FMI: menos subsidios y empleados públicos, parte del acuerdo

Redacción de La Nueva.

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Una drástica baja de subsidios  durante los próximos dos años, la "racionalización" del empleo  público, menos obras de infraestructura y posibles modificaciones en el sistema jubilatorio son algunos de los puntos clave de la "Carta de Intención" que el gobierno envió al FMI.

   Para realizar sus proyecciones fiscales, la Casa Rosada trabajó  con un supuesto de crecimiento económico del 0,4 por ciento para  este año, a raíz de la "reciente volatilidad de los mercados  financieros, la sequía que afectó a nuestro sector agropecuario y  la suba en los precios mundiales de la energía".

   El Poder Ejecutivo subrayó que uno de los "ejes centrales" del  plan económico "es acelerar el ritmo al que venimos reduciendo el  déficit primario desde 2016".

   Según el texto oficial, el esquema fiscal de mediano plazo  elegido "garantizará que la deuda pública bruta como porcentaje  del PBI caiga a partir de 2018, alcanzando el 55,8 por ciento del  PBI hacia fines de 2021".

   Además, la administración macrista anticipó que en octubre próximo enviará la  ley de Presupuesto al Congreso que apunta a un "déficit primario  del gobierno nacional de 1,3 % del PBI en 2019, siendo esta una de las metas estructurales de nuestro programa".

   "Considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente,  nuestras proyecciones de ingresos públicos en el Presupuesto serán  conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de  gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran  imprevistos", puntualizó.

   Pero aclaró: "Si las circunstancias cambiaran y los resultados  económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados  para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar  nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019".

   También indicó que "si los resultados económicos y fiscales  evolucionan de manera más positiva que lo anticipado, estaremos  preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de  los impuestos distorsivos".

   Para la Casa Rosada, "este ritmo de convergencia hacia un  presupuesto balanceado del gobierno nacional irá acompañado por el  esfuerzo de las provincias, cuyo balance primario consolidado se  espera que pase de -0,4 por ciento en 2017 a un superávit de 1/4  por ciento del PBI hacia el final del período del acuerdo Stand-By".

   De acuerdo con la Carta de Intención, el cumplimiento de estas  metas fiscales "será el resultado de varias medidas de política",  entre otras:
   -- Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a  la energía y el transporte, con el objetivo de aumentar la  proporción del costo de producción de esos servicios cubierto por  el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por ciento en  2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y  desde 60 por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en  promedio, para la electricidad.
   -- Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el  empleo público, que se irá reduciendo a través de: no renovar  cargos en puestos no prioritarios, congelar las nuevas  contrataciones en el gobierno nacional durante dos años y eliminar  las posiciones redundantes, con el objetivo de que el gasto en  personal caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento  hacia el final del programa.

   -- Reduciremos el gasto en compras de bienes y servicios por  parte del gobierno nacional un 15 por ciento en términos reales  durante 2018 en relación a 2017 y continuaremos con este proceso  en 2019.

   -- Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública  esenciales para dinamizar la competitividad de nuestro país, pero  pospondremos aquellos que no lo sean.

   -- Reduciremos las transferencias asociadas con el déficit  operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con  las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por  ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021.

   -- Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso,  al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión  parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el  sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible.

   -- Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se  encuentran actualmente en posesión del gobierno, como un medio  para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas  en la Ley de Reparación Histórica.

   -- Mantenemos nuestro compromiso de reducir y eventualmente  eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma  tributaria aprobada hacia finales de 2017, pero podríamos extender  el período de implementación de algunas de estas modificaciones si  fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales.

   -- Las transferencias automáticas del gobierno nacional a las  provincias aumentaron durante los años recientes y continuarán  haciéndolo hasta 2020.

   -- En el caso que la actividad económica crezca menos de lo  esperado y la recaudación tributaria se viera afectada,  identificamos una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de  medidas adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían  ser tomadas para cumplir con nuestras metas fiscales.

   -- Estableceremos un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la implementación  de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla el  aumento de los beneficios según la fórmula de indexación  existente.

   -- Adicionalmente, dada la incertidumbre económica existente,  contemplamos asignar más recursos a las "Asignaciones Universales  para Protección Social" en caso de que las condiciones sociales  empeoren.

   -- Redoblaremos nuestros esfuerzos para reducir la inflación,  que tantos males ha causado a nuestra población. 

--Si bien la  política monetaria logró reducir la inflación en la segunda mitad  de 2016 y en 2017, la disminución de la misma fue menor a la que  deseábamos.
 

¡Pum para arriba!
El dólar se disparó el jueves 6,5 por  ciento y marcó un nuevo máximo histórico de $ 28,42, en una  jornada en la cual el Banco Central se mantuvo al margen de las  operaciones.

   En el banco ICBC, la moneda norteamericana cerró a $ 29, mientras en Banco Galicia lo hizo a $ 28,80.

   Según un promedio realizado por el Banco Central, la divisa  finalizó este jueves a $27,26 para la punta compradora y a $ 28,42  para la vendedora, lo cual representó una suba de $ 1,74 respecto  del miércoles.

   En los mostradores del Banco Nación, el dólar fue ofrecido a  $ 28,20. 

   En el segmento mayorista, la divisa escaló $ 1,70 y se ubicó en  $ 27,70.

   Uno de los compromisos asumidos ante el Fondo es la libre flotación del tipo de cambio, limitando las ventas del BCRA a situaciones  donde exista una "disfunción del mercado". 

Pese a ello, esta política de "libre" flotación cambiaria atenta contra la propia polítca de baja del déficit fiscal, toda vez que los intereses de la deuda pública crecen conforme sube el dólar. 

    De hecho, desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), calcularon que el déficit fiscal financiero -tiene en cuenta los intereses de la deuda pública- desmejoraría en alrededor de 0,10 puntos del PBI. 

    Vale aclarar que el ejercicio constituye un ejemplo de mínima, ya que considera una suba del tipo de cambio del 20,2% en un mes, inferior a la verificada en los últimos días.