo a la asistencia, sino a la humanización del post-aborto. Una mujer que interrumpe su embarazo no equivale a un número de cama sino a una cuestión mucho más integral”, concluyó.